Homicidios, ¿es ineluctable la violencia en América Latina?

Homicides, Is violence ineluctable in Latin America?

Pierre Salama

Profesor emérito de la Universidad de París XIII. Correo electrónico: psalama@wanadoo.fr

Fecha de recepción: 1 de junio de 2012.
Fecha de aceptación: 1 de octubre de 2012.

Resumen

En la mayoría de los países de América Latina la tasa de homicidios es mucho mayor que en los países desarrollados. En algunos países aumenta mientras en otros disminuye o bien se estabiliza. Se incrementa considerablemente en algunas grandes ciudades pero decrece significativamente en otras, desde inicios del año 2000. Los narcotraficantes y la evolución de las organizaciones criminales inciden de manera especial en todo ello. Las causas del aumento y la reducción de la violencia son múltiples y se entrecruzan. Reducir la violencia una vez que ha alcanzado el nivel que presenta en varios países de América Latina es un poco como tratar de "encontrar la cuadratura del círculo". Eso da una idea del grado de dificultad. Algunas condiciones previas son necesarias para mejorar la cohesión social y para reducir la violencia: disminuir de manera sustancial las desigualdades socioeconómicas, favorecer una redistribución más equitativa de los ingresos, desarrollar una educación primaria, secundaria y profesional de calidad, inventar políticas de la ciudad, mejorar la calidad de las instituciones —sobre todo de la justicia y de la policía—, desarrollar una política de la ciudad; tal como se hizo en Bogotá y como empieza a hacerse en las "favellas pacificadas" en Brasil, y contrariamente a lo que se observa en México, donde se privilegia la represión y donde es tan alta la corrupción, incluso en las esferas más altas de la política y de la policía.

Palabras clave: 1. homicidios, 2. pobreza, 3. políticas sociales, 4. Brasil, 5. México.

Abstract

In most Latin American countries homicide rates are much higher than in developed countries. It increases in some countries, decreases in others or stabilizes. It growths strongly in a few cities but decrease significantly in others since the beginning of the years 2000. The drug taffickers and the evolution or criminal organizations play a special role.The causes of the increase and the reduction of violence are many and complexs. Reduce violence when it reaches the level that she knows in many Latin American countries is a bit like trying to do the squaring of the circle. That is the difficulty. There is a set of prerequisites to make the more cohesive society and reduce violence: substantially reduce socio–economic inequalities, promote a more egalitarian income distribution, develop a primary, secondary, and vocational quality education, invent the city policies, improve the quality of institutions, including and especially that of justice and the police, develop a policy of the city as it was done in Bogotá and as it starts to be done in the <<pacified favellas>> at the Brazil in contrast to what is observed in Mexico where repression is privileged and corruption is very high.

En la mayoría de los países de América Latina, la violencia es mucho más intensa que en los países desarrolados. Ha habido muchos fracasos en la lucha contra la violencia, y pocos éxitos; la corrupción es enorme, incluso en los más altos puestos de responsabilidad, y todo ello ha generado una desconfianza bastante considerable hacia las instituciones en casi toda la región. Según Latinobarómetro, en 2007, 76 por ciento de la población considera que existen garantías civiles y políticas. Sin embargo, sólo 22 por ciento de los latinoamericanos piensa que el acceso a la justicia es el mismo para todos, y esa cifra se reduce a apenas 10 por ciento en Argentina y en Brasil. Según una encuesta realizada en 2005 por el mismo instituto de sondeos, 33.1 por ciento de la población no tiene ninguna confianza en la justicia, 33 por ciento tiene poca confianza y sólo 23 por ciento de la población considera que está protegida contra el crimen (esa cifra disminuye a 9 % en Argentina y a 12 % en Brasil). La encuesta realizada en 2007 muestra que la confianza hacia la policía está bajando: 31 por ciento de la población no tiene la más mínima confianza en ella, 29.8 tiene una confianza moderada y 24.9 por ciento tiene poca confianza. Cuando se pregunta si la vida es "cada día" más segura, sólo nueve por ciento de la población responde afirmativamente (2 y 6 % respectivamente en Argentina y en Brasil, es decir, menos que en Colombia, donde la cifra es 18 %); en cambio, 63 por ciento responde negativamente.

Así cabe preguntarse si es posible establecer un vínculo entre el estallido de la violencia en todas sus formas en algunos países latinoamericanos y las desigualdades de ingreso y de patrimonio particularmente acusadas, la amplitud de la pobreza, los gastos sociales crecientes pero todavía insuficientes, sobre todo respecto a la educación, las instituciones debilitadas por su pesadez administrativa, su escasa transparencia y su corrupción, el auge del narcotráfico, una urbanización fuera de control, la insuficiencia de la represión, efectivos policíacos insuficientes y una justicia ya sea demasiado ineficiente o bien laxa, las guerras civiles recientes, las dictaduras que han dejado huella en el comportamiento tanto de las fuerzas del orden como en el de los ciudadanos.

Todos esos factores intervienen ciertamente en mayor o menor grado pero, en lo que atañe a la violencia, cabe desconfiar de aquellos razonamientos que, al quedarse en la superficie de los problemas, establecen relaciones simplistas, aparentemente obvias, como la que podría darse entre el nivel de pobreza y el grado de violencia. Alba Zaluar, una antropóloga brasileña especializada en el estudio de la violencia urbana, lo hace notar en una entrevista publicada en 2001 por la revista Ciencia: "Es evidente que ciertos tipos de crímenes se concentran en la población pobre, pero eso se debe a todo un conjunto de factores: [...] la criminalidad es más elevada precisamente en los barrios en donde abunda el tráfico de droga, en donde hay poca presencia policíaca y en donde las políticas sociales son deficientes"; entonces, las relaciones de causalidad son múltiples. Los pobres no son peligrosos por naturaleza. Para un mismo nivel de pobreza, aquí y allá, es posible observar tanto un aumento como una reducción de la violencia. Una atenuación de las desigualdades y de la pobreza puede ir acompañada, paradójicamente, de un aumento de la violencia. Ciertos países presentan una reducción de la violencia, otros un aumento. En ciertas grandes ciudades la violencia disminuye mientras que aumenta en algunas ciudades de tamaño medio.

La violencia tiene causas múltiples, algunas de las cuales están arraigadas en un pasado hecho de colonización y de guerras. No analizaré esas causas. Me limitaré aquí al análisis de los determinantes socioeconómicos que han hecho evolucionar la violencia ya sea a la alza, ya sea a la baja durante los 15 últimos años.

La violencia es multiforme. Se sabe que muchas agresiones, robos, violaciones y lesiones no son declarados debido a una gran desconfianza hacia la policía; es por ello que los datos relativos a esos crímenes no son del todo confiables (Kesler, 2010a, 2010b). Por ende, aquí me ocuparé únicamente de la violencia criminal relacionada con los homicidios, pues la confiabilidad de los datos es mayor en este ámbito. La violencia homicida es más elevada (Argentina, Chile, Uruguay), o mucho más elevada inclusive (El Salvador, Colombia, Guatemala, Brasil, Venezuela, México), que la constatada en los países avanzados.

Presentaré en primer lugar un panorama de la violencia y, tras haber analizado las organizaciones criminales, estudiaré las causas socioeconómicas de la evolución de la violencia homicida.

PANORAMA DE LA VIOLENCIA

Actualidad de la violencia

Les regiones afectadas

Según la Interpol, los datos sobre las tasas de homicidios por cada 100 000 habitantes, en el período 1995–2002, muestran que existe una gran disparidad entre los países. El Salvador, Colombia, Brasil presentan tasas de homicidios particularmente elevadas, sobre todo si se comparan con las de Canadá, o con las de Estados Unidos inclusive. Inversamente, los países del llamado cono sur (Argentina, Uruguay, Chile) tienen tasas de homicidios cercanas a las de los países avanzados. La criminalidad aumenta en ciertos países (El Salvador, Brasil, Venezuela) y disminuye en los otros (Colombia, México) aunque permanece en niveles muy elevados en algunos países.

La situación cambia a lo largo de la primera década del siglo xxi. Según las fuentes nacionales, las tasas de homicidios en América Central alcanzan un grado de violencia extrema y tienden a aumentar entre 1999 y 2009, considerablemente a partir de 2004 en Honduras, en El Salvador y más lentamente en los otros países. Los principales países afectados son Honduras (con una tasa de homicidios que pasó de 41 en 1999 a 68 en 2009), El Salvador (de 30 a 51) y Guatemala (de 24 a 47).

Sin que se llegue todavía a esos niveles, la tasa de homicidios aumenta considerablemente en México donde pasa de siete en 2006 a 22 en 2010. La tasa de ejecuciones (asesinatos entre pandillas relacionadas con la droga) es particularmente importante en México. Alcanza la tasa de 10 por cada 100 000 habitantes en 2010, es decir, aproximadamente la mitad de la tasa de homicidios observada en el país.

Sin embargo, algunos países latinoamericanos ven reducirse la tasa de homicidios a lo largo de la primera década del siglo xxi: de 64 a 39 de 2000 a 2009 en Colombia, de 7.2 a 5.5 en Argentina. Este último país, Chile y Uruguay presentan tasas de homicidios bajas, cercanas a las de los países europeos. En Brasil, después de haberse multiplicado por 2.5 entre 1980 y 2003, la tasa baja ligeramente a partir de 2003 y tiende a estabilizarse entre 2008 y 2010 en alrededor de 25–26 por cada 100 000 habitantes, tasa relativamente elevada (Mapa da violencia, 2012).

Brasil

La tasa de homicidios es muy diferente según las grandes regiones: es particularmente elevada en 2010 en el norte y el noreste, regiones donde el PIB por habitante es el más bajo, pero también en el sur donde el PIB por habitante es más elevado. En estas tres regiones, la tasa de homicidios aumenta entre 2000 y 2010, tal como se puede apreciar en el cuadro 1. En las regiones más ricas como el sureste y el centroeste, la tasa de homicidios, muy elevada en 2000, disminuye a lo largo de la década. La baja es particularmente fuerte en el sureste (–66 %).

México

La violencia relacionada con el tráfico de estupefacientes se generaliza cada vez más en todo México desde 2006. En su conjunto, son cada vez más numerosas las zonas con elevadas tasas de homicidios, mientras que van disminuyendo aquéllas con tasas de homicidios relativamente bajas. Es posible apreciar esto en los tres mapas siguientes, tomados del estudio del Trans-border Institute de la Universidad de San Diego (2011). Pese a esta diseminación, los homicidios se concentran en cuatro estados, que acumulan 84 por ciento de los homicidios, es decir, los estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja California (en el norte del país) y Guerrero (en el suroeste).

Las ciudades afectadas

Entre las 10 ciudades de más de 500 000 habitantes que tienen la tasa de homicidios más elevada en América Latina en 2009, cinco son mexicanas: Ciudad Juárez, Acapulco, Torreón, Chihuahua y Durango; dos son brasileñas: Macéio y Belem, y la ciudad más violenta es hondureña: San Pedro Sula. Medellín, Cali y Bogotá, en Colombia, presentan una fuerte reducción de sus tasas de homicidios. En 2009, Cali ocupa el rango 11 de las ciudades más peligrosas, Medellín el 14 y Bogotá ya no se encuentra entre las 25 primeras ciudades.

En su conjunto, las capitales de los estados en Brasil están menos afectadas por la violencia que los estados en sí mismos y presentan una baja más rápida de su tasa de homicidios. La tasa de homicidios en las capitales decrece 22.8 por ciento entre 2000 y 2010. Esta reducción no se da en todas las capitales. De las 27 capitales, 13 presentan una disminución, las otras un aumento de su tasa de homicidios (cuadro 2). La baja es particularmente pronunciada en Sao Paulo (–80 %), en Río de Janeiro (–57.6) y en Recife (–40.6 %). Sao Paulo, Río de Janeiro y Recife, particularmente peligrosas en 2000, ya lo son menos en 2010 (De Mello y Schneider, 2007).

En 2000 Recife ocupaba el primer rango de violencia de las ciudades brasileñas con una tasa de homicidios de 97.5 por ciento. En 2010 Recife se sitúa en el cuarto rango. Entre 2000 y 2010, Sao Paulo y Río de Janeiro muestran una evolución similar; en 2010, su peligrosidad se volvió mucho más baja que la de Recife. Sao Paulo ocupaba el cuarto rango, luego el 27, con una tasa de homicidios de 13 por 100 000 habitantes, es decir, la mitad de la tasa de Brasil; en cuanto a Río de Janeiro, del sexto rango pasa al rango 23, con una tasa de homicidios más o menos similar al promedio de Brasil: 24.3 por ciento. Capitales como Brasilia, Porto Alegre y Victoria muestran una ligera mejoría tanto en su clasificación como en su tasa de homicidios. En cambio, Belo Horizonte mejora ligeramente su clasificación pero su tasa de homicidios, relativamente elevada, permanece estable (cuadro 3).

En la mayoría de los países latinoamericanos, con la excepción notable de los países de América Central y en parte de México, la criminalidad tiende a bajar en las ciudades muy grandes pero se desarrolla en las ciudades medias y en algunas grandes ciudades particularmente afectadas por el tráfico de droga. Ciudad Juárez y Chihuahua, en México, la violencia se incrementó de 20 a 30 por ciento entre 2009 y 2010 y aumentó 170 por ciento en algunos municipios más pequeños que anteriormente habían sido poco afectados por la violencia (Guerrero, 2011:11 y ss).

Las víctimas

¿Quiénes son las víctimas de esta violencia? La violencia puede alcanzar a cualquier miembro de la sociedad, cualquiera puede ser víctima del narcotráfico, o de las actividades ilícitas diversas o de los crímenes pasionales; la violencia alcanza tanto a los miembros de las pandillas como a aquellos que padecen los efectos colaterales de las guerras entre cárteles o de la represión del ejército y de la policía.

Las víctimas son sobre todo hombres y relativamente pocas mujeres. La tasa de homicidios femeninos es relativamente baja, se sitúa en un rango de 2.6 a 9.1 por 100 000 (varía según los distintos estados en Brasil), pese a que la tasa promedio de homicidios en Brasil es de 25–26 por 100 000 habitantes en 2010. En el estado de Sao Paulo es casi el mismo que en el estado de Río de Janeiro (3.1 y 3.2 respectivamente). En México, la tasa de homicidios femeninos (feminicidios) es mucho más elevada en la frontera con Estados Unidos, sobre todo en Ciudad Juárez, una de las más violentas, donde las tasas de desaparición y de mortalidad de las mujeres jóvenes son considerablemente altas.

Las víctimas son esencialmente jóvenes. La tasa de homicidios es particularmente elevada entre los hombres jóvenes, sobre todo entre 15 y 34 años. En Ciudad Juárez, una de las más peligrosas del mundo, la tasa de homicidios es elevada en el grupo de edad que va de 18 a 35 años (Cruz S., 2011). En Brasil, en el grupo de 15 a 19 años, es de 43.7 en 2010; es decir, cerca del doble del promedio nacional. Entre 20 y 24 años se presenta la tasa más elevada, es decir, 60.9. Baja ligeramente en el grupo de edad de 25 a 29 años (51.4), continúa descendiendo entre 30 y 34 años (41.8), sigue bajando entre 35 y 39 años (32.5) y alcanza el promedio nacional (25.2) en el grupo de edad siguiente.

Estas tasas de homicidios afectan de manera significativa el promedio de esperanza de vida masculina. La esperanza de vida al nacer en 2000 para los hombres entre 15 y 44 años disminuyó en 2.89 años en Recife, 2.21 años en Río de Janeiro, 2.48 años en Sao Paulo, mucho más que en Belo Horizonte (1.18) o en Porto Alegre (1.12). A la edad de 20 años, la esperanza de vida baja 2.42 años en Recife, 1.76 años en Río y 2.01 en Sao Paulo. A la edad de 50 años, en cambio, la probabilidad de una reducción de la esperanza de vida se vuelve muy baja.

En Brasil, a inicios de la década de los años 2000, la tasa de mortalidad por 100 000 habitantes atribuible a la utilización de armas de fuego es 66 veces más importante que en Francia. La violencia se debe no sólo a los criminales, también es policíaca: efectivamente, en 2007, la policía mató a más de 1 300 jóvenes en Río de Janeiro y a casi 500 en Sao Paulo. En cuanto a México, desde que en 2006 se desató la guerra en contra de los cárteles de la droga, la violencia es producida sobre todo por las bandas armadas que luchan unas contra otras por el control de las rutas de la droga, algo que recuerda las guerras de las pandillas estadounidenses en tiempos de la prohibición de la venta de alcohol (1920–1930). Con la fragmentación de los cárteles, la violencia entre las pandillas produce daños colaterales importantes, pues las pandillas no siempre son capaces de identificar a sus adversarios, puesto que algunos agentes de pandillas rivales se esconden entre la población para vigilar la llegada de las fuerzas represivas o la de las pandillas rivales (Guerrero). El ejército, en su lucha contra los narcotraficantes, no está tampoco exento de producir daños colaterales.

Aunque a menudo sus actividades sean complementarias, las pandillas y los cárteles tienen terrenos de intervención y objetivos diferentes. El perímetro de intervención de las pandillas es el barrio de una ciudad. Los cárteles, en cambio, intentan controlar rutas para desplazar los estupefacientes. Los pandilleros revenden la droga y casi siempre se federan (Rubio, 2005; Cohen y Rubio, 2007; Rodgers, 1999; Wola, 2006). Los cárteles transportan la droga, principalmente hacia Estados Unidos. Así, los cárteles recurren a menudo a las pandillas, pero las actividades de unos y de otros, aunque pueden ser complementarias, no son las mismas.

Las pandillas y ¡as bandas callejeras en América Central

Las pandillas, presentes en América Central y en el norte de México, tienen múltiples actividades criminales. El número de participantes en las pandillas callejeras es muy elevado: 500 por cada 100 000 personas en Honduras y 153 en El Salvador. Los miembros de las pandillas son reclutados sobre todo entre los jóvenes de medios pobres, entre aquellos que han sido rechazados del sistema escolar y en un grado menor pero significativo también entre aquellos que prosiguen sus estudios. Se contabiliza así 5.5 por ciento de alumnos escolarizados que forma parte de las pandillas en Panamá y tres por ciento en Nicaragua. Sin embargo, los jóvenes escolarizados que forma parte de pandillas tienen muchas menos probabilidades de cometer un crimen que los otros miembros de la pandilla, sobre todo si se trata de homicidios relacionados con el tráfico de droga (Cohen y Rubio, 2007:13–14). La educación reduce la probabilidad de cometer actos violentos, pero cuando no resulta la esperada puerta al mercado laboral y desemboca en una posición social baja, puede conducir a la violencia. Entre aquellos que continúan sus estudios, aquellos que tienen ingresos medios, son quienes tienen la probabilidad más alta de pertenecer a una pandilla, y no los más pobres o los más ricos. La relación es entonces más compleja que el vínculo simplista según el cual la pertenencia a las pandillas y la criminalidad van de la mano con el grado de pobreza. El origen social influye de manera diferente según se sea pobre y/o se esté en una situación de fracaso escolar. Sin embargo, para aquellos que están en situación de fracaso escolar y ya no van a la escuela, entre más modestos sean sus ingresos, más probabilidades tendrán de pertenecer a una pandilla. (Cuadro 5)

Resulta interesante analizar el caso de los maras en América Central. El origen de esas bandas particularmente violentas fue una reacción a la decisión política de expulsar masivamente hacia sus países de origen a ciertos inmigrantes ilegales (salvadoreños y hondureños, principalmente); se trataba de inmigrantes abundantemente tatuados, que pertenecían a bandas callejeras de Los Ángeles en Estados Unidos y se entregaban a actividades criminales relacionadas con la droga. Tras el regreso forzado hacia sus países, establecieron relaciones con Estados Unidos y se consolidaron. Las políticas de represión, de "mano dura", ante esas pandillas amplificaron la violencia debido a la bajísima calidad de las instituciones; por la enorme corrupción de una policía involucrada en el tráfico de droga y acostumbrada a matar en ciertos países, tras haber adquirido ese hábito durante la guerra civil (Wola, 2006). Hoy, los cárteles de la droga, como los zetas en México, tratan de utilizar a los miembros de las pandillas callejeras como "soldados".¹

Los cárteles de la droga en México y su fragmentación

Entre los cárteles, conviene distinguir entre aquellos que tienen como objetivo la producción, el transporte y la distribución de la droga y aquéllos cuyo objetivo principal es transportarla de un punto a otro, desde el lugar de producción (o de llegada al país) hasta Estados Unidos. Los primeros intentan controlar su territorio; fueron los que dominaron, en el caso de Colombia, en la década de 1990. Como el Estado no podía asumir la totalidad de sus funciones (electricidad, hábitat e incluso seguridad), los cárteles sustituyeron al Estado en esos ámbitos. Cuando esto sucedió, el Estado perdió el control de una parte de la nación y, por otro lado, los cárteles adquirieron cierta legitimidad ante las poblaciones más pobres.² El segundo tipo de cárteles intenta controlar las "rutas" de la droga. En México, la política de represión aplicada por el presidente Felipe Calderón, desde el inicio de su mandato en 2006, llevó a una fragmentación de los cárteles (cuadro 6), a una diversificación de sus actividades hacia más extorsiones, hacia el control de la inmigración ilegal (Sullivan y Elkus, 2011; Sandoval, 2012), y a nuevas relaciones con las pandillas.

La inestabilidad de las "rutas" mexicanas, resultado de las políticas antidrogas, aunada a las altísimas ganancias provenientes del transporte de la droga, aviva la "competencia" entre las pandillas y ha dado lugar a un número muy elevado de homicidios vinculados con el tráfico de estupefacientes (más de 50 000 entre 2006 y 2011), sobre todo a partir de 2006, con la militarización de la represión. El número de ejecuciones ha crecido sin interrupción. Como se ha subrayado, la tasa de homicidios era relativamente baja hasta 2006, alrededor de 10 por 100 000 habitantes. Pero a partir de esa fecha crece aceleradamente y pasa en 2010 a 21.70, casi la mitad de esos homicidios son ejecuciones. Según el gobierno mexicano, 80 por ciento de las ejecuciones registradas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010 tuvieron lugar en 162 municipios, de los 2 456 que cuenta el país. Cuatro municipios concentran 36 por ciento de las ejecuciones, de las cuales 20 por ciento se producen en Ciudad Juárez (Guerrero, 2011a:25).

Guerrero (2011b:9 y ss.) muestra en su estudio que en el período de diciembre de 2006–diciembre de 2010, la violencia se incrementó en los tres meses posteriores al arresto o a la eliminación de un jefe de cártel en muy numerosos casos. Si se compara la tasa de homicidios antes y después del arresto o el fallecimiento de un jefe de cártel, la violencia se incrementó después de ese acontecimiento en 68 por ciento de los casos. (Cuadro 7)

EL CONJUNTO DE LOS DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA VIOLENCIA EN LA DÉCADA DE LOS AÑOS 2000

La urbanización creciente aparece como una de las causas importantes de la violencia, no solamente porque en general resulta bastante caótica sino también porque, en las ciudades, las solidaridades que podían existir en el campo se disgregan; es el caso de las grandes ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, Recife, Bogotá, Medellín y Cali, a finales de la década de 1990. Aunque esto es menos cierto actualmente en esas ciudades, en efecto, su crecimiento se ha vuelto más lento. Son las ciudades de importancia media las que hoy crecen más rápidamente y es en estas últimas donde aumenta la violencia. Tal es el caso sobre todo de Ciudad Juárez, en México, en la primera década de los años 2000. Ahí, la pobreza extrema es importante y creciente, la exclusión del sistema educativo es considerable: 120 000 jóvenes de 13 a 24 años están fuera de ese sistema y no entran al mercado laboral (Guerrero, 2011a); la tasa de desempleo de los hombres jóvenes es más importante que el de las mujeres, lo cual, en un contexto machista, alimenta la violencia en contra de las mujeres jóvenes que trabajan en las maquiladoras, y finalmente el déficit de viviendas es bastante considerable. (Cuadro 8)

El incremento de las desigualdades tiende a acentuar la violencia probablemente porque es percibido como particularmente injusto en países donde las desigualdades ya son muy marcadas. Cuando la política social del Estado no parece modificar esa evolución, entonces crece la tentación de "gravar" directamente a los que aparentemente viven en una situación más acomodada. Hoy, las desigualdades de ingresos disminuyen ligeramente: el 10 por ciento más rico puede ver declinar la parte que les corresponde en el ingreso nacional, mientras que el 40 por ciento más pobre conoce una mejoría de la parte que les corresponde en ese ingreso. Se puede considerar que el efecto de esta disminución de las desigualdades sobre la tasa de homicidios es positivo.

El aumento de la tasa de escolarización secundaria constituye un factor importante que conlleva una baja de la tasa de homicidios pues permite más movilidad social e incrementa la probabilidad para un niño nacido en una familia pobre de escapar a la trampa de la pobreza.

Cuando la eficacia del sistema represivo aumenta, la tasa de homicidios baja de manera sensible, eso es en parte lo que se observa en Colombia desde finales de la década de 1990. Sin embargo, se debe subrayar que la eficacia del sistema represivo no debe ser confundida con un simple aumento de la represión. La eficacia del sistema represivo está relacionada con la calidad de sus instituciones. Si la calidad es baja, si la corrupción abarca a los policías (a nivel nacional y municipal) y al ejército (en todos sus niveles), el aumento de la represión tiene efectos perversos. Además, cuando la "guerra" es llevada a cabo contra los cárteles de la droga, sin que paralelamente se lleve a cabo una política social vigorosa (construcción de escuelas, de viviendas), la fragmentación de los cárteles es generadora de violencia extrema y explica la fuerte alza de la tasa de homicidios en México a partir de 2006. Mientras el aparato represivo siga gangrenado por la corrupción, mientras una parte importante de la policía continúe involucrada en los tráficos, mientras otra parte de la policía (o a veces la misma) esté "marcada" por su pasado fuertemente represivo (dictaduras, guerras civiles recientes), la represión es un factor de incremento de la violencia.

El aumento del PIB per cápita genera una ligera baja de la tasa de homicidios; ahora bien, el crecimiento es mayor en la primera década de los años 2000 que en la década de 1990. Por otra parte, la transición demográfica continúa. El porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años en la población activa total baja con la deformación de la pirámide de las edades y las posibilidades de encontrar un empleo para una tasa de crecimiento dada se han incrementado.

Las causas del aumento y de disminución de la violencia son múltiples y se entrecruzan. Reducir la violencia cuando alcanza el nivel que se observa en numerosos países latinoamericanos es un poco como tratar de "encontrar la cuadratura del círculo". Eso nos da una idea del grado de dificultad. Existe un conjunto de prerrequisitos para que la sociedad se vuelva más cohesiva y para reducir la violencia: disminuir de manera sustancial las desigualdades socioeconómicas; favorecer una redistribución de los ingresos más igualitaria; desarrollar una educación primaria, secundaria y profesional de calidad; inventar políticas de la ciudad; mejorar la calidad de las instituciones y la calidad de la justicia y de la policía; desarrollar una política de la ciudad tal como se hizo en Bogotá y tal como empieza a hacerse en las "favellas pacificadas" en Brasil. Lo anterior permite darme cuenta del punto hasta el cual la política social debe ser audaz.

ANEXOS

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NOTAS

¹ Acerca de la evolución de las organizaciones criminales (Sullivan, 2012; Sullivan y Elkus, 2010).

² Desarrollé esta cuestión del Estado "poroso" en dos libros que analizan los efectos de la aplicación de las políticas de ajustes estructurales (Salama, 1991; Salama y Valier, 1992). Dadas las importantes reducciones en los gastos públicos, el Estado ha perdido cada vez más el control de una parte de su territorio, sobre todo en las ciudades. Algunos barrios se han convertido en zonas donde no prevalece el derecho, más exactamente, el poder de facto (el de las organizaciones criminales) ha sustituido al poder de jure (el del Estado), de ahí el lado poroso del Estado.