Brasil: de la democracia racial al estatuto de la igualdad racial

Felipe Arocena

Universidad de la República, Uruguay.

Resumen

La intelectualidad brasileña, con escasas excepciones, se negó sistemáticamente a reconocer que en el país existía un problema de discriminación contra negros e indios. Predominó en cambio la convicción de que, a diferencia de Estados Unidos, Brasil había integrado armoniosamente las diferentes razas que componen el grueso de su población: portugueses, negros e indios. El Estado brasileño reconoció por primera vez públicamente recién en 1995, bajo el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, que el país sufría un grave problema de racismo. A partir de ahí, apoyado por una abundante cantidad de datos empíricos que demuestran inequívocamente el problema, Brasil se ha embarcado decididamente en el camino de las políticas afirmativas. Este artículo analizará esa radical transformación que va desde la concepción del país como una democracia racial, hacia el Estatuto de la igualdad racial. Esta última es una ley ya aprobada por unanimidad en el Senado –falta todavía la aprobación en diputados–, que radicalmente cuestiona la concepción histórica anterior y oficialmente define las políticas afirmativas para combatir el racismo.

Abstract

Brazilian intellectuals, with few exceptions, systematically refused to accept that there was a problem of racism against Blacks and Indians in their country. For them Brazil, in opposition to what happened in the US, had integrated harmoniously the three main races of its population: Blacks, Portuguese and Indians. It was not until 1995 when the State, under the government of Fernando Henrique Cardoso, acknowledged publicly that the country suffered from the burden of racism. Since that recognition, supported by abundant empirical data, which unmistakably demonstrates the problem, Brazil has unwaveringly embarked on the path towards affirmative action. This article analyzes the radical transformation that goes from the conception of the country as a racial democracy, to the Statute for the Equality of Race. This law, approved unanimously by the senate —but still waiting approval by the lower chamber— radically challenges the historic perception of racial integration and officially outlines affirmative action policies to fight racism.

Key words: multiculturalism, ethnic discrimination, affirmative action.

—No hay racismo en Brasil! Yo tengo la sangre de todas las razas
—blanca, negra e indígena. ¿Cómo podríamos ser racistas?
Pero luego de una pausa de reflexión el hombre agregó:
—Tenemos un dicho aquí en Brasil: si uno no es blanco es negro. Eso ]]> no es realmente verdad, ¿sabe? Aquí uno puede ser otras cosas, como
yo, que soy un moreno. Pero para un hombre blanco yo soy un moreno
sólo si le gusto; si no le caigo bien entonces soy un mulato, o incluso
un preto (negro). Ellos juegan a ese juego, ¿sabe? Me parece que el verdadero
dicho debería ser: si uno no es blanco, está jodido.*

¿CUÁL RACISMO?

Brasil tiene la mayor población negra fuera de África y fue el último país occidental en abolir la esclavitud en 1888. Estos dos elementos ya bastarían para reconocer que la discusión sobre racismo y discriminación hacia la población negra es de crucial importancia en este país (Roberge, 2006). Con la súbita aparición de una verdadera ola de iniciativas legales que toman en consideración el sistema de cuotas raciales, Brasil se ha visto sacudido por un debate sobre el tema racial que había sido ignorado durante décadas (Da Silva et al., 2004). La opinión más generalizada en la sociedad brasileña es que el país es una democracia racial (Lloyd, 2004a). Sin embargo, una fuerte ironía aparece en la contradicción evidente entre estas propuestas que incluyen acciones afirmativas en el sistema jurídico, y el discurso tradicional y hegemónico de la armonía racial (Da Silva et al., 2004) ¿Es que Brasil, finalmente, ha cerrado el círculo y actualmente acoge precisamente aquellas medidas que una vez se consideraron inapropiadas para su democracia racial? (Skidmore, 2003).

La ideología de la democracia racial tuvo su mayor inspirador en Gilberto Freyre y su opera prima Casa Grande y Senzala publicada en 1933. A partir de ahí fue utilizada como base de ese autoproclamado legado único brasileño en el que se habrían resuelto los conflictos raciales. Según esta mirada, el país estaba en proceso de formación de su propia y singular población a partir del proceso de mestizaje y asimilación cultural. Ambos procesos, el mestizaje y la asimilación, resultarían muy positivos porque evidenciaban el complemento de sus diferentes poblaciones y culturas. El argumento de esta ideología fue que el "color no importa" porque estos procesos eliminaban las diferencias raciales (Skidmore, 1992). Los brasileños determinaron que el racismo no existía en el país porque no había odio racial ni segregación formal como en Estados Unidos, y esa ausencia se plasmaba en una nueva identidad brasileña uniforme y mestiza. Debido a esta falta de interés en el problema racial, el gobierno nacional ni siquiera asumió como importante incluir categorías raciales en los censos hasta entrada la década de 1980. Incluso cuando en la década de 1990 el movimiento afrobrasileño cobró mayor vigor y logró llamar la atención para "la cuestión racial", sus reivindicaciones fueron hostilmente rechazadas y calificadas de racistas (Da Silva et al., 2004). Considerando que esta "autoimagen ha estado en el centro de la identidad del país [...] si los defensores de una nueva política racial logran imponerse, toda esta idea podría cambiar" (The Economist, 2006), y los parlamentarios que proponen una nueva legislación basada en la clasificación racial verdaderamente harían zozobrar la identidad nacional.

Quienes todavía defienden la veracidad de la democracia racial cuestionan la viabilidad de la acción afirmativa en el país, puesto que la población está completamente mezclada y nadie puede saber a ciencia cierta quién es negro. Si se aplicara el criterio de "una sola gota basta" (cuando apenas una ínfima parte de sangre negra determina si alguien es o no negro), como en Estados Unidos, entonces las acciones afirmativas no tendrían más sentido porque prácticamente toda la población calificaría como negra ya que la inmensa mayoría puede invocar algún antepasado negro si le fuera conveniente (Da Silva et al., 2004). Contra este argumento, el senador Paulo Paim —uno de los más activos defensores de las acciones afirmativas y quien impulsara el Estatuto de la igualdad racial, una extensa ley ya aprobada por el Senado— sostiene que "esa es la primera excusa que dan. Cuando hablamos del lado problemático de la sociedad ellos identifican a los negros fácilmente, pero cuando llegamos a la cuestión de compensarlos ¡entonces nadie sabe quién es verdaderamente negro!" (Htun, 2005:1). La respuesta de quienes defienden las acciones afirmativas es que se debe considerar negros a quienes se autoidentifiquen como tales. Esto, no obstante, tiene su lado problemático porque hay estudios que registraron hasta 136 términos populares diferentes con los cuales la población brasileña se autodefine según el color de su piel y no hay una manera sencilla para responder qué significa ser pardo o qué clasifica a un negro como tal (Lloyd, 2004b).

El impacto y la persistencia de la democracia racial es sorprendente. Los brasileños, orgullosos de la ausencia de racismo en su sociedad, raramente percibieron la estrecha asociación entre las divisiones raciales y el profundo abismo que separa a los que tienen riqueza de los que no la tienen. Recordemos que el país presenta uno de los índices de Gini más altos del mundo y, aunque ha mejorando sensiblemente en los últimos diez años, todavía se ubica entre los más desiguales. Los datos son tan contundentes que ya "no puede caber la menor duda de que el color de la piel correlaciona fuertemente con la estratificación social [...] y ningún brasileño sensato negaría esto" (Skidmore, 1992:9). Es verdad que resulta difícil definir quiénes serían los beneficiarios de las acciones afirmativas porque, pese a la contundencia de los estudios estadísticos sobre desigualdad, la identidad afrobrasileña queda encubierta en la vida cotidiana y las supuestas relaciones cordiales entre las razas (Da Silva et al., 2004). Quienes critican el actual estado de las relaciones raciales en Brasil llevan adelante su causa simplemente afirmando que el racismo es generalizado y no desaparecerá hasta que no se haga algo específicamente a este respecto (Htun, 2005). Puesto que además la información estadística que establece claramente la conexión entre raza y pobreza ha comenzado a difundirse hace poco tiempo, la sociedad brasileña todavía está confundida y evaluando cómo lidiar con esta nueva realidad. "¿Será posible que los brasileños blancos acepten los datos que muestran crudamente la discriminación y apoyen acciones compensatorias?" (Skidmore, 1992). Y los afrobrasileños, que representan aproximadamente la mitad de la población, ¿serán capaces de organizarse para empujar una nueva legislación?

Las acciones recientes contra la discriminación racial en Brasil han sido en buena medida modeladas según le legislación estadounidense, y el extremo de esta situación son las expresiones del ex embajador brasileño en Estados Unidos, Juracy Magalhães, quien afirmaba: "lo que es bueno para los Estados Unidos es bueno para el Brasil" (Veja, 2006). Veja, una de las revistas más importantes de Brasil, también afirmó que: "en un país que siempre se deslumbró con las invenciones americanas como los blue jeans, la Coca Cola y Disney, era inevitable que se adoptaran iniciativas al respecto de las acciones afirmativas" (Wall Street Journal, 1996). Mientras que las historias de ambos países han estado manchadas por el racismo y la esclavitud, la voluntad de enfrentar este pasado —y presente— discriminatorio apenas ha comenzado en el país sudamericano y lo ha hecho de forma muy heterogénea (Toni, 2004). De una rápida comparación entre tres países que padecieron una historia racial con ciertos puntos de contacto, por ejemplo Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil, este último es tal vez el que enfrenta un techo más difícil de alcanzar dado que la emergencia de la cuestión racial es muy reciente, está precedida de muchos años de negación y su población negra no está suficientemente movilizada (Ikenberry, 2002). Es verdad que los académicos frecuentemente realizan comparaciones entre Estados Unidos y Brasil, sin embargo esto no es tan sencillo porque obviamente muchas condiciones —sociales, culturales, ideológicas y económicas— difieren drásticamente entre ambos países. El uso equivocado de los escenarios estadounidenses, ya sea para apoyar o rechazar la necesidad de acciones afirmativas en Brasil, parece estar complicando, más que ayudando, a esta discusión entre raza y políticas públicas.

Es cierto que la experiencia estadounidense ha sido instructiva porque los antecedentes de la Suprema Corte sirven para entender cómo los programas se han diseñado (Toni, 2004). No obstante, las diferencias son muy notorias, empezando por los propios colonos del norte que desembarcaron con sus familias y no se mezclaron sexualmente ni con los indígenas ni los negros. Tampoco en Brasil existieron las terribles leyes de Jim Crow que establecían la aceptación legal del racismo y por eso el sentido de culpa de las élites estadounidenses es muy superior al de las brasileñas. Brasil necesita mirar hacia adentro para desarrollar un programa propio de políticas afirmativas que esté de acuerdo con su condición nacional.

EL CAMINO HACIA LAS POLÍTICAS AFIRMATIVAS EN BRASIL

A diferencia de Estados Unidos, Brasil no ha tenido un movimiento social fuerte e integrado de lucha por los derechos civiles. La ausencia de una coalición contra la discriminación racial fue, en parte, una consecuencia del largo periodo dictatorial entre 1964 y 1985 que suprimió todo tipo de protesta social. Pero incluso cuando la oposición logró aparecer, las movilizaciones no incluyeron entre sus banderas la cuestión racial, porque toda la energía estaba enfocada en la redemocratización política. Es más, con el argumento de mantener una unidad en el movimiento de oposición contra el régimen autoritario, las reivindicaciones de la igualdad racial fueron percibidas como una molestia que restaba fuerzas. A pesar de todas las hostilidades contra la cuestión racial, su momento ha llegado sobre finales del siglo XX. A continuación destacaremos parte del difícil camino histórico que transitaron las organizaciones negras que intentaron movilizarse contra la discriminación racial y el trayecto de estas demandas. Seguiremos en este recorrido parte de la información aportada por Da Silva, Medeiros y Larkin (2004).

1931 Se crea el Frente Negro Brasileño, censurado y prohibido en 1937 por la dictadura.

1941 Abdias do Nascimento, uno de los principales líderes negros, funda el Teatro Experimental Negro (TEN). Sus objetivos son combatir la discriminación racial en general y en particular dentro del teatro, reconstruyendo la herencia cultural africana y reivindicando la identidad negra en el país.

]]> 1945–1946 A impulso del TEN se crea el Comité Democrático Afro–Brasileño luego de caída la dictadura y se organizan Convenciones Nacionales Afro–Brasileñas en San Pablo (1945) y Río de Janeiro (1946). De estas convenciones surgió el "Manifiesto a la Nación Brasileña", que incluía seis demandas, entre ellas el subsidio para aquellos estudiantes negros que accedieran a la enseñanza secundaria y universitaria, tanto en instituciones públicas como privadas.

1950 El TEN organiza y realiza el Primer Congreso del Negro Brasileño en Río de Janeiro para discutir los problemas que enfrentaba la población negra, su disparidad educacional, la protección de sus derechos y la defensa la identidad negra.

1964 La dictadura reprime violentamente toda forma de discusión sobre racismo y do Nascimento debe irse del país exilado, continuando con su prédica desde África.

1968 La última dictadura prohíbe mediante decreto la discusión pública sobre racismo.

1978 Lo poco que queda del movimiento negro y sus militantes se reúnen en el Teatro Municipal de San Pablo desafiando el poder militar y fundan el Movimiento Negro Unificado (MNU).

1982 Se decide que el Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Negra se desarrolle en San Pablo y éste se constituye en un hito en la historia internacional de la conciencia de la diáspora africana, donde se critican duramente a las posiciones inspiradas en el marxismo que entienden que los problemas de discriminación racial en América Latina son problemas de clase y no específicamente de racismo. De este congreso derivaron un conjunto de reivindicaciones para combatir directamente la discriminación racial con políticas públicas.

Abdias do Nascimento logra ser elegido diputado federal en las primeras elecciones legislativas directas durante la dictadura militar. Introduce el proyecto de ley 1.332/83 que promueve la creación de medidas compensatorias hacia los negros para promover la igualdad de oportunidades, apoyando subsidios e incentivos para empresas privadas que adoptasen iniciativas para promover la diversidad. Establece además que 40% de todas las becas y subsidios en el prestigioso instituto de la diplomacia brasileña Barón de Río Branco sean otorgadas a negros. Obliga a todas las instituciones de enseñanza a que introduzcan en su currículo la historia de África y del negro. Este proyecto de ley nunca llegó a ser votado en el Congreso y en su momento fue acusado de promover e incentivar el racismo, en vez de combatirlo. Sin embargo, 20 años después, muchas de sus propuestas fueron transformadas en ley.

1984 Se crea el Grupo Cultural Olodum en la ciudad de Salvador, Bahía. Este grupo surgió puntualmente en 1979 como un conjunto carnavalesco, pero evolucionó hacia una institución fundamental dentro del movimiento negro, realizando un trabajo cultural y social sobre la cultura africana en Brasil, que alcanzó repercusión internacional a partir del samba–reggae.

1986 Desde filas de la iglesia metodista se crea la Comisión Nacional de Combate al Racismo, un impulso importante para la visibilidad de los problemas de iniquidad racial.

1988 Por primera vez algunas de las demandas del movimiento afrobrasileño fueron incluidas en la nueva Constitución, que sanciona el racismo como un crimen no suj eto a fianza; delimita las tierras de los quilombos que todavía existen; redefine la nación como una "nación multicultural"; y garantiza la protección de las manifestaciones afrobrasileñas.

]]> 1988–1989 El movimiento negro define que el 20 de noviembre será el "Día Nacional de la Conciencia Negra" en conmemoración de la fecha de la muerte de Zumbi, el líder del quilombo Palmares, que se transformó en el héroe máximo de los afrobrasileños. En cambio el 13 de mayo, fecha oficial de conmemoración de la abolición de la esclavitud, pasa a ser apenas un día para la reflexión sobre la falsedad de la abolición.

1991 El gobierno estatal de Río de Janeiro crea la Secretaría Extraordinaria de Defensa y Promoción de las Poblaciones Afrobrasileñas (SEAFRO), la primera institución que adoptará políticas públicas específicas para la defensa de los afrobrasileños.

Se produce el Encuentro Nacional de Entidades Negras en San Pablo, nuevamente con el fin de unificar y coordinar esfuerzos dispersos; su éxito no ha sido evaluado todavía convincentemente.

1993 En la revisión de los cinco años de vigencia de la nueva Constitución llevada adelante por el Congreso Nacional, el senador Florestán Fernández propuso a la Cámara una enmienda que dedicaba un capítulo entero a las compensaciones por discriminación racial y articulaba por primera vez el principio de la acción afirmativa. La enmienda no fue aprobada, pero fue un antecedente crucial para futuras discusiones sobre el tema.

1994 SEAFRO es clausurada por la legislatura debido a acusaciones de racismo inverso.

1995 Un reporte oficial realizado por los delegados del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirma que si bien oficialmente el racismo no existe en el país, "es necesario adoptar medidas de investigación y políticas para cerrar el círculo vicioso de discriminación y negación de la naturaleza racial de la desigualdad", conclusiones directamente opuestas a la complaciente percepción de la democracia racial brasileña.

Treinta mil personas realizaron una demostración en Brasilia para presentar un "Programa para Superar el Racismo y la Desigualdad Racial", que se convierte en la síntesis de las demandas de políticas públicas del movimiento negro.

La senadora Benedita da Silva presentó la enmienda constitucional 14/95 estableciendo una cuota del 10% en los cupos de entrada de los programas de educación superior para los indígenas y negros, pero nunca fue votada.

El 20 de noviembre el presidente Fernando Henrique Cardoso crea por decreto el Grupo de Trabajo Interministerial para la Valorización de la Población Negra (GTI). En esta acción sin precedentes, el Estado brasileño reconoce oficialmente por primera vez la existencia de racismo y se propone combatirlo utilizando políticas públicas. El GTI promueve una serie de seminarios nacionales para discutir las políticas de acción afirmativa y en un foro internacional redacta 46 políticas contra la discriminación racial.

El senador Paulo Paim también presentó el proyecto de ley 1.239/95 en el cual se hace referencia a "la deuda moral y material que el Estado brasileño mantiene con la población afrobrasileña debido al régimen esclavista y a la ausencia de medidas integradores después de la abolición".

]]> 1996 Se crea la Coordinación Nacional de Comunidades Quilombolas (CONAQ), en el Estado de Bahía. Sus impulsores son residentes de viejos quilombos —comunidades donde se agrupaban los esclavos que se escapaban o conseguían su libertad— y reivindican que se les otorgue la propiedad comunal de la tierra donde habitan.

Se publica en Brasil el Décimo Reporte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que se recomienda al Estado adoptar acciones positivas para promover la igualdad y específicamente políticas públicas que ayuden a la población negra a acceder a la educación terciaria (Htun, 2005).

2000 Se publican los informes del Instituto de Pesquisas Económicas Aplicadas, con información contundente acerca de la persistencia de las desigualdades raciales. Esta información tuvo un enorme eco en la prensa y la opinión pública y la evidencia fue tan clara que el Estado ya no pudo permanecer sordo a la discusión sobre raza (Htun, 2005).

2001 La Conferencia Mundial sobre Racismo que se realizó en Durban, África del Sur, tuvo un fuerte impacto en el país y sus resultados actuaron como catalizador de las políticas de acción afirmativa.

En este año se presentaron 14 proyectos diferentes de ley en el Congreso nacional que contemplaban algún tipo de cuotas raciales para instituciones federales. En una acción independiente el Estado de Río de Janeiro adopta una cuota de 40% para los afro–brasileños en sus universidades estatales. Los Estados de Bahía y Minas Gerais adoptaron la misma política.

2002 El nuevo presidente Luis Ignacio "Lula" da Silva designa a Joaquim Barbosa para dirigir la Suprema Corte de Justicia; es el primer negro en la historia del país que ocupa ese cargo. Cuando se entera, Barbosa dice públicamente que creía que un negro nunca tendría esa posibilidad. Además, Lula nombra cuatro ministros negros en su nuevo gabinete y crea el Ministerio para la Igualdad Racial.

2003 Se crea la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (SEPPIR), dependiente del Ministerio para la Igualdad Racial. La tarea más importante que esta secretaría lleva adelante es el estudio para poner en práctica la igualdad racial en la educación. Sus resultados fueron publicados como la "Política Nacional para la Promoción de la Igualdad Racial". El trabaj o enfatizó con vehemencia la necesidad de llevar a cabo acciones afirmativas.

Una serie de recursos contra las leyes de cuotas se presentaron ante la j usticia y eso produj o una campaña masiva a favor de las cuotas. En esa movilización participaron instituciones de mucho peso y, sobre todo, las organizaciones del movimiento negro firmaron contra los recursos como amicus curiae (personas ajenas al litigio que aportan al juez información que consideran relevante) presentando material sociológico y político defendiendo los principios de la acción afirmativa.

2004 Frustrado con la prolongada discusión en el Congreso sobre el proyecto de cuotas, en sep tiembre, el presidente Lula emite un decreto que obliga a las universidades privadas que reciben exenciones fiscales a que reserven un porcentaje de sus lugares para estudiantes negros.

2005 El Senado de la República aprueba por unanimidad el Estatuto de la Igualdad Racial, un proyecto de ley de 3 5 páginas de extensión presentado por el senador oficialista Paulo Paim varios años atrás, en el que se establecen políticas afirmativas en todos los niveles de las instituciones públicas. Este proyecto, de alcances todavía incalculables por la magnitud de los cambios que implica, aún no ha sido votado en diputados y ha generado una discusión pública muy intensa.

]]> 2007 También está pendiente de aprobación en el Congreso el "Proyecto de Cuotas Raciales" (número 73/99) firmado por el senador Tarso Genro por el cual se establece que todas las instituciones públicas de enseñanza terciaria deben reservar la mitad de sus lugares para alumnos provenientes de la educación pública, y además ese 50% debe ser distribuido de acuerdo con el peso de la composición racial existente en el Estado donde funciona la institución.

Esta línea temporal —incompleta naturalmente— ilustra la evolución de los principales acontecimientos que, encadenados, desembocan en una radical transformación sobre la cuestión racial en Brasil. El movimiento negro raramente consiguió movilizar grandes cantidades de gente a pesar de que, según el último censo nacional del año 2000 casi la mitad de la población del país se considera "negra" (46%) o "parda" (38%). Sin embargo, a la larga fue muy exitoso crear una conciencia nueva sobre los viejos problemas raciales, utilizando argumentos sólidos, apoyados en datos empíricos contundentes, que fueron fundamentales para los avances legislativos de los últimos años. Para nuestros fines consideramos como parte del movimiento negro a la confederación de todas las organizaciones —culturales, religiosas, económicas, política— que tienen como objetivo defender y promover los derechos de la población afrobrasileña (UNDP, 2005). El conjunto de estas instituciones, algunas con mayor visibilidad e impacto que otras, y sin tener una coordinación muy eficiente entre ellas, logró instalar, parece que definitivamente, el problema de la discriminación racial en el país y, tan importante como lo anterior, logró que se instrumenten políticas públicas concretas de acción afirmativa para atacarla.

CUATRO DILEMAS EN TORNO DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS

La polémica sobre las acciones afirmativas en Brasil está que arde y hay personas inteligentes y prestigiosas tanto a favor como en contra. Como una de las áreas de mayor discusión sobre estas políticas es la educación terciaria, presentaremos a continuación una breve discusión con base en cuatro argumentos contrarios a las cuotas raciales, destacados en una serie de entrevistas realizadas a los propios estudiantes de posgrado de la Universidad Federal de Brasilia (seguimos aquí a Lobato–dos Santos, 2003).

El primero sostiene que: "la acción afirmativa es inconstitucional puesto que el artículo 5 de la Constitución establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin distinción alguna". Desde este punto de vista las intenciones podrán ser muy loables, pero no pueden utilizarse instrumentos que contradigan la igualdad ante la ley que garantiza la Carta Magna. Si de ampliar la democracia se trata no es posible utilizar nuevas leyes que pongan en riesgo el principio fundamental de que todos los ciudadanos deben ser tratados por igual sin distinción de clase, raza o religión, cimiento de la democracia. Con este argumento simple y claro, más de 200 estudiantes blancos que fueron rechazados debido a las cuotas en la universidad estatal de Río de Janeiro presentaron recursos en la Suprema Corte. En estos escritos también se menciona el antecedente jurídico del fallo de la Suprema Corte de Justicia estadounidense de 1978: "Regentes de la Universidad de California frente a Bakke" en el que se declara inconstitucional el sistema de cuotas para decidir las admisiones a la universidad.

Los defensores de las políticas de acción afirmativa, por su parte, sostienen que la igualdad entre ciudadanos no se logra tratando a todos de la misma manera, sino tratando diferencialmente a personas en situaciones distintas para que efectivamente pueda cumplirse con el principio superior de que todos deben tener igualdad de oportunidades (Lobato–dos Santos, 2003). Desde este otro punto de vista, las acciones afirmativas no estarían creando derechos diferentes en la población, sino simplemente extendiendo la ciudadanía a la mitad de la población que históricamente fue excluida de la sociedad: a los indígenas y los negros (Motta–Dantas, 2006). Por ello, para garantizar el principio de igualdad el Estado debe pagar sus deudas históricas, compensando a quienes fueron objeto de discriminación y reconociendo que la esclavitud es una de las causas de la presente desigualdad. Sería muy poco probable que la Suprema Corte brasileña aceptase la racionalidad de los recursos antepuestos ya que ella misma ha adoptado el sistema de cuotas en el Supremo Tribunal Federal, el órgano de mayor jerarquía del Poder Judicial que trata asuntos de inconstitucionalidad.

Una segunda crítica contra las cuotas raciales en el sistema educativo, mencionadas por los propios estudiantes, es que "los negros que se beneficien de la acción afirmativa serán estigmatizados y sufrirán aún más discriminación. Ellos simplemente serán vistos como incompetentes". En este sentido, Peter Fry sostiene que: "si hay un defecto que Brasil no tiene es el conflicto racial abierto, y una batalla sobre quién es blanco o negro [introducida por la legislación de acciones afirmativas] puede generar eso" (The Economist, 2006), estigmatizando categorías raciales y acrecentantando la división. También se ha destacado que los estudiantes se sentirán incómodos por haber recibido esta oportunidad a partir de cuotas si uno no tiene las calificaciones que otro estudiante blanco tiene (Roberge, 2006). Del otro lado se sostiene que el estigma negativo hacia los afrodescendientes no aparecerá por los —aún muy pocos lugares— que ocuparán en la educación superior, sino que ya está presente desde mucho antes y una de las maneras en que se expresa es precisamente su ausencia casi total en la universidad. Si un estudiante negro fuere capaz de superar su situación desventajosa y conseguir un lugar debido a la ley de cuotas, es muy probable que se aferrará a la oportunidad con mayor empeño y entusiasmo para lograr el éxito (Da Silva et al., 2004).

En tercer lugar, otra crítica frecuente mencionada por los estudiantes es que "el mérito debería ser el criterio exclusivo para la selección de los puestos en la universidad. Es necesario elegir a los mejores estudiantes independientemente de la raza de los mismos". Incluso las críticas van más allá y cínicamente sostienen que la propia ley de cuotas es, en el fondo, el reconocimiento de que los negros son intelectualmente inferiores. "¿Usted querría ser operado del corazón por alguien que entró en la universidad porque era negro o porque era competente?" Algunos estudiantes negros provenientes del sistema público de enseñanza han sido admitidos en las universidades públicas brasileñas con resultados en los exámenes vestibulares de 58.75%, comparado con puntajes que están por arriba del 95%. Estas diferencias serían un problema para los estudiantes negros, que tendrían pocas oportunidades de integrarse en clases que estarán por encima de su nivel real de conocimiento y preparación (Lloyd, 2004b). Ante estas críticas, quienes defienden la ley de cuotas en la admisión a la universidad, sostienen que una baja puntuación en el vestibular no implica necesariamente un bajo rendimiento futuro y que se debe tener en cuenta que para quienes vienen de la educación pública es prácticamente imposible un buen rendimiento en esta etapa. Incluso, que un estudiante negro haya llegado hasta el vestibular sorteando las etapas previas a pesar de las dificultades que debió sufrir, muy probablemente sea ya un indicador de su talento y capacidad, que se potenciaría con la oportunidad de continuar educándose.

La cuarta crítica está asociada a una evaluación diferente sobre las causas del problema y por ende a cómo solucionarlo: "la ausencia de negros en la universidad se debe a la pésima calidad de la enseñanza pública en Brasilia y en todo el país, y no a la discriminación racial". Existe evidencia empírica para apoyar este razonamiento porque, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas: 45% de los estudiantes universitarios provienen del 10% de las familias más ricas, mientras que sólo 6.9% proviene del 50% de las familias más pobres (Lloyd, 2004b). Dado que existen muchos estudiantes blancos que también son pobres y no acceden a la universidad, la crítica gana fuerza. Precisamente una chica negra habitante de una favela sostenía que ella no podía apoyar una política de cuotas que le diera a ella prioridad porque tenía vecinos blancos que estaban en la misma situación de pobreza que ella (Folha de São Paulo, 2006). Se debe tener presente que las universidades públicas brasileñas son las más prestigiosas, de mayor nivel académico y además son gratis. Para ser admitidos, los estudiantes deben rendir el examen vestibular, una exigencia alta si no se cuenta con el dinero suficiente para pagarse una preparación específica de este examen. La gran paradoja del sistema educativo brasileño es que, como los institutos públicos de enseñanza hasta el nivel secundario son de mucho menor nivel que los privados, quienes pasan el vestibular son aquellos estudiantes de mejor posición económica que tienen recursos para prepararse. Las universidades públicas, que son gratis, terminan admitiendo a quienes tienen más dinero, mientras que los más pobres y menos preparados deben ir a universidades privadas, de menor nivel y además pagas. Es evidente que casi la totalidad de los afrobrasileños no tienen solvencia para asistir a escuelas y liceos privados y menos aún de financiar la preparación del vestibular porque "el ingreso de una familia negra es apenas el 43% del de una blanca y un trabajador negro recibe, en promedio, 57% del salario de un trabajador blanco en la misma posición" (Toni, 2004). Esta última crítica al sistema de cuotas raciales resalta que el verdadero problema no es la discriminación racial, sino la pobreza y la falta de recursos en la enseñanza pública de los niveles primario y secundario. Para solucionarlo lo que se requiere son mayores recursos en el sistema educativo en general, que mejoren la calidad de la enseñanza y preparen mejor a los más pobres. Estas dificultades hacen comprensible porqué "muchos progresistas están llegando a la conclusión de que todo el sistema arbitrario de cuotas raciales debería desecharse en favor de un abordaje genuinamente liberal que combine políticas neutrales desde el punto de vista racial con políticas afirmativas para todos los desposeídos sin distinción" (Lind, 1998:43). Posición que se alinea con aquella que evalúa como la más justa y neutra a la fórmula que simplemente refuerza los programas universales contra la pobreza, puesto que ser pobre y ser negro son casi sinónimos en Brasil (Wall Street Journal, 1996). Es verdad que políticas sociales universales que ataquen la pobreza o la educación publica en general estarían beneficiando a los negros junto a todos los que están en situación de pobreza, pero el problema es que tampoco se puede dejar de ver que los negros son objeto de discriminación flagrante en la sociedad brasileña, como la evidencia reciente lo muestra meridianamente claro: "los negros asisten al sistema educativo un promedio de 4.6 años mientras que los blancos lo hacen 6.6 años [...] Apenas 15 de los 513 miembros de la cámara baja del Congreso y 3 de los 81 senadores son negros [...] 99% de los diplomáticos son blancos [...] y 98.5% de los jueces" (Lloyd, 2004b). Los defensores del sistema de cuotas sostienen que las políticas públicas universales que apuntan a solucionar los problemas socioeconómicos de forma general no son suficientes ni efectivas para abordar la gravedad de la discriminación racial.

UNA LEY RADICAL

El Estatuto de la igualdad racial fue presentado en el Congreso nacional en 1988 por el senador del Partido de los Trabajadores Paulo Paim; luego de siete años fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores en el 2005 y todavía los diputados no se han puesto de acuerdo para decidir su futuro. La discusión que ha generado en la opinión pública ha sido muy intensa y esto puede verse en la multiplicidad de artículos periodísticos publicados en los principales diarios, en muchísimos trabajos académicos y en la toma de partido a favor o en contra por parte de personalidades sobresalientes. Lo interesante es que hay casi tantas opiniones a favor como en contra, así como hay personas capaces de ambos lados. No es de extrañar que este proyecto de ley haya despertado tanta polémica, porque, como se mencionó al principio de este trabajo, en sus 85 artículos presenta una visión de la sociedad brasileña radicalmente distinta a la que predominó durante toda la historia de la república más joven de América del Sur. Entre los cambios más radicales debe mencionarse en primer lugar la redefinición de la población brasileña utilizando la categoría oficial afrobrasileño, entendida como: "las personas que se clasifican como tales, o como negros, pretos, pardos o por definición análoga" (art. 2:III). Al utilizar esta nueva clasificación se suman aquellas dos categorías que en el último censo estaban separadas —pardos y pretos— y los afrobrasileños representan 45% de la población. Desde este punto de vista esto es mucho más razonable que la separación anterior que apenas reconocía un 6% de negros en el país. Cualquiera que haya vivido un tiempo en Brasil sabe perfectamente que la proporción de negros es mucho más alta pero que muchos se definieron como pardos debido al pre–concepto negativo asociado al negro y también por el deseo de blanqueamiento —la disminución de la parte negra de la población—, tan caro para la historia brasileña. Además de esta redefinición de la población brasileña, la ley se propone combatir la discriminación racial en la sociedad, entendida como "toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, descendencia u origen nacional o étnica" (art. 2:I) que determina desigualdad racial, concebida como "toda situación de diferenciación de acceso al gozo de bienes, servicios y oportunidades, en la esfera pública o privada" (art. 2:II). Claro, hablar de un Brasil con la mitad de su población afrobrasileña y afectado de racismo, es hablar de un país completamente diferente al que se imaginaron muchos brasileños.

Por eso es que recientemente se escribió un libro titulado No somos racistas, en el que se puede leer: "Cuando nos despertamos, nos asustamos. Por lo menos yo me asusté y supongo que muchos otros también se asustaron: ¿entonces somos un pueblo racista? [...] Una nación de blancos y negros donde los blancos oprimen a los negros. Otro susto: aquel país no es el mío". Ali Kamel, el autor de estas palabras, no puede dar crédito de que el movimiento negro, acompañado por sociólogos como Florestán Fernández y Fernando Henrique Cardoso, haya creado una imagen del país tan diferente de la que él tiene. Kamel critica la redefinición que utiliza la categoría afrobrasileño porque divide en dos grandes grupos a la mayoría de la población, imitando al sistema estadounidense, cuando en realidad el contexto brasileño es muy diferente debido a su mestizaje exuberante. Y también critica la ley porque, según su punto de vista, la sociedad brasileña no es racista, tal como se la califica en el Estatuto. No es para menos el susto que se llevó este periodista, porque el proyecto de ley derriba uno de los grandes mitos nacionales, el de la armonía racial brasileña, el del café con leche, el del país mulato, el del país cordial. Al concebir un país diferente, también nuevos instrumentos deben utilizarse para entenderlo mejor y corregir sus nuevos viejos problemas. Estos instrumentos son las política públicas de acción afirmativa.

El Estatuto incluye diez grande capítulos vinculados a la población afrobrasileña: I) sobre los derechos de salud, II) derechos a la educación, III) libertad de creencia y cultos religiosos, IV) financiamiento de iniciativas para la igualdad racial, V) derechos de la mujer afrobrasileña, VI) propiedad territorial de los quilombos, VII) mercado de trabajo, VIII) sistema de cuotas, IX) medios de comunicación, y X) órganos específicos para investigar denuncias de discriminación. Estos diez capítulos dan una idea de la envergadura de la nueva ley, en la cual las cuotas son una más de las políticas sociales que se proponen. Nos gustaría mencionar apenas dos medidas concretas de la ley que llaman mucho la atención, no porque sean las más importantes, sino porque reflejan la importancia que tiene para entender la propia sociedad. En el capítulo sobre los derechos de salud se establece que todas las instituciones de salud pasen a recabar la información de sus usuarios utilizando la categoría raza. Esto que puede no entenderse a primera vista es vital porque existen enfermedades que afectan fundamentalmente a los negros, como la anemia falciforme, que se transmite genéticamente y que puede ser diagnosticada si se hacen los análisis correspondientes. Es decir, hay enfermedades específicas que afectan a los negros, para las cuales existen estudios concretos que el Estado debe incorporar entre sus análisis de cobertura clínica y que nunca lo hizo porque simplemente afectan a los que no tuvieron voz. Otra de las medidas que vale la pena destacar es aquella que obliga a los programas televisivos, a las piezas publicitarias y a las películas de cine a incluir al menos 20% de afrobrasileños entre sus personajes. La razón es muy simple, la democracia racial brasileña no aparecía en los medios de comunicación, donde la abrumadora mayoría de los actores y personajes siempre fueron blancos.

Existe un manifiesto firmado por 114 personalidades brasileñas en contra del Estatuto y del proyecto de Ley de cupos en las universidades. Entre las firmas reconocidas se encuentran las de los cientistas sociales Gilberto Velho, Luiz Werneck Vianna, Bolivar Lamounier y Wanderley Guilherme dos Santos, del músico Caetano Veloso, y del poeta Ferreira Gullar (con seguridad no es por casualidad que todos estos firmantes destacados en la prensa sean blancos), entre muchos otros de igual reconocimiento en sus respectivas áreas. Solamente el hecho de que estas personas se hayan decidido a firmar un manifiesto público contra el Estatuto es razón de peso para reconocer lo controvertido del tema. Werneck Vianna resume su preocupación de esta manera: "Estamos delante de la posibilidad de que aprobemos un proyecto que puede dejar un rastro muy triste en la historia del país, una cuña racial". Y Caetano Veloso (El País, 2006) lo rechaza porque "ese proyecto de ley crea una definición del ciudadano brasileño a partir del concepto de raza. Brasil tiene algo mucho más interesante que imitar los esquemas estadounidenses. Como una larga tradición de convivencia sin conflicto racial, de considerar aberrante cualquier discriminación y, sobre todo, cualquier segregación racial. Esa tradición es un tesoro cultural nuestro".

Existe otro manifiesto a favor de las dos leyes firmado por un número similar de personas que, aunque no tan reconocidas como las anteriores, incluye por ejemplo a los profesores Kabenguele Munanga de la Universidad de San Pablo, Nilma Lino Gomes de la Universidad Federal de Minas Gerais, y José Jorge de la Universidad de Brasilia. Su defensa es la misma que propone el Estatuto: no es posible seguir hablando de armonía racial frente a los datos que muestran tan evidentemente que los negros en Brasil son ciudadanos de segunda categoría aunque no exista una ley que los defina así, y las políticas generales no son suficientes para resolver este problema.

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos planteado el cuestionamiento a la representación de la sociedad brasileña como una democracia racial en la cual la integración positiva de las tres principales razas que históricamente la formaron —indígenas, portugueses y negros— se habrían completado unas a otras. Ese cuestionamiento adquirió mucha fuerza en los últimos diez años en buena parte debido a una masa de información estadística confiable que reveló la brutal desigualdad económica y social que sufre la población negra en el país. La conclusión de estos estudios es muy clara: los negros no llegan a ocupar posiciones de relevancia en la sociedad solamente por ser más pobres que el resto, sino porque son negros. A igual nivel educativo un negro y un blanco reciben en promedio una remuneración muy diferente a favor de los segundos. Esta discriminación debe llamarse con el nombre adecuado: racismo.

Las dos leyes de mayor alcance en este sentido son el proyecto de Ley de cupos y el Estatuto de la igualdad racial. El primero establece que la mitad de los lugares en las universidades públicas federales deben adjudicarse a estudiantes provenientes de la educación secundaria pública y además que esa mitad debe incluir un mínimo de autodeclarados negros e indígenas según el peso que tengan esas poblaciones en la región donde está ubicada cada universidad. El Estatuto es una ley mucho más radical, que redefine la población brasileña englobando a negros y mulatos bajo la categoría afrobrasileño, e incorporándola como base de las políticas afirmativas. Estas dos leyes aún no han sido aprobadas por el parlamento porque generaron una enorme polémica pública y han sido criticadas porque ellas mismas oficializan el racismo en el país en vez de combatirlo con políticas neutras y universales. Cualquiera sea el desenlace final de esta polémica general sobre la democracia racial brasileña y sobre las políticas afirmativas, este artículo se propuso demostrar que ya hay varias victorias muy positivas para los afrodescendientes brasileños. La primera es la visibilidad que adquirió la cuestión racial en la población. La segunda es que se ha generado información suficientemente clara como para demostrar la discriminación racial estructural que existe en la sociedad. Y la tercera es la participación activa del Estado para inventar políticas públicas, sean cuales sean, que la combatan eficientemente.

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NOTAS

* Conversación registrada por el antropólogo John Burdick en un bar de las afueras de Río de Janeiro, citada en Yelvingston, 2005.