México: una economía endeble

A weak economy

David Ibarra

Presidente del Comité Editorial de economíaUNAM <dibarra@prodigy.net.mx>.

Resumen

En México, el actual modelo económico olvidó atender prioridades como el empleo y el crecimiento al dejar las responsabilidades respecto de la ocupación, el reparto del crédito o incluso en la distribución del ingreso al mercado, pero sus soluciones han producido ritmos mediocres de crecimiento con altos costos sociales. Por eso, hoy las prioridades deberían estar encaminadas a crear mecanismos de formación de acuerdos políticos que lleven a reconstruir el ámbito de las responsabilidades gubernamentales; fijar metas económicas y sociales mejor equilibradas, pues en caso contrario, las insuficiencias económicas arriesgarían transformarse en inseguridad social y desencanto democrático, en frustración de la población joven, media y vieja, como ya comienza a ocurrir.

Palabras clave: Objetivos de Política Económica Perspectivas y condiciones generales, Análisis macroeconómico del Desarrollo.

Abstract

In Mexico, the current economic model forgot to attend to priorities as the employment and the growth when the responsibilities left respect of the occupation, the distribution of the credit or even in the distribution of the revenue to the market, but his solutions have produced mediocre paces of growth with high social costs. Because of it, today the priorities should be directed to create mechanisms of formation of political agreements that lead to reconstructing the area of the governmental responsibilities; to fix better balanced economic and social goals, so in opposite case, the economic insufficiencies would risk to transform in social insecurity and democratic disenchantment, in frustration of the young, average and old population, since already it begins to happen.

Key Words: Policy Objetives, General Outlook and Conditions, Macroeconomi Analysis of Economic Developmnet.

Journal of Economic Literature (JEL): E61, E66, O11

El modelo socioeconómico que se ha tratado de implantar en nuestro país, acota la participación y el debate sustantivos al empobrecer el poder decisorio de gobierno y sociedad. La renuncia al uso del viejo y nuevo instrumental desarrollista se acentúa con la globalización concebida como el proceso de instaurar un orden financiero y productivo supranacional, también más allá de las políticas nacionales. La desconfianza elitista propia y ajena en la democracia, en el gobierno de los hombres, se completa con nuestra fe reverencial en los mercados, como si éstos no fuesen también una imperfecta construcción humana. Por eso se ha recurrido a trasvasar responsabilidades a los mercados y a erigir a los medios masivos de comunicación privatizados en poder, capaz de informar pero también de ocultar, falsear o convertir en virtud, desequilibrios sociales y políticas inequitativas de ajuste económico.

En México, los resultados están a la vista. El ritmo de crecimiento se ha reducido a la mitad, hecho más volátil y menos sostenible de compararse los períodos 1945-1980 y 1980-2010. El descontento de jóvenes y viejos, va en ascenso. La vulnerabilidad frente a las oscilaciones de la economía internacional queda evidenciada con la década perdida de los ochenta o con las sucesivas crisis de 1987, de 1995, de 2001 y de 2008-2009. En el ámbito de la economía subsisten errores y desequilibrios que al retroalimentarse mantienen postrada a la producción y al empleo o producen recesos repetitivos. La principal falla de la política macroeconómica nacional reside en haber olvidado a lo largo de más de un cuarto de siglo las prioridades del empleo y del crecimiento, mediante el expediente de transferir tareas gubernamentales políticamente esenciales a los mercados, incluso en materia de asignación de recursos o de garantizar mínimos de protección social a la población. En efecto, las políticas públicas dejaron de asumir responsabilidad directa en la ocupación, en el reparto del crédito o incluso en la distribución del ingreso, dejando esas tareas al funcionamiento de mecanismos incuestionados y supuestamente eficientes del mercado.

Quizá se obtuvieron ventajas políticas al desviar a los mercados los reclamos de la sociedad derivados de los ineludibles costos del acomodo al orden económico neoliberal. En esa vertiente de manos libres, exculpadora de los desaguisados, las tareas públicas se han restringido medularmente a la adaptación de la economía nacional a la globalización, entre cuyas exigencias principales está la de preservar la estabilidad de precios aun a costa de aceptar crecimientos raquíticos y desigualdades enormes.

En tales circunstancias, no es de extrañar que la evasión de lo político, haya gestado desequilibrios que tienen postrada a sociedad y economía mexicanas. Valga mencionar algunos casos conspicuos de carácter económico. Uno es de orden estructural, se caracteriza por un proceso incompleto de modernización y adaptación de la planta productiva y del sector financiero, vernáculos al libre comercio. Aquí destacan cuestiones desatendidas, la apertura de mercados resultó destructiva de los nexos interindustriales internos por instrumentarse sin programas de reconversión productiva, sin política industrial ni de fomento exportador y, sobre todo, mediante la copia extralógica de recetas foráneas que llevaron al desmantelamiento sin reemplazo de los viejos instrumentos de la acción gubernamental.

El segundo desequilibrio es financiero: ante la indiferencia de las autoridades, la banca casi ha abandonado el crédito a la producción y a la formación de capital. El Banco de México cuida de la estabilidad de precios, pero descuida el crecimiento de la economía, así como la regulación apropiada de la banca extranjera o nacional. A la par, la política fiscal quedó empequeñecida, cuando se desgravó sustantivamente el Impuesto sobre la Renta y se suprimieron los gravámenes al comercio exterior, hasta dejar como única salida la expoliación de las finanzas de Pemex en ausencia de una reforma tributaria siempre pospuesta y frente a la Ley de Responsabilidad Hacendaria que obliga al equilibrio presupuestal casi en cualquier circunstancia.

El tercer desajuste es de orden social consiste en el resquebrajamiento del mercado de trabajo, en hacer crónica la desigualdad distributiva y en la aglomeración de perdedores en la justa de la competencia. El último desequilibrio se expresa en la segmentación de las fuerzas políticas, nacida de razones ideológicas, pero sobre todo de la cerrada defensa de intereses y privilegios elitistas que impiden formar acuerdos democráticos sobre los grandes objetivos nacionales. Más de cincuenta millones de pobres, siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, diez millones de indocumentados mexicanos en Estados Unidos, el costoso salvamento y extranjerización de la banca, reflejan incontrovertiblemente fallas severas de nuestro régimen democrático que impide dar voz y peso político a grandes segmentos de la población, acaso ya mayoritarios.

Las contradicciones se multiplican lo mismo a escala económica que social. Desde tiempo atrás, la tasa de crecimiento del ingreso por habitante decayó arrastrando consigo a la demanda de trabajo del sector moderno de la economía; a partir de la segunda mitad de la década de los noventa, la apreciación deliberada del peso, contrarió y contraría la dirección básica de la estrategia de desarrollo hacia afuera al castigar exportadores y productores internos y crear vulnerabilidades externas; a mayor abundamiento, la deliberada, injustificada, renuncia al impulso desarrollista estatal impide, hoy, la instrumentación de una eficaz política contracíclica en una crisis global, cuyos efectos no se acaban de disipar.

Como es natural, el costo principal de la estrategia adoptada consistió en crear debilidades y vulnerabilidades sin cuento. Visto más de cerca, en 1995 el producto cayó más de 6% y, otro tanto, ocurre en 2009. Por supuesto, el consumo privado y la inversión se contrajeron todavía más, arrastrando consigo al bienestar ciudadano. Los pocos signos económicos alentadores se refieren a logros estabilizadores: la inflación anual baja a 27 a 28% en los ochentas, a 4 a 5% en la actualidad; al propio tiempo, el tipo de cambio se mantiene alrededor de 12 a 14 pesos por dólar, el déficit público entre 1 y 3% del producto y las tasas pasivas de interés (CETES a 28 días) en poco más de 4 por ciento.

Por lo que hace a las perspectivas de 2012, los pronósticos oficiales y privados adelantan un crecimiento decreciente del producto (2.5 a 3.5%) al alcanzado en los dos ejercicios anteriores (5 y 4%); la inflación anual oscilará entre 3 y 4%; el tipo de cambio se deslizará hacia los 14 pesos por dólar, pese a los persistentes esfuerzos revaluatorios; el déficit público entre 2.2 y 3.2% del producto: la cuenta corriente registrará un déficit de unos 15 a 17 mil millones de dólares.

En suma, junto a la incurable dependencia externa, el énfasis en soluciones de mercado, en la estabilidad de precios, en políticas fiscales y monetarias en extremo conservadoras, seguirán produciendo ritmos mediocres de crecimiento, costos ascendentes de sostenibilidad ambiental, mientras que el desempleo abierto, el ascenso de la informalidad y de la desocupación de los jóvenes alcanzan cifras peligrosamente altas. De ahí el desprestigio de los viejos partidos políticos y el descontento manifiesto, ascendente, de la población joven con un futuro deteriorado.

En el ámbito de las relaciones económicas con el exterior, sufrimos la desindustrialización asociada sin paliativos a la apertura externa de los mercados nacionales y el haber centrado el esfuerzo exportador en la maquila de bajo valor agregado y poco dinamismo. Ello hace que las importaciones se disparen tan pronto como la economía comienza a crecer, acotando los ritmos asequibles de desarrollo con déficit manejable de las cuentas externas.

A lo anterior se agrega el hecho de que los países motores de la globalización han comenzado a fallar. Estados Unidos y Europa no encuentran solución duradera a la depresión económica, arrastrando por reflejo, a la baja -ojalá no sea excesiva-, la expansión de las economías emergentes, como China o la India. Las políticas del Primer Mundo se enderezan primordialmente a la reconstrucción y defensa de las instituciones financieras, en tanto constituye su sector económico dominante, cuya vigencia y poder han quedado maltrechos por la crisis. Los desequilibrios fiscales y el alto endeudamiento de los países industrializados, nació del enorme gasto público asociado a los salvamentos de los bancos. Deuda y quiebras privadas se transformaron en deuda y desajustes de las cuentas públicas que ahora se quieren trasvasar a los ciudadanos por las más diversas vías: alzas de impuestos, reducción de salarios, menores prestaciones sociales, inversión pública disminuida y desempleo masivo.

La consolidación fiscal predicada en las naciones industrializadas, acaso asegure los privilegios de las elites financieras, pero inevitablemente prolongará el malestar de la población mundial. En efecto, la interdependencia global hace que las acciones de países individuales -sobre todo de los grandes- encaminadas a ganar la delantera en el saneamiento doble de sus presupuestos públicos y de sus instituciones financieras sin recuperación económica todavía afianzada-, se reflejarán en costos o pérdidas de otras naciones, en profundizar y prolongar la caída de la demanda conjunta. Esa es parte medular de la crisis del euro por cuanto una fracción decisiva del comercio exterior de los países miembros -sobre todo de los periféricos- proviene del intercambio intraeuropeo. En ausencia de coordinación multinacional de políticas, se arriesga a caer en una espiral económica descendente de alcance universal. Dicho de otra manera, en tanto persista el desorden del Primer Mundo, habrá que poner menos esperanzas en la recuperación de los mercados internacionales, en la aportación de un ahorro externo en extremo volátil y en la eficacia futura de la estrategia de crecimiento hacia afuera.

Otra rémora interna a resolver se sitúa en la incapacidad de la política monetaria y bancaria para cumplir funciones indispensables de intermediación financiera en favor de los productores nacionales, de la formación de capital y de la protección frente a flujos especulativos foráneos. En efecto, la cartera conjunta de la banca comercial y la de desarrollo ha caído de 63 a 21% del producto entre 1995 y 2008, uno de los más bajos coeficientes de financiación bancaria del mundo. La banca comercial ha disminuido en 33% su cartera real de crédito, particularmente al sector privado a pesar del respaldo de las garantías y redescuentos que le otorgan los bancos estatales. Por su parte, la transformación de la Banca de Desarrollo en banca de segundo piso, la orilló a renunciar a dos de las funciones centrales: el crédito directo, competitivo, al sector privado y la preparación de los grandes programas o proyectos nacionales de inversión. Por último, la acumulación antiinflacionaria y quizá antidesarrollista de reservas de divisas tiene un alto costo financiero que ya erosiona casi por entero el capital social del Banco de México.

La reprivatización-extranjerización de la banca comercial y la pérdida de iniciativa de la banca de desarrollo son causa de la ruptura de muchos de los nexos positivos entre economía, financiamiento a la producción y capacidades estatales de respaldar el desarrollo. Asimismo, la política monetaria, constreñida a manejar las tasas pasivas de corto plazo, poco influye en abatir los altísimos intereses que cubren los empresarios cuando obtienen préstamos, restándoles artificiosamente competitividad. Aquí, y no en los salarios o en el costo de la protección laboral, debe encontrarse la falla en revertir el desplazamiento innecesario de la oferta nacional frente a la concurrencia de los productores del exterior. A su vez, la carencia de directrices y regulaciones permite que la banca comercial concentre principalísimamente sus actividades en el crédito al consumo con leoninas tasas de interés, preste sin riesgo al gobierno o a la nómina y transfiera el grueso de sus utilidades al exterior en demérito de su modernización interna.

Visto el problema del lado del empleo, la situación es alarmante. La población económicamente activa creció 140% entre 1980 y 2008, esto es, a una tasa media anual mayor a 3%. En contraste, el empleo en el sector secundario que podría tomarse como el segmento moderno de la economía de mercado, vio declinar su participación dentro de la población activa en casi 60% entre 1990 y 2008, con evidente desperdicio del llamado bono demográfico.

Según el INEGI en 2009, la población trabajadora informal y agrícola (26.1%) excedía al número de trabajadores formales (18.4%) como proporción de la población económicamente activa. Conforme a cálculos distintos (OIT y otros) la informalidad sumada a los trabajadores de bajísima productividad se acerca a 60% de la fuerza laboral. Las coberturas sociales se empobrecen, el empleo se precariza, las remuneraciones bajan, las jornadas parciales se multiplican, mientras se comprime el número de los puestos mejor remunerados. Y, sin embargo, el énfasis en la reforma laboral sigue puesto en ganar flexibilidad en contratar y despedir, como si los hechos anotados no fuesen prueba de la extrema maleabilidad de los mercados nacionales de trabajo. Las cifras son todavía más desalentadoras si se toma en cuenta a los jóvenes. Ahí la tasa de desocupación abierta excede tres o más veces la media nacional. Como si no fuese bastante la concentración del ingreso se sitúa en una de las más altas del mundo, mientras el tamaño de las clases medias retrocede. De seguir las cosas así, México seguirá siendo un país pobre, poblado de viejos, mientras la informalidad alimentará con cuadros juveniles a las actividades delictivas que forman el trasfondo de la inseguridad reinante.

Dejando a un lado avances en materia de inflación o del equilibrio presupuestal, cabría concluir que las cuestiones medulares a la salud, al crecimiento de la economía y a la protección social reciben atención secundaria en la confección de las políticas gubernamentales y aún en las acciones inducidas del sector privado. En rigor, las prelaciones debieran estar orientadas a crear mecanismos de formación de acuerdos políticos que lleven a reconstruir sin disfraces ni subterfugios el ámbito de las responsabilidades gubernamentales y el contenido de la estrategia macroeconómica; fomentar prioritariamente el empleo; propiciar la reconversión deliberada de la planta productiva nacional y la integración del sector exportador al resto de la economía; emprender la reforma fiscal; regular el funcionamiento de la banca comercial y de la banca de desarrollo; limitar el poder de los medios masivos de comunicación; establecer derechos sociales exigibles y universales -sobre todo en materia de salud- para cubrir a todos, a los trabajadores, a los grupos marginados o sin representación política, compensadores parciales de la marginación y de la alta concentración del ingreso y del poder político; mejorar al sistema educativo y de investigación básica; y, sobre todo, fijar metas económicas y sociales mejor equilibradas con las de la estabilización de precios.

Información sobre el autor

David Ibarra: Licenciado en Economía y Contador Público por la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios en la Stanford University. Escritor, periodista y catedrático universitario. Ha publicado innumerables artículos y ensayos, así como diversos libros. En su vida profesional ha ocupado puestos de gran importancia como Secretario de Hacienda y Crédito Público, Director General de Nacional Financiera, Director General del Banco Nacional de México, Asesor del Director General de Pemex, Director de la CEPAL, oficina en México, Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y Jefe de Estudios Superiores de la Escuela de Economía de la UNAM. Asimismo, ha colaborado en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). David Ibarra preside el Comité Editorial de ECONOMíAunam