Movilización y contra-movilización legal. Propuesta para su análisis en América Latina

Legal Mobilization and Counter-Mobilization. Proposal for its Analysis in Latin America

Alba M. Ruibal*

* Investigadora adjunta en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Correo electrónico: albaruibal@gmail.com.

Resumen

Ante un nuevo contexto político y jurídico, los actores sociales en América Latina han desarrollado recientemente nuevas formas de acción colectiva, incluyendo en particular la movilización legal. Este trabajo intenta contribuir al estudio de este fenómeno, a través de la integración de elementos de tres tradiciones académicas que generalmente se han desarrollado de manera separada: la teoría de los movimientos sociales, los estudios sobre movilización legal y la teoría constitucional. Se argumenta en particular sobre la contribución del constitucionalismo democrático al análisis del rol de los movimientos sociales en el cambio legal, y se propone estudiar con los mismos marcos analíticos los contra-movimientos y la contra-movilización legal desarrollada por sectores conservadores en América Latina.

Palabras clave: movimientos sociales, movilización legal, contra-movilización, derecho al aborto, América Latina.

Abstract

In the context of new political and legal conditions, social actors in Latin America have recently developed new forms of collective action, including in particular legal mobilization. This paper intends to contribute to the study of this development, through the incorporation of elements of three scholarly traditions that have generally developed separately from each other: social movement theory, legal mobilization studies and constitutional theory. It points out in particular the contribution of democratic constitutionalism to the analysis of the role of social movements in legal change. It also proposes the use of the terms counter-movement and counter-legal mobilization for the study of collective action and legal strategies developed by conservative sectors that oppose the advancement of social movements in Latin America.

Key words: social movements, legal mobilization, counter-mobilization, abortion rights, Latin America.

Introducción

A partir de los procesos de democratización y en un nuevo contexto institucional marcado por el fortalecimiento de los poderes judiciales y, especialmente, de las cortes constitucionales en la región (Navia y Figueroa, 2005), así como por la incorporación de nuevos instrumentos legales para la defensa de derechos, los actores sociales en América Latina han desarrollado nuevas formas de acción colectiva, incluyendo en particular la movilización legal. En este contexto, el lenguaje de los derechos ha permeado los reclamos políticos de los movimientos sociales, que han recurrido crecientemente al marco constitucional y de derechos humanos para sostener sus demandas. Asimismo, el desarrollo del litigio de interés público en la región ha incidido en la práctica de la abogacía y ha creado nuevos medios para la incidencia de la sociedad civil en el ámbito de las políticas públicas (Bohmer, 2010, p. 264). Como parte del mismo proceso, se ha observado un cambio de paradigma por parte de algunos sectores de la comunidad jurídica hacia el llamado neoconstitucionalismo (Couso y Hilbink, 2011, p. 99). Éstas son tendencias incipientes y más constatables en algunos países de la región que en otros, pero señalan cambios tanto en el entorno institucional como en los modos de movilización en torno a reivindicaciones sociales. Como consecuencia, la percepción del rol de las cortes en América Latina se ha transformado, pasando de ser señaladas como un obstáculo para el cambio social, a ser consideradas como una de las vías institucionales posibles para el avance de los derechos (Couso, 2006, p. 62).

En este contexto, cobra interés especial la pregunta por el modo en que los movimientos sociales se relacionan con el derecho y con las cortes de justicia. Tres campos académicos principales ofrecen elementos centrales para el análisis de la relación entre movimientos sociales y derecho: la teoría de los movimientos sociales, con perspectiva sociológica, la vertiente del constitucionalismo democrático, dentro de la teoría constitucional, y los estudios sobre movilización legal, en el campo de estudios sobre derecho y sociedad. Por mucho tiempo, estas tradiciones se desarrollaron separadamente y sin diálogo entre sí. Recientemente, sin embargo, un cuerpo creciente de literatura ha comenzado a vincular de manera más persistente estos campos teóricos, y en particular los estudios sobre movimientos sociales y sobre movilización legal. El presente trabajo intenta contribuir a este desarrollo, teniendo en cuenta especialmente la aplicación de estos marcos analíticos al contexto latinoamericano.

El trabajo argumenta, por un lado, que la integración de estos campos puede dar una respuesta más completa a problemas vinculados con la interacción entre movimientos sociales y campo jurídico y, por otro lado, propone un marco analítico que combina elementos de esas tres perspectivas y muestra el modo en que pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. El objetivo principal es aportar criterios analíticos relevantes para el estudio de las condiciones en las cuales los movimientos sociales interactúan con el campo jurídico y pueden influir en el cambio legal. Se destaca en particular la contribución del constitucionalismo democrático, porque es el enfoque que más cabalmente reconoce y analiza el impacto de los movimientos sociales en el derecho, y porque su contribución no ha sido aún reconocida como aporte a las otras dos perspectivas por la literatura incipiente sobre el tema.

La propuesta se estructura siguiendo tres de los principales enfoques de la teoría contemporánea sobre movimientos sociales: la perspectiva de los marcos culturales, el modelo de la movilización de recursos y la teoría del proceso político. Estos enfoques permiten distinguir analíticamente las dimensiones organizativa, discursiva y contextual, respectivamente, de la acción colectiva, y se adoptan como pauta organizativa del marco analítico propuesto, bajo el entendimiento de que esas tres variables son fundamentales para la comprensión de la acción colectiva en general y de la relación entre movimientos sociales y campo legal en particular. La distinción entre estas dimensiones es analítica, no implica que éstos sean procesos separados, y en este trabajo se señalan interrelaciones entre distintos aspectos de los tres marcos. En cada uno de estos tres enfoques se integran conceptualizaciones relevantes desarrolladas por el constitucionalismo democrático y por los estudios sobre movilización legal, y se enfatizan problemas vinculados con la adopción de estrategias legales y con la interacción entre movimientos e instituciones judiciales.

Asimismo, con base en la teoría de los movimientos sociales, se propone analizar la movilización de sectores que se oponen a las reivindicaciones de los movimientos sociales en América Latina como un movimiento social, o contra-movimiento, y utilizar los mismos marcos analíticos para el estudio de uno y otro tipo de acción colectiva. La literatura sobre movimientos sociales ha observado que una de las características del modo en que el campo conservador ha influido en el sistema político durante las últimas décadas es que su acción, o su reacción frente al avance de movimientos sociales que procuran un cambio social, ha adoptado crecientemente la forma de un movimiento social (Mottl, 1980; Lo, 1982; Meyer y Staggenborg, 1996; Fetner, 2001). En este sentido, se ha señalado que los mismos factores que promueven la presencia de movimientos sociales en el proceso político contemporáneo, favorecen también la presencia de sus oponentes a través de las mismas formas de movilización (Meyer y Staggenborg, 1996, p. 1654). Se ha observado también que movimientos y contra-movimientos desarrollan una interacción sostenida entre sí, y que en esta dinámica se produce una influencia mutua entre los movimientos opuestos (Meyer y Staggenborg, 1996, pp. 1629, 1633). De este modo, es esperable que ante cambios en el contexto político e institucional, y dada la dinámica entre movilización y contra-movilización, los contra-movimientos en América Latina desarrollen similares formas de movilización legal, y un uso similar de nuevos marcos normativos y nuevos instrumentos y remedios legales, al que puedan hacer los movimientos sociales. Por lo tanto, la conceptualización que se presenta en este trabajo para el análisis del uso del derecho y la movilización legal de actores sociales que procuran la expansión de derechos, se propone igualmente para su aplicación al estudio de los sectores conservadores que se oponen a ese cambio en la región, y se sugiere en particular el uso del término "contra-movilización legal" para el análisis de las estrategias legales que llevan a cabo estos actores.

Con el propósito de ilustrar la aplicación del marco analítico propuesto al contexto latinoamericano, a lo largo del trabajo se presentan ejemplos sobre procesos de movilización y contra-movilización legal en torno a la controversia sobre el derecho al aborto en la región. La legalización del aborto ha sido una demanda central de uno de los principales movimientos contemporáneos en América Latina, y es también un caso paradigmático de interacción entre movimientos y contra-movimientos. En particular durante la última década, la disputa en torno a la regulación del aborto ha motivado importantes procesos de movilización legal feminista así como de fuerzas conservadoras y ha dado lugar a la intervención de las cortes constitucionales, que han sido actores centrales en recientes procesos de reforma legal en esta área de derechos.¹ Por estas razones, este campo se puede considerar particularmente apto para ilustrar la dinámica entre movimientos sociales y derecho en América Latina. La referencia a estos procesos brinda también una oportunidad para introducir el tema de los derechos sexuales y reproductivos, así como la movilización feminista, en la discusión general sobre procesos recientes de judicialización y movilización legal en América Latina, que hasta ahora se ha focalizado principalmente en el área de los derechos económicos y sociales (véase, especialmente, Gargarella et al, 2006; Gauri y Brinks, 2008; Helmke y Ríos-Figueroa, 2011).

El trabajo se organiza en dos secciones principales. La primera argumenta sobre las ventajas de un enfoque que combina distintas vertientes teóricas para el estudio de la relación entre movimientos sociales y derecho, y enfatiza la contribución del constitucionalismo democrático al estudio del rol de los movimientos sociales en el cambio legal. La segunda sección se estructura con base en tres de los principales marcos analíticos desarrollados en el campo de la teoría de los movimientos sociales. En primer lugar, se analiza el enfoque de los marcos culturales, o encuadre, y se subraya el impacto del derecho y de la dinámica entre movilización y contra-movilización sobre los marcos discursivos de los movimientos. En segundo lugar se presentan los componentes esenciales del análisis organizacional propuesto por la perspectiva de la movilización de recursos, así como la idea específica de las estructuras de apoyo en la sociedad para la movilización legal. Finalmente, se aborda el enfoque del proceso político y se desarrollan en particular proposiciones relacionadas con el concepto de oportunidad legal.

La falta de diálogo, hasta hace poco tiempo, entre la teoría de los movimientos sociales y los estudios legales llama la atención, dado que los movimientos sociales contemporáneos han adoptado crecientemente el lenguaje de los derechos en sus marcos interpretativos, y generalmente tienen como uno de sus objetivos principales influir en el campo legal.²

Especialmente notable es que, por mucho tiempo, la teoría de los movimientos sociales no se ocupó sistemáticamente ni del impacto de la acción de los movimientos en el sistema jurídico, ni del rol del derecho en la configuración de las reivindicaciones y los marcos interpretativos de los movimientos sociales (Eskridge, 2001, pp. 420-421; Pedriana, 2006, p. 1720). En realidad, la mayor parte de los estudios recientes que han vinculado la teoría de los movimientos sociales con los estudios legales se han desarrollado principalmente en el campo de la movilización legal (Marshall, 2003; Pedriana, 2006; NeJaime, 2011; 2012) y del constitucionalismo democrático (Eskridge, 2001; Siegel, 2001, 2004; Ziegler, 2012). Por otra parte, el constitucionalismo democrático y su particular posición sobre el rol de los movimientos en el cambio legal no ha sido aún reconocido como aporte a las otras dos tradiciones. La integración de estos cuerpos teóricos se presenta, así, como un programa aún en construcción, que puede aportar nuevas perspectivas a cada uno de estos campos y puede contribuir a dar cuenta más integralmente del fenómeno de la interacción entre movimientos sociales y derecho.

Entre estas tradiciones académicas, es el constitucionalismo democrático el enfoque que más enfáticamente ha reconocido el rol de los movimientos sociales en el desarrollo del derecho, a través del análisis de su influencia en la evolución de la doctrina constitucional. La hipótesis central de este enfoque es que los movimientos sociales pueden ser agentes principales en la creación de un discurso generado por fuera de las instituciones legales y que en ciertas circunstancias puede influir en el sistema jurídico (véanse, por ejemplo, Minow, 1987; Siegel, 2001, 2004, 2006; Eskridge, 2001; Rubin, 2001; Siegel y Post, 2007). Este enfoque reconoce su inspiración en el concepto de jurisgenesis, que se refiere a la creación de conceptos y sentidos legales como parte de una narrativa cultural que es creada colectivamente en un amplio rango de contextos sociales y que es institucionalizada por el poder del Estado (Cover, 1983, p. 11). El rol jurisgenerativo de los movimientos sociales implica que, al definir y presentar sus reivindicaciones en términos legales, los movimientos producen nuevos conceptos e interpretaciones constitucionales que en ciertos casos pueden ser incorporados por las cortes a la jurisprudencia constitucional (Siegel, 2004, p. 15). De este modo, el constitucionalismo democrático aporta un punto de vista privilegiado para entender la naturaleza de la interacción entre los actores sociales y las cortes, así como el rol de los tribunales en la institucionalización de las demandas sociales. En realidad, esta perspectiva brinda una hipótesis general de trabajo que puede contrastarse a través de estudios empíricos sobre la relación entre movimientos sociales y derecho en América Latina: esto es, que las demandas y argumentaciones de los movimientos —o contra-movimientos— sociales pueden ser una fuente del derecho y de las decisiones de las cortes de justicia en la región. Es decir, se puede esperar que, bajo ciertas circunstancias, los movimientos sociales no sólo ejerzan presión para el cambio legal, sino que también propongan conceptos e interpretaciones jurídicas que sean escuchados y en ciertas circunstancias incorporados por las instituciones estatales.

Sin embargo, por otra parte, el campo del constitucionalismo democrático no ofrece elementos analíticos para comprender los procesos institucionales y organizativos a través de los cuales los movimientos sociales desarrollan su interacción con el campo legal y pueden ejercer influencia sobre éste. Por este motivo, se ha advertido la necesidad de "una descripción más densa" de los conceptos y acciones desarrollados por los movimientos sociales que intentan influir en el cambio legal (Siegel, 2001, p. 304). Este tipo de análisis es posible a partir de la incorporación de la investigación teórica y empírica de los estudios sobre movimientos sociales y sobre movilización legal, que han operacionalizado las dimensiones analíticas de la acción colectiva y del uso del derecho por parte de los actores sociales, respectivamente.

En particular, los estudios sociológicos sobre movimientos sociales han desarrollado y aplicado extensamente criterios y marcos analíticos para la investigación de las dimensiones políticas, organizacionales y culturales de la acción colectiva, que son clave también para el análisis específico de la movilización legal. De este modo, la teoría de los movimientos sociales puede aportar una perspectiva privilegiada sobre la formación de los intereses que intentan influir en el campo legal, así como sobre la construcción social de una parte de los conceptos y argumentos legales que llegan a las cortes. Asimismo, los estudios sobre movilización legal han desarrollado conceptos centrales para el análisis del uso del derecho por parte de los actores sociales, en particular el influyente concepto de movilización legal, así como la idea de oportunidad legal. Siguiendo una definición clásica en este campo, se adopta un concepto de movilización legal, entendida en sentido amplio, como la articulación de las aspiraciones y reivindicaciones políticas de los movimientos sociales a través del discurso de los derechos (Zemans, 1983, p. 700). Así, se considera que la movilización legal incluye las acciones de litigio y judicialización, pero también, de manera más general, el uso del lenguaje de los derechos por parte de los movimientos sociales y el encuadre de sus reclamos a través de marcos discursivos que incorporan e interpretan conceptos legales.

Integración de las tres perspectivas bajo los enfoques de marcos culturales, movilización de recursos y estructura de oportunidades para la movilización legal

Marcos culturales y estrategias legales

La dimensión discursiva o interpretativa de la acción colectiva es un punto clave de intersección entre la teoría de los movimientos sociales y los estudios legales, particularmente el constitucionalismo democrático. Esta dimensión es conceptualizada por la teoría de los movimientos sociales como procesos de encuadre o marcos culturales (Snow et al, 1986; Zald, 1996; Benford y Snow, 2000), que aluden a la construcción social y estratégica de las ideas por parte de los movimientos sociales. Uno de los mecanismos principales que intervienen en esa construcción es la búsqueda de resonancia cultural o alineación de marcos culturales, por la cual los movimientos y las organizaciones apelan a conceptos y principios compartidos a fin de convencer a distintas audiencias e influir en sus interpretaciones (Snow et al., 1986; Benford y Snow, 2000). El trabajo interpretativo de los movimientos sociales es particularmente importante en dos procesos principales. Por un lado, los movimientos desarrollan marcos culturales que definen intereses comunes al interior del movimiento, crean vínculos de solidaridad interna y movilizan a sus miembros. Por otro lado, los procesos de encuadre son cruciales para el propósito del movimiento de transformar los términos del debate público en la sociedad en general, e influir en el cambio político y legal. Ambos tipos de procesos involucran luchas culturales, al interior y al exterior del movimiento (Gamson y Meyer, 1996, p. 1652; Zald, 1996, p. 270) y en ambos casos el uso del derecho juega un papel relevante.

Siegel (2004, pp. 11-12) sostiene que los movimientos que intentan influir en el cambio legal deben someter sus reclamos y marcos interpretativos a lo que denomina la condición del valor público, es decir, deben traducir sus demandas particulares a un discurso que apele a valores e interpretaciones constitucionales compartidas. Esta condición implica que cuando un movimiento intenta cambiar el ordenamiento normativo, debe presentar sus reclamos en la esfera pública como congruentes con los principios constitucionales vigentes y fundamentales para la sociedad. En ese proceso, los movimientos sociales generalmente moderan sus reclamos y su retórica, especialmente cuando deben confrontarse con un contra-movimiento, que a su vez está sujeto a la misma condición; de manera que, en este intento, los movimientos opuestos tienden a incorporar algunos de los reclamos de sus oponentes (Siegel, 2006, pp. 1354-1365).

De este modo, puede esperarse un cambio en los marcos discursivos de los movimientos sociales, o sectores de esos movimientos, que empiezan a desarrollar estrategias legales en América Latina, sobre todo cuando intervienen en una dinámica entre movilización y contra-movilización legal. Es esperable que esto suceda en contextos donde existe una ampliación de las oportunidades legales, en términos de la existencia de nuevos derechos incorporados al marco constitucional, nuevos instrumentos para su defensa y nuevas vías institucionales a partir de la creación o reforma de las cortes constitucionales. Por ejemplo, desde los años setenta, la estrategia de movilización política por el derecho al aborto en América Latina tuvo como uno de sus ejes discursivos principales el derecho de las mujeres a su propio cuerpo (junto a argumentos sobre salud pública y justicia social), y sostenía generalmente un reclamo por el aborto libre a demanda de la mujer. Recientemente, la incorporación del marco de los derechos humanos, así como el desarrollo de estrategias legales por parte de organizaciones feministas, ha implicado que, al mismo tiempo que se define el acceso al aborto como un derecho relacionado con diversos derechos fundamentales de las mujeres, se han desarrollado en algunos casos nuevos marcos interpretativos para la defensa estratégica de este derecho, incluyendo la idea de balance entre los derechos de la mujer y la protección constitucional de la vida intrauterina; el reconocimiento de que los derechos de la mujer varían según un marco de trimestres durante el embarazo, y la aceptación de reformas graduales al marco legal.³ Como parte de este proceso, algunos sectores y organizaciones del movimiento por los derechos reproductivos en América Latina, en su intento por influir en el cambio jurídico, han aceptado la redesignación de términos altamente conflictivos, como aborto, que en las propuestas y procesos de cambio legal ha sido denominado en el contexto brasilero como anticipación voluntaria del parto cuando se trata de casos de anencefalia,⁴ en Colombia como interrupción voluntaria del embarazo⁵ y en México como interrupción legal del embarazo, cuando se realiza durante las doce primeras semanas de gestación.⁶

Dada la transformación que implica en los marcos culturales del movimiento, así como en sus tácticas y métodos de incidencia, la decisión de llevar a cabo una estrategia legal, que generalmente es planteada por un sector u organización del movimiento, generalmente produce desacuerdos y divisiones al interior del movimiento. En particular, someter los reclamos de un movimiento a la condición del valor público puede no estar en consonancia con los discursos y estrategias de sus sectores más radicales (Siegel, 2006, p. 1364). De esta manera, se puede esperar que las transformaciones discursivas relacionadas con el uso del derecho por parte de los movimientos sociales en América Latina generen conflictos y tensiones entre los sectores más legalistas y grupos que defienden otro tipo de movilización dentro del movimiento.

Finalmente, los movimientos y contra-movimientos que apelan a las mismas vías institucionales tienden a adoptar estrategias similares, y ambos tienen interés en presentar sus demandas en términos de aspiraciones y valores compartidos por sectores más amplios de la sociedad (Meyer y Staggenborg, 1996, pp. 1640, 1649). En América Latina, a partir de recientes reformas judiciales y de la creciente incorporación del discurso de los derechos humanos y los derechos fundamentales, se puede esperar que el campo conservador también use el discurso legal para encuadrar y presentar sus reclamos y que apele a marcos jurídicos similares a los usados por los movimientos que buscan la ampliación de derechos. El movimiento contra los derechos reproductivos en América Latina ha defendido el derecho a la vida desde la concepción con base en argumentos constitucionales, así como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención por los Derechos del Niño.⁷ También se ha argumentado sobre los derechos del padre frente a la decisión de la mujer de realizar un aborto.⁸

Organizaciones del movimiento y estructura de apoyo en la sociedad para la movilización legal

En el marco de la teoría de los movimientos sociales, el enfoque de la movilización de recursos señala la importancia de la estructura organizacional y la disponibilidad de recursos y fuentes de apoyo para la acción colectiva (McCarthy y Zald, 1977). Según este enfoque, el tipo de movilización y el momento para su emergencia o desarrollo varían de acuerdo con los recursos internos y las capacidades de las organizaciones para un movimiento social y, especialmente, de su acceso a recursos materiales y financieros, de la formación de sus miembros, y del tipo de liderazgo. La movilización y su impacto dependen también de los vínculos y redes formales e informales de individuos y organizaciones del movimiento con actores por fuera del movimiento y de la existencia de instituciones y organizaciones en la sociedad en general para la acción colectiva. Este tipo de apoyo externo puede otorgar visibilidad e influencia a las organizaciones de un movimiento, aun cuando éstas sean pequeñas y no cuenten con grandes recursos internos.

En el campo específico de los estudios sobre movilización legal, la dimensión organizacional se analiza generalmente siguiendo el influyente concepto de estructura de apoyo en la sociedad para la movilización legal, que comprende la presencia de abogados de interés público, la existencia de organizaciones para la defensa de los derechos y la disponibilidad de recursos financieros para sostener el litigio (Epp, 1998, p. 18). Este tipo de recursos pueden estar insertos como estructuras formales para el litigio dentro del movimiento o pueden ser accesibles para éste a través de la colaboración con organizaciones externas o abogados de interés público aliados al movimiento.

Ante el reconocimiento de nuevas oportunidades institucionales, los movimientos desarrollan recursos y estructuras organizativas para poder actuar en esos contextos (Meyer y Staggenborg, 1996, p. 1649). Con respecto específicamente a la apelación a las cortes de justicia, en general la capacidad organizacional y los recursos para llevar adelante este tipo de acciones están asociados con una mayor profesionalización e institucionalización de las organizaciones de un movimiento (Meyer y Staggenborg, 1996, p. 1649). De manera que, en contextos de relativamente recientes cambios institucionales, como es el caso de los países latinoamericanos que han pasado por procesos de reforma judicial y empoderamiento de las cortes, se puede esperar que se desarrolle movilización legal por parte de los movimientos más profesionalizados, o bien que los movimientos comiencen a crear estructuras propias para la movilización legal. Sin embargo, por otro lado, la alianza con actores externos puede también permitir el desarrollo de estrategias legales, aun cuando el movimiento no cuente con una estructura propia para la movilización legal. De este modo, es posible también que estos movimientos construyan alianzas con abogadas y abogados litigantes externos al movimiento y logren así llevar a cabo estrategias legales exitosas. El caso de la movilización por el derecho al aborto en la región muestra diversas soluciones en este sentido. Uno de los modelos desarrollados por el feminismo latinoamericano en su intento por implementar una estrategia legal para la defensa del derecho al aborto fue el trabajo con abogados aliados por fuera del movimiento, con experiencia en litigio de interés público.⁹ Otro modelo fue el desarrollado en Colombia, a través de la creación de una organización litigante, formada por abogadas feministas, y con el objetivo específico de desarrollar una estrategia de litigio para la liberalización del aborto.¹⁰ Por último, en contextos de escaso desarrollo institucional del movimiento y de falta de recursos financieros para la movilización legal, como puede suceder especialmente a nivel subnacional en los países latinoamericanos, la presencia de abogadas y abogados simpatizantes de la causa del movimiento y dispuestos a trabajar pro bono, puede también contribuir al desarrollo de estrategias de litigio, aun en ausencia de una estructura de apoyo para la movilización legal en el contexto específico. Éste ha sido el caso, por ejemplo, en la provincia de Salta, Argentina, donde se han desarrollado algunos de los procesos de movilización legal feminista más interesantes en el país, incluyendo una demanda constitucional por el derecho al aborto.

Por otra parte, una red de organizaciones muy concentrada, con la presencia de una organización altamente profesionalizada y orientada hacia la movilización legal puede ser sumamente eficiente para llevar adelante una estrategia legalista y para lograr la coordinación de distintos actores en torno a un mismo objetivo, así como para coordinar acciones con actores externos al movimiento. Sin embargo, este tipo de concentración puede dificultar la acción del movimiento en la fase de implementación de las decisiones judiciales a lo largo del territorio, así como su capacidad para resistir procesos de reacción conservadora contra esas decisiones, para lo cual sería necesario contar con una red de organizaciones con mayor presencia territorial a lo largo del país. El caso de México muestra las ventajas y desventajas que puede presentar una estructura concentrada, principalmente en torno al notable trabajo de GIRE, que permitió una reforma vanguardista a la legislación sobre aborto en la Ciudad de México en 2007, pero posteriormente, al no contar con capacidad instalada a nivel de los estados, ni con fuertes lazos con organizaciones locales, encontró dificultades para resistir el proceso de reformas constitucionales conservadoras, que introdujeron cláusulas sobre el derecho a la vida desde la concepción en diversos estados de la República.

Finalmente, Cuando se desarrolla una interacción entre movimiento y contra-movimiento, y ambos intentan usar las mismas vías institucionales para el avance de sus reclamos, es probable que desarrollen formas organizativas similares (Meyer y Staggenborg, 1996, p. 1649). De este modo, ante una nueva oportunidad legal en América Latina, se puede esperar que los contra-movimientos respondan desarrollando recursos y estructuras para el litigio estratégico similares a las empleadas por los movimientos sociales.

Proceso político y oportunidades legales

Finalmente, el enfoque del proceso político, en el marco de la teoría de los movimientos sociales, estudia la influencia de factores externos, particularmente el régimen político y la posición de los distintos actores dentro de éste, sobre la forma en que los movimientos se organizan, definen sus reivindicaciones y estrategias, e influyen en el cambio social (Tilly, 1978; McAdam, 1982; Tarrow, 1994). Un concepto clave de este enfoque es el de oportunidad política, que incluye componentes relativamente fijos o estables, tales como tradiciones, constituciones y sistemas electorales, así como factores más variables, como los alineamientos políticos y las decisiones en materia electoral o de política pública (Gamson y Meyer, 1996, p. 284). Este enfoque distingue también oportunidades favorables para todo tipo de movimientos y oportunidades específicas para determinados movimientos o asuntos (Gamson y Meyer, 1996, p. 285).

En el campo de estudios sobre movilización legal se ha desarrollado el concepto de oportunidad legal, para aludir en particular a arreglos institucionales y dinámicas dentro de la estructura estatal que están más directamente relacionados con la interacción de los movimientos sociales con las cortes de justicia (Hilson, 2002; Wilson, 2009). El concepto de oportunidad legal también incluye componentes relativamente estables o estructurales, relacionados sobre todo con las reglas de acceso a las cortes, así como aspectos más contingentes, vinculados con la receptividad de los tribunales hacia los reclamos de los movimientos sociales (Hilson, 2002, pp. 243-244). Siguiendo esta perspectiva, se puede asumir que existe una conexión entre aspectos institucionales de los tribunales y los tipos de reclamos y actores que acceden a las cortes, y se puede esperar que ante el desarrollo de nuevas oportunidades legales en América Latina, los movimientos sociales usen crecientemente el litigio y las estrategias jurídicas para la defensa de sus causas. En contextos en los que las oportunidades legales no han sido modificadas, o continúan siendo restrictivas para los actores sociales, se espera un menor desarrollo de estrategias de litigio por parte de los movimientos y contra-movimientos sociales.

Entre las normas más importantes que regulan el acceso a las cortes se encuentran las provisiones sobre legitimación de los actores para presentar demandas judiciales. Esta legitimación puede ser amplia o restringida sólo a aquellos con un interés directo en el caso; puede habilitar sólo a individuos, o también a organizaciones de la sociedad civil; puede aceptar sólo a autoridades públicas como litigantes, o puede permitir el acceso a otro tipo de actores. Es decir, este tipo de reglas condiciona qué clase de actores están legitimados para presentar recursos ante las cortes y pueden habilitar o restringir esta posibilidad para los actores colectivos. La existencia de procedimientos flexibles y accesibles para la presentación de demandas en materia de derechos por parte de individuos y actores sociales ante las cortes, como la ausencia de requisitos formales y el bajo costo del proceso legal, que se pueden encontrar en casos como Colombia y Costa Rica, puede permitir a individuos y grupos marginalizados recurrir a los tribunales, aun en contextos signados por la ausencia de una estructura de apoyo para la movilización legal en la sociedad (Wilson, 2009, pp. 60-84).

Asimismo, otros tipos de reglas de acceso a los procesos judiciales, tales como aquellas que regulan la realización de audiencias públicas, la presentación de amicus curiae, o la intervención como terceros interesados, son también aspectos estructurales que afectan la posibilidad de los actores sociales de presentar sus posiciones ante las cortes. Este tipo de reglas generalmente establecen requisitos formales para la presentación de opiniones expertas, o bien de argumentaciones legales o técnicas en defensa de las distintas posiciones en un proceso. Es esperable que estos procedimientos, que prevalecen por ejemplo en el caso argentino, favorezcan la participación de grupos de interés organizados y organizaciones profesionalizadas, en lugar de facilitar el acceso directo a las cortes por parte de individuos y grupos desposeídos o marginados.

Se ha observado que los mismos factores afectan las oportunidades de los movimientos y los contra-movimientos, pero de un modo inverso, ya que una vía institucional receptiva a los reclamos de un movimiento es necesariamente menos favorable a los reclamos de su oponente (Meyer y Staggenborg, 2008, p. 213). Esto puede ser fácilmente constatable respecto a componentes variables de la estructura de oportunidades políticas, tales como los alineamientos políticos y la presencia de actores aliados al movimiento, o bien de activistas institucionales dentro de la estructura estatal.¹² Sin embargo, algunos componentes más estables de la estructura de oportunidades, tales como el desarrollo de la institucionalidad democrática o del Estado de derecho pueden favorecer tanto a movimientos como a contra-movimientos sociales. En el caso de las oportunidades legales, la creación de nuevos instrumentos para la defensa de los derechos, la introducción de nuevos derechos fundamentales en las constituciones, así como las reformas a los procedimientos decisorios de las cortes, que expanden la posibilidad de participación de grupos sociales, se pueden considerar favorables tanto para los movimientos como para sus oponentes. En este sentido, es esperable que en contextos de cambio institucional y de ampliación de la oportunidad legal para la judicialización de los reclamos de los movimientos sociales, los movimientos conservadores o contra-movimientos también desarrollen estrategias legales, y que las cortes se conviertan en foros para la presentación de estos reclamos. Por ejemplo, en el caso argentino, ante el nuevo marco legal creado por la reforma constitucional de 1994 (que otorgó jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos e introdujo instrumentos progresistas para la defensa de los derechos por parte de los actores sociales, en particular la figura del amparo colectivo), el movimiento católico conservador fue el primer actor dentro del campo de disputa por los derechos reproductivos en presentar acciones judiciales ante la Corte Suprema de la Nación utilizando la nueva oportunidad legal, a fin de bloquear el acceso a métodos de prevención del embarazo y la implementación de legislación favorable a los derechos reproductivos.¹³

Por otra parte, la literatura sobre movimientos sociales ha observado que las oportunidades políticas requieren reconocimiento por parte del movimiento (Zald, 1996, p. 271), y aún más requieren ser construidas y definidas a través de sus marcos interpretativos como oportunidades para la acción (Goodwin y Jasper, 1999). Lo mismo puede afirmarse con respecto a las oportunidades legales. El reconocimiento de una oportunidad legal favorable depende de la experiencia y recursos técnicos del movimiento, así como de la percepción del movimiento, o de sectores del mismo, sobre las posibilidades de éxito de estrategias que apelen a las instituciones judiciales. Las ideas al interior de un movimiento acerca del rol del derecho en la reproducción de la desigualdad, así como su percepción sobre las instituciones judiciales como dominadas por un sector o clase, pueden afectar la decisión de llevar adelante una estrategia legal y, en particular acciones de litigio. En el caso de la movilización feminista por el derecho al aborto en América Latina, la desconfianza del movimiento de mujeres hacia un sistema jurídico percibido como una estructura patriarcal, debido entre otras razones a la subrepresentación de las mujeres en la magistratura, ha contribuido a retardar la apelación por parte del feminismo a las cortes de justicia. Por ejemplo en Colombia, que es el caso paradigmático de constitucionalismo progresista en la región desde la creación de la Corte Constitucional en 1992, el sector del movimiento por los derechos reproductivos que apoyó activamente la acción de inconstitucionalidad presentada en 2005 por Women's Link no había reconocido hasta entonces la existencia de una oportunidad legal favorable.

En casos altamente controvertidos, las cortes pueden tener interés especial en escuchar los reclamos y la argumentación de los actores sociales, a fin de que su proceso decisorio esté informado por las distintas voces que participan en un conflicto y para lograr apoyo social a sus decisiones, lo cual puede contribuir a mantener su legitimidad y autoridad institucional (Siegel, 2001, p. 351). En este sentido, la búsqueda de legitimidad por parte de las cortes puede ser una oportunidad para los movimientos sociales. Esa búsqueda puede encontrarse especialmente en casos en que el rol de las cortes está siendo redefinido y las cortes necesitan construir o reconstruir su legitimidad institucional, especialmente en el marco de recientes procesos de transición política o reforma judicial, como por ejemplo en el caso de las cortes constitucionales o cortes supremas en América Latina. En esos contextos, las cortes pueden tener incentivos no sólo para escuchar los reclamos de los movimientos, sino también para expandir la oportunidad legal para la participación de los ciudadanos y las organizaciones sociales en sus procesos decisorios, a través de la creación de nuevos canales institucionales para la intervención de actores sociales durante el proceso de decisión judicial. Por ejemplo, en el marco de los respectivos procesos sobre acciones de inconstitucionalidad en torno al derecho al aborto, la Suprema Corte de Justicia de México en 2008 y el Supremo Tribunal Federal de Brasil en el mismo año crearon nuevos procedimientos institucionales para promover la presentación de argumentos de las distintas partes en conflicto, así como de expertos en la materia.¹⁴

Conclusión

Este trabajo planteó la importancia de combinar distintas perspectivas teóricas, hasta ahora no suficientemente integradas, para el estudio de la relación entre movimientos sociales y derecho. Se intentó mostrar que cada uno de estos enfoques enfatiza y analiza de manera particular diferentes aspectos de esa relación, y que las tres perspectivas se complementan y al hacerlo permiten entender de una manera más integral este fenómeno. Al situar los principales elementos de estos tres enfoques bajo los tres marcos analíticos centrales desarrollados por la teoría de los movimientos sociales, se facilita la aplicación y transferencia de los conceptos y hallazgos de uno y otro campo.

El enfoque del constitucionalismo democrático, que ubica las decisiones de las cortes en un campo político y discursivo amplio, ofrece una hipótesis general de trabajo que puede contrastarse y discutirse a través de estudios empíricos sobre el rol de los movimientos sociales en el cambio legal en América Latina. Asimismo, este enfoque ofrece observaciones importantes sobre distintos aspectos de la relación entre movimientos sociales y derecho, en particular vinculados con el rol del derecho en el desarrollo de marcos interpretativos de los movimientos, y con la relación entre movimientos y cortes de justicia. Por su parte, la teoría de los movimientos sociales y los estudios sobre movilización legal permiten operacionalizar dimensiones institucionales y organizativas fundamentales para el análisis empírico de la movilización legal, que no están presentes en la teoría constitucional.

El artículo intentó mostrar también que, dado que es esperable que ante cambios en el contexto político e institucional, y dada la dinámica entre movilización y contra-movilización, los contra-movimientos desarrollen similares formas de movilización legal y un uso similar de nuevos marcos normativos y nuevos instrumentos y remedios legales al que puedan hacer los movimientos sociales, se pueden usar los mismos criterios analíticos para el análisis de los contra-movimientos y de la contra-movilización legal en América Latina.

El contexto latinoamericano, a partir de las nuevas oportunidades políticas y legales creadas por los procesos de democratización, de consolidación del Estado de derecho, y de reformas constitucionales y judiciales, ofrece un campo especialmente apto para el estudio de la movilización y contra-movilización legal de los actores colectivos. Se espera que el marco analítico propuesto pueda contribuir al desarrollo de investigaciones empíricas sobre este desarrollo incipiente en la región. Finalmente, el uso de ejemplos provenientes de la movilización y contra-movilización en torno a los derechos reproductivos en la región muestra que este campo puede brindar aportes relevantes para el análisis más general de procesos de movilización y contramovilización legal, así como de formas organizativas y oportunidades contextuales de los movimientos contemporáneos en la región.

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Notas

La autora agradece especialmente a Ruth Rubio Marín la ayuda para la realización de este trabajo, que es parte de su tesis doctoral sobre "Movimientos sociales y cambio legal. Movilización y contra-movilización legal en torno al derecho al aborto en América Latina" (Departamento de Derecho, Instituto Universitario Europeo), y está vinculado con su actual proyecto de investigación sobre movilización legal en contextos subnacionales (Conicet-Argentina).

¹ En la última década se han registrado procesos de liberalización, en diferentes grados, del marco legal del aborto en Colombia (2006), Ciudad de México (2007), Argentina (2012), Brasil (2012) y Uruguay (2012), con un rol crucial de las cortes constitucionales o cortes supremas en todos los casos, excepto Uruguay.

² Rubin (2001) analiza las causas de la falta de diálogo entre estos dos campos. La obra de Handler (1978) fue precursora en la aplicación de la teoría de los movimientos sociales para el estudio de las estrategias de litigio, pero permaneció por mucho tiempo como un caso aislado dentro del campo de los estudios legales. Posteriormente, el trabajo de McCann (1994) ha sido un referente principal sobre el uso de la investigación sobre movimientos sociales en los estudios sobre movilización legal.

⁴ El término "anticipación voluntaria del embarazo" fue propuesto por Devora Diniz, directora de Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género (ANIS), a partir de su trabajo etnográfico en dos hospitales públicos de Brasilia que realizan abortos legales, con mujeres que recibían tratamiento médico en casos de embarazos de fetos anencefálicos (Diniz, 2004: 23). Este término fue incorporado por el Supremo Tribunal Federal en su decisión sobre el caso de anencefalia en 2012.

⁵ El término "interrupción voluntaria del embarazo" fue adoptado por Women's Link en la acción de inconstitucionalidad que motivó la notable decisión C-355/2006 de la Corte Constitucional de Colombia, que estableció casos en los que el aborto es legal en ese país.

⁶ Durante el proceso de legalización del aborto en la Ciudad de México en 2007, por razones estratégicas, el término aborto fue redefinido por aliados de organizaciones feministas, y en concordancia con éstas, como "interrupción legal del embarazo".

⁷ Análisis del uso de argumentos legales por parte de sectores conservadores en la disputa por los derechos sexuales y reproductivos en América Latina se pueden encontrar en Lemaitre (2012), Vaggione (2012).

⁸ Este argumento fue utilizado en particular en las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma a las leyes sobre aborto en la Ciudad de México, y fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia.

⁹ Éste fue el caso GIRE en México y ANIS en Brasil, las dos organizaciones clave en sus respectivos países para la movilización legal en torno al aborto. GIRE contó desde su inicio, a principios de los años noventa, con el asesoramiento legal de un abogado experto en litigio estratégico, y ANIS recurrió en 2004 al asesoramiento legal de dos de los más reconocidos juristas en el país para el desarrollo del proceso de litigio estratégico frente al Supremo Tribunal Federal por el derecho al aborto en casos de anencefalia. Posteriormente, GIRE ha tenido como uno de sus objetivos la formación de abogadas jóvenes, en 2002 contrató por primera vez a una abogada como parte de su staff, actualmente cuenta con una Área Legal dirigida e integrada por abogadas, y desde 2011 por primera vez la institución es dirigida por una abogada.

¹⁰ Se trata de la organización Women's Link, creada en 2005, que presentó la demanda de inconstitucionalidad que permitió la liberalización de la ley de aborto por parte de la Corte Constitucional en 2006.

¹¹ Agradecemos esta observación a la profesora Judy Fugde.

¹² Se denominan activistas institucionales aquellos actores que son parte del movimiento pero ocupan posiciones formales dentro del gobierno (McGuire y Santoro, 1997, pp. 504-518; Banaszak, 2010, pp. 30-62).

¹⁴ En marzo de 2008, y a raíz del proceso de la acción de inconstitucionalidad sobre el aborto, la Suprema Corte de Justicia de México estableció que llevaría a cabo audiencias públicas en casos de especial interés judicial o de importancia nacional (Acuerdo General Núm. 2/2008), y por primera vez en su historia institucional convocó seis audiencias públicas en el marco de la acción de inconstitucionalidad contra la legislación sobre aborto aprobada en la Ciudad de México en 2007. Por su parte, el Supremo Tribunal Federal de Brasil convocó por primera vez una audiencia pública en 2008, en el marco del proceso sobre aborto en casos de anencefalia, y en total se realizaron cuatro audiencias públicas en torno a este caso (aunque antes de la fecha indicada para la primera audiencia, el Tribunal convocó otra audiencia para otro caso, que fue la primera en llevarse a cabo ante el STF).