El excepcionalismo estadunidense y los derechos humanos: los retos de Obama tras el desastre de George W. Bush

U.S. Exceptionalism and Human Rights: Obama’s Challenges after George W. Bush’s Disaster

Ariadna Estévez López^*

^*Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. <aestevez@servidor.unam.mx>

En este artículo se argumenta que el ex presidente de Estados Unidos, el republicano George W. Bush, radicalizó de tal forma el excepcionalismo estadunidense en materia de derechos humanos que el nuevo presidente, el demócrata Barack Obama, tendrá que definirlo en función de reparar los daños sin precedentes causados por la administración de su antecesor. Bush no solamente superó lo hasta ahora conocido como excepcionalismo estadunidense, sino que socavó la autoridad moral de Estados Unidos para predicar su destino manifiesto. Caracterizando teórica e históricamente el excepcionalismo estadunidense, el artículo ubica el excepcionalismo de Bush y examina los daños ocasionados con sus acciones en Guantánamo, así como su actitud hacia la tortura y los valores de los derechos humanos, y de esta forma aventura los retos que tiene Obama para rescatar la legitimidad y autoridad moral de su país.

Palabras clave: Derechos humanos, política exterior, excepcionalismo, justicia internacional, Guantánamo.

Abstract

This article argues that GeorgeW. Bush, former Republican president of the United States, radicalized U.S. exceptionalism in human rights matters to such a degree that the new president, Democrat Barak Obama, will have to define it in order to repair the unprecedented damage done by his predecessor’s administration. Bush not only went beyond what has up until now been known as U.S. exceptionalism, but he also undermined the country’s moral authority for preaching its manifest destiny. Presenting a theoretical and historical characterization of U.S. exceptionalism, the article situates Bush’s version and examines the damage caused by his actions in Guantánamo and his attitude toward torture and human rights values. Based on this, it ventures a sketch of the challenges Obama faces for recovering his country’s legitimacy and moral authority.

Key words: human rights, foreign policy, exceptionalism, international justice, Guantánamo.

La política exterior de cualquier país comprende tres tipos de intereses: de seguridad, económicos y "otros" (Donnelly, 2007). Entre los últimos, entran los derechos humanos. Desde hace décadas, Estados Unidos ha tenido una actitud proactiva en la promoción –a veces imposición– de los derechos humanos y la democracia en su política exterior, por lo que éstos se han constituido en elementos aceptados por ésta.

Definidos en su acepción mínima, la de libertades civiles y políticas, los derechos humanos motivan que el gobierno de Estados Unidos y las organizaciones no gubernamentales financiadas por el mismo gobierno promuevan programas de reforma electoral y judicial, así como de fortalecimiento de la sociedad civil en países con democracias liberales débiles o inexistentes. Sin embargo, paralelamente, el gobierno estadunidense utiliza estándares diferentes para medirse a sí mismo y a sus aliados tanto comerciales como políticos en su compromiso con estos ideales. De esta forma, ha patrocinado golpes de Estado en el Cono Sur y se ha hecho de la vista gorda ante las violaciones a los derechos humanos en China. Asimismo, ha logrado imponer reservas graves en instancias multilaterales como la Corte Penal Internacional (CPI) o se ha negado a firmar y ratificar los instrumentos multilaterales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta actitud esquizofrénica frente a la promoción de los derechos humanos en su política exterior es lo que se ha denominado el excepcionalismo estadunidense (American Exceptionalism). Cabe señalar que éste nunca es igual, en cada administración se manifiesta de modo distinto dependiendo de la coyuntura internacional, del partido del que provenga el presidente e incluso de la personalidad del mismo.

Para desarrollar este argumento, primero se explicará conceptualmente el excepcionalismo estadunidense y después se caracterizará históricamente. Luego se explicará dónde se ubica el gobierno de W. Bush en este contexto teórico–político, con base en su actitud frente a la tortura, los detenidos de Guantánamo y Abu Ghraib, y los cambios discursivos en materia de derechos humanos. Finalmente, se aventurará un posible camino que Obama puede seguir para revertir la pérdida de autoridad moral que devino en este desastre.

DEFINICIÓN Y EXPLICACIÓN DEL EXCEPCIONALISMO

Forsythe distingue entre el excepcionalismo moral y el histórico (Forsythe, 1995). El excepcionalismo moral parte de la idea de que el estadunidense es un pueblo con una virtud inherente, un pueblo excepcionalmente bueno, con un compromiso con la libertad y los derechos individuales. Por ello, su sociedad y su gobierno, construidos sobre la noción de libertad individual, son modelos que se pueden exportar al resto del mundo (Donnelly, 2007). El idealismo del excepcionalismo estadunidense tiene su expresión en la cultura política que Tocqueville describió en Democracy in America. Esta cultura se encuentra fundamentada en un compromiso con la libertad, la igualdad, el individualismo y los valores del laissez–faire, fundamentalmente el derecho a la propiedad privada. Para Wilson, quien cree firmemente en la fuerza moral del excepcionalismo, estos valores se han arraigado en la cultura política estadunidense por la importancia que tiene para el imaginario de ese pueblo la Constitución que los promulga, así como el apego de ésta al federalismo y la democracia procedimental (Wilson, 2006). Los verdaderos derechos humanos en esta visión son los derechos civiles y políticos reconocidos en la Constitución, y se construyen desde abajo, con base en la sabiduría y la experiencia estadunidenses; los verdaderos derechos humanos no pueden ser impuestos desde arriba con la legislación internacional, así que no pueden ser importados. Por el contrario, deben ser exportados (Forsythe, 2002).

Forsythe es crítico del excepcionalismo moral y cree que todos estos valores se han convertido en una religión secular que, si bien muy publicitada, en realidad se cumple poco, sobre todo al interior del país, donde el racismo y la intolerancia religiosa han marcado periodos históricos. Peor aún, Estados Unidos reclama la universalidad de sus valores, pero en realidad está imponiendo su particularismo cultural y nacional al descartar los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos como valores existentes en otras sociedades (Forsythe, 2002).

El dilema histórico de los gobernantes en turno no ha sido decidir si este excepcionalismo moral tiene fundamento o si es moralmente correcto imponer sus valores a otros; más bien, ha sido escoger la estrategia más apropiada para exportar las ideas de libertad y democracia. Las diferentes estrategias elegidas por los presidentes en turno conforman el excepcionalismo histórico. Durante un tiempo, se promovieron los valores libertarios hacia el interior de la propia sociedad estadunidense, con lo cual se deseaba darle una lección al mundo de lo que es una nación comprometida con los valores democráticos y de libertad. Sin embargo, el creciente poder de Estados Unidos ha modificado esta noción. Desde la década de los setenta, la estrategia preferida de los presidentes estadunidenses para promover el excepcionalismo moral ha sido el activismo político a través de la política exterior, en vez de la pasividad a través del ejemplo desde dentro. Como se mencionó antes, el activismo político de los presidentes en turno para promover el excepcionalismo moral del pueblo estadunidense no ha sido uniforme, tanto por razones vinculadas con las relaciones internacionales como por la política personal y partidista de cada mandatario.

Esta caracterización del excepcionalismo moral y del histórico no es absoluta. En la opinión de Ignatieff, lo que merece una explicación académica no es la pretensión de excepcionalidad moral del pueblo estadunidense o las estrategias escogidas históricamente para ello. Para él, lo que es verdaderamente excepcional y merece explicación teórica es la paradoja de simultáneamente promover los derechos humanos y de atropellar los instrumentos que los protegen. En este sentido, el excepcionalismo estadunidense se compone de cuando menos tres elementos: la tendencia a exceptuarse a sí mismo de los estándares que aplica a los demás, los dobles estándares para naciones amigas y enemigas, y el aislamiento legal (Ignatieff, 2005). En primer lugar, Estados Unidos firma tratados y leyes de derechos humanos y humanitarios, y luego se exenta a sí mismo de sus prescripciones, estableciendo reservas, no ratificándolos o simplemente no firmándolos. Esta clase de excepcionalismo es la que se conoce también como "excepcionalismo excepcional" (Mertus, 2003). Esto ha sucedido en el caso de la CPI, la cual fue ideada para funcionar como el Tribunal de Nuremberg, que a su vez se inspiró en la forma en que funcionan las cortes estadunidenses. La creación de la CPI fue autorizada en 1998 a través del Estatuto de Roma, el cual fue aprobado por 96 estados, incluyendo Estados Unidos, quien en su excepcionalismo excepcional cabildeó para que ninguno de sus políticos, diplomáticos o militares pudieran ser sujetos de juicio en ella. No obstante, en 2002, George W. Bush tomó la iniciativa sin precedente de desfirmar el Estatuto de Roma, el cual había sido signado por Clinton, aunque no sometido todavía a ratificación por el Senado. Después, Estados Unidos también retiró la ayuda para la cooperación a países que no accedieron a dar inmunidad a los estadunidenses en la Corte, como les exigió (Meyer, 2004).

Lo mismo ocurre con la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, instituciones autónomas relacionadas con la Organización de los Estados Americanos (OEA). Estados Unidos es un actor hegemónico en las negociaciones políticas de la OEA y promueve en ella los valores de los derechos humanos. No obstante, se ha desentendido de las recomendaciones de la Corte y la Comisión en materia de migración y pena de muerte, corroborando programas como el Gatekeeper y sentencias de ejecución contra mexicanos.

En segundo lugar, el gobierno de Estados Unidos mantiene un doble estándar en su criterio de aplicación de los principios de derechos humanos y democráticos, pues los que aplica para sí mismo y sus amigos son en exceso laxos y permisivos, y los que aplica a sus enemigos o no tan amigos son mucho más estrictos (Ignatieff, 2005). El caso más paradigmático de este doble estándar es la tolerancia que mantiene hacia Turquía e Israel y sus respectivos historiales de derechos humamos. La pasividad frente a estos aliados que le proporcionan apoyo político contrasta con su determinación a intervenir en lugares como Kosovo, donde las condiciones de represión contra grupos separatistas eran similares a las de esos países.

Para muchos, el doble estándar es la forma más peligrosa y dañina del excepcionalismo porque coloca a Estados Unidos en el mismo nivel que los regímenes más represivos y socava el liderazgo mundial que sus pretensiones de excepcionalidad moral le reclaman (Hongju Koh, 2004). Por ejemplo, Turner (2003) dice que fue este doble estándar lo que le costó a Estados Unidos su lugar en la otrora Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Si quiere recuperar este liderazgo debe renovar su compromiso con el institucionalismo multilateral, lo cual se antoja difícil no solamente por los dobles estándares, sino también por los otros elementos del excepcionalismo que lo empujan cada vez más al unilaterialismo (Turner, 2003).

En tercer lugar, se encuentra el aislamiento legal. Estados Unidos niega la jurisdicción de la legislación internacional o de otras jurisprudencias de derechos humanos dentro de su propia legislación interna, argumentando la superioridad de su propia tradición constitucional en materia de protección de las libertades civiles y políticas. Por ejemplo, la legislación internacional pone mayores límites que la estadunidense a la libertad personal y de expresión cuando algo se contrapone al orden público (Ignatieff, 2005). Asimismo, la legislación estadunidense no prevé la suspensión de las garantías durante situaciones de emergencia. Sin embargo, la diferencia más marcada entre la legislación estadunidense y la internacional es la relativa al reconocimiento de derechos sociales y económicos; mientras que los derechos a la seguridad social, la vivienda, la alimentación, la salud y la educación son fundamentales en constituciones como las europeas o la mexicana, así como en la legislación internacional de derechos humanos, Estados Unidos no reconoce estos derechos como tales. En contraste, reconoce el derecho a portar armas. Por ello, se ha negado a firmar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños. Donnelly (2007) señala que esto lleva a una desviación de la concepción de los derechos humanos que los propios estadunidenses tienen desde dentro, pues dejan de ver problemas tan graves como la falta de acceso a los servicios médicos, o como violaciones al derecho a la salud, o la brutalidad policiaca como un escandaloso caso de tortura y tratos y penas crueles y degradantes.

Finalmente, vale la pena completar la tipología de Ignatieff (2005) con un cuarto elemento, el cual Donnelly identifica como el excepcionalismo intervencionista. Este tipo de excepcionalismo enfatiza una misión activa de Estados Unidos para diseminar sus valores a través de la intervención política directa o incluso la fuerza militar. Según Donnelly, esta versión del excepcionalismo ha llevado a homologar los intereses internacionales de Estados Unidos con los principios de la democracia y los derechos humanos. Por ejemplo, dice, en la era de la guerra fría, la lógica era que el comunismo era opuesto a los derechos humanos, y como Estados Unidos privilegia los derechos humanos, la acción de este país en contra del comunismo era una acción a favor de los derechos humanos (Donnelly, 2007). Al mismo tiempo, este tipo de excepcionalismo tiene intereses ajenos a los derechos humanos, como lo muestran las investigaciones de la periodista Samantha Power, quien evidenció que son los intereses de Estados Unidos y no los valores de la democracia y los derechos humanos los que fueron determinantes para no intervenir en casos como la crisis humanitaria en Ruanda (Power, 2005).

Con esta actitud, Estados Unidos busca evitar alianzas y compromisos políticos con la comunidad internacional en mecanismos que no controla. Sin embargo, el aislamiento legal se convierte en unilateralismo, es decir, la elección unilateral de no involucrarse a profundidad en asuntos internacionales (Forsythe, 2002). Como dice Ignatieff (2005), mientras que Occidente se presenta como un bloque común unificado por los derechos humanos, su líder, Estados Unidos se aparta cada vez más, se aísla de esta visión multilateral de los derechos humanos que se encuentra al centro del debate Occidente–Oriente.

Por otra parte, la explicación de por qué ocurre un fenómeno como el excepcionalismo en Estados Unidos no es fácil, y diversos autores tienen diferentes visiones. Según Forsythe, la política exterior de Estados Unidos está marcada por el excepcionalismo moral e histórico, el unilateralismo, el liberalismo y el realismo. Para este autor, los excepcionalismos moral e histórico, ya explicados arriba, y el unilateralismo, que es el resultado del aislamiento legal, como se discutió anteriormente, confluyen con dos tradiciones internacionalistas aparentemente contradictorias (Forsythe, 2002). Por un lado, el realismo busca explicar el mundo como en realidad es y no como debería ser, es decir, un mundo peligroso e inseguro donde la violencia no es deseable y sin embargo es endémica. El ámbito internacional está definido por el conflicto, la sospecha y la competencia. Como el Estado es la autoridad política suprema en el mundo, la política exterior realista enfatiza el ejercicio del poder coercitivo de los Estados. Para explicar el comportamiento violento de los Estados, es necesario enfocarse en el rol del poder y la importancia de los más poderosos –los grandes poderes–. Según esta visión, la política nacional debe ser dura e interesada, y la principal meta es promover intereses nacionales egoístas a través de un equilibrio o superioridad de fuerza militar, no difundir los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, que son valores del liberalismo, el cual es visto por los realistas como idealista e ingenuo (Burchill, 2005).

El excepcionalismo estadunidense puede explicarse por el egoísmo interesado del realismo. Un tipo de excepcionalismo realista fue el llevado a cabo en diversas etapas de la guerra fría. Durante esta época el gobierno estadunidense se alió con gobiernos autoritarios y ayudó a desbancar gobiernos de izquierda democráticos para contener la expansión soviética. Por ejemplo, se abstuvo de perseguir a criminales de guerra japoneses y alemanes porque podía utilizar sus talentos para combatir a los soviéticos, y en cambio ayudó a derribar los gobiernos de izquierda de Guatemala (1954) y de Chile (1973) por sus restricciones a los derechos de propiedad privada, contribuyendo con ello a masivas violaciones de derechos civiles y políticos en esos países (Forsythe, 2002).

Por otro lado, en términos generales, el liberalismo se fundamenta en la idea de que los individuos deben estar libres del uso arbitrario del poder estatal y promueve la libertad política e individual, la democracia y los derechos constitucionales, además de que ha privilegiado la libertad del individuo y la igualdad frente a la ley (Gray, 1995; Burchill, 2005). En las relaciones internacionales, el principal objetivo de la política exterior liberal es hacer el mayor bien posible a todos los individuos y no solamente perseguir intereses nacionales limitados y egoístas a través del poder coercitivo. La política exterior de derechos humanos de Estados Unidos ha sido liberal en este sentido, pues impulsó fuertemente la creación de la ONU y la declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en la segunda posguerra. De hecho, dice Forsythe, el liberalismo le queda bien al activismo político con el que se fomenta el excepcionalismo moral estadunidense, pues si este país refleja la idea liberal de libertad, y si ésta es universalmente válida y no simplemente un asunto de particularidad nacional, entonces un rol natural de ese país es promover los derechos humanos en el mundo (Forsythe, 2002).

El liberalismo puede ser económico conservador o político. El primero sostiene la libre competencia en los mercados, a los cuales ve como la mejor forma de organización social; asimismo, considera el derecho de propiedad privada como su fundamento. El segundo respalda efectivamente las libertades políticas como la participación y el fortalecimiento de la sociedad civil. La elección de uno u otro tiene una gran importancia en el tipo de estrategia que se escoge para promover el excepcionalismo moral.

Forsythe asegura que el excepcionalismo, el unilateralismo, el realismo y el liberalismo desempeñan un papel importante en la política exterior de derechos humanos de Estados Unidos. En particular, aun cuando se escoge una política realista, existe una retórica liberal que la legitima y la justifica, como en el caso de la política exterior durante la guerra fría, cuando se justificaban acciones realistas bajo el lema liberal de la "defensa del mundo libre". Para los realistas, la retórica liberal era una cortina de humo necesaria para acallar a los críticos liberales, pero sus valores no eran las principales acciones para involucrarse o abstenerse (Forsythe, 2002).

Ignatieff dice que aun cuando esta explicación realista ayuda a entender las razones que tiene Estados Unidos para el excepcionalismo en sus tres elementos (excepcionalismo excepcional, doble estándar y aislamiento legal), no ayuda a explicar cosas como que Estados Unidos ha promovido la legislación internacional que busca evitar, como la DUDH. En su opinión, se necesita más que el realismo para explicar por qué Estados Unidos invierte en un sistema que lo restringe en el ejercicio del poder (Ignatieff, 2005). Ignatieff coincide entonces con Forsythe al apelar a la cultura política estadunidense, o lo que éste denomina excepcionalismo moral, es decir, la creencia en el carácter excepcional del pueblo estadunidense y su compromiso con la libertad y la democracia. Al mismo tiempo el excepcionalismo se define por otras cosas, como la fuerza de las instituciones judiciales y las características de los gobiernos en turno (Ignatieff, 2005).

Para los fines de este artículo, retomaremos elementos del análisis de Forsythe e Ignatieff. Entenderemos el excepcionalismo en sus dimensiones moral e histórica, como lo hace Forsythe; sin embargo, entenderemos que el excepcionalismo histórico –el cual se verá aquí como la descripción política de la promoción del excepcionalismo moral– se encuentra formado por los elementos de excepción, doble estándar y aislamiento legal que describe Ignatieff. La explicación del excepcionalismo es fundamentalmente la de una política realista, aunque se encuentra articulada discursivamente en dos tipos de liberalismo: el económico y el político. La opción de una retórica liberal económica o liberal política depende del partido en el gobierno en turno, como se explicará a continuación.

UNA REVISIÓN HISTÓRICA DEL EXCEPCIONALISMO ESTADUNIDENSE EN DERECHOS HUMANOS

Se puede decir que Estados Unidos empezó a tener una política exterior de derechos humanos hasta después de 1945, en el tiempo de la fundación de la ONU, cuando la administración de Franklin D. Roosevelt apoyó fuertemente la creación de un nuevo orden mundial fundamentado en los principios liberales de libertad e igualdad. Roosevelt había declarado en su informe de gobierno de 1941 que Estados Unidos apoyaría el establecimiento de un nuevo orden mundial en el que los individuos gozarían de cuatro libertades básicas: la libertad para expresarse, la de creer en Dios, la de estar libre de hambre y libre de miedo (Ishay, ed., 1997; Steiner y Alston, 2000).

Estas ideas fueron pilares en la formulación de la DUDH, que estableció tanto derechos civiles y políticos que garantizaban la primera, segunda y cuarta libertades, como derechos económicos, sociales y culturales, que debían garantizar a los individuos del mundo estar libres de hambre. Sin embargo, para posteriores administraciones, una política exterior de derechos humanos como la que apoyó la creación del sistema internacional de derechos humanos dejó de ser una prioridad; el énfasis de la política exterior se centró en la contención del comunismo que ordenaba el contexto de guerra fría (Donnelly, 2007). Sin embargo, a partir de la administración del presidente Jimmy Carter, el activismo político en la promoción del excepcionalismo moral del pueblo estadunidense volvió a ser un punto central en la política exterior (Ishay, ed., 1997; Steiner y Alston, 2000).

La administración demócrata de Carter fue marcadamente liberal en la retórica del presidente, quien desde su toma de poder hizo explícito su compromiso con la promoción de los derechos humanos al exterior. De esta forma, Carter revirtió la política exterior de Estados Unidos respecto de las dictaduras del Cono Sur. Mientras que la administración de Nixon colaboró activamente en la destitución del presidente socialista electo democráticamente Salvador Allende (1973), Carter llamó la atención de la opinión pública en relación con las masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras militares y ningún jefe de las juntas militares gobernando fue invitado para una visita de Estado a Washington. Tampoco se les proporcionó ayuda militar o financiera (Donnelly, 2007).

Sin embargo, esta misma administración tuvo un doble estándar en su política de derechos humanos. Mientras se negaba cualquier apoyo político, militar o económico a las juntas militares de Sudamérica, Carter mantuvo buenas relaciones con el régimen comunista en Polonia, la dictadura en Filipinas y el gobierno autoritario de Arabia Saudita. Dice Forsythe que la cruzada de Carter por los derechos humanos fue en realidad "débil e inconsistente" (Forsythe, 1995:118).

No obstante, la fuerza del excepcionalismo se vería con mayor claridad en la siguiente administración, la del republicano Ronald Reagan. La administración de Reagan estuvo marcada por los dobles estándares y el unilateralismo en su defensa de un liberalismo económico ultraconservador y en una fuerte oposición a los regímenes comunistas, los cuales veía como la mayor y peor amenaza a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. Para él, era más importante detener la amenaza comunista en su zona de influencia –como la de El Salvador y Nicaragua– que promover los derechos humanos en regímenes autoritarios como los de América del Sur, que lejos de presentar una amenaza a los intereses de Estados Unidos los secundaban. Solamente hasta finales de los años ochenta, cuando sopesó que la permanencia de Pinochet en el poder podría reavivar a la izquierda socialista, Reagan patrocinó la salida pacífica del dictador chileno (Forsythe, 1995).

La política exterior de derechos humanos en la administración republicana de George Bush (padre), en cambio, fue menos dogmática en el excepcionalismo moral de Estados Unidos. En realidad, no tuvo un patrón consistente y fue más bien pragmática. Estuvo marcada por un cambio de intereses que obedeció al creciente debilitamiento del bloque comunista. Una vez dominada la amenaza comunista en su zona de influencia, el énfasis se movió al conflicto en Oriente, donde Bush estimó que Sadam Hussein se perfilaba como una amenaza a los intereses petroleros estadunidenses (Forsythe, 1995).

Bush se había opuesto a las intenciones del Congreso de imponer sanciones comerciales a Irak por su dudoso comportamiento en cuanto a derechos humanos, pero después de la invasión de Irak a Kuwait y la amenaza que ello significaba para los intereses estadunidenses, se llevó a cabo la invasión en nombre de los derechos humanos y la democracia. No obstante, la misma exigencia de democratización que se hacía a Irak no se hizo también a Arabia Saudita, que garantizaba el acceso al petróleo y una contención para Irán. Este mismo doble estándar se mantuvo con China, durante la masacre de Tiananmen, la cual el gobierno de Bush condenó públicamente, aunque, en privado, se aseguró de enviar un mensaje de que las relaciones entre ambos países continuarían. En contraste, Bush firmó y promovió la ratificación de la Convención contra la Tortura de la ONU, y ratificó la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos del mismo organismo multilateral (Forsythe, 1995).

Después de tres administraciones republicanas (dos de Reagan y una de Bush), un demócrata volvió a ocupar la presidencia de Estados Unidos. Como Carter, Bill Clinton prometió impulsar la democracia y los derechos humanos en el exterior a través de acciones multilaterales. Por ejemplo, cabildeó apoyo para la firma de instrumentos internacionales de la ONU sobre derechos económicos, sociales y culturales, y de los niños/as y las mujeres; así como de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos. De forma importante, en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, Clinton aceptó la noción del derecho humano al desarrollo, algo que los países de mediano y bajo ingreso habían promovido desde mediados de la década de los setenta para lograr formas de intercambio comercial más favorables para estos países. Los países ricos lo habían rechazado porque podría significar una obligación legal y no sólo moral de transferir riquezas a los países más pobres (Forsythe, 1995).

Sin embargo, aunque Clinton criticó a Bush por su falta de acción hacia China, en su administración él tampoco realizó acciones efectivas. A principios de 1994, a través de una orden ejecutiva, Clinton intentó vincular el estatus comercial de nación más favorecida de China con la necesidad imperiosa de mejorar su situación en lo que concernía a los derechos humanos. No obstante, luego de que en unos meses China no mostrara signos de mejoría, Estados Unidos le impuso una sanción prácticamente simbólica: la prohibición de importación a Estados Unidos de ciertas armas de origen chino, después de lo cual siguió buscando la cooperación de este país en algunos asuntos, como la situación en Corea del Norte e Irán (Forsythe, 1995).

Para resumir, podemos decir que a partir de 1974 lo que el registro empírico del excepcionalismo histórico indica es que mientras todos los presidentes se orientaban por una política realista en la que se pueden ver los cuatro elementos del excepcionalismo (excepcionalismo excepcional, doble estándar, aislamiento legal e intervencionista), los demócratas son más multilateralistas y cosmopolitas en su promoción de los derechos humanos, lo cual matiza sus políticas realistas y la fuerza del excepcionalismo. En contraste, los republicanos manejan una retórica liberal conservadora orientada a la libertad y el derecho a la propiedad y el mercado, lo cual solamente recrudece y radicaliza el realismo de su política exterior de derechos humanos (Forsythe, 1995).

Este patrón fue transformado por el sucesor de Clinton, George W. Bush, quien, aun cuando había seguido una política realista al puro estilo republicano, a partir de 2001 se radicalizó, pues no mostró ningún tipo de interés en el multilateralismo como de alguna manera lo hizo Bush padre y el mismo Reagan. En tanto, cambió la práctica y el lenguaje mismo del excepcionalismo tradicional, volviéndolo más autoritario y religioso que liberal, lo cual ha dejado un escenario de desastre para su sucesor, el demócrata Obama, como se verá a continuación.

LA GUERRA CONTRA EL TERRORISMO Y LOS DERECHOS HUMANOS: LA RADICALIZACIÓN DEL EXCEPCIONALISMO

Antes del 11 de septiembre, George W. Bush tenía una posición respecto de los derechos humanos que podría equipararse a la de otros gobiernos republicanos, es decir, una política realista con una retórica liberal conservadora centrada en los intereses económicos de Estados Unidos, si acaso, había demostrado más arrogancia frente al multilateralismo con su decisión sin precedentes de desfirmar el Estatuto de Roma que daba origen a la CPI. Sin embargo, Bush empezó a dar muestras de radicalismo, al punto de trastocar lo anteriormente visto, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando tres aviones secuestrados por militantes de Al Qaeda se estrellaron en el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono. El 20 de septiembre, en un mensaje conjunto al pueblo estadunidense que hicieran el Congreso y el presidente, George W. Bush declaró formalmente la "guerra contra el terrorismo" al decir que "Nuestra guerra contra el terrorismo empieza con Al Qaeda, pero no termina allí. No terminará hasta que cada grupo terrorista de alcance global sea encontrado, detenido y derrotado".

La guerra contra el terrorismo empezó a arremeter contra los derechos humanos inmediatamente después de los atentados, evidenciando que la añeja promoción del excepcionalismo estadunidense no solamente se estaba olvidando, sino que las acciones mismas de la administración de Bush violaban activamente estos principios dentro y fuera de su propio territorio. En octubre de 2001, el Congreso aprobó la Ley Patriota (Patriot Act), la cual otorgaba poderes al gobierno para detener hasta por siete días, sin cargos, a ciudadanos extranjeros sospechosos de estar involucrados en acciones terroristas u otra actividad que "pusiera en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos". Asimismo, con esta ley, el Procurador General podía detener indefinidamente a extranjeros acusados de violar las leyes migratorias argumentando también razones de seguridad nacional. Según Amnistía Internacional, más de mil doscientas personas fueron detenidas en relación con las investigaciones del 11–s, sobre todo ciudadanos de países del Sur de Asia y el Medio Oriente. Hubo denuncias por parte de las organizaciones civiles de que los detenidos no tenían acceso a un abogado y se les estaba sometiendo a tratos crueles y degradantes, como el uso de grilletes. Además, se intervinieron las comunicaciones entre los abogados de los detenidos alegando razones de seguridad nacional (Amnesty International, 2002).

La situación se tornó aún más grave cuando Bush firmó la Orden Militar con la que se permitía que ciudadanos no estadunidenses presuntamente involucrados en terrorismo fueran llevados a comisiones militares especiales que no se rigen por las reglas normales de evidencia y garantías que operan en el sistema de justicia penal estadunidense. Las comisiones pueden operar en secreto y autorizar la pena de muerte para los sentenciados y sus decisiones no pueden ser llevadas a una corte de apelación. Con estas acciones, se viola abiertamente el derecho a la justicia, específicamente el derecho a un juicio justo sin discriminación, que es un pilar del excepcionalismo moral estadunidense e incluso de la legislación internacional (Amnesty International, 2002).

A partir de esto, la situación empeoró drásticamente, al punto de hacer pasar como legítimas las acciones a todas luces violatorias de los principios básicos de los derechos humanos. Parapetado en una guerra contra un enemigo difuso y global, Bush no solamente dejó los derechos humanos en el margen de su política exterior, sino que ésta se encontró dominada por la paranoia terrorista –muy similar a la paranoia comunista– y trastocó los principios mismos de los derechos humanos, tanto los acordados multilateralmente como aquellos que conforman el excepcionalismo moral estadunidense. En la radicalización del excepcionalismo como aislamiento legal en su política exterior, Bush trastocó los derechos humanos de dos formas: 1) se pervirtieron los derechos civiles a la seguridad y la integridad personal (no tortura y juicio justo) que siempre habían sido bastiones morales del pueblo estadunidense; y 2) se cambió el lenguaje secular usado en el excepcionalismo moral desde la promulgación de la Constitución en 1787.

En primer lugar, las expresiones más claras de la perversión de los derechos humanos fueron la situación anómala de los prisioneros de Guantánamo y la discusión para aprobar el uso de la tortura en casos en los que se necesite obtener información sobre posibles acciones terroristas. El 7 de octubre de 2001, Estados Unidos y sus aliados bombardearon Afganistán para derrocar al régimen talibán y detener a militantes de este grupo por presuntos nexos con el terrorismo. En enero de 2002, Estados Unidos transfirió a más de seiscientos ciudadanos extranjeros, casi todos detenidos en Afganistán, a la base naval de Guantánamo, Cuba, donde permanecen sin que se les haya acusado formalmente de algo, sin que se les dé oportunidad de juicio, sin acceso a las cortes ni a abogados y ni siquiera a sus propios familiares. Estados Unidos se rehusó a darles estatus de prisioneros de guerra bajo las Convenciones de Ginebra, o a garantizarles los derechos universales reconocidos en la legislación internacional de derechos humanos.

Según los reportes de Amnistía Internacional, durante las 22 horas de vuelo del traslado de Afganistán a Cuba los detenidos fueron esposados, les pusieron grilletes en los tobillos y fueron momentáneamente cegados con gogles previamente oscurecidos con cinta adhesiva negra. Al llegar a Cuba fueron llevados a un centro de detención temporal en el que estaban expuestos a luz brillante toda la noche y se les obligaba a usar grilletes en las pocas ocasiones en que salían de sus celdas, donde permanecían sin oportunidad de salir a hacer ejercicio. A partir de abril, los prisioneros, entre quienes había menores de edad de hasta trece años, fueron llevados a un centro de detención más definitivo, donde éstos permanecieron sin acceso a servicios legales, cortes o comunicación con familiares. El Comité Internacional de la Cruz Roja, la única organización civil que ha tenido acceso al centro de detención, expresó su preocupación por su salud mental. Hacia finales de 2004 Guantánamo albergaba a más de quinientos detenidos de 35 nacionalidades diferentes que permanecían allí sin que se les fincaran cargos, aunque acusados de tener vínculos con Al Qaeda o el talibán (Amnesty International, 2002; 2003; 2004).

Bajo la orden militar, cualquier persona sospechosa de terrorismo detenida en cualquier país puede ser llevada a Guantánamo –se presume que los ciudadanos estadunidenses no pueden estar involucrados en estas actividades–. Su estatus es el de "enemigos combatientes" y con ello se ha evitado definir, bajo el artículo 5 de la Tercera Convención de Ginebra, si son prisioneros de guerra. Esto tendría que estar determinado por un tribunal competente, pero como se ha dicho, no se permite a los detenidos tener acceso a cortes o abogados. Son sometidos a las comisiones militares que no cumplen con los estándares para garantizar un juicio justo de acuerdo con la legislación internacional (Hoffman, 2004).

Esta forma de detención ha traspasado los límites normales del excepcionalismo estadunidense en su forma de aislamiento legal, pues se cree que se escogió Guantánamo para evitar la jurisdicción no sólo de las cortes internacionales sino de las propias cortes estadunidenses (Forsythe, 2006). Asimismo, alegando la "guerra" contra el terrorismo, Estados Unidos y sus aliados buscaban escapar a los compromisos de la legislación internacional de derechos humanos, incluso en situaciones cuando las leyes humanitarias sí deberían estar vigentes –el espíritu de las Convenciones de Ginebra es que sus preceptos se deben aplicar en cualquier caso de conflicto armado (Forsythe, 2006)–. Pero, como dice Hoffman, la guerra contra el terrorismo existe en un universo legal paralelo, en el cual el cumplimiento de las normas internacionales es objeto de la benevolencia del presidente o se excluyen a conveniencia de las relaciones diplomáticas. Guantánamo se ha vuelto una "zona libre de derechos humanos" (Hoffman, 2004). Con el parapeto de una guerra sin precedentes –la guerra contra el terrorismo– , Estados Unidos redefinió para sí mismo el papel de la legislación internacional en situación de guerra.

Otra perversión de los derechos humanos fue la discusión sobre la factibilidad del uso de la tortura como método de interrogación en la guerra contra el terrorismo. En 2004 se filtraron a la prensa fotografías que evidenciaban el uso de tortura y otros maltratos como penas crueles y degradantes en la cárcel de Abu Ghraib en Irak a manos de soldados estadunidenses. El presidente Bush aseguró que el problema se restringía a Abu Ghraib y a unos cuantos soldados. Sin embargo, luego de que esto apareciera en los medios y de que se filtraran documentos que sugerían que se había hecho uso de tortura, la administración Bush, con el fin de poner en claro el asunto, desclasificó otros documentos que señalaban que el gobierno había sancionado técnicas de interrogación que contravenían la Convención contra la Tortura, pero que era innegable que existía una clase de prisioneros que no tenían derecho a un tratamiento humano. Los mismos documentos también señalaban las formas en que los agentes estadunidenses podían soslayar la prohibición internacional contra la tortura, incluyendo la posibilidad de que el presidente Bush desconociera estos instrumentos (Amnesty International, 2005).

No obstante, después de esto, siguió apareciendo evidencia del uso de tortura y maltrato contra los detenidos de Guantánamo e Irak, como el uso de perros para inspirar miedo, poner a los prisioneros en posiciones que causan estrés y dolor, la exposición a calor o frío extremos, la privación del sueño, el aislamiento, provocación y humillación sexual y religiosa, exposición a música fuerte y otros ruidos, así como a luces intermitentes. En otras palabras, dice Forsythe, fueron sometidos a la "tortura lite" (Forsythe, 2006; Amnesty International, 2005).

Ese mismo año, Bush rescindió un reporte del grupo de Trabajo sobre Interrogación a Detenidos, el cual establecía, entre otras cosas, que durante operaciones militares el presidente tenía la autoridad para desconocer la prohibición internacional contra la tortura durante los interrogatorios. Poco después, el Pentágono aprobó una nueva política que establecía la prohibición de actos físicos o mentales de tortura, pero no iba más allá de establecer que los detenidos fueran tratados humanamente de acuerdo con "la política y ley aplicables". Luego, el Ejército anunció que había incluido una nueva serie de métodos de interrogación clasificados en su Manual de Campo. Aunque el manual explícitamente prohíbe los golpes, la exposición prolongada al estrés, la privación del sueño y el uso de perros durante los interrogatorios, había preocupación de que la parte clasificada permitiera veladamente técnicas abusivas. A finales de ese año el Congreso aprobó una ley que prohibía los tratos inhumanos, crueles o degradantes a personas bajo la custodia del gobierno estadunidense en cualquier parte del mundo. No obstante, había preocupación de que una declaración agregada por el presidente Bush cuando firmó la ley efectivamente reservara el derecho al Ejecutivo de ignorar la ley por razones de seguridad nacional (Amnesty International, 2006).

Evidentemente sigue existiendo ambigüedad en este campo. Con esa ley, el presidente puede abrogarse la facultad de usar la tortura si la considera necesaria, bajo preceptos legales clasificados o ambiguos que permiten lo que Forsythe llama tortura lite (Forsythe, 2006). Esta facultad pone en riesgo el logro histórico de prohibir la tortura a nivel internacional, sin ni siquiera resolver el supuesto problema que se plantea, pues como lo explican Forsythe (2006) e Ignatieff (2005), la tortura nunca es útil para obtener información, aunque sí lo es para crear un encono irreversible entre las partes involucradas. Ambos ejemplifican esto con las medidas antiterroristas que usó el gobierno francés durante la guerra de independencia de Argelia (1962), como permitir el uso de la tortura durante los interrogatorios. Esta medida no funcionó, pues mientras hizo de la tortura un método ampliamente utilizado no previno la ampliación de las filas independentistas (Forsythe, 2006).

Ignatieff dice que este asunto es mucho más complicado de lo que lo hizo parecer el gobierno de George W. Bush, pues una vez que se permite el uso de la tortura contra presuntos terroristas, pronto puede usarse contra quien sea; una vez en uso, es difícil mantenerla bajo control como sucedió en Argelia, pues sus objetivos cambian y multiplican el problema (Ignatieff, 2002). Ignatieff asegura que, en todo caso, la utilización de la tortura es fundamentalmente una estrategia política, ya que no se utiliza para salvar vidas, como a veces se quiere aparentar, sino para quebrar la voluntad de los oponentes políticos. Una vez que el Estado se mete en una guerra de voluntades con un grupo terrorista, el propósito de la tortura pronto deja de ser la extracción de información y se vuelve simplemente un método para crear miedo y para buscar la aniquilación de los oponentes. La respuesta de los terroristas es proporcional, por ello, si lo que se quiere hacer es multiplicar el número de terroristas, la tortura es el mejor camino para lograrlo (Ignatieff, 2002).

Por otra parte, la tortura previene cualquier solución, porque se cree que el problema es el acceso a la información cuando en realidad se trata simplemente de las creencias. No es lo que los terroristas saben, sino lo que creen, dice Ignatieff, lo que los hace peligrosos. Y las creencias no se pueden cambiar a punta de coerción física porque en todo caso ésta refuerza sus creencias (Ignatieff, 2002). Lo que se encuentra detrás del uso de la tortura en casos como éste es un profundo racismo, pues se considera que aquél al que se está sometiendo a tortura es racial o culturalmente inferior –los casos de Sudáfrica o Argelia.

En segundo lugar, respecto del discurso en juego, George W. Bush fue más allá de la típica política de derechos humanos republicana, es decir, realista con un discurso liberal orientado al libre mercado. En el discurso, Bush usó un lenguaje religioso en vez de uno liberal conservador, pues decía defender la democracia y la libertad en nombre de Dios y la dignidad (Mertus, 2003). Según Mertus, en lo discursivo, la política exterior de Bush respecto de los derechos humanos se distinguió por dos aspectos: 1) evitaba la terminología de los derechos humanos y despreciaba las instituciones multilaterales; en vez de ello buscaba inspiración "divina"; y 2) en vez de los principios de derechos humanos apelaba a una versión muy estrecha del concepto de "dignidad", el cual le sirve a conveniencia (Mertus, 2003).

Acerca de la inspiración divina, Mertus dice que desde un principio de su administración, Bush evitó utilizar la terminología de derechos humanos, especialmente si ésta imponía obligaciones legales en Estados Unidos o restringía su acción de alguna forma. En vez del lenguaje de derechos humanos, Bush apelaba a la providencia. Mientras que otros presidentes se habían guiado por sus creencias religiosas, Bush justificaba sus acciones en las escrituras, citando el evangelio en discursos públicos. Después del 11–s, Bush se refería a la guerra contra el terrorismo como una "guerra santa" que no estaría supeditada a las normas tradicionales. También había dicho que la libertad no es un regalo de Estados Unidos para el mundo, sino un regalo de Dios para la humanidad. Con este llamado de Dios, Bush justificaba en el discurso su falta de apego a las normas internacionales de derechos humanos (Mertus, 2003).

Asimismo, en vez del término "derechos humanos", Bush apelaba al concepto de "dignidad humana", mismo que es fundamento de los derechos humanos y la democracia liberal, pero que él socavó atándolo a una lista reducida y ecléctica de derechos que en términos reales minaba la amplia lista incluida en la idea de derechos humanos. La lista de Bush incluía el Estado de derecho, los límites al poder del Estado, la libertad de expresión y de creencia, la igualdad frente a la justicia, el respeto a las mujeres, la tolerancia religiosa y étnica, y el respeto a la propiedad privada. Esto reflejaba, más que ser una lista de derechos humanos, las prioridades de su administración, por ejemplo, el derecho a la propiedad, que si bien apareció en la DUDH ha desaparecido de subsecuentes tratados por no lograr consenso entre los diferentes países, es la muestra más clara de esto (Mertus, 2003). Este cambio discursivo contribuyó a socavar los derechos humanos ya de por sí afectados por la arremetida del gobierno de Bush, quien radicalizó lo hasta entonces conocido en el excepcionalismo estadunidense.

CONCLUSIONES: LOS RETOS DE OBAMA

Los estudiosos del excepcionalismo se han explicado este fenómeno a partir del realismo y el liberalismo. Mientras que en general se trata de una política realista en la que Estados Unidos busca maximizar sus intereses al menor costo, los presidentes republicanos y los demócratas matizan la política realista con el uso de una retórica liberal. Sin embargo, mientras que los republicanos usan una retórica liberal conservadora orientada al mercado (Reagan, Bush padre), los demócratas usan una retórica liberal más cosmopolita (Carter, Clinton). Sin embargo, el ex presidente George W. Bush radicalizó esta política y llevó el excepcionalismo, en la forma de aislamiento legal (unilateralismo), a sus máximas consecuencias, poniendo en peligro la vigencia de las normas internacionales de derechos humanos con acciones como las condiciones de detención de los prisioneros de Guantánamo, la sugerencia de utilizar la tortura como método de interrogación y con un salto discursivo de valores liberales a valores religiosos como la providencia.

De acuerdo con la caracterización teórica e histórica del excepcionalismo estadunidense en lo general, así como el análisis del excepcionalismo de Bush en lo particular, se puede prever que la definición del excepcionalismo de Obama no será fácil. Dado que la autoridad moral de Estados Unidos quedó en entredicho por la radicalización y el creciente socavamiento de los derechos humanos ocurridos en el gobierno de Bush, Obama tiene que ir más allá de lo que marca la historia del excepcionalismo demócrata.

Según ésta, los presidentes demócratas, al igual que los republicanos, tienden a adoptar políticas realistas que incluyen los cuatro tipos de excepcionalismo –excepcionalismo excepcional, doble estándar, aislamiento legal e intervencionismo– pero son más cosmopolitas y multilateralistas. Sin embargo, dado que sucesos como la invasión a Irak y la actitud frente a la tortura dañaron la autoridad moral de Estados Unidos para sostener su excepcionalismo, Obama tendrá que ir más allá del apoyo a acciones multilateralistas y la negociación cosmopolita.

Además de retirar las tropas estadunidenses de Irak, Obama tendrá que revertir los daños que hizo Bush, con un discurso y acciones liberales basadas en la promoción multilateral de los derechos humanos. Para ello, deberá apoyar la creación de instancias para juzgar crímenes de guerra en Irak, e incluso volver a firmar el Estatuto de Roma para estos fines. Entre estos crímenes podrían incluirse los registrados en la prisión de Abu Ghraib, Irak, y en Guantánamo, Cuba. Esto, además de ratificar instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, como el protocolo del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que establece la abolición de la pena de muerte. Solamente con estas acciones podría regenerarse la credibilidad de Estados Unidos para sostener su excepcionalismo y seguir su supuesto destino manifiesto.

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