Las codornices de bosques y selvas. Retos de Manejo y conservación de la fauna silvestre

Forest and rainforest quail. Challenges of wildlife Management and conservation

Gilberto Chávez-León¹

¹ Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales. INIFAP. Correo-e: chavez.gilberto@inifap.gob.mx

Fecha de recepción: 27 de agosto de 2013;
Fecha de aceptación: 9 de abril de 2014.

RESUMEN

Las codornices que habitan en bosques y selvas representan un buen modelo para analizar los retos que representan tanto el manejo como la conservación de la fauna silvestre, debido a su estrecha dependencia hacia esos ecosistemas. Las políticas gubernamentales de uso y protección de los recursos naturales repercuten en las condiciones en las que se mantiene la vegetación como hábitat, por lo que aquí se examinan esos factores y su posible influencia en estas aves, como un caso de estudio. De especial importancia son las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), por ser un avance respecto a los anteriores enfoques puramente cinegéticos, ya que pretenden promover la revaloración de los recursos naturales, la diversificación productiva de los poseedores de la tierra y su participación en ellas. Sin embargo, el modelo sigue siendo polémico y aún tiene serios problemas de implementación, por la falta de rigor científico en el monitoreo de las poblaciones que se intenta aprovechar. En general, el principal reto consiste en mantener el hábitat mediante la conservación de la vegetación arbolada. Esto implica la inclusión de prácticas sustentables en la aplicación de métodos de manejo forestal que consideren las necesidades de la fauna, así como la disminución de las tasas de deforestación. Las codornices forestales justifican un mayor interés y atención, ya que la comprensión de su biología y ecología es muy limitada.

Palabras clave: Cacería, deforestación, Galliformes, manejo forestal, Odontophoridae, UMA.

ABSTRACT

Quail that live in forests and rainforests are a good model for analyzing the challenges posed by both the management and the conservation of wildlife, due to their close dependence upon these ecosystems. Government policies for the exploitation and protection of the natural resources have an impact on the conditions in which the vegetation is maintained as a habitat. In the present paper we examine these factors and their potential influence on these birds, in the form of a case study. The Management Units for the Conservation of Wildlife (UMAs, Spanish acronym) are especially important, as they represent a progress with respect to the prior, purely cynegetic approaches because they intend to promote reassessment of natural resources, productive diversification, and the participation of the landowners in these two endeavors. However, this model continues to be controversial and entails serious implementation issues due to a lack of scientific rigor in the monitoring of the populations to be exploited. Generally speaking the main challenge is to maintain the habitat through the preservation of the tree vegetation. This involves the inclusion of sustainable practices in the application of forest management methods that take into account both the needs of the fauna and the reduction of deforestation rates. Forest quail warrant a greater interest and attention because the understanding of their biology and ecology is very limited.

INTRODUCCIÓN

La fauna silvestre de México ha sido impactada a través de su historia por patrones de cambio de uso del suelo influenciados por elementos socioeconómicos y políticos, lo que ha ocasionado su mala administración, la disminución de su biodiversidad y la pérdida de su hábitat (Valdez et al., 2006). Las codornices que dependen, estrechamente, de la vegetación arbórea para su supervivencia constituyen un buen modelo para analizar la situación de la fauna en el país, ya que en ella encuentran las condiciones de hábitat y clima adecuadas para su desarrollo; su estructura multiestratificada y diversidad florística les brinda protección contra depredadores, sitios para reproducción y disponibilidad de alimento y agua. Asimismo, las políticas de aprovechamiento forestal y de conservación de la biodiversidad inciden en las condiciones en que se mantienen los bosques y, por tanto, en las del hábitat de los animales silvestres; esto es fundamental para su subsistencia, por lo que es crítico entender y proveer las condiciones ambientales que las especies requieren para su desarrollo (Schroeder et al., 2009).

Las codornices silvestres pertenecen al grupo de aves conocidas como gallináceas (orden Galliformes), uno de los más diversos del mundo, con aproximadamente 300 especies y un alto valor comercial y ecológico (Johnsgard, 1988; Roth y Merz, 1997; Cox et al., 2007). Varias de estas, como Gallus gallus (Linnaeus, 1758) (gallo silvestre) y Meleagris gallopavo Linnaeus, 1758 (guajolote silvestre) han sido domesticadas y son el fundamento de la industria avícola mundial (Valadez, 2003; Cox et al., 2007). Son objeto de cacería de subsistencia por la población rural en casi todos los países donde se encuentran (Robinson y Redford, 1991; Silvius et al., 2004). El interés por su aprovechamiento, que en muchos casos llega a la sobreexplotación, junto con la destrucción de su hábitat ha causado que la mayoría de sus taxa estén en riesgo, en particular, las endémicas o las que tienen requerimientos ecológicos restringidos, aunque también, hay que considerar que se desconoce el posible efecto del cambio climático (BirdLife International, 2013).

De las 31 especies de codornices americanas (familia Odontophoridae), 15 de ellas se distribuyen en México (Cuadro 1); siete se asocian con bosques templados de coníferas, bosques húmedos de montaña y selvas altas y medianas: Dendrortyx barbatus Gould, 1846, D. macroura (Jardine & Selby, 1828), D. leucophrys (Gould, 1844), Odontophorus guttatus (Gould, 1838), Dactylortyx thoracicus (Gambel, 1848), Cyrtonyx montezumae (Vigors, 1830) y C. ocellatus (Gould, 1837). Razón por la cual en el presente trabajo se consideran codornices forestales. Son las más frágiles, debido a su baja abundancia y alta dependencia de los ecosistemas en los que habitan; las afectan la deforestación y el sobrepastoreo, y son las menos estudiadas. Las restantes ocho son más abundantes y tienen una amplia distribución en matorrales y pastizales semiáriados, donde los principales factores que influyen en la dinámica de sus poblaciones son la cantidad y el periodo de precipitación (Leopold, 1965; Johnsgard, 1988). Siete codornices mexicanas tienen alguna categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Semarnat, 2010), cuatro son endémicas de México y casi todas son cazadas con fines alimenticios o cinegéticos, legal o ilegalmente (Cuadro 1).

Este documento tiene como propósito analizar la situación de la conservación y manejo de la fauna silvestre en México, para ello se usa como ejemplo el caso de las codornices que prosperan en ecosistemas forestales, especialmente bosques y selvas. En primer lugar, se hace un relato de los cambios históricos en las políticas de manejo forestal, para después presentar los de uso y aprovechamiento de la fauna. Por la importancia del hábitat para la conservación de la fauna silvestre, se hace énfasis en la extensión de la vegetación y los factores que inciden en su conservación: la tenencia de los terrenos forestales y los métodos de manejo que se aplican en el país.

Políticas de manejo forestal

La vegetación forestal y las codornices. México se distingue por la diversidad y extensión de su vegetación. El Inventario Nacional Forestal 2004-2009 (Conafor, 2012) indica que 71 % de su territorio corresponde a ecosistemas forestales, de los cuales los matorrales de zonas áridas y semiáridas cubren 41 %, las selvas 22 % y los bosques 24 %; el restante 13 % está cubierto por otras áreas forestales (12 %) y manglares (1 %). Cinco codornices dependen para su supervivencia del bosque húmedo de montaña (Cuadro 1), también denominado bosque de neblina o bosque mesófilo de montaña y que ocupa menos de 1 % del territorio nacional en altitudes entre 1 000 y 2 500 m, por encima de las comunidades tropicales de tierras bajas y por debajo de los bosques templados de las regiones montañosas. Este tipo de vegetación es de particular interés para la conservación de la biodiversidad, por los servicios ambientales que presta, por la riqueza vegetal que allí se alberga, por su papel en el mantenimiento de los ciclos hidrológicos y de nutrientes, por su estado altamente fragmentado, y por el alto nivel de amenaza al que está expuesto (Conabio, 2010; Villaseñor, 2010).

La composición y estructura actual de los bosques mexicanos son el resultado de los diferentes procesos y sistemas de aprovechamiento a los que fueron sujetos en el pasado. A lo anterior se añaden diversos agentes de deforestación y disturbio, como el cambio climático, el sobrepastoreo, la extracción ilegal de madera, los incendios intencionales, las plagas y enfermedades, el cambio de uso del suelo y la extracción de recursos no maderables (Conabio, 2010). Las codornices de las zonas boscosas prefieren sitios con un estrato arbustivo denso y dosel cerrado, características que se pierden o son afectadas por los factores mencionados. Para su manejo y conservación es importante considerar el efecto de la tenencia de la tierra y de la aplicación de diferentes métodos de manejo forestal. A continuación se presenta una breve reseña de ambos temas.

Es importante considerar la diferencia entre la propiedad de la superficie forestal y la que ocupa el arbolado. Del total de la primera, 4 % es de propiedad pública, 33 % es de propiedad privada y 39 % de propiedad social (ejidos y comunidades); mientras que 24 % se cita como sin definición de propiedad, de acuerdo al Registro Agrario Nacional (RAN, 2009 citado por Conafor, 2012). Por otro lado, 50 % del área arbolada es de propiedad ejidal (34 %) y comunal (16 %), 26 % es privada, 4 % pública y 20 % carece de registro del tipo de propiedad, la cual, probablemente, está en litigio, por lo que son áreas excluidas de manejo y protección donde el riesgo de deforestación y degradación es mayor (Blaser et al., 2011; Conafor, 2012). Aunque la mitad de la superficie cubierta de masas arbóreas en México está en manos de ejidos y comunidades, solo en un tercio de ellos se llevan a cabo actividades de manejo, y menos de una quinta parte es gestionada por propietarios privados (Blaser et al., 2011; Hatcher y Bailey, 2011).

El manejo forestal comunal de los bosques es una alternativa de conservación de la cobertura vegetal nativa tan efectiva para evitar la deforestación, como la que se desempeña en las áreas naturales protegidas (Durán-Medina et al., 2007). No obstante que existen normas oficiales para mitigar los efectos de los aprovechamientos forestales sobre la fauna (INE, 1994b), generalmente, no se aplican en los ejidos y comunidades. Al comparar la abundancia de Dendrortyx macroura (Jardine & Selby, 1828) en el bosque de coníferas de un parque nacional y el de una comunidad indígena cercana en la que se aplica el Método de Desarrollo Silvícola (MDS) para la obtención de madera, se obtuvieron densidades de 42.9 individuos km-² en el primer sitio y 7.8 individuos km-² en el segundo (Chávez-León y Velázquez, 2004). Esto indica, que aunque la comunidad ha evitado la deforestación, no se han puesto en práctica las medidas requeridas para aminorar los efectos de las actividades forestales en el hábitat la codorniz, especie indicadora de las condiciones de conservación de los bosques donde se desarrolla.

Antecedentes históricos del uso de los bosques. El aprovechamiento comercial de los bosques en México inició desde finales del siglo XIX, a partir de grandes concesiones de tierras a empresas privadas para talar madera, construir caminos y abrir minas. No existían regulaciones para la extracción y las explotaciones eran de un claro estilo de "minería forestal". En las selvas del sureste se cortaron grandes volúmenes de madera de Haematoxylum campechianum L. y Swietenia macrophylla King para exportación (Boyer, 2007; Merino-Pérez y Segura-Warnholtz, 2007).

Después de la Revolución Mexicana comenzó la reglamentación del dominio directo de la nación sobre los recursos forestales y su aprovechamiento. A partir de entonces, las políticas de manejo de bosques han progresado por varios periodos históricos: 1) el de las concesiones a empresas privadas y vedas forestales, que ocasionaron una fuerte desvalorización de los bosques entre las comunidades afectadas por esas políticas; 2) las concesiones a empresas paraestatales; 3) el surgimiento de empresas forestales comunitarias; 4) la globalización económica e incertidumbre de políticas; y 5) el desarrollo actual de políticas forestales innovadoras en el contexto de la transición política (Simonian, 1999; Merino-Pérez y Segura-Warnholtz, 2007; Merino y Martínez, 2013).

Las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX se distinguieron por las estrategias de colonización que promovían la migración desde las áreas densamente pobladas del centro del país, a las zonas tropicales. Los campesinos recibían subsidios que se otorgaban a través del Programa Nacional de Ganaderización y de la Comisión Nacional de Desmontes para financiar la eliminación de las selvas. Al final de esa época 80 % de las selvas húmedas que originalmente existían en México, habían desaparecido (Merino-Pérez y Segura-Warnholtz, 2007).

En la actualidad, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) exigen que el aprovechamiento de madera se realice con base en planes de manejo, previamente autorizados (Cámara de Diputados, 2013a; Cámara de Diputados, 2013b). Estos incluyen acciones concernientes a la protección y conservación de los suelos, de las fuentes de agua y de la flora y la fauna silvestres, y excluyen del mismo a las áreas de distribución de especies en riesgo (INE, 1994a; INE, 1994b). En superficies con relieve accidentado y suelos de fácil erosión se debe evitar la corta por el método de Matarrasa: aquel que remueve todo el arbolado para propiciar la regeneración de una nueva masa (Mas, 2009).

Manejo forestal. En el territorio nacional se practican diversos sistemas de aprovechamiento forestal basados en la regeneración natural. Cada vez se utilizan más los mixtos dentro de un mismo predio; es decir se usan sistemas de ordenamiento de bosques regulares e irregulares. La tendencia es combinar el aprovechamiento de recursos maderables y no maderables, así como incorporar la protección y uso de los servicios ambientales. De los distintos métodos y sistemas que permite la ley (NOM-152-SEMARNAT-2006) (Semarnat, 2008), los más usados son el MDS, el Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), el Método Mexicano de Ordenación de Montes (MMOM) y el Sistema de Conservación y Desarrollo Silvícola (SICODESI), usados principalmente en bosques templados de coníferas.

En las selvas de la Península de Yucatán se utilizan métodos policíclicos de extracción selectiva de maderas preciosas, así como de maderas de menor valor económico (Ordóñez, 2008; Blaser et al., 2011). En algunas comunidades se emplean tanto el MMOBI como el SICODESI en zonas planas y el MMOM, que ocasiona menos disturbio, en las laderas de menor pendiente donde existen mayores riesgos de erosión del suelo (Durán-Medina et al., 2007). En el trópico los métodos selectivos se enfocan en maderas preciosas, como S. macrophylla y Cedrela odorata L., cuya densidad es muy baja (Vester y Navarro-Martínez, 2007), de allí que la intensidad de las intervenciones forestales sea muy reducida y se establezcan una serie de claros que permitan su regeneración (Durán-Medina et al., 2007). Todos estos sistemas modifican la composición florística y estructura multiestratificada de la vegetación forestal, por lo que si no se mitigan sus efectos en la fauna, pueden causar la pérdida de las condiciones del hábitat requerido por las codornices, en particular.

Por otro lado, existen esquemas de subsidio gubernamental para las comunidades y particulares que optan por dedicar sus bosques exclusivamente a la prestación de servicios ambientales y conservación de la biodiversidad, en lugar de la producción de madera (Blaser et al., 2011; Hatcher y Bailey, 2011; Merino et al., 2013a). Ejemplos son el Programa de Conservación Comunitaria de la Biodiversidad (Coinbio, en coordinación con los gobiernos de Michoacán, Guerrero y Oaxaca), el Fondo Patrimonial de Biodiversidad (FPB) y el Programa para Promover Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes (PSA), todos ellos administrados por el Gobierno Federal por medio de la Comisión Nacional Forestal (Conafor, 2014).

Existen puntos de vista divergentes sobre la tendencia de la deforestación en los países tropicales. Por un lado, se considera que como consecuencia de la crisis económica mundial es de esperarse un aumento de la explotación maderera ilegal, debido a la desaparición de empleos, la expansión de cultivos de subsistencia y la consiguiente deforestación y degradación (Hatcher y Bailey, 2011; Merino et al., 2013b). Factores que afectarían de manera negativa a la fauna forestal, dificultando su conservación y posible manejo. Además, se ha propuesto que varios de ellos han ayudado a reducir la pérdida de los bosques, los cuales incluyen un mayor apoyo de los gobiernos a la silvicultura y la conservación; la disminución de precios de productos agrícolas; un desplazamiento general de pobladores rurales hacia centros urbanos, con el consiguiente abandono de sus parcelas de cultivo; y la poca aptitud para la agricultura de la mayor parte de las tierras forestales restantes (Blaser et al., 2011).

Retos de conservación y manejo

Antecedentes legales. Para tener una mejor idea de la situación actual de las codornices y su hábitat en el territorio nacional es necesario conocer los antecedentes legales establecidos para la gestión de la fauna, y así poder reconocer los desafíos para su conservación. Durante la segunda mitad del siglo XIX se intentó normar el uso de la fauna silvestre por primera vez en el México Independiente. En 1870 se establecieron en el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales las primeras disposiciones para regular la cacería, que solo le atribuía valor a la fauna cinegética; y se mantuvieron vigentes hasta 1932 (Leopold, 1965). Esas regulaciones concebían a la fauna como un bien común y el derecho de caza y de apropiarse de sus productos eran libres en terrenos públicos, pero se tenía que contar con el permiso de los dueños en terrenos particulares (Retana, 2006).

Durante la primera mitad del siglo XX, la administración de la fauna silvestre se realizó desde una perspectiva de explotación comercial y de uso cinegético, pero incluyó las primeras acciones para su protección, como el establecimiento de vedas para especies sobreexplotadas y de refugios contra la caza comercial (Valdez et al., 2006). En 1936 se firmó el Convenio para la Protección de las Aves Migratorias y de Mamíferos Cinegéticos entre México y los Estados Unidos de América (EUA), en el que se proponía el establecimiento de refugios y de medidas para el aprovechamiento de aves migratorias, y se decretaba la protección de las aves insectívoras, las cinegéticas, las canoras y de ornato (Leopold, 1965).

Con respecto a las codornices, a fines de la década de 1930 se dio un importante avance al descubrir las autoridades un tráfico ilegal anual superior a 150 000 ejemplares ingresados a EUA, por lo que suspendieron la expedición de permisos para su explotación. Se acordaron las vedas para distintas especies de caza, se promulgaron acuerdos que prohibían la exportación de animales de caza, vivos o muertos, de sus pieles y despojos que procedieran de Baja California; se declararon nuevas zonas de refugio natural para la fauna silvestre; y se propusieron reservas forestales y de la fauna en la frontera con EUA (Retana, 2006).

En 1940 se emitió la primera Ley de Caza, sin embargo en 1944 la publicación de un decreto revirtió sus pocos logros, ya que en este se legalizaba el lucro y la apropiación de la fauna nacional, principalmente codornices, para repoblar zonas en el extranjero (Simonian, 1999). En esa etapa predominó una visión de sobreexplotación; además del exterminio de depredadores, como coyotes, lobos y felinos. Por fortuna, dejó de operar, legalmente, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Caza de 1952, que prohibía, por primera vez, la cacería con fines comerciales; aunque esta situación continuaría sin ser regulada por varios años más. También establecía que la fauna era propiedad de la Nación y su conservación, restauración y fomento era de utilidad pública (Leopold, 1965; Retana, 2006; Valdez et al., 2006). Dicha ley solo reglamentaba la actividad cinegética, como lo indica su nombre, que aunada a la falta de expedición de su reglamento impidió el manejo integral de todas las especies animales y de su hábitat (Simonian, 1999).

Compromisos asumidos por el país en la forma de convenios, acuerdos y oportunidades de cooperación dieron como resultado un creciente cuerpo normativo, una experiencia institucional que se ha ido consolidando y una organización ciudadana más activa, exigente y educada. Lo anterior ha permitido ampliar la visión de la preservación y uso sustentable de la fauna silvestre y su hábitat, como parte de la conservación de la diversidad biológica.

En 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) para intentar corregir las deficiencias de ordenamiento legal en gestión ecológica y ambiental, además de ser la segunda ley en la historia de México que dispone regulaciones para el aprovechamiento y preservación de la fauna silvestre en general (Cámara de Diputados, 2013b). Las entidades administrativas federales a cargo de la gestión de la fauna y su hábitat se reorganizaron y unificaron. Una de sus primeras actividades fue el desarrollo de un diagnóstico de su situación y su administración; a partir del cual se estableció el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000 (PCVSDP) (Semarnap, 1997), con el propósito de crear incentivos para la generación de ingresos, empleo y divisas en las áreas rurales, de manera entrelazada con la conservación de grandes extensiones de hábitat para la fauna y flora silvestres mediante una mayor asociación e información económica, social, técnica y científica (Simonian, 1999; Valdez et al., 2006).

En el año 2000 se publicó la nueva Ley General de Vida Silvestre (LGVS), que derogó la antigua Ley Federal de Caza de 1952 (Cámara de Diputados, 2013c), lo que complementó las disposiciones de la LGEEPA y las normas oficiales mexicanas ya existentes en materia de uso, manejo, conocimiento y conservación de la fauna silvestre.

En un análisis del aporte de las UMA a los productores rurales en Baja California, se demostró que a diferencia de los predios en los cuales se practicaba la cacería legal con una ganancia marginal, en los ranchos que operaban de manera empresarial el aprovechamiento de fauna fue una actividad más rentable. El estudio sugiere que este enfoque empresarial permite dar un valor agregado al uso del recurso, lo que se refleja en utilidades notablemente mayores y en la generación de empleos (Contreras-Gil et al., 2010). La LGVS también considera, por primera vez, la transferencia de facultades del orden federal al local en la materia, y con ello, el inicio de un proceso de descentralización. A la fecha, todos los gobiernos estatales de la frontera norte se han integrado a este proceso, por lo que tienen capacidad para autorizar, registrar y supervisar técnicamente el establecimiento de UMA (Schroeder et al., 2009; Semarnat, 2014c).

El concepto de las UMA es un avance, respecto a la manera desorganizada de realizar el aprovechamiento cinegético anteriormente, ya que promueve la revaloración de los recursos naturales, la diversificación productiva de los poseedores de la tierra y su participación bajo el concepto de que ello se traduciría en una mejor conservación de los recursos naturales (Contreras-Gil et al., 2010). Sin embargo, el modelo sigue siendo polémico y aún tiene serios problemas de implementación (Gallina-Tessaro et al., 2009).

En general, los planes de manejo no utilizan información científica para la elaboración de objetivos cuantificables y rigurosos (Schroeder et al., 2009). Otro problema ha sido el seguimiento que se les da para determinar el cumplimiento de las premisas de uso sustentable. Por ejemplo, un análisis de las autorizaciones de aprovechamiento cinegético para nueve especies de aves y mamíferos, incluyendo las codornices Callipepla gambelii (Gambel, 1843), Oreortyx pictus (Douglas, 1829) y Callipepla californica Shaw, 1798, otorgadas para la temporada 2005-2006 en Baja California concluyó que las tasas autorizadas no eran congruentes con las poblaciones reales, ya que se carecía de estudios regionales recientes sobre el particular (Contreras-Gil et al., 2007). Se requiere de un sistema de monitoreo regional para determinar tasas de aprovechamiento medias y máximas, y verificar en campo los sitios donde las cuotas sean atípicas para autorizarlas cuando exista un manejo intensivo que las justifique. También es necesario realizar investigaciones biológicas para establecer, con fundamento científico, las épocas hábiles y que apoyen objetivos detallados, así como modelos sobre la calidad del hábitat (Schroeder et al., 2009).

Otro de los problemas de las UMA radica en los canales de comercialización y mercados, puesto que vender los ejemplares y sus productos de manera legal aumenta los costos, lo que dificulta competir con la cacería ilegal. La forma de revertir esa situación esto es la aplicación de inspecciones y sanciones oficiales (Huerta, 2005). No obstante, la autoridad encargada de hacerlo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha mostrado debilidad institucional y falta de personal e infraestructura suficientes para ello (Merino et al., 2013b). Aunque la modernización del marco jurídico representa un gran avance, no significa que se cumpla. Dadas las condiciones económicas y sociales que prevalecen en México, las normas existentes representan, en el mejor de los casos, un marco ideal o teórico que en muchos casos no se aplica plenamente (Retana, 2006). Cuenta también con contradicciones y omisiones. Un ejemplo son los taxa incluidos en los calendarios de épocas hábiles de aprovechamiento y que al mismo tiempo están en los listados de especies en riesgo, como Cyrtonyx montezumae (Vigors, 1830), que en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Semarnat, 2010) se designa con la categoría de especie sujeta a protección especial, y la subespecie del Pacífico C. m. sallei J. Verreaux, 1859 como amenazada. El marco reglamentario no considera a las codornices como especies prioritarias ni establece programas específicos para la protección de su hábitat. Tales acciones se realizan, principalmente, por los prestadores de servicios cinegéticos o en las UMA que tienen poblaciones y autorización para su explotación, en el norte y el centro del país. De esto se puede concluir que las codornices mexicanas reciben poca atención para su conservación y manejo, pese a su alto valor económico y ecológico.

En México se continúa cazando ilegalmente a todas las codornices sin ninguna consideración a las normas legales, ya sea intencionalmente o por desconocimiento de las mismas. La cacería de subsistencia se practica principalmente en las zonas más aisladas del país, aunque posiblemente sea más por costumbre o tradición que por necesidad. Es necesario evaluar el impacto de la cacería furtiva en las poblaciones silvestres, así como el efecto que ha tenido la regulación de la cacería de subsistencia conforme a lo establecido en la LGVS.

CONCLUSIONES

Aunque ha sido un logro dar una valoración económica a la fauna para los propietarios de los bosques y selvas mediante las UMA, estas deben ser reforzadas con conocimiento y monitoreo científico sobre la biología y ecología de las poblaciones de codornices presentes en ellas, a fin de que realmente logren cumplir con su objetivo de un uso sustentable y para los habitantes rurales. El principal reto para la conservación de las codornices de ecosistemas arbolados es mantener las condiciones adecuadas de su hábitat, lo que se puede lograr mediante prácticas de manejo y conservación de la vegetación natural. Lo anterior, requiere de acciones que consideren las necesidades de la fauna para la aplicación de los métodos de manejo forestal, así como la disminución de la deforestación. Para ello, es fundamental la participación social organizada y la solución de los problemas socioeconómicos que inciden en la sobreexplotación de los recursos naturales de México.

Existe poca información sobre la mayoría de las especies de codornices mexicanas, por lo que resulta indispensable la realización de estudios detallados sobre su estado de conservación, tasas de aprovechamiento y análisis de su hábitat; además de generar datos sobre su historia de vida, tamaño de poblaciones y distribución ecológica y geográfica. Es importante determinar el efecto del cambio climático en la distribución de los ecosistemas arbolados en donde habitan las codornices, y su adaptación a ese fenómeno. Las codornices forestales justifican un mayor interés y atención, ya que la comprensión de su biología y ecología es muy limitada y se les debe dar prioridad. También es importante se necesita generar conocimiento sobre el impacto de la caza y los cambios de uso del suelo en las poblaciones de esas aves.

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