Juan Antonio Cruz Parcero y Larry Laudan (compiladores), Prueba y estándares de prueba en el derecho

María Laura Manrique

Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM, México, 218 pp.

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. lauramanrique76@gmail.com

Este libro es una antología donde se tratan diferentes aspectos, enfoques y estándares de prueba en el derecho. Aunque el objeto de estudio es el derecho, en particular los procesos judiciales, quienes discuten estos temas tienen una mirada amplia y transversal sobre el modo de discutir los temas relacionados con la prueba. Así, el problema de la prueba en el derecho se discute desde diferentes ámbitos de estudio, como la filosofía, la historia y la epistemología. Juan Antonio Cruz Parcero y Larry Laudan pretenden con este libro difundir algunas de las líneas de investigación más relevantes sobre prueba en el derecho en el ámbito internacional, y, a la vez, propiciar un diálogo entre estudiosos de diferentes disciplinas para enriquecer la discusión en materia jurídica.

Los problemas de prueba son de gran relevancia para el avance y el desarrollo de numerosas disciplinas. Estos temas ocupan un lugar central en el derecho porque los órganos jurisdiccionales (jueces, jurados, tribunales colegiados, etc.) son los encargados de aplicar el derecho a través de sus decisiones. Para que éstas sean adecuadas necesitan estar interna y externamente justificadas. La justificación interna exige que la conclusión se derive lógicamente de las premisas. Por su parte, la justificación externa consiste en controlar la solidez de las premisas. Para que una decisión esté justificada externamente es necesario que la primera premisa del razonamiento exprese una norma aplicable del sistema jurídico del que se trate y que la segunda premisa sea la expresión de una proposición verdadera. Obviamente, cualquier sistema preocupado por la utilización de proposiciones verdaderas para aplicar justificadamente las normas se ve comprometido a zambullirse en todos los temas y problemas destinados a mostrar de qué manera una proposición adquiere la calificación de "verdadera", i.e., su prueba.

El volumen comienza con el artículo "Demostración, filosofía natural y argumentos legales a inicios del siglo xvn: raíces del surgimiento de la idea de prueba científica" de Godfrey Guillaumin. En este trabajo, el autor analiza las conexiones entre la idea de prueba empírica en la filosofía natural del siglo xvn y la idea de prueba legal en el derecho inglés. El autor sostiene que el concepto de prueba en esta época surgió por la transformación de diversos problemas epistemológicos y metodológicos entre la noción tradicional de conocimiento y la investigación del mundo físico y no, como otros autores sostienen, por la modificación de los rasgos sociales de la Inglaterra del siglo xvn. Algunos rasgos positivos de este trabajo son los siguientes: muestra de qué manera disciplinas como las matemáticas y el derecho, que en general se mantienen completamente desvinculadas entre sí, influyeron conjuntamente para modelar el concepto de prueba; además, ayuda a comprender que el análisis histórico es de gran utilidad para entender con mayor profundidad el surgimiento de conceptos y la discusión actual sobre la prueba.

En "Conocimiento científico y estándares de la prueba judicial", Michele Taruffo intenta, entre otras cuestiones, responder cuál es la ciencia aplicable en un proceso para comprobar los hechos. Esta pregunta posee dos aspectos. El primero se refiere al tipo de ciencia: si son las "ciencias duras" o "las ciencias blandas" las que están mejor calificadas para resolver los problemas de prueba. El segundo aspecto para Taruffo se relaciona con las condiciones para determinar la calidad de la ciencia, i.e., qué debe poseer una ciencia para ser buena, y el hecho de que los jueces deben estar atentos a esas condiciones para no aceptar de manera ciega la información que se presenta en un proceso con la etiqueta de "científica". El autor concluye que recurrir a la ciencia puede ser de gran utilidad en el ámbito procesal, pero no constituye el remedio para todos los problemas. Taruffo también analiza los diferentes estándares de prueba exigidos en los procesos civiles y en los penales. Este trabajo ofrece un panorama claro de las discusiones más arduas en torno a la prueba en el ámbito del proceso.

La tarea de Taruffo se ve continuada en el artículo de Jordi Ferrer "El contexto de la decisión sobre los hechos probados en el derecho". Este autor discute y disiente de la idea de que los principios generales de la prueba no pueden aplicarse a los procesos judiciales. Una concepción así, como la de Carnelutti, limita las posibilidades de introducir criterios de racionalidad en la toma de decisiones; sin embargo, este rasgo no impide reconocer que el contexto jurídico posee ciertas particularidades. Los rasgos específicos son los siguientes: a) el objetivo institucional es la averiguación de la verdad; b) en general se determina la ocurrencia de hechos pasados; c) el derecho incluye una gran cantidad de reglas jurídicas sobre la prueba; d) la toma de decisiones sobre la prueba posee limitaciones temporales; e) las partes intervienen en el proceso; f) la decisión que se adopta está dotada de autoridad. El artículo de Jordi Ferrer se completa con un examen sobre los tres momentos en que se realiza un análisis acerca de los hechos probados en la toma de decisiones. Para finalizar el artículo se realiza una analogía entre el modo en que se toman decisiones en los procesos judiciales y el modo en que se realiza la toma de decisiones clínicas.

Larry Laudan asume que los procesos judiciales buscan determinar la verdad acerca de si determinado hecho ocurrió de tal manera y, en su caso, si el agente señalado es quien lo cometió. Con ello en mente, en "Detectar errores y aprender de ellos en un sistema de apelaciones asimétricas" evalúa el modo en que compite la regla que impide que las absoluciones se recurran con la averiguación de la verdad como objeto del proceso. El artículo se limita al funcionamiento de los procesos anglosajones, pero esta regla también forma parte de algunos sistemas del ámbito continental (e.g., Córdoba, Argentina). La consecuencia obvia de esta regla es que ello impide resolver las falsas absoluciones, a diferencia de situaciones en las que el acusado sí puede recurrir en caso de ser condenado de manera errónea. Ello genera una asimetría que ocasiona varias consecuencias epistemológicas desagradables a largo plazo. Laudan organiza su análisis mediante la distinción entre aprender acerca de sus errores, aquí el término "error" significa la inobservancia de las reglas existentes, y aprender de sus errores, que significa aprender que ciertas reglas existentes en la prueba o el procedimiento constituyen un obstáculo para la averiguación de la verdad. La regla que impide recurrir a absolución causa este último tipo de error. Ello implica que un proceso de apelaciones asimétrico tiene más probabilidad de identificar las causas de las condenas erróneas que las de las absoluciones falsas pero también que está expuesto a introducir reglas que, aunque reducen las falsas condenas, aumentan las falsas absoluciones. Esta asimetría también impide contar con un proceso que posibilite el aprendizaje de las reglas que conducen a absoluciones erróneas. Por último, un sistema de revisión asimétrico hará que los jueces incompetentes se sientan tentados a absolver para evitar que se recurran o apelen sus sentencias. Este trabajo es una muestra del modo en que la epistemología puede ayudar de forma directa a modelar mejor nuestros procedimientos judiciales.

En "Versión plausible de culpabilidad sin otra alternativa plausible: regla de decisión en el proceso penal", Robert Alien defiende como explicación de la prueba judicial una teoría de la plausibilidad relativa. Según esta teoría, en los juicios se ordena la prueba conforme a las versiones rivales que presentan las partes. En un proceso civil, la decisión se inclinará por la explicación más plausible, y en los procesos penales se determinará la culpabilidad del imputado cuando haya una versión plausible de su culpabilidad y se carezca de una versión plausible de su inocencia. Algunas dificultades se presentan por el hecho de que la noción de plausibilidad presenta numerosos rasgos empíricos y no evaluativos. Alien sostiene que la teoría de la plausabilidad relativa ofrece una explicación de lo que sucede en los procesos judiciales norteamericanos, y ello evita las dificultades formales de las reglas de la prueba y es congruente con lo que se conoce acerca del razonamiento humano real en situaciones similares a los juicios. Lo más probable es que los jueces elijan las mejores explicaciones de los sucesos en lugar de las peores. Para Alien lo que se considera "mejor" o "peor" es una cuestión empírica y el criterio es que la explicación más probable se tomará como la verdadera. Ello también constituye su criterio normativo preferible.

Erik Lillquist, en "Teoría de la utilidad esperada y variabilidad en el estándar de prueba más allá de toda duda razonable", sostiene que el estándar de prueba de "más allá de toda duda razonable" no es un criterio preciso sino que es vago y flotante. El estándar de la duda razonable se modifica según el tipo de casos que los jurados enfrentan. En general, los jurados aplican un estándar inferior a la duda razonable y sus decisiones se ven afectadas por la gravedad del delito, el carácter del imputado y los tipos de prueba disponibles. El autor examina dos consecuencias de esta idea que provienen del derecho penal estadounidense. En primer lugar, en los casos donde está implicada la pena de muerte, quienes deciden exigen un estándar mayor que el de la duda razonable. En segundo lugar, se refiere a la polémica sobre la obligación de informar a los jurados las consecuencias jurídicas que sus decisiones tendrán, e.g., pena privativa de la libertad y el margen de años, multa, pena de muerte, etc. Para este autor, la teoría de la utilidad esperada sirve para explicar las razones de la variabilidad y, por ello, permite predecir el modo en que pueden decidir los jurados. Esta teoría muestra que, en situaciones de incertidumbre, los jurados toman sus decisiones después de sopesar los costos de absolver o condenar de manera incorrecta. Este artículo muestra que utilizar discusiones sobre la toma de decisiones en el ámbito de la economía y la psicología es central para el desarrollo de los procedimientos jurídicos.

Por último, en "La concepción garantista de la prueba en el derecho electoral mexicano", Jesús Orozco y Javier Ortiz analizan desde un punto de vista jurídico el proceso probatorio en el área del derecho electoral mexicano. Los autores muestran los esfuerzos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por utilizar herramientas analíticas para motivar sus sentencias, pero también reconocen que ello no elimina los problemas epistemológicos que surgen de algunos términos. También analizan algunas reglas sobre las pruebas en materia electoral, como aquéllas sobre la actividad probatoria, sobre los medios de prueba y sobre los resultados probatorios. Por último, conforme a una concepción garantista del proceso y de la prueba, sostienen que el procedimiento administrativo sancionador también está regido por el principio nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, stricta et scripta.