El PRI: relación interna de fuerzas y conflicto en la víspera del proceso electoral de 2006

The PRI: Factions and Conflict in the Eve of the Electoral Process of 2006

Guadalupe Pacheco Méndez*

* Profesora–investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Calzada del Hueso 1100, col. Villa Quietud, Coyoacán, 04960, México, D.F. Correo electrónico: guadalupepachecomendez@hotmail.com.

Resumen

Desde julio de 2000, la evolución interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha caracterizado por los siguientes factores: la necesidad de llenar el vacío político que la pérdida de la presidencia de la república dejó en su estructura de autoridad interna; la heterogeneidad organizativa de sus fuerzas componentes; el aglutinamiento de las cúpulas partidarias en dos grandes bloques internos, dentro de los cuales los gobernadores priístas tuvieron un papel político decisivo; los cambiantes reacomodos en las alianzas tejidas entre las cúpulas partidarias; y, por último, un cerrado equilibrio en la relación interna de fuerzas.

A fines de 2004, ante la cercanía de la elección presidencial de 2006, se intensificaron los conflictos internos en torno a las reglas para postular al candidato presidencial y para sustituir a su principal dirigente nacional. En la disputa por controlar estas posiciones, esos dos grupos intentaron negociar acuerdos básicos para luego formalizarlos en una reforma estatutaria que no logró ser votada durante la asamblea nacional. En consecuencia, el PRI entró profundamente dividido a la campaña presidencial en 2005–2006.

Palabras clave: gobernadores priístas, candidatura presidencial priísta, dirigencia partidaria, relación interna de fuerzas, reformas estatutarias.

Abstract

Since July 2000, several features characterize the PRI's internal evolution: the need to fill the political vacuum in its internal structure of authority left by the loss of the presidency; the organizational heterogeneity of its components; the clustering of its leaders in two groups (where the PRI governors played a decisive political role); and the reshuffling of the alliances between the top party caucuses.

Keywords: PRI governors, PRI presidential candidate, party leadership, internal relationship of forces, statutes reforms.

Introducción

Desde el 2 de julio de 2000, cuando su candidato presidencial fue derrotado por primera vez, los militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han vivido una intensa saga política y organizativa. En la búsqueda de nuevos equilibrios de poder interno, tres clases de hechos han sido de máxima importancia: primero, la designación de sus dirigentes nacionales, después la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, en especial para contender por la presidencia de la república y, en tercer lugar, el conjunto de decisiones derivadas de su participación en el Poder Legislativo federal (la postulación de candidatos con posibilidades de victoria, la designación de líderes de fracción y el establecimiento de la agenda legislativa).

En torno a estos acontecimientos se han trazado los ejes de conflicto durante los años que siguieron a su derrota electoral en 2000, que han ocupado la atención de sus últimas asambleas nacionales y a partir de los cuales se han tejido cambiantes alianzas entre los principales componentes de la heterogénea cúpula partidaria: los dirigentes del aparato partidario territorial (integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y presidentes de los comités directivos estatales, en particular los de los estados bajo gobierno no priísta), los líderes de las principales organizaciones sectoriales y sociales, los líderes de sus legisladores federales y, principalmente, los gobernadores priístas.

A fines de 2004, ante la proximidad de las elecciones presidenciales de 2006, el PRI se impuso la tarea de establecer los acuerdos y normas básicas que regularían el proceso interno para elegir a su candidato presidencial. Con ese objetivo central, se llevó a cabo la XIX Asamblea Nacional. Pero la situación se tornó más compleja y desembocó en un profundo conflicto interno debido a que su dirigente nacional también era uno de los aspirantes a ocupar la próxima candidatura presidencial, lo que implicaba elegir a su sustituto. En consecuencia, en la discusión partidaria se entreveraron inseparablemente dos problemas: la elección de candidato presidencial y la elección de un nuevo presidente nacional del PRI.

El objetivo de este artículo es determinar el alineamiento de fuerzas internas que se estableció entre noviembre de 2004 y marzo de 2005 entre las diferentes élites heterogéneas que componen el PRI, pues fue durante esa coyuntura cuando quedaron abiertamente establecidas las alianzas internas que habrían de dominar la lucha intrapartidaria. En este análisis se presta particular atención a las posiciones de los gobernadores priístas debido a su destacado papel político en esos procesos.

Aparentemente, lo ocurrido entre octubre de 2004 y marzo de 2005 parecería ser un asunto de relevancia menor, sin embargo, fue una coyuntura en la que quedaron claramente establecidas las bases del conflicto interno ulterior que tanto contribuiría a debilitar al partido durante la contienda electoral de 2006; dicha fase del proceso interno puso al descubierto la configuración de las coaliciones internas que se enfrentarían en la lucha por el poder. Las estrategias de los diferentes actores internos decisivos, las cúpulas partidarias, produjeron cierto tipo de conflictos y pautas para resolverlos; los alineamientos de fuerzas y acomodos políticos resultantes de esos cursos de acción remodelaron, y probablemente seguirán haciéndolo, la faz organizativa del PRI, cualquiera que ésta resulte ser a la postre. A su vez, este reacomodo interno influyó en su actuación política externa: en su papel en el sistema de partidos, en el Congreso, en los estados bajo su gobierno, en su relación con el Poder Ejecutivo.

Sin duda, el peso y el papel del PRI en el escenario político nacional son relevantes por el capital político y organizativo que aún conserva. El PRI es un partido cuyas acciones trascienden sus propias fronteras y con consecuencias significativas sobre el escenario político nacional. El partido ha sido un estabilizador de la situación política por la posición hegemónica que ocupó durante casi toda la segunda mitad del siglo XX,¹ dejando en sus filas muchos cuadros con las habilidades, el oficio político y las relaciones, redes e hilos articuladores de diversas fuerzas sociales, políticas, regionales, por lo que en caso de que esas fuerzas se encontraran completamente sueltas se podría generar un efecto desestabilizador.

También es de subrayarse que si bien su fracción legislativa es relativamente pequeña, ésta ocupa una posición estratégica en un congreso polarizado entre el PAN y el PRD, lo que le permite desempeñar un papel de amortiguador del conflicto y de fiel de la balanza para sacar adelante la agenda legislativa; esto le ha permitido en determinados momentos críticos ser un factor de gobernabilidad, tal como ocurrió en diciembre de 2006, durante la toma de posesión del nuevo presidente.

En resumen, el lugar prominente que ha ocupado el PRI en la historia institucional de México, incluso hoy, como tercera fuerza partidaria nacional, justifica la relevancia de estudiar los desarrollos internos de dicho partido, en la media en que sigue desempeñando un papel primordial en el sistema político mexicano, a pesar del deterioro que ha sufrido su posición. Por ello, es necesario tratar de comprender la dinámica de sus conflictos internos, pues su eventual consolidación o su colapso como partido es un factor que influirá, de una u otra manera, según sea el caso, decisivamente sobre la estabilidad o inestabilidad política nacional.

Este trabajo se ubica en la perspectiva teórica de Angelo Panebianco (1993, pp. 454–461). Este autor plantea que los grupos componentes de un partido sólo pueden llegar a sustituir un anterior modelo de autoridad interna por uno nuevo, con carácter estable y cohesionado, cuando la relación de fuerzas entre ellos ya se ha estabilizado y, por ende, pueden llegar a acuerdos más o menos duraderos de reparto del poder partidario interno. De lo anterior se deriva que, si esas condiciones no se cumplen, lo cual ha sido el caso del PRI en los últimos años, la heterogeneidad e inestabilidad internas seguirán siendo fuente de severos conflictos en coyunturas cruciales que afectarán su desempeño global en el escenario político nacional, tal como le sucedió durante 2005 y 2006.

Dada la cercanía de los acontecimientos estudiados, se han publicado pocos trabajos académicos que aborden esta problemática. No obstante, en la bibliografía citada sí se incluyen aquellos trabajos que se han preocupado por la evolución interna que ha vivido el PRI en los últimos quince o veinte años. Entre estos autores cabe mencionar a Rogelio Hernández (1998, 2000), Guadalupe Pacheco (2002, 2003, 2004, 2006) y Francisco Reveles (2003a, 2003b). En razón de lo anterior, la principal base informativa de este trabajo es hemerográfica; también se realizó una revisión, lo más amplia posible, de la documentación oficial del PRI.

El marco analítico de este trabajo sigue la lógica interna de los acontecimientos, escrito en forma de crónica, con el fin de ubicar a los actores internos del PRI en las circunstancias de lugar y tiempo. En este sentido, Linz (1994, pp. 35 y 36) propone considerar el factor tiempo, entendido en el sentido de que los acontecimientos y las decisiones de los actores políticos se entreveran en una determinada secuencia histórica, como un factor explicativo relevante que arroja luz sobre los procesos políticos.

Los gobernadores: continuistas y rebeldes

No se puede comprender al PRI post–2000 sin considerar ciertos rasgos organizativos esenciales de la era del PRI presidencial, e incluso del conjunto del sistema político. Para entender la razón por la cual las élites priístas han tenido tantas dificultades en su intento por encarar el reto de readaptación organizativa, se retoma la interpretación histórica de Luis Medina (1979; 1994, pp. 70–83, 146–167). Este autor enfatiza cómo la institución presidencial logró disciplinar a los gobernadores rebeldes gracias a la incorporación de las organizaciones sociales de masas dentro de los sectores del partido como fuerza para contraequilibrar los poderes regionales. Este hecho originó que dentro del PRI prevaleciera una heterogeneidad organizativa muy importante: dentro de la misma estructura convivieron fuerzas locales y regionales junto a organizaciones sociales de carácter nacional. No obstante, su papel político para el conjunto del sistema quedó claro como estructura subordinada de agregación y representación de intereses (Cfr. Cornelius y Craig, 1991, pp. 55–61), como mecanismo para resolver los conflictos intraélite (Reveles, 2003a, pp. 24–26), en especial para regular la rotación de cargos de representación popular, y como aparato electoral del gobierno.

Esta heterogeneidad y subordinación tuvieron varias expresiones. Dentro de este contexto organizativo, los gobernadores priístas siguieron siendo el punto de transacción o de articulación entre los intereses locales y la autoridad presidencial, pero dependiendo de las circunstancias, las organizaciones sectoriales gozaron de su cuota de poder en la distribución de cargos locales, en tanto que los gobernadores controlaron a los respectivos comités directivos estatales del PRI. Además, la influencia independiente del partido sobre la definición de las políticas públicas impulsadas por el presidente de la república fue menor y más bien se produjo una situación inversa, periódicamente el PRI readaptó su declaración de principios a las necesidades del programa de gobierno de cada nuevo titular del Ejecutivo. Por último, aunque los gobernadores gozaron de ciertos márgenes de autonomía en relación con el presidente de la república, en ciertas cuestiones esenciales, el presidente tenía la decisión última en tres puntos: la recaudación de recursos presupuestales, la designación del sucesor en la gubernatura y el poder de retirar a los gobernadores (Cfr. Martínez y Arreola, 1987, p. 115; Hernández, 2003b, p. 798). Respecto a estos dos últimos aspectos, hay que subrayar que la mayor parte de los procesos de elección para gobernador ocurría durante la segunda mitad de la gestión del presidente en turno, lo que provocaba que el siguiente presidente tuviese que iniciar su administración negociando con los gobernadores apadrinados por su antecesor (Martínez y Arreola, 1987, pp.110 y 111). Sin embargo, con la llegada del PAN a la presidencia, un buen número de gobernadores priístas quedó libre de la tutela presidencial y otros más accedieron al cargo sin buscar ya el tradicional apoyo del centro.

Bajo la bandera de la denominada territorialización, Carlos Salinas, entonces presidente de México, impulsó una reforma del partido para disminuir el peso político de las organizaciones sectoriales dentro del partido (el principio de paridad) y transferirlas a la estructura propiamente partidaria, lo que se tradujo en una reestructuración del Comité Ejecutivo Nacional y de sus símiles estatales, así como en el otorgamiento de un número mayor de posiciones a la representación territorial en los consejos políticos nacional, estatales y asambleas nacionales (Pacheco, 2002). En consecuencia, el aparato partidario territorial ganó terreno en el aspecto formal, pero el viejo y cuidadoso equilibrio interno entre sectores y gobernadores se alteró, pues debilitó los contrapesos hacia los gobernadores; esta modificación de los equilibrios internos desempeñaría un papel crucial en 2000. La territorialización fue aprovechada por los gobernadores para ocupar un espacio más amplio en el partido (Hernández, 2003a, p. 812). Sin embargo, también sobrevivieron fuertes y poderosos enclaves corporativos, como el sindicato de maestros, el de los burócratas, el sindicato petrolero y otros más, que lograron mantener un poder propio en la negociación interna, en particular el primero de ellos.²

Paralelamente, la relación entre el centro, encarnado por el presidente de la república, y los intereses regionales sufrió fuertes cambios desde los ochenta, cuando las políticas neoliberales dominaron la agenda del gobierno federal. Cornelius (1999) señala cómo la fractura del control presidencial develó la existencia de enclaves autoritarios en las entidades federativas (lo que califica como política subnacional) y también creó las condiciones para la rebelión de algunos gobernadores priístas en contra del centro. Snyder (1999) demuestra que una de las bases de esta ampliación de autonomía de los gobernadores es resultado de las políticas de desregulación que, con el retiro de las empresas públicas, dejaron amplios espacios en las regiones, los cuales fueron ocupados, mediante diferentes estrategias, por los mandatarios locales con el fin de fortalecer sus apoyos políticos. En esa misma dirección, la descentralización administrativa contribuyó a fortalecer las relaciones de los gobernadores con las fuerzas políticas actuantes (locales y nacionales) en su respectiva entidad federativa (Hernández, 2006, pp. 109–111).

El avance de los partidos opositores al PRI registró notables progresos en la última década del siglo XX, lo que les permitió primeramente conquistar las presidencias municipales en ciudades muy importantes y, más tarde, incluso gubernaturas, hasta llegar a perder alrededor de la mitad de ellas después de 2000. La combinación de esta nueva variable política con los dos anteriores puntos —territorialización, desregulación y descentralización— resultó explosiva y debilitó el control presidencial sobre las fuerzas políticas locales y sobre el PRI .

Entretanto, esos cambios, aunados a la imposición de las políticas neoliberales, terminaron por debilitar al PRI y empujarlo hacia la indefinición de su papel político (Hernández, 1998), situación que se acentuó con la zigzagueante política de Ernesto Zedillo hacia el partido (Cfr. Reveles, 2003b; Hernández, 2003a). A la postre, esto tuvo como resultado que, durante las gestiones presidenciales de Salinas y Zedillo se fuera mermando paulatinamente el papel del presidente como árbitro del partido, (Cornelius, 1999, pp. 4–6; Hernández, 2000) y, en contrapartida, se fortaleciera el poder de los gobernadores priístas (Langston, 2002, pp. 413–421; Hernández, 2003b).

No obstante, la existencia de un presidente de la república priísta casi logró mantener la cohesión partidaria, pero sólo en la superficie, pues bajo el gobierno de Zedillo se registraron los primeros brotes abiertos de rebelión de los gobernadores contra la figura presidencial: una en 1995 cuando Roberto Madrazo, entonces gobernador de Tabasco, no aceptó las presiones de aquél para que renunciara a su cargo (Cfr. Eisendstadt, 1999), lo que le ganó gran popularidad en las filas del partido; otra durante la XVII Asamblea Nacional en 1997; una más, cuando Madrazo pidió licencia de su cargo en Tabasco para contender por la candidatura presidencial en 1999, en contra de Francisco Labastida, el favorito de Zedillo; también sobresale la de Manuel Bartlett cuando era gobernador de Puebla. Pero ya de manera más abierta, en los primeros días de julio de 2000, cuando el presidente saliente quiso imponer a un séptimo dirigente nacional del partido, oponiéndose a ello varios gobernadores y líderes de los sectores (Pacheco, 2003, pp. 107–114; Madrazo, 2007, pp. 110 y 111). Fue en esta última coyuntura cuando se acuñaron los términos de gobernadores disidentes para referirse a aquellos que se opusieron abiertamente a las pretensiones de Zedillo y de oficialistas para referirse a los que defendían esas imposiciones.

En esas circunstancias, la derrota del candidato presidencial del PRI en 2000 habría de poner al descubierto ese proceso de desalineamiento interno de las cúpulas o élites dirigentes priístas. Sin presidente de la república que arbitrara dentro del partido y sin los contraequilibrios sectoriales, el más antiguo basamento de la vieja pirámide priísta quedó expuesto: el poder de los gobernadores como representantes de constelaciones de intereses locales. El total de gobernadores, aunque un número cada vez menor de ellos provendría de las filas del PRI, emergió como la principal fuerza con capacidad suficiente para articular y encabezar nuevas coaliciones internas que les permitieran ocupar el vacío político interno dejado en 2000. A partir de ese momento, la historia del PRI ha sido de confrontaciones entre esos núcleos de gobernadores que intentan atraer a los demás componentes organizativos del partido, es decir, tanto a otros gobernadores como a las organizaciones sectoriales, los legisladores y los comités directivos estatales de los estados bajo gobernador no priísta. La XIX Asamblea Nacional, puesta dentro de esta perspectiva, fue el punto clave del realineamiento interno de la fuerzas priístas con el que habrían de afrontar la coyuntura electoral presidencial de 2006.

El problema residió en que, desde una lógica de política de pares, tendieron a configurarse dos bloques de peso similar con agendas políticas divergentes pero de composición cambiante, es decir, la posición de varios mandatarios fue modificándose en función de las coyunturas o por cambios de gobernador. Sin embargo, a pesar de lo oscilante de estos alineamientos, en general, pueden discernirse dos tendencias: una, la de aquellos gobernadores que dieron continuidad a su aglutinamiento como camarilla zedillista y, sobre todo, la de aquellos gobernadores rebeldes que se opusieron a la política zigzagueante y oportunista de Zedillo ante el PRI, y que más tarde habrían de conquistar el control del aparato partidario nacional. Debido a ese carácter cambiante de las alianzas internas, se hará una revisión de los acontecimientos internos entre julio de 2000 y mediados de 2004, para luego analizar la composición de los bloques que se perfilaron desde el último trimestre de 2004.

El desajuste interno que vivió el PRI en los meses posteriores a julio de 2000 se fue superando durante los meses siguientes y, poco a poco, se fue afianzando un proceso de realineamiento organizativo. De julio de 2000 a febrero de 2002 se buscaron acuerdos sobre el método y los procedimientos para realizar una nueva asamblea nacional. Como resultado de la XVIII Asamblea realizada en noviembre de 2001, se fijaron nuevas reglas en el juego interno de poder, las cuales enmarcaron la elección de Roberto Madrazo como presidente del Comité Ejecutivo Nacional en planilla con Elba Esther Gordillo como secretaria general. La victoria interna de Madrazo en febrero de 2002 había requerido el respaldo de Gordillo, la líder real del SNTE, organización cuyos amplios recursos financieros y materiales y extensas redes organizativas fueron fundamentales en esa elección interna (Cfr. Madrazo, 2007, pp. 112 y 113).

Esta coyuntura fue una revelación importante del estado de las alianzas internas en ese momento, cuya disposición fue la siguiente (Pacheco, 2006): apoyando a la planilla Madrazo–Gordillo se contaban los gobernadores de Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Guerrero, Sinaloa y Michoacán,³ así como los respectivos comités directivos estatales en esas entidades y una docena de los comités en entidades gobernadas ya fuese por un gobernador del PAN o del PRD. De la estructura sectorial del partido, sólo el sector popular se sumó en su mayor parte a este bando, cuyo componente más importante era el SNTE; del sector agrario se sumó una parte menor; de las otras organizaciones partidarias, destaca el apoyo de las juveniles. También se alinearon en este bando alrededor de tres decenas de senadores y alrededor de setenta y cinco diputados federales.

Varias circunstancias contribuyeron a modificar este alineamiento de fuerzas internas (Pacheco, 2004). En primer lugar, la paulatina recuperación electoral del PRI en los comicios locales durante el periodo 2002–2004, lo que fortaleció la autoridad y el prestigio internos del presidente del CEN. En segundo lugar, en la coyuntura previa a la elección federal de 2003, Madrazo tuvo una fuerte influencia en la negociación y confección de las listas de candidatos a diputados federales, lo que le aseguró un nuevo puntal de apoyo gracias al éxito electoral del PRI en los comicios intermedios de 2003, cuando de nuevo recuperó la mayoría simple en la Cámara de Diputados; esta nueva situación revalorizó aún más la importancia del liderazgo de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados y del control de su agenda legislativa, posición que fue ocupada por Gordillo. En tercer lugar, a fines de 2003, por desacuerdos tanto en la agenda legislativa como en el estilo de conducción, una amplia mayoría de la fracción priísta destituyó a Gordillo como líder de fracción y eligió en su lugar a Emilio Chuayfett, lo que equivalía a una ruptura entre el presidente del CEN y la secretaria general. A pesar de su ausencia del escenario político, Gordillo siguió detentando el cargo de secretaria general. Por último, Madrazo entendió que el CEN sería una palanca fundamental en la selección del candidato presidencial priísta para 2006, consecuentemente calibró la importancia de ocupar la dirección nacional y desde ahí fortalecer su corriente, construir una mayoría favorable a él en el CPN y ganarse a los sectores y a los comités directivos estatales.

La relación interna de fuerzas en la disputa por el control del PRI

Desde la primavera de 2004, las preocupaciones internas empezaron a converger hacia el proceso interno para elegir al próximo candidato presidencial y, en los primeros meses de 2005, el PRI se enfrentó, de nueva cuenta, a situaciones inéditas en su historia organizativa, debido a que se empalmaron dos ejes de conflicto: la elección de candidato presidencial y la designación de un nuevo presidente del CEN. Esto sucedió así porque desde la elección interna de dirigentes en febrero de 2002 resultaba obvio que, llegado el momento, Roberto Madrazo, presidente del CEN, sería un fuerte aspirante a la candidatura presidencial priísta y, con alguna perspicacia, se podía deducir que tendría que renunciar, tarde o temprano, a su cargo partidario, lo cual plantearía el problema de elegir al nuevo líder nacional del partido.⁴ Conforme avanzaron los meses, la inquietud y las tensiones entre las corrientes internas se acentuaron de nuevo.

Los estatutos vigentes hasta ese momento, dada la relación interna de fuerzas prevaleciente, no eran funcionales para resolver satisfactoriamente los problemas que planteaba la coyuntura electoral de 2006: 1) El plazo último de permanencia de Madrazo a la cabeza del PRI en caso de aspirar a la candidatura presidencial. Estatutariamente esto se relacionaba con la fecha de emisión de la convocatoria, con la formación de una eventual coalición electoral y con el plazo de registro de candidato ante las autoridades electorales. 2) El mecanismo concreto de sustitución del presidente del partido en caso de renuncia de éste y, en este contexto, el retorno de Gordillo con la intención de ocupar la presidencia partidaria hasta 2006. 3) La fecha de renuncia a sus cargos públicos de aquellos gobernadores o legisladores interesados en participar en el proceso interno. 4) El contenido de la convocatoria para iniciar el proceso interno de selección de candidato presidencial. 5) La instancia, el CPN o la XIX Asamblea Nacional, que debería aprobar las decisiones de las eventuales modificaciones estatutarias, lo cual se ligaba con la mecánica de integración y la estructura de esos órganos de gobierno partidario.

La orientación que se diese a estos puntos determinaría quiénes y en qué condiciones tendrían el control del proceso interno de selección del candidato presidencial, lo que a su vez contribuiría a prefigurar de modo importante su resultado. Muchos de estos problemas deberían abordarse inevitablemente en la XIX Asamblea Nacional que habría de inaugurarse en noviembre de 2004. Ante ello, el primer paso estratégico de las dos corrientes fue atraer al mayor número posible de aliados para controlar el aparato nacional del PRI .

El tucom inicia su ofensiva

A lo largo de 2004 se fue consolidando y recomponiendo un grupo formado principalmente por gobernadores, quienes, además de sus aspiraciones políticas, compartían su animadversión contra Madrazo. Los integrantes del grupo eran Arturo Montiel Rojas del Estado de México, Natividad González Parás de Nuevo León, Manuel Ángel Núñez Soto de Hidalgo, Tomás Yarrington Ruvalcaba de Tamaulipas, Eduardo Bours Castello de Sonora, Enrique Martínez y Martínez de Coahuila, Miguel Alemán Velasco de Veracruz y el senador Enrique Jackson Ramírez (Reforma, 15 de noviembre de 2004). Al parecer, el gobernador neoleonés tuvo un papel central en la dinámica del grupo (Madrazo, 2007, p. 196). Sin embargo, los antecedentes de esta alianza se remiten a los años 1998 y 1999, cuando se renovaron doce de las diecisiete gubernaturas conservadas por el PRI (véase el cuadro 1).

Por un lado, se da la rebelión de un grupo de gobernadores contra Zedillo durante la XVII Asamblea Nacional en septiembre de 1996 para eliminar a dos de los precandidatos a la presidencia de la república que se presumía quería imponer (Pacheco, 2002, pp. 126 y 127); por otro, el nombramiento de Francisco Labastida como titular de la Secretaría de Gobernación, cargo que dejó en mayo de 1999 para lanzarse en pos de la candidatura, lapso durante el cual ocurrieron los procesos de selección de candidatos a gobernador en doce estados. De ellos, Alemán, Yarrington, Núñez, Montiel y Martínez se alinearon con la candidatura de Labastida en 1999 y apoyaron, en julio de 2000, los intentos de Zedillo por imponer un octavo presidente nacional del PRI luego de la debacle electoral de su candidato (Pacheco, 2003, pp. 107–114; Madrazo, 2007, pp. 110 y 111). Posiblemente, durante la fase en que lucharon por su candidatura forjaron alianzas con Zedillo y con Labastida; en todo caso, su conducta fue la que clásicamente habían seguido los gobernadores priístas de disciplinarse ante los presidentes de la república.

De los otros tres integrantes de este grupo, Bours y González formaron parte de la camada labastidista de 1999, en el sentido de que fueron candidatos al Senado para el periodo 2000–2006, posición que lograron conquistar, pero que más tarde abandonaron para contender por la gubernatura de sus respectivos estados; el también empresario Bours⁵ estuvo vinculado con la cuestión financiera en el comité de campaña de Labastida en 1999 y al Pemexgate.⁶ En cuanto al senador Jackson, su carrera política legislativa floreció bajo el gobierno de Zedillo y naturalmente siempre fue sumiso a las decisiones de éste. Adicionalmente, en la elección interna de febrero de 2002, todos los integrantes del tucom habían apoyado a Beatriz Paredes quien contendió contra Madrazo por la presidencia del PRI. En aquella época, a este grupo solía denominársele "oficialista" o "labastidista", por haberse plegado disciplinadamente a las disposiciones de Zedillo en 2000 (Pacheco, 2006, pp. 338–345; Madrazo, 2007, pp. 151 y 152). En razón de las anteriores circunstancias, también denominaremos a este grupo como "continuista" o "postoficialista".

Ante el fortalecimiento político y organizativo de Madrazo, este grupo empezó a tener acercamientos con la todavía secretaria general del partido, Gordillo, con el objetivo de establecer una nueva alianza interna. Así, en abril de 2004 sostuvieron una reunión con ella, con el fin de discutir la forma de contener el avance de Madrazo hacia la candidatura presidencial (El Universal, 20 de diciembre de 2004; Madrazo, 2007, p. 195).⁷ En esa ocasión, acordaron presionar a Madrazo para que renunciara desde aquel momento a la presidencia del PRI,⁸ bajo el argumento de que su posición le daba ventajas adicionales, si bien ninguno de esos participantes estuvo dispuesto a renunciar a los cargos públicos que respectivamente estaban ocupando y que también les conferían ventajas. Esta presión por la renuncia de Madrazo tenía un corolario: estatutariamente era factible su sustitución en el cargo nada menos que por Gordillo, quien además ya llevaba adelantado el proceso de formación de un nuevo partido⁹ (El Universal, 17 de noviembre de 2004).

Pocos meses después, el mismo día que se inició la XIX Asamblea, los gobernadores del grupo postoficialista, a través de un desplegado de prensa (El Universal, 20 de diciembre de 2004), demandaron la formación de un grupo de trabajo para precisar las reglas que regirían el proceso de postulación del candidato del PRI a la presidencia de la república. Fue entonces cuando dieron a conocer públicamente su existencia como grupo, bajo el lema de "Unidad democrática, por la renovación del PRI", por lo que se les aludió como UD (unidad democrática); sin embargo, dado que su móvil político central era ampliamente conocido, rápidamente se les identificó más por el acrónimo derivado de la frase "todos unidos contra Madrazo", tucom.

Desde esos días, la figura que ya se perfilaba con mayor fuerza era la del gobernador Montiel.¹⁰ Por su parte, Enrique Jackson aparecía muy activo entre los senadores y los ex diputados de la LVII Legislatura (1997–2000), de la cual había formado parte.¹¹ Estos dos serían los contendientes reales dentro de este grupo, ya que Alemán, González y Bours anunciaron formalmente su decisión de no contender por la candidatura presidencial (El Universal, 17 de noviembre de 2004; Reforma, 21 de noviembre de 2004); cabe destacar que los dos últimos conservaron un papel protagónico y se dedicaron a promover a Jackson.¹² Por su parte, Núñez, Yarrington y Martínez, con menor proyección nacional, se mantendrían en la contienda interna de este grupo con la intención de obtener una senaduría o una diputación. En suma, aunque supuestamente había cinco aspirantes, sólo dos tenían posibilidades e intenciones de ir a fondo.

El primer paso en la estrategia del grupo postoficialista era obligar a Madrazo a renunciar lo más pronto posible a su cargo como presidente del CEN. Ése fue su leit–motif durante diciembre, enero y febrero. Para este grupo postoficialista, la cuestión central era impedir que Madrazo aprovechara su posición. Con adelantar la salida de Madrazo, querían asegurarse de que la confección y fecha de emisión de la convocatoria para el proceso interno no quedase bajo su control. Este punto se ligaba directamente con el mecanismo de sustitución de la presidencia partidaria. Tal como estaban redactados los estatutos vigentes, correspondía al siguiente integrante en el orden jerárquico del CEN (su orden de prelación) ocupar la presidencia con la venia del CPN y convocar a una elección del presidente sustituto en un plazo no mayor a dos meses. En este artículo se sobreentendía que quien ocupase el cargo por orden de prelación lo hacía de manera transitoria,¹³ y en este sentido lo manejó el CEN.

Pero la interpretación del tucom era otra, puesto que Gordillo aún era secretaria general, le correspondía, por el orden de prelación, ser la primera con opción de ocupar la presidencia del CEN durante un plazo máximo de sesenta días. Su cálculo estratégico era que, sin su cargo, Madrazo perdería el control sobre las riendas del PRI y éstas pasarían a manos de Gordillo. Luego, aprovecharían su estadía supuestamente transitoria para alargar su permanencia en el cargo, amparándose en una disposición estatutaria que establecía que una vez iniciado un proceso electoral no se podían realizar cambios de dirección partidaria. Así, tendrían el control de la selección del candidato presidencial, de la confección de listas de candidatos a legisladores federales y de la campaña presidencial.

Aparte de la tenacidad de Madrazo por no renunciar de inmediato, otros escollos se interponían para el desarrollo de esta estrategia: el primero era que en el CPN había una amplia mayoría madracista; por ello, presionaron para que la renovación estatutaria de alrededor de la mitad del CPN se adelantara y se produjera antes de que concluyeran los trabajos preparatorios de la asamblea; también insistieron en que, lo antes posible, se modificasen los criterios de integración del consejo, esperando con ello alterar su estructura de modo tal que la corriente encabezada por UD pudiese tener una mayoría en el CPN y así avalar la imposición de Gordillo en la presidencia del CEN. Un segundo escollo era la enfermedad de Gordillo, lo que le impedía estar presente de inmediato ante el CPN para ocupar la presidencia partidaria ("prelar", como se decía); esta última variable favoreció a Madrazo. Un tercer escollo era el hecho de que la Comisión Nacional de Procesos Internos (CNPI) estaba integrada en buena medida por elementos afines al presidente del partido.

Así las cosas, el 16 de noviembre de 2004, la XLVI sesión ordinaria del CPN emitió la convocatoria para celebrar la XIX Asamblea Nacional y autorizó al CEN para expedir la convocatoria respectiva; en ella se establecían las bases para la integración por delegados de la asamblea (El Universal, 17 de noviembre de 2004).¹⁵ Los preparativos y discusiones previas se iniciarían el 20 de noviembre y la sesión plenaria conclusiva se celebraría del 2 al 4 de marzo de 2005,¹⁶cuando fueran sometidos a votación los documentos básicos reformados, especialmente los estatutos. Por la naturaleza de la temática que nos interesa explorar, sólo tocaremos aspectos de una de las cuatro mesas en que se subdividió la asamblea, la de estatutos.

El hecho de que los representantes del tucom casi no asistieron a las sesiones de la instancia de análisis no impidió que, el 14 de enero, el resto de sus integrantes propusiera que la selección de candidato presidencial pudiese realizarse tres meses antes de su registro oficial ante las autoridades electorales, es decir, en octubre y que los aspirantes se separasen simultáneamente de sus cargos antes del inicio del proceso interno (El Universal, 14 de enero de 2005; La Jornada y Reforma, 15 de enero de 2005).¹⁷ Obviamente era la postura de Madrazo, pues con esa modificación se le abriría la posibilidad de renunciar en septiembre de 2005. Esta propuesta provocó un enfrentamiento muy fuerte entre el bando madracista y el del tucom, ante el cual Madrazo optó por hacer un despliegue de fuerzas que puso de manifiesto el realineamiento partidario entre los gobernadores, en los sectores y en las fracciones priístas legislativas.

El bloque madracista exhibe su fuerza

La estrategia de Madrazo se centraba esencialmente en tres puntos: 1) alargar al máximo posible su estancia en el PRI; 2) en asegurarse de que, si Gordillo llegaba a ocupar la presidencia por disposición estatutaria, su permanencia no durase más allá de 72 horas; 3) que la sucesión interina para ocupar el cargo hasta septiembre u octubre de 2006 recayese en miembros de su corriente. Para apuntalar su postura, Madrazo argumentó que era necesario esperar a que culminasen todos los procesos electorales locales que ocurrirían en 2005 y, además, que todos los aspirantes debían renunciar al mismo tiempo a sus cargos públicos o partidarios, incluyendo a Jackson y a Montiel.¹⁸

Para Madrazo, el primer obstáculo era que, de acuerdo con las disposiciones estatutarias, el proceso de selección debía realizarse seis meses antes del registro oficial de su candidato presidencial ante el ife. Esta fecha caería en los primeros días de diciembre de 2005, lo cual implicaba que el proceso de selección, y por lo tanto la renuncia a cargos partidarios y públicos de los aspirantes, debería ocurrir a más tardar a fines de junio. Sin embargo, Madrazo presionó para reducir ese plazo y así posponer la fecha de su renuncia.

Así, mientras se acrecentaba la tensión entre ambos bandos, la corriente madracista lanzó una cascada de adhesiones en favor del presidente del partido y aprovechó la coyuntura para hacer una demostración de su fuerza partidaria. Esto permitió ver, ya más nítidamente, los nuevos reacomodos en las alianzas internas. Los primeros en hacer evidentes sus preferencias fueron los gobernadores. En una contraofensiva ante la fuerte embestida pública de UD contra el líder priísta, cinco gobernadores afines a él se reunieron el 21 de enero para diseñar una estrategia de respuesta ante el tucom; al día siguiente, anunciaron la formación de otro frente y lanzaron una cruzada nacional en apoyo al presidente del partido (El Universal, La Jornada y Reforma, 23 de noviembre de 2005). Ellos eran Ulises Ruiz de Oaxaca, Manuel Andrade de Tabasco, Jorge Hurtado de Campeche, Joaquín Hendricks de Quintana Roo y René Juárez de Guerrero. Estos gobernadores también formaron parte de la camada electoral de 1998–1999 y en 2002 integraron parte del bloque que apoyó a Madrazo para conquistar la presidencia del PRI .¹⁹

Pero, a diferencia de UD, sus antecesores en el cargo fueron líderes políticos con alianzas locales muy fuertes que se rebelaron o tuvieron enfrentamientos severos, de una o de otra manera, en contra del centralismo presidencial de Zedillo.²⁰ En cuanto a Tabasco, fue ahí donde se registró la más exitosa rebelión priísta en contra de Zedillo (Eisendstadt, 1999, pp. 276, 291), quien presionaba a Madrazo, cuando era gobernador de esa entidad, para que renunciara a su cargo, con el fin de asegurar la participación del PRD en el fallido "Pacto de Los Pinos" a principios de 1995 (Eisendstadt, 1999, pp. 284–285); así, la posición de Andrade, el sucesor de Madrazo en la gubernatura, era lógica. Por lo que se refiere a Campeche, además de la vecindad geográfica, desde los años noventa se tejió una estrecha cercanía entre los mandatarios de estos dos estados para tratar de obtener mayores beneficios para sus estados producto de la explotación petrolera.

En el caso de Quintana Roo, Hendricks fue postulado como candidato a gobernador luego de que Labastida, entonces secretario de Gobernación de Zedillo, bloqueara al precandidato inicial del entonces gobernador Mario Villanueva y promoviera a otra figura local.²¹ En el caso de Guerrero, Juárez fue miembro del gabinete estatal y luego diputado federal durante la gubernatura de Rubén Figueroa, quien fue presionado a renunciar a su cargo, en marzo de 1996, por la masacre de un grupo de campesinos en Aguas Blancas en junio de 1995. En Oaxaca, la gestión gubernamental de Diódoro Carrasco (1992–1998), impuesto desde el centro,²² provocó el descontento de los grupos políticos oaxaqueños de los cuales formaban parte Murat y su sucesor Ruiz, por lo mismo, éstos estaban distanciados del centro y de Zedillo.

Por lo que se refiere a los comités directivos estatales (CDE) de los estados donde no gobernaba el PRI (véase el cuadro 2), Madrazo logró atraer el apoyo de la mayor parte de ellos debido a varias circunstancias. Estos comités, al haber perdido las elecciones de gobernador, se quedaron huérfanos, sin el apoyo de un mandatario favorable; además, la disminución de su votación les significó menos ingresos por la vía de las prerrogativas que les otorgan las autoridades electorales a los partidos. Así pues, necesitaban la ayuda del CEN para poder remontar su desventaja electoral. Por otra parte, como el CEN había pasado a controlar la confección de las listas de candidatos a cargos de elección popular en estos estados, a los líderes priístas locales les era imprescindible estar en buenos términos con la dirección nacional. Sin embargo, Montiel también trató de atraer estos CDE mediante el apoyo que les ofreció por medio de Fuerza Mexiquense, una maquinaria electoral, a través de la cual los ayudó a cambio de lealtad política, pero con menor éxito.²³ (Madrazo, 2007, pp. 188 y 189).

Este despliegue de fuerzas madracistas seguramente tuvo que ser adelantado, en contrasentido de las intenciones de Madrazo de posponer, hasta donde fuese posible, su declaración formal y abierta de aspirar a la candidatura presidencial. La razón de ello no sólo residió en el posicionamiento del tucom, sino también en los movimientos de Gordillo. Entre las filas priístas, los ánimos estaban muy exacerbados contra la aún secretaria general, pues desde el magisterio se preparaba ya el trámite de registro del Partido Nueva Alianza ante las autoridades electorales y su asamblea constitutiva (La Jornada, 22 de enero de 2005).²⁴ Ante ello, la respuesta del bando madracista se desencadenó en escalada: primero, un portavoz de Madrazo rechazó los "chantajes corporativos" (La Jornada, 20 de enero de 2005); más tarde, un grupo de priístas del Distrito Federal presentó una denuncia contra Gordillo por el apoyo que había dado a la creación de un nuevo partido (La Jornada, 22 de enero de 2005). Luego, el 27 de enero, varios dirigentes priístas estatales y miembros del CPN, en una sesión privada de la Comisión Política Permanente (CPP) del CPN, lanzaron acusaciones en contra de la ausente secretaria general y exigían que ella explicara su participación en la formación del nuevo partido (El Universal, 29 de enero de 2005).

Las divisiones dentro del tucom y los no alineados

Entretanto, dentro del grupo UD campeaba más bien la división. En cuanto a sus dos precandidatos fuertes, cada uno siguió su propia vía. El aún líder del Senado, Enrique Jackson, empezó a realizar reuniones entre legisladores y ex legisladores para conseguir su apoyo a la candidatura presidencial. Como resultado de su cabildeo, logró el apoyo de casi cincuenta legisladores (El Universal, 20 y 21 de enero de 2005). Asimismo, los gobernadores de Nuevo León y de Sonora ya se contaban entre sus principales puntales de apoyo; en esos días se empezaba ya a considerar a Jackson como el candidato del grupo UD (La Jornada, 21 de enero de 2005).

De su lado, Arturo Montiel, para posicionarse en la batalla por la candidatura, optó por un espectacular golpe político durante un acto convocado por el tucom en el casino del Campo Marte el miércoles 9 de febrero.²⁵ Esta reunión se organizó con la intención de hacer un despliegue de apoyos al tucom e incluso se anunció que asistirían varios de los nuevos gobernadores (La Jornada, 10 de febrero de 2005).

Sin embargo, la situación se transformó en un entreverado nudo de diferentes estrategias y divergencias. El aspecto más relevante fue que Montiel, habiendo percibido que una parte del tucom se inclinaba ya decididamente por Jackson, decidió aprovechar este escenario para posicionarse como el candidato de mayor fuerza, para ello pronunció un discurso en el que, sin mencionarlo de nombre, criticó severamente los resultados electorales de Madrazo desde que había asumido la presidencia del partido, en tanto que los otros tres oradores, Núñez, Jackson y Martínez, fueron más moderados y conciliadores (El Universal, 10 de febrero de 2005). Con esto, conseguía de un solo golpe tres efectos: atacar al líder priísta, ganarle la delantera a los otros integrantes de UD y, sobre todo, opacar a Jackson.

Por si fuera poco, los gobernadores que aún no formaban parte de ninguno de los dos grupos, Fidel Herrera e Ismael Hernández, rechazaron la invitación; en tanto que el de Colima, Vázquez, declaró que no entraría al juego de los grupos (La Jornada, 11 de febrero de 2005). En suma, a la cita del Campo Marte sólo asistieron los gobernadores de Nuevo León, Hidalgo, Estado de México y Coahuila, lo cual puso de manifiesto que la capacidad de convocatoria del grupo UD entre los gobernadores no era tan alta como esperaban (La Crónica de Hoy, 10 de febrero de 2005; El Universal, 11 de febrero de 2005).

Las declaraciones de Montiel causaron gran revuelo. Naturalmente, desde la sede nacional del PRI se armó la defensa en favor de Madrazo. Sabiendo que la viabilidad de Montiel como precandidato presidencial dependía de los resultados de la elección de gobernador del Estado de México se celebraría en julio de 2005, el contraataque de Madrazo apuntó en esa dirección. Precisamente antes de producirse la toma de protesta del candidato del PRI a la gubernatura, Enrique Peña, quien había sido empujado por Montiel por encima del precandidato favorecido por la dirección nacional (El Universal, 13 y 14 de febrero de 2005).²⁶ Así que luego del evento del Campo Marte, el CEN anunció que retiraba a sus delegados del proceso electoral del Estado de México (La Jornada, 11 de febrero de 2005), lo cual equivalía a retirarles todo apoyo en un contexto en el que la elección se perfilaba muy competida y se anunció además que Madrazo, como presidente del partido, no asistiría a la toma de protesta del candidato Peña (La Jornada, 12 de febrero de 2005).

El sábado 12 de febrero, durante ese acto, se tornó evidente que el desaire de la dirección nacional sí podía pesar en el resultado de la elección local, por lo que el mismo Peña pidió apoyo a Madrazo y a Montiel para ganar la gubernatura (El Universal y Reforma, 13 de febrero de 2005). Pero lo más sorpresivo fue que también estuvieron ausentes cinco figuras del núcleo central del tucom: Jackson, González, Bours, Yarrington y Alemán; sólo Núñez y Labastida estuvieron presentes (El Universal, 13 de febrero de 2005). En otras palabras, el tucom también dejó solos a Montiel y a su candidato Peña. La división entre ellos era patente. Ante estas circunstancias, a Montiel no le quedó más que pactar con el CEN. El lunes 21 de febrero, Madrazo y Montiel sostuvieron un encuentro en las oficinas de la FSTSE, donde acordaron trabajar juntos para ganar la elección del Estado de México (El Universal, 22 de febrero de 2005).²⁷

En ese contexto de confrontación abierta, un tercer grupo de gobernadores también fijó su postura. Desde febrero, el nuevo gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, anunció que él y otros cuatro de los gobernadores que recientemente habían iniciado su gestión se dedicarían a evitar la polarización dentro del PRI: José Reyes Baeza de Chihuahua, Jesús Aguilar Padilla de Sinaloa, Gustavo Vázquez de Colima y Mario Marín de Puebla. A este grupo se le bautizó como los "no alineados". Para el lunes 14 de febrero, luego del desaire al candidato Peña, se habían sumado a esta posición otros dos gobernadores que también iniciaban su gestión, el de Durango, Ismael Hernández Deras, y el de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores (La Jornada y El Universal del 12 al 15 de enero de 2005).

Este conjunto de gobernadores tenía en común varios rasgos: el haber sido electos recientemente; el haber llegado a la gubernatura después de 2000, es decir, fuera del padrinazgo de un presidente priísta de la república, y el provenir de un estado donde el gobernador saliente o bien era miembro moderado del tucom o bien había pertenecido al bloque adversario de Madrazo en la elección interna de 2002. Esta posición puede explicarse porque, debido a su misma situación de recién llegados al club de los gobernadores, aún no tenían claramente demarcado su lugar en el retablo de los gobernadores priístas y les interesaba dejar asentado su peso político; ellos no querían quedar marginados de la decisión respecto a la selección del candidato presidencial, pero también querían delimitar su propio margen de autonomía respecto al gobernador precedente y también ante los grupos ya constituidos, el madracista y el tucom. Sin embargo, aunque al principio de 2005, como lo indica su apelativo, pretendían no alinearse con ninguno de los dos bandos, a la postre habrían de mostrar mayor cercanía con el grupo UD.

Con este despliegue inicial de fuerzas, ambas corrientes partidarias se aprestaron a su primera confrontación importante en esta fase del proceso interno priísta: la sesión conclusiva de la XIX Asamblea Nacional.

"Que cada quien amarre a sus perros"

El choque entre Madrazo y Montiel tensó mucho la situación interna del partido, cuando sólo faltaban dos semanas para la sesión conclusiva donde se votarían las reformas a los estatutos. Ante las divergencias en los asuntos centrales, luego de un encuentro previo entre el CEN y el tucom, se realizó la reunión a la que asistieron los diecisiete gobernadores del PRI, Madrazo, los dirigentes de los sectores y otras personas más, así como los integrantes del grupo UD, excepto Bours y Alemán; ahí pactaron una tregua para asegurar una clausura ordenada de la XIX Asamblea y evitar sorpresas (La Jornada, 23 de febrero de 2005). También hubo acuerdos más específicos: 1) elección abierta del candidato presidencial en octubre o noviembre; 2) expedición de la convocatoria en la primera quincena de julio; 3) renuncia a cargos de los participantes en cuanto se expidiese la convocatoria; 4) el problema de la secretaria general Gordillo no se zanjaría en la asamblea y se evitaría tocar el tema de la expulsión; 5) la renovación estatutaria del CPN se efectuaría después de terminada la asamblea (La Jornada, 28 de febrero de 2005; Madrazo, 2007, pp. 162 y 163).

No obstante, un punto era que las élites o cúpulas partidarias se pusieran de acuerdo, otro asunto era atemperar los ímpetus de los más extremistas de sus respectivos seguidores y aliados, y persuadirlos de respetar esos pactos; de ahí que en aquellos días se reviviera la frase "que cada grupo amarre a sus perros".³⁰ En el caso del bando madracista, sus operadores tuvieron que desplegar muchos esfuerzos para contener la presión en contra de Gordillo (La Jornada y El Universal, 4 de marzo de 2005).³¹ En la mesa de estatutos, como ya lo habían anunciado con antelación, priístas de varios estados exigieron el desconocimiento de Gordillo, por abandono de sus obligaciones en la secretaría general desde el inicio de 2004, por apoyar a candidatos de otros partidos y por promover la creación de un nuevo partido político (La Crónica de Hoy y El Universal, 3 de marzo de 2005). Sin embargo, a final de cuentas, se logró imponer el acuerdo de que el caso de Gordillo sería discutido el 15 de marzo por el CPN, el cual quedó plasmado en el artículo séptimo transitorio.³²

Naturalmente hubo otros temas polémicos en la mesa de estatutos. A guisa de ejemplo se mencionarán dos de los casos en los que el conflicto fue más visible. Uno de estos temas fue la actuación de Gordillo. A los más radicales y acervos detractores de la secretaria general –Ulises Ruiz de Oaxa–ca, Fidel Herrera de Veracruz y los comités directivos estatales de Baja California, Chiapas y Aguascalientes– no les satisfizo que no se abordara su salida del partido, pues alegaron que ella había apoyado a los candidatos panistas en sus respectivas elecciones locales (La Jornada, 3 de marzo de 2005). Con el fin de establecer sanciones a los priístas que apoyaran a candidatos de oposición, propusieron modificaciones a los artículos 63 y 85.

Otro de los asuntos que suscitó fuertes enfrentamientos se relacionaba con la jerarquía de mando de los órganos partidarios. Los desacuerdos comenzaron durante la discusión del artículo 79, donde se establecían amplias facultades para la CPP y que en el dictamen prácticamente se le atribuían las mismas que al CPN. Las divergencias motivaron que Montiel y los delegados de su estado abandonasen la sesión (El Universal y La Jornada, 4 de marzo de 2005).³³ Sin embargo, a pesar de este conflicto, Montiel, Jackson, Núñez, Yarrington y Martínez decidieron participar en la sesión plenaria de clausura de la asamblea, conjuntamente con Madrazo y sus seguidores (El Universal, 5 de marzo de 2005).

A final de cuentas, la amenaza que pendía sobre la aún secretaria general Gordillo se contuvo y a la postre no se reformó el tan debatido artículo 164 en la sesión del CPN posterior a la asamblea, tal como se había establecido en el artículo séptimo transitorio. Por otra parte, se acordó una reforma (artículo 166, fracción XII)³⁴ que implicaba que los aspirantes a la candidatura presidencial debían renunciar a los cargos partidarios o gubernamentales que estuviesen ocupando justo antes del inicio del proceso interno; de este modo, Madrazo, Montiel y Jackson, que eran los aspirantes más destacados, no tuvieron que renunciar inmediatamente a sus respectivos cargos. Con estas dos reformas, la solución al problema de la sucesión interna del PRI se pospuso varios meses más. En términos prácticos y coloquiales, los resultados de la asamblea pueden resumirse de la siguiente manera: Madrazo se podía quedar hasta septiembre en la presidencia del partido, en lo que Gor–dillo se aliviaba y podía sustituirlo en el cargo. Pero esa decisión fue una no decisión y el PRI se adentró en la coyuntura electoral nacional sin las reglas esenciales, realmente vigentes y legitimadas por todos, que le permitieran protegerse a sí mismo de sus propios conflictos internos.

Conclusión

Para comprender al PRI post–2000 hay que partir del legado político y organizativo que heredó de la era priísta del presidencialismo. Desde el punto de vista interno, el principal problema del PRI fue el resultado de presentar las mismas características de los sistemas presidenciales, donde una dinámica de "todo o nada" determina las estrategias de los actores internos que persiguen el poder y hacen muy difícil la cooperación entre ellos, porque el incentivo principal no se puede repartir: sólo hay una candidatura presidencial y una presidencia del partido. Mientras hubo un presidente de la república del PRI que fungiera como árbitro último, dentro de un sistema autoritario y no competitivo, los ocupantes de esos puestos eran designados por él; el "todo o nada" lo decidía una persona, aunque antes auscultase el sentir de las diversas élites políticas priístas.

La evolución del régimen mexicano de un presidencialismo fuerte a uno débil alteró los equilibrios internos del PRI. Esto se debió a varios factores: la pérdida del control de la arena electoral, los cambios en el marco institucional y legal que encuadra a los partidos y las elecciones, los desajustes que provocó al interior del PRI la injerencia presidencial, las políticas neoliberales que menguaron el peso del gobierno federal en los estados, los efectos dislocantes generados por la heterogeneidad organizativa del PRI y la creciente influencia política de los gobernadores dentro del PRI.

El resultado de todo ello fue que diversos componentes organizativos del PRI tomaron diferentes agendas políticas. Principalmente, cuatro de ellas ocuparon el primer plano: la de los gobernadores rebeldes encabezados por Madrazo, la de la lideresa corporativa Gordillo, la de Montiel y la de aquellos miembros del tucom que apoyaron a Jackson. Entre los últimos tres se tejió una alianza temporal, el grupo UD o tucom, para disputarle a los gobernadores rebeldes el control que tenían sobre el aparato partidario, tan necesario para poder actuar políticamente con el fin de contender en la carrera presidencial de 2006: sin un registro partidario no podían pelear por la presidencia de la república de acuerdo con la legislación electoral vigente. Sin embargo, esas cuatro agendas iban en pos de un mismo y solo incentivo, la candidatura presidencial, aunque el logro de ésta se inscribiera de manera diferente en el proyecto estratégico de cada uno de ellos. No por casualidad, muy pronto, en la segunda mitad de 2005, al no poder llegar a un acuerdo respecto al imposible reparto del incentivo único, cada uno de esos cuatro actores siguió su propia estrategia.

Pero además de varias agendas políticas y diferentes fuentes de poder, también había varios calendarios políticos y el perverso empalme de éstos complicó mucho la situación y dificultó aún más la posibilidad de que el PRI lograra tener un exitoso proceso interno de selección de candidato presidencial. En efecto, se entreveraron los tiempos de la elección interna del partido (que normalmente debería ocurrir sólo cada cuatro años), el calendario electoral de renovación de gubernaturas (cada seis años) y el calendario federal para elegir presidente de la república (cada seis años), el cual predeterminaba la fecha límite para elegir candidato. Por una mala coincidencia o por un mal cálculo o un cálculo demasiado ambicioso, el periodo normal de Madrazo como presidente del partido iba de febrero de 2002 a febrero de 2006, es decir, su fin casi coincidía con el momento de elección del candidato presidencial, por lo mismo se empalmaron ambos procesos y ambos calendarios. Como se ha observado, esa situación resultó muy conflictiva y de difícil solución. Tanto los estatutos aprobados en la XVIII Asamblea como los que habrían de votarse en la XIX Asamblea dejaron al PRI completamente desguarnecido para enfrentar esa situación; fue un asunto de mala ingeniería de esa especie de constitución partidaria que son los estatutos.

Pero el calendario, o más bien los calendarios, de elección de gobernador en los estados aún bajo gobierno priísta también incidieron sobre la vida partidaria, en especial sobre la relación de fuerzas internas debido a la rotación periódica de los gobernadores que altera los componentes de cada grupo o corriente y modifica los equilibrios entre ellos. Para dar cuenta de la génesis de los grupos de gobernadores actuantes dentro del PRI entre 2000 y 2006 fue necesario rastrear y trazar el curso de formación de estas alianzas, lo que remite, por lo menos, a las circunstancias políticas que ritmaron el calendario electoral de elección de gobernadores entre 1990 y 2000. Cada gobernador o grupo de gobernadores accedió al cargo bajo una coyuntura política muy específica que aporta claves para comprender el ulterior agrupamiento en corrientes de estos mandatarios. Sin embargo, la periódica renovación de gobernadores se volvió un factor que alteró e imprimió alguna inestabilidad al equilibrio interno de fuerzas en el PRI.

Esta variedad de agendas, de calendarios, de componentes organizativos, hicieron sumamente difícil, si es que no imposibilitaron, que los actores del PRI encontraran una vía de cooperación interna que les permitiera resolver el desafío de decidir cómo asignar el principal incentivo político para un partido en un régimen presidencialista: la candidatura presidencial; la presidencia del partido sólo era percibida como el instrumento necesario para lograrlo. Ante la casi imposibilidad de encontrar una vía de acuerdo, la XIX Asamblea simplemente no decidió, y postergó las decisiones. En esas circunstancias, el partido se vio rebasado y arrastrado por el vendaval que desató la lucha entre sus élites por el poder partidario y por la candidatura, lo que contribuyó en gran medida al severo retroceso político y electoral que sufrió el PRI en las elecciones presidenciales de 2006, cuando pasó a ser la tercera fuerza partidaria nacional, si bien no hay que olvidar que también hubo factores políticos externos al partido que contribuyeron por igual a ese desenlace.

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Notas

² Es importante señalar que el mismo día de la sesión de clausura de la XIX Asamblea Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio su reconocimiento a la Federación Democrática de Servidores Públicos, asociación patrocinada por Gordillo, arrancándole a la FSTSE y, por lo tanto, a la CNOP y al PRI, el control de la mayor parte de los trabajadores sindicalizados al servicio del gobierno (La Crónica de Hoy, 5 de abril de 2005).

³ El caso del gobernador de Michoacán, Víctor Tinoco Rubí, constituye una excepción, porque si bien participó en buena parte del proceso interno, antes de que culminara terminó su gestión y fue sustituido en el cargo por Lázaro Cárdenas Batel del PRD.

⁴ Más tarde, durante los conflictos que protagonizó con Madrazo en 2005, Gordillo alegó en diversas ocasiones que en 2002 habían tomado el acuerdo de que en 2003 sería el propio Madrazo quien iría a la Cámara de Diputados para encargarse de la fracción priísta, en tanto que ella se quedaría como presidenta del partido.

⁵ Bours incluso fue líder del Consejo Coordinador Empresarial.

⁶ Desde el CEN del PRI, se le recriminó a Bours el no haber explicado al partido el uso de las presuntas transferencias millonarias a la campaña de Labastida desde Pemex vía el sindicato (el Pemexgate), por los altos costos políticos y financieros que representó para el PRI. De ahí la muy especial animadversión de Bours contra Madrazo.

⁷ Aún más, Madrazo afirma que incluso Vicente Fox estuvo presente. Por otra parte, en esa nota de El Universal se agrega que Labastida, Genaro Borrego y Esteban Moctezuma propusieron incluso cambiar las siglas del PRI.

⁸ En esos días, aunque directa y explícitamente ninguno de los principales integrantes del tucom le pedía la renuncia, personajes cercanos a ellos, como Francisco Labastida y Dulce María Sauri, sí presionaban de manera constante a través de declaraciones en la prensa (La Jornada, 17 de diciembre de 2004).

⁹ También se informaba sobre la creación de un nuevo partido que sería apoyado por el SNTE y del intenso trabajo de preparación en las filas de este sindicato para la organización de las 200 asambleas, con al menos 300 participantes en cada una de ellas, necesarias para formar un nuevo partido político. Más tarde, en 2005, obtendría su registro condicionado bajo el nombre de Nueva Alianza.

¹⁰ Según Madrazo (2007, pp. 187 y 188), Montiel parecía ser el contendiente más fuerte a los ojos de los observadores externos, pero internamente, el aspirante al que se veía con más posibilidades era Jackson.

¹² Más tarde, a esta subalianza dentro de UD se la llamaría tucom II, acrónimo de "todos unidos contra Montiel".

¹³ Tal y como lo determinaría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en sus fallos de septiembre de 2005.

¹⁴ Aunque en la prensa se refirieron a este grupo como la comisión auxiliar.

¹⁵ La convocatoria fue publicada en amplios desplegados en la prensa.

¹⁶ Además, al término de la asamblea se emitiría otra convocatoria para la renovación estatutaria de una parte importante de los consejeros políticos.

¹⁷ El documento con la propuesta de la instancia de análisis apareció publicado íntegro en esa fecha en el portal electrónico del PRI.

¹⁸ Véase el cuadro 1 con las fechas de inicio y fin de gestión de los gobernadores priístas de este periodo.

¹⁹ Todos ya estaban en sus cargos en 2002, excepto Hurtado, de Campeche, pero su antecesor, José Antonio González Curi, también había apoyado a Madrazo.

²⁰ Respecto a la muy peculiar concepción del federalismo de Zedillo y de su manera de actuar ante los conflictos políticos centro–estados, véase a Einsendstad (1999).

²² Carrasco fue impuesto por Salinas por encima de los grupos locales. Más tarde, al salir de la gubernatura, Carrasco sustituyó a Labastida en la Secretaría de Gobernación cuando este último renunció para contender por la candidatura presidencial priísta.

²³ En los conflictos de 2005, el CEN a menudo inició sus ataques o sus contraofensivas por medio de declaraciones de dirigentes de comités directivos estatales huérfanos, lo que permite detectar el alineamiento de algunos de ellos, pero no se alcanza a reunir una visión del conjunto.

²⁴ Las agrupaciones Conciencia Política y Asociación Ciudadana del Magisterio eran las que oficialmente impulsaban la formación del partido político Nueva Alianza.

²⁵ La mayoría de los diarios del 10 de febrero de 2005 publicaron detalladas y variadas notas sobre estos acontecimientos.

²⁶ En diciembre de 2004, en el Estado de México se había registrado un fuerte jaloneo interno por la postulación del candidato del PRI a gobernador, pues Montiel ya estaba por terminar su gestión. El favorito de Montiel era Enrique Peña y el de Madrazo era Jorge Hank; pero además había un tercer aspirante en la discordia: Isidro Pastor, quien había sido cercano colaborador de Montiel y presidente del Comité Directivo Estatal. Sin embargo, el mismo Montiel lo había removido de su cargo para evitar que estorbase a la candidatura de Peña y más tarde fue expulsado del partido.

²⁷ Como resultado, se anunció el regreso de los delegados especiales a la entidad y el nombramiento de Jesús Murillo Karam, ex gobernador de Hidalgo, más bien cercano al tucom, como nuevo delegado del CEN del PRI en el Estado de México.

²⁸ Según La Jornada, por debajo de la conciliación también corrieron las amenazas de la corriente madracista que espetaban al tucom: "si ustedes insisten en debatir hoy las reglas para la elección de candidatos, dejamos suelta a la asamblea y a ver cómo le va a Elba Esther. No se va del partido, se va del continente". Cierta o no la anécdota, ilustra bien los ánimos prevalecientes (4 de marzo de 2005).

²⁹ El texto vigente del artículo 164 de los estatutos era: "En el caso que exista una ausencia temporal justificada del Presidente o del Secretario General, el secretario que corresponda, de acuerdo con el orden de prelación prescrito en los artículos 84, 121, 132 de estos Estatutos, ocupará el cargo... En ausencia definitiva del Presidente, el cargo lo ocupará el Secretario General, quien convocará a elección en un plazo de sesenta días al Consejo Político que corresponda, para que proceda a realizar la elección del Presidente sustituto que deberá concluir el periodo estatutario correspondiente".

Respecto a esta cuestión, el predictamen que se sometería a la discusión en la mesa de estatutos proponía una redacción del artículo 164 de acuerdo con la cual, en ausencia del líder nacional, la secretaria general convocaría al CPN en un plazo de 72 horas para elegir un sustituto, lo que marginaría a Gordillo de ocupar el cargo por un periodo más largo.

³¹ En un excelente reportaje de Ciro Pérez y Enrique Méndez se narra una anécdota ilustrativa: "El pacto llegó al límite de que cuando un grupo de delegados pretendió subir a la tribuna para impugnar el documento de Madrazo, fueron contenidos al alimón por personajes antagónicos entre sí, como José Murat y Roberto Campa, que los llevaron a negociar con Madrazo detrás del escenario. Murat les dijo que el compromiso de Madrazo era definir el futuro de la maestra en el PRI en unas semanas más. 'Que me lo diga Roberto', le soltó el ex diputado chiapaneco Óscar Alvarado. 'Vamos', le devolvió el ex gobernador, y ya frente a Madrazo, éste, como encantador de serpientes, sólo le dijo: 'Confía en mí'. Y Alvarado confió. Así se desactivó la incipiente rebelión y la asamblea aprobó por mayoría la 'atenta solicitud' de Madrazo, quien hasta salió ovacionado" (La Jornada, 4 de marzo de 2005).

³² El artículo 7° transitorio señalaba: "El artículo 164 deberá ser analizado, discutido y en su caso reformado por el Consejo Político Nacional en su próxima sesión, de conformidad con el dictamen aprobado por la mesa de estatutos y ratificado por el Pleno de la XIX Asamblea Nacional".

³³ En la discusión de ese punto, Montiel aprovechó la polémica que se suscitó y preparó un golpe de teatro durante la asamblea: luego de fuertes discusiones, Montiel encabezó la salida de los delegados de su estado, seguidos por los de Nuevo León. Curiosamente, a la salida del recinto donde sesionaba esa mesa ya los esperaba la prensa. Sin embargo, el debate continuó porque se mantuvo el quórum.

Según La Jornada, se sumaron a ellos los delegados de otras entidades, todos bajo gobernantes o dirigentes partidarios afines al tucom: Sonora, Coahuila, Hidalgo y el Distrito Federal.

Según El Universal, los integrantes del tucom amenazaron con que también se retirarían los delegados de Hidalgo, Tamaulipas y Distrito Federal; sin embargo, no sucedió así y esas delegaciones siguieron participando e incluso votando reformas a los estatutos, excepto, claro, el artículo 164.

³⁴ En el texto de la fracción XII del artículo 166, entre los requisitos para ser candidato, se estableció que: "Para candidatos a cargos de elección popular por mayoría relativa, solicitar licencia de cualquier puesto de dirigencia partidaria ejecutiva territorial del nivel correspondiente o superior al de la elección, de representación popular o servidores públicos de mando medio o superior, al momento de la presentación de la solicitud de registro como aspirante en una fase previa o como precandidato en el proceso de postulación, según sea el caso, misma que deberá mantener al menos hasta la conclusión del correspondiente proceso interno".