Water and Society in the high Lerma: The Tepetitlán Module
Sergio Vargas-Velázquez
Subcoordinación de Participación Social. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Paseo Cuauhnáhuac 8532. Col. Progreso. 62550. Jiutepec, Morelos. (kuirunhari@yahoo.com.mx)
Resumen
]]> El agua es un recurso que configura muchas relaciones sociales y vincula a grupos humanos en las cuencas hidrológicas. La Cuenca Lerma-Chapala ha sido una de las más afectadas por los años de anomalías hidrológicas entre 1999 y 2003, en tanto que implicaron una fuerte reducción del agua utilizable, afectando actividades humanas y ecosistemas. Esta situación incrementó las tensiones entre los gobiernos estatales y el federal, así como entre los distintos grupos de usuarios del recurso. Se llevó a cabo un proceso de renegociación de los criterios de distribución del agua a escala de toda la Cuenca, proceso que finalizó en diciembre de 2004. La situación de la Cuenca Alta del Río Lerma, perteneciente en su mayor porción al estado de México, se caracteriza por ser la subcuenca de menor desarrollo hidráulico, con características campesinas en los agricultores que utilizan su agua, y al mismo tiempo por ser la subregión más deteriorada ecológicamente. En este trabajo se analiza las condiciones en las que se lleva a cabo el acceso al agua para riego en los valles de Ixtlahuaca-Atlacomulco.Palabras clave: Conflictos, indígenas, Lerma-Chapala, riego, transferencia.
Abstract
Water is a resource that shapes many social relationships and links human groups in hydrological basins. The Lerma-Chapala Basin has been one of the most affected by years of hydrological anomalies between 1999 and 2003, insofar as they have implied a serious reduction of usable water, affecting human activities and ecosystems. This situation increased tensions between the state governments and federal government, as well as between different groups of users of the resource. A process of renegotiation was carried out regarding criteria for water distribution at the scale of the whole Basin, a process which ended in December, 2004. The situation of the Lerma River High Basin, which belongs mainly to the State of México, is characterized by being the sub-basin with the least hydraulic development, with farmers of peasant features using its water, and at the same time by being the most ecologically deteriorated sub-region. This study analyzes the conditions in which access to irrigation water is carried out in the valleys of Ixtlahuaca-Atlacomulco.
Keywords: Conflicts, indigenous people, Lerma-Chapala, irrigation, transference.
Introducción
En el centro de México el agua es un recurso natural cada vez más escaso, y ha alcanzado sus límites naturales en cuanto a capacidad de renovación. Son cada vez más comunes los conflictos sociales respecto al agua, conflictos en los que intervienen diversos grupos sociales, organizados de múltiples maneras, que se confrontan entre sí o con las agencias gubernamentales. Es importante romper con un cierto determinismo presente en algunas explicaciones sobre la relación entre el agua y la sociedad que no dicen nada sobre la manera en que cada sociedad maneja su abundancia o escasez hídrica, y cómo distintos grupos sociales establecen vínculos a través del ciclo hidrológico.
En primer lugar se debe reconocer la existencia de un proceso histórico a partir del cual se ha utilizado el agua disponible de acuerdo con las capacidades tecnológicas, lo que permitió que muy diversas formas sociales y culturales se desarrollaran en torno al recurso. Éste no es un proceso lineal ni está predeterminado, ya que es resultado de la trayectoria de sistemas sociales cada vez más complejos. De manera genérica se pueden expresar como distintos niveles de disponibilidad de agua -definida como el agua que todavía falta repartir para uso humano- y el cambio tecnológico asociado a formas sociales y culturales específicas.
]]> En la literatura antropológica es importante la discusión sobre el desarrollo de la agricultura de riego como un elemento muy importante en la conformación de los primeros Estados, ya que se ha tratado de probar en diversos momentos cómo la necesidad de control del agua para riego y de regular su uso tuvo implicaciones en cuanto a la organización social y la aparición de formas de control social asociadas a la necesidad técnica de centralizar las decisiones en un grupo especializado para construcción y manejo de presas, diques y canales. Esta es la tesis de Karl Wittfogel (1966) sobre la sociedad hidráulica, tesis que trajo a México Ángel Palerm, y que generó una amplia discusión sobre el origen de las culturas mesoamericanas. De 1960 a 1980 se da una discusión muy amplia acerca de las tesis de las sociedades hidráulicas para explicar el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas, discusión que permite encontrar nuevas continuidades entre las regiones que conformaban Mesoamérica y sus posibles vínculos entre la agricultura y otras manifestaciones de la economía prehispánica.La discusión sobre la disponibilidad de agua para el desarrollo de las regiones, alcanzaría a los estudios sobre sistemas postcoloniales, particularmente aquellos de corte histórico y sociológico. En contraposición se desarrolló otra corriente que insiste en el control local del riego y la capacidad de las comunidades para manejar recursos comunes aun en arreglos institucionales autoritarios, poniendo en evidencia su rechazo a reglas impuestas por administraciones centrales. Esta corriente sostiene que las reglas realmente existentes de manejo del agua están determinadas localmente y que existe una escala hasta la que se puede lograr el control social de manejo del riego o, del agua potable (Maass y Anderson, 1978; Ostrom, 2000). Estos dos extremos teóricos son importantes para comprender la actual situación del riego en México y en la Cuenca Alta del Río Lerma.
En términos de la historia del uso del agua se generaliza la visión de grandes etapas, en las que los arreglos institucionales y las formas sociales para su aprovechamiento se entrelazan combinando los extremos antes mencionados, dando origen a formaciones sociales particulares respecto al recurso. Primero fue el aprovechamiento del agua superficial que era fácilmente derivable hacia sistemas de riego en las vegas de los ríos, humedales o lagos, usando las avenidas extraordinarias y después implementando diversas tecnologías como las chinampas, los campos elevados y otras tecnologías que definieron históricamente el aprovechamiento del agua. La tecnología conocida en la Nueva España permitió aprovechar las aguas torrenciales entre los siglos XVII y XVIII, y así encontramos las llamadas cajas de agua (Palerm y Martínez, 1997), que permitirían un uso extensivo del agua estacional al hacerla pasar de un terreno a otro a través de represas con características que les permitían inundar una o varias hectáreas, para luego derivarlas a los terrenos siguientes. De esta manera se organizaron sistemas más o menos grandes, como los laboríos de Valle de Santiago y Salvatierra en el Bajío. Esta tecnología influyó considerablemente en el manejo de las haciendas y el tipo de infraestructura que construyeron. En el Estado de México existía un cierto número en las haciendas de Ixtlahuaca-Atlacomulco; falta investigación para determinar si todavía se encuentran en uso, pero hacia Michoacán, por ejemplo, podemos encontrar sistemas como el de Coeneo Huaniqueo con superficies de varios miles de hectáreas.
Asociada con estas tecnologías para aprovechar el agua, ya escasa, estuvo la perspectiva desecatoria de muchos cuerpos de agua. En la época virreinal sobresale la desecación del mismo Valle de México (Musset, 1992) y todos los planteamientos asociados a esta visión que se contrapusieron al manejo indígena-campesino de los humedales y cuerpos de agua. Así, tenemos una larga historia de humedales, lagos y lagunetas, y los más diversos cuerpos desecados con el fin de aprovechar la tierra para cultivos y regular el agua para el riego. Con respecto al Alto Lerma se han escrito algunas historias (Silva, s.f.; García Sánchez, 2004; Camacho Pichardo, 1998; Albores Zárate, 1995).
Un caso no logrado en esa época, pero que finalmente tuvo éxito a mediados del siglo XX, es el de las lagunas de Lerma. El primer intento de desecación de las lagunas del Alto Lerma data de 1757 (Boehm y Sandoval, 1999). La desecación hasta el punto conocido como San Bartola comenzó en 1857 y continuó hasta 1870, a iniciativa del gobernador mexiquense Mariano Riva Palacios. El objetivo de ensanchar y dar mayor profundidad a la salida del agua de las lagunas, y así desaguarlas y desecarlas para controlar los desbordamientos del río, tuvo como justificación aprovechar para la agricultura todas o la mayor parte de las tierras que forman hoy el vaso de las ciénagas o lagunas del Lerma (Boehm y Sandoval, 1999). El financiamiento de la obra debía consistir en aportaciones de los propietarios aledaños que se beneficiarían con la desecación, así como hacendados y pueblos de los distritos de Lerma, Tenango y Toluca que entraron en sociedad con una junta directiva presidida por el gobernador. Los dueños de haciendas cumplieron relativamente con el pago de sus cuotas, pero no los pueblos y comunidades, que se consideraban perjudicadas.
Aguas abajo, otra propuesta de desecar que no prosperó fue la que hiciera respecto al mismo lago de Chapala el hacendado Ignacio E. Castellanos, quien, en 1867, presentó al gobierno de Jalisco un proyecto para desecar el lago. Pedía en recompensa las tierras que quedaran en seco, más otros "gajes"; pero entonces las autoridades fundaron su fallo en la consulta a todos los pueblos ribereños y la obra fue rechazada por perjudicial y abusiva. Los casos exitosos también abundan, pero se generalizan hasta la segunda mitad del siglo XIX, como son los de las ciénegas de Zacapu, Chapala, Chalco y la transformación de El Bajío.
Es importante mencionar el año de 1888 porque es cuando el gobierno federal empieza la paulatina construcción de una visión del agua como un recurso para el desarrollo y de jurisdicción federal, al intervenir en su manejo a través de una ley de transportes y comunicaciones. Hasta antes de esta ley la resolución de conflictos era local. Después el gobierno empezaría a intervenir para asociarse con los hacendados y el capital privado, empresas de diversos orígenes, con el fin de construir infraestructura de mayor escala e iniciar el ordenamiento de los derechos de agua, en algunos casos con la aprobación de las partes interesadas, en otras con su rechazo, ya que también era una forma de someter a los poderes locales.
Esto ocurrió con los diversos intentos de desecación de las lagunas del Alto Lerma y la construcción de presas de mayor escala como parte de la infraestructura de las haciendas, ya fuera con fines estrictamente agrícolas o las incipientes pero muy rentables presas para generación de energía eléctrica. Se puede describir como el paso de una etapa de desarrollo de la cuenca, en donde predominó el uso de agricultura de temporal y de riego y la construcción de presas utilizando las partes convenientes y accesibles para producir energía eléctrica o agricultura, mientras que el uso urbano era ínfimo. La calidad del agua se mantenía casi inalterada; la utilizada por la agricultura y otros usos era generalmente muy inferior a la disponible, lo que permitía mantener los ecosistemas asociados al río y cuerpos de agua.
La siguiente etapa empezó en los años 1930. Ya se había consolidado la estructura institucional para la regulación del agua, primero con su inclusión como un bien de la nación y el gobierno federal como el representante de la misma, y con la formación de un creciente aparato burocrático a través de la Comisión Nacional de Irrigación en 1926. Es entonces cuando se desarrolla significativamente la infraestructura con el objetivo expreso de manejar la creciente escasez de agua, ésto es, un sistema capaz de regular su disponibilidad natural en los años de sequía y lluvias abundantes. Las grandes presas de almacenamiento caracterizan este periodo, se requiere el manejo de avenidas, y empieza la competencia entre usos y usuarios. Las presas como Tepuxtepec y Solís son parte de este esfuerzo, así como otras más pequeñas. Se interconecta la cuenca en términos sociales y en los arreglos institucionales aparecen mecanismos de planeación e intervención en gran escala. También surge una economía del agua que se expresa en la compra y venta de volúmenes en forma legal e ilegal.
Otro de los procesos que afectarían a largo plazo el ciclo hidrológico de la cuenca fue el de la extracción de agua del Alto Lerma hacia el Valle de México. Tiene varios antecedentes en los años veinte y treinta. A partir de 1940 la construcción y operación de las obras del Lerma marcan varios hitos en la historia de los usos y la gestión del agua en el Lerma y en México. Se trata de obras para satisfacer las necesidades de agua, no de la cuenca del Lerma, sino del Valle de México. Dos instancias de gestión externas a las del Estado de México, que son el gobierno federal y el Departamento del Distrito Federal, se consolidan como las principales y más poderosas gestoras del uso del agua en Lerma (Romero Lankao, 2000). Asimismo, a partir de 1940 comenzó la instalación del corredor industrial Lerma-Toluca y dos décadas después el de Atlacomulco-Ixtlahuaca, que junto con el crecimiento poblacional de la zona coadyuvaron a impactar a los sistemas de suministro de agua y drenaje. Salvo algunos charcos que algo se recuperan en tiempos de lluvia, las lagunas de la cuna del Lerma desaparecieron (Boehm, 2003).
]]> Tal era la situación imperante en Lerma cuando entró en operación el sistema para abastecer a la ciudad de México, que en un primer momento (19511965), en que se extrajeron 4 m3s-1, desapareció algunos manantiales y disminuyó la superficie de las lagunas; algunos terrenos se compactaron diferencialmente y se convirtieron en resumideros; las ya peligrosas inundaciones encontraron en estos suelos campo propicio para su profundización. Algunos autores relacionan la operación de las obras de Lerma con la caída en los niveles del agua del lago de Chapala, que en 1954 se tornó crítica. Aunque reconocen que en este fenómeno también incidió la sequía que azotó a la parte norte centro del país entre 1947 y 1958 (Romero Lankao, 2000). En el Cuadro 1 se presenta los volúmenes de extracción del agua de la cuenca del alto Lerma durante la segunda mitad del siglo XX.En los años subsecuentes las captaciones del sistema Lerma se prolongaron a toda la hilera de afloramientos, desde el pie del Nevado de Toluca y a lo largo de la ladera de la sierra de Las Cruces; con el fin de aumentar los caudales se localizaron acuíferos subterráneos y se perforaron pozos que hasta 1970 permitieron trasvasar hasta 16 millones de m3s-1.
El crecimiento desmedido de la demanda de agua llevaría a una primera gran crisis de la cuenca Lerma-Chapala en la década de 1950, cuando ya fuése por razones estrictamente hidrológicas o por la puesta en marcha de la creciente capacidad de almacenamiento, se presentó un período de años secos. Esta crisis se convirtió en un paradigma de las contradicciones de las políticas desarrollistas y centralizadoras en la gestión del agua.
El Alto Lerma está en una fase de límite hidrológico, al no existir disponibilidad de agua o, mejor dicho, toda el agua disponible para uso humano se utiliza, y aún más, ya que las crecientes necesidades humanas son mayores al agua que existe en esta cuenca, y se requiere traerla de otras. Ahora, la ciudad de México y la de Toluca tienen que transferir agua de la región hidrológica del Río Balsas (Cutzamala), y el agua en toda la cuenca Lerma-Chapala no alcanza para todos sus usos y usuarios humanos, afectando gravemente a los ecosistemas, generando procesos sociales y económicos que impelen a los crecientes centros urbano-industriales a reducir el uso agrícola del agua para cederlo al urbano. Muchas cuencas del mundo están ya en esta situación, pero las del centro de México están generando un problema a gran escala cuyas consecuencias son difíciles de prever. En estos años se han acelerado las acciones de distintos actores sociales e institucionales por asegurar volúmenes futuros y eso sólo se puede lograr haciendo que unos reduzcan su consumo, generalmente usuarios agrícolas, a favor de otros.
La Cuenca Lerma-Chapala
La crisis del agua en la Cuenca Lerma-Chapala tiene múltiples facetas. Su más notoria expresión en los últimos años es el dramático descenso en el volumen del lago de Chapala, ubicado al final del sistema, el cual llegó a contener entre 2001 y principios de 2003 tan sólo 14% de su volumen máximo de almacenamiento. A pesar de que a partir de 2003 recuperó su nivel, no han desaparecido las tensiones entre los distintos grupos sociales y las instituciones gubernamentales.
La explicación oficial respecto a esta crisis enfatiza la ocurrencia de un período extraordinario de años secos, los cuales se presentan en un ciclo de alrededor de 50 años. Otra componente es el crecimiento de la demanda para todos los usos, aunque su ritmo ha tendido a estabilizarse en la última década. De cualquier manera, la principal explicación de la crisis está en las deficiencias históricamente acumuladas en la regulación del uso del agua en toda la cuenca. Se estima que existe un importante sobreconcesionamiento, ésto es, el gobierno federal otorgó históricamente más derechos de uso que el volumen de agua disponible, particularmente para uso agrícola, en parte por el manejo fragmentado y poco coordinado entre las instituciones públicas de los distintos niveles de gobierno, pero también por el fuerte carácter político del manejo centralizado del agua desde la década de 1920 hasta principios de 1990 (Mollard y Vargas, 2005; Wester et al., 2004).
La cuenca Lerma-Chapala cubre 54,300 km2 y cruza cinco estados de la República Mexicana: Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y México. Su sector agrícola es dinámico, con alrededor de 830 mil ha bajo riego, que representan 13% del área irrigada del país. El sector industrial genera 35% del producto nacional bruto industrial y 9% del PIB total. La cuenca es la fuente de agua para casi 16 millones de personas: 11 millones en la misma cuenca y 5 de las ciudades de Guadalajara (que se extrae directamente del lago de Chapala) y la Ciudad de México (que se utiliza agua subterránea del Valle de Toluca e Ixtlahuaca). La ciudad de Toluca satisface su demanda con una transferencia de la Cuenca del Río Balsas.
Actualmente existen profundos desequilibrios con respecto al agua superficial y subterránea. En lo que respecta a la primera, en condiciones promedio la cuenca tiene un déficit anual de 677.6 Hm3 (hectómetros cúbicos = millones de metros cúbicos); unos 82.8 Hm3 del déficit se generan antes de la subcuenca de Salamanca o cuenca media, donde se ubican los grandes sistemas de riego, el resto del déficit, 594.8 Hm3, se acumula entre esta subcuenca y el lago de Chapala. Para el caso de los acuíferos, existe un déficit anual de 525.7 Hm3. Los datos ocultan la seria situación de algunos zonas, ya que en 12 acuíferos se registra una disponibilidad anual de 544.4 Hm3 mientras que las 18 restantes tienen un déficit anual de 1,071.1 Hm3. Adicionalmente, tanto el agua superficial como algunos acuíferos presentan severos niveles de contaminación y un volumen importante de deposición de sólidos en presas y en el mismo Lago de Chapala.
]]> Esta situación ha generado recurrentes confrontaciones de intereses entre los distintos sectores de usuarios, los que han sido rápidamente retomados por parte de las elites políticas de la burocracia estatal y federal, además del proceso mismo de organización de grupos ambientalistas y agricultores de los grandes sistemas de riego, convirtiendo un conflicto ambiental en político entre los gobiernos federal y estatales de Jalisco y Guanajuato, con los agricultores de la cuenca media como principales usuarios y afectados de cualquier restricción; los estados de Michoacán, Querétaro y México han mantenido posiciones cambiantes sin asumir un papel protagónico en el conflicto. La controversia principal opone a agricultores de aguas arriba, localizados mayoritariamente en el estado de Guanajuato, y a los defensores del lago, en el estado de Jalisco. La segunda ciudad del país, Guadalajara, situada en Jalisco, bombea casi 60% de sus necesidades domésticas del Lago de Chapala, y en ella se ubican los principales grupos activos en favor del rescate del lago, con apoyo y no siempre en coincidencia en puntos de vista con el gobierno de Jalisco. Inversamente, el estado de Guanajuato defiende a los agricultores, por ser una entidad donde se concentran en número los más conspicuos empresarios agroindustriales, varios de ellos insertos en el juego de posiciones e influencias del régimen político mexicano.La superficie irrigada se incrementó considerablemente desde principios de los años cincuenta, y se estima que de las 830,000 ha, unas 285,000 corresponden a once distritos de riego, también llamados de gran irrigación por ser sistemas construidos y supervisados por el gobierno federal, los que han sido transferidos a asociaciones de usuarios casi en su totalidad durante la últimos 14 años (excepto en algunas zonas con presencia indígena). Éstos se abastecen con las grandes presas operadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA), la autoridad federal del agua. Las otras 510,000 ha son operadas por 16,000 unidades de riego, que corresponden a sistemas de pequeña irrigación, operados en su mayoría por los propios usuarios de forma privada o colectiva, y en donde existen 1,500 pequeñas presas para 180,000 ha, y alrededor de 17,500 pozos para otras 380,000.
El crecimiento de las demandas de agua superficial en la cuenca Lerma Chapala originó conflictos por el recurso entre entidades y los usuarios de diversos sectores. El conflicto se agravó en la década de los ochenta después de varios años de baja precipitación, ya que los almacenamientos disminuyeron y el nivel del Lago de Chapala comenzó a descender, hasta reducirse, en julio de 1991, a 1,893 Hm3, uno de los niveles más bajos del siglo XX. Ante esta problemática, se determinó realizar un acuerdo para las aguas superficiales de la cuenca, con objeto de tener una distribución equitativa y justa del recurso entre los usuarios y las entidades y recuperar el equilibrio hidrológico de la cuenca, asegurando la supervivencia del Lago de Chapala.
Las tensiones y conflictos resultan de una demanda de agua mayor que la oferta. Se agudizan por la competencia y la falta de un marco de regulación satisfactorio. Con todo, el primer consejo de cuenca en México se inició en 1989, primero como un grupo totalmente institucional, para luego dotarlo de una asamblea de usuarios. En ese entonces se tomaron cuatro decisiones que atestiguaron la voluntad del gobierno federal: sanear la cuenca, ordenar los usos, lograr un mejor uso del agua, mejorar o conservar las cuencas. En agosto de 1991 se firmó un acuerdo de distribución de aguas superficiales con base en el cual se ha venido distribuyendo entre las cinco entidades y los distintos usos. Una vez establecido el documento del acuerdo se procedió a buscar su aprobación mediante las rúbricas de los gobernadores de los cinco estados. En el transcurso el documento original sufrió un ajuste en las curvas de distribución propuestas, de tal forma que a Guanajuato se le otorgara más agua. El cambio estaba dirigido a que en el documento no se especificara el destino de los remanentes o aguas no asignadas, ajuste que beneficiaría a los agricultores, y que planteaba la hipótesis de que el agua podía llegar de manera natural al lago únicamente a través de los derrames de las presas. Aun cuando este cambio causó inconformidad entre algunos estados, finalmente el documento fue firmado en 1991 y aplicado en 2004.
No obstante que el acuerdo de distribución firmado en 1991 se aplicó, no se logró revertir la tendencia a la baja en el nivel del Lago de Chapala, que en julio de 2002 reportó sólo un almacenamiento de 1,145 Hm3, el almacenamiento más bajo registrado en los últimos 50 años; situación que propició la búsqueda de nuevas reglas para asignar el agua superficial en la cuenca y reestablecer el equilibrio hidrológico del Lago de Chapala. El acuerdo de 1991 no especifica lo que debe hacerse con el agua no asignada, ésto es, no se prevén trasvases hacia el Lago de Chapala. La ley otorga a la CNA la potestad respecto al agua no asignada. Por ello, y como respuesta a las fuertes presiones ejercidas por las fuerzas políticas de Jalisco y a una campaña de ambientalistas por la recuperación del Lago de Chapala, se organizan trasvases de las distintas presas para el lago entre 1999 y 2001, como medida que buscaba sostener por arriba el nivel en el que se ubica la obra de toma de agua para la ciudad de Guadalajara.
Es importante señalar que la reciente tensión/conflicto que involucró a los cinco gobiernos estatales, a varias instituciones federales, a agricultores y ambientalistas, e hiciera intervenir a políticos y académicos en la discusión, no fue iniciada por la problemática de la Cuenca, sino por la parte final y más visible que es el Lago de Chapala. Igualmente señalamos el hecho de que la crisis del agua es más grave con respecto a la subterránea que a la superficial. Sin embargo, la disputa se concentró en la distribución del agua superficial entre agricultores de gran irrigación ubicados principalmente en Guanajuato, y una mezcla ad hoc de ambientalistas en alianza con el gobierno de Jalisco, particularmente su Comisión Estatal del Agua, responsable de coordinar los esfuerzos para el abastecimiento de la ciudad de Guadalajara.
Sistema de riego de la presa Tepetitlán
Entender la dinámica social y el arreglo institucional ante esta creciente escasez es fundamental. Se dice en los medios de comunicación que la próxima guerra mundial será por el agua. Ésto, si bien tiene importantes tintes de amarillismo periodístico, no deja de tener como referente la creciente escasez y la dificultad de enfrentarla socialmente. En este contexto ¿qué ocurre con los agricultores campesinos? ¿cuáles son las respuestas institucionales ante esta problemática? ¿realmente está funcionando el modelo de gestión integrada del agua por cuenca hidrológica en nuestro país? ¿o, como ocurre en muchos espacios públicos, predominan los intereses más organizados y corporativos, reproduciendo la desigualdad social y las asimetrías de cada sociedad regional? Aquí queremos relatar lo que ha ocurrido con un sistema de riego que nos parece representativo del Alto Lerma, tanto por su extensión como por las distintas etapas por las que ha pasado durante el último siglo.
La presa Tepetitlán fue construida en la primera década del siglo XIX para almacenar el agua del Río Jaltepec, con una capacidad inicial de 4.5 Hm3. Hecha en mampostería de cal asentada sobre roca, las aguas allí represadas se usaron para regar las tierras de la hacienda Tepetitlán con sus anexos a través de un canal del mismo nombre, el cual recorría la margen izquierda del río. A mediados del siglo XIX, se abrió en la margen derecha del río un nuevo canal que benefició únicamente las tierras de la hacienda Enyege.
]]> Durante el período prerevolucionario, tanto las presas como las demás obras hidráulicas de las haciendas eran construidas y operadas por los propietarios, al igual que el derecho de uso de agua se concentró en los grandes terratenientes. Se puede documentar el conflicto generado por el proceso de concentración de tierra y agua por parte de las haciendas (Vargas y Guzmán, 2003). A fines de la primera mitad del siglo XIX, se generó una gran concentración de tierra y agua en manos de una sola familia, en San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca, Estado de México.Como parte del proceso de centralización de la gestión del agua por el gobierno federal, iniciado en el último cuarto del siglo XIX, en 1917 las aguas del Río Jaltepec se declararon propiedad nacional. En 1923 estas declaraciones se ampliaron y ratificaron. Los hacendados solicitaron a la Secretaría de Agricultura y Fomento el derecho al uso del agua del Río Jaltepec, reconocido por esta Secretaría en 1918, lo que les permite mantener el control y la concentración de las tierras y el agua en la región, y continuar con su proyecto de aumentar la superficie de riego en las haciendas de Enyege y Tepetitlán, de 1,500 ha regadas anualmente a 10,000. Para lo cual se hace necesario ampliar la capacidad de almacenamiento de la presa de Tepetitlán. Los trabajos de ampliación se inician a finales de ese año. La capacidad de la presa aumentaría 20 Hm3, obteniéndose un total almacenado de 25 Hm3.
El sistema de riego de Jaltepec estaba compuesto por siete unidades de riego y nueve ojos de agua independientes. El sistema dotaba de agua a las haciendas de Enyege, Tepetitlán y anexos. Estaba conformado por unidades, cada una compuesta por una presa principal, un sistema de canales secundarios o regaderas que distribuían el agua, y varias unidades conexas de presas secundarias o bordos que almacenaban agua de los escurrimientos, lluvia u otros afluentes que contribuían a los canales principales. La unidad más importante era la de Tepetitlán, cuya parte principal era la presa del mismo nombre, con dos canales: Tepetitlán y Enyege. A su vez, el primer canal tenía tres presas secundarias y el segundo 20 regaderas y 19 presas secundarias.
La Reforma Agraria llega por fin a la región y la hacienda de Tepetitlán dotó de tierras ejidales a los pueblos de Mextepec, Concepción de los Baños, San Juan de Jalpa y Barrio de Palmillas. La hacienda de Enyege dotó a San Isidro Boxipé, Santa Ana Boxipé, Santa Ana de la Ladera, San Andrés, San Juan, San Idelfonso, San Mateo, Santo Domingo de Guzmán, San Pedro de los Baños, San Pedro de los Remedios, Llesguciví, Mina Vieja, Ranchería de Guadalupe, el Fresno de Nichí, Concepción de Enyege, Los Dolores, Cachí, San Antonio de los Remedios y San Pablo de los Remedios. La superficie de riego de las haciendas era considerada como una unidad y así fue tomada para la resolución de los diversos expedientes de aguas resueltos con motivo de la afectación de ambas fincas. Más adelante fue considerada como parte de los distritos de riego, desde la década de los años 1950.
La dotación de dichos ejidos estuvo marcada por conflictos por la tierra e irregularidades que afectaron el funcionamiento del sistema de riego. Los conflictos por el agua estuvieron directamente relacionados con los vicios que marcaron las dotaciones de los ejidos. A estos (teóricamente) se les dotaba de agua, servidumbres y demás beneficios que gozaban las haciendas de las cuales habían sido dotados. Pero para que se hiciese efectivo, primero tenía que darse la dotación definitiva que en muchos casos tardó varios años, mientras tanto se daba la ocupación. Luego de la dotación debía hacerse un estudio técnico por parte de un ingeniero nombrado por la Secretaría de Agricultura y Fomento, que muchas veces tardaba en girar la orden. Los ejidatarios algunas veces impugnaban las acciones del ingeniero por considerarlas incorrectas. Todo lo anterior contribuyó a la gestación de los conflictos por el agua.
Desde 1935 el Presidente Lázaro Cárdenas, y posteriormente en 1943 el Presidente Ávila Camacho, prometieron a los usuarios, en su mayoría indígenas mazahuas (jñajtro), hacer obras para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua en la presa, que ya era insuficiente. Sin embargo hasta 1973 se inaugura la última ampliación de la presa, que tiene la capacidad de 70 Hm3.
Actualmente el sistema de la presa Tepetitlán comprende 9,461 ha, abarcando los municipios de San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca y Jocotitlán, y llega a almacenar hasta 80 millones de metros cúbicos de agua que provienen del Río Jaltepec y de agua de lluvias. Beneficia a 6,834 usuarios, de los cuales 89.6% son ejidatarios y el resto pequeños propietarios. El mecanismo de distribución de agua requiere de pequeñas presas derivadoras, 196 km de un canal principal y 142 km de canales secundarios o canaletas, además de contar con un túnel.
A partir de 1990 se da un cambio radical en las políticas de gestión del agua. Se inicia una respuesta más acorde con la problemática, donde se plantea el paso de un enfoque desarrollista y productivista con respecto al recurso, hacia otro que enfatiza la gestión de la demanda. Ya no se trata de hacer más infraestructura, sino de ordenar y manejar con un criterio que reconozca los límites hidrológicos. Este cambio de perspectiva está asociado también con las políticas de descentralización y apertura comercial que han impactado considerablemente al arreglo institucional mexicano y profundizado la desigualdad social. Con respecto al riego se propuso y se llevó a cabo la transferencia de los distritos de riego (sistemas manejados por el gobierno federal) a asociaciones de usuarios creadas para tal fin. Actualmente la mayoría de las transferencias han sido realizadas, algunas veces con la anuencia de los agricultores, en otros siendo forzados por el gobierno federal a aceptar sus sistemas.
El proceso de transferencia del Módulo Tepetitlán se inició en 1993, a partir de la promoción de la organización de las comunidades para nombrar una mesa directiva. El resultado de dicha promoción fue la elección de una mesa directiva conformada por un grupo de usuarios que, si bien estaban de acuerdo con la transferencia, siempre manifestaron su oposición al incremento de la cuota de riego, requisito estipulado por la CNA para dicho proceso ya que implicaba la autosuficiencia financiera en la operación y conservación normal de cada sistema. Este grupo estuvo dirigido por un agricultor de San Felipe del Progreso.
La exigencia de la CNA de transferir el sistema con una cuota de autosuficencia que implicaba un incremento sustancial, llevó a que el proceso de formalización de la asociación y las negociaciones se estancaran hasta 1997. Durante ese período se discutieron distintas propuesta de cuota de riego y se procuró mostrar a los usuarios las ventajas de dicho proceso. La jefatura del distrito propuso a la asociación en proceso de formación que aceptara una cuota de $70, a pesar de que se había estimado en $94 la cantidad necesaria para conservar el sistema, en tanto que la asociación pedía que fuera de $20, argumentando la poca rentabilidad del maíz. En este proceso se fueron involucrando distintos actores políticos locales y estatales, lo que a fin de cuentas volvería más difícil lograr un acuerdo.
]]> El 3 de octubre de 1997 se realizó una reunión en San Pedro el Alto, la cual se convirtió en una asamblea con alrededor de 600 asistentes en la que se retuvo a los funcionarios del distrito por varias horas y se les obligó a firmar un acta en la que se compromete la disolución de la asociación. En el acta levantada los funcionarios de la CNA se comprometen a que en un plazo de dos meses se disuelva legalmente a la asociación; se conviene que si los delegados de la A.C. se niegan a disolverla se hacen acreedores a un castigo que consiste en la suspensión del servicio de riego por un periodo de cinco años; además los ingenieros de la CNA se comprometieron a no presentarse, ni hacer propaganda o incentivos en los ejidos que comprende la presa Tepetitlán hasta que se haya disuelto la asociación. Otro punto relevante es que se determinó que la cuota de riego por hectárea disminuyera a $10. Finalmente se acordó que si por algún motivo no se logra la disolución de la A.C. a los usuarios del módulo se les condonará hasta por un periodo de cinco años el pago por el servicio de riego.De este movimiento se desprenden varios rasgos de la organización política local. En primer lugar, aparece la figura del Sr. Felipe Zaragoza, de la comunidad de San Agustín Mextepec, como el principal dirigente de este movimiento, el cual mantiene a su alrededor a un grupo de comisariados ejidales. El tipo de liderazgo que ejerce está fundamentado en la estructura social local de las comunidades mazahuas. A pesar de haberse opuesto a la transferencia, en 2000 se reinician los esfuerzos para llevarla a cabo. Después de una intensa campaña en donde se manifiesta la profunda división entre las comunidades, y más por convenir a los intereses de la CNA, el Sr. Felipe Zaragoza y el grupo de comunidades que lo apoyan recibe el título de concesión del sistema de riego Tepetitlán como unidad de riego, ésto es, deja de pertenecer a los sistemas bajo supervisión del gobierno federal, siendo a partir de ese momento sólo responsabilidad de los agricultores la distribución del agua y la conservación del sistema. Esto genera un amplio rechazo en un número mayoritario de comunidades, que después de diversos intentos se logran conformar en una nueva asociación civil.
Actualmente el conflicto por el agua en el módulo es intenso. Actúan las distintas estructuras de poder local vinculadas con la organización social de las comunidades mazahuas. Seguramente con el paso del tiempo, tanto las fuerzas sociales que sostienen a la estructura comunitaria, como aquellas que la diluyen, forjarán una forma de gestión social del agua propia de la población jñajtro aun culturalmente preponderante.
Sistemas de pequeña y grande irrigación
La directiva de la Unión Rural de la Presa de Tepetitlán A. C. tomó posesión en enero de 2003 y representa a 34 comunidades ante la CNA. Su función es gestionar el agua de riego para la siembra de temporal que comienza en los meses de enero-febrero y termina en abril-mayo. Durante esta temporada ellos tienen que distribuir el agua a todas las comunidades, siempre y cuando los usuarios hayan cubierto su cuota anual de $10 pesos por hectárea. Es importante señalar que cuando los beneficiarios cubren el pago obtienen un recibo que es requerido en caso de pedir apoyos ante cualquier institución gubernamental. Esta es la manera en que la asociación trata de asegurar el pago de los usuarios.
La asociación está integrada por dos consejos, uno de carácter directivo, y el de vigilancia. El primero se encarga de las cuestiones administrativas del sistema, es decir, hace las gestiones ante la CNA sobre los volúmenes que se necesitan para la temporada, administra el dinero recaudado y reparte el agua con los representantes de cada comunidad. El Consejo de Vigilancia cuida que no se desperdicie el agua, que los comisarios ejidales de cada comunidad hayan cobrado lo debido a sus usuarios y que el agua llegue a tiempo a sus parcelas.
Este esquema en la realidad no ha funcionado. No se tiene una organización clara y en la práctica no existe el Consejo de Vigilancia. El presidente, el secretario o el tesorero del consejo directivo se encargan de recibir las cuotas de los usuarios y de resolver algunos problemas que ellos tienen con sus comisarios ejidales. Además el dinero que se recibe se pierde, tal y como lo aclararon en una entrevista: "sólo alcanza para los viáticos y el refresco".
Ellos dicen que formar parte de la asociación es un servicio a la comunidad por el cual no pueden recibir un sueldo, sin embargo el tiempo que invierten en gestiones provoca pérdidas en su economía familiar y de alguna manera tienen que recuperarlo. La asociación está conformada por personas de los tres municipios correspondientes al módulo: Ixtlahuaca, San Felipe de Progreso y Jocotitlán. Además de formar parte de esta asociación, poseen otros trabajos que permiten el sostenimiento de sus familias: uno es platero, otros se dedican a la construcción, otros al transporte. También tienen parcelas que siembran cada temporada. Son personas reconocidas políticamente no sólo en su comunidad sino en todo el módulo, y no necesariamente han formado parte de la mayordomía de los pueblos. Es indudable que para acceder a un puesto político es necesario adquirir cierto prestigio y ser reconocido por la mayoría.
La situación de la asociación es inoperable, no se poseen mapas ni informes sobre el módulo, no se tiene un buen control sobre los usuarios y la organización interna no funciona. Sin embargo, sus integrantes tienen iniciativa y se encuentran haciendo gestiones para que el gobierno los apoye, se han acercado a la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa para pedir asesoría e información sobre su módulo. Tienen el objetivo de gestionar ante la CNA la reparación y revestimiento de los canales. Ellos comentan que esta es la única manera de sacar al módulo adelante: "exigirle al gobierno" que los apoyen, pues "somos pobres y ellos tienen la obligación".
]]> A pesar de la situación de la asociación se sigue regando, el agua no puede faltar, del riego come la mayoría. La zona se caracteriza por poseer una economía de traspatio y de autoconsumo: "el día que no haiga agua, no vamos a tener qué comer". Existe una organización básica que permite que el sistema de riego funcione: cada pueblo tiene dos representantes ante la asociación: primer y segundo delegado. Son elegidos por los usuarios y pueden ser los comisarios ejidales y el presidente del comité de vigilancia o dos personas independientes, si se trata de un ejido; para la pequeña propiedad los representantes son los delegados municipales. Estos representantes son los encargados de administrar el agua de riego de sus comunidades, cobran a sus usuarios y gestionan, con la asociación, el agua que van a necesitar durante la temporada.Mientras esto ocurre en el sistema de riego, a nivel de toda la cuenca se ha desarrollado una gran tensión y negociación por el agua, y lo que sucede a escala local parece imperceptible a escala global, pero tiene consecuencias, como también habrá efectos a nivel local del nuevo acuerdo de distribución del agua superficial firmado entre los representantes de todos los usos, los gobiernos estatales incluidos en el consejo de cuenca Lerma-Chapala y el gobierno federal en diciembre de 2004.
Escenarios posibles
La continuidad de muchos grupos campesinos está supeditada al control que tienen sobre determinados recursos naturales. El cambio en las formas de acceso, la pérdida de algún recurso estratégico, o la erosión de sus derechos locales, ha implicado en muchas ocasiones la disolución de la identidad cultural. En este trabajo se hizo un recuento del proceso que afecta socialmente a agricultores de la Cuenca Alta de Lerma -Chapala, resaltando la competencia por el recurso y la permanente lucha de sus actores locales, teniendo como trasfondo la problemática de la Cuenca. Existen numerosos ejemplos de las disputas por el agua para riego o uso potable en donde se involucra a la población local. La mayoría de estos casos son ejemplos de la manera en que la pérdida del control local sobre el agua atenta contra la integridad de las comunidades, más aún cuando esta cuenca está inmersa en una profunda crisis ambiental. Se prevé una mayor presión sobre los regantes con la firma el 14 de diciembre de 2004 de un nuevo acuerdo de distribución del agua superficial, además de la disputa entablada en 2003 entre el gobierno del Estado de México y la Ciudad de México respecto a los acuíferos de la cuenca alta.
La firma de este nuevo acuerdo de distribución en 2004 está fundamentada en el análisis exhaustivo de la situación del agua superficial, fuente principal de conflictos, aunque el agua subterránea se encuentra aún más deteriorada. La manera en que se fue construyendo socialmente el conflicto por el agua en la cuenca implicó la sobrerepresentación o la exclusión de ciertos grupos locales. Los productores de carácter campesino fueron quienes estuvieron realmente ausentes en la negociación por el agua superficial, dado que el predominio de los grupos agroindustriales y grandes productores ligados a la agroexportación y agroindustrias en el Bajío pesó más en el momento de defender sus intereses en un acuerdo que implica restricciones para todos los usuarios del agua de la cuenca. Es de señalar que en el caso del Alto Lerma, la representación de los agricultores estuvo prácticamente ausente, ya que en la red de asociaciones de riego que se movilizaron para defenderse en los trasvases de la presa Solís a Chapala, o en los acuerdos concretos con cada distrito de riego no participaron los usuarios del Alto Lerma. Uno de los acuerdos que les afecta, pero que todavía no existe, es la restricción de agua a los sistemas de pequeña irrigación, que es el caso del sistema de la presa Tepetitlán, la cual tendría que contribuir con un volumen que nunca ha aportado para sostener los niveles del Lago de Chapala.
El avance del modelo de gestión integrada del agua en nuestro país está marcado por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales del 29 de abril de 2004, en donde se establece una nueva estructura para el arreglo institucional federal y la organización de los consejos de cuenca. Se sigue avanzando muy lentamente de arriba hacia abajo, y desde la parte social no existen las iniciativas suficientes que permitan consolidar acciones que frenen el deterioro del recurso, grupos organizados con la capacidad técnica para monitorear la política del agua. En ese contexto, sólo el impulso de un nivel de gestión en el ámbito local sería capaz de construir un punto de encuentro entre necesidades sociales en torno al agua, respecto de sus formas organizativas y las grandes políticas de gestión de toda la cuenca.
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