La política de inmigración en España: reflexiones sobre la emergencia del discurso de la diferencia cultural

Belén Agrela*

* University of California, San Diego.

Resumen

Palabras clave: migración internacional, políticas de inmigración, diferencia cultural, antropología, España.

Abstract

This article analyzes how the immigration, settlement, and integration of Spain's non-Community foreign population is conceptualized and questioned in the institutionalized spaces of power. It specifically examines the construction of arguments of differentiation and threat, with special emphasis on the categorization of "the cultural other." Using the Spanish case, we analyze how immigration policy within the European framework utilizes a dominant and privileged discourse that organizes and classifies the meanings of migration, immigrants, and the issues they raise. We conclude by reflecting on the power these discourses and policies exert through these differentiation processes as they create, reproduce, and project a series of symbolic demarcations that largely impede the integration of the "foreign-others" and "us-the Spaniards."

Keywords: international migration, immigration policy, cultural difference, anthropology, Spain.

Introducción

En España, la llegada y estancia prolongada de personas inmigrantes "no-comunitarias"¹ es cada vez mayor y está suponiendo, para la sociedad receptora y las políticas públicas españolas, uno de los elementos fundamentales en el proceso de restructuración de las identidades en esta nueva era de la globalización. No sólo porque su presencia cuestiona los núcleos duros del sistema liberal democrático, como son las nociones de justicia, libertad, igualdad o la vinculación entre Estado, ciudadanía y nacionalidad (Zapata-Barrero, 2001), sino que además, la inmigración está implicando la confrontación in situ con quienes han sido tradicionalmente definidos como "los otros culturales". Es decir, aquellos que son percibidos como los "primitivos" del Tercer Mundo y de culturas atrasadas que en la actualidad, se desplazan a vivir en el Primer Mundo; entre "nosotros", los civilizados. Encuentros que, enmarcados en los procesos de construcción de identidad y fundamentados sobre la base de las diferencias ideológica y socialmente construidas acerca del "nosotros" versus el "otros", están provocando discursos y líneas programáticas para la intervención y la práctica que ponen en evidencia las dificultades que entraña para la vida social, política, simbólica o económica, el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de mundos contenidos en un solo mundo (Gregorio y Franzé, 1999).

En consecuencia, los procesos de inmigración están manifestando en la actualidad las profundas paradojas y contradicciones que para las sociedades europeas implica el reconocimiento de las diferencias culturales a partir de marcos políticos definidos como democráticos. De este modo, frente a la imaginaria identificación de la "cultura propia" sobre la que pareciera gobernarse en favor de un derecho a la libertad individual y colectiva, surgen interesantes incongruencias que devienen fruto de la necesidad de integrar al mismo tiempo cuestiones relacionadas con la globalización, la interculturalidad, la alteridad, las delimitaciones étnicas o las diferencias culturales (García Canclini, 1999). Los dilemas frente a esta nueva extranjeridad dan lugar a la aparición de nexos y puentes simbólicos que tratan de conectar los territorios imaginarios que están siendo construidos en el seno de las nuevas sociedades multiculturales (Álund, 1997).

Aún siendo conscientes de que la configuración de los discursos de la diferencia con respecto a los inmigrantes no se construyen de forma unilateral "de arriba abajo", sino que responde más bien a un proceso discursivo de feed-back que se retroalimenta mutuamente, para la articulación de nuestra argumentación sobre cómo las políticas pueden ser examinadas como herramientas de exclusión, nos centraremos para esta ocasión en el análisis de los discursos articulados desde los centros de donde emana el poder (textos oficiales, agentes políticos y sociales), y que quedan plasmados en las políticas públicas. Desde una perspectiva de la anthropology of policy² pretendemos profundizar sobre cómo estas ideologías de desigualdad con respecto a los inmigrantes son difundidas, en la mayoría de las ocasiones de forma sutil e incluso contradictoria, desde los discursos e instituciones públicas. Nos preocupa el profundizar acerca de las formas en que son construidas y problematizadas, simbólica y políticamente, los fobotipos acerca de la inmigración (De Lucas, 2000) y los inmigrantes, en tanto que portadores de una alteridad cultural. De este modo, analizadas las políticas públicas como textos culturales y como estrategias de ordenación de los significados, estos discursos y prácticas de gobernabilidad proporcionan las claves para analizar los mecanismos propios de las actuales relaciones de poder en las llamadas sociedades multiculturales. Entendemos que son estos "marcadores étnicos" (Dietz, 2000) los que vienen a conformar las prácticas de gobernación que, fundamentadas en la diferencia cultural, utilizan mecanismos simbólicos a través de los cuales administran la vida de los individuos y las colectividades.

Para el análisis de estos procesos, nos serviremos en nuestra argumentación de las reflexiones surgidas a partir de mi experiencia como analista y asesora para distintas administraciones públicas de la región sur de España, así como de mi trabajo de investigación acerca de las políticas sociales con población inmigrante. Igualmente, serán contemplados los textos escritos de los dos marcos nacionales que refieren al diseño de la política de inmigración e integración social de los inmigrantes: el Plan de Integración Social de los Inmigrantes (en adelante PISI) (1995) y el Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración (en adelante Programa Greco) (2000).

¿Nuevas migraciones o nuevas representaciones?

Los diferentes discursos políticos e institucionales vertidos en España acerca de las actuales migraciones internacionales (aunque, por supuesto, no sólo las vertidas en este país) insisten en la idea de que se trata de un fenómeno completamente nuevo, asociado directamente con la idea de "globalización".³ Si bien esta aseveración no es del todo inexacta, dado que los fenómenos de mundialización tienen un claro efecto sobre el incremento, dirección y condiciones en las que se producen los procesos migratorios, se hace preciso matizar algunos aspectos. En primer lugar porque, contrariamente a lo pensado, no estamos en absoluto ante ninguna nueva manifestación humana. Y en segundo lugar, porque partimos del hecho de que las actuales formas de entender y explicar el porqué se producen las migraciones, tienen un efecto directo sobre la manera de abordarlas, tanto en el ámbito político como social.

Que las migraciones internacionales no son una manifestación reciente es una cuestión que numerosos investigadores se han encargado de demostrar y hacernos recordar con sus estudios (Arango, 1985; Castles y Miller, 1993; Massey et al., 1993, o Timur, 2000, por citar algunos). Entonces, siendo un hecho constatable que los movimientos poblacionales, tanto internos como internacionales, han existido desde los tiempos más remotos ¿a qué responde que, en los últimos años, éstos se nos presenten de forma tan contundente como si se tratara de un fenómeno novedoso y exclusivo de finales del siglo XX? O dicho de otra forma, ¿es esta "novedad" una cuestión relacionada con los procesos migratorios en sí o con los discursos políticos que versan sobre los mismos?, ¿se trata de un cambio real en los actuales movimientos poblacionales con respecto a los anteriores o "lo inédito" tiene que ver, más bien, con las nuevas formas en que son descritos y considerados políticamente?

Por nuestra parte, si bien consideramos que ambos aspectos son relevantes a la hora de explicar el porqué de la reciente magnificación del "fenómeno migratorio", argumentamos sin embargo que esta emergencia responde, en gran medida, a la presencia y significación que las migraciones están adquiriendo en los últimos años en las agendas políticas y discursos; discursos seguramente reforzados por esa mayor intensidad y giro de los movimientos migratorios, especialmente por cómo éstos son problematizados y presentados como una amenaza a la homogeneidad y estabilidad de la sociedad que los acoge, y cómo su "diferencia cultural" es construida como un inconmensurable problema.

El caso español nos obliga inevitablemente a enmarcar nuestro análisis en el marco de la Unión Europea (en adelante UE), donde no sólo no es hasta finales de los años noventa cuando la inmigración comienza finalmente a percibirse como un fenómeno global, sino que, además, cuando entra a formar parte de los primeros esbozos de una política de inmigración común -en los Tratados de Maastricht (1992), Tratado de Ámsterdam (1998) o Consejo Europeo de Tampere (1999)-, las actitudes y conductas culturales racistas reflejan el pensamiento acerca de cómo los inmigrantes son percibidos desde una distinción esencialista y diferenciadora, "destacando tan sólo su dimensión negativa como generadora de delincuencia, de redes ilegales, etcétera, simplemente como amenazá' (Zapata-Barrero, 2001:8).

En este sentido, el caso español presenta unas connotaciones muy particulares, en tanto que cuestiones como el cambio en los flujos migratorios, la politización del fenómeno inmigratorio y el (re)encuentro y rechazo hacia el "otro cultural" vienen a ejercer una particular repercusión sobre la manera en que la cuestión inmigratoria está siendo pensada, instrumentalizada y gestionada. La actual migración en España es un claro ejemplo de cómo se han invertido los flujos migratorios del siglo XIX propios de las políticas imperialistas del norte con respecto al sur. Las migraciones contemporáneas son el resultado de unas relaciones sociohistórico-políticas previas que determinan la dirección de los actuales desplazamientos poblacionales. En este sentido, hoy la diferencia con respecto a otras migraciones está en que, como muy acertadamente reflexionan Goytisolo y Nair (2000), "es el Sur el que asciende hacia el Norte, haciéndose eco no sólo de la desorganización planetaria resultante a largo plazo de esas antiguas políticas coloniales, sino también de la desregularización de la economía mundial" (2000:25); giro en las migraciones que en España es aún más acusado, no sólo por su política colonizadora de expansión hacia el sur, sino también por su previo proceso de desplazamientos poblacionales hacia Europa y las Américas, lo que le valió el calificativo por largo tiempo de "país de emigración".

Tomando en consideración todo este giro discursivo e interpretativo acerca de los inmigrantes, con el presente artículo pretendemos reflexionar sobre las maneras en que se construye institucional y políticamente esta diferencia cultural que, por una parte, define a las inmigraciones como un problema, y por otra, categoriza y clasifica a los inmigrantes como un grupo apartado en función de la "cultura de origen" que se les atribuye.

A modo de contextualización

Cuando nos referimos al caso concreto de España, uno de los primeros aspectos a considerar es su progresivo cambio de dirección en los flujos migratorios. Como varios investigadores han señalado, España comienza en apenas veinte años a desarrollar un lento proceso de transición de país de emigración a país de inmigración (Colectivo IOE, 1987; Izquierdo, 1996; Arango, 2000; Martínez Veiga, 1997; Cornelius, 1994). No obstante, y a pesar de la autodenominación como "país de inmigración" exclusivamente, lo cierto es que, tal como los datos oficiales demuestran, aún sigue habiendo casi el doble de españoles en el extranjero que inmigrantes residiendo en España.⁴ La designación de "polo de atracción" es utilizada desde el discurso político e institucional como argumentación para focalizar la política migratoria hacia un único objetivo: el control de las fronteras. Esto es una práctica política que ha de entenderse en relación directa con la inclusión en la UE (Colectivo IOE, 1999) y su posición definida como "estratégica" en la Comunidad Europea, en tanto que se ha erigido como puerta sur de entrada a la nueva "Fortaleza Europa". La incorporación al espacio comunitario y su posición de frontera comunitaria externa son por tanto dos factores que condicionan directamente el tratamiento del fenómeno inmigratorio en España. Hechos por los que se explicaría que, tras el tratado de Schengen (1985) y la primera ley de inmigración en España conocida como Ley de Extranjería (1985), la cuestión inmigratoria pasara casi de inmediato a considerarse como un aspecto fundamental en la agenda pública. Considerada como una de las leyes de extranjería más duras de Europa, su rigidez respondió más bien a una maniobra forzada de requerimiento europeo que a una "presión" migratoria real que la justificara, dado que se trataba de un fenómeno aún incipiente.

Ya desde la elaboración del Acta Única (1986), y con el reconocimiento de la libertad de circulación de los ciudadanos europeos, la inmigración se vinculó con la obsesión por mantener la seguridad en las fronteras exteriores. La inmigración no-comunitaria queda de este modo estrechamente asociada a la idea de problema policial y de seguridad, lo que implica una percepción de amenaza que entraña una presión directa de la UE hacia la necesidad de elaborar una política de control de fronteras más rígida. Con el Tratado de Ámsterdam (1997), desde el nivel macro-europeo se viene a comunitarizar todo lo relacionado con el paso de las fronteras a través de la Cooperación Policial y Judicial en Asuntos Penales, lo que requiere de una mayor custodia de las fronteras comunitarias. Acatamiento a la voluntad europea que queda plenamente reconocido tanto en el marco discursivo del Programa Greco (2000) cuando se subraya que "Es imprescindible abordar la inmigración desde una perspectiva global [...] en el marco de nuestra pertenencia a la Unión Europea y los compromisos adquiridos por nuestro país en este contexto" (p. 6),⁵ como en su aspecto más pragmático con la apuesta de una fuerte inversión económica para la creación y puesta en funcionamiento del complejo Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).⁶

Así las cosas, la creciente consideración de la presencia de población inmigrante como problema social lo ha elevado a la categoría de objeto y sujeto de intervención por parte de las políticas públicas, lo que implica un conjunto de decisiones y acciones para afrontar realidades socio-culturales de exclusión que adquieren la categoría de "problema público" (Tamayo y Delgado, 1998). El fenómeno de la inmigración y los debates que suscita tanto en el ámbito político, jurídico, social y moral, es un claro ejemplo de cómo una cuestión, aún sin grandes trascendencias, en escasos años ha pasado a considerarse como una importante problemática de orden simbólico-político. Es decir, ser sujeto y objeto de las políticas públicas, tanto en su dimensión simbólica (de definición de problemas dentro de la agenda pública), como sustantiva (los contenidos y opciones alternativas) y operativa (los modelos de gestión e implantación).

La inmigración como problema y la construcción de la diferencia a través de las políticas públicas

Como señalábamos anteriormente, la inclusión de la cuestión inmigratoria en las políticas públicas españolas se implanta de forma paulatina desde la entrada de España a la UE. Desde entonces, la política de extranjería e inmigración se ha articulado en torno a las leyes elaboradas sobre los derechos y libertades de los extranjeros (Ley Orgánica 7/1985, Ley Orgánica 4/2000 reformada por la Ley Orgánica 8/2000 y los correspondientes reglamentos que las desarrollan: R.D. 155/1996 y R.D. 864/2001) y el PISI (1995-2000) y Programa Greco (2000-2004). Tanto el PISI, en su momento, como el Programa Greco, en la actualidad, son los mecanismos fundamentales que de forma integrada fueron diseñados desde las políticas migratorias para dar respuesta a las necesidades e integración de la población inmigrante. Se trata de instrumentos que se constituyen como marco regulador y de referencia para el desarrollo de las políticas administrativas y de intervención con los inmigrantes, tanto en el ámbito nacional como regional y local.

Cuando hacemos referencia a la política inmigratoria en España, se hace necesario diferenciar entre lo que podríamos decir son sus dos grandes líneas fundamentales: la política de control de flujos y la política de integración. Por una parte, la política de control de los flujos migratorios, tal como se requiere desde la UE,⁸ se sistematiza a través de la política de cuotas (conocida como "los contingentes" o cupos). El establecimiento de los contingentes, contemplado tanto en el PISI como en el Programa Greco, se trata de un procedimiento específico por el cual el gobierno canaliza los flujos migratorios en función de las necesidades de mano de obra de la economía española, estableciéndose cada año el cupo de trabajadores no europeos que pueden acceder a ellos. Con este procedimiento se contempla, por una parte, el aspecto cuantitativo de la cuestión inmigratoria, dictaminado por "la situación nacional del empleo en cada momento y la necesidad de cubrir puestos de trabajo según sectores, perfiles profesionales, y en su caso, áreas geográficas de origen" (Greco, 2000:9). Práctica institucional que se elabora exclusivamente sobre principios utilitaristas, completamente asimilados e indiscutibles tanto por las esferas políticas como por la sociedad en general, que se reafirman en la idea de que, como puntualiza Zapata-Barrero, "la presencia de inmigrantes es bienvenida si afecta positivamente a nuestra calidad de vida [...] si nos permite resolver parte de 'nuestros problemas' demográficos, económicos, sociales, etc." (2000:4). Lógica utilitarista que se construye en reacción a quienes son posibles invasores, "amenaza", lo que influye a su vez sobre el tan recurrido "umbral de tolerancia" acerca de "a cuántos podemos acoger porque que aquí no cabemos todos", como es corriente escuchar desde algunos sectores políticos.⁹ Por otra parte, mediante los cupos se pretende también determinar el "número de inmigrantes que anualmente necesita España, cualificación y su tipología" (Greco, 2000:9), estableciendo así un proceso de selección y categorización de los inmigrantes que se desea escoger como extranjeros. Lo que ejemplifica una clara construcción estigmatizada acerca de quiénes son los inmigrantes, tal como muy acertadamente reseñaba el Foro para la Inmigración¹⁰ en su valoración del Programa Greco: "Las cualificaciones profesionales de un inmigrante pueden darse, venga del país que venga. No se entiende qué valor añadido puede aportar un país o área de origen sobre otra, salvo que se esté tratando de seleccionar a los inmigrantes en función de su color de piel, religión, rasgos culturales, o cosas de este tipo" (Foro para la Integración..., 2000:11).

La política de integración social de los inmigrantes viene a ser la otra gran línea de la política inmigratoria. Como hemos señalado, ésta queda articulada en el anterior PISI y en el actual Programa Greco. A diferencia de la política de control de flujos, claramente condicionada por las orientaciones de la UE, en materia de integración no existe una política común al respecto sino que es una cuestión que cada estado desarrolla individualmente. Si bien en las conferencias y tratados Europeos se ha intentado definir y elaborar una posible política común de integración, lo cierto es que no se ha avanzado más allá de manifestar una voluntad de diseñar una política común que contemple, de un lado, un trato equitativo con los nacionales de terceros países y en contra de las discriminaciones, y de otro, la lucha contra el racismo. Pero no existe como tal una política europea de integración con los inmigrantes o un documento comunitario base que unifique las políticas de integración de los países europeos. Como muy gráficamente apunta Zapata-Barrero "la inmigración se constituye como una de las 'patatas calientes' sometidas más a una lógica estatal que estrictamente europea" (2001:8).

Aún así, las formas de pensar desde el marco europeo acerca de la inmigración y los inmigrantes como amenaza, extraños, diferentes culturalmente y atrasados, son percepciones compartidas e institucionalizadas a lo largo de los distintos tratados y convenciones europeas que, de una u otra manera, quedan plasmadas y reproducidas en las políticas de integración. En el caso que aquí nos atañe, tanto en el texto del PISI como en el Greco, de manera explícita, pero sobre todo implícitamente, quedan reflejados estos arquetipos y discursos oficiales acerca de la otredad de los inmigrantes. Discursos que son importantes por su aspecto semántico de organización de significados para describir cómo desde las políticas se adscribe al individuo a unas determinadas categorías, como ser "inmigrante no-comunitario", ser "legal" o "ilegal", ser "inmigrante temporal", ser "inmigrante integrado", entre otras. Son igualmente discursos que, a un nivel pragmático y desde los procesos de gobernación, ejercen un claro efecto sobre cómo se define la integración y las propuestas desarrolladas a este respecto. Disertaciones que presentan unas versiones específicas de la realidad y que legitiman y dan credibilidad a las prácticas políticas (Martín y Van Dijk, 1997). Se establece de este modo una compleja articulación entre la política de control de flujos migratorios (que trata de frenar y cerrar la entrada de la "invasión de los migrantes") y la política de integración (que trata de integrar a esos "otros culturales" tan distantes a "nosotros los españoles") cuyo enlace pasa necesariamente por la definición discursiva acerca de la inmigración como problema (bien sea numérico, social, cultural, económico, por ejemplo). Retóricas de exclusión que, apoyadas en el discurso conservador en contra de la inmigración que imperó en la Europa de los años ochenta, viene a sustituir el discurso racista que Stolcke denominó como la nueva retórica de exclusión del "fundamentalísimo cultural" (1993). Con los textos, discursos y prácticas políticas se le otorga una especial preeminencia a la idea de cultura -como algo estático, inamovible e inherente a la nacionalidad de las personas- que se utiliza como instrumento medidor y divisor entre quiénes somos "nosotros" y quiénes son los "otros". Se produce así una "totalización cultural, en una determinada concepción de la cultura como algo homogéneo e inalterable que esencializa las diferencias y las lealtades primordiales convirtiéndolas en realidades irreductibles e incomunicables" (Maquieira, Gregorio y Gutiérrez, 2000:384).

Con el objeto de precisar las distintas dimensiones de lo que Santamaría (2002) ha definido como discurso institucional "dominante y constituido" sobre la inmigración y la construcción de la diferencia, hemos articulado nuestra argumentación sobre cómo se elabora el "discurso culturalista" en torno a cuatro nociones: 1) la percepción de la cuestión migratoria, 2) ¿a qué imaginario responden las visiones acerca de los que inmigran?, 3) la inmigración definida como problema social, 4) el peso en la integración social de la atribuida diferencia cultural. A continuación, pasamos a desarrollarlos.

La percepción de la cuestión inmigratoria

Ya en la presentación del PISI se comienza aludiendo de forma explícita que "la inmigración es, hoy por hoy, un hecho imparable" (1995:9). Se interpreta de este modo que, en la actualidad, el aspecto novedoso de las migraciones es que no se puede detener. Pudiera parecer así que con anterioridad, los flujos migratorios se sucedían de forma intermitente o sin una continuidad, que los movimientos de personas antes no existían. Con esta afirmación, la inmigración queda definida como una cuestión sin límites y amenazante en tanto que es presentada como algo que no se puede controlar. Visto así, parece por tanto lógico que se recurra a menudo a la expresión de "avalancha de inmigrantes" o "desembarco de ilegales", tal como es habitual cuando se hace referencia a la llegada de pateras¹¹ justificando con ello una política de control de flujos más dura . Como señala De Lucas al respecto: "la capacidad mediática de la imagen de la 'patera', el auténtico símbolo del 'problema migratorio' en nuestro país ha inspirado sin duda la reconducción de la política migratoria" (2000:9).

En esta misma tendencia, el actual Programa Greco pone de relieve la conclusión de que "el aumento de la presión migratoria también supondrá un incremento de los flujos irregulares que utilizan las redes de tráfico de personas para las que el territorio español no es sólo punto de destino, sino también de tránsito" (2000:5), lo que manifiesta la asociación que se establece no sólo entre inmigración e irregularidad sino también entre inmigración y mafias que trafican con ellos. O, lo que es peor, la asociación entre inmigración e inseguridad ciudadana, cuando se pretende regular los flujos migratorios "para garantizar la convivencia en la sociedad española" (Greco, 2000:6), concretando de este modo un discurso de orden público y seguridad. A este respecto, no es de extrañar que, tras el acalorado debate suscitado por las polémicas declaraciones que a principios de 2002 hiciera el ministro de Interior, Mariano Rajoy, en las que vinculaba el incremento de la delincuencia en 2001 con el crecimiento de la inmigración, en los subsiguientes barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)¹² la inseguridad ciudadana fuera calificada como "el tercer problema más importante que sufren los ciudadanos" y aumentara la intolerancia de los españoles a los inmigrantes respecto a las costumbres de los extranjeros.

Con base en esta elaboración discursiva y complejo proceso de creación de opinión, ya desde el PISI se insistía, como uno de los componentes clave para una eficaz política de inmigración, el considerar como primordial la puesta en marcha de medidas para "controlar la inmigración, manteniéndola dentro de unos niveles aceptables" (PISI, 1995:21). Se alude así nuevamente a la idea de fiscalizar lo incontrolable, dentro de unos márgenes concretos que quedan definidos de forma ambigua e imprecisa bajo el concepto de "nivel de aceptabilidad". Lo que también refleja la idea de "utilitarismo" con el que se gestiona la admisión de los inmigrantes: "no podemos olvidar que España tiene [...] una capacidad de acogida limitada, que debe responder a un cálculo estricto de los puestos de trabajo que puede ofrecer a las personas extranjeras" (Greco, 2000:7).

En ambos documentos se tratan además de esgrimir los motivos por los que, según la política de inmigración, se producen los movimientos migratorios. Construcciones discursivas que ponen el énfasis en argumentar que la naturaleza estructural de estos flujos está exclusivamente relacionada con los factores de expulsión originales: "En tanto no se alivien las tensiones económicas, demográficas y sociales en países de nuestro entorno, los flujos seguirán produciéndose de forma ineludible" (PISI, 1995:39) e igualmente en el Greco: "...que emigran por razones económicas buscando entre nosotros oportunidades que no encuentran en sus propios países" (p. 7).

Similares interpretaciones acerca de la lógica con respecto a las causas de las migraciones hemos recogido en nuestro trabajo de campo cuando nos interesábamos por conocer las versiones que los agentes sociales y políticos argumentaban sobre la cuestión migratoria: ... y sobre todo vienen porque en su país no encuentran trabajo, no tienen donde trabajar, pues tú sabes que estos países algunos están en guerra o están muy mal, vamos, y allí pues no se pueden quedar.

Si por tanto desde los espacios políticos se interpreta que son los factores de expulsión los que mayor peso tienen en las migraciones, debido básicamente a que son países pobres, parece lógico que las políticas de cooperación se presenten como la solución adecuada para frenar las invasiones. Según este razonamiento, parecen adquirir coherencia los planteamientos que proponen potenciar la inversión de capital en los países de origen para mitigar así las situaciones de precariedad que provocan la salida de personas hacia países desarrollados. Esta idea acerca de garantizar un efectivo control futuro de la llegada de inmigrantes a través de la cooperación para el desarrollo, que ya estaba recogida en el PISI, viene a reforzarse en el Programa Greco mediante el "Codesarrollo de los países de origen y tránsito de los inmigrantes". Apuesta por los programas de codesarrollo que si bien ha sido valorada como muy positiva, en tanto apuesta por sentar una iniciativa a este respecto, está construida sobre la base de una argumentación igualmente utilitarista. De este modo, si la pobreza, el desempleo o la superpoblación son las causas de la migración, al tratar de reducirlas con políticas económicas los países del Primer Mundo apreciarán considerablemente una reducción en "la avalancha" de los flujos inmigratorios. Sin embargo, desde este esquema explicativo, que simplifica las causas de las migraciones, se obvian otras posibles circunstancias del fenómeno migratorio y se olvida que factores como el estancamiento económico y la alta densidad demográfica, ya estaban presentes antes de que se produjeran estas emigraciones (Sassen, 1994).

Pero además, se da un paso más en la interpretación argumentando que es la salida de capital humano de los países del Tercer Mundo uno de los factores determinantes para su estancamiento económico, justificando así el que se potencie el retorno de los migrantes, como nos decía en una entrevista un político del gobierno andaluz: "...si encima que ellos se vienen aquí para trabajar y luego nos los quedamos, no hay forma de que en sus países pobres salgan adelante. Por eso creo que debemos ser solidarios y potenciar desde nuestras políticas de inmigración el que se marchen de nuevo para allá...". Propuesta que el Programa Greco desarrolla extensamente con medidas que fomenten el retorno. En esta misma línea interpretativa se explican muchos de los programas de formación dirigidos a la población inmigrante, tanto de carácter nacional como europeo, que presentan la formación como la puesta en marcha de estrategias concretas para dotar a la población inmigrante de recursos que les posibilite una mejora laboral a su regreso al país de origen. Como decía uno de los políticos entrevistados en la provincia de Jaén: "...porque estos programas de formación, si te das cuenta, son además una forma de cooperación al desarrollo aunque no lo diga en los papeles [...] ésto influye al final en que estos países pobres comiencen a desarrollarse". Aspecto que no aparecía "en los papeles" en el momento en que fue entrevistado pero que ya en el Programa Greco nos encontramos con la siguiente referencia: "Formación de inmigrantes que pueden ser agentes de desarrollo a su vuelta al país de origen [...] La formación, académica o profesional, que se les proporcione en España durante su estancia servirá como elemento dinamizador del proceso de desarrollo en los países de origen" (p. 15). Lo que refleja claramente que, con respecto a los inmigrantes y su integración, son pensados más en términos de futuros retornados que futuros ciudadanos residentes permanentes.

Con todo ello, es relevante en este tipo de discurso el que se argumente con respecto a los efectos beneficiosos de las migraciones, siguiendo lo que Kerney (1986) denominó como el modelo de análisis del paradigma teórico de la modernización que sostiene, de una parte, que las emigraciones son producidas únicamente por factores económicos, y de otra parte, que viene a insistir en el impacto positivo que éstas producen sobre las comunidades de origen. Efectos de modernización que vendrían a ser constatables no sólo en el envío de las remesas sino, desde una perspectiva eurocéntrica y dicotómica entre modernización-desarrollo versus tradicionalismo-subdesarrollo, sobre todo, en las innovaciones y conocimientos que favorecerían el avance de las sociedades tradicionales de las que proceden.

¿A qué imaginario responden las visiones acerca de los que inmigran?

De forma generalizada, los discursos sobre la cuestión migratoria se elaboran sobre la idea de una interpretación evolucionista acerca de las sociedades de origen y las sociedades de llegada, tendiendo a asignar unas construcciones ideológicas relacionadas con la idea de atraso a quienes llegan como inmigrantes y de desarrollo a quienes son españoles. Estas percepciones etnocéntricas acerca del subdesarrollado propio de una "sociedad arcaica" corren el riesgo de ver todo lo que se diferencia de la sociedad de acogida como ejemplos de su distancia con respecto a "nosotros". Un ejemplo de este tipo de elaboración conceptual son los difundidos comentarios que recientemente, en un programa nacional de radio, hizo el presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, Mikel Azurmendi. En relación al tema de la religión, en las escuelas declara: "Nuestra superioridad moral consiste en la dignidad humana. Hemos considerado que todas las personas valen lo mismo y esto no existe en ninguna tribu" (La Estrella Digital, 2002). Otra muestra muy ilustrativa de este tipo de percepción son las opiniones recogidas en la entrevista realizada a un agente de vivienda en la provincia de Almería, quien nos comentaba: "La gente vive en muy malas condiciones. En el campo, sin agua ni luz ni cuarto de baño... todo eso está muy mal y hay que cambiarlo... pero... ellos están acostumbrados a eso pues vienen de unos países en donde están incluso mucho peor".

En su momento, el PISI presentaba unas nociones acerca de quiénes y cómo son los inmigrantes mostrando un perfil sobre la población con la que posteriormente se llevarán a cabo los programas de integración. Se presupone que habiendo nacido en países pobres y subdesarrollados la formación profesional de quienes migran habrá de ser igualmente escasa. Persistiendo en este esquema de inferencias, uno de los objetivos esenciales es el combatir las barreras que dificultan la integración social de los inmigrantes fomentando el dar formación a quien supuestamente no la tiene o se considera es escasa: "[...] los trabajadores inmigrantes presentan con frecuencia niveles de cualificación y formación no muy elevados, lo que les hace particularmente vulnerables en las situaciones de crisis económicas. [...] De ahí que sea preciso adoptar medidas precisas para fomentar [...] y favorecer su promoción a través de la formación y educación" (PISI, 1995:49). Esta forma de visualizar a los inmigrantes se seguía manteniendo en el primer borrador del Programa Greco, cuando se hablaba del "analfabetismo de los inmigrantes", pero que posteriormente fue eliminada tras las críticas al respecto del Foro para la Inmigración. A pesar de ello, se sigue insistiendo en esta misma forma de visualizarlos cuando se señala la idea de cubrir puestos de trabajo según perfiles profesionales de acuerdo con las áreas geográficas de origen.

A través de este tipo de percepción distorsionada acerca de quienes migran, desde el PISI, se venía a corroborar el que les sean asignados los trabajos que no quieren los españoles: los peor remunerados y menos valorados socialmente: "la configuración y fragmentación del mercado de trabajo provocará que existan "nichos laborales", que, por su precariedad, informalidad o naturaleza de la prestación, serán rechazados por los trabajadores nacionales y, en cambio, resultarán atrayentes para nuevos inmigrantes" (PISI, 1995:39). Dando por supuesto que llegan a España motivados por causas económicas procedentes de unos países en situación de estancamiento económico, donde los salarios son inferiores, se considera de este modo que las situaciones de necesidad propias y familiares les hacen flexibles a las condiciones de precariedad propias del mercado de trabajo en el que se insertan. Por tanto, se da por supuesto que las peores condiciones del mercado en los países de origen y su necesidad imperiosa por obtener un salario, les hace no sólo vulnerables para aceptar cualquier oferta sino que además la valoran como seductora. Se trata de interpretar, que incluso lo que nadie desea en las peores condiciones laborales, para la población inmigrante es bastante puesto que están acostumbrados a ello, dada su precariedad económica y social en sus países de origen. Como nos comentaba un político de Almería:

[...] ellos están aquí mejor que en sus países pues ganan mucho más incluso trabajando lo mismo en el campo... y les da incluso para vivir aquí y mandar dinero a sus familias. Reciben poco pero tienen para muchas cosas: comprar la televisión, coche, comida [...]

Esta asociación entre población inmigrante procedente de los países del Tercer Mundo y la idea de subdesarrollo, tiende por tanto a presentar, desde este discurso evolucionista, una imagen de atraso asignada de forma indiscriminada a quienes son inmigrantes. Simplificación de la realidad sobre la base de una serie de prejuicios etnocéntricos que además asocia unos valores democráticos y desarrollados a la sociedad española, fruto de su evolución, en contraposición con los que portan quienes proceden de las sociedades más atrasadas. De este modo puntualizaba el PISI hace siete años: "Enorme trascendencia representa la aceptación, que no puede limitarse al ámbito puramente formal, de los valores esenciales de la convivencia democrática. Las sociedades occidentales han debido recorrer un largo camino hasta alcanzar la situación actual y su respeto y observancia es exigible a todos los ciudadanos, con independencia de su nacionalidad" (PISI, 1995:61). Y de esta misma forma continúa insistiendo Azurmendi desde el Foro para la Integración en 2002: "La integración social consiste en la vertebración de cada persona que viene de fuera a la cultura que existe aquí, la democrática" (La Estrella Digital, 2002).

Con este tipo de formas de pensar acerca de "los otros inmigrantes" se corre el riesgo de relacionar todo lo que tiene que ver con "su diferencia cultural" como fruto de su atraso, lo que trae consigo al menos tres consecuencias: Por una parte, la representación de la población inmigrante como una posible amenaza, en tanto que portadora de valores y comportamientos primitivos ya superados por los españoles, y de otra, la utilización de estos rasgos diferenciales como presupuestos de los cuales partir a la hora de elaborar políticas específicas de integración social. Por último, estas representaciones ideológicas tienen la capacidad de provocar contradicciones en los discursos acerca de la población inmigrante en la medida en que son utilizados tanto para legitimar su diferencia y el respeto a la misma como para llevar a cabo determinadas prácticas de intervención paternalista (Agrela, 1999, 2000; Castaño, Agrela y Martínez, 2002).

La inmigración definida como problema social

Un aspecto interesante y significativo de la política de integración es cómo la cuestión migratoria y el modelo de integración que se propone está construido sobre la base de un planteamiento que ya previamente es pensado como problemático. Así que tanto en el PISI como en el Greco se subraya el concepto de "problemática migratoria" cuando se refiere a la entrada y permanencia de los inmigrantes. Construcciones que vienen a insistir en los obstáculos que dificultan la integración social y que determinan las líneas de intervención y los recursos destinados para ello.

De una parte, el arrivo de personas procedentes de países no-comunitarios es problematizada de antemano no sólo por los supuestos problemas que estos inmigrantes portan debido a su "atraso" y "distancia cultural", sino, y sobre todo, por los problemas sociales que de múltiples formas parecen venir asociados a su aparición. Analizado y argumentado de este modo, parece lógico por tanto que ya desde el PISI se insistiera en la necesidad de crear un organismo que de forma permanente se mantenga alerta ante los previsibles conflictos que la inmigración produzca, como es el Observatorio Permanente de la Inmigración "que se encargará de elaborar diagnósticos que permitan conocer en cada momento la situación real y poder hacer así un pronóstico sobre la evolución y consecuencias que pueda tener el fenómeno inmigratorio en las sociedades de acogida" (PISI, 1995:12). De este modo, a priori se parte de la necesidad de tomar medidas para la observación y seguimiento de una cuestión que se define con dificultades, sobre todo en lo referente a las relaciones sociales entre población inmigrante y autóctona. En este sentido, se concebía desde el PISI que: "La convivencia ciudadana no siempre es armoniosa; en ocasiones se produce el conflicto social y se generan situaciones de enfrentamientos y violencia; su frecuencia guarda relación y suele ser producto de la marginación, así que, a largo plazo, una eficaz política de integración es la mejor garantía para evitar los conflictos" (pp. 61-62). Esta convivencia supuestamente conflictiva tiene a menudo consecuencias en las prácticas de intervención que se diseñan a partir de un constructo ideológico del conflicto que la inmigración, y su alteridad atribuida, trae consigo. Por ejemplo, cuando en el ámbito local se trata de buscar ubicación para los servicios específicos que prestarán atención a la población inmigrante, como pudieran ser los centros de día o los albergues para temporeros, uno de los primeros interrogantes y gran dilema, antes de comenzar la temporada agrícola, tiene que ver con dónde situarlos para tratar de evitar los problemas con la población autóctona. En este sentido, nos comentaba así una trabajadora social: "Nos preocupaba muchísimo el que este año el albergue estaba ubicado en un 'barrio más o menos bien' de la ciudad y al final [...] ha funcionado mejor que en ninguna otra parte, en contra de lo que predecíamos".

En definitiva, el modelo de integración de la población inmigrante está basado sobre una percepción de antemano problemática; esto supone una visión de las relaciones entre autóctonos e inmigrantes que en consecuencia son definidas como "el reto de una configuración pluricultural y pluriétnica, en la que deben establecerse relaciones armónicas de convivencia" (PISI, p. 36). Desde esta representación, no resulta por tanto extraño que las recomendaciones y medidas que se proponían en este plan fueran planteadas desde la advertencia y el temor a una situación conflictiva: "(estas carencias de la población inmigrante) o se ayuda a vencerlas y se inicia el proceso de integración, o, por el contrario, se acentuarán los riesgos de marginación y exclusión social, con sus secuelas de conflicto y enfrentamiento social" (PISI, p. 40).

Cuanto mayor sea la presión de personas que vengan, la probabilidad de cualquier brote [de racismo] es mayor también. Cuando son muy pocos, incluso empieza a salir la buena gente que tenemos dentro, ¿eh? Cuando son muchos, ya empieza a salir la mala gente que tenemos dentro.

En este punto nos encontraríamos con el debate, como apuntábamos más arriba, sobre hasta dónde llega el "umbral de tolerancia" al que se alude constantemente en los discursos políticos sobre la inmigración; es decir, los "niveles aceptables" a los que refería el PISI o que "garanticen la convivencia en la sociedad española" que señala el Greco. Se trata, en suma, de una cuestión simbólica relacionada con la cantidad de extranjeros que se considera son los adecuados para no ser percibida su llegada como de "invasión". Sobre todo cuando su "diferencia" es manifiestamente reconocible. Así, estas percepciones vienen determinadas en gran medida a partir de unos rasgos fenotípicos que los estereotipan -y les hacen más visibles para la población autóctona- como extranjeros procedentes de países del Tercer Mundo, por ejemplo, el color de la piel; o como nos decía al respecto uno de los marroquíes entrevistados: "no me querer alquilar nadie una vivienda porque al oír mi voz, ya saben que soy marroquino... ¡Y no me han visto todavía, porque llamo al teléfono!... pero es el color de mi voz por el que saben que soy inmigrante".

Este podría ser el caso de la provincia de Almería en donde las reuniones en espacios públicos son sentidas por la población autóctona como provocaciones, debido a la "magnitud" que parecen ser cuando están agrupados y las manifestaciones de peligrosidad que parecen proyectar por ello. Como se sugería en el texto del PISI: "La presencia colectiva de extranjeros no comunitarios en un municipio demasiado grande produce una mayor visualización de los mismos resultando los espacios de encuentro fácilmente detectables. La población autóctona ve 'con malos ojos' las concentraciones de gentes de otras nacionalidades en espacios públicos, e incluso, son temerosas al transitar por las zonas en que espontánea y habitualmente se reúnen grupos nutridos de éstos" (p. 5).

De otra parte, el agravio comparativo de los beneficiarios de los programas sociales es otro de los argumentos más comúnmente esgrimidos para definir a la inmigración como problema. "También se producen tensiones en el momento de compartir bienes sobre los que existe una gran demanda social" (PISI, 1995:38). El cómo justificar un gasto social dirigido a la atención de la población inmigrante, sobre todo en el ámbito local, es visto como problemático en un momento en el que hay importantes recortes de gasto social, o como muy sutilmente puntualiza el Programa Greco "no podemos olvidar que España tiene ciudadanos propios sin empleo" (p. 7). Su condición de no-nacionales objeto de programas públicos, a menudo trae consigo manifestaciones de conflicto por parte de la población autóctona que se sentía amenazada en lo que a la competencia por los recursos se refiere. De este modo, cuando se incluye a los no-nacionales en el sistema de bienestar, como apuntan Bommes y Gelddes (2000), los estados a menudo han de mediar con el enfrentamiento entre la legitimación de la inclusión de los inmigrantes en el sistema público de provisión social y las quejas de sus propios ciudadanos ante esta decisión. Así, en los centros públicos de servicios sociales no es extraño que los agentes sociales y políticos reciban quejas por destinar el dinero público hacia quienes "no son ciudadanos y han de tener menor preferencia que los que sí lo son", como nos relató una de las concejalas entrevistadas. Polémica a la que el Programa Greco muy perspicazmente "responde" puntualizando que fomentará "la integración de los residentes extranjeros y sus familias que contribuyen activamente al crecimiento de España [...] a la que sumarán su esfuerzo personal, en la que cotizarán al sistema de la Seguridad Social y en la que pagarán impuestos cuando así lo exija su nivel retributivo" (p. 6). Así, no sólo crea una diferenciación entre "los inmigrantes que contribuyen" -refiriéndose a quienes residen con permiso de trabajo y pagan impuestos- frente a "los que no contribuyen", sino que además da por sentada su intención de excluir de los programas públicos a quienes no se encuentre en situación administrativa regular. Cuestión que ha sido y sigue siendo uno de los debates más discutidos con respecto hasta dónde llega la cobertura del sistema público de bienestar con respecto a la población inmigrante en situación irregular.

Es en el ámbito local donde más se manifiestan este tipo de desaprobaciones, dado que estas prestaciones se ofrecen desde los servicios sociales municipales; si bien se insiste en que estas quejas son infundadas -por cuanto no implican la reducción de una partida presupuestaria en favor de otra-, en el ámbito político se hace necesario dar una respuesta de alguna forma a estas manifestaciones de conflicto, más aún cuando estos resentimientos son expresados en términos de amenaza en lo que a la retirada del voto se refiere; tal como nos decían desde un centro de servicios sociales en la provincia de Jaén:

Cuando llega la época de la aceituna... a las familias que van a estar por aquí, que principalmente son gitanas, y ahora las inmigrantes, las que nos llegan demandando el tema de alimentación y demás, se entregan bolsas de comida. Y entonces las familias de aquí, que normalmente no son beneficiarías, nos vienen a demandar, pues en cuanto corre la voz de que se está entregando [comida], vienen diciendo que por qué a ellos, que no son de aquí, les dais tal o cual, y a nosotros que somos de aquí sin embargo no. Pues yo estoy aquí y voto aquí, que lo sepas, ya te vienen con la amenaza [...] Estas amenazas al final tienen su importancia porque lo cierto es que ellos si votan y los inmigrantes no.

En líneas generales, pudiera parecer así que la política de inmigración hace referencia de forma exclusiva, de una parte, a la política en frontera y canalización de los contingentes, y de otra, a todo lo relacionado con "lo social". De este modo se percibe la problemática de la migración en dos planos: uno más concreto, que hace referencia al marco legal, y otro más amplio en el que tiene cabida todo lo demás. Desde un discurso asistencial, se construye una percepción de las situaciones en las que la población inmigrante es protagonista que insiste en las políticas de intervención sobre la dimensión social, cegando el análisis de las situaciones de desigualdad en otras dimensiones tan importantes como pudiera ser la laboral. En consecuencia, la cuestión inmigratoria queda estigmatizada como una materia de asistencia social, asignada al reducto de las políticas sociales.

El peso en la integración social de la diferencia cultura latribuida

Si bien el análisis realizado sobre la inmigración como problema social se presenta a distintos niveles, todos ellos considerados como más o menos subsanables, la cuestión cultural se muestra como algo insalvable en tanto se presenta como un componente innato al individuo, naturalizando de este modo las diferencias culturales.

En los discursos recogidos acerca de las dificultades encontradas para la integración de los inmigrantes, el papel asignado a la cultura es un elemento central. De este modo, se presupone la existencia de una serie de valores sociales y religiosos previos que condicionan irremediablemente las formas de pensar y actuar de un grupo, y que además son compartidos de igual manera por quienes son partícipes del mismo. Desde esta visión simplificadora y cosificadora del concepto "cultura", la población inmigrante es además categorizada según su nacionalidad y de acuerdo con unas pautas de comportamiento que se supone son adscritas mediante un proceso de socialización en origen, que les determina de por vida. De esta manera nos daba su interpretación al respecto uno de los agentes políticos entrevistados:

Por supuesto que en esto [de la integración] la cultura es importantísima. Vamos, yo creo que es la base de todo, porque al fin y al cabo, es cierto que como personas todos somos iguales, pero lo que nos diferencia de los animales es la cultura. Y uno es como es según su cultura, ¿o no? Uno no puede cambiar así porque así. Si tú estás acostumbrado a ser de una forma, no puedes de la noche a la mañana. Por eso el problema está en que luego vienen aquí y resulta que son muy distintos, y hay cosas en las que chocan con nosotros, y ahí es de verdad donde salta la chispa, en que hacen cosas que a nosotros nos parecen raras y no nos gustan, nada más.

Pero además, lo que se deduce de este tipo de razonamiento es que los diversos culturalmente siempre son "los otros", los extranjeros, las minorías étnicas. Viene a explicarse de este modo la extranjeridad del extraño, del que no es nacional, en términos culturales; noción que hace referencia a la identidad y tradiciones de un pueblo basada en la profunda división entre el "nosotros autóctonos" y el "ellos inmigrantes". Mediante esta percepción y asignación de cualidades que vienen a ser entendidas como congénitas, el determinismo cultural atribuye la idea de diferencia y diversidad a los grupos inmigrantes. Ejercicio que supone además la negación, por una parte, de la diversidad interna que pudiera existir en todo grupo, tanto autóctono como extranjero, y por otra parte, implica también el que se asocie tan sólo con determinados grupos el concepto de diversidad cultural.

Partiendo de estas prenociones se da por supuesto que quienes pertenecen a un mismo grupo étnico, así como quienes nacen en un mismo país, comparten una misma cultura que les determina. Visto desde esta concepción tan esencialista de la cultura, parece por tanto lógico el pensar que la cultura y la nacionalidad vienen casi a ser la misma cosa. Y en consecuencia, es la cultura, inventada desde fuera y pensada en singular de forma homogénea, la que posteriormente desplazan consigo los migrantes cuando se trasladan a otro país. A este respecto, nos comentaba un agente social entrevistado:

No sé quién dijo una vez la famosa frase de que "pedíamos trabajadores y llegaron personas". Llegaron personas y en sus maletas trajeron también su cultura, como personas que son. Y cuando la sacan aquí es cuando han empezado los problemas.

Pudiera parecer por tanto que la cultura se transporta no sólo como si de un objeto personal se tratara sino que, además, tiene la cualidad de ser un ente no abatible, que no se desforma por el camino ni con el uso del tiempo. Pero además, negando esta heterogeneidad interior se niega la posibilidad de interpretar la cultura en plural, dando cuenta de todas las formas posibles de la misma de acuerdo con cada uno de los sujetos que la comparten.

Esta percepción de la diferencia cultural es también una construcción social utilizada como punto de partida en la política de integración. Partiendo de esta división simplista entre dos dimensiones separadas y diferentes -el "nosotros" frente al "ellos"- desde el PISI se insistía en la necesidad de poner en marcha una política de integración que permitiera establecer un puente entre ambas partes: "El Gobierno ha tomado la iniciativa de realizar una política de integración, que se fundamente en un compromiso asumido por cada una de las partes implicadas, de tal manera que la sociedad española adopte una actitud abierta y tolerante con las diferencias y peculiaridades que caracterizan a los distintos grupos de inmigrantes" (p. 9).

Con base en esta construcción diferencial, son así "inventados" determinados grupos en los que se agrupa a los inmigrantes de acuerdo con su nacionalidad y unidos por la "viscosidad" de su cultura. Son pensados como grupo a partir de estos discursos culturalistas desde una pretendida obsesión por clasificar individuos, creando colectividades que se considera que funcionan y se organizan como si fueran tales; como muestra la cita textual que presentamos de uno de los trabajadores sociales entrevistados:

Siguiendo este modo de representación se tiende a interpretar y generalizar los comportamientos de los inmigrantes de igual nacionalidad, quienes tienen unas pautas de comportamiento y proyectos migratorios acordes con "su cultura" y los estereotipos que se les aplica a cada nacionalidad. No resulta por tanto extraño que, a menudo, se diga de los argelinos que no son trabajadores y que han llegado a España sólo para emborracharse y pelearse con los marroquíes o, por el contrario, se diga de los sudafricanos (llamados "los morenos", por el color oscuro de su piel) que son los más trabajadores, buenas personas y quienes respetan más las normas. Generalizaciones y demarcaciones entre grupos que son utilizadas además para justificar determinados enfrentamientos, tal como nos argumentaba una trabajadora social con respecto a una pelea producida en un albergue para trabajadores inmigrantes temporeros:

El tema de la diferencia cultural es un problema también para los clientes de los albergues... porque como están conviviendo de diferentes culturas, pues casi todos los problemas que surgen allí... y como son tan fanáticos de la religión y en sus políticas y costumbres pues entonces eso es una problemática.

La cuestión de la distancia cultural viene además a interpretarse en forma de distintos grados, lo que supone que la integración o el rechazo será mayor o menor respondiendo a lo que su mayor o menor "otredad" les diferencie de los españoles. Con respecto a la integración de los extranjeros y sus familias, el Programa Greco dice: "El marco de convivencia será la Constitución y las leyes españolas a las que, con mayor o menor esfuerzo dependiendo de sus raíces culturales, habrán de adaptarse, respetar y disfrutar" (p. 6), e igualmente con respecto al sistema educativo: "se realizarán programas educativos específicos para los segmentos de población inmigrante para quienes el proceso de culturización resulte más difícil de llevar a cabo" (p. 20).

Se piensa de este modo en la población inmigrante a partir de una asignada y determinada cultura que tiende a construir demarcaciones simbólicas entre diferentes grupos. En virtud de ello se crea otro tipo de clasificación con respecto a la población inmigrante de acuerdo al supuesto "tipo de cultura" del que proceden y su cercanía o distanciamiento con respecto a la nuestra. Categorización que diferencia entre, por una parte, quienes son inmigrantes y su cultura es la más parecida a la nuestra -como son "nuestros hermanos" los latinoamericanos-; por otra, quienes portan una cultura muy alejada y distante a la nuestra -como pudieran ser los procedentes de países asiáticos o sudafricanos-; y por otra, los culturalmente opuestos y portadores de un modelo de cultura antioccidental -los de "cultura musulmana", hacia quienes la cuestión de la diferencia cultural emerge con más visibilidad y rechazo-. A este respecto nos señalaba un miembro de una comunidad de vecinos en Almería: "hombre, pues a nadie le gusta tener a inmigrantes como vecinos [...] siempre se prefiere a españoles [...] pero si hay que elegir, mejor los latinos, que son más 'como nosotros', o los morenos, que son buena gente, mejor que los marroquíes o los argelinos, que son los más sucios y problemáticos[...] y no es que lo diga yo, es que los hechos están ahí [...]". No era por tanto una coincidencia que, cuando hacía mi trabajo de campo en La Mojonera, Almería, en 1998, de acuerdo con mis datos recogidos del padrón municipal y el Centro de Día, tan sólo alrededor del 30 por ciento de la población procedente del Magreb tenía su vivienda en el casco urbano. Situación que me temo no ha cambiado demasiado desde entonces.

Se va construyendo de este modo un nuevo discurso multiculturalista en España que emerge con fuerza tan sólo a partir de la llegada de los inmigrantes, y que revela las formas en las que es construida la propia identidad, la de la cultura española, frente a las que portan los extranjeros, sobre todo, los musulmanes. Discursos que en los inicios de la elaboración de una política de integración, si bien pretendían hacer positiva la idea de "una nueva sociedad multicultural" siguiendo la línea de lo "políticamente correcto", no consiguieron más que insistir en la frontera simbólica que nos separa de los "diferentes culturales" que llegan con la inmigración: "Que [la sociedad de acogida] adopte una actitud abierta y tolerante con las diferencias y peculiaridades del colectivo inmigrante" (PISI, 1995:41) o expresiones que hacen referencia a las medidas que pretenden fomentar el "acercamiento al inmigrante a través del conocimiento de la cultura e historia propias en los países de origen de éstos" (Greco, 2000:33).

Sin embargo, tras los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre en Nueva York, se produce un giro drástico en los discursos que, de reconocer que la diversidad del "otro" aporta significativos beneficios a la sociedad, se pasa a pronunciamientos categóricos sobre los males de la multiculturalidad y la amenaza que, sobre todo la "musulmaneidad", supone para nuestros valores. Bajo este marco de "islamofobia" surgen con fuerza abiertos discursos de rechazo, como los del polémico politòlogo Sartori, quien insiste en cuestiones como que cuanto más grande es la diferencia cultural, más difícil es la integración o interrogantes como ¿hasta qué punto puede una sociedad pluralista acoger sin disolverse a "enemigos culturales que la rechazan"? Resurgen así las retóricas culturalistas de exclusión que enfrentan a la cultura occidental frente a la islámica bajo una supuesta bandera de defensa de los valores democráticos y de justicia. Línea en la que se inscribirían las, de nuevo, controvertidas declaraciones del presidente del Foro para la Integración, Azurmendi, cuando, tras asegurar que "nuestra cultura" es superiormente moral a "las otras", definió el multiculturalismo como "una gangrena para la sociedad" (La Estrella Digital, 2002).

Conclusiones

Al igual que en el resto del mundo, los procesos inmigratorios en España han venido a mostrar en toda su crudeza las profundas paradojas y contradicciones que éstos implican para las actuales sociedades democráticas (Maquieira, Gregorio y Gutiérrez, 2000:371). Como hemos señalado, si bien es cierto que los movimientos migratorios no suponen un fenómeno nuevo, es a mediados de los años setenta cuando se produce un nuevo giro en las formas de gestionar los movimientos de personas, recrudeciendo las políticas de control de los procesos migratorios; cierre de caminos que acontece en una nueva era, definida como de globalización, en la que, al contrario que con las personas, los flujos de capital, bienes, mercancías, información o tecnologías fluyen con casi total libertad de movimiento. Y en este creciente e internacionalizado mercado laboral los desplazamientos humanos son fuertemente controlados. Cada vez son mayores las restricciones sobre los derechos de los trabajadores a su libertad de movimiento, es decir, sobre su voluntad a decidir dónde "vivir". Paradójicamente, si bien las personas tenemos el derecho de marcharnos libremente de nuestro país de origen, sin embargo, se nos es negado el derecho de afincamos donde quisiéramos residir. Y en este camino de obstáculos para el asentamiento, España no es obviamente una excepción. Más aún cuando se nos presenta como la frontera-puerta sur de la Fortaleza Europa (rol asignado por los países comunitarios y a su vez sobredimensionado por sí misma para justificar un férreo control fronterizo).

Sirviéndonos del caso español como ejemplo, en este texto hemos tratado de reflexionar acerca de esta segunda forma de territorialización frente al extranjero, que guiada por las actuales retóricas de exclusión utiliza la idea de la diferencia cultural de los otros para significarlos como extraños y distanciarlos de los españoles. Nos hemos interesado por el discurso institucional y por los discursos de los agentes sociales que trabajan con esta población, en tanto que entendemos ejercen un poder de categorización, creación de fronteras simbólicas entre grupos y problematización sobre la cuestión migratoria. No sólo por su capacidad para ocultar la existencia de otros posibles discursos alternativos, sino por su función como perfiladores de las maneras en que se llevan a cabo las prácticas de integración.

Concluimos por tanto que, si bien la inmigración en España se ha convertido en una necesidad económica de la que no se puede prescindir, desafortunadamente se ha erigido como un importante problema social y político, pero sobre todo cultural, al que contradictoriamente se pretende hacer frente cerrando las fronteras, restringiendo los derechos sociales y marcando las distancias simbólicas entre "nosotros" y "los otros culturales". Y lo más importante es que, construyendo la idea de extranjeridad del no-nacional a partir de esta visión estática de la cultura se corre el riesgo de interpretar los problemas tan sólo a partir de la diferencia cultural. Con todo ello, tan sólo se está consiguiendo, acrecentar las condiciones de vulnerabilidad y exclusión social; proceso complejo de diferenciación en el que los discursos institucionales juegan un papel fundamental.

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Notas

¹ Después del Tratado de Maastrich (1992) se establecieron las bases para la ciudadanía europea cuya principal consecuencia es la distinción entre ciudadanos europeos y "no-europeos" (definidos también como de "terceros países"). Surge así el concepto de "inmigración no-comunitaria" que refiere, por una parte, a un aspecto jurídico-político que define a aquellas personas extranjeras que residen en España y cuya nacionalidad no es ninguna de las nacionalidades que componen la Comunidad Europea. Noción que viene definida tanto en términos de oposición ("nacionalidad no-comunitaria" versus "ciudadanía europea o comunitaria") como de exclusión ("portadores de todos los derechos" versus "limitación de derechos"). Por otra parte, desde un aspecto más antropológico -que es el que más nos interesa aquí-, este concepto viene a referir a una nueva categorización que surge con fuerza en el discurso político e institucional acerca de los extranjeros y que define quiénes son los "otros inmigrantes", diferenciados de los europeos.

² Siguiendo la línea antropológica argumentativa de lo que Cris Shore y Susan Wright (1997) definieron como anthropology of policy, consideramos que la antropología se nos presenta como un marco heurístico idóneo y privilegiado en el que reside la posibilidad de estudiar las políticas públicas como fenómenos inequívocamente antropológicos.

⁴ Para una información más detallada, consultar el Anuario de Migraciones, 2000, Dirección General de Ordenación de las Migraciones, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

⁵ Para el análisis del Programa Greco se ha utilizado la versión en formato PDF de la página web del Ministerio de Interior, razón por la que seguramente la reseña de las páginas no coincide con el documento impreso publicado, aún siendo ambos el mismo texto.

⁶ Una de los cuatro ejes principales sobre los que se apoya la actual política inmigratoria, y que queda recogida en el Programa Greco, es la "Regulación de los flujos migratorios para garantizar la convivencia en la sociedad española". Para su consecución, una de las medidas contempladas fue potenciar la actuación de los controles fronterizos, mediante la entrada en funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que "consiste en la instalación de forma sucesiva y progresiva de sensores, radares y optrónicos, centros de mando y control y equipos de comunicaciones, así como potenciación de las unidades de interceptación en diferentes puntos de las fronteras exteriores españolas. Con este sistema de vigilancia se pretende dar cobertura a las costas y fronteras exteriores españolas" (2000:37). Para una información más gráfica de su funcionamiento, consultar la galería multimedia de la página web de periódico El País, en su especial "Inmigración en España".

⁷ Mientras que el PISI (1995) está enteramente diseñado como un plan para el desarrollo de la integración, contemplando seis objetivos al respecto así como los ámbitos desde los que habrían de llevarse a cabo las propuestas de integración, el Programa Greco (2000), por el contrario, se estructura más bien como un "programa global" en el que la cuestión de la integración es tan sólo una de las cuatro líneas sobre las que se apoya él mismo, investigándo los temas de la regulación de flujos y control de fronteras como objetivos más destacados. Prueba de ello es, entre otras cosas, que con respecto a la cuestión de la integración social y los derechos de la población inmigrante tan sólo se repare en cuatro aspectos: sanidad, educación, reagrupación familiar y libertad religiosa.

⁸ Tras la conferencia de Tampere, Finlandia, en 1999, el Consejo de Europa decide considerar los acuerdos de Schengen como derecho comunitario. Es decir, la regulación, recepción y tratamiento de las solicitudes de asilo. Pero lo más importante es que, tras Tampere, se perfila algo más la política europea de inmigración, que no va más allá de la preocupación por el control de flujos. Es por tanto que "la 'comunitarización' de la gestión de los flujos migratorios consiste fundamentalmente en el refuerzo de la lucha contra la inmigración ilegal" (Goytisolo y Nair, 2000:60).

⁹ Por citar sólo un ejemplo, con respecto al actual debate de cómo fijar los cupos, el líder de la Unión, Josep Antoni Duran Lleida, hacía unas declaraciones en las que insistía en la necesidad de actuar con contundencia contra los inmigrantes sin papeles, afirmando que es necesario "limitar la inmigración porque en Cataluña no hay sitio para todos" (El Mundo, 2001).

¹⁰ El Foro para la Inmigración, constituido de forma tripartita por representantes de las Administraciones Públicas, de las asociaciones de inmigrantes, de las organizaciones sociales de apoyo (los sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales con interés e implantación en el ámbito inmigratorio), constituye el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de inmigración.

¹¹ Se denomina comúnmente "patera" a las pequeñas embarcaciones que son utilizadas para, desde Marruecos, atravesar el Estrecho de Gibraltar y llegar de forma clandestina a las costas del sur de España.

¹² El CIS es un organismo dependiente del Ministerio de Presidencia en España, que tiene por finalidad el estudio de la sociedad española, principalmente a través de la investigación mediante encuesta. Realiza un barómetro mensual acerca de diversos temas sociales, económicos y políticos de actualidad.

Información sobre autora

BELÉN AGRELA es investigadora visitante en el Centro de Estudios Comparativos sobre Inmigración (CCIS, por sus siglas en inglés) de la Universidad de California, San Diego. Es candidata a doctora en antropología y trabajo social por la Universidad de Granada. Se especializa en las políticas de intervención con población inmigrante, antropología de la política y género. Es coautora de Inmigración extranjera en la provincia de Jaén: discursos y prácticas (2002). Dirección electrónica: bagrela@weber.ucsd.edu.