Políticas migratorias e instituciones hacia los marroquíes en el extranjero ¿Amenaza política o panacea transfronteriza?

Migratory and Institutional Policies Concerning Moroccans Living Abroad Political Threat or Transborder Panacea?

Guillermo Yrizar Barbosa*

* Maestro en desarrollo regional por El Colegio de la Frontera Norte y licenciado en ciencia política por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Dirección electrónica: gyrizar@colef.mx.

Resumen

En este artículo se plantea una discusión teórica sobre las políticas migratorias internacionales y se presenta un análisis de la evolución de las instituciones de gobierno encargadas de asistir a los marroquíes en el extranjero. A partir de una revisión bibliográfica se definen las políticas migratorias y se muestra cómo ha sido la actividad del gobierno de Marruecos hacia sus migrantes. Finalmente, se identifican cambios en la acción pública y en el discurso oficial del gobierno que abren el debate en cuanto a si la migración internacional, además de ser un proceso social, puede considerarse un proceso político.

Palabras clave: Migración internacional, políticas migratorias, migración y desarrollo, instituciones públicas y gobierno, Marruecos.

Abstract

This article offers a theoretical discussion about international migration policies, and it analyzes the actions of government institutions responsible for assisting Moroccans living abroad. Based on a literature review, it defines migration policies and shows what actions the Moroccan government has taken towards its migrants. The findings reveal changes in public action and the government's official discourse, which opens a debate on whether international migration can be seen not only as a social process but also as a political one.

Keywords: International migration, migration policies, migration and development, public agencies and government, Morocco.

INTRODUCCIÓN¹

La migración internacional, como fenómeno y problema, ha sido un campo de creciente interés para académicos y políticos desde al menos el siglo pasado. El énfasis se ha puesto en la inmigración y, por ende, en la visión de los países receptores. Sin embargo, poco a poco la emigración y la actividad de las regiones expulsoras de población comienzan a considerarse como problemas de investigación y de interés público. Esto se refleja en la adopción de medidas gubernamentales que buscan la constitución de instituciones dedicadas al acercamiento con los nacionales en el exterior, como sucede en los casos de Marruecos y de México.²

El objetivo central de este artículo consiste en plantear una discusión teórica sobre las políticas migratorias internacionales, con énfasis en las acciones del Estado hacia los migrantes, que permita analizar la evolución de las instituciones de gobierno especializadas en el acercamiento a los migrantes marroquíes, también denominados, desde la década de 1990, marroquíes residentes en el extranjero (MRE). Para ello se recurre a una revisión bibliográfica que define y distingue a las políticas migratorias y que, además, muestra cómo ha sido la actividad institucional del gobierno marroquí hacia su población en otros países. Ahí se identifican los cambios en la acción pública y en el discurso oficial hacia los MRE: de considerarlos en el pasado una amenaza política, a que actualmente sean vistos como una panacea transfronteriza.

Gracias a esta afirmación es posible abrir la discusión en cuanto a si la migración internacional, además de ser un proceso social, como lo establecieron Massey et al. (1987), tiende a convertirse en, o a identificarse como un proceso político. Por último, se discute lo que representa la experiencia migratoria marroquí en el Mediterráneo para México, en especial lo que se refiere a desarrollo, democracia y derechos humanos.

Es indudable que la distinción y disección de las políticas migratorias, a partir de diferentes perspectivas teóricas y referentes contextúales, es útil para justificar la importancia de que los gobiernos intervengan ante un hecho de alcance global. Esto muestra que no sólo los gobiernos de los países de destino deben hacer política hacia la inmigración, sino también los gobiernos de las regiones de origen.

En la medida en que los diferentes niveles de gobierno se involucren en el diseño y la ejecución de políticas de inmigración, transmigración y emigración concertadas —y más sofisticadas— será posible enfrentar de mejor manera los desafíos que representa la movilidad de personas a través de fronteras internacionales; sobre todo si se refiere a seres humanos que cruzan en condiciones de vulnerabilidad frente a las acciones del Estado. De ninguna manera se trata de abogar por una atomización o fragmentación de políticas migratorias. Por lo que se apuesta es por una colaboración entre los diferentes gobiernos de los países (intra, e interEstados) que redefina las competencias y los alcances de cada nivel en cada gobierno, como lo hacen Izquierdo y León (2008) para el caso de la "España autonómica".

POLÍTICAS MIGRATORIAS A INICIOS DEL NUEVO MILENIO

Hasta finales de la primera década del siglo XXI no se ha consolidado una teoría exclusiva, o modelo coherente y único, que explique la migración internacional desde un enfoque disciplinario o metodológico. En su lugar, hay una serie de "teorías fragmentadas" que se han desarrollado por separado y sorteando limitaciones disciplinarias (Massey et al., 1998:17). Esto ha sucedido a partir de aproximaciones multimetodológicas y multidisciplinarias, que se concentran en etapas o actores específicos de la migración (individuos, familias, hogares, comunidades, etcétera) (Brettell y Hollifield, 2000). Por lo tanto, las teorías de la migración internacional dan cuenta de un panorama complejo que el científico social debe abordar desde diferentes niveles de análisis.

De acuerdo con Lelio Mármora (2002), las políticas migratorias son las respuestas del Estado a la problemática migratoria, producto del movimiento masivo de personas a través de fronteras internacionales y de la percepción que tienen las sociedades que experimentan con mayor intensidad dicho movimiento. Esta situación ha sido particularmente evidente en las últimas dos décadas debido a "la falta de respuestas político–sociales adecuadas de los gobiernos frente a las migraciones", situación que "las está volviendo más visibles y preocupantes" (Mármora, 2002:49). Idealmente estas políticas deberían apuntar a alcanzar una gobernabilidad migratoria que supere "el alarmismo y la improvisación" (Mármora, 2002:50–52).

Es fundamental distinguir en los estudios sobre las políticas migratorias entre la perspectiva argumentativa emigratoria y la inmigratoria, o lo que Mármora (2002:89) denominaría como la "direccionalidad de la política". Los trabajos sobre políticas de inmigración provienen de autores de países desarrollados, en especial la producción académica que se centra en la última década del siglo XX y principios del XXI (Cornelius y Tsuda, 2004; Cornelius y Lewis, 2007; Izquierdo y León, 2008; Castles, 2006; Zolberg, 2006; Arango, 2005; Solanes, 2005; Joppke y Morawska, 2003; Calavita, 1998; Freeman, 1995; Martin, 1992). En la mayoría de estas obras la referencia a la política migratoria se presenta desde la perspectiva del país receptor, que por lo regular cuenta con un amplio margen de maniobra, en términos de movilización de recursos materiales, y en donde se enuncian problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas claramente diferenciadas a las de los países emisores; por ejemplo, la desintegración familiar y el despoblamiento en las regiones de origen versus la integración sociocultural y la sobrepoblación en las de destino.

A finales de la década de los noventa Massey (1999:303) advirtió que, a pesar de ser un tema importante "poco se ha escrito acerca de la regulación de la emigración en países de origen". Una excepción sobresaliente es el trabajo de Schmitter (1985), quien explica que en países poco desarrollados de la segunda mitad del siglo XX, como Argelia, España, Grecia, Italia, Portugal, Turquía y Yugoslavia, comenzaron a crearse instituciones de gobierno dedicadas a sus emigrantes. Otro trabajo que arroja luz sobre la historia de las políticas hacia los expatriados es el de Choate (2007) para el caso italiano. En el caso mexicano sobresalen Alarcón (2006), Fitzgerald (2006) y Durand (2005). De lo que no queda duda es que en el estudio de las políticas migratorias ha prevalecido el enfoque inmigratorio por encima del emigratorio. Prueba de esto es que los principales desarrollos teóricos sobre las políticas de inmigración se han dado sobre todo en los países clásicos de inmigración como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia o el Reino Unido.³

El análisis de las políticas migratorias podría ser campo fértil, aunque no exclusivo, para politólogos e internacionalistas que intentaran responder a las preguntas planteadas por Brettell y Hollifield (2000) en su propuesta de diálogo entre disciplinas. Se hace referencia a cuestiones como ¿por qué los estados tienen dificultades para controlar la migración?, ¿qué factores facilitan o complican este desempeño estatal?, ¿qué actores, a diferentes niveles, intervienen en el proceso de diseño, implementación y ejecución de políticas migratorias?

Se sabe que los estudios en migración internacional han sido realizados, en gran parte, por antropólogos, economistas, demógrafos y sociólogos. Prueba de ello son las contribuciones de éstos a las teorías más desarrolladas sobre la migración internacional. Es notable la ausencia, o arribo tardío, de disciplinas como la ciencia política o las relaciones internacionales (Hollifield, 2004; Rosenblum, 2004). Esto ha significado una "desaparición" o "relegación" del papel del Estado y los gobiernos en el análisis de las causas y los efectos de la migración internacional, argumento que desde hace varios años ha venido sosteniendo Zolberg (1978).⁴

En relación con las perspectivas de análisis, el énfasis en la política de inmigración (Boswell, 2007; Cornelius y Tsuda, 2004; Freeman, 1995; Zolberg 2006) se ha hecho, indirectamente, en detrimento de la reflexión y producción académica sobre la política de emigración. Esto ocurre debido a la preeminencia de la visión de los países receptores en contextos nacionales, pues son prerrogativas del Estado el control de sus fronteras y el monopolio de los medios de movimiento legítimo de personas (Torpey, 1998). Empero, cada vez se hace más necesario analizar la política de emigración de países de origen, especialmente a nivel subnacional, es decir, regional (estatal, departamental, autonómico, provincial, etcétera), y local (Schmitter, 1985; Brand, 2006; García–Acevedo, 2003; Burgess, 2005; Durand, 2005; Alarcón, 2006; Fitzgerald, 2006; Ruiz, 2007; Valenzuela, 2007; Vila, 2007; Yrizar, 2008).

A diferencia de la política de emigración nacional, en donde interviene el gobierno federal, en la política de emigración subnacional son las administraciones subcentrales quienes consideran que es "de orden público e interés social" la atención a sus emigrantes, a sus familiares y a sus comunidades de origen. Lo que realizan a través de la expedición de decretos, o la aprobación, modificación y derogación de leyes que beneficien a los "hijos ausentes" en territorio propio y en el extranjero. Dichas acciones pueden realzar el papel de los emigrantes como sujetos sociales merecedores de atención pública especializada, debido, entre otras cosas, a las contribuciones que hacen a las economías regionales y locales.

Ahora bien, prueba de la preeminencia del análisis inmigratorio es evidente en el trabajo de Christina Boswell (2007), quien sostiene que en los estudios recientes sobre la teorización de la política migratoria dominan dos corrientes: la de la economía política y la neoinstitucionalista. Boswell (2007) ubica dentro de la primera corriente como principal exponente a Gary Freeman (1995), mientras que en la segunda destaca a james Hollifield (2004). Es notable que los avances teóricos relativos al componente político de la migración internacional, ya sea a través de la intervención del Estado o de la acción de los gobiernos de origen, se encuentran en una etapa temprana cuando se compara con el desarrollo del estudio de la migración como fenómeno económico, cultural y social.

El acercamiento de Freeman (1995) parte del poder que logran alcanzar los grupos de interés para beneficiarse de los resultados políticos (policy outcomes) de una política de inmigración liberal. El autor sostiene que las políticas migratorias de las democracias liberales tienden a ser más abiertas que cerradas; afirmación comprobada por Massey (1999) cuando comparó sucintamente las políticas de inmigración de Estados Unidos frente a las de países del Medio Oriente. Las principales críticas que ha recibido la corriente de la economía política giran en torno a cuestionamientos como los siguientes: ¿de qué manera los grupos definen sus intereses?, ¿qué determina la influencia de estos grupos en la política migratoria?, y ¿qué papel desempeña el Estado en este contexto? (Boswell, 2007:78).

Sin embargo, el papel estatal no es la única discrepancia entre las corrientes teóricas que intentan explicar la política migratoria. A partir de un análisis fundamentado en dos criterios: rigor metodológico y plausibilidad explicativa, Boswell arguye que la perspectiva de la economía política es útil en la medida que cumple con el primer criterio y no con el segundo. En el caso de los neoinstitucionalistas se sacrifica el rigor metodológico a cambio de una mayor plausibilidad explicativa (Boswell, 2007).

Ante esta dificultad, Boswell propone una teoría que se abre camino entre los enfoques propios de la economía política y del neoinstitucionalismo. Esta "tercera vía" de la teoría en política migratoria parte del concepto de "legitimidad del Estado", en tanto ente al que se le da vida para que garantice la seguridad de sus integrantes, facilite y permita la acumulación de riqueza, promueva la equidad y cuente con legitimidad institucional (o confianza). Por lo tanto, la política migratoria no debería afectar a la provisión y salvaguarda de estas cuatro actividades.

El problema radica en que la acumulación de riqueza de los actuales países industrializados se debe, en gran medida, a la inmigración de mano de obra barata, que es uno de los motores clave del crecimiento económico, y es de provecho tanto para los países receptores como para los emisores. Además, es fundamental tener en consideración que la provisión y garantía de riqueza hacia los ciudadanos por parte del Estado y su gobierno, contribuye al éxito electoral. Boswell (2007:94) sostiene que las respuestas políticas habrán de variar en la medida en que cumplan o no con al menos dos o más de los cuatro principios recién mencionados. Nuevamente, ésta es una teoría de política migratoria claramente concentrada en la visión de sociedades y gobiernos receptores, en la visión de la migración internacional como problema exclusivo del lugar de destino.

La relación entre migración internacional y política migratoria, en tanto acción estatal–gubernamental, se ha intensificado en los últimos 20 años. Esto es importante porque la migración, como tema global, "ha sido durante décadas el gran ausente de las discusiones internacionales entre estados" (Artola, 2007:3). Según la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, la migración internacional aumentó durante el último decenio del siglo XX, período en el cual los países desarrollados "comenzaron o redoblaron sus esfuerzos por atraer trabajadores cualificados temporales del extranjero para satisfacer la creciente demanda de mano de obra en determinados sectores de sus economías" (Zlotnik, 2006:54). Esto tuvo consecuencias en los países en desarrollo, expulsores y proveedores de mano de obra, que comenzaron a padecer el éxodo de personas altamente calificadas; países que también se convirtieron en testigos del éxodo masivo de mano de obra poco calificada. Este último grupo se identifica con individuos cuya condición social en el cruce fronterizo está en clara desventaja frente a las políticas inmigratorias restrictivas de los países de acogida.

No se pretende profundizar en la política de inmigración de las democracias liberales desarrolladas. Sin embargo, se hace mención de ellas porque las políticas de emigración responden, entre otros factores, a las consecuencias "no intencionadas" (Cornelius, 2001) de las políticas de inmigración de los países de acogida (Geddes, 2003; Joppke y Morawska, 2003). En realidad, la referencia es a propósito de la relación entre los reforzamientos de fronteras en Estados Unidos o en la Unión Europea y el incremento en el número de muertes de migrantes en el intento de cruce (Alonso y Marrón, 2006; Carling, 2007).

Los problemas diferenciados entre países de origen y destino de migración requieren de intervención pública distinta y conjunta. Las políticas migratorias deben entenderse como respuestas a situaciones no deseadas que "tienen pocas posibilidades de generar resultados positivos sino se completan con políticas apropiadas en muchos otros sectores que inciden y son afectados por las migraciones internacionales" (Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales, 2005:9). Es por eso que para alcanzar esa armonía ideal entre acciones de gobierno hacia las migraciones es preciso contar con instituciones públicas especializadas en la ejecución y diseño de políticas migratorias.

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y MIGRANTES MARROQUÍES: DEL PELIGRO AL ALIVIO

En Marruecos el panorama en torno de la atención pública de los gobiernos hacia sus migrantes internacionales se ha centrado en características más sociopolíticas que económicas. De manera que en la creación de las instituciones que atienden a los MRE, sin duda el papel de las redes sociales, el monarca y los partidos políticos es central. Por ejemplo, Laurie Brand (2006:101) reconoce tres "generaciones" en los esfuerzos estatales para organizar o acercarse a las comunidades en el extranjero: las sociedades de amistad (amicales); los representantes parlamentarios de las comunidades (legisladores migrantes), y la creación de un ministerio dedicado a los asuntos de los MRE. En estas tres generaciones el reino se había mostrado constantemente preocupado por la oposición política que podría surgir entre los migrantes organizados.

Si se hace un repaso de la ubicación de las regiones de alta emigración de Marruecos, es posible encontrar la influencia política del Estado y el origen de lo que podría denominarse como una amenaza política para la estabilidad del país. Hein de Hass (2007) sostiene que desde la independencia, en 1956, el Estado marroquí ha impulsado la migración de determinadas regiones debido principalmente a preocupaciones de carácter político y económico. Retomando un análisis de tasas de migración a nivel provincia, documentado por Refass (1990), De Hass (2007:8–9) distingue principalmente tres "cinturones de migración": la parte este del área montañosa del Rif, la región suroccidental del Souss y los oasis localizados al sureste del Alto Atlas. Ahí el gobierno marroquí reconocería no sólo factores de inestabilidad política, sino "las posibilidades que una política migratoria podría tener en términos de aliviar las tensiones mediante la promoción de la emigración de estas regiones hablantes del bereber, especialmente en la turbulenta región del Rif" (De Hass, 2007:10; Eguren, 2004).

Al igual que en México, el cambio de actitud gubernamental en Marruecos hacia los emigrantes es visible en el nivel de las instituciones nacionales. El giro ocurre en el país Norteafricano durante la década de 1990, como lo muestra el cuadro 1, pues antes el gobierno había mantenido un perfil muy bajo en la defensa de los migrantes marroquíes en Europa (De Hass, 2007). Si bien es cierto que durante las décadas de 1960 y 1970 hubo una Oficina de Emigración, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que hacía ver al Estado marroquí como intermediario y coordinador de flujos migratorios, la atención y los recursos destinados a la diaspora eran escasos (Brand, 2006:102). Es notable que para 1968 el gobierno encargara a la Banca Popular la organización de un sistema de remesas que suplantara los envíos de mano en mano, o de bolsillo a bolsillo, lo que ponía de manifiesto el interés gubernamental por lo que representaban las divisas de los MRE.

En este sentido, la creación en 1990 del Ministerio para los Asuntos de la Comunidad Marroquí Residente en el Extranjero fue un paso importante para este país del Magreb (De Hass, 2007). Entre las tareas de este ministerio, cuya responsabilidad caía en manos del Primer ministro, se incluía acrecentar el interés por los marroquíes en el exterior, promover la vida asociativa de los mismos, y participar en las negociaciones relacionadas con los migrantes en todos aquellos acuerdos de carácter bilateral o multilateral (De Hass, 2007; Belguendouz, 2006). Luego de su transformación y degradación a ministerio delegado, debido a la falta de eficacia y, sobre todo, por la tensión en cuanto a competencias sostenida con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Fundación Hassan II se ha perfilado como un importante canal de acceso al rey Mohammed VI para los marroquíes en el extranjero (FHII, 2005).

Fatima Sadiqi (2004) sostiene que Marruecos ha dado pasos importantes hacia la construcción de un marco institucional que permita tratar con la migración. En un proyecto financiado por la Comisión Europea, Sadiqi afirma que son 10 las grandes agencias del gobierno marroquí involucradas con la migración cuyas agendas pueden ser abiertamente declaradas hacia el fenómeno o no.⁷ La autora considera que las instituciones públicas con mayor relevancia en el tema son el Ministerio Delegado a Cargo de la Comunidad Marroquí Residente en el Exterior y el Ministerio del Interior, este último claramente relacionado con la inmigración en el reino.⁸

Si desde 1960 el gobierno de Marruecos había fomentado y vigilado la emigración por razones de carácter político y económico, ¿por qué hasta los años noventa se crearon instituciones de gobierno especializadas en la atención pública a emigrantes que intervendrían con mayor vigor? Esta respuesta requiere de una sucinta contextualización.

Entre 1965 y 1972 el número estimado de marroquíes viviendo en Europa creció exponencialmente. De Hass (2007) estima que el incremento de los marroquíes en el exterior en ese período pasó de 30 000 a 300 000. Agrega que la crisis petrolera de 1973 provocó que los países de Europa occidental cerraran sus fronteras, cortando la circularidad de los flujos de migrantes procedentes del país magrebí. Según este autor, las reunificaciones familiares al norte del Mediterráneo provocarían que para principios de los noventa se alcanzara el millón de marroquíes en Europa. De acuerdo con información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación de Marruecos, el número de nacionales en el extranjero pasó de 1.31 millones en 1995 a 2.2 millones en 2001, repartidos principalmente en países europeos como Francia, Holanda, Bélgica, Italia, España y Alemania, así lo refleja la gráfica 1 (FHII, 2005:9–11). Es probable que junto a este crecimiento demográfico, el incremento de las transferencias monetarias de los MRE, especialmente después de 2001, cuando se registra un monto sin precedentes, explique el cambio de actitud del gobierno de Marruecos hacia sus migrantes internacionales.

En el discurso oficial y en las acciones de gobierno, la diaspora marroquí paulatinamente ha pasado de ser una amenaza política a considerarse la panacea transfronteriza del reino. Los MRE ya no son vistos con temor o sospecha, sino que ahora son concebidos como agentes de desarrollo, y eso se nota en las actividades que lleva a cabo la Fundación Hassan II. El cambio de actitud por parte del gobierno hacia los migrantes marroquíes estuvo acompañado de la invitación a sumarse al desarrollo. En la actualidad, como una prioridad para Mohammed VI, hay un interés de la clase política por involucrar a los migrantes en la creación de proyectos productivos en sus regiones de origen. Algo parecido a lo que ha estado ocurriendo en los gobiernos mexicanos de regiones de alta intensidad migratoria, donde se busca que el programa 3 x 1 para migrantes transite del financiamiento de infraestructura social básica a la promoción de proyectos productivos (Fernández de Castro, García Zamora y Villa, 2006).

¿Cómo se relaciona la revisión teórica de las políticas migratorias presentada anteriormente con el estudio del caso marroquí? Justamente la intención de vincular estas dos secciones consistió en hacer notar la necesidad de construir modelos teóricos que no sólo se refieran a la política de inmigración, sino también a la de emigración, e incluso a la de tránsito. A propósito de esto, la tercera vía sugerida por Boswell (2007) parece ser la alternativa más viable para explicar el funcionamiento de estados expulsores que procuran legitimidad institucional a costa de garantizar la acumulación de riqueza no sólo de sus habitantes, sino también de sus arcas.

LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL COMO PROCESO POLÍTICO

Las políticas de emigración nacional son aquellas decisiones públicas tomadas por los gobiernos centrales de los estados que se refieren a la salida de sus connacionales al extranjero, al establecimiento de vínculos formales con ellos y con sus familias, así como a la promoción de la identidad nacional en el extranjero. Por ejemplo, para la salida al extranjero se establecen puntos determinados por vías terrestres, marítimas o aéreas. Por lo tanto, se cuenta con variantes de políticas de emigración entre los extremos de restricción y apertura totales a la salida al exterior, o entre los acercamientos y distanciamientos entre los migrantes en el exterior y sus gobiernos en los lugares de origen. Para Fitzgerald (2008), las "políticas emigrantes" (emigrant policies) son aquellas que intentan gestionar (manage) las relaciones con los ciudadanos que ya se encuentran en el exterior. A éstas, junto con las primeras, también se les podría denominar políticas para emigrantes.

Partiendo de estas aclaraciones es posible detectar tres elementos clave en la política de emigración de Marruecos. El primero se relaciona con el papel que han desempeñado las comunidades marroquíes en el extranjero, que han llegado a estar sumamente politizadas y, por lo tanto, vigiladas y auspiciadas por el gobierno. En segundo lugar, Brand (2006:133) apunta que para el caso de Marruecos se advierte "una transformación en el desarrollo institucional estatal y en la práctica de la ciudadanía que ofrece lecciones importantes a otros estados exportadores de trabajadores". Por último, el cambio del discurso del monarca alauita, positivo hacia la emigración y deseoso de divisas, explica el incremento sostenido en la actividad gubernamental del Estado marroquí hacia sus migrantes, así como la invitación que se les hace para que contribuyan al desarrollo nacional y local a través de la inversión en proyectos productivos.

Resulta de gran interés identificar los procesos paralelos y divergentes entre países de emigrantes en cuanto al diseño y ejecución de políticas hacia sus poblaciones en el extranjero. Los gobiernos de Marruecos, México, Filipinas e India, caracterizados por su alta intensidad migratoria, en las últimas dos décadas han procurado acercarse a sus diásporas mediante la creación de instituciones especializadas y la modificación de legislaciones relativas a los derechos políticos y la doble nacionalidad (González, 2006). La importancia de observar estas dinámicas reside en verificar si efectivamente la migración internacional además de ser un proceso social es un proceso político. En el caso de Marruecos, esto se hace evidente al momento de analizar sus redes de migrantes organizados. Para el caso mexicano, se sabe todavía poco sobre el componente político de la "diáspora organizada".

¿A qué hace referencia el calificativo político? Primero, a que la migración internacional, además de ser el proceso social al que se refieren Massey et al. (1987), tiende a convertirse en un proceso político, o se tiende a identificarla como tal. Esto sucede no porque se haga referencia sólo a refugiados o asilados políticos, sino porque el Estado, los gobiernos y la sociedad misma (con sus múltiples actores; por ejemplo, a través de los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales) ven en la migración internacional una serie de problemas de carácter público sobre las cuales se debe incidir. El gobierno lo hace mediante políticas migratorias que les garanticen, como argumenta Boswell (2007), cierta legitimidad. Sería interesante considerar en este punto la idea de que parte de la sociedad misma se politiza al participar en los programas de gobierno, como podría ocurrir en las asociaciones de oriundos o HTA (Hometown Associations) de mexicanos en Estados Unidos, quienes rebasan la filantropía y solidaridad para, en algunos casos y bajo ciertas restricciones, participar en la política nacional desde el extranjero.

En tercer término se encuentran las redes sociales migrantes y su politización. Esto es crucial porque se podría afirmar, al menos para el caso de Marruecos y México, que hay un interés del Estado por generar confianza entre sus comunidades en el exterior, y una de las maneras de hacerlo es integrándose, auspiciando, avalando o vigilando a las redes sociales de las comunidades de nacionales en el extranjero. Habría que señalar que el propio gobierno podría estar interesado en crear, consolidar o cambiar el curso e intensidad de las acciones de algunas redes sociales como medio para alcanzar políticas migratorias más eficaces. Es decir, políticas migratorias que cumplan con un objetivo genérico en el cual residan, además de "mejorar sus condiciones de vida", la protección efectiva de los derechos humanos de los migrantes y del derecho a emigrar o no. Porque la solución a las problemáticas migratorias definitivamente no vendrá sólo de la eficacia de las políticas migratorias internacionales.

Hay varios autores que han establecido vínculos puntuales entre redes sociales migrantes y políticas públicas relacionadas con la emigración. Por ejemplo Zenteno (2000) cuando señala que el papel de las redes sociales ha sido crucial para un mercado de trabajo binacional que existe de facto y no de jure, en donde la injerencia gubernamental ha brillado por su ausencia. De acuerdo con este autor, "la ingeniería social" ha sido vital para la relación de factores, pues ha habido redes de intermediarios no públicos que han sacado provecho a la falta de acuerdos entre los gobiernos (Zenteno, 2000:234). En el mismo tenor, Durand (2000:260) apunta que "las políticas públicas raramente pueden influir en el sistema de redes de relaciones", poniendo como ejemplo que hasta la creación de un programa de trabajadores huéspedes de tipo temporal estará condicionado por las redes sociales. Además, este autor se manifiesta porque el Estado no tenga injerencia en el capital social de los migrantes, es decir, en sus sistemas de redes.

Los vínculos que han comenzado a desarrollarse entre las redes sociales migrantes, el gobierno y los partidos políticos en México no son del todo claros, aunque hay antecedentes de cooperación a niveles federal, estatal y municipal. Un primer vínculo que se identifica entre los migrantes organizados y partidos políticos, a nivel federal, se encuentra precisamente en el Programa de las Comunidades Mexicanas en el Exterior (PCME), que se crea luego de la "caída del sistema electoral" en la contienda presidencial de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari, del Partido Revolucionario Institucional, asume el cargo teniendo como antecedente las muestras de inconformidad de comunidades de migrantes organizados, y el apoyo de otras tantas al candidato de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del Frente Democrático Nacional, luego Partido de la Revolución Democrática (Alarcón, 2006:159–160). La llegada de la alternancia política al ejecutivo mexicano, a través de Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, significó también la aparición de nuevas instituciones dirigidas a "gobernar la migración" (Irazuzta e Yrizar, 2006): la Oficina Presidencial para los Mexicanos en el Extranjero y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Para Marruecos es interesante ver lo que ya ha sucedido en México en cuanto a los intentos por acercarse a los migrantes y alcanzar el desarrollo económico mediante la inversión en infraestructura básica y en proyectos productivos. Los fracasos del pasado en Marruecos han servido para optar por otro tipo de estrategias, en las que a los migrantes no se les restrinjan sus iniciativas o se les imponga un criterio de acción económica sin que antes el propio Estado se preocupe por proveer un ambiente propicio para la inversión en términos de apoyos gubernamentales y cooperación internacional.

Ante tal situación, cabe preguntarse qué han hecho los diferentes gobiernos por vincular la migración y el desarrollo. En este sentido es de destacar que durante la primera década de este milenio, Naciones Unidas y organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han publicado informes en los que alientan a los gobiernos de los países de origen y destino a vincular las políticas migratorias con el desarrollo humano, social y económico.

Por un lado, en el estudio Coherencia de políticas para el desarrollo: migración y países en desarrollo (OCDE, 2007:15) básicamente se presentan dos ideas centrales. Primero, que los países pueden obtener beneficios "considerables" de la migración. Segundo, que los flujos migratorios responden de manera imperfecta a las políticas de los países de origen y destino. La OCDE considera que "combinando ambas ideas, se puede pensar que los responsables de la elaboración de las políticas públicas tanto en países de origen como de acogida pueden adoptar medidas que maximicen los beneficios y minimicen los riesgos asociados a la migración". El estudio concluye que una mejor gestión de los flujos migratorios, de la que ambas partes pueden beneficiarse, reside en la colaboración entre países expulsores y receptores de migrantes. Es en este punto que los países receptores de inmigración deben reconocer como un factor endógeno la demanda de mano de obra, y los emisores la oferta de la misma, para en consecuencia actuar en forma conjunta.

Por otro lado, el objetivo principal del estudio Políticas dirigidas a las diásporas como agentes para el desarrollo (OIM, 2007) consistió en recabar información que permitiera definir cómo las diásporas pueden contribuir con el desarrollo de sus países de origen y cómo difieren los programas de desarrollo tradicionales a aquellos que vinculan a las diásporas. Ignacio Irazuzta (2008) considera que el uso genérico del término "diásporas" por parte de los gobiernos es útil para la instrumentación de acciones y "modalidades de gobierno" que justifican la intervención pública. La segunda etapa del trabajo de la OIM se concentró en la región de América Latina y el Caribe, con la intención de responder a la pregunta de por qué los migrantes de dicha región residentes en países industrializados son los que más envían remesas. El estudio sostiene que los migrantes demuestran un "comprobado interés" por el desarrollo de sus países, familiares y amigos. Además, se demuestra que varios gobiernos han formulado políticas o programas pro diásporas que aún no han sido incorporados a los planes de desarrollo, concluyendo que, a nivel global y regional, para integrar las diásporas al desarrollo, los gobiernos deben: diseñar "guías políticas" para incorporar a los migrantes a estos planes; identificar "buenas prácticas internacionales" y socios dentro de las diásporas, así como aumentar el conocimiento que se tiene sobre el potencial de éstas.

Hay una precaución insoslayable en este enlace entre migración y desarrollo que hay que señalar. Si bien las diásporas o los migrantes están "movilizados" hacia la promoción del desarrollo por iniciativa propia, como advierte De Hass (2007), otros actores del desarrollo, como los gobiernos, también deben "movilizarse" para vincularse y aprender de la experiencia de los expatriados: "plantear expectativas realistas mediante la precaución de experiencias pasadas y estudios que demuestran que la migración no es panacea para el desarrollo" (De Hass, 2007). Esto no quiere decir que se abandone la agenda migración–desarrollo, sino que se deben establecer lazos de cooperación entre migrantes organizados y gobiernos, sin que ninguno de los dos lados imponga una visión de desarrollo, y en donde se privilegien la comunicación, la negociación y concertación de acciones encaminadas a mejorar el nivel de vida de las comunidades expulsoras (De Hass, 2007).

El tema de los derechos humanos sigue siendo crítico y central para la política migratoria tanto de Marruecos como de México (para este último caso, véase Bustamante, 2001). No se trata únicamente de protestar diplomáticamente ante los tribunales internacionales sobre el maltrato que reciben los migrantes en Estados Unidos o en la Unión Europea, sino predicar con el ejemplo en cuanto al trato que Marruecos y México deben dar a los migrantes en sus territorios.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La experiencia marroquí en el Mediterráneo es similar a la mexicana en Norteamérica en cuanto a la modificación del discurso oficial hacia los emigrantes, a la creación de instituciones y en pensar la diáspora como factor de desarrollo. Cuando el tema de la migración internacional ha sido asociado con el del desarrollo y las remesas, el afán por determinar si hay o no incidencia positiva ha sido recurrente. Alejandro Portes (2006) revisó la evidencia en lo que a migración y desarrollo se refiere. Una de las conclusiones que más llaman la atención en su trabajo es la que se relaciona con que "no existe precedente de que algún país haya optado por la vía del desarrollo sostenido con base en las remesas enviadas por sus expatriados" (Portes, 2006:28). Por su parte, Alarcón y Escala (2007) sostienen que la centralidad alcanzada por las organizaciones de migrantes, bajo ciertas consideraciones, "revela la importancia creciente y la evolución progresiva en la relación entre desarrollo, migración y remesas".

Además, si a la ecuación migración y desarrollo le agregamos dos "D" más, es decir, democracia más derechos humanos (M + D + D + D = X), el reto para políticos y científicos sociales es mayor.⁹ Ante este escenario vale la pena preguntarse dónde ha estado y cuál será el papel del "emergente Estado migratorio" (Hollifield, 2004) (en países emisores, receptores y de tránsito), en cuanto a la promoción del desarrollo económico, la democracia y los derechos humanos. ¿Será que el Estado migratorio, "gestor" del movimiento de personas entre países, aparezca una vez superadas las etapas de "gendarme" de la seguridad de los ciudadanos y "gerente" de los intercambios comerciales? ¿Habrá de imponerse la paradoja (neo) liberal? (Hollifield, 2004:887).

El vínculo entre migración internacional y política migratoria no tiene una sola dimensión desde la cual puedan buscarse explicaciones o alternativas al fenómeno. En este tenor surgen cuestiones como: ¿a quién o a quiénes les corresponde atender la migración?, ¿debe procurarse una actividad preventiva, reactiva, de gestión u otras?, ¿cómo se diferencian y complementan las respuestas públicas del país emisor y el receptor?, y ¿qué papel desempeña la democracia y los derechos humanos en la transformación de las políticas migratorias y en la evolución de las instituciones estatales dedicadas a los migrantes internacionales?

Luego de revisar el caso de Marruecos, se identifica en la migración internacional de mexicanos a Estados Unidos una fase de politización en la que cada vez se verá con mayor frecuencia cómo diferentes organizaciones y comunidades retan la capacidad estatal y al mismo tiempo tienden a luchar por cotos de poder y acción en lugares de origen y destino. Ahora surge la duda sobre hasta qué punto estas fragmentaciones en preferencias políticas puede minar los avances que se han logrado en la cooperación y promoción del desarrollo entre migrantes y gobierno.

Es posible que esta fase de politización también tenga un lado positivo al incorporar a los migrantes en un debate político e ideológico que se sostenga en un diálogo fluido y coherente. Al final la partidización de los migrantes, así como de sus clubes y federaciones, es un hecho que ha estado presente desde hace varios años y no ha minado por completo las relaciones que se mantienen con los diferentes niveles de gobierno. También faltará por ver el lugar que los gobiernos, tanto de México pero particularmente de Marruecos, le den a las demandas de parte de los migrantes organizados relacionadas no sólo con la promoción del desarrollo, sino también con la democracia y los derechos humanos.

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NOTAS

¹ El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación "El Río Bravo Mediterráneo: las regiones fronterizas en el momento de la globalización", financiado por SEP–Conacyt–ANUIES–ECOS NORD, con la participación de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), en México, y el Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (Lames), en Francia. El autor agradece los comentarios de Rafael Alarcón y Guillermo Alonso Meneses a una versión preliminar del texto preparada durante el seminario Políticas migratorias y movilidad de poblaciones, así como las observaciones y sugerencias de Rosio Barajas Escamilla, Josefina Pérez–Espino, Marlene Solís, Paola Visconti, Ana Fernanda Hierro, José Luis Leyva y de dos dictaminadores anónimos de la revista Frontera Norte.

² Es importante señalar que la actividad legislativa en torno de los migrantes ha sido igualmente notable en las regiones emisoras, donde se presentan discusiones respecto de la doble nacionalidad (no doble ciudadanía) y del ejercicio de derechos políticos, como el voto extraterritorial.

³ Antonio Izquierdo sostiene que en España, durante la década de los sesenta, se discutió ampliamente la política de emigración, aunque en ese entonces no se tenían los datos numéricos de hoy. Agrega que la emigración es vista como un fracaso del desarrollo, y que "los gobiernos experimentan un alivio cuando los candidatos al paro (desempleo) se van a otro país y envían dinero y bienes, porque a ningún gobierno le gusta reconocer su fracaso a la hora de abastecer a la población", comunicación personal, julio de 2008.

⁴ Agradezco a David Fitzgerald hacerme notar esta última precisión bibliográfica.

⁵ Palabra del árabe marroquí mahzen, que significa "almacén" y con la que antiguamente en Marruecos se refería al gobierno o autoridad suprema.

⁷ Sadiqi (2004) se refiere al Ministerio Delegado a Cargo de la Comunidad Marroquí Residente en el Exterior; y a los ministerios de Justicia, del Interior, de Asuntos Exteriores, de Derechos Humanos, del Trabajo, de Asuntos Sociales, de Salud y de Educación, además del Parlamento.

⁸ No deja de ser interesante la cooperación que se ha desarrollado entre Marruecos y la Unión Europea para intentar frenar la migración indocumentada procedente de África Subsahariana, en donde están ocurriendo hechos lamentables en cuanto al trato a los detenidos. Respecto de la nueva ley relativa a la entrada y salida de extranjeros en Marruecos, véase Elmadmad (2004).

⁹ Esta discusión fue planteada por Luis Escala Rabadán en el seminario Redes sociales, migración, remesas y desarrollo, durante el semestre agosto–diciembre de 2007 en El Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana.