Ruralidad y políticas locales de integración: Estudio comparativo sobre las provincias de Alicante y Valencia

Rurality and Local Integration Policies: Comparative Study of the Provinces of Alicante and Valencia

Pier-Luc Dupont

Universitat de València.

Fecha de recepción: 31 de mayo de 2012.
Fecha de aceptación: 31 de agosto de 2012.

Resumen

Pese al asentamiento de un número significativo y creciente de migrantes internacionales en los municipios rurales de los países de rentas altas, existen pocos estudios sobre las políticas de sus autoridades locales en materia de diversidad cultural. Este trabajo pretende abrir el camino examinando algunos motivos teóricos y empíricos para pensar que los ayuntamientos rurales se diferencian de los urbanos en su propensión a acomodar las prácticas culturales de los inmigrantes, así como en sus principales áreas de intervención. Ei análisis comparativo de 12 municipios de las provincias españolas de Alicante y Valencia sugiere que las políticas de integración rurales tienden a ser menos pluralistas y más enfocadas en el área socioeconómica que las urbanas.

Palabras clave: inmigración rural, integración, políticas locales, diversidad cultural, España.

Abstract

Despite the settlement of a significant, growing number of international migrants in rural municipalities in high income countries, few studies have been conducted on the policies implemented by their local authorities in the area of cultural diversity. This article seeks to fill the gap by exploring certain theoretical and empirical reasons for believing that rural municipalities might differ from urban ones with respect to their propensity to accommodate immigrants' cultural practices as well as their main areas of intervention. A comparative analysis of 12 municipalities located in the Spanish provinces of Alicante and Valencia suggests that rural integration policies tend to be less pluralistic and more focused on socioeconomic issues than urban policies.

Introducción¹

En Europa y los llamados países clásicos de inmigración, la diversidad étnica tradicionalmente ha sido y sigue siendo un fenómeno predominantemente urbano. Sin embargo, el asentamiento de un número significativo y creciente de migrantes internacionales en el medio rural se ha documentado con precisión en Estados Unidos, donde suman alrededor de 3.2 por ciento de la población rural (Donato et al., 2007);² en Canadá, donde alcanzan 5.3 por ciento (Beshiri y He, 2009),³ y en Australia, donde se acercan a 15 por ciento (Hugo, 2008).⁴ De igual modo, las colectividades rurales de Europa occidental se han diversificado considerablemente con la libre circulación de los ciudadanos del este y la conversión del Mediterráneo en una nueva región de inmigración (Jentsch, 2007) . Desde un punto de vista estructural, la inmigración rural se debe, en gran parte, a la existencia de un mercado de trabajo dual en la industria agrícola (Kasimis y Papadopoulos, 2005). Sin embargo, la diversificación de las estructuras productivas rurales también ha generado empleo de bajo estatus en los sectores del turismo (Simard y Jentsch, 2009), la construcción (Fonseca, 2008) , el servicio doméstico (Kasimis y Papadopoulos, 2005) y la transformación (Kandel y Cromartie, 2004).

Varios gobiernos nacionales han puesto en marcha programas de atracción y retención de los inmigrantes fuera de las grandes ciudades (OCDE, 2004). En algunos casos, estas iniciativas surgen como remedio a la formación de enclaves étnicos urbanos percibidos como una fuente de conflictos y marginación social (Hammar, 1992; Andersson, 2003: Simard y Jentsch, 2009). En otros casos, se espera que contribuyan a atajar el declive demográfico y económico de las comunidades rurales, cuyo mantenimiento reviste más importancia estratégica (Reimer, 2007).

Ya sea espontánea o debida a la intervención política, esta nueva migración plantea retos específicos para las relaciones interétnicas, como lo ilustra una sugerente descripción de la situación de los hispanos en las zonas rurales de Estados Unidos:

Muchas comunidades rurales no están preparadas, económica y culturalmente para recibir a un gran número de nuevos habitantes culturalmente distintos y mal pagados que buscan vivienda asequible, necesitan servicios sociales específicos y hablan poco inglés. Los residentes de muchas comunidades rurales tienen poca experiencia con las personas de orígenes diferentes y existe una amplia evidencia anecdótica de conflictos sociales en las comunidades que han recibido influjos rápidos de residentes hispanos. Aunque los hispanos de esos nuevos destinos suelen trabajar en industrias relativamente más peligrosas o menos lucrativas que los trabajadores nativos, su presencia en el mercado laboral puede ejercer presiones a la baja sobre los salarios locales incluso en los empleos relativamente cualificados (Kandel y Cromartie, 2004:32).⁵

Ante el potencial conflictivo que conlleva la integración,⁶ muchos ayuntamientos rurales han empezado a elaborar sus propias estrategias de intervención. Algunos de ellos, dando prioridad al desarrollo local, han acogido a los inmigrantes con programas de asentamiento, educación, sanidad, aprendizaje de idiomas, inserción laboral y lucha contra los prejuicios (Reimer, 2007; Cvetkovic, 2009; Collantes et al., 2010). Otros han seguido el camino inverso, oponiéndose públicamente a la llegada de nuevos inmigrantes y dificultando la permanencia de los residentes por medio de controles en las carreteras, restricciones en el acceso a los servicios públicos, denegaciones de licencias comerciales y deducciones fiscales o medidas de disuasión del uso de idiomas extranjeros. En ocasiones, sus actuaciones han sido paralizadas por los tribunales, e incluso las que se mantienen dentro del ámbito de la ley pueden suponer grandes agravios para los inmigrantes y atizar las hostilidades interétnicas (Amor, 2007; Broder, 2007; Clota, 2010).

Debido a la recurrencia de los discursos que representan la inmigración como una amenaza para la sociedad (Bigo, 2002; Ceyhan y Tsoukala, 2002), varios autores han tratado de identificar los factores que favorecen el desarrollo de políticas compatibles con las diversas estrategias de adaptación de los inmigrantes, incluyendo la aculturación selectiva⁷ (Portes y Rumbault, 2001). Los primeros trabajos al respecto se remontan a principios de los años noventa y privilegian al Estado nación como actor clave y categoría de análisis (Brubaker, 1992; Castles y Miller, 1993; Soysal, 1994). Aunque han marcado el camino para la investigación posterior, sus propuestas teóricas han recibido críticas por su insuficiente fundamento empírico, débil poder predictivo y excesivo enfoque en los aspectos legales de la actuación política (Alexander, 2003; Mahnig, 2004; Freeman, 2004; Boswell, 2007; Borkert y Caponio, 2010).

Este trabajo pretende adentrarse en el terreno de las políticas de integración de los ayuntamientos rurales desde una perspectiva comparativa, con vistas a comprobar si difieren significativamente de sus homólogos urbanos en su propensión a acomodar las prácticas culturales de los inmigrantes así como en las cuestiones específicas donde concentran sus esfuerzos. De este modo, esperamos develar cómo los ayuntamientos rurales definen y responden a los problemas sociales relacionados con la integración; dicho de otro modo, qué tipo de políticas de integración se puede esperar de ellos.

En primer lugar, presentaremos el entorno sociopolítico en que surgieron las políticas locales de integración de las provincias de Alicante y Valencia, en el Levante español. A continuación repasaremos los principales modelos teóricos existentes sobre la formulación (policymaking) de políticas locales de integración⁹ y los relacionaremos con algunos elementos de diferenciación entre las estructuras sociopolíticas rurales y urbanas. Finalmente, comprobaremos la existencia de diferencias cualitativas entre las políticas rurales y urbanas en Alicante y Valencia e identificaremos algunas implicaciones de nuestros resultados para la gobernanza multinivel de la integración.

Contexto y método

Al igual que el resto de España, las provincias de Alicante y Valencia conocieron, en la primera década de este siglo, un aumento espectacular de su población inmigrante. Este incremento afectó tanto a los inmigrantes climáticos -principalmente personas jubiladas originarias del norte de Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica y Países Bajos)- como a los inmigrantes económicos, generalmente personas jóvenes en busca de trabajo y provenientes de países de rentas media y baja. Si nos centramos exclusivamente en los segundos,¹⁰ que constituyen la principal población diana de las políticas de integración, vemos que su peso en la población total pasó de 7 a 14 por ciento en la provincia de Alicante, y de 4 a 12 por ciento en la de Valencia entre los años 2002 y 2010. Los principales países de origen de los inmigrantes económicos son los siguientes: Marruecos, Rumania, Colombia, Ecuador, Argentina y Bulgaria. Aparte de su diversidad, la inmigración económica se caracterizó por su reparto relativamente equilibrado entre las zonas urbanas y rurales. Como se observa en la gráfica 1, los inmigrantes tienen un peso demográfico significativo incluso en los municipios con pocos miles de habitantes (Instituto Valenciano de Estadísticas, 2002 y 2010).

Esta inmigración repentina y marcada por altos niveles de irregularidad administrativa (Solanes, 2008) no tardó en suscitar respuestas políticas. En la Comunidad Valenciana, el gobierno autonómico promovió la creación de las Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS), definidas como "oficinas locales de información, mediación, asesoramiento y orientación para el colectivo inmigrante" (Comunidad Autónoma Valenciana, 2009). Orgánicamente insertas en las administraciones locales, las AMICS coordinan la ejecución de sus programas de integración, incluyendo medidas de acción positiva, lucha contra los prejuicios, formación intercultural del personal municipal, asesoramiento y apoyo a la inserción laboral de los inmigrantes (Generalitat Valenciana, 2009).

En la gran mayoría de los municipios, su personal se encargó de redactar los planes oficiales de integración, exigidos por el gobierno autonómico como requisito para la adhesión a la red. Sin embargo, la redacción de los planes no dio lugar a una participación significativa de los mismos inmigrantes. Además de recibir formaciones periódicas en materia de integración, el personal de las AMICS cuenta con un servicio de asistencia jurídica de extranjería y con la oportunidad de reunirse periódicamente con sus homólogos de los demás municipios. En 2011 se habían constituido 26 AMICS en la provincia de Alicante y 50 en la de Valencia (García, 2011). Aunque no se pueden reducir las políticas locales de integración en la Comunidad Valenciana a la actividad de la red (Simó y Torre, 2006), su impulso político, logístico y financiero ha sido decisivo para muchos municipios de menor tamaño y con recursos limitados. Junto con el asentamiento de muchos inmigrantes fuera de las ciudades, la creación de la red AMICS convirtió las provincias de Alicante y Valencia en un terreno idóneo para estudiar la actuación de los ayuntamientos rurales en materia de integración.

En línea con la tendencia de las colectividades rurales a combinar una alta emigración con una baja inmigración,¹² entre los años 2000 y 2010 la tasa de crecimiento media de estos municipios rurales alcanzó 15 por ciento (mediana = 13 %), y la de los municipios urbanos, 46 por ciento (mediana = 34 %) (Instituto Valenciano de Estadísticas, 2000, 2010). La muestra se compone de siete municipios rurales y cinco urbanos. En 2010, tres de los municipios rurales contaban con una población de menos de 15 000 habitantes, dos tenían entre 15 000 y 30 000, y dos registraban entre 30 000 y 50 000 pobladores. Por otro lado, dos municipios urbanos tenían entre 50 000 y 100 000 habitantes, y tres alcanzaban una población de más de 100 000 personas.

Uno de los mayores retos metodológicos que se plantean a la hora de estudiar las políticas locales de integración es la identificación de sus principales ejecutores. Debido a su carácter transversal, estas políticas suelen involucrar varias unidades administrativas que no siempre coordinan o comunican sus actuaciones. En este caso, la existencia de las AMICS facilitó considerablemente la selección de los entrevistados, dado que su personal se encontraba en una posición privilegiada para compartir la experiencia local.¹³ En los municipios rurales solían reducirse a un solo trabajador de tiempo completo, o incluso parcial, pero también entrevistamos a sus principales colaboradores,¹⁴ de modo que pudiéramos detallar y corroborar los datos. En las ciudades, la selección se ciñó a los profesionales más informados e involucrados en el trabajo diario de las agencias. Los cargos más frecuentes de los informantes fueron los siguientes: concejal de bienestar social o de inmigración, jefe de área de servicios sociales, trabajador social, educador social, personal de confianza de la alcaldía, mediador intercultural y personal remunerado de las ONG.

En total se realizaron 49 entrevistas (una media de 4.1 por municipio) con una duración comprendida entre 30 minutos y dos horas. Todas ellas se llevaron a cabo de forma presencial e individual, generalmente en la sede de la AMICS o en los lugares de trabajo de sus colaboradores. Todos los participantes de un municipio dado se entrevistaron de forma consecutiva el mismo día, con vistas a maximizar la espontaneidad de las respuestas y reducir los sesgos de deseabilidad social. El guion utilizado seguía un formato semiestructurado en el que las preguntas evaluativas -destinadas a recoger las opiniones de los entrevistados sobre el funcionamiento de la agencia- alternaban con las descriptivas -sobre el diseño, la organización y la ejecución de actividades concretas-. En varias ocasiones fue preciso insistir en el cómo, cuándo, con qué y con quién de las actuaciones referidas para discriminar entre la simple enunciación de objetivos y la descripción de actividades efectivamente puestas en práctica. Este método permitió recoger datos cualitativos vitales para desenmarañar los aspectos formales, temporales, organizacionales o funcionales de las políticas, sorteando la diversidad de los lenguajes en que se comunicaban y de los discursos en que se legitimaban.

El análisis cualitativo de los datos consistió en categorizar las actuaciones consignadas en una lista de 41 medidas arquetípicas, cuyo nivel de abstracción se sitúa a medio camino entre las actividades observables (siempre específicas del contexto local y, por lo tanto, difícilmente comparables) y los objetivos generales -reflejados en los planes estratégicos oficiales y habitualmente compartidos por todos los municipios-. En el marco de nuestra categorización, una medida consiste en una actuación autónoma y coherente llevada a cabo por el personal municipal en el ámbito de la integración. Este personal no tenía que ser el único actor involucrado en el desarrollo de las medidas, sino que únicamente debía desempeñar un papel significativo en su diseño, promoción, financiación, coordinación o puesta en práctica.

Finalmente, las medidas incluidas en el análisis debían ser suficientemente precisas y concretas para identificar sus principales agentes, formas e impactos potenciales sobre la integración; algunas eran puntuales, mientras que otras tenían carácter periódico o permanente. En el caso de las puntuales, tuvimos en cuenta todas las que se habían desarrollado en los dos años anteriores a la investigación.

Antecedentes teóricos

El marco conceptual más completo elaborado hasta la fecha para describir las políticas locales de integración se encuentra en una tipología de Alexander (2003), quien identifica cuatro actitudes posibles ante la otredad de los inmigrantes (en adelante, sus prácticas étnicas).¹⁵ Dichas prácticas pueden ignorarse, percibirse como un fenómeno temporal que desaparecerá con la salida de los inmigrantes, como un problema por solucionar o como un recurso por reconocer. A su vez, estas actitudes determinan cuatro respectivas orientaciones generales de la actuación municipal en materia de integración: la no intervención, la política del trabajador invitado (servicios básicos y prevención de los conflictos más graves), la asimilación (desatención o desincentivación de las prácticas étnicas y apoyo a la adaptación de los inmigrantes a las instituciones establecidas) y el pluralismo (apoyo al mantenimiento de las prácticas étnicas y adaptación de las instituciones existentes).

Según la tipología, estas orientaciones se reflejan en todos los ámbitos de las políticas de integración municipales: el legal-político (relativo al estatus cívico de los inmigrantes, sus órganos consultivos y sus asociaciones), el socioeconómico (que abarca los servicios sociales y de empleo, la educación y la policía), el cultural-religioso (referido a las instituciones culturales de los inmigrantes y la educación intercultural de la población general) y el espacial (que incluye la vivienda social, la urbanización de los barrios étnicos y la gestión de los espacios públicos). Clasificando las políticas de integración de un municipio dado en función de las actitudes que reflejan y de su ámbito funcional, se puede evaluar cualitativamente el tipo de integración perseguido por las autoridades locales.

Según Caponio (2010), las estrategias de los empleados municipales pueden reflejar tanto su ética profesional como motivaciones más instrumentales de eficiencia en la compleción de sus tareas. En la sociedad civil, sus principales colaboradores son las ONG y las asociaciones étnicas, que compiten entre sí para conseguir subvenciones o capital simbólico. Cuando intervienen las ONG, generalmente persiguen la satisfacción de sus beneficiarios, es decir, los inmigrantes; sin embargo, las que se especializan en la asistencia a los colectivos más desfavorecidos pueden considerar como secundarias las cuestiones relacionadas con las prácticas étnicas. Este aspecto se encuentra más a menudo entre las prioridades de las asociaciones de inmigrantes, cuyo dinamismo está correlacionado con el tamaño y la cohesión de los grupos étnicos. Por su parte, la teoría de los regímenes urbanos (Good, 2009) añade a las empresas locales a la constelación de actores influyentes en la formulación de las políticas de integración, ya que pueden cofinanciar programas de apoyo a sus trabajadores inmigrantes y presionar para el desarrollo de los servicios públicos que les benefician (transporte, formación profesional, vivienda social, etcétera).

Como deja patente este entramado de influencias entre responsables políticos, empleados municipales, ONG, asociaciones étnicas y empresarios, las políticas locales de integración dependen de muchos factores que escapan al control y/o el conocimiento de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, también pueden dar lugar a debates abiertos en las instituciones representativas de los ayuntamientos, suscitando confrontaciones ideológicas muy polémicas y mediatizadas (Caponio, 2010). Cuando ocurre tal politización, los cálculos electorales adquieren más preeminencia en el diseño de las estrategias oficiales de integración. Dado que la mayoría de los electores suelen ser no inmigrantes -sobre todo en los estados que restringen el acceso de los inmigrantes al sufragio activo-, la lógica electoral puede desembocar en una casi ausencia de políticas de integración o en políticas unilaterales y paternalistas que desatienden las expectativas de los inmigrantes (Penninx y Martiniello, 2004). Según Mahnig (2004), su presencia despierta mayor interés político cuando se percibe como una amenaza para el conjunto de la sociedad, lo que desemboca en la adopción de medidas represivas.

Los partidos xenófobos suelen asociar la inmigración con tres grandes clases de amenazas (Ceyhan y Tsoukala, 2002): la socioeconómica (desempleo, crecimiento de la economía informal, crisis del estado de bienestar, deterioro del medio urbano), la de seguridad pública (delincuencia y crimen) y la identitaria (equilibrio demográfico y conservación de la cultura local). Dada la rentabilidad electoral potencial de este discurso, algunos investigadores han llegado a preguntarse por qué las políticas de integración no sucumben más a menudo a la tentación xenófoba. En un interesante modelo basado en la búsqueda de legitimidad por parte de los gobernantes, Boswell (2007) sugiere que el único contexto que permite reconciliar las políticas de inmigración simultáneamente con los ideales de seguridad, justicia, acumulación de riqueza y legitimidad institucional es la ausencia de politización.

Desde la perspectiva sociopsicológica, Berry (1997) identifica tres condiciones para el apoyo de los electores a las políticas de carácter pluralista: la valoración positiva de la diversidad cultural, la ausencia de fuertes prejuicios hacia los inmigrantes y la existencia de una identidad social segura e inclusiva. Estas condiciones son más difíciles de reunir en las sociedades relativamente homogéneas, debido a la mayor distancia cultural percibida entre inmigrantes y autóctonos.

La diversidad demográfica también puede influir indirectamente en la formulación de las políticas de integración al determinar el nivel de desarrollo institucional (institutional completeness) de los grupos étnicos (Breton, 1964). En las democracias liberales, el capital social que acumulan en forma de organizaciones asistenciales, comerciales, religiosas, educacionales, políticas, profesionales, recreacionales y mediáticas incrementa su eficacia a la hora de defender sus intereses dentro y fuera del proceso electoral (Good, 2009). Las relaciones teóricas entre los principales conceptos, procesos y actores que hemos presentado hasta ahora, se encuentran esquematizadas en la figura 1.

Este marco conceptual permite vislumbrar algunos factores potenciales de diferenciación entre las políticas de integración rurales y urbanas. Tres ideas principales destacan en la literatura revisada: 1) la actitud de las poblaciones rurales hacia los inmigrantes se caracteriza por una combinación de solidaridad y rechazo respecto de las prácticas étnicas; 2) los grupos étnicos rurales suelen ser pequeños y poco desarrollados institucionalmente; y 3) las ONG y empresas rurales ejercen una influencia preponderante en el proceso de formulación de las políticas de integración.

En las colectividades rurales, donde la diversidad étnica suele ser menor que en las ciudades (Papademetriou, 2003; Vasta, 2007) , "los obstáculos al entendimiento [interétnico] pueden ser la indiferencia pero también el egocentrismo, el etnocentrismo y el sociocentrismo, que tienen en común el situarse en el centro del mundo y considerar como secundario, insignificante u hostil todo lo extraño o alejado" (Vatz, 2005:108). En general, la población local se muestra dispuesta a entablar relaciones con los recién llegados en la medida en que éstos se asimilen a los usos locales. En este contexto, la integración tiende a convertirse en una cuestión políticamente sensible que provoca debates identitarios (Gallant, 2007; Woods, 2006; Hugo, 2008; Simard y Jentsch, 2009). Los cambios socioculturales generados por la inmigración a menudo desbordan la capacidad de intervención de las instituciones locales, que cuentan con una reducida experiencia en este ámbito (Ray, 2003; Jentsch, De Lima y MacDonald, 2007).

Un corolario de este argumento es que las comunidades rurales con alguna experiencia de inmigración resultan más atractivas para los pobladores futuros, sean cuales sean sus orígenes (Hugo, 2008) . Por otro lado, la conciencia de su declive demográfico puede llevar a las poblaciones rurales a percibir la inmigración como una ventaja para la economía y los servicios públicos locales (Jentsch, De Lima y MacDonald, 2007; Kasimis y Papadopoulos, 2005; Hugo, 2008; Cvetkovic, 2009). Vatz (2005) propone el concepto de calidad de vida para designar un ideal sociopolítico específicamente rural, donde el bienestar de toda la población en materia de empleo, educación, salud, servicios, seguridad, vivienda, etcétera, se considera como el punto de partida del desarrollo local. Según este autor, la calidad de vida también abarca la dimensión de las relaciones interpersonales en la medida en que se espera una elevada participación de los vecinos en las actividades sociales locales (Morén-Alegret, 2005; Simard, 2007; Cvetkovic, 2009) . En este sentido, las redes transnacionales en que se involucran muchos inmigrantes pueden suscitar el rechazo de la población local (Vatz, 2005).

La configuración político-institucional de los municipios rurales también afecta la naturaleza de sus políticas de integración. Por una parte, el número de inmigrantes que hacen uso de los servicios públicos casi nunca se considera suficiente como para justificar la creación de unidades específicas, y las adaptaciones realizadas por los servicios generales revisten un carácter excepcional. Por otra parte, el tamaño reducido de los grupos étnicos limita su influencia en la esfera política, así como su capacidad de apoyar puntualmente a los empleados municipales en materia de integración. Una alternativa es la formación de asociaciones interétnicas, que pueden desempeñar una función asistencial pero no sustituir a las asociaciones monoétnicas en las cuestiones de expresión y transmisión cultural (Vatz, 2005; Jentsch, De Lima y MacDonald, 2007; Reimer, 2007).

De este repaso teórico se desprenden dos hipótesis principales sobre la incidencia de la ruralidad en la naturaleza de las políticas locales de integración: primera, los municipios rurales deberían desarrollar menos políticas pluralistas que los urbanos, debido al mayor etnocentrismo del electorado, el tamaño reducido de los grupos étnicos y la menor autonomía y experiencia de la administración municipal en cuestiones de integración; segunda, los intereses del electorado y de varias organizaciones locales -sobre todo las ONG y las empresas- deberían confluir para generar un fuerte apoyo de los inmigrantes en el ámbito socioeconómico. Dicho apoyo se podrá extender a la creación de relaciones interpersonales con la población local, pero en contextos que favorezcan la asimilación de los inmigrantes a las prácticas locales.

Resultados

El análisis comparativo de las políticas de integración diseñadas respectivamente por los municipios rurales y urbanos de la muestra revela importantes variaciones en sus formas de actuación (véase el cuadro 1). Para resaltar las áreas de contraste se han excluido del análisis todas las medidas cuya variación de frecuencia (en porcentaje) entre municipios rurales y urbanos estuvo comprendida entre 20 y -30, lo que nos deja con 18 de las 41 medidas iniciales. Las medidas aparecen en orden decreciente de preponderancia en los municipios rurales. Con vistas a facilitar su comprensión e interpretación, en seguida se describen en detalle las formas concretas que pueden adoptar estas medidas:

Talleres de búsqueda de empleo. Organización o impartición de talleres sobre la situación del mercado laboral y sus leyes, la elaboración de un currículo, la preparación de entrevistas de trabajo o el uso de las nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo.

Bolsas de empleo. Mantenimiento de una base de datos actualizada sobre la demanda laboral de los inmigrantes en los principales nichos de empleo, como el cuidado de niños y mayores, el trabajo doméstico, la agricultura y la construcción.

Ferias interculturales. En colaboración con los líderes inmigrantes, desarrollo de actividades que dan a conocer sus aportaciones culturales a la población local. Las actividades pueden escalonarse a lo largo de un período generalmente comprendido entre un día y una semana, y tienen un carácter lúdico, familiar y popular. Para maximizar la participación, se ubican en lugares céntricos o simbólicos y se difunden por medio de campañas de información. Generalmente destacan las expresiones artísticas, la gastronomía, la vestimenta y la artesanía de los inmigrantes, así como otros aspectos de su vida cotidiana como los juegos, deportes y rituales. En algunas ferias, las ONG locales adquieren mucho protagonismo, lo que puede aumentar la participación de la población local pero también alterar el impacto simbólico del evento.

Elaboración de currículos. Recopilación de información relevante sobre la experiencia y las aptitudes laborales de los inmigrantes en busca de trabajo y elaboración de un currículo adecuado a los requerimientos del mercado.

Concursos artísticos interculturales. Promoción de concursos literarios o de artes plásticas que invitan a la población a reflexionar sobre la convivencia de las culturas. Posteriormente, las mejores obras se leen o exponen públicamente.

Mediación laboral. Contacto con los principales empleadores de personas inmigrantes (demandantes de trabajo doméstico o agricultores) para proponerles candidatos, asesorarlos sobre los entresijos legales de la contratación de extranjeros, romper los estereotipos culturales y proponer soluciones a los conflictos surgidos en el lugar de trabajo.

Promoción de los derechos humanos. Organización de charlas, conferencias o eventos artísticos dirigidos a informar y movilizar a la población en torno de la defensa de las poblaciones más vulnerables, incluyendo los inmigrantes.

Talleres de educación sexual. Programación o impartición de talleres sobre planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, así como orientación en este aspecto.

Traducción-interpretación. Servicio de traducción-interpretación profesional para facilitar las relaciones de los inmigrantes con la administración pública o, en algunos casos, con los proveedores de servicios privados (telefonía, Internet, electricidad, agua, etcétera).

Inclusión en las celebraciones locales. Promoción de la participación de los inmigrantes en las fiestas tradicionales de la colectividad. Por ejemplo, se anima a las asociaciones étnicas a que recluten socios para desfilar en una procesión.

Traducción de documentos informativos municipales. Traducción de formularios, carteles, guías o páginas web en las lenguas de la población inmigrante, con el propósito de facilitar su acceso a los servicios públicos.

Actividades deportivas mixtas. Organización de eventos deportivos diseñados específicamente para maximizar la participación de la población inmigrante, generalmente los jóvenes. Al mismo tiempo, se fomenta el involucramiento de la población local en una medida que permita un equilibrio en la visibilidad de unos y otros. Algunas estrategias son la elección de disciplinas deportivas compartidas (tales como el futbol o las carreras), la inclusión de las asociaciones étnicas y los colegios en el reclutamiento de los atletas y la creación de equipos étnicos. En este último caso, se intenta mantener bajo control las rivalidades y resaltar el aspecto lúdico.

Órganos consultivos. Creación o coordinación de un consejo consultivo cuya función primordial es la representación de los colectivos inmigrantes y el diálogo con las principales organizaciones sociales, políticas, económicas y culturales del municipio. Las asociaciones étnicas participantes se seleccionan atendiendo criterios de representatividad, nivel y tipo de actividad y número de miembros.

Inclusión en los clubes deportivos locales. Por medio de charlas individuales, mediaciones familiares y ayudas económicas, se incita a los jóvenes inmigrantes a que participen en las ligas de fútbol o cualquier otra organización deportiva en un nivel de igualdad con la población local.

Fortalecimiento de las asociaciones étnicas. Apoyo financiero o logístico (subvenciones, formación de líderes y asesoramiento jurídico-técnico sobre su constitución legal) a las asociaciones étnicas, atendiendo criterios de representatividad, nivel de colaboración con la administración local, número de miembros y ámbitos de actuación, entre otros.

Cesión de espacios públicos para las asociaciones étnicas. Apoyo o resolución de las demandas de las asociaciones étnicas que quieren hacer uso de determinados espacios públicos para sus actividades: clases, foros, charlas, talleres, oraciones, comidas al aire libre, fiestas tradicionales, teatro, conciertos, desfiles, etcétera.

Aunque esta lista sólo abarca aproximadamente la mitad de las medidas identificadas en los municipios de la muestra, es suficiente para mostrar que ni las políticas de integración rurales ni las urbanas se ajustan a los modelos de no intervención o de trabajador invitado, caracterizados por su reducido alcance y enfoque de corto plazo. Además, la adhesión de un gran número de municipios de Alicante y Valencia a la red AMICS nos lleva a pensar que esta observación se puede generalizar, con precauciones, al conjunto de estas provincias. Ahora bien, si nos centramos en la actitud general de las autoridades locales frente a la diversidad cultural, observamos que los ayuntamientos urbanos parecen más propensos que los rurales a considerar las prácticas étnicas como un recurso para la adaptación de los inmigrantes o como una realidad social inevitable. Esta tendencia se refleja en su predilección por las políticas de carácter pluralista en todos los ámbitos, desde el legal-político (creación de órganos consultivos) hasta el socioeconómico (servicios de traducción-interpretación, contratación de personal inmigrante y traducción de documentos informativos), pasando por el cultural-religioso (fortalecimiento de las asociaciones étnicas) y el espacial (cesión de espacios públicos).

Muchos municipios rurales están igualmente dispuestos a reconocer la diversidad cultural de forma pragmática y puntual con vistas a favorecer la convivencia de sus residentes, como lo certifican sus ferias y concursos interculturales. No obstante, tales actitudes conciliadoras pueden tintarse de desconfianza o paternalismo. Por ejemplo, sorprende la prioridad que otorgan a los talleres de educación sexual específicos para los inmigrantes, por encima de otras medidas plausiblemente más beneficiosas para la protección de sus derechos o el interés público.

Por otra parte, el discurso de los derechos humanos que enmarca las intervenciones de las ONG para prevenir el racismo en las escuelas o promover la convivencia en las ferias interculturales puede ser un arma de doble filo que contribuye a estigmatizar a los inmigrantes y sus países de origen como "retrógrados". Esta ambigüedad queda curiosamente ejemplificada en el reclutamiento que una ONG española hizo de un joven homosexual de origen marroquí para promover la libertad sexual en el seno de la comunidad musulmana local.

Desde el punto de vista de las áreas de intervención, los municipios rurales manifiestan una clara especialización en la inserción laboral, como queda demostrado por su alta propensión a ofrecer servicios de elaboración de currículos, talleres de empleo, mediación laboral y bolsas de trabajo. En contraste, ninguna de las medidas principalmente urbanas persigue este objetivo. Los municipios rurales también tienden a promover los contactos directos y simbólicos entre los inmigrantes y la población local, ya sea por medio de los clubes socioculturales, o las ferias y los concursos artísticos interculturales.

A primera vista, su menor intervención en el área del deporte (actividades deportivas mixtas e inclusión en los clubes deportivos locales) parece contradecir esta interpretación. Sin embargo, la omisión se puede deber a la expectativa de que las instituciones educativas basten para asegurar la aculturación de la población más joven, que constituye la principal beneficiaria de las medidas deportivas. Por último, y no obstante los motivos encubiertos planteados anteriormente, la popularidad de las medidas de promoción de los derechos humanos y de educación sexual en los municipios rurales parece reflejar un compromiso con el bienestar básico de sus residentes. La eficacia de su actuación en este ámbito podría verse mermada por la insuficiente adaptación de los servicios públicos a las prácticas étnicas y el escaso apoyo proporcionado a las redes de solidaridad de los inmigrantes.

Este hecho parece ratificar un elemento importante de nuestra hipótesis, según el cual la menor importancia numérica y organización de los grupos étnicos de las colectividades rurales frena la puesta en marcha de iniciativas pluralistas. Lo anterior podría deberse a una desatención de estos grupos por parte del personal municipal, motivada por consideraciones electorales. Un caso sorprendente es el de las ferias interculturales, que se encuentran, sobre todo, en los municipios rurales, pese a que constituyen un ejemplo paradigmático de actividad diseñada por las asociaciones étnicas para sí mismas. Dicho esto, conviene recordar que el nivel de protagonismo respectivo de éstas y de las ONG en las ferias puede fluctuar considerablemente de un municipio a otro. Por último, no tenemos datos suficientes para atribuir la predominancia de las políticas socioeconómicas en los municipios rurales a la demanda laboral de las empresas locales o a un consenso altruista de los ciudadanos y las ONG sobre la importancia de fomentar la "calidad de vida" de los recién llegados.

Conclusiones

Cualquier discusión sobre la intersección entre ruralidad y políticas locales de integración debe partir de una premisa claramente corroborada por este trabajo: a pesar de sus limitaciones presupuestarias y en términos de recursos humanos, los ayuntamientos rurales pueden desempeñar un papel significativo en el ámbito de la integración, sobre todo si reciben apoyo económico y/o logístico de los niveles superiores de gobierno. Ahora bien, existen motivos teóricos para pensar que sus políticas tenderán a diferenciarse de las urbanas en dos aspectos clave: su nivel de acomodación de las prácticas étnicas y sus áreas de intervención prioritarias. De acuerdo con la hipótesis planteada, este estudio indica que los ayuntamientos rurales tienden a desarrollar políticas de integración menos pluralistas y más centradas en el ámbito socioeconómico que los municipios urbanos.

Con la progresiva extensión y sofisticación de las políticas de integración en las democracias liberales, se han subrayado las ventajas potenciales de una descentralización parcial para la flexibilidad y eficacia de la actuación estatal (Penninx, 2009). Desde el punto de vista de la gobernanza local de la integración, nuestros resultados sugieren que la inmigración rural presenta una combinación de retos y oportunidades. Por un lado, el importante apoyo socioeconómico proporcionado por los municipios rurales a sus inmigrantes puede contribuir a prevenir la formación de una clase étnica marginada (Portes y Rumbault, 2001), un aspecto en el que las ciudades se han mostrado relativamente ineficaces en el pasado (Simard y Jentsch, 2009).

Por otro lado, los municipios rurales parecen más vulnerables que los urbanos a la dominación de los intereses de la mayoría no inmigrante en la formulación de las políticas de integración. En consecuencia, tienden a pasar por alto el papel que desempeñan ciertas prácticas étnicas para reducir el estrés ligado a la aculturación de los inmigrantes (Berry, 1997) y facilitar la movilidad ascendente de sus descendientes (Portes y Rumbault, 2001). De hecho, la baja tasa de retención de los inmigrantes observada en muchas zonas rurales se ha atribuido, en parte, a la falta de redes étnicas (Vatz, 2005).

La vía de la asimilación rápida también requeriría el mantenimiento de niveles reducidos de prejuicio y discriminación, que pueden tardar en alcanzarse pese a los contactos interétnicos promovidos por los ayuntamientos rurales. En este sentido, es significativo que los programas de emparejamiento entre inmigrantes y autóctonos que persiguen la inserción de los inmigrantes en las redes sociales locales tiendan más bien a generar la inclusión de los autóctonos cosmopolitas en las redes étnicas (Vatz, 2005). Por todo lo anterior, parece que una gobernanza eficaz y equitativa de la integración en las zonas rurales precisaría una descentralización selectiva, donde las autoridades locales desempeñarían un papel preponderante en el ámbito socioeconómico, mientras que los niveles superiores de gobierno fomentarían, directa o indirectamente, el acomodo institucional de las prácticas étnicas compatibles con la adaptación, a largo plazo, de los recién llegados.

Pese al carácter rigurosamente comparativo del análisis en que se basan nuestras observaciones, serían necesarios nuevos estudios en distintos contextos sociopolíticos para comprobar si se pueden generalizar a una proporción significativa de los municipios rurales de las democracias liberales. El traslado al ámbito rural de los análisis longitudinales que han dominado la investigación sobre las políticas locales de integración en las ciudades también permitiría examinar más a fondo los procesos específicos que pueden generar diferentes tipos de políticas.

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Notas

¹ La recopilación de datos para este estudio se llevó a cabo en el marco de una evaluación externa de las políticas de integración valencianas encargada a Edelia Villarroya, profesora de psicología en la Universidad de Valencia, por la entonces Consellería de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana. Además de Edelia, el autor expresa su agradecimiento a Gavino Flore y Fani García, quienes participaron en la preparación y realización de las entrevistas.

³ Datos de 2006. Las zonas no metropolitanas tienen un núcleo urbano de menos de 10 000 habitantes.

⁴ Datos de 2001. Las zonas rurales tienen un núcleo de menos de 1 000 habitantes.

⁵ Todas las traducciones son propias.

⁶ En este trabajo adoptamos una definición amplia y normativamente neutra de la integración como "proceso de asentamiento, interacción con la sociedad receptora y cambio social que sigue la inmigración" (Favell, 2005).

⁷ Berry (1997) emplea el término integración con un sentido análogo.

⁸ Los proyectos más destacados incluyen el denominado "Políticas multiculturales y modos de ciudadanía en las ciudades europeas" y la red de "Ciudades para las políticas locales de integración" (MPMC y CLIP, respectivamente, por sus nombres en inglés).

⁹ Algunos de los autores cuyo objeto de estudio coincide en gran medida con el nuestro, y que citamos a continuación, hablan de políticas de inmigración, políticas hacia los inmigrantes o políticas multiculturales.

¹⁰ Se consideran como inmigrantes económicos los que no provienen de la Europa del Grupo de los 15 (UE-15).

¹¹ En las provincias de Alicante y Valencia, cerca de la mitad de los inmigrantes residen en municipios de menos de 50 000 habitantes.

¹³ Todos los municipios de la muestra contaban con una AMICS.

¹⁴ Aunque varios de estos colaboradores eran inmigrantes, el enfoque del estudio y las limitaciones de tiempo y recursos impidieron su inclusión como tales en la selección de participantes.

¹⁵ Utilizamos el término prácticas étnicas para referirnos a las conductas individuales y colectivas que distinguen objetiva y subjetivamente a los inmigrantes de la población local.

INFORMACIÓN SOBRE EL AUTOR

PIER-LUC DUPONT: se graduó en estudios internacionales y lenguas modernas por la Université Laval y obtuvo una maestría internacional en migraciones por la Universitat de Valência, donde actualmente realiza el Doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Cuenta con el apoyo de una beca de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación. Es miembro del Institut de Drets Humans e investigador del proyecto "Derechos humanos, sociedades multiculturales y conflictos", financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Recibió el premio extraordinario de Máster concedido por la Universitat de Valência y becas de movilidad para estancias en centros de reconocido prestigio. Sus investigaciones abordan las políticas de inmigración e integración en las democracias liberales, con una atención especial en las medidas de lucha contra los prejuicios y la discriminación. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra el capítulo "El Estado español y la lucha contra el racismo: Un balance preliminar", en Ángeles Solanes Corella, coord., Políticas migratorias, asilo y derechos humanos: Un cruce de perspectivas entre la Unión Europea y España (Tirant lo Blanch, 2013). En marzo de 2013 participó en las XXVI Jornadas de Filosofía Jurídica y Política, en la Universidad de Cantabria (Santander), con la ponencia titulada "El reconocimiento como vía para combatir la discriminación sistémica". Dirección electrónica: pier.dupont@uv.es.