Análisis estadístico de la elección presidencial de 2006: ¿Fraude o errores aleatorios?

Statistical Analysis of the Presidential Election in 2006: Fraud or Random Errors?

Javier Aparicio*

* Profesor–investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Carretera México–Toluca, 3655, Col. Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F. Tel. 52 (55) 57 27 98 00. Correo electrónico: javier.aparicio@cide.edu.

Resumen

Este artículo confronta algunas de las principales acusaciones de fraude electoral con la evidencia disponible mediante un análisis estadístico de los datos a nivel casilla del PREP y del cómputo distrital de la elección presidencial de 2006. En primer lugar se analiza el conteo rápido, el flujo de datos del PREP y del cómputo distrital; en segundo lugar, los errores aritméticos en las actas de casilla y el recuento de paquetes electorales, y por último el papel de las casillas atípicas y los representantes de casilla. La conclusión principal es que, a pesar de los errores en actas y los sesgos propios del flujo de datos, el resultado electoral del 2 de julio resulta estadísticamente confiable.

Palabras clave: errores en actas, fraude electoral.

Abstract

This paper tests some of the main fraud allegations of the 2006 presidential election in Mexico with the evidence from a statistical analysis of precinct–level data. First, I analyze the data flow from the quick count, the preliminary results (PREP) and the official district tally (cómputo distrital). Secondly, I analyze the size and distribution of errors in the polling–station acts and the partial recount. Lastly, I consider atypical precincts and the role of party representatives. My main conclusion is that, since most fraud allegations are not supported by the evidence, the presidential election outcome is statistically reliable.

Keywords: election forensics, fraud.

La elección presidencial de 2006 fue la más reñida en la historia política reciente de México. La noche del 2 de julio el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, anunció en cadena nacional que los resultados del conteo rápido de casillas electorales no permitían anticipar un claro ganador de la contienda. A partir de entonces se inició una controversia que se extendería a lo largo de varios meses, detonando lo que muchos consideraron como una crisis postelectoral sin precedentes: en el año 2006 volvimos a escuchar acusaciones de fraude electoral que muchos creían superadas al menos desde la muy cuestionada elección de 1988.

En este artículo se confrontan algunas de las principales acusaciones de fraude electoral durante la jornada del 2 de julio de 2006 con la evidencia disponible a partir de un análisis estadístico de los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)¹ y del cómputo distrital de las más de 130 788 casillas instaladas ese día. Estas acusaciones iban desde un novedoso "fraude cibernético" en el flujo de datos del PREP, irregularidades en el cómputo distrital, hasta acusaciones de fraude "a la antigüita", como el llenado incorrecto de actas de escrutinio y cómputo o la intervención indebida de los funcionarios de casilla o de los representantes de cada partido en las mismas.

El debate sobre la elección presidencial tiene múltiples aristas. Algunos autores han evaluado el proceso electoral desde las campañas hasta la resolución del conflicto postelectoral (Schedler, 2007; Lawson, 2008; Ugalde, 2008). Otros autores han analizado la cuestión del acceso a las actas y paquetes electorales, así como los límites o alcances de la resolución del Tribunal Electoral (Ackerman, 2007). Algunos de estos argumentos cuentan con cierto mérito, sobre todo los concernientes al estatus legal —y por lo tanto a la viabilidad de impugnar y a los remedios posibles— de los errores en actas de escrutinio y cómputo (Crespo, 2008). O bien podemos analizar la evidencia de las actas de casilla, como se hace aquí y en otros estudios (Poiré y Estrada, 2006; Mebane, 2007; Pliego, 2007).

Ante la complejidad de una elección cerrada y las dudas surgidas durante el proceso de cómputo y el recuento parcial ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ¿cómo saber si el resultado electoral es confiable? Este trabajo presenta un análisis estadístico de la evidencia disponible en los datos a nivel casilla de la elección presidencial de 2006. La conclusión principal es que, a pesar de los posibles errores tanto de los funcionarios de casilla como de las autoridades electorales del IFE y el TEPJF, el resultado electoral del 2 de julio resulta estadísticamente confiable.

El análisis estadístico de los datos casilla por casilla proporcionados por el IFE desde el día siguiente a la elección nos permite responder, con diferentes grados de confianza estadística, algunas de estas interrogantes. Cabe aclarar de antemano que algunas acusaciones, como las referentes a la intervención del presidente Fox en la campaña o el efecto de los spots de grupos empresariales, tienen que ver con el proceso previo a la jornada electoral y no pueden atenderse en este análisis.

El artículo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar se analizan el conteo rápido y su relación con los resultados definitivos conocidos posteriormente. Enseguida se presenta un análisis del flujo de datos tanto del PREP como del cómputo distrital. En el tercer apartado se describen los llamados "errores aritméticos" en las actas de escrutinio y cómputo. En cuarto lugar se estudia la relación entre representantes de casilla, sustitución de funcionarios y resultados. Por último, se discuten los resultados del recuento de casillas.

La consistencia del conteo rápido

Al igual que en otras elecciones recientes, desde los meses previos a la elección el IFE había diseñado un conteo rápido que le permitiera adelantar un resultado confiable pocas horas después de terminada la jornada electoral. El conteo rápido fue levantado en una muestra de 7 636 casillas, misma que fue diseñada para ser representativa tanto del resultado nacional como de los estratos regionales o partidistas más importantes. En su momento se cuestionó la incapacidad del conteo rápido para arrojar un ganador definitivo la misma noche de la elección. ¿Acaso el IFE pretendía ocultar un resultado que no le favorecía al PAN? ¿Hubo irregularidades en el levantamiento de los datos? ¿Se pretendía robar la elección?

La concordancia entre el resultado electoral estimado por el conteo rápido, el PREP y, finalmente, el cómputo distrital, todos disponibles la misma semana de la elección, proveen evidencia a favor de que la elección presidencial fue confiable. ¿Por qué? Si bien el conteo rápido levantado en 7 636 casillas la noche del 2 de julio no apuntaba a un claro ganador (es decir, fuera de los márgenes de error del instrumento), éste sí sugería una elección con un margen menor a 0.6 por ciento de los votos, al tiempo que daba a Felipe Calderón una mayor probabilidad de aventajar en el resultado final. Con este dato era claro que el resultado observado al cierre del PREP la noche del 3 de julio, y que daba un margen de 1.04 por ciento a favor de Calderón, tenía que reducirse al llegar al cómputo distrital —tal como ocurrió: el cómputo distrital arrojó un margen de sólo 0.58 por ciento, el cual validó la estimación inicial del conteo rápido.

De haber existido una manipulación fraudulenta a favor de uno u otro candidato en ciertas zonas del país, ésta difícilmente hubiera sido capturada por un conteo rápido basado en una muestra aleatoria. Por eso, si el cómputo distrital hubiera dado un resultado muy diferente al del conteo rápido, indicaría una posible irregularidad en alguno de los dos procedimientos: o acusaría un error en el diseño o representatividad inicial de la muestra, o bien revelaría un resultado posiblemente alterado. Pero tanto la muestra del conteo rápido como el cómputo distrital fueron consistentes. Si el resultado del cómputo hubiera sido fruto de una alteración sistemática de actas posterior al 2 de julio, como se acusó, sería difícil explicar que el conteo rápido anticipara dicha manipulación. Del mismo modo, si el cómputo distrital hubiera dado un margen mayor a 0.6 por ciento, sería difícil explicar que el conteo rápido no lo hubiera detectado en su momento.

PREP y cómputo distrital: el algoritmo inexistente

El resultado del conteo rápido no permitía identificar con precisión estadística a un ganador; por eso el IFE anunció que, ante lo cerrado de la elección, habría que esperar los resultados del cómputo distrital. En vista de la incertidumbre y la confusión, propios y extraños leyeron de más los datos del PREP.

Se dijo, por ejemplo, que debido a lo reñido de los resultados y bajo una supuesta aleatoriedad del flujo de datos de casilla, el PREP debió haber mostrado múltiples cruces entre el primer y el segundo lugar. Sin embargo, esta afirmación partía de un supuesto erróneo. Ni el PREP ni el cómputo distrital son procesos plenamente aleatorios, como sí lo son los conteos rápidos y las encuestas de salida. Factores no aleatorios, como la urbanización de los distritos y los diferentes husos horarios, afectan (sesgan) el flujo de captura de las casillas. Aun en una elección reñida, si las condiciones iniciales del flujo de datos favorecen suficientemente a un candidato, no tendríamos que esperar los cruces múltiples. Recuérdese que una elección cerrada en el ámbito nacional no equivale a un resultado cerrado en cada región, estado o casilla (véase gráfica 1).

Durante las primeras cinco horas del PREP, Felipe Calderón tenía una ventaja de dos puntos porcentuales o más sobre López Obrador, pero esa ventaja parecía disminuir hora tras hora. Al tratarse de la tendencia inicial, era fácil imaginar que dicha superioridad se revertiría durante la madrugada. Sin embargo, se revirtió alrededor de las 3 de la mañana del lunes hasta estabilizarse en un ventaja de alrededor de uno por ciento para el PAN.

Sucede que, de las más de 130 000 casillas, alrededor de 70 por ciento fue instalado en zonas urbanas y sólo 30 por ciento en áreas rurales. Si las casillas urbanas llegan más rápido a los consejos distritales, el PREP favorecería al candidato con mayor voto urbano —como fue el caso—. Felipe Calderón tuvo una ventaja de 691 000 votos sobre Andrés Manuel López Obrador en casillas urbanas, mientras que éste superó por casi 450 000 votos a Calderón en casillas rurales. A la medianoche del lunes 3 de julio, alrededor de 50 por ciento de las casillas urbanas ya habían sido capturadas, mientras que las rurales llevaban un avance de 25 por ciento, de modo que la ventaja de Calderón se vio favorecida por el sesgo urbano del PREP.

Al finalizar el PREP, surgieron acusaciones contra el IFE por ocultar los resultados de más de 11 000 casillas, provenientes de actas inconsistentes. ¿Por qué no fueron reportadas junto con las demás casillas? Desde enero de 2006, el IFE y los partidos acordaron que se dejarían fuera del PREP las actas en las que uno o más rubros del número de votos fueran omitidos o ilegibles (Tello, 2007). Una vez incorporadas las actas inconsistentes en el cómputo distrital, el margen de Calderón disminuyó en casi 150 000 votos. ¿por qué disminuyó el margen de Calderón cuando se incorporaron las 11 184 actas inconsistentes? Esto se debió a que 65 por ciento de estas actas provenía de casillas rurales que en general favorecieron a López Obrador, lo que disminuyó el margen del puntero panista. El error más común de tales actas, por cierto, fue que se dejó en blanco el número de votos para Alternativa y/o Nueva Alianza —difícilmente un acto doloso, dada la escasa presencia de dichos partidos en zonas rurales.

El cómputo distrital de las actas electorales es el conteo oficial realizado por parte del IFE unos días después de la elección. Durante el cómputo se revisan todas las actas y los paquetes electorales en cada una de las 300 juntas distritales del IFE ; también se cotejan las actas originales con las de los partidos y es la etapa en la que los partidos se manifiestan de acuerdo o no con los resultados asentados en ellas. Así, conforme se aprobaba, uno a uno, el cómputo de cada casilla, se transmitían los datos en tiempo real al IFE. La duda principal en esta etapa fue: ¿por qué el flujo de datos de cómputo tenía un patrón tan distinto del observado durante el PREP?

La respuesta es que el cómputo distrital es un flujo de datos mucho menos aleatorio que el PREP. Aquí, el ritmo de avance en cada distrito dependía de cuánto se discutía cada una de las actas en la junta distrital. Y si los distritos que favorecían al PAN eran consistentemente más impugnados y debatidos que otros, estos resultados demorarían más en ser computados. Esta dinámica produjo un sesgo partidista en el flujo de datos del cómputo distrital. Si la Coalición tenía ventaja en los primeros distritos computados, ésta tendría que disminuir conforme llegaban los distritos más debatidos hasta revertirse. En vez de urbano, ahora el sesgo fue partidista: a las cuatro de la tarde del 5 de julio se había computado más de 75 por ciento de las actas de estados donde López Obrador ganó, mientras que el avance en estados panistas era menor a 50 por ciento. Este rezago políticamente inducido hizo que el cruce ocurriera en la madrugada del 6 de julio.

Errores aritméticos en actas

Durante la impugnación de los cómputos, una fuente de suspicacia adicional fueron los llamados errores aritméticos en las actas de escrutinio. Estos errores surgen cuando alguno de los campos de referencia (boletas recibidas, depositadas o sobrantes, y número de ciudadanos que votaron según la lista nominal) no es consistente con el voto total registrado. por ejemplo, una casilla con 700 boletas recibidas y 500 votos emitidos debe tener 500 marcas en la lista nominal y 200 boletas sobrantes. Cuando un acta tiene errores aritméticos ofrece la apariencia de tener votos de más o de menos respecto de los ciudadanos que votaron, o bien respecto de las boletas recibidas y/o sobrantes. Una aclaración pertinente es que el acta de escrutinio está diseñada para que los funcionarios de casilla cuenten boletas y anoten los resultados, de manera que su llenado no requiere de manera forzosa realizar sumas o restas ni conciliación numérica alguna. Los estudios sobre el impacto del diseño de las boletas en los errores de los votantes (Kimball y Kropf 2005, Reynolds y Steenbergen, 2006) permiten suponer que el diseño de actas y procedimientos electorales también puede producir errores de escrutinio y cómputo.

Los errores aritméticos son numerosos porque la consistencia aritmética de las actas es, por así decirlo, frágil: basta una entrada mal contada, registrada u omitida para producir uno o más errores y que no cuadren las cifras. Basta que un funcionario de casilla omita marcar el nombre de un votante en la lista nominal o bien que marque por error un nombre de más en ella para producir la apariencia de votos faltantes o sobrantes. Además, aunque los funcionarios de casilla hicieran su mejor esfuerzo por conciliar las actas, basta que un ciudadano deposite por error su voto en una casilla contigua a la suya para producir errores en dos actas: en una sobrarán votos mientras que en otra faltarán. Muchos de estos errores, sin embargo, se cancelan mutuamente al agregar votos a nivel sección o a nivel distrito, pero no desaparecen del todo. por ello es muy importante analizar la distribución y la magnitud de estos errores en diferentes tipos de casillas. Si los errores aritméticos de las actas de casilla fueran fruto de una manipulación dolosa de las actas es de esperarse encontrar un sesgo en la distribución de estos errores; ya sea una mayor proporción de errores en las casillas ganadas por el PAN o bien en las casillas ganadas por la Coalición; pero si los errores se distribuyen de manera uniforme o aleatoria, difícilmente pueden provenir de actos dolosos.

Aunque numerosos, los errores aritméticos no son de gran magnitud. Si calculamos las diferencias entre los distintos rubros de las actas de casilla podemos calcular el error promedio para diferentes tipos de error aritmético. El cuadro 2 presenta el error promedio de las actas de escrutinio y cómputo, calculado a partir de los datos del PREP, para tres tipos de errores aritméticos: cuando el voto total difiere del número de ciudadanos que votaron según la lista nominal (A), cuando el voto total difiere del número de boletas depositadas (B) y cuando las boletas depositadas difieren del número de ciudadanos que votaron según la lista nominal (C). Los errores positivos y negativos no se cancelan del todo: en promedio, las actas de casilla indican 4.33 votos menos que el número de ciudadanos que votaron en la lista nominal, mientras que en otros rubros el error típico es positivo (B). El error absoluto promedio por acta fue de 4.36 votos, equivalentes a 1.3 por ciento del voto promedio por casilla (328 votos).

Estos errores producen la impresión de que se trata de votos faltantes o sobrantes, sin embargo, existen múltiples causas de error aritmético que no requieren intervención dolosa. para explorar un posible sesgo partidista o urbano en la magnitud de los errores promedio, las columnas 2 a 5 del cuadro 2 indican el error promedio en el subconjunto de casillas panistas vs. perredistas, y en casillas urbanas vs. rurales. Las casillas ganadas por la Coalición muestran errores ligeramente mayores (4.54) que las panistas (4.20). Asimismo, las casillas urbanas tienen errores mayores que las rurales (4.48 vs. 4.21). Es decir, la magnitud de los errores es relativamente similar en casillas ganadas por uno u otro candidato, así como en zonas rurales y urbanas, tal como se esperaría de errores básicamente aleatorios.

De acuerdo con el cómputo distrital del IFE, antes del recuento del Tribunal Electoral, el margen de victoria para Calderón fue de 243 934 votos, equivalentes a 1.8 votos promedio por casilla (243 934 votos divididos entre 130 788 casillas). Se ha dicho que los errores aritméticos en actas, de alrededor de 4.3 votos por casilla, pueden resultar determinantes ante lo cerrado de un margen de victoria de 1.8 votos promedio (Crespo, 2008). En efecto, los errores aritméticos no son parte de un error muestral que desaparezca al acumular más y más casillas, sino que constituyen un error de medición al contar boletas y asentar los resultados en actas. para atender esta inquietud hay que considerar, más allá de la magnitud de los errores, de qué manera están distribuidos los errores en diferentes tipos de casillas. Si hay más errores en las casillas ganadas por el puntero indicarían una posible irregularidad; pero si los errores se distribuyen de manera aleatoria, es decir, en una proporción similar en las casillas ganadas por uno u otro candidato, sugerirían simples errores humanos que afectan por igual a los candidatos sin modificar el margen de victoria.

El cuadro 3 analiza un tipo de error particular, obtenido de los datos del PREP (única fuente de datos que incluye los llamados campos de referencia necesarios para calcular estos errores). El número de ciudadanos que votaron, según la lista nominal, debe ser igual a la votación total registrada: 59 120 actas reflejaban esta igualdad mientras que 54 111 tenían error de uno u otro signo (el resto de las actas no permiten el cálculo por tener datos omitidos o haber quedado fuera del PREP). Como indica el cuadro 3, el PAN ganó en 47.2 por ciento de las casillas al tiempo que obtuvo 47.6 por ciento de las actas libres de error (28 159 de 53 408 casillas ganadas). por otro lado, 46.8 por ciento de las actas del PAN tuvo error negativo y 46.5 por ciento de sus actas registró error positivo. por su parte, la Coalición ganó 42 por ciento de las casillas consideradas y sólo 39.7 por ciento de las actas no tuvo error (23 468 de 47 518 ganadas) mientras que concentró 44.2 por ciento de los errores negativos y 44.8 por ciento de los positivos. Es decir, hubo ligeramente mayor número de errores en las casillas ganadas por la Coalición que en las del PAN, pero en general la proporción es muy similar —es decir, un patrón contrario al sugerido por la acusación de fraude— lo que sugiere, de nueva cuenta, errores aleatorios.

En conclusión, ¿qué tan seguros podemos estar de un resultado electoral cuando el proceso mismo de escrutinio y llenado de actas induce a una gran cantidad de errores aritméticos? Ningún argumento estadístico o sistema electoral ofrece una certeza absoluta ni está exento de errores. La naturaleza misma del proceso electoral en México en el que, en aras de la imparcialidad, el escrutinio de votos se ha confiado a ciudadanos elegidos aleatoriamente, produce un número de errores considerable. pero en la medida en que estos errores no tengan una distribución o sesgo claramente a favor o en contra de algún partido o coalición, difícilmente constituyen evidencia de una irregularidad dolosa.

Recuento de paquetes

El siguiente nivel de incertidumbre de la jornada electoral radicaba en si las actas de escrutinio y cómputo de las casillas coincidían o no con el contenido de los paquetes electorales y las boletas electorales. En este respecto, un análisis estadístico formal requeriría, al menos, del recuento de una muestra aleatoria y representativa de paquetes electorales. Sin embargo, las restricciones legales para la apertura de paquetes durante el cómputo distrital y la lógica jurídica, básicamente casuística, del TEPJF no lograron producir un recuento en una muestra representativa de paquetes. No obstante, la limitada evidencia disponible permite hacer algunas inferencias parciales.

Durante el cómputo distrital se recontaron 2 864 paquetes electorales y más adelante el Tribunal Electoral ordenó el recuento de los paquetes de 11 839 casillas más. En ambos casos, las razones que produjeron el recuento de estas casillas, y no otras, no son aleatorias, de modo que ni el recuento distrital ni el del Tribunal se basaron en muestras representativas. por ende, el resultado de estos recuentos no permite hacer extrapolaciones o inferencias directas, pero al menos ofrece indicios del tipo de ajustes que resultaron tras recontar diferentes tipos de casillas.

Los 2 864 paquetes recontados durante el cómputo distrital eran una muestra sesgada: 66.4 por ciento provenía de distritos panistas y 33.4 por ciento, de distritos ganados por la Coalición. En general, el recuento produjo ajustes a la baja en los votos de todos los candidatos y un ligero aumento del margen de Calderón sobre López Obrador (de 0.6 votos en promedio). Cabe resaltar que en 60 por ciento de los paquetes recontados ni el voto de Calderón ni el de López Obrador tuvieron cambio alguno.

Al dividir la muestra en distritos panistas y perredistas surgen asimetrías interesantes. Al recontar casillas panistas, el ajuste promedio por casilla fue de 4.7 votos menos para Calderón, y de 1.9 votos menos para AMLO, lo que redujo en 2.9 votos el margen entre los punteros. por otro lado, al recontar casillas en distritos dominados por la Coalición, el ajuste promedio por casilla fue de 5.8 votos menos para Calderón y de 13.3 votos menos para López Obrador, lo que aumentó en 7.5 votos el margen del PAN. Es decir, al recontar casillas ambos candidatos pierden votos, pero el candidato con más votos en la casilla pierde más votos tras el recuento. Además, AMLO perdió proporcionalmente más votos que Calderón al recontarse casillas en sus respectivos distritos, lo cual hizo que el resultado neto favoreciera a Calderón a pesar del sesgo de esta muestra (66.4 por ciento de casillas en distritos panistas). Este es un punto que prácticamente quedó fuera de la controversia sobre el fraude electoral: cuando se recontaron paquetes en los distritos donde aventajaba la Coalición por el Bien de Todos, ésta perdía más votos que los que perdía el PAN en sus propios distritos.

Sin embargo, existe una razón natural por la cual un recuento afecta más al candidato con más votos en una casilla. Usemos un ejemplo: si los errores de conteo ocurren a una tasa más o menos constante, digamos 5 por ciento, un recuento en una casilla con 200 votos para uno y 100 votos para otro le reducirá 10 votos al primer candidato, pero sólo cinco votos al segundo, lo cual disminuye el margen entre ambos en cinco votos. para que estos errores aleatorios se cancelen habría que recontar casillas precisamente con un margen opuesto, es decir donde el segundo candidato tenga 100 votos más que el primero; por eso un recuento en una muestra sesgada de casillas produce un ajuste sesgado de votos —razón de más para interpretar con cautela los resultados de los recuentos realizados durante el proceso electoral tanto por el IFE como por el TEPJF.

Al ser fruto de la impugnación de la Coalición, las 11 839 casillas recontadas por el TEPJF resultaron ser una muestra aún más sesgada: 91.4 por ciento (10 818) de las casillas provenían de distritos panistas y sólo 8.6 por ciento (1 021) eran perredistas. Si consideramos que Calderón aventajó a AMLO por 76.5 votos promedio en casillas de estados panistas (145.3 vs. 68.8 votos, respectivamente), era de esperarse que el recuento del Tribunal produjera una mayor disminución de votos para Calderón que para AMLO y una reducción del margen de victoria —tal como ocurrió en el cómputo definitivo del 5 de septiembre—. Queda por preguntarnos por qué el PAN no impugnó los distritos donde ganó la Coalición. Una respuesta tentativa, y que escapa al análisis presente, estriba en que la estrategia del PAN era minimizar el número de casillas recontadas —quizá temiendo que el recuento cambiaría de manera importante el resultado o que condujera a la anulación de la elección (Crespo, 2008).

En cualquier caso, los ajustes encontrados en una muestra no representativa de casillas no pueden generalizarse para el resto del país: si el recuento parcial del TEPJF encontró ajustes de votos promedio de ±2 votos a favor de AMLO, no se puede afirmar que un recuento más amplio hubiera encontrado un ajuste sistemático en el mismo sentido e igual magnitud. Más bien, a la luz de la evidencia disponible, es plausible suponer que un recuento adicional en casillas donde AMLO aventajó habría recompensado la ventaja de Calderón en vez de disminuirla, toda vez que AMLO perdería más votos que el panista.

En todo caso, si uno u otro recuento hubieran arrojado modificaciones sistemáticas respecto al resultado del cómputo distrital respectivo, sugeriría irregularidades generalizadas en el proceso —lo cual no ocurrió—. Más bien, con la evidencia parcial disponible a la fecha, puede suponerse que los errores de conteo son de magnitud y distribución similares a los errores aritméticos reflejados en las actas, mismos que no parecieron favorecer al candidato ganador de manera sistemática.

Más allá de la evidencia estadística, si los errores aritméticos o de conteo hallados a lo largo del país son indicativos de irregularidades dolosas, resulta difícil explicar algunas implicaciones de suponer que estos errores son evidencia de un fraude. por un lado, alterar dolosamente las actas de casilla requiere contar con una inmensa capacidad de coordinación entre miles de funcionarios en miles de casillas, cuyo alcance llegaría incluso a los bastiones de la Coalición. por otro lado, resulta ilógico que los mismos funcionarios que alteran la votación de una casilla simultáneamente acusen o pongan en evidencia sus errores en las actas —haciéndolas con ello más fáciles de impugnar—. Una falsedad similar es suponer que todos los errores favorecen o afectan a un mismo candidato. Si los errores aritméticos dan la apariencia de votos sobrantes o faltantes, no hay razón para pensar que todos lo votos que faltan son del candidato perdedor ni que todos los votos que sobran son del ganador.

Pruebas del ácido para casillas atípicas

Aun cuando el recuento de casillas del Tribunal Electoral produjo ajustes en los cómputos respectivos, se ha dicho que el criterio de determinancia usado por el Tribunal, consistente en anular sólo las casillas con errores mayores al margen entre el primero y el segundo lugar en cada casilla, significó pasar por alto irregularidades importantes. ¿Qué pasaría si aplicamos, de manera hipotética, criterios más estrictos?

Como se dijo antes, los errores aritméticos están distribuidos de manera casi uniforme o aleatoria a lo largo del país. ¿Es posible que el resultado de la elección haya sido determinado por casillas con errores aritméticos? partiendo del PREP, si eliminamos del cómputo todas las casillas con más o menos votos que el número de ciudadanos que votaron (54 111 actas con error, 41.3 por ciento del total), tenemos que Felipe Calderón ganaría por 494 000 votos —lo cual confirma que hubo un poco más de errores en las casillas ganadas por la Coalición, como se ha visto—. Algo similar sucede si eliminamos del cómputo todas las casillas donde las boletas recibidas menos las boletas sobrantes es diferente del voto total (56 702 actas con error, 43.3 por ciento del total).

Como sabemos, el nivel de participación promedio fue de 58 por ciento a lo largo del país. ¿Es posible que el resultado final haya estado determinado por casillas con participación inusualmente elevada? De acuerdo con el cómputo distrital del IFE, si eliminamos todas las casillas con participación mayor a 75 por ciento de la lista nominal (alrededor de 4 555 casillas, 3.5 por ciento del total) Felipe Calderón mantiene el primer lugar. De este modo, el resultado electoral del 2 de julio es robusto con la eliminación de casillas que presentan errores aritméticos, así como con la eliminación de casillas con una alta tasa de participación. Resulta claro que el TEPJF no puede aplicar criterios de este tipo, pues al final de cuentas su misión es garantizar la integridad del sufragio de los ciudadanos en la medida de lo posible, a menos que cuente con pruebas para lo contrario.

Representantes de casilla

Otra presunta irregularidad fue que AMLO tuvo una votación inusualmente baja en zonas donde no tuvo suficientes representantes de casilla. Detrás de este cargo hay un supuesto implícito: que de no ser por los representantes de partido, los ciudadanos elegidos al azar como funcionarios de casilla alterarían las votaciones. Si comparamos la presencia de representantes de partido en los distritos con los resultados electorales, podemos encontrar una respuesta.

En el ámbito nacional el PAN y la Coalición tuvieron representantes en 79.9 y 79.4 por ciento de las casillas, respectivamente, aunque su distribución no fue uniforme: el PAN tuvo representantes en 35 por ciento de las casillas del DF, bastión del PRD, mientras que la Coalición tuvo representantes en 33 por ciento de las casillas de Nuevo León, bastión del PAN. De modo similar, la reñida votación de ambos candidatos a nivel nacional fue producto de una votación sesgada regionalmente: 14 estados ganados con holgura por cada candidato y cuatro estados competidos: puebla, Campeche, Veracruz y Zacatecas.

En efecto, la votación por AMLO en distritos donde no tuvo muchos representantes de casilla fue menor que la de los distritos donde tuvo una mejor cobertura. Sin embargo, la votación por Calderón también fue menor en los distritos donde no tuvo tantos representantes como en sus bastiones. En términos estadísticos, la magnitud de esta relación es similar en ambos sentidos: por cada 10 por ciento adicional de representantes, cada partido obtuvo alrededor de 4 por ciento más votos. por lo tanto, leer esta relación como evidencia de irregularidades del PAN en contra de la Coalición implica, por fuerza, que ésta hizo lo mismo contra aquel partido.

Hay una alternativa simple a la explicación dolosa: la fuerza electoral de un partido puede medirse tanto por los votos obtenidos como por su capacidad local de organización. En distritos donde un partido no tiene presencia en votos, difícilmente tendrá cuadros interesados en ser representantes de partido. Si esto es cierto, es de esperarse que se observen correlaciones como las indicadas en las líneas precedentes.

Otra cuestión relacionada fue si la presencia de representantes de casilla de uno u otro partido afectó el número de votos anulados. En total hubo 904 604 votos anulados (2.16 por ciento del voto total), una cifra similar a 2.10 por ciento de 2000. Aproximadamente 60 por ciento de los votos anulados se registraron en casillas urbanas y 40 por ciento en rurales. Sin embargo, los representantes de casilla del PAN o la Coalición no tienen una relación significativa con el porcentaje de votos anulados, como sí la tiene el porcentaje de casillas rurales.

El conteo de votos: imparcialidad vs. precisión

La evidencia de los datos a nivel casilla sugiere que el error humano no fue determinante en el resultado electoral que hoy conocemos. Al delegar la instalación de casillas y el conteo de los votos a ciudadanos elegidos al azar, el sistema electoral mexicano garantiza la imparcialidad de la jornada electoral como casi ningún otro país. Es obvio que estos ciudadanos cometerán errores e imprecisiones al contar votos y llenar actas con la misma aleatoriedad con la que todos lo haríamos. Como este sistema nunca había enfrentado una elección presidencial tan competida, no se había prestado atención a los posibles errores de una elección contada por ciudadanos. Quizá sea posible diseñar mecanismos para contar votos con mayor precisión pero difícilmente encontraremos uno más imparcial.

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Nota

¹ El PREP es un mecanismo de monitoreo, en tiempo real, del flujo de datos electorales de las casillas hacia los centros de conteo. No es un instrumento de medición que permita hacer pronósticos válidos o confiables, toda vez que no se basa en una muestra aleatoria de casillas, sino en el flujo, en tiempo real, de los datos. Como este flujo por naturaleza tiene una serie de sesgos, es muy difícil obtener resultados representativos a partir del PREP, sobre todo en una elección reñida.

Artículos

Las reformas al Cofipe, 2007

Reforms to Cofipe, 2007

Joy Langston*

* Profesora–investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Carretera México–Toluca, 3655, Col. Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F. Tel: 57 27 98 00. Correo electrónico: joy.langston@cide.edu.

Resumen

Este artículo examina los cambios a la Constitución y al Cofipe acordados por los legisladores en 2007, como respuesta a los acontecimientos de la elección presidencial de 2006. Estas modificaciones incluyen, entre otras: a) la provisión de espacios en medios de comunicación para la propaganda electoral en tiempos asignados al Estado y la prohibición de vender tiempo a los partidos políticos o a terceros; b) la remoción de varios consejeros electorales, incluyendo el consejero presidente, en una especie de venganza política; c) cambios a la estructura burocrática del IFE, los cuales debilitan su autonomía frente a los partidos en el Congreso; d) la prohibición de utilizar la imagen del candidato político al transmitir información gubernamental, y e) el cambio en la forma de calcular los recursos de financiamiento público. Esta reforma tuvo la consecuencia inmediata de fortalecer a los partidos frente a los grandes consorcios mediáticos y el IFE.

Palabras clave: IFE, Cofipe, reforma electoral.

Abstract

This article examines the changes to the Mexican Constitution and the regulatory framework contained in the Cofipe, made by legislators in 2007, as a response (in part) to the events surrounding the disputed 2006 presidential election. These changes include, among many others: a) the provision of free media time for electoral advertisements and the corresponding prohibition of television and radio spots paid by the parties or other interested actors; b) the removal (read firing) of several IFE 's councilors, including the President of the General Council, in a move that was read by many as political payback; c) changes to the bureaucratic structure of the IFE, which will have the effect of weakening the agency's autonomy; d) the prohibition of using the politicians' personal images in public service announcements, and e) the introduction of a new form of calculating the amount of public financing each party receives from the public coffers. As a consequence of this reform, the political parties in Mexico have strengthened their political position against both the owners of the large media consortia and the IFE.

Keywords: IFE, Cofipe, electoral reform.

Fortalecer la autonomía del Instituto Federal Electoral es propósito directo
y central de esta iniciativa... Sin embargo, autonomía no es autarquía.
(Senado, 2007, pp. 3 y 15).

Introducción

Este volumen ha hecho un recuento de las distintas fases, temas y problemas de las elecciones presidenciales y legislativas de 2006. La meta ha sido entender cómo ha cambiado la política electoral de México desde el inicio del periodo democrático en cuanto a los partidos políticos, las campañas electorales, las preferencias de los votantes mexicanos y las instituciones de escrutinio y manejo de los procesos electorales.

Para acabar de entender el impacto de las elecciones presidenciales y legislativas de 2006, es necesario ver el futuro inmediato, porque los efectos de estas elecciones no terminaron cuando los perredistas regresaron a los transeúntes las calles de Reforma y el centro de la ciudad de México, ni cuando Felipe Calderón recibió la banda presidencial. Por ende, y a manera de conclusión, este artículo presenta un resumen de las reformas electorales realizadas en 2007. Los conflictos de la elección presidencial tuvieron graves consecuencias para el sistema político mexicano, en particular para las instituciones que rigen el comportamiento de los partidos políticos, los medios de comunicación, el gobierno y el mismo IFE. Como los partidos —representados fielmente por sus senadores y diputados en las dos cámaras— fueron los encargados de la nueva reforma electoral, obtuvieron beneficios del proceso, a diferencia de los medios de comunicación y la estructura del IFE, que sufrieron las consecuencias del enojo de los partidos.

Las reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de 2007 se explican por dos razones generales: la primera es que muchos expertos reconocieron que los errores y las consecuencias no previstas del Cofipe de 1996, tales como la falta de definición de las precampañas electorales y la falta de herramientas para fiscalizar gastos deberían corregirse (Merino, 2003, p. 72). La segunda se relaciona directamente con los eventos de julio de 2006 y los meses siguientes. Desde esa elección, varios actores políticos quisieron corregir algunos de los problemas del proceso electoral y mostraron interés en forjar un control más estricto por parte de los partidos sobre la autoridad electoral. Hubo entonces una división en el corazón de la reforma: por un lado los líderes de los partidos buscaban mejorar el funcionamiento de los procesos electorales y por el otro, querían castigar a varios actores que ellos identificaron como los culpables del proceso electoral de 2006.

A partir de este ejercicio de reforma, se ha vuelto más explícita la relación que se ha desarrollado durante los últimos diez años entre los partidos políticos, el Ejecutivo y otras instituciones políticas en México. Los partidos, en su calidad de organizaciones, son fuertes en México gracias a las reglas electorales,¹ a sus recursos copiosos y a su capacidad de actuar en bloque en las dos cámaras legislativas. Varios analistas ya hablan de una "partidocracia" en México, es decir, de un poder y control sobresalientes de estas organizaciones políticas sobre la toma de decisión política casi ilimitada de instituciones autónomas, como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Ejecutivo. En cuanto a la estructura burocrática del IFE, cada vez es más claro que su capacidad de sancionar a los partidos se ha debilitado y por ende se ha minimizado su papel como árbitro en los próximos conflictos electorales.

Algunas de estas reformas, como la regulación de las precampañas y la reducción en el financiamiento público, ya tenían tiempo de ser consideradas necesarias; otras, como explicitar en qué circunstancias se va a permitir el recuento de votos, surgieron directamente de la experiencia electoral de 2006. Ciertos cambios fueron aceptados por todos los partidos, mientras que otros fueron duramente criticados por alguna de las fuerzas políticas. Los líderes de las bancadas legislativas tienen muchos intereses en común, porque todos tienen la intención de fortalecer a los partidos como actores en el juego político–electoral. Y esta es una de las lecciones de mayor importancia: los líderes de los tres partidos más grandes en México —PAN, PRI y PRD— son capaces de pactar acuerdos para fortalecerse a sí mismos, aun a costa de otros actores políticos, como los concesionarios de radio y televisión, los partidos pequeños y el IFE. Los tres principales partidos fueron implacables en su avance contra los otros grupos políticos, a pesar de la defensa de estos últimos en los medios y tras bambalinas. Los dueños privados de los medios perderán millones de pesos, ya que los partidos, candidatos y terceros no podrán contratar publicidad. Los partidos emergentes podrán perder hasta el registro bajo el nuevo régimen de coaliciones, y el IFE perdió a su consejero presidente y una porción de su autonomía debido a las nuevas normas, como la contraloría, la posibilidad de reelección del consejero presidente y los cambios a las comisiones permanentes dentro del IFE.

A la vez, hay que reconocer que los líderes partidistas también cedieron en diversas áreas con el afán de corregir los numerosos problemas con el antiguo Cofipe. Bajo el nuevo régimen de financiamiento, los partidos recibirán menos dinero público para sus campañas (aunque cabe señalar que las campañas tendrán una menor duración); por disposición federal, tendrán que proveer mayor información acerca de su estructura; la nueva Unidad de Fiscalización ya no estará limitada por el secreto bancario, financiero ni fiduciario. Con tantas modificaciones constitucionales y reglamentarias, es casi imposible saber cómo será el funcionamiento del nuevo sistema electoral; sin embargo, este artículo nos da algunas pistas para ver hacia dónde se dirige.

¿Debilitar la autonomía del IFE?

El IFE es la autoridad encargada de organizar las elecciones federales, de financiar una buena parte de las actividades de los partidos y fiscalizar el uso de estos recursos y, finalmente, es la primera instancia de lo contencioso electoral (Merino, 2003, p. 76). La construcción de una autoridad electoral autónoma constituyó uno de los grandes logros de la transición a la democracia en México: quitar al secretario de Gobernación del Consejo General del IFE fue un trabajo que costó años de negociaciones entre los tres partidos mayoritarios durante los años noventa. Como escribe Jesús Cantú, las bases de la confianza que ganó el Instituto después de 1996 fueron la ciudadanización, la profesionalización y la autonomía (Cantú, 2007). Es imprescindible que el IFE tenga la capacidad de actuar como un árbitro independiente para controlar las acciones de los partidos con el fin de que éstos no tengan incentivos para incurrir en trampas, fraudes y otras irregularidades.

Ha sido difícil mantener un equilibrio entre controlar a los actores políticos y conservar el apoyo suficiente de los mimos. Si el IFE hace su trabajo e impone una sanción a los peores abusos partidistas (especialmente durante las campañas), puede perder el apoyo de los partidos. Estévez, Magar y Rosas (2007, p. 3) lo plantean como un dilema: "En este sentido, el IFE es una agencia de regulación que tiene que servir a los intereses de muchos constituyentes —los partidos políticos en la Legislatura con intereses electorales opuestos y opiniones sobre las leyes electorales que son incompatibles en muchas instancias—, mientras se esfuerza por lograr credibilidad y confianza en las elecciones".

Fue un error suponer que convertir al PRI en un partido más en el Consejo (en vez de poder hegemónico) sería igual que conferir autonomía verdadera y eterna al IFE. Lo que se está evidenciando hoy es que los partidos, como organizaciones, también tienen fuertes incentivos para domar a las otras instancias políticas. El nuevo Cofipe tiene varios nuevos artículos que podrían debilitar al Consejo frente a los partidos en el Congreso, entre ellos se encuentran: a) remover y remplazar al consejero presidente y a cinco consejeros más entre 2007 y 2008; b) abrir la posibilidad de una reelección de presidente del Consejo; c) fortalecer al consejero presidente respecto a los demás consejeros electorales; d) debilitar a los consejeros electorales frente a las comisiones permanentes del IFE, y e) (más preocupante) introducir una contraloría externa al IFE, cuyo titular es designado por una mayoría en la Cámara de Diputados.

Los legisladores en la Cámara de Diputados tienen el derecho de seleccionar a los nueve consejeros (con una mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados federales presentes (artículo 110–2). No es fácil remover a los consejeros, ya que para hacerlo se requiere una reforma electoral o un juicio político.² Sin embargo, es evidente que cuando el partido del presidente está de acuerdo con por lo menos un partido más, es posible remover consejeros con base en la reforma electoral, siempre y cuando dos terceras partes de ambas cámaras estén de acuerdo. Esta amenaza de los partidos políticos nacionales de mayor representación siempre ha impuesto un límite a la actuación del IFE: si los partidos están descontentos con las decisiones tomadas por el Consejo, es posible castigar a los responsables.

Muchos de los conflictos entre el Legislativo y el IFE surgen de la naturaleza de la relación entre los partidos en el Congreso y el Instituto. Como los diputados tienen el derecho de escoger a los consejeros sin estar atados a muchas reglas o restricciones, los diputados (o mejor dicho, los líderes de las bancadas) ven la selección de consejeros como un sistema de asignación de cuotas: cada partido recibe cierto número de sus consejeros electorales. El juego de selección es de vetos: partido a admite la mejor opción de partidos B y C, siempre y cuando no le veten la suya. En 1996, la votación para los consejeros y el presidente del Consejo se logró gracias a un consenso entre los tres principales partidos. Los partidos seleccionaron "representantes partidarios light —gente de confianza..." que no tenían afiliación abierta con un partido u otro (Schedler, 2000, p. 411). Estévez, Magar y Rosas (2007, p. 2) describen la relación entre los consejeros y los partidos como una de "influencia de los partidos sobre los consejeros". Es decir que, gracias al derecho de cada partido en la Cámara de Diputados de seleccionar a sus consejeros, a su presencia dentro del Consejo General como representantes con voz, pero sin voto, y a su capacidad de remover a los consejeros, hay una continua influencia de cada partido sobre sus consejeros.³ Es más, hay clara evidencia de que en todos los consejos desde 1997 la mayoría de los consejeros de cada partido votó al unísono en temas difíciles (Estévez, Magar y Rosas, 2007); sin embargo, existen asuntos de gran importancia en los cuales los consejeros mostraron su independencia, como fue el caso de las multas multimillonarias contra el PRI y el PAN después de la elección de 2000.

Aun cuando los consejeros electorales han sido seleccionados como representantes de los partidos, en la práctica se entendía que a veces iban a tener que tomar decisiones en contra de los intereses de su patrocinador partidista (Estévez, Magar y Rosas, 2007). Mantener este balance se volvió muy difícil en las elecciones de 2006. Políticos y analistas dentro y fuera del PRD culparon al IFE por lo que, en opinión de muchos, fue un pésimo proceso electoral. Las quejas incluyeron que el consejero presidente Luis Carlos Ugalde no logró convencer al presidente Fox de no hacer comentarios respecto a las elecciones o los candidatos en los medios de comunicación; que las campañas negativas (especialmente en contra de la Coalición para el Bien de Todos) estaban fuera de control; que un grupo de empresarios compró ilegalmente (pues el Cofipe lo prohibía) publicidad en televisión precisamente antes de la elección; que el IFE perdió millones de votos en el prep; que el IFE llamó a los consejeros distritales a no abrir los paquetes después de los comicios (véase el artículo de Crespo en este volumen); que hubo muchos errores de conteo en las casillas, es decir, que no hubo buen entrenamiento de los funcionarios de casilla; que el consejero presidente no declaró un ganador la noche de la elección o por lo menos un front–runner, entre muchas otras (Muñoz, 2007).

Los líderes de los tres partidos grandes usaron el descontento de los partidos y el desconcierto ciudadano después de la elección para castigar a los culpables en el Consejo General y, a la vez, debilitar la autonomía del IFE. Para empezar, instauraron la renovación escalonada de los consejeros, quienes durarán nueve años en el puesto en lugar de siete. Al cumplir este cambio —que tenía mucho tiempo de haberse ideado para facilitar la transición entre un grupo de consejeros y otro—, los líderes de las bancadas legislativas aprovecharon para quitar de sus puestos al presidente del Consejo y a dos consejeros en 2007 (y tres más en 2008). Remover a Luis Carlos Ugalde de su puesto fue una forma de despedirlo por su mala actuación en los comicios de 2006 y también una manera de que el PAN pudiera apaciguar las aguas con el PRD. A la vez, mandó un mensaje fuerte a los demás consejeros: o velan por los intereses de su respectivo partido o pueden perder sus puestos.

Varios líderes dentro del PAN no estuvieron de acuerdo con esta decisión, argumentando que destituir al consejero presidente sería una admisión de que hubo fraude electoral.⁶ Es decir, al remover a cinco consejeros y al titular del IFE después de una elección (y antes de que cubriera su periodo), cuyos resultados no convencieron a todos los actores políticos, era minar la autonomía de la autoridad electoral, lo cual, a la postre, debilitaría a la democracia mexicana. En las elecciones presidenciales de democracias consolidadas tiene que haber ganadores y perdedores y es fundamental que los perdedores acepten su derrota. El problema para muchos es que al correr a la autoridad electoral una vez, en el futuro va a ser más difícil controlar la actuación de los partidos en las elecciones por el miedo de sufrir el mismo castigo.⁷ Otros que promovían la remoción del consejero presidente decían que era imposible que este Consejo pudiera seguir en funciones por el error de su creación (sin el aval del PRD) y la pérdida de confianza. Para erradicar este problema de raíz y que el PRD —o por lo menos su ala moderada— acepte los resultados electorales de 2009, habría que retirar a algunos consejeros y asegurarse de que el PRD ponga por lo menos a uno de los suyos.⁸ Es importante señalar que no removieron a los consejeros electorales mediante la opción de juicio político, porque esto implicaba comprobar que habían cometido graves errores; sin embargo, destituirlos utilizando una reforma electoral es casi admitir que su remoción no fue por razones legales, sino políticas.

Cabe señalar que al destituir a los tres consejeros, los legisladores no cambiaron en forma importante la manera de seleccionarlos, la única novedad es que ahora los diputados valoran las propuestas surgidas de la sociedad al abrir un "amplio proceso de consulta pública" (Senado, 2007, p. 17). Es decir, los partidos pueden designar el árbitro y removerlo sin mucha interferencia externa. Esto significa que no hay una sana distancia entre los intereses de los partidos en la Cámara de Diputados y los consejeros.

Los partidos en el Congreso también aprobaron la posible reelección del consejero presidente durante dos periodos, pero reduciendo su mandato de siete a seis años; de modo que si el presidente del Consejo quiere mantenerse en su puesto tendrá que, por lo menos en su primer periodo, asegurarse de obtener el beneplácito de los líderes partidistas, de lo contrario éstos quizá no aprueben su segundo periodo.⁹ Este cambio en sí podrá tener el efecto de debilitar al presidente frente al Congreso y de causarle mayores problemas con su consejo.

El nuevo Cofipe también legisla sobre las comisiones permanentes del IFE. Para empezar, los consejeros encargados ya no permanecen como cabezas de sus comisiones durante todo su periodo en el IFE: se mantendrán únicamente durante tres años como integrantes de cada comisión, a la vez que la presidencia de las comisiones se rotará cada año. Esto es muy problemático toda vez que diluye el poder de los consejeros electorales frente a la burocracia administrativa del IFE. Según Schedler (1999) lo que dotó al Consejo General de poder sobre la estructura administrativa del IFE no eran las reglas formales del Cofipe, sino el control que tenían los consejeros sobre las comisiones permanentes. Al presidir una comisión durante varios años, los consejeros tenían acceso a una enorme cantidad de información sobre los trabajos de su área y podían influir durante el desarrollo de los trabajos administrativos. Hubo una especie de especialización gracias a la relación de largo plazo entre el consejero y el secretario ejecutivo encargado de los trabajos administrativos de la comisión. Con la presidencia rotativa, los consejeros ya no van a adquirir la información ni el conocimiento necesarios para cumplir a cabalidad sus responsabilidades. Por otro lado, la estructura burocrática sí está encargada de informar regularmente al consejero presidente de su trabajo, lo cual lo fortalece frente a los demás consejeros. Como se mencionó, el consejero presidente está aún más ligado a las preferencias de los líderes de las bancadas legislativas gracias a la posibilidad de reelegirse.

El tema de mayor preocupación en cuanto a la autonomía del IFE es la creación de una contraloría interna "dotada de autonomía técnica y de gestión, para la fiscalización y vigilancia de los ingresos y egresos del IFE... que podrá fincar responsabilidades a todos los servidores del Instituto, incluidos los consejeros electorales y el consejero presidente" (Senado, 2007, p. 15). Su titular será electo por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Podría argumentarse que monitorear el gasto público no es un atentado contra la autonomía del IFE; sin embargo, junto con las demás reformas a la Constitución y al Cofipe, se ve como otra manera de incrementar la fuerza de los principales partidos en contra de la autoridad electoral. Además, el IFE será auditado todos los años por la Auditoría Superior de la Federación, así que los partidos en el Congreso no parecen estar tan preocupados por el malgasto de recursos dentro de la organización, como por su propia capacidad de presionar a los consejeros.¹⁰ Esta reforma es como meter un caballo de Troya lleno de representantes de los partidos dentro de la fortaleza del IFE. Si los partidos están en desacuerdo con alguna acción emprendida por el Consejo, podría pensarse que una forma de presionar a los consejeros sería a través de amenazas de esta contraloría general.

Abaratar el sistema de financiamiento partidista

Con la nueva reforma electoral ya no se utiliza el número de partidos con registro como multiplicador del gasto público para los partidos.¹¹ Para actividades ordinarias¹² en años sin elecciones federales, el IFE dará financiamiento público según una nueva regla: multiplicará "el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, a la fecha de corte de julio de cada año, por 65 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal" (Cofipe, artículo 78–1). Como antes, 30 por ciento de este total será distribuido entre todos los partidos con representación en alguna de las dos cámaras y el restante 70 por ciento se multiplicará por los resultados de la última elección de diputados federales. Cada partido tiene que destinar por lo menos 3 por ciento de esta cantidad a actividades educativas.

Murayama (2007) ha hecho un experimento interesante en donde compara los recursos públicos que los partidos reciben bajo las nuevas y las antiguas reglas de financiamiento. Los recursos que se asignan a los partidos para sus actividades ordinarias no cambian mucho en años sin elecciones federales. En 2007, los ocho partidos con registro recibieron bajo el antiguo sistema únicamente 11.6 por ciento más de lo que hubieran recibido con las nuevas reglas. El cambio importante viene en los años electorales; bajo el Cofipe de 1996, en todos los años con elecciones federales, tanto concurrentes (2000, 2006) como intermedias (1997, 2003), la cantidad que los partidos recibieron por el concepto de actividades ordinarias se duplicó; con el Cofipe 2007, ya no. Se recibirá 50 por ciento más de la cantidad por concepto de actividades ordinarias en años con elecciones presidenciales y legislativas, y únicamente 30 por ciento en las intermedias. Si las nuevas reglas se hubieran aplicado para 2006, los partidos hubieran recibido 45 por ciento menos y de haber existido para las elecciones de 2003, habrían recibido 77 por ciento menos (Murayama, 2007).

La cantidad que cada partido puede recibir de sus simpatizantes pasa de "ser 10 por ciento del total de financiamiento público ordinario a 10 por ciento del tope de gasto de campaña presidencial", que según Córdova (2007a) puede representar una reducción de casi cuatro veces, porque el tope de gasto de la campaña presidencial es sustancialmente menor que el total de recursos destinados a actividades ordinarias para todos los partidos.¹³ El nuevo tope de campaña presidencial también abarata las campañas: representa 20 por ciento del financiamiento público establecido para todos los partidos en el año electoral presidencial, y como esta cantidad es únicamente 50 por ciento más que en años sin elecciones federales, se basa en una cantidad menor. Para el tope de las campañas a diputado federal habrá que dividir el tope presidencial entre 300.

También hay modificaciones importantes en cuanto a la duración de las campañas electorales. El número de días de las campañas generales cae de 186 a 90 para campañas presidenciales y a 45 días para campañas legislativas intermedias; una reducción sustancial. Esto es importante porque aunque los partidos tendrán un tope de gastos más bajo, por tener menos días para gastar este dinero, podrán disponer por día de campaña de una cantidad semejante a las campañas anteriores. La nueva reglamentación también reconoce legalmente las precampañas electorales. Las precampañas durarán las dos terceras partes de las generales, así que habrá 60 días de precampaña para las elecciones presidenciales y 45 para las de diputados federales.

El nuevo Cofipe también ofrece herramientas más sólidas para fiscalizar mejor los gastos de campaña, a la vez que les quita la responsabilidad del control directo a los consejeros electorales. El tema de fiscalización ha sido —por lo menos desde la elección de 2000— un punto de conflicto constante entre el Consejo General del IFE y todos los partidos en el Congreso, ya que el IFE debe ser el árbitro que sancione las faltas en gastos. Hubo un reconocimiento abierto a este punto en el dictamen constitucional expedido por el Senado, el cual explícita que "la actual normatividad legal [de 1996] otorga la fiscalización a una comisión de consejeros electorales, lo que ha causado problemas entre los consejeros y los representantes de los partidos (p. 18)". La nueva reglamentación establece un órgano técnico para la fiscalización de las finanzas de los partidos, pero los consejeros ya no participarán directamente en la auditoría de gastos de los partidos. El órgano estará bajo el control del Consejo General del IFE, que contará con autonomía de gestión, y cuyo titular será propuesto por el consejero presidente y votado por las dos terceras partes del Consejo General. Unos dicen que esto podría ser un cambio positivo porque reduciría el conflicto directo entre los consejeros y los partidos. Sin embargo, sigue siendo el Consejo General el que tiene la responsabilidad final de fiscalizar los gastos de los partidos (Córdova, 2007), así que habrá que ver si surgen otra vez los mismos problemas cuando el Consejo aplique las sanciones.

La herramienta más importante de este órgano para juzgar a los partidos es la exención de los secretos bancario, fiduciario y fiscal. En la práctica, ya hubo jurisprudencia (por parte del Tribunal Electoral) que negaba el secreto bancario y financiero a los partidos; la reforma constitucional simplemente explicita este poder.¹⁴ En 2002, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal sentenció sobre las atribuciones fiscalizadoras del IFE y le otorgó a este instituto el derecho de romper el secreto bancario, fiduciario y fiscal (Merino, 2003, p. 135).

Medios de comunicación

La campaña mediática de 2006 fue prolongada, llena de publicidad y de éxito —los votantes tuvieron mucha información sobre los candidatos y sus plataformas gracias a ella—. Sin embargo, hubo ataques que no fueron atendidos a tiempo y que afectaron no sólo la popularidad de un candidato u otro, sino también la percepción de los partidos sobre la eficacia de las campañas en medios. A la vez, millones de pesos provenientes de los impuestos de todos los mexicanos fueron pagados a los grandes concesionarios de radio y televisión para llegar a los votantes. Frente al poder de los medios de comunicación masivos y el enorme poder que puede tener la publicidad, los líderes de los partidos decidieron cambiar en forma radical el régimen y el papel de los medios en la política mexicana. En las reformas de 2007 hubo dos grandes temas en cuanto al papel de los medios en campañas: acceso a medios y ataques negativos.

Acceso a medios

Las grandes empresas de medios impulsaron una reforma a su sector en otoño de 2005, extrayendo de ésta grandes concesiones y beneficios precisamente antes del inicio del periodo de campañas. En la Cámara de Diputados casi no hubo discusión alguna, ya que los líderes de las tres bancadas principales instruyeron a sus integrantes para votar en favor de la iniciativa. Los dirigentes de los partidos no estaban dispuestos a enfrentarse a los grandes concesionarios de los medios de comunicación antes de empezar una campaña cuya base iba a constituirse de mensajes en radio y televisión. El problema político empezó en el Senado a finales de 2005, gracias a una coalición entre los senadores anti–trust y los que querían un papel más fuerte del Estado en el sector de telecomunicación. Fue así como se originaron fuertes peleas dentro de la cámara alta, pero al fin y al cabo pasó la iniciativa en el Senado en la primavera de 2006 (en plena campaña presidencial), aún con varios senadores del PRI, PAN y todos los del PRD en contra.

A partir de ese momento, nació una de las grandes transformaciones de la arena política–electoral en México desde el fin del periodo hegemónico. El PRD que durante muchos años había abogado por un cambio radical en la forma de asignar tiempos en radio y televisión a lo largo de las campañas argumentó que sería mejor utilizar los tiempos públicos (del Estado) en medios y no tener que comprarlos con recursos públicos para enriquecer a los grandes consorcios.¹⁵ El dictamen de reforma electoral expedido por el Senado de la república para la reforma constitucional establece que "la competencia electoral va quedando sujeta no solamente a modelos de propaganda que le son ajenos (propaganda electoral que imita los [modelos] utilizados en el mercado para la colocación de mercancías), sino también al riesgo de sufrir la influencia de los dueños o concesionarios de estaciones de radio y canales de televisión... que de tal situación derivan un poder fáctico contrario al orden democrático constitucional" (Senado, 2007, p. 12).

Como resultado y contra los intereses de los medios de comunicación, la reforma a la Constitución impone una nueva regla: la publicidad ya no será contratada por personas privadas ni por partidos políticos ni por candidatos. Estos tiempos serán asignados en forma proporcional por el IFE y se utilizarán los tiempos del Estado.¹⁶ Para atender las fuertes quejas de los perredistas en contra de la contratación de spots por parte de grupos de interés (en el caso particular de empresarios) también se elevó a rango constitucional la prohibición en contra de la compra de publicidad electoral por parte de terceros, una prohibición que existía en el Cofipe de 1996 pero que no se respetó en los comicios de 2006.

Desde el inicio de la campaña, el IFE tendrá a su disposición 48 minutos diarios en cada estación de radio y televisión, en horarios entre las 6 y las 24 horas del día (Cofipe, artículo 55–1). Durante las campañas generales, todos los partidos tendrán derecho a 41 minutos diarios y el IFE a siete.¹⁷ El Comité de Radio y Televisión será el órgano que decidirá la distribución de tiempos y, como consecuencia, el Comité de Radio y Televisión será de los más importantes del IFE; se integrará por tres consejeros electorales, un representante de cada partido y el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, cuyo presidente es el presidente del IFE (Cofipe, artículo 76–3).¹⁸ Las sanciones (contenidas en el nuevo libro séptimo del Cofipe) serán más estrictas y se aplicarán con mayor rapidez.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un cambio tan profundo? Para empezar, será más fácil fiscalizar y monitorear la publicidad en medios. Uno de los problemas que prevalecían era que las televisoras y estaciones de radio podían extender tarifas diferenciadas a cada partido; también podían dar facturas que no reflejaran el precio real del tiempo contratado. Con la nueva reglamentación, el IFE tendrá que fiscalizar el tiempo total en vez de la cantidad total de pesos. Sin embargo, esta promesa parece que no podrá cumplirse cabalmente: la primera confrontación entre los medios y las nuevas reglas fue durante la programación del domingo de Súper Tazón (y otros partidos de futbol) de 2009. Los medios interrumpieron la transmisión de los encuentros deportivos anunciando que fueron obligados por el IFE a transmitir propaganda en espacios del Estado para los partidos políticos y, como era de esperarse, gran parte de la audiencia se molesto. El IFE decidió no considerar una sanción con el argumento de que los concesionarios prometieron no incurrir en este tipo de acciones de nuevo.

Otra consecuencia positiva podría ser que con esta nueva forma de distribuir tiempos en medios, los partidos tendrán mayor autonomía en relación con los dueños de los medios de comunicación porque no van a depender de espacios vendibles en medios. Al parecer hay una lucha entre el modelo norteamericano que no limita la compra de publicidad política y el europeo, que sí impone restricciones al uso de medios en campañas electorales. La desventaja del modelo estadounidense es que grupos de interés económico pueden influir en las campañas, en quién gana la elección y, en consecuencia, en las decisiones que se tomen; mientras que grupos menos organizados o con menos recursos no pueden influir en el mercado de ideas. Como lo describe Denise Dresser (2007), se trata de "elecciones cada vez más caras, donde los candidatos se vuelven cada vez más vulnerables a las presiones del empresariado, cuyo apoyo necesitan". Este argumento sostiene que, ya que los partidos no pueden pagar a los dueños de los medios por sus espacios, estarán menos expuestos a las demandas de los mismos; a la vez, ningún gran grupo empresarial podrá influir (a través de la compra de publicidad electoral) en el resultado electoral. Este tipo de argumento aboga a favor de la igualdad de influencia en la política y en contra del laissez faire —en donde todos los interesados en la política tendrán la oportunidad de comprar spots e influir.

Otra ventaja es la que plantea José Woldenberg (2007) al señalar que la compra de publicidad no nada más "encarece las contiendas sino que tiende a adelgazar y vulgarizar sus contenidos". Este argumento tiene cierto eco en una tradición antimedios en la política (Trejo, 2000). Desde esta perspectiva, el uso de publicidad mediática es nocivo porque reduce el intercambio de ideas políticas a una mera campaña de mercadeo; en vez de debatir, se muestran más rostros que ideas, más imágenes que programas políticos (Trejo, 2000). No obstante este enfoque parece un tanto confuso: los partidos seguirán emitiendo mensajes en radio y televisión, sólo que no van a tener que pagar por ellos. Esta medida en sí no tendría ningún efecto sobre el tono del intercambio de ideas entre partidos, ni entre partidos y votantes.

Además de los argumentos sobre el monitoreo y la altura de las discusiones, hay que tomar en cuenta el aspecto económico. Las grandes cantidades de recursos derrochados durante las elecciones se destinaban en buena parte para pagar tiempos en medios (más de 60 por ciento, según el Senado), especialmente en televisión. En un estudio, Ciro Murayama (2007) muestra que el total de recursos que los partidos destinaron a medios masivos de comunicación durante la campaña federal de 2006 fue de aproximadamente dos mil millones de pesos, casi el total de financiamiento público recibido por los partidos (95%). Dado que los partidos no tendrán que pagar estas cantidades, estarán en mejores condiciones para utilizar sus recursos en otras áreas —como en la campaña terrestre, que involucra gastos de volanteo, espectaculares, actos, mítines y de pagos a los activistas por sus servicios—. Podrá ser mucho más difícil fiscalizar estos gastos tan descentralizados, lo que generará más problemas de los que se solucionaron.

Otro aspecto, y el más problemático, es el de la implementación de la nueva normatividad. En el artículo referente a este punto el nuevo Cofipe, a diferencia de muchos otros artículos, no es muy claro en cuanto a las nuevas normas de distribución de tiempos en la práctica. El artículo del Cofipe explicita el número de minutos que tienen los partidos y la distribución de 30 por ciento para cada uno y 70 por ciento, dependiendo de la proporción de voto ganado en las últimas elecciones legislativas, así que el nuevo comité tendrá que encontrar reglas que sean aceptadas por los tres partidos mayoritarios para asignar tiempos de publicidad, una distribución que incluye el día, el programa y el bloque dentro de la hora (o media hora) del programa. El Cofipe no especifica si los tiempos serán proporcionales dependiendo el día de la semana (si a todos los partidos les asignarán igual número de espacios cada lunes según su proporción de tiempo, por ejemplo). Puede ser que al distribuir los tiempos al azar sea muy difícil que todos los partidos reciban el mismo número de oportunidades de incluir publicidad en los noticieros o en las telenovelas más populares. Sin mayores acuerdos preestablecidos, los partidos van a poder descalificar las decisiones del Comité que no les favorezcan. En caso de otro resultado electoral cerrado, el perdedor podrá argumentar que la colocación de spots —decidida bajo la autoridad del IFE — constituyó la diferencia y, como consecuencia, podrá impugnar la elección.

La nueva reglamentación de acceso a medios provee una cantidad enorme de tiempo en radio y televisión en todas las regiones del país. Esto quiere decir que los partidos pueden saturar todas las comunidades, municipios y ciudades de la nación sin tener que pagar. Esta cobertura inmensa causará problemas imprevisibles a la autoridad electoral porque ya no bastará monitorear los 200 mercados más grandes como lo había hecho en las elecciones de 2006. El IFE deberá asegurarse de que se contabilicen correctamente las publicidades de todo el país y que se regule su contenido conforme a las leyes vigentes; esto requerirá una capacidad de monitoreo mucho mayor que la prevaleciente.

Finalmente, la proporción de tiempo que recibirá cada partido dependerá de las elecciones intermedias, elecciones en las que un partido como el PRD —sin bases en muchas regiones del país— puede tener un desempeño mucho menor que en sus resultados concurrentes. Así, cabe la posibilidad de que el PRD esté condenado a tener menos tiempo en medios de comunicación en las campañas presidenciales, pero no podrá comprar más spots para subsanar la diferencia. Resta verificar si en la práctica la nueva forma de asignar tiempos para publicidad en medios tendrá un efecto sobre la forma de hacer campaña en México.

Ataques negativos

El debate sobre el acceso a espacios de difusión acaparó mucha atención por parte de los medios durante la reforma constitucional y del Cofipe; no obstante, un tema de mayor alcance constitucional pasó casi inadvertido, el de las campañas negativas. Como hemos visto, la campaña mediática de 2006 tuvo elementos de ataque: los candidatos lanzaron publicidad subrayando las potenciales debilidades de sus contrincantes para minarles el apoyo electoral. El artículo 186 del Cofipe de 1996 prohíbe "cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros". Pero como siempre ha sido muy difícil establecer la definición de calumnia o difamación, los equipos de campaña en 2006 tenían todos los incentivos para atacar a los demás candidatos a la vez que ponían a su propio candidato bajo la mejor luz posible.

Durante el curso de la campaña de 2006, hubo confusiones acerca de la definición de denigración dentro del Consejo General y también entre el IFE y el Tribunal Electoral. El Consejo General del IFE, ante las quejas de los equipos de campaña —principalmente el de la Coalición por el Bien de Todos—, cambió de decisión, misma que luego sería refutada por el Tribunal Electoral. Sin embargo, las resoluciones del Tribunal fueron poco efectivas, pues el proceso para retirar un mensaje negativo era muy lento. Por consiguiente, los spots negativos continuaron siendo parte de la estrategia de campaña de los partidos.

El PRD y AMLO creen que los ataques montados, tanto por el equipo de Calderón como por el entonces presidente de la república, ayudaron a que su posición en las encuestas descendiera (Fox también lo cree así, según Jorge Castañeda y Rubén Aguilar). En vez de reflexionar sobre qué sería más efectivo para llevar a cabo campañas modernas en medios, que incluyeran tanto ataques como promesas, el partido del Sol Azteca optó por fortalecer la prohibición de los spots negativos. El razonamiento del PAN en favor de limitar las campañas negativas es también fácil de entender: como partido en el poder, cualquier crítica en contra del desempeño del presidente puede ser entendida como una calumnia hacia las instituciones. Será sumamente difícil para los partidos de oposición criticar (de forma legal) al partido en el poder, lo cual siempre ayuda al candidato del partido que controla la presidencia. En respuesta, la lucha de los partidos contra las campañas negativas durante las reformas de 2007 fue un blanco fácil: no hubo ni gran discusión entre ellos durante la reforma de la Constitución, ni mucha entre los líderes de opinión. Las reformas de 2007 simplemente subieron a rango constitucional la disposición en contra de denigrar a los rivales que ya existía en el Cofipe de 1996 (aunque ahora se eliminó el término "difamación", que supone criticar, incluso con fundamento, a diferencia de calumnia, que implica engaño o falta a la verdad).

Podrían externarse varias diferencias con esta apreciación de las campañas negativas: la primera es que no toda la campaña de 2006 consistió en ataques contra el rival. La mayor parte de los spots en ese proceso electoral estuvo dirigida a convencer al votante de las bondades de su candidato, no a criticar o sembrar dudas sobre el posible desempeño del otro una vez en el poder. Muchos votantes sin mayor interés en la política (y con poca información sobre la posible actuación de los candidatos una vez en el poder) aprendieron que López Obrador anteponía a los sectores pobres de la población y estaba en contra de los grandes monopolios económicos; que Calderón iba a ser el presidente del empleo y que Madrazo tenía mucha experiencia en el poder. Los votantes también pudieron apreciar que el candidato de la Coalición por el Bien de Todos podría pecar de populista; que Calderón tenía parientes dudosos; que Madrazo no era el más honesto en su forma de gobernar. En fin, las campañas mediáticas informaron a los votantes, utilizando tanto promesas como críticas.

Otro problema práctico es la diferencia entre criticar y denigrar. No es tarea fácil distinguir entre una expresión denigrante y una crítica válida, lo cual implica que la autoridad que tiene esta responsabilidad —el IFE — tendrá que lidiar con las quejas de los partidos si es que retira del aire un spot y no otro. Conferirle esta responsabilidad al IFE parece contradictorio con la idea de disminuir su autoridad electoral autónoma para actuar. Además, la falta de espacio para criticar al partido en el gobierno necesariamente ayuda a su candidato por la simple razón de que el partido en el poder tiene mayores beneficios de reputación y de experiencia en el puesto que los partidos fuera del gobierno. Posiblemente el PRD y el PRI sufran esta política, en lugar de beneficiarse de ella.

Otro cambio importante fue la prohibición del uso de nombres y caras para promocionar el desempeño gubernamental. El nuevo artículo 134 constitucional, párrafo sexto dice: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tal los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público" (énfasis mío). Muchos pueden pensar que así se va a controlar al partido en el poder federal; sin embargo, podría tener otros fines políticos más relacionados con el deseo de los políticos nacionales, en particular de los senadores y líderes de partido, como minimizar la capacidad de los gobernadores de comprar publicidad en sus intentos de ganar la nominación presidencial de su partido.

Coaliciones

Durante el proceso de discusión de la reforma constitucional, casi no hubo mención de las coaliciones electorales; no obstante, en el proceso de adecuación del Cofipe, la pelea de coaliciones dominó la cobertura mediática, debido a una nueva política que los grandes partidos impusieron al Código, y que no requería una modificación de la Constitución. Las críticas de los partidos chicos o emergentes, para usar un término más optimista, denominados el G–5 (el Partido del Trabajo y Convergencia, liderando la pelea, junto con el Partido Verde Ecologista Mexicano, PVEM, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata) no se hicieron esperar. Parece que los partidos grandes (salvo la corriente del PRD más ligada al AMLO) estaban listos a cobrar las enormes facturas que habían pagado a los partidos minoritarios durante los últimos años.

Por lo menos desde 1997 varios partidos menores —para sobrevivir al umbral de 2 por ciento que imponen las reglas electorales— habían formado coaliciones con algún partido grande. En algunos casos en el ámbito federal, los partidos cambiaron a sus compañeros de coalición; por ejemplo, los verdes compitieron junto con el PAN en 2000 y con el PRI en 2006. Se puede plantear así: su trabajo es más político que electoral, es decir, estos partidos no existen para representar a votantes que no están satisfechos con la oferta política de los tres grandes; existen porque los incentivos de financiamiento y las coaliciones les permitieron existir para el trabajo legislativo.

Varios autores especulan que la historia de Cuauhtémoc Cárdenas como líder de un frente amplio en las elecciones presidenciales de 1988 explica por qué los perredistas tienden a participar en coaliciones electorales. Sin embargo, todos los partidos grandes han tratado de aumentar su apoyo electoral a través de las coaliciones: el PAN con los verdes en 2000 y el PRI con ese mismo grupo en 2006; además el PRD con el pt y Convergencia en 2006. José Antonio Crespo (2007) explica muy bien este fenómeno: ante una competencia muy cerrada los partidos grandes nunca saben si los dos o tres puntos de apoyo electoral que potencialmente ofrece un partido chico pueden ser la diferencia entre ganar o perder la presidencia. En consecuencia, aun a sabiendas de que los partidos menores no gozan de mucha popularidad entre los votantes, no pueden resistir la tentación de formar una coalición aunque eso signifique regalar votos (transferir, en términos formales), curules y recursos públicos al partido chico a cambio de un apoyo difícil de medir en las urnas.

Bajo las viejas reglas, los partidos en coalición presentaban un solo emblema en las boletas electorales, con tal de que el votante escogiera la coalición como su opción sin poder diferenciar entre los partidos que la integraban. Entonces fue imposible saber qué tanto apoyo electoral tenía cada partido dentro de la alianza. Los convenios firmados entre los partidos antes del inicio del proceso electoral determinaban el orden de candidatos de cada partido firmante en las listas plurinominales y el número de curules que iba a ganar cada elemento.

Las nuevas reglas de coaliciones para el periodo electoral son bastante sencillas: cada partido dentro de una coalición aparece en las boletas electorales bajo sus propias siglas (y el emblema de la coalición), y al final se suman todos los votos en cuestión, ya sea para presidente o legisladores.¹⁹ Así será posible saber cuántos votaron por cada elemento de la coalición y, por ende, si cada parte logró los dos puntos porcentuales necesarios para seguir con registro como partido político nacional (con derecho a recursos públicos). Para no eliminar a los partidos chicos, el artículo 96–5 del Cofipe les concede la famosa garantía de vida eterna: "en caso de que uno o varios alcance el uno por ciento de la votación nacional emitida pero no obtenga un mínimo requerido para conservar el registro... de la votación del o los partidos que cuentan con ese requisito se tomará el porcentaje necesario para que cada uno de aquellos pueda mantener el registro".²⁰

López Obrador, sin embargo, no quiso apoyar el debilitamiento de los partidos minoritatios por razones comprensibles: el PRD —bajo su liderazgo— se encuentra ahora en el Frente Amplio Progresista (FAP), formalmente con el PT y Convergencia. En cambio, varias facciones dentro del PRD que no están fuertemente aliadas con AMLO estuvieron de acuerdo con la política de debilitar a los partidos chicos.

Los partidos emergentes explotaron en críticas por los cambios en el Cofipe y no apoyaron la iniciativa final, salvo el PVEM (Becerril y Ballinas, 2007).²³ Sus críticas contra ese artículo del Cofipe son interesantes porque muestran como el PVEM funcionaba ante la transferencia de votos de un partido a otro (sin que los votantes se dieran cuenta) y el poder creciente de los tres partidos grandes en la legislatura para imponer su voluntad. Primero, los líderes de los partidos menores dicen que el sistema electoral mismo sobrerrepresenta a los partidos que ganan mayor número de distritos de mayoría, a la vez que el partido con mayor votación nacional puede ser sobrerrepresentado hasta 8 por ciento. Como los partidos chicos casi no tienen victorias en distritos uninominales, en efecto, cuando no van en coalición, normalmente sí son subrepresentados en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en las elecciones a la Cámara de Diputados de 2006, el Partido Nueva Alianza ganó 4.54 por ciento del voto nacional y únicamente 1.8 por ciento de las curules en la Cámara; mientras el Partido Alternativa Social demócrata ganó 2.05 por ciento del voto popular y menos de uno por ciento de las curules (0.8%). Podría argumentarse que sería mejor quitar la cláusula de sobrerrepresentación en vez de dejar que los partidos emergentes sigan ganando curules fuera de proporción con su popularidad con el votante mexicano (Crespo, 2007).

El otro argumento en contra de la nueva normatividad es que si no logran el 2 por ciento (pero rebasan el punto porcentual) que ordena la ley para mantener el registro, la cláusula de vida eterna transfiere los votos del partido grande al partido minoritario dentro de la coalición. Es decir, que cierto número de votantes que optaron explícitamente por el PRD (por ejemplo) verán sus votos transferidos a otro partido dentro de la coalición en contra de su voluntad. Crespo (2007) responde a esta queja argumentando que esta transferencia sí es antidemocrática pero que ya existía bajo las viejas reglas de coaliciones y en mucho mayor grado (en los convenios de coaliciones, el partido grande en algunos casos transfirió hasta siete puntos porcentuales a un partido menor).

En resumen, los tres grandes impusieron su voluntad en las reformas del Cofipe a sus homólogos chicos, lo cual es un ejemplo de la capacidad de los partidos mayoritarios para realizar pactos a fin de alcanzar sus intereses comunes.

Conclusiones

Como se mencionó en la introducción de este número especial, las elecciones de 2006 fueron importantes no sólo por los conflictos que generaron, sino también porque presentan algo más general: el nuevo funcionamiento de las instituciones y los actores políticos en el contexto democrático mexicano. En estos momentos, cada uno de los tres partidos grandes es capaz de ganar la elección presidencial, siempre que hagan una buena selección del candidato, que no divida al partido, y conduzcan una campaña electoral eficaz. Por lo tanto, es importante estudiar de qué manera han evolucionado los procesos de selección presidencial. Como se observa en los artículos de Wuhs y Hernández Rodríguez, cada partido ha tenido que encontrar formas de mitigar y canalizar el conflicto inevitable en la selección del abanderado del partido. El PAN tuvo más éxito que el PRI en este sentido, lo cual, en parte, explica sus mejores resultados en la contienda electoral. De hecho, ciertos líderes del PRI han buscado la manera de evitar los conflictos incipientes dentro del partido rumbo a las elecciones de 2012.

Las campañas electorales han cambiado de forma radical desde la caída del régimen hegemónico hasta nuestros días. Sin embargo, este tema es de los menos estudiados en la ciencia política mexicana. El artículo que elaboré con Benton hace una aportación empírica para entender una parte crucial (y casi ignorada) de las campañas electorales presidenciales: la campaña "a ras de suelo". Al identificar dónde los equipos de campaña deciden destinar tiempo y dinero para asignar una visita del candidato, podemos conocer la forma en que los partidos piensan asegurar el voto duro y convencer a los votantes cuyo apoyo es menos firme. Con los nuevos cambios en propaganda política, los partidos dispondrán de mayores cantidades de dinero para las campañas locales, incluyendo presentaciones de los candidatos. La próxima tarea para los estudiosos de las elecciones mexicanas será medir los efectos de las visitas de los candidatos.

Como ha mostrado Love en este volumen, la selección de candidatos es muy importante más allá de las elecciones presidenciales. Mientras más amplia es la experiencia política previa en la localidad, mayor será el porcentaje de votos que obtendrá el candidato. Este hallazgo empírico abre una ventana de gran relevancia en la política mexicana. Muchos especialistas han argumentado que la prohibición de la reelección consecutiva rompe el vínculo entre el votante y su representante legislativo porque el futuro del político no depende de regresar al distrito a pedir apoyo de los votantes para el periodo siguiente, sino de conseguir una plaza o candidatura de algún líder político. El trabajo de Love, sin embargo, muestra que los votantes sí reaccionan para favorecer a los políticos locales. Esto significa que la identidad del candidato en las elecciones legislativas sí importa, en buena medida porque las campañas ofrecen información sobre las acciones que emprenderán los ganadores.

Este artículo sobre las reformas electorales ha tratado de mostrar que a pesar de que muchos actores políticos y comentaristas estimaron la nueva reforma electoral como una oportunidad de mejorar el sistema electoral y de partidos, los líderes de las tres principales fuerzas políticas utilizaron su posición en la legislatura para debilitar a otros componentes del sistema político, tales como los partidos minoritarios, los medios masivos de comunicación y los políticos subnacionales. El Ejecutivo permitió algunas de las políticas más radicales, en parte, porque estuvo de acuerdo y porque consideró que constituían una buena forma de apaciguar las aguas políticas. Resulta difícil saber la manera en que va a operar la reforma y qué tan capaz será el IFE de manejar sus nuevas responsabilidades de monitoreo y aplicar sanciones. El tiempo dirá si el éxito de la reforma de 2007 fue total o parcial.

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Notas

¹ Los partidos políticos son fuertes gracias a varias reglas electorales, tales como su control sobre el acceso a las boletas (registro de los candidatos a puestos de elección popular por parte de los partidos) y la falta de reelección consecutiva. Como los políticos tienen que buscar nuevos puestos después de cada periodo, no pueden recurrir a sus votantes para seguir sus carreras políticas. Los partidos determinan, en muchas instancias, quién gana un lugar en la boleta y quién no, lo cual les da bastante poder sobre las acciones de sus políticos.

² Para remover un consejero electoral mediante un juicio político se requiere una votación de mayoría simple en la Cámara de Diputados y luego una mayoría calificada de dos terceras partes en el Senado.

⁴ José Antonio Crespo (2006) escribe sobre la selección de consejeros de 2003: "... además, los consejeros guardaban mayor cercanía con los partidos y sus dirigentes de lo que había ocurrido con los salientes, lo que alimentaría la sospecha de parcialidad y más si quienes ganaran la elección fueran los mismos que propusieron ese Consejo (como resultó ser el caso, con la mancuerna Calderón–Gordillo)".

⁵ "El IFE se encuentra en la peor crisis de su historia. Es un IFE que no sirve para dar credibilidad en cuestiones electorales. Y si no sirve para eso, no sirve para nada. Se prefigura un choque de trenes para 2006, en el cual el PRD, excluido del acuerdo, seguramente va a presentar un candidato muy fuerte... [Existe el riesgo de] regresar al escenario de las elecciones de 1988 con un candidato de izquierda que en 2006 no se va a arrugar" (Chabat, 2003). Varios consejeros del primer Consejo General (1997–2003) han dicho que ellos fueron vistos como héroes de la democracia porque en todas sus elecciones el incumbente perdió apoyo electoral y, por ende, curules o hasta la presidencia (1997, 2000, 2003).

⁶ El consejero presidente mismo usó este argumento (Milenio Guadalajara, 2007).

⁷ Habría que reconocer que utilizar la opción de correr a consejeros del IFE ya no va a ser tan fácil como lo fue en 2007. Es probable que por esa razón los partidos hayan insertado la nueva Contraloría.

⁸ Casi todos los políticos niegan que los partidos políticos designan a sus consejeros. Sin embargo, ya en el proceso de seleccionar a nuevos consejeros en diciembre de 2007, varios líderes admitieron que, efectivamente, se trata de un sistema de cuotas.

⁹ El secretario ejecutivo del Instituto también podrá servir durante dos periodos.

¹⁰ Bajo la vieja reglamentación, los gastos del IFE pasaban primero por la Contraloría Interna y por una comisión integrada por los representantes de los partidos, antes de ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación (Merino, 2003, p. 73).

¹¹ Hay varias formas de financiar las actividades de los partidos, siempre y cuando el financiamiento público prevalezca sobre el privado: público, militancia, simpatizantes, autofinanciamiento y por rendimientos financieros (artículo 77–1).

¹² El Cofipe reconoce tres tipos de actividades que son financiadas con recursos públicos: actividades ordinarias permanentes, de campaña y específicas (educación, capacitación, investigación).

¹⁴ Se tienen que adecuar otras leyes secundarias para este fin, incluyendo la del Servicio de Administración Tributaria, de Instituciones de Crédito, General de Títulos y Operaciones de Crédito, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ruiz Parra, 2008).

¹⁵ Manuel Camacho Solís, entonces diputado federal por el PRD, junto con el PRI, introdujo una iniciativa para que el IFE fuera comprador único de espacios de televisión, pero la iniciativa no pasó.

¹⁶ El texto del Cofipe (2007, artículo 49) se lee así: "Los partidos políticos, precandidatos y candidatos... en ningún momento podrá adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión". En la próxima fracción, sigue: "ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio o televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos."

¹⁷ Los partidos tendrán 153 segundos de los tres minutos por hora durante la campaña general y el IFE el resto (Córdova, 2007).

¹⁸ Artículo 74: "Las pautas que determine el Comité establecerán, para cada mensaje, la estación o canal, así como el día y la hora en que deberá transmitirse; el reglamento establecerá lo conducente respecto a los plazos de entrega, sustitución de materiales y las técnicas de los mismos".

¹⁹ El artículo 95–9 del Cofipe dice que cada partido "aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral... los votos se suman para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos para todos los efectos establecidos...

²⁰ Hay coaliciones electorales totales y parciales. Para la coalición total, se postulan un mismo candidato a presidente y para las elecciones de senadores y diputados de mayoría relativa. También hay la opción de tener una coalición nada más para el presidente de la república y finalmente hay coaliciones parciales que incluyen la parte legislativa, en las cuales la coalición puede registrar hasta un máximo de 20 fórmulas de candidatos para la Cámara Alta y hasta un máximo de 200 para la Cámara de Diputados (artículo 96, fracciones 1–7).

²¹ El PVEM gastó muchos recursos en una campaña mediática en el otoño de 2005, con su candidato presidencial joven, Bernardo de la Garza, cuya imagen de no corrupto atrajo a muchos ciudadanos. Cuando en las encuestas De la Garza mostró que tenía casi 7 por ciento de apoyo, el partido vendió este apoyo al mejor postor, el PRI, que le regaló al PVEM un convenio muy costoso. Sin embargo, ya en la campaña general a principios de 2006, De la Garza se retiró de la Coalición y no hizo campaña con el candidato del PRI. Los votantes a los que les había gustado la imagen fresca del candidato fugaz de los verdes no apoyaron a Madrazo, lo que provocó que el PRI tuviera que transferir muchos votos (y curules) al PVEM sin recibir mucho a cambio.

²² Agradezco a Javier Aparicio por esta observación.

Artículos

Introducción. Partidos y campañas políticas en México*

Allyson Lucinda Benton

Este volumen especial de Política y Gobierno se ocupa de las elecciones presidenciales y legislativas de México que se llevaron a cabo el 2 de julio de 2006. Estas elecciones ocuparán siempre un lugar especial en la historia democrática de México por dos razones. Por primera vez dos partidos que habían ocupado la silla presidencial se enfrentaron entre sí: el que estaba entonces en el poder, el Partido Acción Nacional (PAN), y el que fuera durante largo tiempo el partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Además, hubo un tercer rival importante en las elecciones, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en opinión de muchos fue el que realmente ganó la elección presidencial de 1988 contra el PRI. Lo que importa señalar aquí es que tres de los partidos políticos nacionales entraron a la contienda con la expectativa realista de que podían ganar.

Segundo, y por las razones que acaban de exponerse, se trató de la contienda electoral más reñida de la historia democrática de México. Al cabo de la misma, apenas 233 831 votos, o 0.56 por ciento del total nacional, separaron al PAN, que ocupaba el gobierno, del PRD. La competitividad de las elecciones, combinada con las acusaciones de fraude que el PRD planteó respecto a los resultados de las mismas, los cuestionamientos acerca del papel de organizaciones civiles y grupos empresariales durante la campaña, y de la limpieza de la publicidad, así como la inquietud que perdura hasta hoy entre muchos votantes acerca de la validez de los resultados, le ha asignado a las elecciones presidenciales de 2006 un lugar en la historia democrática del país. De hecho, las preocupaciones y quejas en torno al proceso electoral por parte tanto del PRD como del PRI dieron origen a la reforma del proceso de las campañas electorales, lo que ejemplifica la importancia de ese proceso electoral para las elecciones subsecuentes.

Pese a la naturaleza única de la elección de 2006, que podría hacernos llegar a la conclusión de que se merece por derecho propio un volumen especial, lo que importa señalar acerca de estas elecciones es, paradójicamente, su normalidad. Es decir, aparte de las quejas de fraude posteriores a la elección y de las cuestiones relativas a la interferencia en las campañas de organizaciones cívicas y grupos empresariales, con su frecuente publicidad, el proceso que condujo al 2 de julio fue de rutina, y sirve como ejemplo de las sólidas bases y el funcionamiento de la democracia mexicana, así como de sus instituciones políticas y electorales. Las precampañas para las nominaciones de los candidatos presidenciales se produjeron en 2005.

Se registraron cinco partidos para la contienda. Por la derecha —en relación con los otros partidos políticos en México—, Felipe Calderón Hinojosa representaba al gobernante Partido Acción Nacional (PAN). Por la izquierda —también en relación con los otros partidos políticos en México—, Andrés Manuel López Obrador representaba al Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que se unieron, formando una coalición, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Convergencia (Convergencia). En una posición más centrista —nuevamente en relación con los otros partidos políticos en México—, Roberto Madrazo Pintado representaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al cual se unió el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Dos nuevos partidos pequeños, también presentaron candidatos. En el centro–derecha, el Partido Nacional Alianza (Panal) presentó a Roberto Campa Cifrián, mientras que por la izquierda Patricia Mercado Castro representaba al Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (Alternativa). La ley electoral mexicana estipula que los partidos nuevos deben competir solos en su primera contienda electoral nacional.

En términos formales, el prolongado proceso electoral estaba programado para durar 10.5 meses e incluía varias etapas: la temporada de campaña (17 de enero–28 de junio), la votación (2 de julio), el conteo de votos por parte del Instituto Federal Electoral (IFE) (durante la semana del 3 de julio), la resolución de quejas por la elección por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) (hasta el 31 de agosto), la certificación de la votación definitiva y la declaración del triunfador por el TEPJF (antes del 6 de septiembre) y la toma de posesión del nuevo presidente (primero de diciembre).

No obstante, si bien el proceso de la campaña electoral se desarrolló de acuerdo con lo planeado, lo cerrado de la contienda hizo que se prestase una mayor atención al proceso de conteo de votos y de resolución de quejas. Para finales de mayo, la mayoría de las encuestas demostraban que los resultados eran tan cerrados que resultaba difícil definir un favorito, ya que la diferencia entre los dos principales candidatos caía con frecuencia dentro de los márgenes estadísticos de error. Las empresas encuestadoras tenían razón al decir que era una carrera cerrada; de hecho, ninguna de las que realizó encuestas de salida el 2 de julio dio a conocer una declaración formal que identificase a un triunfador. El IFE, en lugar de anunciar a un ganador la noche del domingo de las elecciones, utilizando sus resultados del conteo rápido (PREP), se vio obligado a posponer el anuncio del resultado final y a esperar hasta que pudiese llevar a cabo el conteo completo a lo largo de esa misma semana. La noche del 4 de julio, López Obrador denunció que del PREP se habían excluido de manera irregular 2.4 millones de votos, creando así incertidumbre acerca de si persistiría el estrecho margen de victoria de Calderón. El 6 de julio el IFE anunció que éste había obtenido, de acuerdo con su conteo, la mayoría de votos, aunque el margen era mínimo. El conteo definitivo, formal, fue certificado a finales de agosto por el TEPJF que, tras la resolución de quejas contra el proceso electoral, señaló que Calderón había alcanzado una apretada victoria, ganando con apenas 35.9 frente a 35.3 por ciento de los votos que obtuvo López Obrador.

Pese a eso, y al margen de los cuestionamientos que rodearon el proceso electoral, todo se produjo de acuerdo con la ley electoral y dentro de los tiempos establecidos en ella. Dejando a un lado las acusaciones de fraude, que de ninguna manera deseo minimizar, es importante destacar que los mecanismos electorales de la nación funcionaron de acuerdo con la ley, es decir, de manera normal, a pesar de las tensiones políticas y sociales derivadas del voto. Estos artículos deben verse y estudiarse teniendo en mente esta sujeción a la rutina. Antes que tratar de resaltar el carácter único de la contienda, los trabajos documentan la normalidad del proceso que se llevó a cabo, es decir, los artículos cubren todo el proceso electoral mexicano, de principio a fin, incluyendo la subsecuente reforma electoral que inspiró la dinámica posterior a la votación.

De manera más específica, el volumen incluye estudios de Rogelio Hernández Rodríguez y Steven Wuhs sobre los procesos de selección del candidato presidencial que llevaron a cabo el partido en el poder, el PAN, el PRD y el PRI. El trabajo de Wuhs se concentra en el partido gobernante, el PAN y en su principal competidor, el PRD. El autor argumenta que haber mejorado las oportunidades electorales de estos partidos (que a lo largo de la historia han sido de oposición) en los años noventa, durante el gobierno del PRI, detonó serias transformaciones de los procedimientos para la selección de candidatos en ambos partidos políticos, que pasaron de procesos cerrados, de arriba abajo, controlados por las élites de los partidos, a otros que favorecían mayor apertura y participación para los miembros de los mismos. En realidad el PRD terminó por tener procesos de selección de candidatos mucho más abiertos que los que utiliza el PAN. No obstante, Wuhs señala que, si bien la apertura de los procedimientos de selección de candidatos puede democratizar la política partidista interna de México, esa democratización puede conducir a resultados poco usuales e incluso indeseables. Aumentar la necesidad de que los contendientes por la candidatura presidencial de un partido tengan que cultivar el apoyo de una gran diversidad de miembros del mismo recompensará a los políticos carismáticos y a los caudillos, antes que a los candidatos con experiencia pero menos telegénicos, lo que plantea dudas respecto a los beneficios de los procedimientos de la selección interna de candidatos del partido por lo que se refiere a la calidad de los mismos y a la democracia.

Hernández Rodríguez estudia el proceso partidista interno de selección de candidatos dentro del antes hegemónico PRI. A diferencia de lo que ocurrió con el PAN y el PRD, el proceso interno de selección de candidatos del PRI estuvo opacado y, en gran medida, controlado por las diversas élites del partido, que incluían, sin limitarse a ellos, a los dirigentes formales del mismo, los gobernadores y los legisladores. La posición política de que gozaba Roberto Madrazo dentro del PRI —en gran parte gracias a sus años como presidente del partido— lo volvió un precandidato casi imposible de vencer. Como señala Hernández Rodríguez, esto condujo a un resultado perverso. En lugar de seleccionar un candidato carismático que tuviese la posibilidad de ganar una elección nacional, el proceso interno del partido y las maquinaciones de las élites que lo rodeaban dieron por resultado la selección de un personaje políticamente hábil pero con escaso atractivo para el público general. Si bien estos artículos se ocupan de los procesos de selección de candidatos presidenciales para las elecciones de 2006 en los tres principales partidos nacionales, hacen señalamientos más amplios en torno a los procesos de selección de candidatos en México y en otros lugares. En conjunto, los artículos de Wuhs y de Hernández Rodríguez señalan las disyuntivas entre los procesos de nominación sumamente participativos y aquellos más centrados en las élites. Con los primeros se termina por tener dirigentes carismáticos con una habilidad política en ocasiones cuestionable. Con los segundos se acaba con políticos sumamente hábiles pero con un atractivo público dudoso.

Los artículos de Alejandro López y Enrique Cárdenas, así como de Joy Langston y Allyson Benton, cubren dos aspectos de las campañas partidistas. Específicamente, López y Cárdenas documentan el papel de las asociaciones cívicas en el desarrollo de las plataformas de campaña de los partidos, mientras que Langston y Benton analizan la ubicación de los actos de campaña de los principales partidos en el curso de la campaña formal. El estudio de López y Cárdenas es una visión única de los esfuerzos realizados por las organizaciones cívicas de México para mejorar los contenidos y la claridad de las plataformas de campaña de los candidatos, así como el nivel de éxito que alcanzaron esos grupos para lograr que los partidos y sus candidatos respondiesen y mejorasen sus promesas políticas. Los autores observan que la supervisión de los grupos cívicos y la evaluación regular de los mensajes de los candidatos produjeron cambios en las plataformas de los partidos y el mejoramiento en la claridad de los mensajes de campaña. No obstante, encuentran también que Calderón, del PAN, y Madrazo, del PRI, respondieron más a las críticas de estos grupos que López Obrador, del PRD. No obstante, el estudio corrobora el papel de las organizaciones no políticas en exigir la rendición de cuentas de los partidos por sus afirmaciones y, aspecto importante, los efectos significativos que los grupos cívicos pueden tener sobre la política en México. Resulta interesante observar que esto se contrapone a la afirmación generalizada de que la sociedad civil mexicana es débil e incapaz de lograr un cambio político.

Los contendientes por la presidencia de México, como es natural, transmiten sus mensajes de campaña en múltiples espacios políticos. Langston y Benton analizan uno de los métodos más importantes para distribuir mensajes de campaña y reunir apoyo de los votantes: los actos durante las campañas presidenciales. Las autoras, a partir de una serie de datos que documenta los municipios visitados por cada candidato, demuestran que la aparición de los candidatos en los municipios sigue representando gran parte de la estrategia en la campaña por la presidencia, junto con los llamamientos en los medios nacionales. Los candidatos visitan pueblos, pronuncian discursos ante los fieles del partido, hablan con dirigentes empresariales locales, consultan con figuras religiosas y llevan a cabo mítines a gran escala. Sin embargo, su análisis demuestra también que cada partido siguió estrategias diferentes, muy probablemente debido a su distinto apoyo partidista. El candidato del PAN no sólo visitó los municipios más grandes, sino que hizo un esfuerzo especial por ir a aquellos que en las elecciones previas habían votado por el PAN, mientras viajaba también, de manera particular, por los estados en los que gobernaba el PRD. El candidato del PRD, por otro lado, consciente de su apoyo local disperso, se concentró en las ciudades y los pueblos más grandes, reparando menos en el apoyo recibido en elecciones anteriores. El candidato del PRI también visitó los principales municipios, pero puso particular atención en los que se ubicaban en estados priístas, en gran medida para reforzar su menguante apoyo entre los gobernadores del partido.

El artículo de Francisco Abundis y Sandra Ley analiza los fundamentos socioeconómicos y políticos del comportamiento del voto y de los resultados electorales de 2006. Entre otras cosas, los autores demuestran que las opiniones de los votantes acerca del entonces presidente Vicente Fox afectaron de manera fundamental su interés de votar por el PAN; los que mostraban tasas más altas de aprobación tenían más posibilidades de apoyar al candidato de su mismo partido. pese a esto, es importante señalar que, de acuerdo con los autores, las opiniones de los votantes acerca de su situación económica personal parecen haber tenido poco efecto en su decisión, lo que plantea preguntas acerca del valor de la votación retrospectiva y del poder de la aprobación presidencial en el caso mexicano. Además, los cruces de variables mostraron el éxito de Felipe Calderón entre las mujeres y los jóvenes de 20 a 30 años, sobre todo entre los de mayor educación y mayores ingresos. por su parte, Andrés Manuel López Obrador tuvo más éxito entre los adultos mayores de ingresos bajos, y peleó en parte con Roberto Madrazo el voto de los sectores más pobres. De esta forma, las intuiciones en el sentido de que el PAN apela a los votantes más conservadores y de mayores ingresos, mientras que los entonces partidos de oposición PRI y PRD atraen a los grupos de ingresos bajos, se ven confirmadas empíricamente por los datos que analizan estos autores.

En su artículo, Greg Love estudia la calidad de los candidatos y sus efectos sobre la participación de los votos recibidos por los partidos en las votaciones legislativas. Explica cómo los diferentes procedimientos de nominación de los partidos determinaron que se seleccionaran tipos diferentes de candidatos para ocupar las curules, y que el tipo de candidato influyó en su participación final de los votos y sus posibilidades de ganar. El PAN, con sus convenciones de nominación centradas en los estados, se inclinó hacia dirigentes locales del partido y funcionarios electos como candidatos en aquellos distritos en los que eran competitivos. El PRD, con un proceso local y abierto, se basó más en dirigentes sindicales, líderes de grupos sociales y algunos funcionarios electos (muchos de los cuales habían pertenecido antes al PRI). En el caso del PRI, sus tendencias centralizadoras lo llevaron a basarse en su larga lista de miembros del partido que habían desempeñado posiciones de elección popular en gobiernos locales y estatales en el transcurso de las dos décadas previas. De esta manera, la selección de candidatos a diputados y senadores fue similar al proceso de selección de los candidatos presidenciales que se destacan en los demás artículos de este volumen.

Aunque el proceso electoral transcurrió sin problemas, lo que nos permite analizar los procesos de elección de 2006 a fin de entender en términos más generales la democracia en las elecciones de México, el resultado de aquél fue ampliamente criticado, en especial por el PRD y su candidato presidencial, López Obrador, por haber estado tachonado de fraudes. Para ocuparse de estas afirmaciones, así como de si se produjo algún incidente de fraude o si éste pudo haber afectado la votación, José Antonio Crespo y Javier Aparicio analizan los resultados de la elección. Ambos autores, empleando métodos analíticos y empíricos diferentes, llegan a la conclusión de que los resultados electorales y la victoria de Calderón se sostienen. No obstante, lo disputada que fue la contienda y, por lo tanto, la mayor posibilidad de que cualquier irregularidad o fraude hubiese podido modificar los resultados, significa que es necesario hacer cambios fundamentales en la forma en que se cuentan y registran los votos. Minimizar el número de errores elevaría en gran medida la validez del proceso electoral nacional a ojos de los votantes, y debilitaría los intentos futuros de declararlo fraudulento.

Por último, la discusión en torno a la validez de los resultados de las elecciones nacionales, combinada con las protestas sociales y las tensiones políticas que se derivaron de ella, condujo al nuevo gobierno, junto con los partidos de oposición del país, a emprender una importante reforma electoral. Al respecto, Joy Langston analiza las reformas a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) de 2007. No obstante, sostiene que, además de las tensiones sociales y políticas que se presentaron como resultado de la cerrada contienda, la reforma fue inducida también por inquietudes políticas tradicionales. Muchos expertos reconocieron que deberían corregirse los errores y las consecuencias no previstas del Cofipe de 1996, tales como la falta de definición de las pre–campañas electorales y la carencia de herramientas para fiscalizar gastos. Desde esa elección se vio el deseo de diversos actores políticos de subsanar algunos de los problemas del proceso electoral, así como el interés por forjar un control más estricto sobre la autoridad electoral por parte de los partidos. Hubo entonces una división en el corazón de la reforma: por un lado los líderes de los partidos buscaban mejorar el funcionamiento de los procesos electorales y, por el otro, querían castigar a diversos actores a los que identificaron como los culpables del proceso electoral de 2006.

El volumen procura, así, analizar las elecciones mexicanas de 2006 y hacerlo de una forma que incluye el análisis del pasado y del futuro electoral de México. Los artículos aquí reunidos cubren las elecciones de principio a fin, pero las ubican también en un enfoque comparativo más amplio. Varios capítulos comparan explícitamente las elecciones de 2006 con contiendas previas, mientras que otros destacan las semejanzas y diferencias entre los procesos electorales mexicanos y los que se llevan a cabo en otras naciones, como Estados Unidos. Al margen de esto, las elecciones presidenciales mexicanas de 2006 nos brindan una oportunidad empírica de poner a prueba diversas teorías acerca de las elecciones mexicanas y, en general, de los procesos electorales.

Nota

* Traducción del inglés de Victoria Suchssheim.

Artículos

Una competencia sin reglas: La candidatura presidencial de Roberto Madrazo

A Competition without Rules: The Presidential Candidacy of Roberto Madrazo

Rogelio Hernández Rodríguez*

* Profesor–investigador de El Colegio de México (Colmex), Camino al Ajusco 20, Col. Pedregal de Sta. Teresa, México D.F., 10740, Tel. (52 55) 54 49 30 00 ext. 3110. Correo electrónico: rhernan@colmex.mx.

Resumen

Las disputadas elecciones presidenciales de 2006 desplazaron al PRI hasta colocarlo en el tercer lugar de las preferencias. Si bien hubo una profunda polarización entre los partidos de izquierda y derecha, y errores en la campaña del PRI, también es posible encontrar una causa más en el proceso de selección del candidato Roberto Madrazo. Este ensayo reconstruye el proceso de postulación de 2005, así como las condiciones históricas y coyunturales que lo hicieron posible, las confrontaciones internas y la recomposición de intereses entre los grupos políticos del PRI, que le permitieron, por primera vez en su historia, convertir a su principal dirigente en candidato presidencial.

Palabras clave: candidato presidencial, PRI, elecciones, Roberto Madrazo.

Abstract

The disputed presidential elections of 2006 moved the PRI to third place of preferences. While there was a deep polarization between the parties of left and right, and errors in the PRI 's campaign, it is also possible to find another cause in the process of choosing the candidate Roberto Madrazo. This paper reconstructs the nomination process of 2005, as well as the historical and short–term conditions that made it possible, the internal confrontations and recomposition of interests of political groups in the PRI, which allowed, for the first time in the history of this party, to make its leader a presidential candidate.

Keywords: presidential candidate, PRI, elections, Roberto Madrazo.

Ganar o perder elecciones depende de la eficacia partidaria pero también de la calidad de los candidatos que, a falta de una definición unívoca, puede entenderse como una combinación de factores, entre los que destacan su imagen y fama públicas y, sobre todo, la experiencia política que le permita resolver conflictos y establecer negociaciones para conseguir triunfos. Todo esto, que con diferente énfasis se reconoce en los análisis sobre el tema, deja pendientes los procedimientos de cada partido para seleccionar a sus candidatos. Tanto la eficacia electoral del partido como elegir a un candidato adecuado dependen en gran parte de las reglas internas y, desde luego, de la competencia entre los grupos que, en mayor o menor medida, se ajusten a esas normas. Pero si el partido carece de ellas, la disputa por los cargos no sólo puede ser feroz sino provocar divisiones que afecten decisivamente el funcionamiento del partido. Sin contar, por supuesto, con que el ganador puede ser no el que tenga las mejores cualidades sino el que haya sido más hábil para imponerse a los demás.

Esas consideraciones tienen particular importancia para comprender la forma en que el PRI eligió a Roberto Madrazo, su dirigente, como candidato a la presidencia de la república. Aunque es evidente que Madrazo aprovechó su posición como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para construir su candidatura, no está clara la manera en que logró sobreponerse a los grupos y líderes fuertes apegándose solamente a la estructura del partido. Muchos y variados son los elementos que estuvieron presentes en este proceso. El primero y más destacado es que, desde el año 2000, cuando perdió la presidencia de la república, el PRI carecía de un liderazgo único, creíble y reconocido por todos sus miembros, capaz de conducirlo tanto para definir sus posiciones en la política nacional como para dirimir los conflictos internos. Pero también carecía de un árbitro institucional y de normas internas que regularan la competencia por los puestos de dirección y elección popular. Ambas carencias se derivan de su propia historia, pues el partido tradicionalmente resolvió estos asuntos mediante procedimientos informales que reconocían al presidente de la república como su líder real y, al mismo tiempo, como la instancia que decidía varias candidaturas y, sin duda, la del sucesor. Sin árbitro ni líder, el PRI ha tenido que transitar por un accidentado camino en el que existen múltiples liderazgos y poderes, tanto institucionales como regionales, que imponen condiciones particulares a cada competencia. La presidencia del PRI, que hasta el año 2000 era un puesto instrumental, ha cobrado una importancia mayor que, sin embargo, no ha logrado consolidarse y cuyo poder debe compartir con otros líderes, en especial con los gobernadores, quienes controlan las estructuras locales del PRI, tal como antes lo hacían, pero ahora sin un presidente que les imponga límites.

La candidatura de Madrazo expresa estas disputas y carencias, y pone de relieve los riesgos de emplear la presidencia del PRI como medio para conseguirla frente a fuertes aspirantes, como son los gobernadores, en medio de acuerdos de corto plazo altamente cambiantes. En rigor, este episodio y su fracaso electoral son una muestra más de que el PRI atraviesa por una cerrada disputa entre grupos y líderes, incapaces de definir su funcionamiento, estrategias y reglas para elegir a sus dirigentes y candidatos. No obstante, el proceso de 2005 no podría entenderse cabalmente si sólo se centrara en los problemas que ha enfrentado el PRI desde su derrota en el año 2000. En realidad, el partido ha experimentado cambios radicales desde los años ochenta y, de manera especial, en los mecanismos para seleccionar a su candidato para la presidencia.

Un control cuestionado

Es bien sabido que en el PRI la postulación a cargos de elección no contó con procedimientos efectivos y que, aunque pasaban por consultas y negociaciones diversas, el partido tuvo siempre un elector decisivo que, según se tratara del ámbito federal o estatal, era el presidente de la república o los gobernadores. Así, los diputados federales y los senadores, al igual que las mismas gubernaturas, fueron elegidos en última instancia por el presidente en turno, mientras que los diputados locales y las presidencias municipales, por los mandatarios de cada entidad. Fue un cuidadoso y equilibrado mecanismo, que lo mismo dividía las responsabilidades políticas, que servía como recurso para garantizar la estabilidad en los estados. Pero la candidatura a la presidencia era un asunto reservado por completo al presidente saliente.

Si bien los pocos testimonios disponibles (López Portillo, 1988; Castañeda, 1999) confirman que el presidente recogía opiniones y hacía consultas, era él quien, de un número determinado de candidatos, seleccionaba al sucesor. Podrían considerar intereses políticos internos, equilibrios nacionales, intereses económicos, habilidades y experiencia, pero predominaban los proyectos de largo plazo y los compromisos contraídos durante la administración que terminaba. Al margen de lo que dijeran los estatutos del PRI, el presidente era quien decidía y sólo hasta ese momento se ponía en marcha el ritual interno de la postulación y la maquinaria partidaria. El partido estableció siempre reglas para esas postulaciones y concedió formalmente esa facultad a las convenciones de delegados, pero aunque se realizaran solamente servían para sancionar decisiones tomadas con anterioridad y por otros sujetos. Era el caso, por ejemplo, de los sectores del partido, centrales hasta los años noventa, que formalizaban ante el presidente del CEN la propuesta del candidato.

Dos hechos deben destacarse en este proceso. El jefe del Ejecutivo cumplía el papel de elector pero también de árbitro indiscutible de grupos e intereses. Su decisión era aceptada por todos los participantes y por toda la élite política, muy al margen de la competencia interna y los méritos de los precandidatos. Aunque pueden documentarse algunas fricciones, las diferencias nunca trascendieron a la decisión misma y, al contrario, una vez tomada, el equilibrio se reestablecía gracias a la disciplina de la élite y del partido. La segunda característica es que, dado el centralismo político, los precandidatos eran exclusivamente los miembros del gabinete presidencial. Eran ellos quienes a nombre del presidente y del gobierno federal desarrollaban los programas nacionales, atendían la política del país, tenían visibilidad pública y todos los recursos para construirse apoyos en el partido y en el resto de las instituciones. Por razones obvias, no todos los secretarios de Estado tenían las mismas posibilidades de alcanzar la candidatura, pero sí contribuían a fortalecer alguna, de tal manera que se formaban grupos que apoyaban al candidato durante la competencia y después se integraban al equipo presidencial.

La pertenencia al gabinete y el largo predominio de las trayectorias en la administración pública que caracterizaron la formación de la élite política tradicional en México, garantizaban tanto la experiencia política como la administrativa y el estrecho vínculo del sucesor con el gobierno, el presidente y el proyecto nacional que terminaba. No es el lugar adecuado para discutir el tema pero baste recordar que el aprendizaje político de la élite no ocurría en los cargos de elección ni menos aún en el partido, sino en largas carreras en la administración pública federal, las cuales en algunos casos se combinaban con experiencia legislativa o partidaria. En buena medida el predominio presidencial y el carácter instrumental del PRI, también subordinado al Ejecutivo, hicieron que no hubiera otro ámbito que el federal y el administrativo para la formación política (Smith, 1981).

Este esquema, que funcionó sin complicaciones desde los años cuarenta, tuvo variaciones importantes a partir de 1982 con la llegada al poder de una nueva generación priísta, alejada de la política, sumamente racionalista y pragmática, que provocó graves conflictos internos y un profundo desencuentro entre el PRI y los siguientes presidentes. Las relaciones fueron tensas y originaron cambios estructurales en la organización del partido y en las reglas, formales e informales, para seleccionar al candidato presidencial. Hubo escisiones, costosas y decisivas, para el futuro del PRI, y surgieron nuevos liderazgos internos que disputaron al presidente el control del partido y, desde luego, la selección del candidato.

El primer cambio ocurrió en 1987 para elegir al sucesor de Miguel de la Madrid. Hasta entonces la facultad presidencial para decidir no había sido cuestionada ni había perdido su control absoluto, pero con la llegada de De la Madrid y su equipo, convencionalmente calificado como tecnocrático, la élite política tradicional fue marginada y se pusieron en marcha cambios económicos que no se aceptaron con facilidad. Hacia el final del sexenio de De la Madrid se formó la Corriente Democrática dentro del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y que exigió a sus dirigentes debatir el programa del próximo gobierno y, sobre todo, definir un mecanismo para discutir y, en su caso, elegir al candidato (Garrido, 1993). Como sería reconocido más tarde por el propio De la Madrid, la formación de la Corriente Democrática fue estimulada, entre otros factores, por la certidumbre de que el presidente elegiría como candidato a Carlos Salinas de Gortari, secretario de Programación y Presupuesto y principal responsable de la política económica (Castañeda, 1999, pp. 163, 213–215).

La Corriente Democrática haría públicas sus propuestas en octubre de 1986 para que la XII Asamblea Nacional, que se celebraría en marzo de 1987 y que decidiría las condiciones para postular al candidato, las discutiera. La asamblea no sólo no las tomó en cuenta, sino que censuró al grupo disidente, cuyos dirigentes serían expulsados de manera formal en junio de 1987. Entre marzo y junio de ese año, Cuauhtémoc Cárdenas demandó frecuentemente debatir con los secretarios que se mencionaban como fuertes aspirantes —Manuel Bartlett, Carlos Salinas y Alfredo del Mazo—, lo que indicaba que el punto central del conflicto no era la postulación misma, sino el mecanismo que dejaba en manos del presidente decidirla y que, en las condiciones de aquel sexenio, hacía segura la designación de Salinas.

Estas precisiones son importantes porque ya en julio de 1987 Jorge de la Vega Domínguez, presidente del PRI, declararía que la selección sería mediante la consulta a las bases, un mecanismo previamente usado por el PRI para elecciones menores, pero, según los estatutos, considerada como posible para la presidencial (Garza, 1987). A mediados de agosto, cuando la Corriente Democrática avanzaba en su propia organización y sus críticas al PRI, el CEN decidió que los precandidatos se presentarían ante los líderes de los sectores, de las Cámaras de Diputados y Senadores, presidentes de los comités directivos estatales y miembros del CEN, para presentar sus ideas y propuestas sobre los problemas nacionales y la plataforma del partido (Excelsior, 1987).¹

Las comparecencias de los candidatos no pretendieron restar poder al presidente, sino tan sólo acallar las críticas de la disidencia. Como más tarde trascendería, los secretarios enviaban sus presentaciones a la presidencia de la república antes de que fueran expuestas ante el PRI, y eran regresadas con observaciones y sugerencias. Más aún, la presidencia, por medio del secretario particular de De la Madrid, Emilio Gamboa Patrón, exigía un formato rígido para las exposiciones que, en palabras de Bartlett, no dejaba libertad al candidato (Rodríguez, 1987). Aunque el procedimiento no impidió que el presidente finalmente se decidiera por la persona que se esperaba, sí obligó al viejo sistema a permitir que los otros aspirantes, con más o menos posibilidades, se presentaran como opciones reales y que los militantes abiertamente se pronunciaran por ellos. En mayor o menor medida, estos apoyos alentaron expectativas en algunos candidatos que, al parecer, no creyeron en la formalidad del procedimiento. Fue el caso de Alfredo del Mazo, que desde la noche previa al día en que se daría a conocer la decisión, divulgó deliberadamente que el favorecido era Sergio García Ramírez y provocó durante toda la mañana del domingo 4 de octubre que tanto medios de comunicación como militantes del partido felicitaran al supuesto ganador, hasta que la CTM y el PRI hicieron el anuncio oficial. La prueba de que Del Mazo lo hizo conscientemente es que ningún otro participante, incluido el mismo García Ramírez, participó del anuncio (Chávez, 1987).

Estos resultados, fuera del control tradicional y, en particular, de los apoyos explícitos hacia candidatos diferentes al presidencial, hicieron que el procedimiento no se repitiera seis años después. De acuerdo con Salinas, las corrientes de apoyo no desaparecieron una vez tomada la decisión sino que permanecieron, dividieron al partido y afectaron su eficacia electoral. Salinas atribuye a este procedimiento parte de los problemas que enfrentó en las polémicas elecciones federales de 1988 (Castañeda, 1999, pp. 258259). Salinas reconoce que desde el principio de su mandato y con la ayuda de Luis Donaldo Colosio al frente del PRI decidió no permitir la competencia entre candidatos y menos aún para la elección presidencial. Debido a ello y al centralismo con el que Salinas ejerció el poder, la sucesión de 1994 no presentaría ningún cambio en el procedimiento tradicional. Como en el pasado, aunque hubo otros candidatos, el presidente no permitió ninguna competencia y controló el proceso hasta decidirlo por Colosio. Como en los viejos tiempos, se cumplió el ritual de la postulación mediante los sectores del partido y si bien se repitió el disgusto de uno de los candidatos, el presidente no perdió en ningún momento el control del PRI y los apoyos institucionales.

No obstante, Salinas provocó indirectamente un profundo cambio en la estructura directiva del PRI que a la postre sería decisivo para la postulación del candidato presidencial. Salinas y Colosio emprendieron desde 1989 una reforma interna que buscaba eliminar la influencia de los sectores en la dirigencia del PRI y en la selección de candidatos. La idea, planteada en términos generales, era que el PRI debía eliminar su estructura corporativa para dar cabida a militantes que representaran a la sociedad del momento y que, en especial, permitieran designar candidatos competitivos (Hernández, 1991). Para conseguir tal propósito, Salinas y Colosio se apoyaron en los órganos directivos del PRI que tradicionalmente eran controlados por los gobernadores. A cambio de eliminar a los sectores, Colosio concedió a los mandatarios una decisiva influencia que iría en aumento creciente conforme se agravaran los conflictos con Salinas y, más tarde, con Ernesto Zedillo.

En 1990, durante la decisiva XIV Asamblea Nacional, el PRI sustituyó a su antiguo Consejo Nacional, en el que predominaban los sectores, por un nuevo y complejo organismo, el Consejo Político Nacional (CPN), que estaba integrado tanto por representantes de cada sector como por una amplia participación de comités directivos, estatales y municipales, así como de legisladores:

COMPOSICIÓN DEL CPN, ASAMBLEA NACIONAL, 1990

b) las organizaciones que integran cada sector de acuerdo con el número de sus agremiados

c) la estructura territorial, integrada por:

todos los comités directivos estatales y del DF

16 presidentes de comités municipales

un presidente de comité distrital del DF

cinco senadores

diez diputados federales

un diputado local por cada circunscripción plurinominal,

]]> un representante de la Asamblea de Representantes del DF

d) quince cuadros distinguidos

Los sectores quedaron limitados pero a cambio los gobernadores ampliaron su influencia no sólo porque controlaban a los dirigentes locales sino porque el CPN recibió la facultad de seleccionar al candidato presidencial y al dirigente del PRI. La asamblea, cuyos delegados estatales estuvieron encabezados por los gobernadores, propuso también que el candidato debía haber sido dirigente nacional del partido o haber tenido algún cargo de elección popular. Esta propuesta, como algunas otras, no prosperaría ni, como ya se indicó, el cambio en el CPN obstaculizaría las decisiones de Salinas, pero sí sentaron un precedente vital para el PRI.

Con el presidente Zedillo las relaciones con el partido se agravaron notablemente hasta provocar un distanciamiento que terminaría, en la XVII Asamblea Nacional de 1996, con dos modificaciones centrales. Una fue ampliar la representación del CPN, de tal manera que los gobernadores no sólo tuvieron mayor influencia sino incluso participación directa.

COMPOSICIÓN DEL CPN, ASAMBLEA NACIONAL, 1996

a) el presidente y el secretario general del CEN

b) los ex presidentes del CEN

c) representantes de la estructura territorial:

todos los presidentes de comités directivos estatales y del DF

]]> 31 presidentes de comités municipales y distritales del DF

siete senadores

diez diputados federales

dos diputados locales

dos diputados de la Asamblea Legislativa del DF

cuatro representantes del Movimiento Territorial por cada una de las cinco circunscripciones plurinominales

dos presidentes municipales por cada una de las cinco circunscripciones plurinominales

d) la estructura sectorial, con representantes de las organizaciones nacionales que integran cada sector, según el número de sus afiliados, así como de las organizaciones juveniles y de mujeres

e) cinco gobernadores, uno por cada circunscripción plurinominal

f) dos representantes de la Fundación Colosio

h) representante del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político

i) secretario técnico

El segundo cambio fue que esta vez la asamblea sí impuso las condiciones de años de militancia y de contar con cargos en el partido y de elección popular para ser candidato a la presidencia (Pacheco, 2002). El desencuentro con el presidente se profundizó y significó que los mandatarios se convirtieran en fuentes reales de poder y decisión partidaria, y que el presidente de la república perdiera tanto el liderazgo tradicional del partido como el control sobre la selección del candidato.² Por primera vez en la historia moderna del PRI, el presidente no pudo imponer libremente al posible sucesor y, si bien el partido y los gobernadores tampoco consiguieron la fuerza suficiente para vencer al presidente, sí lo obligaron a negociar y, al final, a encontrar una fórmula para competir con el candidato que el PRI eligiera.

Ante las condiciones impuestas, Zedillo no pudo postular un candidato con su mismo perfil tecnocrático y se vio obligado a apoyar a su último secretario de Gobernación, Francisco Labastida, que escasamente cumplía con los requisitos del PRI.³ Las confrontaciones de Zedillo no sólo fueron con el partido sino también con algunos gobernadores que, también por primera vez, desafiaron sus lineamientos y decisiones. En esa difícil relación destacaron Manuel Bartlett y Roberto Madrazo, mandatarios de Puebla y Tabasco respectivamente, quienes habían conseguido enfrentar con éxito al presidente; Bartlett con una ley estatal que modificaba la asignación de fondos federales y Madrazo al resistir los intentos de Zedillo de separarlo de su cargo. Además, ambos habían logrado vencer electoralmente a la oposición y, por ende, habían estrechado sus relaciones con la militancia priísta. Durante la XVII Asamblea fueron estos dos gobernadores quienes más impulsaron las reformas y la línea de independizar al partido de las riendas presidenciales (Langston, 2001, pp. 506–507).

Los cambios, tanto en el PRI como en la relación con los gobernadores, terminaron por completo con el control presidencial y obligaron a ensayar procedimientos para seleccionar al candidato. Como se verá enseguida, todos los intentos, con sus respectivas diferencias, han tenido dos características básicas: la influencia de los gobernadores y la estructura partidaria y la ausencia total de normas y órganos que regulen la competencia. Sin presidente que decidiera y sin reconocimiento pleno a los nuevos poderes internos, el PRI ha establecido condiciones específicas para cada caso sin definir un método único y aceptado por todos.

En 1999, ante el equilibrio de fuerzas que se presentó entre el PRI y el presidente, se decidió que el candidato sería elegido mediante votación directa y secreta de militantes y simpatizantes, pero el ganador no sería el que obtuviera el mayor número de votos sino el que ganara el mayor número de distritos. El esquema, inspirado claramente en las primarias estadounidenses, fue adoptado a pesar del potencial conflicto que entraña el que un candidato obtenga la mayoría de los distritos frente a otro que gane la mayoría de votos (tal como ocurrió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos entre George Bush y Al Gore), porque significaba trasladar el control de los comicios a los comités directivos estatales y municipales y, por lo tanto, a los gobernadores. Zedillo, convencido de que ya no podía manejar el partido, negoció directamente con los mandatarios para controlar la votación de tal manera que, pese a las simpatías que tenían Bartlett y principalmente Madrazo, venciera Labastida. Al final, su ex secretario de Gobernación ganó abrumadoramente las elecciones al reunir 272 de los 300 distritos, mientras que Madrazo obtuvo 21 y Bartlett apenas siete (véase el Anexo). A pesar de que el procedimiento contó con la participación de militantes y simpatizantes, la victoria de Labastida fue tan aplastante que dejó fuertes dudas sobre su limpieza y provocó una grave división en el PRI que afectaría su eficacia electoral en el año 2000.

La lección fue muy clara y reveló que, contra lo que suponían Madrazo y Bartlett, no bastaba la cercanía con los militantes si no se tenía el control de la mayoría de la estructura partidaria en los estados, es decir, si no se tenía el acuerdo de los mandatarios o, por lo menos, un recurso para neutralizarlos. Para 1999 el presidente había perdido por completo el control de la selección del candidato y, en contraste, los gobernadores no sólo mantenían el suyo en cada entidad sino que habían conseguido un poder enorme en la estructura directiva nacional. La situación para el PRI empeoraría notablemente porque no logró ganar las elecciones presidenciales de 2000, con lo cual además de perder por primera vez la presidencia de la república, perdió definitivamente a su líder natural. Desde entonces, el PRI está aquejado por múltiples pugnas internas con grupos y liderazgos incapaces de sobreponerse unos a otros y menos aún de construir un acuerdo nacional que defina el perfil y el futuro del partido. Estas eran, en general, las circunstancias cuando Madrazo se convirtió en presidente del PRI para construir su candidatura.

El PRI de Madrazo

Militante del PRI desde muy joven, Madrazo obtuvo cargos de diferente responsabilidad en la dirigencia del partido desde los años ochenta. En 1987, cuando apareció la Corriente Democrática y De la Madrid y De la Vega propusieron las comparecencias de los seis secretarios que darían una imagen de competencia a la elección de Salinas, Madrazo era secretario adjunto del CEN y, por lo tanto, colaborador de De la Vega. Durante todo el periodo de Luis Donaldo Colosio al frente del PRI, Madrazo fue senador de la república y secretario de Organización del CEN y, en esa calidad, principal responsable de la preparación y el desarrollo de la turbulenta XIV Asamblea. No hay duda de que Madrazo conocía y compartía los propósitos de Colosio y Salinas para reformar el PRI, pero tampoco la hay de que observó la rebelión priísta de aquella Asamblea y la creciente influencia de los gobernadores. En ambos casos, el tabasqueño estuvo presente en los primeros intentos por limitar las decisiones presidenciales.

Más tarde fue el principal protagonista de los enfrentamientos con Zedillo, cuando al principio de la administración presidencial y para ganar el apoyo del PRD, intentó separarlo del gobierno de Tabasco en diciembre de 1994. Madrazo enfrentó a Zedillo y, contra la tradición presidencialista, se mantuvo en la gubernatura. No sólo desafió al Ejecutivo federal sino que también demostró que éste ya no tenía el poder de otros tiempos. Eso le permitió mostrarse ante los militantes como un político comprometido con el partido, en medio de los conflictos entre el PRI y el presidente. Más aún, fue un activo delegado de la XVII Asamblea Nacional que apoyaría los cambios que arrebataron a Zedillo el control de la organización. Finalmente, sería el más fuerte adversario de Labastida y Zedillo en las elecciones internas de 1999, en las que se comprobaría el enorme poder que abiertamente habían alcanzado los gobernadores en la estructura partidaria. Con la experiencia acumulada y tras el desprestigio del equipo de Labastida, Madrazo se convirtió en la mejor opción del priísmo, largamente lastimado por el ascenso de la generación tecnocrática.

No sería fácil su llegada a la presidencia del CEN, pues desde julio de 2000 los gobernadores intentaron controlar el PRI. Desde ese mes y hasta noviembre de 2001, cuando se reunió la XVIII Asamblea Nacional, el centro del debate fue diseñar un mecanismo para elegir al nuevo presidente del partido. La XVIII Asamblea mostró claramente la división del priísmo y que el objetivo era afirmar el control de los gobernadores. En esa ocasión se formaron dos grandes corrientes que se enfrentaron antes y durante la Asamblea (Pacheco, 2002). Una, encabezada por los labastidistas, en la que destacaban Beatriz Paredes y Jesús Murillo Karam, ex gobernadores de Tlaxcala e Hidalgo y colaboradores de Labastida desde su paso por la Secretaría de Gobernación, que buscaba disminuir la autoridad central del PRI y trasladarla hacia los comités directivos estatales, lo que equivalía a fortalecer a los gobernadores y someter al futuro presidente del partido. En el fondo, los mandatarios intentaban convertirse formalmente en los sustitutos de la figura presidencial, pero sin un líder único, lo que obligaría a frecuentes negociaciones y acuerdos. La segunda corriente, que encabezaba Madrazo y que reunía a grupos regionales y militantes diversos, buscaba convertir al presidente del CEN en el centro de poder del partido, en oposición no sólo a los mandatarios, sino a la fragmentación del PRI. Para Madrazo, como sería notorio a lo largo de su gestión partidaria, el presidente del partido debía convertirse en el líder real, heredero natural del arbitraje que había desempeñado el presidente de la república.

Como resultado de ese enfrentamiento, se introdujeron algunos cambios fundamentales en los estatutos. El primero fue reconocer abiertamente la participación de todos los gobernadores en el CPN y no la representación limitada que habían alcanzado en la anterior Asamblea. A cambio, se amplió notablemente la presencia de los sectores y organizaciones, como respuesta a la marginación impuesta desde 1990.

COMPOSICIÓN DEL CPN, ASAMBLEA NACIONAL, 2001

a) el presidente y el secretario general del CEN

b) los ex presidentes del CEN

c) representantes de la estructura territorial:

]]> 31 comités municipales y un comité delegacional del DF

una tercera parte de los senadores

una tercera parte de los diputados federales

dos diputados locales por entidad

todos los gobernadores del PRI

un presidente municipal por estado

un jefe delegacional del DF

d) representantes de sectores y organizaciones:

50 del sector agrario

]]> 50 del sector obrero

50 del sector popular

50 del movimiento territorial

50 del organismo de mujeres priístas

50 del Frente Juvenil Revolucionario

e) diez consejeros de la Fundación colosio

f) diez consejeros del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político

g) tres representantes de grupos con discapacidad

h) tres representantes de adultos mayores

i) un secretario técnico

En este caso, al igual que en otros esenciales, la corriente de Madrazo logró imponerse a la labastidista a pesar de que varios de sus miembros ocupaban la mayoría de los cargos directivos en el PRI, debido al rotundo fracaso electoral de su candidato apenas un año atrás. Acerca de la elección del nuevo dirigente, que apremiaba al partido y ante la cual eran obvias las ventajas de Madrazo, ambos bandos coincidían en la votación abierta entre militantes y simpatizantes, pero los labastidistas insistían en el esquema de mayoría de distritos porque con las posiciones en la dirección del partido y el apoyo de gobernadores afines podrían darle el triunfo a Beatriz Paredes. Madrazo, como era de esperar tras su derrota en 1999, se opuso y consiguió que se aprobara la votación abierta con mayoría de sufragios.

Al igual que en aquellas elecciones internas, Madrazo contaba con pocos apoyos de mandatarios pero con un fuerte respaldo entre la militancia. Como lo advierte Pacheco, en una revisión general de apoyos, Paredes contaba con 11 gobernadores priístas, mientras que Madrazo apenas sumaba siete (Pacheco, 2006). Era evidente que Madrazo no podía confiar en ellos para ganar la competencia y que tampoco lograría cambiar las preferencias del bando contrario. Por eso decidió neutralizarlos y convenció a Elba Esther Gordillo, la líder del SNTE, de acompañarlo como secretaria general del PRI. Como puede advertirse, Madrazo aprendió claramente la lección de 1999 y encontró en el magisterio el mejor recurso para controlar las maniobras de los gobernadores contrarios y, acaso lo más importante, para convencer a los militantes de estados gobernados por partidos diferentes al PRI.

La fórmula funcionó, pues los gobernadores cumplieron con cada candidato, pero mientras Paredes dependió en más de 60 por ciento de ese apoyo, Madrazo consiguió casi esa misma proporción de los militantes priístas en estados gobernados por el PAN y el PRD, donde no había liderazgos identificados con el gobierno, las maquinarias partidarias estaban disponibles y el sindicato magisterial podía actuar con libertad (Pacheco, 2006, pp. 337–343). Madrazo obtuvo 50.9 por ciento de los casi tres millones de votos válidos y Paredes 49.1 por ciento (véase el Anexo), una diferencia mínima que, si bien dejó fuertes dudas sobre su legalidad y limpieza, demostraría que los dos factores centrales en el PRI, los gobernadores y la estructura partidaria, se habían fortalecido a tal grado que podían alcanzar equilibrios paralizantes. Como le dijera Tomás Yarrington —gobernador en ese entonces de Tamaulipas— a Madrazo cuando se preparaba la elección interna, los mandatarios tenían el suficiente poder para cambiar cualquier resultado que no les conviniera, de tal manera que el apoyo de la militancia a Madrazo no le bastaría para alcanzar la presidencia (Cárdenas Cruz, 2002). Era verdad y por eso Madrazo estableció una costosa y frágil alianza con Gordillo y el SNTE.

A partir de entonces, Madrazo desarrolló una estrategia con dos objetivos fundamentales: fortalecer la presidencia del PRI, tal como se había propuesto en la XVIII Asamblea Nacional, y renovar los cargos directivos y el mismo CPN, con militantes afines que le ayudaran a ganar la candidatura presidencial de 2006. Madrazo tenía la suficiente experiencia para advertir que el equilibrio de fuerzas no se modificaría en el corto plazo y que por lo tanto debía establecer frecuentes acuerdos con los gobernadores. Este principio se unió a otro sumamente delicado y que ha marcado el rumbo del PRI desde su derrota en el año 2000, y que consiste en que los acuerdos son cambiantes, frágiles y circunstanciales, debido a que los liderazgos no son duraderos. En especial cuando se trata de los gobernadores, pues dependen en gran medida de su propia posición institucional, la cual les permite controlar el aparato del partido en el estado, así como los recursos del gobierno, pero al mismo tiempo están sujetos a la duración constitucional de sus mandatos. En la medida en que su posición es temporal, los gobernadores establecen acuerdos para alcanzar objetivos inmediatos y, como ocurriría durante el periodo de Madrazo, pueden incluso cambiar de bando y enemigo con suma facilidad.

Madrazo fue elegido presidente en febrero de 2002, frente a un apretado calendario electoral en el que destacaban varias gubernaturas y, sobre todo, los comicios federales de medio término. El tabasqueño no pasó por alto que el desempeño electoral del PRI sería la prueba esencial para buscar la candidatura, pero que para ello era indispensable acercarse a los gobernadores y alcanzar acuerdos útiles para ambas partes. El resultado fue, desde cualquier punto de vista, sorprendente. En 2000, cuando el PRI perdió la presidencia, los pronósticos anunciaban que declinaría sistemáticamente sus posiciones, pero sucedió lo contrario: el PRI demostró una significativa vitalidad y eficacia electoral. En aquellos comicios, el PRI obtuvo 211 de las 500 curules en la Cámara de Diputados, frente a 206 del PAN y 50 del PRD. Tres años después, el PRI incrementó su presencia hasta 224 asientos, mientras que el PAN los redujo a 151 y el PRD obtuvo 97 (Cámara de Diputados, 2000–2006), con lo cual el PRI afirmó su posición como primera fuerza electoral, se convirtió en el partido capaz de decidir los cambios constitucionales y, por extensión, los estructurales que propusiera el gobierno de Vicente Fox.

El desempeño en los estados fue todavía más significativo, pues en 2003 el PRI gobernaba en 52 por ciento de las más importantes ciudades del país y en 56 por ciento de las ciudades capitales de los estados, lo cual indicaba que tenía un importante voto en las zonas urbanas, más desarrolladas económica y socialmente (pri, 2003). En cuanto a los gobiernos estatales, el resultado también fue significativo, pues aunque sufrió derrotas no disminuyó su influencia federal. Hasta agosto de 2000, cuando el PAN lo venció en la presidencia, el PRI gobernaba en 21 de las 32 entidades, pero al finalizar los seis años de la administración panista y renovarse la totalidad de las gubernaturas, el PRI perdió solamente cinco y retuvo 17 (el PAN gobernaba nueve y el PRD seis). Uno de los datos más importantes de estas cifras es que el norte del país, que constituye la frontera con Estados Unidos y que se caracteriza por un alto desarrollo económico, era gobernado, con la única excepción de Baja California, por el PRI y no por el PAN, que se suponía naturalmente identificado con aquella población. Más aún, el PRI logró recuperar de forma legítima los estados de Nuevo León y Chihuahua, alguna vez ganados por el panismo y que representan fuertes intereses empresariales y clases medias muy inclinadas a la participación política. Gracias a esta significativa presencia, el PRI se constituyó en una fuerza ineludible para el gobierno de Fox, no sólo porque en el Congreso contuvo sus propuestas, sino porque tuvo una influencia determinante en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para aumentar montos y reasignar partidas de los fondos presupuestales a los gobiernos estatales.

El desempeño del PRI se vio favorecido por el creciente desprestigio del gobierno de Fox, caracterizado por sus frecuentes conflictos con la oposición y el Congreso, y los fracasos en sus propuestas, en especial en la fiscal, que fue rotundamente rechazada por el Poder Legislativo y cuyo fracaso marcó la virtual parálisis del gobierno. Pero también influyó la relativa unidad interna del PRI que reactivó su eficacia electoral y estuvo condicionada por los beneficios que alcanzaron tanto Madrazo como los gobernadores. Las elecciones fueron el mejor medio para encontrar puntos de acuerdo. Tanto los mandatarios como Madrazo sabían que no podían imponer candidaturas libremente porque quien lo hiciera provocaría la inactividad del aparato priísta. De ahí que las candidaturas fueran negociadas de manera equitativa, en especial las plurinominales para el Congreso federal que, por su propio diseño, tienen su ingreso asegurado.⁴

Aunque en principio, debido al carácter estatal de las bancadas, parecía que los gobernadores serían los más beneficiados, Madrazo resultó favorecido porque los diputados ampliaron sus márgenes de libertad y en más de una ocasión pudieron desobedecer a los gobernadores. Esta variable cobró toda su importancia unos meses después de las elecciones federales, cuando Gordillo fue expulsada del liderazgo del grupo parlamentario, pues fueron las bancadas estatales las que apoyaron a Madrazo frente a la maestra. Un ejemplo de la forma en que los diputados pudieron actuar al margen de su gobernador se encuentra en el grupo del Estado de México, cuyo Ejecutivo, Arturo Montiel, fue hasta el último momento acérrimo enemigo de Madrazo y le dio poca oportunidad de intervenir en la selección de candidatos. Sin embargo, en esa importante coyuntura, la bancada estatal apoyó la destitución de Gordillo contra los deseos del mandatario.⁵

El presidente del PRI también trató de influir en las sucesiones de los gobernadores. Debido a la extrema competencia electoral, desde los años ochenta los mandatarios salientes terminaron con la tradición de no intervenir en las sucesiones, lo que significaba no sólo que el presidente decidiera, sino que lo hiciera por políticos normalmente poco conocidos en los estados. El PRI y los presidentes tuvieron que ceder el terreno a los gobernadores para que postularan candidatos competitivos y así garantizaran los triunfos priístas. Debido a ello, la selección naturalmente se convirtió en estatal y el gobernador saliente asumió la casi total responsabilidad de las elecciones y del triunfo priísta (Hernández, 2003).

En el bando contrario el comportamiento fue distinto. Los 11 opositores en 2001 eran: Arturo Montiel, del Estado de México; Miguel Alemán, de Veracruz; Melquíades Morales, de Puebla; Armando López Nogales, de Sonora; Fernando Moreno Peña, de Colima; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Fernando Silva Nieto, de San Luis Potosí; Patricio Martínez, de Chihuahua; Manuel Ángel Núñez Soto, de Hidalgo; Ángel Sergio Guerrero Mier, de Durango, y Enrique Martínez, de Coahuila (Pacheco, 2006, p. 320). De ellos, sólo se mantuvieron Montiel y Martínez, pues Yarrington, Alemán y Núñez Soto, aunque serían opositores hasta el último momento, dejaron los cargos en los años siguientes y sus sucesores, si bien no apoyaron por completo a Madrazo, por lo menos no desplegaron la abierta oposición de sus antecesores, lo cual fue determinante para Madrazo en el momento de decidirse la candidatura. En otros casos el éxito del tabasqueño fue rotundo, como sucedió en Puebla, donde el sucesor de Morales, Mario Marín, respaldó a Madrazo desde que tomó el poder. San Luis Potosí dejó de tener importancia en 2005 porque ya era gobernado por el PAN.

Las negociaciones no siempre fueron tersas. En Sonora, Colima y el Estado de México los intentos de Madrazo de intervenir provocaron fuertes conflictos que en Sonora y el Estado de México perduraron hasta las elecciones federales. En Colima, aunque fue uno de los más sonados enfrentamientos, en el que incluso el PRI nacional intentó vetar al candidato, los acercamientos funcionaron a tal grado que el sucesor de Moreno Peña se mantuvo primero al margen y después al lado de Madrazo, y el mismo Moreno Peña se convirtió más tarde en un activo promotor de la candidatura madracista.

Como puede observarse, Madrazo remontó la oposición interna, logró influir en los diputados federales y neutralizó gran parte de la animadversión de los gobernadores heredados del zedillismo. Lo interesante de este proceso es que Madrazo, al mismo tiempo que mantenía los contactos con los mandatarios, ganaba espacios y cercanía con la militancia priísta. Pese a las experiencias previas, el tabasqueño nunca perdió su confianza en el aparato partidario para ganar popularidad y contrarrestar la fuerte influencia de los mandatarios y, desde las elecciones por el CEN, del sindicato magisterial. Bien puede decirse que Madrazo nunca perdió de vista que la candidatura, independientemente del proceso que siguiera, se decidiría en elecciones internas y que en ella el apoyo directo de los militantes era fundamental. Convencido de que los acuerdos eran frágiles, Madrazo no podía confiar en que Gordillo seguiría prestándole su apoyo y, por medio de ella, el del magisterio. Con una imagen de eficaz dirigente, capaz de ganar elecciones ya como partido de oposición, y con contactos directos con los mandatarios, Madrazo pudo construir su candidatura exactamente de la manera que el sistema priísta había evitado: desde la presidencia del PRI.

La candidatura de Madrazo

Aunque desde que se postuló a la dirigencia del partido en 2001 se sabía que Madrazo buscaba la candidatura presidencial y desde el primer día trabajó por ella, puede situarse el inicio del proceso a mediados de 2003, después de las elecciones federales. Como ya se señaló, aquellos comicios probaron que el PRI tenía serias posibilidades de recuperar el poder en 2006, pues el grupo parlamentario priísta se convirtió en primera mayoría, ocupó la mayor parte de las comisiones legislativas y fue centro de las decisiones del Congreso. Los problemas comenzaron porque Elba Esther Gordillo, aliada de Madrazo un año atrás, y sin cuya ayuda no hubiera vencido a los labastidistas, se había convertido en diputada federal y líder de la bancada priísta, sin abandonar su cargo de secretaria general del partido.

No es fácil saber si Gordillo en ese momento tenía aspiraciones presidenciales o solamente pretendía controlar el PRI, consciente de que cuando Madrazo renunciara a la dirigencia ella lo sustituiría, de acuerdo con los estatutos. Lo cierto es que partir de agosto de 2003 Gordillo tenía un poder enorme que, sin embargo, no logró dosificar de manera adecuada. Sus estrechas relaciones personales con el presidente Fox y su esposa la llevaron a comprometer el voto priísta con las reformas presidenciales y, peligrosamente, con la fiscal. Al presentarse la iniciativa del presupuesto en octubre de 2003, la reforma fiscal fue revivida y apoyada sin reservas por Gordillo, quien incluso presentó, en nombre del PRI, una iniciativa aprobada ya por el gobierno federal.

Madrazo, cauteloso, se refugió en los documentos del PRI que expresamente declaraban la oposición a aumentar los impuestos y evitó enfrentarse de forma directa con Gordillo. Sin embargo, muy pronto se sentirían los efectos de la activa participación de Madrazo, pues fueron los propios diputados los que se opusieron a Gordillo y finalmente la destituyeron como lideresa de la bancada. A la cabeza de la rebelión se encontraban los grupos de Oaxaca, Puebla y, sorprendentemente, del Estado de México, lo que demostró un claro cambio en la correlación de apoyos a Madrazo por parte de algunos mandatarios y, en el caso del Estado de México, reveló que otros habían perdido el control absoluto de sus delegaciones legislativas (Teherán y Ochoa, 2003).⁶ A partir de entonces Gordillo prácticamente se retiró de la actividad pública, pero sin abandonar su cargo en el PRI y Madrazo obtuvo el control de la Cámara de Diputados, debido a que el sucesor de Gordillo al frente del grupo parlamentario fue Emilio Chuayffet, ex gobernador del Estado de México, promotor directo de Montiel y polémico ex secretario de Gobernación durante la administración de Zedillo.

Con ese cambio, ya no había dudas de que Madrazo tenía una posición privilegiada en el camino a la candidatura, pues controlaba el partido y, la diputación priísta, había conseguido marginar temporalmente a Gordillo y alcanzado una mejor relación con los mandatarios. Esa certidumbre llevó a que nuevos y viejos adversarios se organizaran para impedir que obtuviera la postulación. Tras varias reuniones en las que estuvieron presentes conocidos opositores, como Labastida, Diódoro Carrasco y Genaro Borrego, así como la misma Gordillo, en abril de 2004 hubo una a instancias de Montiel y Núñez Soto, en una hacienda hidalguense, en la que participaron, además de estos dos últimos, Yarrington, Eduardo Bours, Natividad González Parás y el senador y líder de la bancada priísta, Enrique Jackson. En ella nació el grupo Unidad Democrática, mejor conocido desde entonces como Tucom (Todos unidos contra Madrazo), y la primera petición fue que Madrazo renunciara a la presidencia del CEN. Ya en ese momento se consideró la posibilidad de formar otro partido cuya base fuera el magisterio y que se materializaría en 2005, en plena campaña electoral.⁷

El grupo comenzó a tomar forma hacia finales de 2004, cuando González Parás, Bours, Martínez, Alemán, Yarrington, Núñez Soto y Jackson se reunieron con Madrazo para entregarle una carta en la que demandaban un órgano arbitral que vigilara el proceso de selección, determinara los tiempos y garantizara la equidad (Herrera, 2004). La urgencia se debía a que el 20 de noviembre comenzaría la XIX Asamblea Nacional, en la cual se revisarían los documentos del partido y se precisarían las condiciones del proceso de selección. A pesar de la premura, el grupo tardó en definirse; por ejemplo, en enero de 2005 acordó que seleccionaría a un candidato propio que enfrentaría a Madrazo, pero todavía figuraban Alemán, González Parás, Bours y Labastida, además de Montiel, Núñez Soto, Martínez, Yarrington y Jackson (Ochoa, 2005a).

En marzo, al finalizar la prolongada asamblea, se produjo la ruptura con el presidente del PRI y la definición del Tucom, pues al discutirse algunos cambios estatutarios, las delegaciones del grupo, encabezadas por Montiel, abandonaron las sesiones porque consideraban que favorecían a Madrazo. Aunque regresaron e incluso en conjunto clausuraron la Asamblea, el desencuentro fue irremediable, tanto que Bours no sólo abandonó las sesiones sino el Tucom, para alejarse definitivamente de Madrazo (Teherán y Ochoa, 2005; Ochoa y Teherán, 2005). A la salida del sonorense seguirían las de Alemán, González Parás y Labastida, y el Tucom quedaría integrado por Montiel, Núñez Soto, Yarrington, Martínez y Jackson. El alejamiento no fue total, pues como prueba de que muchos apoyos se mantenían estaba el nombramiento de Roberto Campa, fiel seguidor de Gordillo, como vocero del grupo. Aunque no figuraran en el grupo, los demás fueron activos promotores.

Las protestas del Tucom durante la Asamblea no eran infundadas, porque si bien no hubo cambios profundos, sí se dio mayor libertad a la presidencia del CEN, como fue conceder a la Comisión Política Permanente las mismas atribuciones del pleno del CPN, lo que significaba en la práctica anular al organismo y sobre todo la influencia de los gobernadores.⁸ Madrazo afirmaba el control partidario en medio de la debilidad del Tucom. De todas formas, Madrazo centró su actividad en la nueva integración del CPN, pues esta instancia decidía las condiciones, el método y los tiempos para elegir al candidato presidencial. Hacia mediados de mayo de 2005 se instaló el nuevo CPN, del cual Madrazo controlaba la mayoría de sus 1 282 miembros (Teherán, 2005a).

La integración del CPN fue significativa porque demostraba que las negociaciones de Madrazo habían rendido frutos. Este organismo debe renovarse cada tres años, de tal manera que esta era la primera vez que ocurría bajo la influencia directa de la presidencia de Madrazo. En menor o mayor medida, la conformación del CPN era resultado de acuerdos con los mandatarios y las organizaciones afiliadas, por lo que Madrazo podía confiar en que este órgano definiría condiciones aceptables para elegir al candidato. Con esa plataforma, el tabasqueño anunció el 14 de mayo que buscaría la candidatura, pero sin renunciar a la presidencia del PRI mientras el CPN definiera los tiempos, lo que ocurriría en julio de 2005. Estaba claro que Madrazo aseguraba el control institucional mientras que los miembros del Tucom, incapaces de alcanzar acuerdos comunes, perdían sus cargos en los gobiernos estatales. Un día después, el grupo anunció que en julio seleccionaría a su candidato, después de realizar reuniones por estado y campañas individuales. El método sería triple: una encuesta abierta a la población, una consulta a grupos representativos y una votación de los mismos miembros del Tucom (Teherán, 2005b; Ochoa, 2005b).

En la competencia por la candidatura los problemas los tenía el grupo opositor y no Madrazo, que se mantenía a salvo en la presidencia del partido. Las diferencias internas siempre afectaron al Tucom y, aunque participaron varios políticos en él, había uno que desde el inicio predominaba. Arturo Montiel siempre fue el más activo promotor de las reuniones, el que encabezó las demandas para que Madrazo renunciara con mucha anticipación a la presidencia del PRI, quien dirigió las protestas en la XIX Asamblea y quien más presionó para que el método para elegir candidato del Tucom fuera mediante encuestas abiertas. Las razones son fáciles de entender: debido a una circunstancia histórica, el gobernador del Estado de México es de los pocos cuyo mandato corre paralelo al del presidente de la república y termina en septiembre del penúltimo año presidencial, exactamente cuando los partidos suelen postular a sus candidatos. Esa circunstancia le da al gobernador una enorme ventaja porque, sin renunciar a su cargo, puede hacer campaña interna y utilizar todos los recursos políticos y económicos a su disposición. Más aún, no sólo conserva su puesto hasta septiembre, sino que puede asegurarse de que el sucesor le será leal y mantendrá los apoyos necesarios.

Esa era la razón de que Montiel siempre demandara la renuncia de Madrazo pero no aceptara abandonar la gubernatura, pues de acuerdo con los tiempos electorales estaría naturalmente sin cargo en septiembre de 2005. También por eso al elegirse el candidato para sucederlo, Montiel escenificó un abierto enfrentamiento con Madrazo que casi termina con el retiro del apoyo nacional del PRI y que tenía el propósito de mantenerlo fuera de la influencia del siguiente mandatario. Al asegurar el control del gobierno local, Montiel presionó para que el Tucom decidiera mediante una encuesta, no sólo porque el Estado de México tiene una numerosa población y está cercano a la política nacional, sino porque él seguía siendo gobernador y ocupaba espacios públicos que lo hacían ampliamente conocido.

Ninguno de los demás miembros del Tucom tenía esas posibilidades. Yarrington y Núñez Soto dejaron las gubernaturas de Tamaulipas e Hidalgo en febrero y marzo de 2005, y aunque influyeron de forma decisiva en la selección de sus sucesores no pudieron garantizarse los recursos para ganarle a Montiel. Enrique Martínez, que dejaría el cargo en noviembre, y que por lo tanto sí contaba con apoyos institucionales, gobernaba una entidad demasiado alejada de la política nacional. En una situación parecida se encontraba Jackson, que aunque se desempeñaba como líder de la fracción priísta en el Senado y podía disponer de recursos económicos importantes, no tenía ninguna influencia en el aparato partidario. Su desventaja la compensaba en parte con el acceso a los medios de comunicación, lo que lo convirtió en el más fuerte adversario de Montiel dentro del grupo.

A pesar de las ventajas de Montiel, Madrazo gozaba de una posición adelantada, debido a su permanencia al frente del PRI. Esa fue la razón de que todos sus adversarios, dentro y fuera del Tucom, presionaran para que renunciara y, lo que se convirtió en un nuevo punto de fricción fue que lo sucediera Gordillo. Para el grupo, la maestra debía sustituir a Madrazo pero, de nuevo, no había acuerdo respecto al periodo que debía permanecer en el cargo. Algunos, como Jackson, proponían que convocara inmediatamente a elecciones y otros, como Yarrington, querían que se mantuviera hasta los comicios presidenciales, lo cual no era extraño porque de esa forma Gordillo intervendría en la selección del candidato y en la misma campaña presidencial (El Universal, 2005a). Para los miembros del Tucom era indispensable contrarrestar la influencia de Madrazo incluso cuando éste se separara del CEN, y no había nadie capaz de hacerlo más que Gordillo, quien tenía a su disposición al magisterio nacional.

Al tiempo que el Tucom presionaba por la presidencia de Gordillo, insistió en elecciones abiertas para elegir candidato pero bajo el esquema de distritos, no por mayoría de votos. Al final, Madrazo y el Tucom aceptaron que Gordillo fuese la sucesora, pero tendría que renunciar inmediatamente después de convocar a nuevas elecciones para que el candidato se eligiera mediante voto abierto y por la suma total de sufragios. La negativa de Gordillo a aceptar esa interpretación de los estatutos proporcionó días adicionales a Madrazo al frente del PRI, pues el CPN, ante la duda, extendió el plazo hasta principios de agosto y no al 10 de julio, como se había previsto desde la Asamblea (El Universal, 2005b). Pocos días después el Tucom eligió, como ya se preveía, a Montiel como su candidato para enfrentar a Madrazo (Ochoa, Cortés y Samaniego, 2005). A partir de entonces y hasta finales de mes, el problema del PRI fue definir al sucesor de Madrazo. Ante la negativa de que Gordillo se mantuviera hasta las elecciones presidenciales o de que uno de sus seguidores pudiera estar al frente del PRI, Gordillo se retiró para promover activamente la oposición a Madrazo (El Universal, 2005c).

A pesar de los cambios en los apoyos, la incertidumbre se mantuvo, como lo prueba el hecho de que varios dirigentes del PRI, en especial los sindicales, insistieran en que Montiel y Everardo Moreno, quien ya estaba en campaña, renunciaran para que Madrazo fuera candidato de unidad. Más aún, con frecuencia se mencionó al mismo Montiel como presidente sucesor del PRI en caso de declinar, y además como encargado de la campaña. Los esfuerzos no sólo se encaminaban a fortalecer al partido y a su candidato, sino a evitar lo que se veía como una fractura interna, cualquiera que fuese el resultado de la elección primaria, que afectaría a largo plazo al PRI.

No hubo manera de probarlo porque sorpresivamente, dos días después de que los tres aspirantes se registraran, aparecieron las noticias sobre los recursos personales y familiares de Montiel (Cortés, 2005).⁹ Primero se acusó a sus hijos de evasión fiscal, cuentas bancarias y operaciones financieras dudosas o claramente ilícitas, y después al mismo Montiel y a su esposa de acumular bienes, en México y el extranjero, así como recursos excesivos que no podían provenir de sus ingresos declarados. Aunque Montiel trató de defenderse, no pudo detener las acusaciones de corrupción y renunció a la candidatura diez días más tarde (Cortés y Aponte, 2005).¹⁰

Desde luego que Madrazo fue acusado de proporcionar la información sobre Montiel, con el obvio propósito de desacreditarlo en la competencia. Aunque es posible, no es fácil afirmarlo porque las fuentes siempre citaron documentos judiciales o fiscales, incluso averiguaciones previas en marcha, que sólo podían proceder de la Procuraduría General de la República o la Secretaría de Hacienda. No era descabellado suponer que el mismo gobierno de Fox, preocupado por el avance tanto del PRD como del PRI y los problemas que enfrentaba el PAN para definir a su candidato, proporcionara los datos para desacreditar no sólo a Montiel sino, como en realidad ocurrió, al mismo Madrazo. Sea como fuere, la competencia interna perdió credibilidad porque solamente se mantuvo Everardo Moreno como segundo aspirante. Moreno, priísta poco conocido y por ende sin apoyos importantes, no podía presentarse como real opción frente a Madrazo. La salida de Montiel dejó indefensos a los gobernadores y simpatizantes que no deseaban a Madrazo, pues no hubo quién lo sustituyera. En realidad, la renuncia de Montiel tomó por sorpresa a más de uno de sus seguidores, como lo demostraría Eduardo Bours, gobernador de Sonora y permanente opositor de Madrazo, que la calificó de "preocupante e inapropiada" el mismo día que Montiel la hizo pública. La oposición, ya sin recursos para impedir la candidatura de Madrazo, simplemente se extinguió y el tabasqueño ganó las elecciones internas de forma aplastante, con 90 por ciento de los votos (Voz y Voto, 2005).¹¹

Competencia sin reglas, partido disponible

La trayectoria de Madrazo, desde los noventa cuando ganó la gubernatura de Tabasco, siempre estuvo empañada por acusaciones de corrupción y deslealtades a sus compañeros de fórmula. A pesar de ello, construyó una imagen de liderazgo dentro del PRI que lo llevó a competir dos veces por la candidatura presidencial y a ganar la presidencia del partido. Aunque parece contradictorio, la mala imagen pública no era compartida por la militancia priísta que apreciaba más su eficacia como dirigente, primero en medio de un agudo distanciamiento de los presidentes priístas y después, de los partidos de oposición.

En esas circunstancias, Madrazo supo aprovechar la orfandad política de la militancia y la notoria ausencia de normas para regular la competencia. Madrazo opuso a la creciente influencia de los gobernadores la fuerza de la estructura partidaria y aprovechó hasta el final la incapacidad de los mandatarios para alcanzar acuerdos. Como lo demuestran los años de gestión de Madrazo al frente del PRI, los gobernadores, al margen de sus diferencias, establecieron acuerdos cambiantes lo mismo entre ellos que con Madrazo, lo que mostraba, por un lado, su variabilidad política y, por otro, que los enemigos no eran permanentes. Madrazo podría tener muchos y considerables defectos frente a la opinión pública, pero es un político hábil y experimentado que conocía muy bien los entretelones priístas y que supo manipularlos en su momento.

El primer punto a favor de la candidatura de Madrazo fue la inexistencia de reglas y órganos que vigilaran la competencia interna. Su carencia fue ostensible desde 1999, cuando el presidente de aquel entonces, aún priísta, perdió el control tradicional de la decisión. Pero aun cuando todos los líderes y grupos internos lo sabían y conocían las consecuencias de no contar con una normatividad, no hubo ningún intento serio por diseñarla. Ni los gobernadores ni menos aún Madrazo se propusieron establecer un marco regulatorio creíble y legítimo que garantizara acuerdos y, sobre todo, la unidad del partido. Visto a la distancia, la falta de normas parece conveniente para todos porque permite que se determinen y apliquen circunstancialmente, dependiendo de la correlación de fuerzas. Esa parece ser la conclusión después de que, tanto en 1999 como 2002, las elecciones internas mostraron que podían ser manipuladas a pesar de la participación ciudadana y del escrutinio público. Aunque Madrazo ganó de esa forma y mantuvo la oposición de sus adversarios, nadie intentó fijar normas institucionales.

En esa lógica, ambas partes construyeron sus espacios. Madrazo fortaleció sus vínculos con la estructura partidaria, con algunos mandatarios y con los diputados y senadores, mientras que los gobernadores opositores formaron de manera paulatina una organización que lo enfrentara. Como se ve claramente por el desarrollo de los acontecimientos, el Tucom fue integrándose y definiéndose de forma lenta y tardía, mientras que Madrazo mantuvo el control del partido. Un elemento que contribuyó a esa indefinición fue el convencimiento de que no todos los gobernadores tenían las mismas oportunidades de enfrentar a Madrazo. El papel protagónico que desde el principio tuvo Montiel indica no sólo su interés, sino el reconocimiento de sus compañeros de que él estaba en la mejor posición para disputar la candidatura. Los intentos del Tucom estuvieron dirigidos a imponer límites a la influencia de Madrazo, ya fuera relevándolo del cargo con mucha anticipación o buscando a Gordillo como contrapeso eficaz. Que se trataba de restar fuerza a Madrazo pero no de crear condiciones equitativas de competencia lo prueban las dos demandas centrales del grupo opositor. La primera, su insistencia en que Madrazo renunciara pero sin que los gobernadores Montiel y Martínez, así como el senador Jackson, dejaran sus cargos, y la segunda, que la elección interna fuese, como en 1999, por distritos, para que los mandatarios pudieran manipular los resultados. No se trataba de encontrar reglas institucionalmente adecuadas, sino arreglos específicos que dieran ventajas particulares.

Pero no todo fue manipulación. También hubo cálculos políticos de los opositores como puede observarse hacia el final de la competencia, cuando los priístas en general y la mayoría de los mandatarios vieron a Madrazo como un candidato capaz de ganar. La influencia partidaria que había alcanzado y la eficacia electoral que había desarrollado el PRI bajo su gestión lo hicieron creíble para los grupos internos. Aunque durante la campaña los apoyos cambiaron dramáticamente, no siempre fue así y menos al principio. Un reciente estudio ha mostrado que de 132 líderes priístas, entre los que se encontraban gobernadores, senadores, diputados y dirigentes del partido, cerca de 50 por ciento apoyó a Madrazo entre marzo y junio de 2005, cuando el Tucom ya existía, había presentado sus primeras propuestas y había decidido el método para seleccionar a su candidato. Cuando Montiel quedó eliminado, el apoyo a Madrazo se elevó a 80 por ciento y se mantuvo así hasta principios de 2006 (Langston, 2006). Estos datos demuestran no sólo que Madrazo contaba con verdaderas simpatías en el PRI sino que la eliminación de Montiel, lejos de afectarlas, las incrementó.

El cambio a partir de 2006 está asociado con otro factor no partidario, sino claramente electoral. Las preferencias por Madrazo, por lo menos hasta principios de 2006, eran consistentes y lo presentaban como un fuerte candidato. En noviembre de 2005, cuando todos los partidos habían elegido a sus candidatos, incluido el PAN, Andrés Manuel López Obrador encabezaba las encuestas con 34.8 por ciento de las preferencias, seguido de Madrazo con 30.4 por ciento y al final Felipe Calderón con 28.8 por ciento. Pero en enero de 2006 las cifras habían cambiado drásticamente, pues López Obrador se mantenía al frente con 38.7 por ciento, pero el PAN ya ocupaba el segundo lugar con 31 por ciento de las preferencias. Madrazo había sido desplazado al tercer puesto con 29.2 por ciento y no lo abandonaría a lo largo de toda la campaña (Consulta Mitofsky, 2005 y 2006). Los cambios en las preferencias ciudadanas, que rápidamente favorecieron a López Obrador y a Calderón, y que al final polarizaron los votos entre estas dos únicas opciones, no sólo acabaron con las ventajas electorales de Madrazo, sino que afectaron decisivamente sus apoyos dentro del PRI. A partir de entonces, como lo señala Langston, el porcentaje de los líderes que respaldaban a Madrazo bajó a menos de 50 por ciento (Langston, 2006). Cada vez sería más claro que Madrazo perdía preferencias y que la votación se decidiría entre el PRD y el PAN. No es tema de este ensayo analizar la campaña misma, pero se puede afirmar que los líderes del PRI, especialmente los gobernadores, que controlaban los aparatos locales, optaron por favorecer a alguno de los candidatos fuertes y, como lo dijera Murillo Karam, uno de los más firmes adversarios de Madrazo, ante la certeza de que el tabasqueño perdería, el PRI debía concentrarse en ganar las campañas por el Congreso y no comprometerse en una causa perdida.¹²

A ello contribuyeron varios factores que, aunque requieren un análisis particular, fuera del alcance de este ensayo, pueden enumerarse. El primero fue el reparto de candidaturas al Congreso que benefició a los mandatarios según su influencia y capacidad de negociación. Si bien el resultado no fue igual, a todos les aseguró una representación directa en la nueva legislatura. En esas condiciones, la caída en las preferencias ciudadanas por Madrazo estimuló el cambio de preferencias de los gobernadores por los otros candidatos sin que por ello vieran comprometidas sus ganancias legislativas. Para ellos fue posible e incluso benéfico separar las elecciones presidenciales de las legislativas.

Otro elemento fue el erróneo cálculo de Madrazo sobre sus posibles adversarios. Hacia 2005 todo parecía indicar que el PAN postularía a Santiago Creel, secretario de Gobernación de Fox, cuya trayectoria y desempeño habían sido muy criticados. Con ese abanderado, el PAN no significaría una amenaza real y la competencia se centraría entre Madrazo y López Obrador, candidato indiscutible del PRD. En ese escenario, Madrazo y su equipo confiaban en que la ventaja electoral del PRI vencería la popularidad del jefe de gobierno, para entonces dañada por los enfrentamientos con el gobierno federal. Sin embargo, el PAN experimentó una competencia inesperada que no sólo eliminó a Creel sino que produjo un candidato competitivo. Felipe Calderón, un político identificado con la corriente tradicional del panismo y que no gozaba de las simpatías de Fox ni de la dirección de su partido, venció a Creel en las elecciones internas. Calderón se convirtió de inmediato en un candidato creíble y capaz de enfrentarse al que se mantenía en el primer lugar, López Obrador. El escenario cambió por completo y pronto se encaminó a un enfrentamiento entre la derecha, representada por Calderón, y la izquierda, encabezada por López Obrador, que eliminó por completo a Madrazo y al PRI.

Madrazo quedó atrapado en una nueva realidad que no había considerado y que se tradujo en una evidente indefinición ideológica y programática que se agudizó conforme el PAN y el PRD polarizaron la competencia. El candidato priísta no pudo crear una imagen convincente que se colocara en medio de la derecha y la izquierda extremas que sus adversarios presentaron y que muy pronto dividieron al electorado. La mala imagen de Madrazo, construida por él mismo pero también alimentada por sus adversarios internos encabezados por Gordillo, que se empeñó en retirar al SNTE del PRI y en construir con los maestros un nuevo partido, se combinó con una endeble defensa del centro ideológico que el PRI comenzó a desarrollar tardíamente. Mientras el PRI buscaba un espacio libre, Calderón y López Obrador no tuvieron problemas en ocupar los suyos. El primero se presentó como continuador del proyecto foxista, empeñado en mantener el mismo modelo económico y en impulsar las reformas fiscal y energética que fueron tan costosas para el anterior presidente. En el polo opuesto, López Obrador desarrolló un discurso de protección a los pobres, destinado a reinstalar la intervención del Estado y a cambiar por completo el modelo de libre mercado. Muy pronto López Obrador representó el populismo, tan temido por empresarios y clases medias, y Calderón los proyectos de la derecha mexicana. Esta polarización eliminó al resto de los contendientes, incluido el propio Madrazo y el PRI. Ante la creciente percepción de que el PRI no tenía posibilidades de vencer, los grupos internos y en especial los gobernadores promovieron la migración del voto priísta hacia los dos candidatos fuertes. Madrazo perdió aceleradamente los apoyos y, lo más grave, el control local de la maquinaria priísta que retuvieron los mandatarios.

Madrazo fue capaz de construir su candidatura, lo que principalmente significó vencer una feroz competencia interna, pero no logró vencer a sus adversarios en los otros partidos ni convertirse en una opción creíble para los ciudadanos. La elección de Madrazo pone de relieve los diversos problemas que enfrenta el PRI desde que perdiera las elecciones de 2000. Para empezar, la falta de liderazgo y de normas que regulen la competencia interna y la multiplicación de grupos que deliberadamente aprovechan esa circunstancia para obtener beneficios inmediatos. El PRI había logrado mantenerse como primera fuerza electoral e incluso convertirse en una verdadera opción en 2006 gracias a los acuerdos internos que habían reconstruido la unidad del partido y, por ende, habían revitalizado la maquinaria priísta.

La manera en que Madrazo obtuvo la candidatura provocó que esas condiciones se perdieran. Sin reglas, los competidores se apoyaron en sus propios recursos para imponerse pero sin alcanzar acuerdos de largo plazo. Si bien ninguno de los competidores se apartó de este principio, la cuestionada candidatura de Madrazo provocó conflictos y divisiones que afectaron de forma decisiva al PRI. En el pasado esas divisiones habían motivado que algunos sectores del partido se mantuvieran al margen del proceso electoral, como ocurrió en 2000, pero los conflictos aumentaron de tal manera que seis años después los adversarios internos prefirieron apoyar a los candidatos del PAN y del PRD, que aceptar la derrota por la candidatura. En realidad, esa decisión no respondió solamente a la caída de Madrazo en las preferencias electorales, sino a que los grupos vieron en ella una oportunidad de vengar viejos agravios.

Las divisiones internas no son, desde luego, extrañas en los partidos, pero ninguno puede sobrevivir si no establece un marco regulatorio que determine los límites de los conflictos. Sin esa normatividad puede ganar el más hábil o el que tenga más recursos, pero a cambio de una severa división partidaria que anule sus ventajas electorales, tal como ha ocurrido en el PRI desde hace casi una década.

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¹ Los seis funcionarios fueron Ramón Aguirre, regente del Distrito Federal; Manuel Bartlett, secretario de Gobernación; Alfredo del Mazo, de Energía y Minas; Sergio García Ramírez, procurador general de república; Miguel González Avelar, secretario de Educación, y Carlos Salinas, de Programación y Presupuesto.

² Inmediatamente después de la asamblea, Zedillo destituyó al presidente del PRI, Santiago Oñate, y al secretario técnico del CPN, César Augusto Santiago, y designó en sus lugares a Humberto Roque y a Esteban Moctezuma. A pesar de ello, nunca recuperó el control del partido, como lo demuestra el hecho de que a partir de entonces se sucedieron las renuncias de dirigentes. De 1996 a 2000 fueron presidentes del PRI Roque, Mariano Palacios Alcocer, José Antonio González Fernández y Dulce María Sauri.

³ Labastida había sido gobernador de Sinaloa pero lo único que había tenido en el partido era la subdirección de Proyectos en el IEPES durante la campaña presidencial de José López Portillo, lo que forzadamente podría considerarse un cargo de dirección.

⁴ Como es bien sabido, los candidatos plurinominales no compiten contra nadie y su ingreso al Congreso depende de la votación total del partido, de tal manera que los primeros lugares de la lista están prácticamente asegurados y son, por ende, los más disputados por los grupos internos. El ingreso de los siguientes lugares depende de que la votación total del partido disminuya, lo que no deja de ser un juego perverso contra el mismo desempeño del partido.

⁵ El disgusto de Montiel fue público, pues a los pocos días de que Gordillo reconociera la destitución, el gobernador criticó al PRI y a los diputados por eso y por no apoyar las reformas fiscales de Fox que habían provocado el conflicto (Zárate y Galindo, 2003).

⁶ En esa fecha comenzó la revuelta contra Gordillo, pero se agravaría en los días siguientes porque 119 diputados pidieron expresamente su remoción. El 2 de diciembre fue destituida, no lo aceptó y amenazó con impugnar por la vía legal la decisión, hasta que el 11 de diciembre la reconoció en una carta en la que acusó a Madrazo de ser el promotor de tal medida (Teherán y Jiménez, 2003; Teherán y Herrera, 2003).

⁷ La crónica de estos encuentros aparece en una nota de Jorge Octavio Ochoa (2004).

⁸ La Comisión es el órgano mediante el cual actúa el CPN cuando no se reúne, y está integrado por el presidente y el secretario general del CEN, el secretario técnico y 10 por ciento de los consejeros. Concederle a la Comisión las facultades del pleno significaba concentrar el poder del partido por completo en la presidencia del mismo. De ahí el disgusto del Tucom (PRI, s. f.).

⁹ La denuncia apareció por primera vez en un conocido noticiero matutino de Televisa y a partir de entonces tanto medios escritos como electrónicos lo retomaron diariamente.

¹¹ El porcentaje de 90 por ciento resulta solamente de los votos válidos. Al considerar la votación total, Madrazo desciende a 70 por ciento (véase el Anexo).

¹² Citado por J. Langston (2006).

Artículos

Las reglas "democráticas" y las implicaciones antidemocráticas: Selección de candidatos presidenciales en el PAN y el PRD para las elecciones de 2006

"Democratic" Rules and the Anti–democratic Implications: Presidential Candidate Selection in the PAN and PRD for the 2006 Election

Steven Wuhs*

* Profesor–investigador de la Universidad de Redlands, 1200 East Colton Ave., P.O. Box 3080, Redlands, 92373. Tel: 909 793 21 21. Correo electrónico: steve_wuhs@redlands.edu.

Resumen

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), como muchos partidos, han abierto la mayor parte de sus procesos de selección de candidatos a una participación más amplia, lo que algunos especialistas han denominado la "democratización" de la selección de candidatos. Después de presentar los rasgos de sus reglas de nominación, el presente artículo dilucida la política interna en los dos partidos respecto a la selección de sus candidatos presidenciales para la elección de 2006. Además de situar tales procesos en una trayectoria más amplia de desarrollo partidario, ofrece una explicación de la sorprendente victoria de Felipe Calderón Hinojosa en la primaria interna del PAN, así como la complicada política por la cual Andrés Manuel López Obrador llegó a ser el "candidato de unidad" del PRD.

Palabras clave: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, selección de candidato, presidencia.

Abstract: Mexico's Partido Acción Nacional (PAN) and Partido de la Revolución Democrática (PRD), like most parties, have opened most of their selection processes to broader participation —what some scholars term the "democratization" of candidate selection. After outlining the contours of their evolving rules, this article elucidates the internal politics surrounding presidential candidate selection in the PAN and PRD for the 2006 election. In addition to situating those selection processes in a broader trajectory of party development, it offers an explanation for the surprising performance of Felipe Calderón Hinojosa in the PAN's primary as well as the complicated politics through which Andrés Manuel López Obrador arrived as the PRD's "candidate of unity."

Keywords: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, candidate selection, presidency.

Las protestas que siguieron a la disputada elección del 2 de julio de 2006 hicieron que se planteasen preguntas desconcertantes acerca del carácter de la política mexicana contemporánea. Una de esas interrogantes cruciales era qué tipo de democracia se estaba construyendo en el país. ¿Era la mexicana una democracia romana para los pocos o se trataba de una democracia para las "plebes"? ¿Prometía vincular mejor al pueblo con la vida política? Si bien los reclamos postelectorales de López Obrador hicieron referencia también a las irregularidades producidas durante la campaña y a la administración electoral, su grito de batalla se centraba muchas veces en críticas profundas a la naturaleza superficial de la democracia mexicana. La gran agitación causada por sus protestas hizo que todos los ojos se enfocaran en el 2 de julio y se desviaran de acontecimientos previos a la elección y más aún de aquellos que ocurrieron antes de que la campaña entrase en vigor.

Si se mira hacia atrás, a los procesos por medio de los cuales el PAN y el PRD seleccionaron a sus candidatos para la contienda de 2006, se añade una nueva dimensión a los debates acerca de la profundidad de la democracia mexicana. Aunque ambos partidos denuncian que las reglas del otro son antidemocráticas, los dos dicen haber democratizado sus procedimientos de nominación (operando bajo concepciones de democracia muy diferentes). Pese al valor normativo que brinda la democracia, los cambios en la selección de candidatos en ambos partidos han arrojado resultados comunes dudosos. Los dos muestran una fuerte tendencia hacia las reglas que favorezcan a los candidatos populares (y tal vez populistas), lo cual genera buenos augurios para las perspectivas de los partidos en el momento de la elección, pero puede debilitar el interés por la representación institucionalizada y poner en peligro, a largo plazo, la legitimidad del sistema de partidos.

La lógica de democratizar la selección de candidatos

El dedazo, el proceso informal de designación del candidato presidencial dentro del PRI , en el cual los presidentes salientes del partido se limitaban a elegir a sus sucesores de entre sus asesores cercanos, es el modelo más infame de selección de candidatos de México.¹ El dedazo ocupa uno de los polos de un continuo que incluye también las negociaciones a puerta cerrada, entre nubes de humo, al estilo de Estados Unidos en el siglo xix, reuniones de élites nacionales, primarias cerradas y primarias abiertas. Con frecuencia los dirigentes del partido discuten cuán abiertas o democráticas deberían ser las reglas de selección de candidatos, debido a los costos y beneficios potenciales que podrían alcanzar ellos y sus partidos por medio de diferentes tipos de instituciones (Pennings y Hazan, 2001; Bille, 2001; Rahat y Hazan, 2001). En todos los partidos de México se discutió, a lo largo de la década de 1990, y también después de la elección de Fox, en 2000, la conveniencia de abrir o no los procesos internos de los partidos a una mayor participación popular (es decir, de democratizar la selección de candidatos). Los dirigentes partidistas de todas las filiaciones reconocieron la difícil decisión a la que se enfrentaron cuando consideraban abrir sus procesos de selección de candidatos, a la que citaron como una de las principales fuentes de tensión en sus respectivos partidos, debido a la negociación que veían entre mejorar el desempeño electoral del partido y mantener su identidad (Ocejo, 2000; García Portillo, 2005; Rivadeneyra, 2000; Del Campo, 2000; Del Valle, 2004).

Los dirigentes pensaban que abrir las reglas de selección de candidatos para una mayor participación popular aumentaría probablemente la participación de los votantes en la elección general, llevaría a la nominación de candidatos más elegibles y podría brindar mejor transparencia y confianza en el proceso (como lo sugieren Mayer, 1996, pp. 124–127; Kanthak y Morton, 2003; Wuhs, 2004). Reconocían también que cuando los partidos no son incluyentes corren el riesgo de alejarse del electorado y de ser percibidos (o, acaso, de convertirse realmente) como estructuras oligarcas que confieren poder a estrechos segmentos de la élite política, percepción que desde luego los dirigentes de la oposición pro democrática procuraban evitar. Al mismo tiempo, las contiendas abiertas socavaron su propia influencia, allanaban a los activistas y daban por resultado la designación de individuos que sólo tenían una débil responsabilidad de rendirle cuentas al partido (como lo sostienen Mayer, 1996; McCann, 1996). La experiencia de Amigos de Fox en 1999–2000 destacó otro problema de las reglas abiertas de selección: podrían empoderar a los ricos donantes de la campaña por encima de los ciudadanos comunes y producir candidatos populistas más que partidistas (según lo señala Katz, 2001). El PAN y el PRD se enfrentaron también a otras complicaciones. La naturaleza pública de la competencia primaria a menudo producía o amenazaba con producir fisuras en el partido, por un lado, y por otro su mala administración (especialmente común en el PRD) tenía efectos nocivos en la confianza del público en los partidos políticos. Los líderes partidistas expresaron también su preocupación en el sentido de que los métodos directos creasen un clima deplebiscitarismo, una participación caótica y un electoralismo descarado (García, 2000; Santos, 2000; Herrero Arandia, 2000; Calderón Hinojosa, 2004).

Las mejores oportunidades electorales en que se encontraron los partidos de la oposición histórica en la década de 1990 desataron transformaciones sumamente dramáticas en los procedimientos de selección de candidatos que experimentaron los dos partidos. Como se detalla en la siguiente sección, ese periodo presenció una notable tendencia hacia una mayor apertura: las reglas cerradas del PAN cedieron el paso gradualmente a una mayor participación popular, mientras que el PRD, a principios de la década de 2000, postulaba reglas que prácticamente no ofrecían restricciones para la mayoría de los cargos. Comprender la historia reciente de la selección de candidatos resulta esencial para entender los debates que se produjeron en torno a la selección de los candidatos presidenciales del PAN y del PRD en el año 2005.

Partido Acción Nacional² El PAN entró al proceso de liberalización de México con un conjunto bastante cerrado de reglas de selección. Históricamente había dependido de convenciones cerradas que permitían que los miembros fieles al partido propusiesen, para los diversos cargos, candidatos que representarían en forma debida el programa panista.³ La regla empleada para seleccionar al candidato presidencial hasta finales de los años setenta era indicativa de ello: los candidatos debían obtener 80 por ciento del apoyo en la convención electoral nacional del partido, que sólo estaba abierta a la participación de miembros del PAN. A medida que la facción pragmática del partido iba cobrando fuerza (y que el sistema electoral se abrió a una mayor representación de los partidos de oposición), a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, el PAN empezó a considerar diferentes tipos de reglas.⁴

Tal como lo sugiere la gráfica 1, los líderes del PAN lograron abrir el proceso de selección presidencial del partido a un segmento más amplio del electorado para la contienda de 2000, lo que refleja su deseo de capitalizar el difundido desencanto con el gobierno del PRI. Ese cambio implicó pasar el proceso de selección de la convención nacional del partido a los miembros activos y adherentes del mismo, y convocar, en lugar de una convención, una primaria cerrada llevada a cabo a nivel distrital.⁵ Ocurrió que Vicente Fox fue el único candidato en registrarse, de manera que la primaria representó poco más que un plebiscito de la popularidad de Fox entre los militantes del PAN.⁶ En años subsecuentes el partido abrió también sus reglas de selección para gobernadores y senadores. Los únicos cargos para los cuales presentó reglas más cerradas en 2006 fueron los de diputados federales por mayoría. Tal como ocurriera en el pasado, el PAN se basó en convenciones de delegados del partido para escoger a los nominados a esos cargos, pero la participación en esas convenciones estuvo sujeta a rigurosas reglas de selección de delegados que de hecho cerraron esos procesos y que, con toda probabilidad, privilegiaron las voces conservadoras que tienden a dominar a los funcionarios locales del partido.

Partido de la Revolución Democrática⁷ En su breve historia, los dirigentes del PRD han alterado de manera significativa la mayor parte de las reglas de selección interna, poniendo cada vez más énfasis en la naturaleza participativa de las instituciones y del partido mismo. En consonancia con los estatutos fundacionales del PRD, los candidatos legislativos para las elecciones de 1991 se seleccionaron en una convención electoral nacional de miembros del partido, que tuvieron que pasar por filtros muy débiles. Después del mal desempeño del partido en esas elecciones, los dirigentes que seguían a Cuauhtémoc Cárdenas decidieron abrir los procesos de selección de candidatos. Tras esa contienda los líderes del partido adoptaron un modelo estructurado en torno al voto directo, universal y secreto de los miembros del partido (es decir, primarias cerradas) para los cargos uninominales de ambas cámaras del Congreso. Asimismo, en previsión de la contienda presidencial de 1994, el partido optó por una primaria cerrada para seleccionar a su candidato, regla que volvió a usar para la elección de 2000.⁸ A lo largo de la década de 1990 también los candidatos a gobernador del PRD se seleccionaron en primarias cerradas dentro de sus respectivos estados. (Gráfica 2)

Desde la elección de Fox el partido ha dado nuevos pasos para eliminar las barreras a la participación en sus contiendas internas. En los años noventa el PAN sólo permitía que participasen en los procesos de selección los miembros del partido, pero en un congreso nacional celebrado en 2001 adoptó una regla que le concedía al Comité Ejecutivo Nacional del partido elegir entre una primaria cerrada o una abierta para todos los cargos (con excepción de los candidatos plurinominales en las dos cámaras). Esa regla volvió a revisarse en 2004, cuando se abrieron efectivamente los procesos de selección para todos los ciudadanos con credencial de elector, incluyendo las nominaciones a todos los distritos uninominales, así como las contiendas de selección para gobernadores y para presidente (lo que se denominaba voto abierto a la ciudadanía).

El proceso de apertura del PRD ha sido mucho más dramático que el del PAN. La apertura de esos procesos es especialmente digna de mención en vista de las reglas de afiliación al partido. A diferencia del caso del PAN, el PRD tuvo reglas de afiliación laxas a lo largo del año 2000, lo que permitió el registro y la participación el mismo día de la toma de decisiones internas (incluida la selección de candidatos). La membresía abierta creó espacios para que políticos oportunistas movilizasen a sus seguidores a fin de obtener nominaciones (sobre todo en las primarias de nivel distrital), lo que dio por resultado la colonización de cargos locales del PRD por gente externa (con frecuencia priístas). En consecuencia, las primarias cerradas del PRD no estaban en realidad muy cerradas. Después de 2000 el PRD modificó sus reglas de afiliación e instauró un periodo de espera de seis meses para poder participar en las elecciones internas.⁹ Sin embargo, esa reforma fue seguida rápidamente por la decisión de abrir la mayor parte de los procesos de selección a cualquier votante mexicano (debilitando así el efecto de mayores requisitos para los miembros).¹⁰ El partido conservó sus reglas abiertas durante el proceso de 2006.

Análisis comparativo. Las figuras 3–(4)–5, que aparecen más adelante, destacan algunas tendencias importantes en las reglas de selección de ambos partidos. El primero, que puede observarse en la gráfica 3, es que en lo referente a las reglas legislativas mayoritarias parece haber algo que impide a los dirigentes abrir decididamente sus procesos de selección. La hipótesis más clara que plantean al respecto los trabajos escritos hasta hoy es que los miembros del montón pueden sentirse alienados por semejante reforma y responder eliminando a los dirigentes del partido. Asimismo, como se observa en la gráfica 4, los dos partidos siguen usando procesos de selección muy cerrados para designar a sus candidatos para los cargos plurinominales en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, y retienen el poder de las élites estatales y nacionales del partido para nombrar a un segmento importante de sus delegaciones legislativas. Sin embargo, la gráfica 5 demuestra algo bastante diferente: una consistente tendencia hacia reglas más abiertas para las contiendas ejecutivas durante la década de 1990. Los procesos de selección ejecutiva se transformaron de manera constante en esfuerzos por seleccionar candidatos aceptables y por movilizar a los votantes para la elección general. Para el año 2000 los partidos, impulsados primordialmente por su inquietud acerca de la calidad de los candidatos en el PAN, y por el deseo de inclusión democrática en el PRD, habían creado instituciones que favorecían a los "espontáneos independientes" y a los "adherentes al partido" por encima de la "gente del partido" (Siavelis y Morgenstern, 2008).

La selección de nominados presidenciales para 2006

Ni el PAN ni el PRD modificaron lo democrática que era su regla de selección presidencial para la contienda de 2006. No obstante, la temporada de campaña 2005–2006 se caracterizó por el dinamismo, por un lado, y por el otro por importantes tensiones dentro de los partidos; específicamente, en el interior de los mismos había fuerzas en competencia que debatían el lugar que debían ocupar personalidades, instituciones y miembros, de acuerdo con la forma en que se desarrollaban los procesos. El PAN fue el primer partido de México en regionalizar la primaria presidencial, lo que llevó a la, tal vez inesperada, nominación de su candidato (después triunfador) Felipe Calderón. Mientras tanto, los líderes del PRD trataron de fortalecer la posición de su candidato, Andrés Manuel López Obrador, que ocupaba el primer lugar de la elección general. Si bien los partidos diferían por la naturaleza de sus contiendas (uno, por ejemplo, era competitivo, el otro no), en ambos podemos ver la creciente influencia del personalismo en la selección de candidatos.

Partido Acción Nacional. El PAN mantuvo la estructura básica de una primaria semicerrada para 2006, la misma regla (en términos de su carácter inclusivo) que utilizó en 2000. Recuérdese que esta regla permitía la participación tanto de miembros plenamente activos como de miembros adherentes. El proceso que vivió el partido en 1999 hizo que algunos cuestionaran el valor de tener reglas de selección más abiertas, ya que los requisitos relativamente laxos para los adherentes permitió que la organización de campaña de Fox, los Amigos de Fox, inundara al partido con esos miembros, transformando a los responsables de la selección para esa contienda y las futuras, como lo sugiere la gráfica 6.¹¹

Una reforma estatutaria que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional de 2001, apoyada por los militantes panistas frustrados ante la influencia de los adherentes, volvió a cerrar la regla presidencial sólo a los miembros activos. Pero antes de que ese cambio pudiese entrar en vigor, una reforma de 2004, propiciada por el mal desempeño del partido en 2003, volvió a alterar la regla al reabrir el proceso de selección a los miembros adherentes y sugerir la posibilidad de una contienda en múltiples etapas. Se le encargó a una comisión electoral, basada en el Comité Ejecutivo Nacional, que finalizara los detalles de la forma en que se llevaría a cabo la contienda. Ese grupo reconoció que muchos de los triunfos electorales del partido estaban asociados con candidatos populares, pero menos partisanos, mientras que los candidatos devotamente panistas solían tener un magro desempeño. Esta consideración, junto con el impulso regionalizado de base amplia por parte del presidente del partido, Manuel Espino, llevó a la comisión a elaborar una regla que resultó innovadora en el contexto mexicano.

Los dirigentes del partido desarrollaron una primaria en tres etapas que se realizaría a lo largo de dos meses, en la cual, para triunfar, el ganador debería contar con la mitad más uno de la participación acumulada de la votación. Si ningún candidato lograba reunir una mayoría simple de los votos de activos y adherentes, el partido efectuaría una segunda vuelta entre los dos contendientes con mayor número de votos. Antes de ocuparnos de la mecánica con que se produjo el proceso, la regla en sí misma merece mayor atención. En vista de que los análisis previos han destacado la manipulación estratégica de las reglas de selección por parte de los dirigentes partidistas, cabe preguntarse qué pretendían ganar esos dirigentes por medio de la regionalización. Semejante proceso probablemente aumentaría la cobertura de los medios, alentaría a los votantes y, tal vez, permitiría que los candidatos obtuviesen la gran inercia que esperan alcanzar los candidatos presidenciales tanto republicanos como demócratas de Estados Unidos (García Portillo, 2007). Una primaria de sólo tres etapas puede limitar la acumulación de esa inercia, pero si la regla privilegiaba a un candidato determinado en la primera fase, podía condicionar la percepción que se tenía de las fortalezas y debilidades de los candidatos en las fases subsiguientes.

Desde luego, en la práctica esta regla se impuso a una contienda en la que participaban tres competidores muy diferentes: un líder partidista desde hacía tiempo, con limitada experiencia ejecutiva (Felipe Calderón Hinojosa), el poderoso secretario de Gobernación y favorito de Fox (Santiago Creel) y un popular gobernador de Jalisco, entidad en la que se encuentra la segunda ciudad de México (Alberto Cárdenas).¹² El mapa 1 muestra las etapas de la primaria en los estados, así como los márgenes de victoria de los candidatos.¹³

El mapa 1 muestra con claridad que Calderón pudo desarrollar una inercia significativa a medida que avanzaba la contienda. Si bien en la ronda inicial los márgenes de victoria fueron comparativamente pequeños, en la segunda y la tercera muchas veces resultaron más marcados. Lo que el mapa no muestra es quién fue el triunfador real en esas rondas. Creel logró obtener la mayoría del voto en dos estados en la segunda ronda, pero en la tercera no consiguió ningún estado. Mientras tanto Cárdenas sólo se llevó su estado natal, Jalisco. Sin embargo, en última instancia las cifras en el ámbito estatal que pueden obtenerse por medio del partido son muy engañosas. Durante cada etapa se agregaron los votos de los diversos estados, lo que volvía increíblemente importante comprender el tamaño y el carácter del grupo de electores en las primarias. Si bien el PAN no proporciona los registros precisos de la votación por estado durante esa contienda, las listas actuales de miembros revelan la importante influencia de un puñado de estados en los resultados globales: siete estados de México contribuyeron con más de la mitad del número total de miembros activos y adherentes del partido, como lo sugiere la gráfica 7.¹⁴

En los megaestados del PAN (México, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán y Jalisco), tanto Creel como Cárdenas fueron capaces de alcanzar la mayoría sólo en uno de ellos: Creel ganó en Oaxaca por un margen de 3.17 por ciento y Cárdenas hizo lo propio en Jalisco por 11.76 por ciento. En los dos estados con el mayor número total de miembros en las primarias, Calderón ganó por 20.69 (estado de México, primera etapa) y 8.24 por ciento (Veracruz, segunda etapa). Esos estados, por sí solos, podrían haber contribuido a la acumulación de inercia por parte de Calderón.

El carácter de los responsables de la selección también parecía esencial. Creel había contado con el apoyo de los miembros adherentes del partido y, con base en su número preponderante (sobre los activos), había supuesto que podía derrotar tanto a Calderón como a Cárdenas. Con base en los datos agregados de miembros del PAN, sus cálculos parecen razonables y sobre la base de los mismos se concentró en el votante mexicano, no en el miembro ardiente del PAN, durante toda la campaña para las primarias. No obstante, si bien los adherentes constituían aproximadamente 70 por ciento de los miembros del partido, eran sólo una tercera parte de los votantes en la primaria misma (García Portillo, 2007). Como lo demuestra el mapa 2, si los adherentes hubiesen tenido una mayor concurrencia, realmente podían haberle concedido la victoria a Creel (Omaña del Castillo, 2005).¹⁵

El otro factor en esta contienda fue la fuerza de la base de apoyo de Calderón entre los miembros activos del partido. En ese sentido, Calderón no fue un triunfador inesperado, aunado a que su desempeño estuvo muy por encima de las expectativas de muchos. El equipo de Calderón, aprovechando sus cargos previos como presidente del partido, coordinador de los diputados locales, senador y diputado, la larga asociación de su esposa con la división de promoción política de la mujer dentro del partido, el trabajo de su hermana Luisa María con la promoción ciudadana del PAN y la presencia de su familia en la tradición partidista, sacó ventaja de una fuerte red nacional y de vínculos especialmente poderosos con dirigentes del partido en el ámbito estatal que obtuvieron mayor poder por la regionalización de la contienda. Cárdenas y Creel no podían presumir de tener redes parecidas de aliados o vínculos con actores que conformaban la opinión.

Partido de la Revolución Democrática. A diferencia del PAN, el PRD realizó una modificación básica en la regla formal que había elaborado para el proceso de nominación de 2006 al abrir la contienda a todos los mexicanos que tuviesen credencial electoral en regla. (Recuérdese que en 2000 el PRD usó una primaria cerrada pero planteó requisitos muy laxos para los miembros y puso en práctica el registro como miembro del partido y la posibilidad de votar el mismo día.) En el pasado la regla formal había tenido escasa importancia, ya que Cuauhtémoc Cárdenas había sido siempre el candidato presidencial indisputado (que compitió por el fdn en 1988 y por el partido mismo en 1994 y 2000).

La competencia para 2006 le presentó al PRD un escenario muy diferente. El jefe de gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, se había ubicado durante su periodo de gobierno como principal candidato de su partido, gracias a una ambiciosa plataforma para la capital (que incluía reformas educativas, de obras públicas y de política social) y, sorprendentemente, gracias también o a pesar de tener que defenderse de diversas acusaciones de fraude y soborno, así como de un esfuerzo sostenido y amplio por expulsarlo de su cargo. En el año anterior a la primaria ostensible del partido, la mayoría de los dirigentes del PRD, en casi todas las facciones del mismo, sostenían enérgicamente que el candidato indisputado del partido para 2006 era López Obrador.

Sin embargo, esas esperanzas se extinguieron cuando en septiembre Cárdenas retiró formalmente su precandidatura y el partido canceló la primaria que había programado. Si bien algunos sostuvieron que Cárdenas no deseaba participar en una contienda que parecía destinado a perder, él mismo aseguró que las condiciones del partido no facilitarían un legítimo debate de ideas durante una campaña para las primarias, condena no demasiado sutil de la hegemonía de López Obrador en la organización (Sarmiento, 2005). Cárdenas dedicó entonces su energía a la política fuera del PRD, haciendo surgir primero el fantasma a corto plazo de una posible escisión del partido si decidiera competir fuera del mismo y después, en una confrontación con López Obrador y sus seguidores en torno al nominado del partido para el gobierno de la ciudad de México. En este último caso Cárdenas se movió en apoyo del miembro de largo cuño del PRD y aliado suyo, Pablo Gómez, mientras que gran parte de la directiva del partido se inclinaba por Marcelo Ebrard, simplemente por el apoyo que le daba López Obrador y el peso electoral que eso representaba y a pesar de su asociación previa con la administración de Salinas.¹⁶ Al igual que el mismo López Obrador, su candidato, Marcelo Ebrard, aseguró la nominación. Un mes después de que Cárdenas se retirase de la campaña, López Obrador había obtenido el apoyo de Lázaro Cárdenas Batel (hijo de Cuauhtémoc y gobernador de Michoacán, baluarte del PRD), así como de otros líderes políticos del estado (Aguirre, 2005). Como resultado, el proceso de nominación del PRD en 2005, a pesar de su inicio muy diferente, parecía notablemente familiar: un candidato caudillo llegaba sin oposición a ser nominado por el partido. La diferencia crucial, desde luego, consistía en que López Obrador surgió, después de no haberse celebrado la contienda, como favorito en la elección general, en oposición al perpetuo estatus indiferente de Cárdenas.

Análisis comparativo. Los procesos y no procesos de selección del candidato presidencial de 2005 sugieren que, al igual que en el pasado, los dirigentes del partido utilizaron procesos de selección ejecutiva como medios para consolidar a su partido entre el electorado y, lamentablemente, no tanto como un mecanismo para la representación sustantiva de ideales partidistas. Como ocurre con tanta frecuencia, el PRD presenció tendencias internas en duelo: una preferencia por un singular candidato de unidad (esta vez López Obrador) y una preferencia por una primaria que reforzaría el apoyo popular al mismo candidato. Por último, la decisión de Cárdenas de mantener a salvo su prestigio y evitar una derrota cierta dejó al partido en el mismo punto en el que suele encontrarse: con reglas internas respetables, democráticas, que raras veces se ponen a prueba para el candidato al cargo más importante.

Resulta interesante advertir que, utilizando su reglamento más electoralista hasta entonces (una primaria cerrada bastante incluyente con un componente de gran inercia), el PAN terminó por nombrar a un candidato relativamente conservador. Esto, sin embargo, no fue función del reglamento, que favorecía con claridad a un candidato carismático. No obstante, ninguno de los oponentes de Calderón tenía un apoyo de base lo bastante amplio entre votantes de las primarias como para darle el primer lugar, mientras que los firmes vínculos de Calderón con la burocracia del partido y las organizaciones estatales del mismo probablemente favorecieron su candidatura. Si los perfiles de los candidatos hubiesen sido diferentes, parece bastante posible que Calderón no hubiera resultado victorioso.

Conclusión

Los procesos de selección de candidatos que en 2006 llevaron a cabo el PAN y el PRD confirman lo que sospechaban ya los estudiosos de la selección de candidatos: más allá de sus papeles formales en la nominación de candidatos para los cargos, los políticos convierten estos procesos para que también cumplan fines secundarios (Thelen, 2003). En 2005 la competencia en las primarias (e incluso la falta de ella) se usó para estimular a los votantes para la elección general y obtener atención adicional de los medios para los candidatos. La reglamentación presidencial, de manera congruente con la reciente historia de selección ejecutiva en México, favoreció también la participación potencial de los votos por encima del contenido programático del partido, si bien la curiosa victoria de Calderón en el proceso del PAN sugiere que incluso reglas abiertas pueden producir partidarios leales (o fieles dentro del partido).

En el PAN, al menos, parece probable que los cambios futuros se hagan eco del pasado. El éxito de las primarias de 2005 disparó nuevas revaloraciones de los procesos históricos del partido y renovó los debates acerca de los costos y beneficios relativos de la apertura. Una propuesta actual del cen del PAN entraña más democratización en la selección de candidatos al hacer que todos los puestos (con excepción de las curules de representación proporcional) estén sujetos tanto a una primaria interna (que incluya a adherentes y activos) como al uso de encuestas diagnósticas de opinión pública.¹⁷ Salvo que se produzcan cambios dramáticos en la política del partido, es poco probable que el PRD dé marcha atrás a sus aclamadas reglas abiertas y democráticas.

Si bien los procedimientos abiertos para la selección de candidatos pueden desarrollar una necesaria competencia en los partidos mexicanos, la democratización de las reglas para la nominación que amplían la participación, puede tener resultados francamente inesperados, recompensando a los carismáticos y a los caudillos antes que a los candidatos experimentados pero menos telegénicos. Si bien el resultado de la primaria del PAN en 2005 desafía esa lógica, eso tiene que ver más con un error estratégico por parte de Creel que con el carácter de la regla regionalizada, el ordenamiento de los estados o los miembros con voto en las primarias. Si se mantienen las tendencias actuales hacia una apertura cada vez mayor, parece probable que se presenten dos resultados negativos. Primero, cabría esperar que se produjesen declinaciones aún mayores del contenido programático de la política mexicana y se mantuviese el dominio de las personalidades y los populistas. Segundo, y de hecho como consecuencia de lo anterior, es poco probable que mejore la imagen pública de los partidos. En realidad los votantes y los ciudadanos mexicanos, a los que tal vez se sumen ahora ex activistas descontentos, seguirán viendo los partidos mexicanos como vehículos para los intereses de la élite y de los políticos hambrientos de poder. Ninguna de esas dos posibilidades es un buen augurio para el futuro del experimento democrático de México.

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Entrevistas

Calderón Hinojosa, Luisa María (2004), 15 de junio.

Campo, Jesús Martín del (2000), director de la Comisión para la Refundación del Partido del PRD, 14 de noviembre.

García, Amalia (2000), presidenta del PRD, 14 de diciembre.

––––––––––(2007), secretario de la Comisión Nacional de Elecciones, 24 de abril.

Herrero Arandia, José Fernando (2000), senador federal del PAN, 13 de marzo.

Ocejo, Jorge (2000), secretario de relaciones del PAN, 6 de abril.

Rivadeneyra Hernández, Alfredo (2000), de secretario de fortalecimiento interno del PAN, 1 de septiembre.

Santos, Petra (2000), diputada federal del PRD 27 de noviembre.

Valle Morales, Mauricio del (2004), presidente del Comité Nacional del Servicio Electoral del PRD, 1 de julio.

Notas

Traducción del inglés de Victoria Suchssheim.

² Las reglas para la selección de candidatos en el PAN se especifican en dos documentos del partido, sus estatutos y sus reglamentos, y son puestas en práctica por el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional del partido. Los estatutos se discuten en las asambleas nacionales, las cuales se celebran cada tres años, mientras que los reglamentos son resultado del trabajo del Consejo Nacional y sus subcomités. A lo largo del tiempo, los líderes del PAN han modificado la ubicación institucional precisa de esas reglas. El capítulo IV de los estatutos del PAN ha expresado de manera consistente los fundamentos básicos para la selección de candidatos, pero los reglamentos determinados que especifican con mayor detalle los procesos han cambiado con el paso del tiempo. Por ejemplo, en 1999 los reglamentos XI y XII se concentraban en esos procedimientos, mientras que en 2000 éstos se habían pasado al reglamento IV.

³ Mizrahi (2003) sostiene que las reglas cerradas de selección del PAN se debieron a la naturaleza sectaria del partido, la cual, a su vez, era función de la marginalización del mismo y de sus cuerpos de activistas en los años cuarenta, cincuenta y sesenta.

⁴ En las cifras que aparecen más adelante, cuantifico mi medición de la apertura de las reglas de selección en una escala ascendente de ocho puntos. Las ocho categorías son: 1) imposición individual, 2) toma de decisiones por la élite nacional, 3) toma de decisiones por la élite local, 4) convención cerrada con un umbral alto para los miembros, 5) convención cerrada con un umbral bajo para los miembros, 6) primaria cerrada con un umbral alto para los miembros, 7) con un umbral bajo para los miembros, y 8) primaria abierta. No existen codificaciones intermedias; en la gráfica 1 he ajustado ligeramente algunos valores a fin de que todas las tendencias resultasen visibles a lo largo de todo el periodo. Por ejemplo, cuando múltiples partidos emplean primarias cerradas con un umbral bajo para los miembros, los codifico como 6.9, 7.0 y 7.1.

⁵ Es notorio que no se trata de una primaria de preferencia presidencial (es decir, para seleccionar delegados a una convención nacional, como ocurre en el caso de Estados Unidos), sino de una primaria directa para seleccionar al candidato presidencial. También resulta crucial el cambio de la estructura de la membresía del PAN a finales de los noventa, cuando bajo la dirección de Felipe Calderón Hinojosa el PAN creó miembros de segunda fila (los adherentes) que tienen derechos limitados de participación en la vida del partido. Las primarias cerradas previas a 2000 solían excluir a los adherentes y desde ese año el Comité Ejecutivo Nacional ha incluido y excluido, en forma alterna, a esos miembros, que superan por mucho a los activos, quienes tienen plenos derechos de participación. El autor le agradece a un revisor anónimo su sugerencia de aclarar que, si bien la convención no selecciona ya al candidato presidencial del PAN, sigue desempeñando importantes funciones internas en el partido.

⁶ Fox había movilizado una organización de campaña extra partidista, Amigos de Fox, tan fuerte que de hecho orilló a todos los oponentes potenciales a hacerse a un lado.

⁷ En el PRD el Consejo Nacional, cuerpo deliberativo de doscientos o más integrantes del partido, es responsable de elaborar las reglas específicas que rigen los procesos de selección de candidatos. Los estatutos del partido, que expresan el marco de referencia general para esa selección, se revisan en reuniones del Congreso Nacional celebradas cada tres años. Antes de las elecciones legislativas de 2003 los procedimientos específicos relativos a la selección de candidatos estaban incluidos por separado en un reglamento general de elecciones internas. En la actualidad están incorporados a los estatutos del partido, en el capítulo XI.

⁸ En ambos casos la conclusión que se daba por sentada cualquiera que fuese el proceso de selección empleado era la designación de Cárdenas.

⁹ Véanse los reglamentos del PRD, capítulo II (versión de 2000). Esta regla es similar al requisito de membresía del PAN.

¹⁰ Debido a la importancia de la revisión de 2004 para los procesos de selección del PRD, que se comentó en páginas previas, la he incorporado en la gráfica 2.

¹² Si bien Creel era evidentemente el candidato preferido de Fox, el presidente fue incapaz de imponer su elección sobre su partido, a la manera en que lo hicieran los presidentes priístas en el pasado.

¹³ Es notable que ninguno de los estados natales de los candidatos (Jalisco, Michoacán y la ciudad de México) se incluyeran en la primera etapa de la contienda, y todos estuvieron incluidos en la última.

¹⁴ Datos proporcionados por el registro de miembros del PAN.

¹⁵ En el apéndice se presentan los resultados de las votaciones en las primarias en el ámbito estatal.

¹⁶ La ex presidenta del PRD y jefa de gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles, escribió una candente crítica de su nominación durante la campaña de 2005–2006; véase Robles (2005).

¹⁷ Para los cargos ejecutivos el peso relativo de esas dos fuentes de decisión es 60/40, mientras que para las contiendas legislativas el peso de los miembros se eleva a 70 por ciento. Una parte notable de la reforma implica también abolir las convenciones para la selección de candidatos a puestos uninominales en el poder Legislativo. Comunicación personal con el secretario de la Comisión Nacional de Elecciones, Arturo García Portillo, 26 de marzo de 2007. Sin embargo, para principios de 2009 parecía probable que la dirigencia nacional del PAN procuraría intervenir de manera muy completa en la nominación de candidatos legislativos del partido.

Artículos

Competir y ganar: Calidad de los candidatos en las elecciones legislativas de 2006 en México

Running and Winning: Candidate Quality in Mexico's 2006 Legislative Elections

Gregory Love*

* Profesor asistente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Mississippi. Correo electrónico: gjlove@olemiss.edu.

Resumen

El artículo sostiene que en la elección de 2006 para la Cámara de Diputados los rasgos individuales y la experiencia de los candidatos afectaron los resultados electorales. Los análisis se realizaron utilizando una base de datos con información biográfica de 171 candidatos en 57 distritos elegidos al azar. Los resultados demuestran que los candidatos influyeron en las elecciones federales recientes. Además, los resultados ponen de manifiesto que la definición común de "alta calidad" de los candidatos es insuficiente en el caso de México. En la segunda parte del artículo se analiza cómo los diferentes tipos de candidatos fueron nominados por cada partido/coalición, y examina cómo los tipos de candidatos nominados pueden predecirse parcialmente a partir de sus reglas de designación y de sus integrantes con éxitos electorales previos.

Palabras clave: candidatos, 2006, elecciones, PAN, PRI, PRD, Cámara de Diputados, calidad candidato, nominaciones, reelección, biografía política.

Abstract

The article argues that in the 2006 Federal Chamber of Deputies election, individual candidate traits and experience affected electoral outcomes. Analyses were conducted using a unique dataset of biographical information for 171 candidates in 57 randomly drawn districts. The findings demonstrate that candidates mattered in the recent federal legislative elections. Additionally, they show that the common definition of "high quality" candidates (previous office holders) is insufficient in the Mexican case. The second part of the article analyzes how differing types of candidates were nominated by each party/pact, and examines how the types of nominated candidates can be partially predicted based on the party's nominating rules and their pool of members with previous local electoral success.

Keywords: candidates, 2006, elections, PAN, PRI, PRD, Chamber of Deputies, candidate quality, nominations, reelection, and political biography.

Para comprender quién ganó las elecciones legislativas federales de 2006 y por qué, es fundamental entender quién compitió y por qué. La prohibición vigente en México de una reelección inmediata hace que los candidatos individuales sean irrelevantes para los votantes. En este trabajo sostengo que, para la elección de 2006, en ocasiones los votantes sufragaron en función de quién era el candidato; los orígenes de éste, su experiencia electoral y su red política afectaron sus posibilidades a la hora de ganar un puesto en la Cámara de Diputados. Los votantes no eligieron el tipo de candidato que un partido nomina, sino que tuvieron que elegir entre un número (muy) reducido de candidatos para una curul determinada. En un distrito concreto un votante tenía, en el mejor de los casos, tres candidatos serios entre los cuales podía elegir. Saber quiénes eran esos tres individuos es importante para entender los resultados de esta elección.

Un ejemplo del papel de las características del candidato es la elección de Rogelio Muñoz Serna en el XXVIII distrito del Estado de México. Muñoz era un candidato muy experimentado, había ocupado curules en la legislatura estatal y había sido presidente municipal y regidor. Además tenía vínculos con los sindicatos e intervenía activamente en el partido en el ámbito local. Comparados con él, sus oponentes no tenían más que una experiencia mínima. Si los rasgos individuales de los candidatos careciesen de importancia, toda la experiencia de Muñoz hubiese tenido poco valor y su suerte electoral hubiera estado estrechamente vinculada con el desempeño general de su partido. Pero no fue así. Muñoz logró ganar un escaño en la Cámara de Diputados en un distrito en el cual Roberto Madrazo, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quedó en tercer lugar. Ese tercer puesto de Madrazo en el distrito correspondió a 21 por ciento de los votos; Muñoz obtuvo 32 por ciento de los sufragios para la Cámara de Diputados.¹

El patrón que se observó en el XXVIII distrito del Estado de México se puede encontrar en general en muchos distritos del país. Como se demuestra más adelante, quién era el candidato influyó sobre la distribución de los votos y en ocasiones sobre quién ganó, incluso en un año de elección presidencial. En conjunto, para comprender y evaluar una lección crítica de la transición de México a la democracia liberal, resulta importante ser consciente de quién disputaba el cargo.

A fin de entender los resultados de esta elección, también es fundamental saber el tipo de candidato que los partidos favorecían. ¿Diferían en algo los candidatos del PRI de los del Partido Acción Nacional (PAN) o de los del Partido de la Revolución Democrática (PRD)? Y, ¿cómo y cuándo las perspectivas políticas de un partido afectaron el tipo de candidato que designaron o que pudieron nominar? Para responder estas preguntas y, en general, para entender la naturaleza de los candidatos al Congreso en las elecciones federales de 2006, analizo una base de datos original que contiene información biográfica de 174 candidatos para los puestos del distrito uninominal de los tres principales partidos/coaliciones, junto con información contextual tomada de entrevistas con los candidatos y notas aparecidas en los medios. Esta base de datos, que se describe más adelante, es la primera muestra representativa y sistemática de biografías políticas de triunfadores y perdedores electorales en México. Proporciona una visión única de quién contendió y por qué.

Normalmente los estudios sobre las elecciones legislativas mexicanas no han analizado en forma extensa qué tipo de individuos son nominados por los partidos (Camp, 1995b; Díaz, 2000, 2004; Magaloni, 2007; Poiré, 2002) (para una excepción véanse Langston, 2004; Greene, 2007). Los candidatos individuales no son tenidos en cuenta y los partidos, ubicados en diferentes puntos geográficos, son el centro de las explicaciones de quién ganó y por qué. El estudio sobre el surgimiento de los candidatos ha estado centrado en los partidos y se le ha prestado poca consideración al conjunto de virtudes potenciales de los candidatos y a su papel en las elecciones. Esto se debe en parte a varios factores, entre los cuales se incluyen los mecanismos de financiamiento público en México, el histórico control estrecho del PRI sobre las nominaciones y los resultados electorales, y la naturaleza de los datos derivados de las encuestas de opinión pública. Esto, sin embargo, no significa que los candidatos sean irrelevantes.

Los candidatos a cargos de elección popular desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento de la gobernanza democrática. A través de la selección de un candidato en lugar de otro (ya sea de manera directa o por medio del voto a un partido) es como el electorado normalmente influye sobre las acciones del gobierno y asegura la rendición de cuentas por las decisiones que toman los políticos. Por ejemplo, el marco de referencia downsiano (1957) de voto retrospectivo requiere cierta cantidad de información acerca de un individuo para determinar el grado de desempeño de un funcionario o partido en el poder. Muchas veces esta información proviene de la campaña electoral de quienes ocupan el poder y de sus opositores. En última instancia, la habilidad de los candidatos para llevar el debate más allá del desempeño determina la decisión de voto (Zaller, 1992; Jacobson, 1990; Jacobson y Kernell, 1981; Ansolabehere y Snyder, 2002; Schlesinger, 1966). La principal fuente de información que tiene el votante respecto a las capacidades de un candidato es la que éste proporciona. El formato general que se utiliza para tomar decisiones democráticas en relación con la política gubernamental en México implica que los votantes seleccionen entre un conjunto de candidatos en una elección que da por resultado políticos que determinan políticas de gobierno.

Se ha desarrollado una extensa bibliografía que tiene por objeto el estudio de los candidatos para la Cámara de Diputados de Estados Unidos, la cual muestra que quien aspira al Congreso determina quién tiene el puesto. Hay un consenso general en el sentido de que es posible diferenciar entre los candidatos de "alta calidad" y los que no lo son en función de su experiencia previa en puestos de elección popular (Jacobson, 1990; Fiorina, 1994; Krasno y Green, 1988; Ansolabehere etal., 2000; Abramowitz etal., 2006; Squire, 1989; Schlesinger, 1966; Tufte, 1975). Contar con experiencia electoral es un factor fundamental para explicar quién gana en una contienda abierta al Congreso. Los recursos o habilidades que se desarrollan al competir y obtener cargos públicos de menor nivel permiten que los candidatos tengan más éxito, en promedio, que quienes carecen de dicha experiencia. Y la forma última de experiencia política, estar en el poder, es en muchos sistemas electorales el elemento de predicción más eficiente para saber quién gana. La categoría "alta calidad" que se le aplica a un candidato indica que esos individuos suelen ser contendientes fuertes en las elecciones, no que sean más eficaces para representar o promover y alcanzar los ideales de la democracia.

Para Estados Unidos, Japón, Chile y otros países, existe evidencia de que los candidatos que han ocupado cargos de menor nivel tienen más probabilidades de obtener puestos de mayor importancia. Incluso en el sistema político de Japón, basado más en los partidos, las conexiones políticas de un candidato (frecuentemente desarrolladas mediante la competencia política regional) tienen importancia para obtener un escaño en la Diet (Scheiner, 2006). En México la investigación sobre este tema ha sido limitada. Varios estudios (Greene, 2002; Poiré, 2002; Magaloni, 2007; Langston, 2008) han abordado sólo parcialmente el papel de los candidatos en la transición del régimen autoritario–democrático al actual entorno competitivo, pero no existe consenso acerca de su papel en los resultados de las elecciones legislativas. Además de contribuir a encontrarle sentido a las famosas elecciones federales de 2006, este trabajo arrojará también algo de luz sobre el papel de los candidatos legislativos en la democracia mexicana.

En muchos sistemas electorales, entornos políticos disímiles —ya sea debido a diferencias en los partidos o entre las distintas elecciones— afectan cuando y donde diferentes tipos de individuos deciden competir por un puesto. Cuando la posibilidad de victoria es elevada los candidatos con más experiencia, con redes políticas más amplias, con mayor renombre o con más recursos financieros deciden participar en la carrera (Stone et al., 2004; Jacobson 1990; Krasno y Green, 1988; Squire, 1989; Nicholson y Segura, 1995). Por ejemplo, un candidato con experiencia y buen financiamiento preferirá abstenerse de competir antes que participar en una contienda costosa con pocas probabilidades de terminar triunfador. Esto ocurre más a menudo cuando una persona que está en el poder compite por un escaño. Una vez más, hay evidencia de que este efecto de selección se produce en varios países, aparte de Estados Unidos (Scheiner, 2006; Carey y Siavelis, 2005; Luna, 2005; Samuels, 2001, 2003).

Un segundo aspecto —que no es exclusivo de México, pero sí muy diferente del sumamente estudiado caso de Estados Unidos— es la variación en las estrategias de nominación empleadas por los tres principales partidos. No hubo dos partidos que utilizasen los mismos métodos para seleccionar a los candidatos de mayoría para la Cámara de Diputados. Los métodos diferían por sus niveles de apertura y centralización, los cuales deberían reflejar tanto la estructura interna del partido como la del electorado, así como influir sobre los tipos de candidatos que designaban. Debido a su larga historia como partido hegemónico cerrado, el PRI emplea un proceso de nominación en extremo centralizado, que debería producir candidatos con amplia experiencia y estrechos vínculos con la dirigencia del partido. La dirigencia central del PRI, incluso cuando utiliza ostensiblemente elecciones primarias, ha mantenido un firme control sobre las nominaciones (Wuhs, 2006). Ese no es el lugar para encontrar políticos emprendedores e independientes. El PAN ha utilizado durante mucho tiempo convenciones de nominación que son más abiertas que el método del PRI. Como señala Wuhs en este volumen, a diferencia de los otros procedimientos de nominación del PAN, los de la Cámara de Diputados han permanecido en manos de los activistas locales y estatales del partido. Si bien el PAN ha empezado a realizar primarias para las designaciones presidenciales y otros procesos abiertos para senadores y gobernadores, las nominaciones para los candidatos a la Cámara de Diputados han continuado sin cambios. De estas convenciones esperaríamos que surgieran candidatos con más conexiones locales con el partido y con el electorado. Debería seguir teniendo importancia un largo historial de servicio al partido, aunque menos que en el caso de los candidatos del PRI. El PRD tiene los procesos más abiertos y democráticos de los tres partidos (Langston y Díaz–Cayeros, 2003, Langston, 2006, 2008; Wuhs, 2006). Debido a que utilizó con frecuencia primarias u otros métodos que no estaban estrechamente controlados por los dirigentes centrales del partido, y ni siquiera por los estatales, hay más espacio para la nominación de políticos emprendedores (como los ex políticos del PRI) y de personas con vastas conexiones con el electorado local que no tienen una base partidista (véase Wuhs, en este volumen, para un amplio análisis de los procedimientos de nominación del PAN y del PRD para todos los cargos federales). Los análisis que aparecen más adelante indican que en 2006 era más probable que los partidos nominasen candidatos con biografías políticas que coincidían con lo que cabría esperar de los procedimientos de nominación de los partidos.

Datos

Los principales análisis se llevan a cabo sobre una nueva y única base de datos que observa las biografías políticas y las trayectorias de una muestra aleatoria de candidatos de mayoría relativa a la Cámara de Diputados federal en 2006. Gracias al uso de fuentes como periódicos, resultados de elecciones estatales, páginas web de los gobiernos locales y otros registros públicos, recopilé diversos tipos de información concerniente a la experiencia de un candidato en puestos de elección, en la administración pública, en la dirigencia sindical y, en menor medida, liderando grupos sociales. Para los candidatos que perdieron, las dos principales fuentes de información biográfica fueron reportes de periódicos relativos a la campaña (sobre todo locales, pero también de algunos periódicos de difusión nacional a través de Infolatina),² y de sitios web gubernamentales históricos, si el candidato había desempeñado algún puesto público. Los periódicos regionales del Grupo Reforma, diarios nacionales como Reforma, El Universal, La Jornada, y periódicos locales de menor tamaño, registraban los nombres y cargos de los dirigentes políticos de los municipios (como presidentes municipales y regidores), los funcionarios de la administración pública, los legisladores locales y los dirigentes del partido. Estas fuentes de datos se complementaron con información de sitios web municipales, estatales, federales (en especial los de la Cámara de Diputados y la de Senadores), así como del Diario Oficial. Existe la posibilidad de que no todos los funcionarios y dirigentes de los partidos, en particular los que no fueron electos, sean mencionados en los medios o en las fuentes del gobierno. El sesgo introducido por estas omisiones quizás es insignificante, porque los cargos sobre los que no suele haber noticias son los menos significativos. Es probable que cualquier habilidad o recurso adquirido por haber desempeñado esos cargos menores sea de poco valor. Para los candidatos que ganaron, la información biográfica provino de Monitor Legislativo³ y de los partidos políticos.

Puesto que no existen bases de datos únicas (o incluso dobles) acerca de los resultados de candidatos individuales a nivel local, estatal y federal, compilar biografías para ganadores y perdedores por igual es una labor que requiere mucho tiempo. En especial, las personas que no detentaron cargos públicos pero que fueron funcionarios clave de la administración pública o que encabezaron grupos sociales, sólo tienen registros de esta experiencia en periódicos locales o regionales. Debido a ello, la base de datos no incluye el universo de los aproximadamente novecientos candidatos de los tres principales partidos/coaliciones, sino que constituye una muestra representativa.

Seleccioné al azar 60 de los 300 distritos de mayoría relativa y recopilé información sobre los tres candidatos principales de cada uno de esos distritos. Debido a anormalidades en la elección o a restricciones de los datos fue necesario dejar de lado tres distritos, y los siguientes análisis se llevan a cabo utilizando datos de 57 de los mismos. Ya que estos se tomaron al azar, son representativos del universo de 300 distritos. Los candidatos que aparecen en la muestra reflejan de manera representativa a todos los candidatos de los partidos principales para los escaños de mayoría relativa en la Cámara de Diputados. El porcentaje de ganadores de cada partido o coalición de la muestra es casi el mismo que en el resultado nacional. Lo mismo puede decirse acerca del número de candidatos y de la distribución geográfica de los distritos. El Estado de México fue el que tuvo más distritos en la muestra, seguido por Jalisco y por el Distrito Federal. En ella se incluyen distritos de 27 estados diferentes, desde Baja California hasta Chiapas. En cada uno de los 57 distritos recopilé datos para cada uno de los tres candidatos de los principales partidos o coaliciones. El cuadro 1 muestra los distritos incluidos en la muestra y la filiación partidista del diputado electo en 2003 y la del que resultó triunfador en 2006. Entre 2003 y 2006, 45 por ciento de los distritos quedaron en manos de partidos diferentes.

El análisis sistemático de la base de datos biográfica se expande con datos descriptivos derivados de entrevistas que llevé a cabo con candidatos y ex candidatos en el verano de 2006 y en marzo de 2007. Estas entrevistas permiten ver las estrategias y las metas a largo plazo de las carreras de los políticos dentro del sistema mexicano. Los candidatos ganadores confirman que están siempre mirando hacia un nuevo puesto y ubicándose de modo tal que sean capaces de lograr tanto la nominación como la elección general. Ganadores y perdedores por igual ven a determinados oponentes como fuertes o débiles, al margen de la fortaleza del partido al que representen. En general las entrevistas confirmaron los hallazgos de los análisis estadísticos.

Hallazgos

El cuadro 2 presenta datos cruzados que permiten ver la distribución de las experiencias de diferentes candidatos de los tres principales partidos (los datos tratan a los candidatos de los partidos pequeños que formaron coaliciones con el PRI y con el PRD como si hubiesen sido nominados por el partido principal).⁴ El cuadro muestra que los tipos de candidatos nominados difieren de manera significativa según el partido. Las secciones del cuadro indican que un candidato que ha ocupado cierto tipo de puesto puede no sumar cien porque un individuo puede haber detentado (como con frecuencia ha ocurrido) más de un cargo previo. En general los candidatos del PRD poseían notablemente menos experiencia electoral que los del PAN o los del PRI. Alrededor de la mitad de los candidatos de estos dos últimos partidos habían ocupado previamente un cargo público de elección, pero la naturaleza del cargo detentado difiere entre ambos partidos. Con sus muchos años de gobierno hegemónico, más candidatos del PRI habían sido diputados locales o presidentes municipales, mientras que los del PAN obtenían con más frecuencia su experiencia electoral en los consejos municipales, como regidores. El PAN parece basarse, más que el PRI, en miembros con mayor base local y en personas nuevas en el escenario político. Al parecer el efecto es más pronunciado aún en el caso del PRD. Varios de los candidatos de este partido con amplia experiencia electoral que aparecen en la muestra son ex miembros del PRI. Esto se debe en parte a que un candidato del PRI habría obtenido su experiencia electoral en los últimos días de la hegemonía de ese partido o en los primeros años de competencia abierta, cuando los partidos de oposición tenían más dificultades para ganar las elecciones.

Algo nuevo en el sistema político mexicano es el dramático y rápido declive del dominio que ejerce el PRI sobre los sindicatos. Durante décadas, los sindicatos mexicanos estuvieron controlados y cooptados por el partido gobernante. Dado que eran uno de los principales pilares de apoyo del partido, el PRI contaba con los sindicatos para que organizasen y enviasen a los votantes (y a los manifestantes, en el periodo final de la hegemonía) en apoyo al partido. A su vez, los sindicatos —y en especial sus líderes— recibían contratos favorables y bienes selectivos. Esta conexión entre los sindicatos y el PRI fue un componente central del control del PRI sobre el sistema político mexicano desde la fundación del partido (Murillo, 2001; Burguess, 1999; Collier y Collier, 2002). Durante la década de 1980 y principios de la de 1990 un candidato al Congreso por el PRI tenía que contar, por lo menos, con una afiliación oficial a una de las principales centrales de trabajadores. En realidad un gran porcentaje de los candidatos eran líderes sindicales (Langston, 2006; Murillo, 2001). En 2006 las cosas parecían ser diferentes. La férrea conexión entre el PRI y el trabajo organizado daba la impresión de estar desmoronándose.

El cuadro 2 muestra que no sólo otros partidos tienen candidatos con fuertes conexiones con el trabajo organizado, sino que el PRI ya no es el que tiene el mayor número de aspirantes vinculados con los sindicatos. Con la pérdida de la presidencia y de los últimos vestigios de control hegemónico, el PRI parece incapaz de proporcionar los bienes selectivos y el tratamiento preferencial que mantuvo a los sindicatos de su lado. El grado de beneficios concedidos a los sindicatos ya no es una simple decisión interna del partido, sino que tiene que mediarse entre los tres partidos en la legislatura y ser aprobado por un presidente del PAN. Los sindicatos parecen tener pocos incentivos para seguir con el PRI.

Como cabría esperar de las estructuras retóricas e institucionales del PRD, este partido ha sido el principal beneficiario de la debilitada vinculación del PRI con los sindicatos. El PRD tuvo más candidatos de las dirigencias sindicales que el PAN o el PRI. La naturaleza populista del partido y su proceso abierto de nominación propició la designación de candidatos con mucha fuerza local y con seguidores que no necesitaban estar vinculados con el partido. En 2005–2006 el candidato presidencial del PRD parecía ser el probable ganador, lo que hacía que el partido diese la impresión de ser el posible receptor del botín que se obtiene al controlar el Poder Ejecutivo. La combinación de convergencia ideológica, un proceso abierto de nominación y la percepción de la probabilidad de ganar la presidencia fueron incentivos poderosos para que los dirigentes sindicales siguiesen alejándose del PRI y acercándose al PRD.

Varios de los dirigentes sindicales que eran candidatos no habían sido miembros del PRD pero tenían popularidad en sus respectivos distritos, como Ramón Pacheco en el distrito III de la ciudad de México. Pacheco era un dirigente de alto rango del sindicato de electricistas que, entre otras cosas, había organizado a la gente en esa sección pobre de la ciudad de México y era un candidato sumamente popular a la Cámara de Diputados. Si bien el PRD tenía casi garantizada la curul, Pacheco dijo que el partido le había dejado muy claro que se esperaba que maximizase el apoyo para el mismo en el distrito antes y después de la elección (Pacheco, 2007). Él veía su popularidad y su exposición pública como director político de su sindicato como factor clave en la decisión del PRD de designarlo para un escaño seguro. Los factores que influyeron en la nominación de Pacheco y de otros candidatos iban más allá de satisfacer las demandas internas del partido, pero incluían una concentración en la maximización de votos incluso en el Distrito Federal.

Aunque los resultados del cuadro 2 resultan ilustrativos, una mirada más rigurosa a quién compitió y por qué requiere un enfoque multivariado. Los cuadros 3 y 4 muestran coeficientes, errores estándar y probabilidades predichas de regresiones logísticas de los rasgos de los candidatos en relación con una cantidad de factores relevantes, en especial los que tienen que ver con los partidos. La unidad de observación es el candidato. Debido a que las condiciones y el nivel de competencia dentro de un distrito son compartidos por todos los candidatos del mismo, es posible correlacionar los errores de estos tres candidatos. Para explicar esta posible correlación, los errores estándar son robustos y están agrupados en el distrito (Huber, 1967; White, 1980).

Los errores estándar robustos y agrupados se emplean en todas las regresiones lineales y en las estimaciones logit de este trabajo.

Las regresiones de los cuadros 3 y 4 contienen variables dummy para el PAN y el PRI siendo el PRD el grupo de referencia. Igual que el gob. es una variable dummy que se codifica como 1 si el candidato es del mismo partido que el gobernador. Competencia es el número de puntos porcentuales entre un determinado candidato y el ganador. Si el triunfador fue el candidato, es el número de puntos que hay entre él y el candidato en segundo lugar.⁵ Debajo de cada regresión aparecen las probabilidades predichas con indicaciones acerca de su nivel de confianza para aquellas variables que resultaron significativas en el nivel 0.1 y superior.

El cuadro 3 muestra, tal como lo hacen las tablas cruzadas, que los candidatos del PAN y el PRI han tenido significativamente más experiencia en puestos de elección popular que los del PRD, incluso cuando se controla por la competencia y existe el control de la gubernatura. Que esta experiencia electoral haya provenido o no de ser diputado local es, según el cuadro 3, una función del nivel de competencia y de si se era miembro del PRI. A medida que disminuye la probabilidad de ganar, lo hace también la de que un partido nomine a un individuo con experiencia en la legislatura estatal. En general, a medida que en un distrito determinado iban disminuyendo las perspectivas electorales de un partido, lo hacía también la calidad del candidato. Tal como se ha demostrado en otros países (Jacobson, 1990; Luna, 2005; Stone et al, Samuels, 2003), los individuos con experiencia y recursos no suelen participar en contiendas que tienen probabilidades de perder, incluso si eso implica no detentar un cargo de elección. El cuadro 3 muestra asimismo que los resultados de las tablas cruzadas se sostienen en un análisis multivariado.

En el cuadro 4 la variable dependiente cambia de un tipo de puesto de elección a haber estado en la administración pública de nivel local, estatal o federal. El modelo V del cuadro 4 muestra que el factor principal para determinar si un candidato ha tenido experiencia en materia de administración es que pertenezca al mismo partido que el gobernador. Esto coincide con el concepto de que los gobernadores quieren tener nominados que les sean leales a ellos y a su gobierno. Ya que muchos integrantes de la administración pública le deberían su empleo al gobernador, ésta puede ser su manera de garantizar que contará con una delegación leal de su estado en el Congreso (para el caso de los diputados de su propio partido). El gobernador tiene un incentivo para explotar la lealtad política desarrollada gracias a la designación administrativa a fin de propiciar una delegación amistosa.

Según muestra el modelo VI del cuadro 4, el efecto de estar en el mismo partido que el gobernador sobre la probabilidad de que un administrador público sea nominado parece ser sustantivamente más fuerte para los candidatos del PRI que para los de los demás partidos. Es probable que la larga historia PRIísta de selección ejecutiva de los candidatos (cuyo ejemplo más destacado es el dedazo presidencial) siga teniendo influencia en la manera en que se nomina a los candidatos legislativos. La cultura y las instituciones informales del partido, combinadas con un candidato presidencial débil, permitieron que los gobernadores del PRI colocaran miembros leales en las boletas de 2006.

Si bien resulta interesante e importante entender cuándo y por qué compiten ciertos tipos de candidatos, también lo es saber si esas experiencias afectan los resultados electorales. Si el resultado no se viese afectado por quien compitió, no existiría una vinculación directa entre un votante y su representante, y los partidos, al formular las nominaciones, sólo tendrían que preocuparse por las tensiones internas. El cuadro 5 muestra los resultados de la regresión y del análisis logit para dos tipos de experiencias, una de un ex diputado local y otra de un ex presidente municipal. En ambos casos la experiencia electoral eleva significativamente el voto por ese candidato, incluso cuando se controla por el apoyo que obtuvo el candidato presidencial de su partido, y si éste es el que detenta la gubernatura.⁶ Haberse desempeñado como diputado local supone un aumento de 4 por ciento en el voto. La experiencia como presidente municipal vale 2.8 por ciento. Estas cifras pueden parecer pequeñas o sin consecuencias, pero como las elecciones muchas veces se ganan por márgenes mínimos, es posible que resultaran decisivas. Es improbable que candidatos con estos tipos de experiencia participen en contiendas en las que puedan terminar en tercer lugar. Lo hacen en distritos en los cuales, si acaso pierden, es por un estrecho margen.

Los modelos IX y X del cuadro 5 muestran los resultados de una regresión logística donde obtener un escaño de mayoría relativa es la variable dependiente y la experiencia como presidente municipal o diputado local, la participación del voto presidencial y el control de la gubernatura por parte del partido son las variables independientes. En ambos modelos la experiencia en puestos de elección ha tenido un efecto mayor y más significativo sobre la probabilidad de una victoria. Haber sido presidente municipal aumenta 34 por ciento la posibilidad de triunfo del candidato y la experiencia previa en una legislatura estatal representa un ascenso de 23 por ciento en la posibilidad de ganar. Si bien haber tenido experiencia electoral eleva unos cuantos puntos porcentuales el voto por un candidato (modelos V y VI) con gran frecuencia estos votos adicionales representan la diferencia entre ocupar y no ocupar una curul en la cámara.

Conclusión

En las elecciones de 2006 para la Cámara de Diputados los que importaron fueron los candidatos. Pese a la inexistencia de una reelección inmediata y al control del partido sobre el proceso de nominación, quién compitió y por qué partido lo hizo contribuyó a configurar la composición de la legislatura. Era menos probable que ganasen los candidatos con poca experiencia y escasos recursos. Mientras que la popularidad general de los partidos en un distrito era uno de los elementos de predicción más fuertes del desempeño de un candidato (tal como ocurre en la mayoría de los sistemas, incluso en Estados Unidos, centrado en el candidato), los rasgos personales y la historia del contendiente determinaron con frecuencia si habría de ganar o de quedar en segundo lugar.

Aunque las características de los candidatos tienen importancia para los resultados de las votaciones, el sistema electoral de México requiere definiciones y categorías diferentes de las que se encuentran en la bibliografía sobre Estados Unidos. Mucho de lo que se ha escrito respecto a la calidad del candidato se concentra en la ocupación del cargo. En los sistemas electorales de mayoría relativa y sus diversas permutaciones en todo el mundo, éste es un elemento importantísimo para predecir quién va a ganar. Para las contiendas en las que no existe este factor, la importancia de haber ocupado un cargo de elección popular de cualquier tipo es un dato clave para determinar la calidad. Debido a la falta de reelección inmediata y al gran número de cargos supranacionales de elección, se requiere una visión más matizada de los factores que determinan la calidad de los candidatos. Para entender el valor de la experiencia de los mismos en México se necesita un nuevo enfoque y nuevas definiciones. Este análisis indica que para las elecciones legislativas federales de 2006 los candidatos fueron importantes, pero de manera diferente que en Estados Unidos o en otros sistemas.

Para el PRI, la experiencia de sus candidatos ayudó a impedir que una pérdida grave fuese totalmente devastadora. La victoria de Rogelio Muñoz Serna, a pesar del pobre desempeño de Madrazo en el distrito XXVIII del Estado de México, no fue un caso único. Un candidato con fuertes vínculos locales y una gran red política podía remontar el hecho de compartir la boleta con un candidato presidencial impopular. Debido a su gran número de candidatos de alta calidad, el PRI pudo ganar más escaños que si hubiese nombrado a individuos con perfiles similares a los del PRD o el PAN. A medida que los candidatos con amplia experiencia electoral tengan una distribución más pareja entre los partidos, es posible que decline aún más la fortuna electoral del PRI en la legislatura.

Los tres partidos principales nominaron a tipos diferentes de candidatos para competir en la elección de la Cámara de Diputados en 2006. Los procesos de nominación utilizados por los partidos predecían parcialmente el tipo de candidatos que seleccionarían. El PAN, con sus convenciones de nominación estadocéntricas, se dirigió a los líderes locales del partido y eligió candidatos para que compitiesen en aquellos distritos en los cuales eran competitivos. El PRD, con un proceso local y abierto, se basó más en los dirigentes sindicales, los líderes de grupos sociales y algunos cargos electos (muchos de los cuales habían sido antes miembros del PRI). En el caso del PRI, sus tendencias a la centralización lo llevaron a basarse en su larga lista de gente del partido que había desempeñado cargos de elección popular en el gobierno local y estatal durante las dos décadas previas.

Como lo demuestran los resultados del cuadro 2, las lealtades de los sindicatos mexicanos están en medio de una transformación. Ya quedaron atrás los días de control del PRI y de cooptación de los principales sindicatos del país. En el PRD hay más candidatos que fueron dirigentes sindicales que en cualquier otro partido. Hasta el PAN ha empezado a promover candidatos vinculados con el sindicalismo, incluyendo secciones del sindicato de maestros. Las cambiantes alianzas de los sindicatos son otro resultado del declive de la hegemonía de un solo partido y del surgimiento de elecciones competitivas.

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Entrevista

Pacheco, Ramón (2007), diputado federal por el PRD durante la LX Legislatura, ciudad de México, 7 de marzo.

Notas

El autor desea agradecer a Robert Jackman, Elizabeth Zechmeister, Ethan Scheiner, Joy Langston, Allyson Benton, Jeff Weldon y a un revisor anónimo por su estímulo y sus numerosos y valiosos comentarios y conversaciones. También quisiera agradecer a la División de Estudios Políticos del CIDE y al Departamento de Ciencia Política del itam por proporcionarme los recursos y su apoyo mientras estuve en México. Desde luego, todos los errores y omisiones son del autor.

¹ Los datos relativos a la experiencia de los candidatos en el distrito XXXVIII del Estado de México provienen de los archivos de varios periódicos locales, del diario Reforma y del sitio web de Zumpango. Información adicional acerca de la experiencia de Muñoz se obtuvo de Monitor Legislativo. Los resultados electorales son del Instituto Federal Electoral (IFE).

² http://www.infolatina.com.mx.

³ http://www.monitorlegislativo.com.

⁴ Los candidatos de los partidos pequeños que entraron en coalición con el PRI o el PRD se incluyen en la muestra y son tratados como si fuesen del PRI o del PRD, ya que el partido dominante en la coalición tiene que estar de acuerdo con la postulación de los candidatos del partido más pequeño en cada uno de los distritos. El PRI y el PRD tuvieron que consentir la nominación de sus candidatos porque eso significaba que no propondrían para ese distrito a su propio aspirante. Además, tanto para la elección legislativa como para la presidencial, ambos pactos incluían los nombres de los partidos más pequeños, así como los de la coalición en la mayoría de los anuncios de campaña.

⁵ Los modelos se corrieron también con una variable dummy para el ganador y con su interacción con la competencia para explicar el incentivo que tenían los candidatos de "alta calidad" para escoger los escaños más seguros para la contienda. Los resultados no difieren sustancialmente de los que se presentaron; no se incluyen aquí debido a problemas de multicolinealidad.

⁶ Aunque no se reportan, estos rasgos siguen siendo significativos si la competencia exógena se mide a través del estatus del partido en el poder, en lugar de por la participación en la votación presidencial.

Artículos

Escrutinio público de propuestas de candidatos durante la campaña presidencial de 2006

Public Scrutiny of the Candidates' Proposals during the Presidential Campaign of 2006

Alejandro López** y Enrique Cárdenas**

* El maestro Alejandro López Arratia es profesor asociado del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Las Flores 64–A, Col. Campestre, 01040, México, D.F. Tel: (52) 55 56 60 80 31. Correo electrónico: alejandro.lopez@ceey.org.

** El doctor Enrique Cárdenas es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. Las Flores 64–A, Col. Campestre, 01040, México, D.F. Tel: (52) 55 56 60 80 31.Correo electrónico: enrique.cardenas@ceey.org.

Artículo recibido en julio de 2008.
Aceptado para su publicación en abril de 2009.

Resumen

En el año 2006 se produjo la primera elección para presidente de la república bajo un gobierno federal no priísta, estas elecciones en particular se distinguieron por una competencia reñida y la presencia de los candidatos en los medios. Diálogos por México, Lupa ciudadana y Evalúa y decide se destacaron por limitar la tendencia de candidatos y partidos para realizar esfuerzos de movilización y posicionamiento electoral mucho mayores que los de definición, diseño y difusión de sus propuestas de gobierno. Las iniciativas propuestas por esas organizaciones son tres, la reducción de las consecuencias negativas de la elaboración poco cuidadosa de las propuestas (la improvisación); ofrecer información que promueva una decisión más razonada del elector al darles seguimiento a los planteamientos de política, de tal manera que puedan responderse preguntas tales como, ¿son sólidas las propuestas?, ¿mejoraron?; estos proyectos sirven para que los ciudadanos y actores políticos puedan tener otro punto de referencia para ponderar, en la siguiente elección, el desempeño de las autoridades electas. A partir de la experiencia y del examen de otras iniciativas para influir en políticas generales, se presenta una sugerencia sobre el papel que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de las instituciones de representación.

Palabras clave: elecciones 2006, medios de información, campañas electorales, monitoreo.

Abstract

2006 was the first election for president in Mexico that took place under an administration that was not controlled by the PRI, and these elections were characterized by a hard–fought competition and the strong presence of the candidates in mass media. Three citizens' organizations, Dialogues for Mexico, Citizens' Magnifying Glass, and Evaluate and Decide stood out because they tried to limit the tendency of the candidates and parties to exaggerate their electoral promises. The proposed initiatives of these groups included first, reducing the negative consequences of sloppy party platforms (improvisation); and second, offering information that would promote a more reasoned decision on the part of the voter by following through on the electoral promises so that they could answer questions such as, "Are these solid proposals? Did they improve?" The objective of this project is to allow citizens and political actors to evaluate the performance of elected officials in the next elections. Because of this experience and by examining the initiatives to be able to influence general policies, these citizen–based groups were able to present suggestions for civic organizations to monitor more effectively representative institutions in Mexico.

Introducción

En 2006 se llevó a cabo la primera elección para presidente de la república bajo un gobierno federal no priísta. El contexto electoral se caracterizó por una tenaz competencia y la constante presencia de partidos y candidatos en los medios de comunicación. Observamos intensas precampañas y campañas, las cuales tuvieron efectos importantes en la intención del voto de los ciudadanos y se caracterizaron por concentrar sus mensajes, casi de forma exclusiva, en la personalidad de los candidatos y en aspectos muy generales de política pública.

Diálogos por México, Lupa ciudadana y Evalúa y decide fueron las iniciativas de la sociedad civil que más sobresalieron por su intento de limitar en México la tendencia internacional de candidatos y partidos a realizar esfuerzos de movilización y posicionamiento electoral mucho mayores que los de definición, diseño y difusión de sus propuestas de gobierno.

Los objetivos de iniciativas como las mencionadas pueden dividirse en tres líneas. Por una parte, tratan de reducir las consecuencias negativas de la elaboración poco cuidadosa de las propuestas, es decir, de la improvisación de muchas medidas. Por otra parte, procuran ofrecer información que sirva de contrapeso a las campañas basadas en frases cortas que apelan a la emoción inmediata del público, esto es, promueven una decisión más razonada del electorado al dar seguimiento a los planteamientos de política, de modo que puedan responderse, en términos generales, preguntas como, ¿son sólidas las propuestas?, ¿mejoraron? Finalmente, estos proyectos sirven también para que los ciudadanos y los actores políticos tengan otro punto de referencia para ponderar, en la siguiente elección, el desempeño de las autoridades que ahora resulten electas.

Se trata de ejemplos de rendición de cuentas social, en la que individuos u organizaciones de la sociedad civil (OSC) participan directa o indirectamente en la supervisión de las actividades de las autoridades. Hasta hace poco, las acciones y mecanismos utilizados eran de difusión e influencia externa, como manifestaciones, campañas de concientización, reportajes de investigación y, en otros países, demandas de interés público. En los últimos años la influencia ha comenzado desde adentro, con el diseño participativo de políticas, la definición participativa del presupuesto, el seguimiento público del gasto, la supervisión y evaluación ciudadanas de servicios públicos, la participación ciudadana en consejos revisores, comités ciudadanos de consulta y otros. Con frecuencia se incluye a la oficina del ombudsman dentro de la rendición de cuentas social.

La intención del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en este trabajo es mostrar el desarrollo de iniciativas ciudadanas en el campo de la rendición de cuentas: el análisis, la evaluación y el seguimiento de las promesas de campaña. Nuestra aportación al presente volumen puede desentonar, ya que no es un estudio, sino una exposición y comparación de diversos proyectos, que se complementa con comentarios sobre su posible incidencia en el reconocimiento de partidos y candidatos de que las propuestas de campaña son relevantes. Nuestra preocupación central es mostrar la existencia de grupos ciudadanos que exigen a los políticos calidad en los documentos obligatorios de los gastos financiados con dinero público y, también, si éstos cambian de curso, que expliquen claramente el porqué —de una u otra manera nos vamos a dar cuenta—. Comparamos las tres principales iniciativas de evaluación de las propuestas durante la campaña presidencial de 2006 y presentamos inferencias sobre la manera en que influyeron en los candidatos. A partir de nuestra experiencia y del examen de otras iniciativas para influir en políticas generales, sugerimos el papel que pueden desempeñar las organizaciones de la sociedad civil en el monitoreo de las instituciones de representación.

Diálogos por México

Al inicio del proceso electoral de 2006, el objetivo principal de la serie fue difundir las propuestas de todos los candidatos presidenciales registrados ante el Instituto Federal Electoral (IFE). Se difundieron las propuestas de los candidatos del PRI, Roberto Madrazo; del PAN, Felipe Calderón; del PRD, Andrés Manuel López Obrador; del PVEM, Bernardo de la Garza,¹ y de Alternativa Socialdemócrata, Patricia Mercado.

En una primera etapa, se les entregó a todos los candidatos un cuestionario de alrededor de 120 preguntas y a partir de estos cuestionarios se grabaron los programas de Diálogos por México —transmitidos por el Canal 2 de Televisa—. Cada candidato dispuso de un espacio grabado sin cortes y con el mismo formato que el de sus contendientes. Además, las respuestas de los candidatos fueron divididas en temas y discutidas por un grupo de intelectuales y académicos. Estos encuentros se televisaron durante la segunda etapa del programa, entre enero y febrero de 2006.

Los miembros de la mesa de análisis fueron: Nora Lustig (ITESM), Héctor Aguilar Camín (Nexos), Luis F Aguilar Villanueva (Consultoría Gerencia Pública, S.C.), Rolando Cordera Campos (La Jornada, Nexos), Luis de la Calle (Consultoría De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C.), Gerardo Esquivel Hernández (Colmex), Enrique Krauze (director de la revista Letras Libres), Aurora Guadalupe Loyo Brambila (Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM), Carlos Monsiváis (cronista, ensayista y periodista), Jesús Reyes Heroles (Grupo de Economistas y Asociados) y Luis Rubio (CIDAC). Además de participar en las discusiones, algunos de los especialistas escribieron un documento, en el que analizaban uno o más de los temas tratados durante los programas.²

El producto final del análisis fue el libro Diálogos por México, editado por Aguilar y Televisa, que se compone de tres partes: la trascripción de los programas en los que Calderón, Madrazo, López Obrador y Mercado presentan sus propuestas de gobierno; el cuestionario y los análisis desarrollados por algunos de los panelistas.

Para su análisis, las propuestas se dividieron en temas sobre economía, pobreza, educación, salud y seguridad. Para el primero, Luis de la Calle presentó una reflexión titulada "Propuesta económica", mientras que Jesús Reyes Heroles lo hizo sobre "Crecimiento económico". Sobre el tema de pobreza, Nora Lustig escribió el documento "Análisis de las propuestas de los candidatos presidenciales: El combate a la pobreza".

Sobre educación y salud, Luis F. Aguilar Villanueva presentó "El reto de la educación en México"; Aurora Loyo Brambila, "México 2006: La propuesta educativa de los candidatos a la presidencia", y Nora Lustig, "Análisis de las propuestas de los candidatos presidenciales: El reto de la salud". En cuanto al tema de seguridad, Ana Laura Magaloni se enfocó en la justicia penal en su documento "¿Qué proponen los candidatos a la presidencia para resolver los problemas de ineficacia y arbitrariedad del sistema penal mexicano?", Guillermo Zepeda Lecuona presentó "Reseña y análisis sobre las posturas de los candidatos presidenciales sobre el tema de la seguridad pública y la justicia penal", y César Hernández Ochoa, "Análisis de las respuestas de los candidatos en las preguntas relacionadas con derechos de propiedad y seguridad jurídica".

La revisión de las propuestas se realizó por grupos temáticos, aunque también se les menciona individualmente en cuadros sinópticos de comparación. A su vez, se tomaron en cuenta las declaraciones de los candidatos, sus respuestas al cuestionario y los documentos de campaña. Los análisis consideran la consistencia y la viabilidad de las propuestas, pero el propósito del proyecto es exponerlas con claridad, no evaluarlas; todas se someten a crítica, pero no se emiten juicios comparativos de valor.

Lupa ciudadana

El valor agregado del proyecto respecto al contenido de los medios de comunicación fue recopilar información relevante sobre las elecciones y difundirla junto con diversas herramientas de análisis. Si alguna de las declaraciones de los candidatos contenía una propuesta merecedora de tomarse en cuenta por su originalidad o su interés implícito, se sometía a un profundo análisis. La exposición de las propuestas seleccionadas incluyó su contexto político, la comparación con posturas anteriores sobre el mismo tema, el análisis del lenguaje utilizado, la recopilación de los comentarios de analistas en la prensa, un análisis realizado por expertos en el tema sobre la propuesta y su índice defactibilidad. A fin de facilitar la consulta, se ofrecieron un índice temático y un buscador de palabras claves.

El índice de factibilidad consistía en el promedio de las notas de los expertos que analizaban una propuesta y se expresaba en una escala de cero a diez. Participaron más de 130 expertos, cada uno presentó su análisis y calificación para al menos una propuesta seleccionada (tanto el número de propuestas calificadas como el número de expertos que analizaron cada propuesta fue variable). La página web de Lupa ciudadana consigna que —al menos en principio— el criterio para calificar fue simplemente la posibilidad de llevar a cabo la propuesta; pero en los análisis de los expertos se observa que en la práctica algunos calificaron sólo en función de la factibilidad, otros lo hicieron sólo de acuerdo con la importancia de la propuesta (si era una propuesta necesaria para el país recibía una calificación alta, a pesar de no ser factible) y otros más emitieron su calificación a partir de ambas consideraciones.

El proyecto está dirigido a investigadores, estudiantes, periodistas, representantes de agrupaciones que pueden verse afectadas por ciertas medidas, y al público en general interesado en informarse mejor para decidir su voto. A grandes rasgos, el objetivo de Lupa ciudadana fue servir de registro puntual de las promesas de campaña para evidenciar su eventual falta de cumplimiento.

Después de las elecciones, Lupa ciudadana ha continuado con su esfuerzo por crear un registro de los sucesos y declaraciones relevantes para la vida política de México. Se dio seguimiento a las declaraciones y los discursos de Felipe Calderón y López Obrador en la etapa postelectoral, así como a los argumentos de cada facción sobre la controversia electoral. Desde diciembre de 2007 la iniciativa comenzó una nueva etapa en la cual se ha concentrado en organizar y difundir notas periodísticas de los actores políticos más importantes del país (divididas en tres áreas: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y gobierno del Distrito Federal), a fin de continuar la elaboración de una memoria crítica. También provee foros electrónicos para la discusión pública de dichas notas y otros temas actuales de la sociedad mexicana, así como un directorio de los funcionarios públicos más sobresalientes del país.

Evalúa y decide

Este proyecto se inició en octubre de 2005, cuando el CEEY desarrolló definiciones y procedimientos relevantes para una evaluación de propuestas de campaña como planteamientos de políticas públicas; posteriormente estas propuestas fueron presentadas a diversos especialistas, quienes las revisaron y comentaron. Se determinó evaluar tres rubros de la calidad de las propuestas: diseño, viabilidad e implementación. Para calificarlas se agruparon en temas, los temas en áreas y éstas en una nota global.

Metodología

Materiales

El proyecto se compuso de tres rondas de evaluación con el fin de dar cuenta de las modificaciones que los candidatos hicieran a sus respectivas propuestas en los distintos momentos de las campañas.

Para determinar el material que se evaluaría en la primera ronda, el CEEY entró en contacto con los equipos de los candidatos del PAN, PRI y PRD para notificarles acerca del proyecto y solicitarles que indicaran el material relevante. Cada equipo señaló tres fuentes. La primera fuente estuvo conformada por tres libros (El reto de México, de Felipe Calderón Hinojosa; Bases para un gobierno firme y con rumbo, de Roberto Madrazo Pintado, y 50 compromisos para recuperar el orgullo nacional, de Andrés Manuel López Obrador); la segunda se compuso de los documentos que los candidatos entregaron a Televisa para la realización del programa Diálogos por México y la tercera fueron las plataformas electorales registradas ante el IFE.

Después de dar a conocer los resultados de la primera etapa, el CEEY pidió a los equipos de campaña del PAN, de la coalición Alianza por México y de la coalición Por el Bien de Todos que colaboraran en la siguiente fase de Evalúa y decide de dos maneras: nombrando un representante para reunirse con los evaluadores en mesas de análisis temáticas y enviando los nuevos documentos de posicionamiento que se produjeran. Para formarse una opinión, los panelistas tomaron en cuenta tanto las presentaciones orales como los materiales recibidos (en proporción distinta en cada área), junto con la versión estenográfica del primer debate entre los candidatos participantes. Sólo se consideraron las ponencias de los representantes oficiales de los candidatos. El PAN y la coalición Alianza por México enviaron representantes a las cinco mesas de análisis organizadas por el centro; la coalición Por el Bien de Todos, únicamente a la de economía.

El propósito de estas mesas de análisis fue brindar a los candidatos y sus equipos de campaña la oportunidad de replicar la evaluación ya hecha y, al mismo tiempo, profundizar en sus propuestas. Se buscó conocer mejor la perspectiva de cada partido o coalición e incluir las modificaciones que hubieran incorporado a sus plataformas electorales y propuestas específicas. Al terminar cada mesa —dedicada a un área por candidato—, los miembros del panel evaluaron las propuestas de los representantes.

El CEEY enfatizó la importancia de que los representantes de los candidatos expusieran mejor sus ideas, y la de señalar omisiones y deficiencias del proceso previo, sobre todo en lo concerniente a la selección de los materiales con los que se realizó la primera evaluación. La única observación importante al respecto provino del representante de Andrés Manuel López Obrador en el área de economía. El representante indicó que algunas calificaciones bajas de la primera evaluación se debían a que los paneles habían tomado como fuente prioritaria la plataforma electoral, mientras que la información más cercana a la visión del candidato se encontraba en el documento de Diálogos por México y, por lo tanto, había que darle preeminencia sobre las otras fuentes. En la mesa algunos evaluadores señalaron las inconsistencias entre los planteamientos del documento que su candidato entregó a Diálogos por México y la plataforma electoral de la coalición Por el Bien de Todos, en particular en cuanto al tema de política monetaria y tributaria. Dado que esta misma diferencia ocurría en otras áreas como Estado de derecho y educación, por moción del propio equipo de campaña de la coalición Por el Bien de Todos se decidió revisar de forma exhaustiva el documento Diálogos por México e incorporar toda la información posible; cada panel de evaluadores se enteró de este hecho y lo tomó en cuenta para la segunda evaluación. Con el propósito de guardar la equidad y la consistencia del proceso, el CEEY decidió que la revisión de Diálogos por México incluyera todos los temas de los tres candidatos considerados en este ejercicio. Esto explica en alguna medida los cambios en las evaluaciones de ciertos temas, en particular los correspondientes a las de la coalición Por el Bien de Todos.

En la tercera etapa de evaluación se tomaron en cuenta los últimos documentos de los candidatos, la versión estenográfica del segundo debate, el libro En negro sobre blanco: Los candidatos se comprometen por escrito, coordinado por Federico Reyes Heroles y Eduardo Bohórquez, así como los temas que no se calificaron en las primeras etapas (turismo, política industrial, pueblos y comunidades indígenas, equidad de género y grupos vulnerables).

Sesiones

Las propuestas fueron agrupadas en cinco áreas: económica, política, Estado de derecho, social e internacional, y se entregaron a expertos, académicos, miembros de ONG y consultores para que las evaluaran según su especialidad.

Para las sesiones de evaluación, los encargados revisaron de antemano las propuestas de cada etapa agrupadas por tema y se presentaron a la reunión con las calificaciones de cada uno. Al abrirse la discusión, quienes lo desearon, comentaron el tema en cuestión y explicaron su calificación; los evaluadores buscaron asignar una calificación por consenso y el propósito de la deliberación conjunta fue complementar las opiniones individuales y llegar a una apreciación que reflejara el sentir del comité. Cuando se presentaron diferencias importantes o cuando la mayoría lo prefirió, se tomó el promedio de las calificaciones personales como la evaluación del comité. Aquellos evaluadores que no pudieron asistir a la sesión —o a parte de ella— entregaron sus evaluaciones por separado y se promediaron con los resultados de la sesión colegiada de evaluación. En los casos en que los candidatos no presentaban temas o éstos estaban incompletos, la calificación fue estrictamente cualitativa: "no presentado con suficiencia" (NP), lo cual fue tomado en cuenta por el comité para su ponderación; por último, se evaluaron las áreas temáticas en su conjunto.

Criterios de evaluación

Diseño (35%)

1. Identificación del problema

2. Objetivos y metas

3. Focalización

4. Impacto esperado o resultados

5. Justificación

]]> 6. Recursos

Viabilidad (35%)

7. Viabilidad técnica

8. Viabilidad jurídica

9. Viabilidad política

10. Viabilidad económica y presupuestal

Implementación y evaluación (30%)

11. Líneas de acción

]]> 12. Definición de los actores

13. Aspectos de la administración pública

14. Evaluación

Además, los evaluadores asignaron una calificación al área temática en su conjunto, para lo cual ponderaron las siguientes cuestiones:

i) ¿La propuesta del candidato, en su conjunto, atiende los problemas principales del país?

ii) Del conjunto de propuestas (temas), ¿el candidato establece cuáles son los problemas prioritarios que deben ser atendidos?

iii) ¿La propuesta tiene elementos innovadores en alguna de las áreas (temas)?

iv) ¿La propuesta en su conjunto contiene una dimensión de género?, es decir ¿considera medidas destinadas a satisfacer necesidades diferenciadas y a otorgar igualdad de oportunidades de desarrollo en los distintos ámbitos en los que participan mujeres y hombres? ¿Se consideran políticas de género transversales o solamente se contemplan programas específicos y aislados de otras políticas públicas?

v) ¿Existen experiencias en otros países de América Latina que nos permitan comparar alguna de las propuestas? Si existen, ¿qué resultados han tenido?

vi) En conclusión, ¿cuáles son los aciertos y fortalezas del conjunto de propuestas o programa de gobierno de los candidatos? ¿Cuáles son sus errores y debilidades?

Las propuestas de los candidatos fueron calificadas y agrupadas por tema (por ejemplo, en el área política un tema fue el Poder Ejecutivo) con base en los criterios descritos arriba. En las sesiones, al tema se le asignó una nota entre –5 (pésimo) y 5 (excelente) donde 0 indica medianía. Para su presentación al público, se aplicó una transformación matemática a las calificaciones para llevarlas a la escala de 0 a 4 (0 = muy mal, 1 = mal, 2 = regular, 3 = bien, 4 = muy bien) que refleja mejor la naturaleza cualitativa del ejercicio.

En general, la evaluación de las propuestas según los diferentes criterios fue directa (si poseen los elementos de cada criterio reciben mayor calificación), no obstante, hubo casos de propuestas viables por requerir sólo conservar lo existente, pero que a la vez, según un criterio de diseño (mala justificación o pobre identificación de objetivos), se consideraron dañinas para el país. En esos casos, la calificación era mala o por lo menos considerablemente más baja de la que hubiera obtenido según el sólo criterio de viabilidad.

Los borradores de los reportes de evaluación con los comentarios vertidos en las reuniones eran preparados por el CEEY y enviados a los evaluadores para su revisión. Éstos hacían sus observaciones, mismas que se incorporaban al documento. El borrador corregido se circulaba una segunda vez entre los evaluadores para su visto bueno y un miembro de cada panel presentaba los resultados en nombre de todo el grupo.

Los evaluadores

El grupo de evaluadores se integró con académicos, miembros de organizaciones no gubernamentales y consultores independientes destacados, todos ellos respetados en su medio. La selección de cada uno, realizada por el CEEY, se basó en su trayectoria profesional y probidad intelectual, así como en su diversidad institucional y de orientación ideológica; además, se tomó en cuenta su disposición para discutir en grupo las propuestas de los candidatos y emitir un juicio al respecto. Su trabajo fue a título personal y sin remuneración alguna; su interés era un genuino deseo de contribuir al enriquecimiento del debate público sobre las propuestas de campaña de los candidatos. En el anexo II se enlistan los evaluadores de cada área. (anexo I)

Resultados

Las calificaciones de los tres candidatos mejoraron perceptiblemente a lo largo del proceso. En la primera etapa del proyecto, la calificación agregada de las propuestas de Felipe Calderón Hinojosa y Roberto Madrazo Pintado estaba entre mala y regular, en tanto que la de Andrés Manuel López Obrador era mala. Al final, los primeros obtuvieron un balance un poco mejor que regular, en tanto que el del tercero estuvo entre malo y regular (la calificación de López Obrador equivale a dos terceras partes de la de sus adversarios).

Felipe Calderón obtuvo la mejor calificación en 19 temas, Roberto Madrazo en 16 y Andrés Manuel López Obrador en dos. Estas posiciones se mantienen si desglosamos por criterios (la ventaja de Calderón es mayor en diseño y se reduce en viabilidad e implementación).

Durante el desarrollo del proceso el CEEY recibió comentarios sobre una posible ponderación excesiva del criterio de implementación. Se nos dijo que no debía esperarse de las propuestas la especificidad de un plan de gobierno porque la consecuencia eran evaluaciones incorrectamente bajas. Para determinar si el nivel general de las calificaciones se debe al criterio de implementación, se realizaron cálculos sin incluirlo; las conclusiones del proceso se conservan al considerar sólo el diseño y la viabilidad: la nota global de Calderón sube únicamente dos décimas, las de Madrazo y López Obrador una (la escala tiene 40); el número de temas que cada quien ganaría es el mismo.

Las calificaciones mejoraron de manera considerable en la segunda evaluación y menos en la tercera. Pese a que registraron cambios importantes respecto a la primera etapa, las calificaciones de López Obrador siguieron siendo bajas en el área internacional, en tanto que Calderón y Madrazo las mejoraron de forma significativa. En Estado de derecho se produjeron notables mejoras (las calificaciones aumentaron cinco, dos y tres veces, respectivamente), aunque la calificación total de los tres candidatos apenas llegó a regular. Otra mejora considerable fue la de López Obrador en el área de economía, sobre todo por la decisión de tomar como bueno el planteamiento de Diálogos por México en vez del expuesto en la plataforma (por consistencia metodológica, este criterio se conservó en la tercera evaluación, contra la opinión de algunos evaluadores). Los elementos considerados en la segunda y la tercera etapas —la revisión de Diálogos por México, las presentaciones de representantes y los nuevos documentos— tuvieron un peso diferente en cada área. Eso dependía de la calidad de las presentaciones y los materiales escritos; no obstante, puede decirse que las calificaciones mejoraron en relación con los nuevos planteamientos, independientemente de la manera en que se presentaron.

Si bien las notas mejoraron a lo largo del proceso y al final los evaluadores consideraron que en conjunto las propuestas de dos candidatos fueron un poco mejor que regulares, en el CEEY opinamos que esto aún no es suficiente. Los ciudadanos mexicanos demandamos propuestas de calidad porque, por una parte, esperamos tener mejores herramientas para elegir al jefe de Estado y pedirle explicaciones en caso de cambios bruscos de rumbo, y por otra, la ley ya obliga a los partidos —que postulan a los candidatos— a presentar plataformas. En la medida en que tales documentos son insatisfactorios, el interés de la ciudadanía se ignora y sus recursos se derrochan. La diferencia principal entre el material de la primera etapa y el de las subsecuentes —principal razón de la mejoría en las calificaciones— es que se cubrieron varios aspectos omitidos al inicio. La modestia de los incrementos generales se debe a la conservación de deficiencias recurrentes de las propuestas: ser fundamentalmente declarativas (ofrecer como política el logro de un principio moral o político), ser demasiado generales y preliminares (hablar de explorar soluciones, de sondear públicos, en vez de adoptar una postura y justificarla), no identificar recursos financieros y políticos para llevarse a cabo y omitir elementos de implementación (con excepciones). En la página electrónica del CEEY (http://www.ceey.org) se detallan tanto la compilación de las propuestas como los comentarios y los resultados de la evaluación.

Difusión

Se realizaron tres evaluaciones del proyecto a partir de marzo, con un mes de distancia entre cada una de las etapas. Los resultados se dieron a conocer a la opinión pública, a los equipos de campaña y a personas directamente interesadas; durante las tres etapas hubo cobertura mediática de diarios de circulación nacional y algunos extranjeros, así como de varias agencias de noticias, radiodifusoras y televisoras. En la primera presentación de los resultados, la cual tuvo lugar el lunes 6 de marzo a las 11:30 horas, en Casa Lamm, se hizo también el anuncio de la aparición del CEEY. Se contó con la participación del ex rector de la UNAM, el doctor José Sarukhán Kérmez, especialistas integrantes de los comités de evaluación, legisladores y representantes de los candidatos.

Ante cierta presión política muy sutil, y con el fin de proteger la independencia y el futuro del CEEY, su director ejecutivo presentó el proyecto en diferentes instituciones académicas y de investigación el 31 de marzo, y del 18 al 21 de abril. El doctor Enrique Cárdenas dio cuenta de la metodología del proyecto Evalúa y decide, presentó los principales resultados de la primera evaluación y describió las reacciones de los equipos de campaña de los candidatos en las universidades Nacional Autónoma de México, de Harvard, en Boston, y Americana, en París; además se hicieron presentaciones en Chatham House, en Londres, y en la Casa de América, en Madrid.

Como indicador de los esfuerzos de difusión, se presenta el seguimiento del uso de nuestra página web y su posible correlación con eventos específicos. En primer lugar sobresale el número global de visitas a la página, que a lo largo de sus primeros cuatro meses de existencia (se instaló el 27 de febrero y se anunció ocho días después) llegó a cerca de 11 800 visitas y más de 990 mil hits. Los momentos con mayor número de visitas fueron después del lanzamiento de la página y del anuncio de los resultados de la primera evaluación, y cuando se dieron a conocer los resultados de la segunda y tercera etapas.

Comparación de los proyectos de evaluación de propuestas

Los tres proyectos descritos en este trabajo constituyen esfuerzos de fiscalización de la sociedad civil organizada a actores políticos (funcionarios públicos y representantes populares) y sus objetivos principales son prácticamente los mismos. Por una parte, proveer al público de elementos que le faciliten un análisis y una decisión electoral informados; por la otra, registrar las promesas de campaña de tal forma que al candidato ganador se le puedan pedir cuentas sobre lo hecho y exigir el cumplimiento de promesas benéficas para la sociedad. Se quieren transformar los incentivos para participar en las campañas de modo que partidos y candidatos consideren más seriamente la solidez de sus propuestas; para contrarrestar la mercadotecnia puramente emotiva, se busca que las promesas de campaña sean elementos de un plan de gobierno coherente, factible y efectivo para enfrentar los problemas del país.

Las diferencias entre los proyectos de análisis de propuestas son más bien de metodología. Diálogos por México tomó en consideración a todos los candidatos registrados, en tanto que Lupa ciudadana y Evalúa y decide se concentraron en los tres que recibían mayor intención de voto. Diálogos por México y Evalúa y decide tomaron en cuenta propuestas oficiales, es decir, escritas (el primero las primeras y el segundo la totalidad), mientras que Lupa ciudadana utilizó buena parte de las propuestas oficiales y una gran cantidad de declaraciones de campaña (mediante el seguimiento diario de eventos y anuncios).

El criterio de presentación de propuestas evaluables también difirió, en Diálogos por México se presentaron análisis del conjunto de las propuestas y de selecciones de ellas; en Lupa ciudadana se evaluó por cada candidato aproximadamente una treintena de propuestas (dividida en áreas para propósitos de búsqueda, no de análisis) y en Evalúa y decide se calificaron 37 temas que agruparon los cientos de promesas y, a su vez, fueron condensados en cinco áreas.

Otra diferencia importante en la evaluación es que el CEEY lo hizo como un proceso de tres etapas, dejando la posibilidad de mejorar para los equipos de campaña (al revisar y corregir propuestas deficientes), en Lupa ciudadana sólo se emitía un juicio en algún momento determinado, sin considerar los posibles cambios que se pudieran presentar en una etapa posterior de las campañas.

Los tres proyectos se basaron en la participación de expertos, tanto académicos como profesionistas privados y de OSC. En Evalúa y decide se conformaron paneles, uno para cada área, los cuales se mantuvieron relativamente constantes a lo largo del proceso, de esa manera, el mismo grupo de evaluadores calificaba todas las propuestas del área en la que eran expertos y emitía evaluaciones, ya fuera por consenso o con el promedio de las notas individuales. No se reveló quién dijo qué en las reuniones, es decir, las calificaciones eran un producto del grupo. Esto es una clara diferencia con Lupa ciudadana, en donde los análisis y calificaciones se emitieron a título personal. Asimismo, cada propuesta fue calificada por un número variable de expertos (de dos a siete) y cada uno calificó sólo unas cuantas del total de las propuestas del tema en el que eran expertos.

El CEEY, en un esfuerzo por homogeneizar el proceso y hacerlo lo más objetivo posible, determinó tres criterios a partir de los cuales se calificaría cada propuesta (la nota final resultaba de una ponderación de los tres): diseño, viabilidad e implementación. En Lupa ciudadana se implementó un "índice de factibilidad", para calificar la propuesta en una escala del uno al diez. Esta calificación era producto del promedio de las calificaciones individuales emitidas por cada experto que la analizó. Aquí cabe recordar que existió una amplia variación en el criterio que consideraba cada experto para otorgar la calificación.

Pensamos que los resultados del CEEY son más indicativos de la calidad de las propuestas, ya que permiten la comparación de los tres candidatos por áreas completas (por supuesto, lo ideal hubiera sido considerar a todos los candidatos, como lo hizo Diálogos por México). Lupa ciudadana realizó un esfuerzo inicial por promediar el total de las calificaciones recibidas para cada candidato, con el objetivo de medirlos entre sí, pero lo detuvo al decidir que las propuestas no eran comparables. Aunque el énfasis del proyecto del CEEY no estaba en otorgar posiciones o lugares entre las alternativas, fue posible hacerlo; presentamos calificaciones por tema, por área, un promedio de todas las áreas y el número de temas en los que cada candidato obtuvo la mayor calificación.

Presentación

A partir de la experiencia de Evalúa y decide, el CEEY desarrolló el proyecto Propuestas coincidentes: Puntos de acuerdo relevantes entre las fuerzas políticas, a fin de promover soluciones prácticas a los problemas nacionales. El centro identificó las ofertas específicas en las que coincidieron al menos dos candidatos considerados en el proyecto anterior, y las presentó a los diferentes comités de evaluadores para jerarquizarlas según su importancia y verificar su grado de coincidencia. El propósito fue identificar y presentar ante el Ejecutivo, el Congreso y la opinión pública, medidas y temas cuya importancia reconocen los partidos con mayor representación

Igual que el resto de nuestros proyectos de evaluación colegiada, Propuestas coincidentes fue naturalmente un ejercicio cualitativo al que los panelistas aportaron su apreciación general. Se quiso agregar, no consideraciones sobre atributos (como en Evalúa y decide), sino las prioridades de cada evaluador; esto no redujo el ejercicio a un sondeo, se concedió un lugar importante al intercambio de ideas y la deliberación conjunta en la revisión de la selección inicial de cada panelista.

Resultados

Área Estado de derecho

1. Juicios orales, grado de coincidencia: 75 por ciento

La más importante coincidencia entre los tres partidos políticos está en lo siguiente, todos reconocen que se requiere un rediseño del sistema de justicia penal, el cual permita establecer nuevos equilibrios y papeles entre los actores del proceso judicial (Ministerio Público (MP), juez y defensa).

Un código unificado reduciría la discrecionalidad en la asignación de penas en los estados.

3. Mayores facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grado de coincidencia: 75 por ciento

Propusieron principalmente que la CNDH pudiera iniciar, cuando los funcionarios no cumplan con sus recomendaciones, procedimientos administrativos ante los órganos competentes en contra de los responsables.

4. Agenda pendiente

Sería muy conveniente que las fuerzas políticas del país discutieran una política criminal bien estructurada y coherente por medio de un diagnóstico complejo de las causas de la inseguridad y, con base en la experiencia internacional, la forma de combatirlas.

Área política

La reelección se ha tratado como una forma de rendición de cuentas para premiar o castigar el desempeño de los gobernantes, pero aún hacen falta medidas específicas.

2. Manejo de los recursos públicos y acceso a la información

Es fundamental crear las condiciones necesarias para estandarizar la rendición de cuentas de funcionarios públicos electos en todos los niveles de gobierno.

3. Colaboración entre Ejecutivo y Legislativo, y comunicación dentro del gobierno

Aunque los tres candidatos mencionaron este punto, no hacen referencia a la forma de llegar a las metas, sin embargo, una reforma de la Ley Orgánica del Congreso junto con la reelección de legisladores y reformas sobre el cabildeo, sería de gran beneficio.

4. Reestructurar el gasto de los partidos políticos

Reducir el gasto de los partidos políticos permitiría ahorros y mejoraría la rendición de cuentas de estas instituciones.

5. Homogeneizar los calendarios electorales

Una reforma de esta índole ofrece altos beneficios, como reducir el gasto en campañas y organización de las elecciones, y supone bajos costos.

Área internacional

1. Alianza y cooperación con Estados Unidos; combate al narcotráfico y al crimen organizado; regulación de la situación migratoria de los mexicanos, y ampliación de las actividades del Banco de América del Norte. Grado de coincidencia: 55 por ciento

Estos son los temas principales de las relaciones exteriores de nuestro país, e incluyen el TLCAN, la seguridad fronteriza y lograr el acuerdo migratorio para trabajadores temporales.

Es conveniente reforzar las actividades del Banco de América del Norte para invertir en proyectos ambientales en la frontera entre México y Estados Unidos.

Relación con otros países de América Latina y el Caribe, consolidar los acuerdos con la Unión Europea e impulsar la relación con China e India, grado de coincidencia: 65 por ciento

Con Centroamérica plantean principalmente atender los rubros de seguridad y narcotráfico en nuestra frontera sur; con el resto de América Latina y el Caribe, la consolidación del Plan Puebla–Panamá y fortalecer los vínculos con el Mercosur (en especial con Brasil).

En cuanto a Europa, los temas relevantes son comercio e inversión, cooperación política, científica y tecnológica.

3. Foros internacionales

Relaciones multilaterales, participación con la ONU, grado de coincidencia: 55 por ciento

Debemos reforzar nuestros vínculos financieros y comerciales dando prioridad a la actividad en la OMC y el FMI, además de consolidar nuestro papel en la ONU y en organismos políticos regionales.

4. Servicio exterior mexicano, grado de coincidencia: 60 por ciento

Todos los panelistas coincidieron en señalar la importancia de contar con un cuerpo preparado y eficaz para llevar a cabo las tareas de representación diplomática del país.

Área económica

1. Política de gasto social, grado de coincidencia: 100 por ciento

Las coincidencias de mayor importancia sobre este tema son: evaluación sistemática de los resultados de los programas de gobierno, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio y destino del gasto público, así como transparencia en la transferencia de recursos federales para asegurar que los estados y municipios rindan cuentas sobre ellos.

2. Infraestructura y desarrollo regional, grado de coincidencia: 90 por ciento

Coincidieron en ampliar la inversión en comunicaciones y transportes (sistema carretero, ferroviario, aeroportuario, puertos marítimos, instalaciones multimodales de transporte, etc.), aumentar los recursos de la banca de desarrollo para canalizarlos hacia actividades productivas e infraestructura rural de agua y almacenaje de granos para mejorar las condiciones económicas del campo.

3. Simplificación tributaria y simplificación de la administración pública, grado de coincidencia: 100 por ciento

El objetivo de la simplificación tributaria es aumentar la recaudación combatiendo la elusión y la evasión. Entre las principales coincidencias en este aspecto, destaca la de disminuir los escalones del isr, con base en las experiencias de otros países.

4. Transformación de la estructura corporativa de las empresas energéticas del Estado, grado de coincidencia: 70 por ciento

Las finanzas públicas de nuestro país dependen del sector energético, por lo que modificar el régimen fiscal de Pemex es una medida prioritaria. Esto implica modificar el gobierno corporativo de las empresas energéticas del Estado y hacerlas más eficientes.

5. Incrementar la competencia en sectores estratégicos, grado de coincidencia: 30 por ciento

Una clara coincidencia es la de darle mayor autonomía y facultades a la Cofeco, objetivo que se ha alcanzado en gran medida con la nueva Ley Federal de Competencia Económica.

Área social

Los panelistas señalaron que, en muchos casos, las concordancias se reducen a temas y en éstos no se describen los medios para llevarlos a cabo; la política social debe girar en torno a los conceptos de competitividad y calidad de vida.

El tema prioritario debe ser la calidad y la equidad en la educación. Se necesita un nuevo planteamiento que vaya a la raíz del problema de la educación en México e incluya, por ejemplo, el papel del sindicato.

2. Ampliar la cobertura de salud a familias que no cuentan con seguridad social, grado de coincidencia: 83.33 por ciento

Hay plena coincidencia en conseguir la cobertura universal, además de reducir considerablemente las muertes por complicaciones que deberían evitarse.

3. Violencia contra las mujeres, incentivar el empleo y eliminar la discriminación laboral contra las mujeres, grado de coincidencia: 75 por ciento

Deben reforzarse los mecanismos para dar vigencia real a la equidad de género, en especial en el trabajo, y enfrentar la violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones sociales, sin restringirse al ámbito intrafamiliar.

4. Cuidado del medio ambiente

Además de concentrarse en la emisión de gases y la basura como problemas de salud pública, el gobierno debe promover el desarrollo sostenible en las comunidades menos favorecidas, combatiendo también aspectos como la pobreza y la educación.

5. Combate a la pobreza

Es un tema central en el que hay plena coincidencia entre los tres candidatos. Es necesario revisar y mejorar el esquema de incentivos de los programas de desarrollo social (especialmente "Oportunidades").

Evaluación de las propuestas de campaña a cien días de gobierno

Debido a la necesidad de hacer de las propuestas de campaña indicadores reales de la conducción del gobierno, el énfasis en su cumplimiento debe ser permanente y las desviaciones difundidas. Por ello, en marzo de 2007, el CEEY reunió de nuevo a expertos —la mayoría panelistas también de Evalúa y decide—³ para que examinaran, a cien días de iniciada la administración, el grado de cumplimiento de las promesas hechas por Felipe Calderón (siendo candidato) y la pertinencia de sus principales decisiones.

Las acciones que se evaluaron fueron recopiladas a partir del seguimiento de las actividades del presidente, las cuales diariamente se consignan en el portal de Internet de la presidencia de la república. Es importante considerar que, si bien este medio no expone de manera exhaustiva los esfuerzos emprendidos por todas las áreas del gobierno federal, sí da cuenta de las acciones más relevantes de la gestión. Un criterio adicional fue que el evento o anuncio en cuestión se refiriera a un plan o una acción específicos, la exposición de intenciones generales no fue incluida como unidad de análisis (acción o plan); una vez determinada cada unidad de análisis, el CEEY revisó las propuestas de campaña de los tres principales candidatos para encontrar antecedentes en la campaña de Calderón y destacar coincidencias con López Obrador y Madrazo.

Los especialistas otorgaron una calificación a tres aspectos de las acciones: congruencia general con las propuestas de campaña, congruencia con los compromisos para los cien primeros días (Calderón difundió un documento específico acerca de la elección) y pertinencia para atender las necesidades del país. Las notas están entre cero y diez, donde cinco significa medianía. Las acciones se dividieron en cuatro grandes áreas: economía, Estado de derecho, internacional y social, que se asignaron a comités respectivos para su escrutinio colegiado. Para realizar la evaluación, los panelistas recibieron un documento que enlista las acciones en cada área temática y en el cual se presenta una breve descripción de cada acción, su anuncio oficial y tanto las promesas de campaña como las coincidencias con los otros dos candidatos, así como por lo menos una cita de los documentos que el candidato Calderón difundió desde abril de 2006, cuando su oferta se consolidó. En el momento en que una acción se vinculaba con el documento Cien acciones para los primeros cien días de gobierno, se resaltaron la referencia inicial y las citas de esa fuente.

Comentarios finales

Frutos de los proyectos de análisis y evaluación de propuestas

El papel de Diálogos por México, Lupa ciudadana y Evalúa y decide como bancos de datos es incuestionable; será posible especificar cambios claros con lo prometido y pedir explicaciones y, con el tiempo, se construirán bases de datos para estudios que relacionen plataformas con políticas aplicadas. Si bien es difícil de cuantificar, parece también innegable el beneficio implicado en alertar, a quien resulte ganador, de los puntos débiles de sus planteamientos de política.

En cuanto a si influyeron en la estrategia de los candidatos, los proyectos de propuestas hicieron que el tema se volviera prominente (salient), las propuestas como tema entraron al menú de impresos que habrían de ser difundidos por los candidatos. Debido a la difusión de los productos de los proyectos de análisis y evaluación de propuestas de campaña, por primera vez los actores políticos reconocieron en los hechos la importancia del tema: dos candidatos a la presidencia añadieron algunos materiales y mejoraron otros con la intención de posicionarse mejor en la dimensión "diseño de políticas" y eventualmente explotar a su favor esta diferencia frente al electorado.

Los candidatos que presentaron nuevos documentos durante la campaña se anticiparon a los ataques que podrían recibir por las deficiencias de sus propuestas (el encabezado de una nota de un diario internacional fue "Suspenso a los candidatos mexicanos").⁴ Querían evitar que sus contendientes los tacharan de incapaces o de malos planificadores durante la contienda; o el hecho de decirle al ganador "pues claro: gobiernas mal porque tus propuestas eran malas". Lo que hicieron Calderón y Madrazo fue presentar mejores documentos; con ello disminuían la eficacia de los ataques que pudieran recibir y se posicionaban mejor para criticar a otros.

López Obrador decidió que su estrategia no iba a incluir un posicionamiento diferente en la dimensión de propuestas. La mayor prominencia del tema (la cual se infiere de la conducta de los otros dos candidatos) no fue suficiente para buscar posicionarse mejor en esa dimensión. Esto pudo deberse a que pensaba que, aun mejorando, los evaluadores no lo calificarían mejor, que la percepción pública de la calidad de las propuestas no se vincula de modo importante con el voto o, en general, que mantener el curso da mejores resultados en una elección que modificarlo.

Si bien reconocemos la necesidad de que las promesas de campaña no sean vinculantes jurídicamente, monitorear su calidad tiene efectos positivos. El CEEY considera que el impulso que la sociedad civil dio al tema funcionó parcialmente: la mejora de las notas globales fue de alrededor de 35 de cien puntos, por las mejoras en los casos de Calderón y Madrazo, y de 16 puntos en el caso de López Obrador. A pesar de que el nivel final de los dos primeros fue apenas superior a regular y la tercera estuvo entre mal y regular, esperamos que la atención dedicada por varias organizaciones al tema se refleje con el tiempo en mejores documentos oficiales.

En el CEEY pensamos que el problema de las propuestas apenas satisfactorias no se resolverá únicamente promoviendo la importancia del tema, sino que se requieren cambios en el formato de las campañas que conduzcan a los candidatos a restringir el empleo de frases cortas de contenido emotivo. Debe producirse un replanteamiento de fondo, que incluya la discusión de elementos fundamentales, como el financiamiento y la duración de las contiendas, así como la duración e incluso el formato de los anuncios. El esquema resultante debe orientarse a tener elecciones imparciales que motiven progresivamente al electorado a informarse mejor.

A menudo, en la prensa se emplean ciertas ideas sobre los documentos oficiales de campaña que vale la pena comentar. Como se mencionó, el cambio observado en los documentos oficiales fue de calidad, no de orientación ideológica ni de adopción de nuevos temas —en su gran mayoría ya cubiertos deficientemente desde el principio según nuestro proyecto—, la cuestión de la convergencia de los candidatos en ciertos temas durante la campaña, objeto de otros capítulos de este volumen, no se estudia con plataformas sino con el contenido de los anuncios. Los medios masivos de comunicación son los intermediarios necesarios entre los candidatos y el grueso del electorado, y en ellos se desarrolla la parte estratégica de la campaña que determina el contenido de los mensajes (cabe definir la fase de "definición de los actores", incluyendo las plataformas como gran marco de políticas). Dentro de las plataformas están casi todas las propuestas que, junto con mensajes de la índole de políticas públicas, atributos personales o valores, se usarán en los anuncios para atraer votantes. Por eso las observaciones para determinar el grado en que en una campaña electoral produce conversación (los contendientes hablan de los mismos temas en sus respectivas campañas mediáticas) no deben provenir de los documentos oficiales, los cuales por su gran extensión incluyen todos o casi todos los temas, para ello se utilizan registros de medios, que captan de forma directa lo supuestamente influyente en el electorado.

Un aspecto vinculado al anterior es el de la estabilidad de las propuestas o consistencia de los documentos oficiales. Los candidatos que presentaron nuevos documentos no modificaron su posición en el espectro izquierda derecha, sino que presentaron mejor los puntos ya tratados. En los documentos finales de cada etapa, que pudieron revisarse dos veces, se registraron únicamente dos casos de inconsistencias claras.

En la segunda etapa de Evalúa y decide, el CEEY organizó mesas de análisis entre representantes de un candidato en cierta área y los evaluadores, de este modo se ofreció un foro para que los candidatos expusieran mejor sus ideas, y para que señalaran omisiones y deficiencias del proceso previo —sobre todo en lo concerniente a la selección de los materiales con los cuales se realizó la primera evaluación—. El representante de López Obrador en el área de economía hizo la observación sobre la inconsistencia más importante durante el proyecto: indicó que la información más cercana a la visión del candidato se encontraba en Diálogos por México y por lo tanto había que darle preeminencia sobre los otros documentos, ahí se señalaron las diferencias con lo planteado en la plataforma electoral de la coalición Por el Bien de Todos, en particular sobre el tema de política monetaria y tributaria. Dado que esta misma diferencia ocurría en otras áreas, como Estado de derecho y educación, por moción del propio equipo de campaña de la coalición Por el Bien de Todos se decidió hacer una revisión exhaustiva de Diálogos por México e incorporar toda la información posible. Cada panel de evaluadores conoció este hecho y lo tomó en cuenta durante la segunda evaluación. Para guardar la equidad y consistencia del proceso, el CEEY decidió que la revisión de Diálogos por México incluyera todos los temas de los tres candidatos considerados en este ejercicio, esto explica en alguna medida los cambios en las evaluaciones de ciertos temas.

La otra inconsistencia específica registrada por los panelistas fue de Felipe Calderón en los temas de salud y libertad sexuales. En la plataforma, su partido se compromete a promover "políticas públicas y programas en materia de educación sexual y de prevención de embarazos no planeados que respeten el derecho a la vida desde el momento de la concepción...", mientras en Equidad de género, documento del mes de abril, se omite la noción de derecho a la vida y el inicio de su vigencia: "Se introducirán políticas públicas y programas en materia de derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en la educación sexual y la prevención de embarazos no planeados."

Influencia continua de la sociedad civil en las políticas nacionales

Tanto Lupa ciudadana como el CEEY continuaron sus esfuerzos después de las elecciones. El primero con un seguimiento de Calderón y López Obrador desde el periodo postelectoral hasta la fecha, señalando eventos diarios de interés y promoviendo comentarios de los visitantes a su página. Es un esfuerzo abierto y continuo. El CEEY continuó en el mismo ámbito con los proyectos de propuestas coincidentes y el análisis del cumplimiento a cien días de iniciada la administración. Ya en este año iniciamos otro proyecto, que esperamos sea permanente, de evaluación de propuestas legislativas.

Pero tanto nuestras experiencias y las de otros proyectos similares, como una lectura del papel de la sociedad civil en general, nos hacen llegar a la misma conclusión básica: nuestra influencia en asuntos de interés nacional queda, la mayoría de las veces, al arbitrio de las autoridades, salvo cuando conseguimos llamar la suficiente atención de los medios de comunicación como para que los asuntos que señalamos ya no puedan ser pospuestos. Para nosotros, la necesidad fundamental de la democracia actual (sin duda de la mexicana) es institucionalizar la influencia (supervisión y algún grado de control) de la sociedad civil organizada sobre las autoridades electas y los cuerpos de representación popular en la determinación de asuntos que requieren la atención nacional.

Aunque pudiéramos difundir nuestros contenidos a todos los ciudadanos y éstos se interesaran y los procesaran, el problema básico de toda delegación de autoridad persistiría en nuestro sistema de representación política: por una parte, las preferencias de los encargados de cumplir la tarea no son iguales a las de quienes la encomiendan y, por otra, el monitoreo perfecto de las actividades de los encargados está fuera del alcance de los principales. Lo que vemos en política es lo siguiente: la actividad de las autoridades electas responde sólo de manera parcial a los intereses de la sociedad (porque tienden a imponer visión e intereses de grupo o porque acuerdan —implícita o explícitamente— con las otras autoridades o representantes electos excluir ciertos temas). El panorama se complica porque ciertos sectores organizados de la sociedad establecen una influencia permanente sobre los poderes del Estado para favorecer intereses específicos, lo que aleja las políticas aún más del interés del ciudadano común.

En México la manera de promover cambios importantes es el cabildeo, la vía informal de presentar las propuestas a legisladores. La participación ciudadana en la planeación está establecida en la Ley de Planeación y en la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, pero queda al arbitrio de la autoridad al limitarse a foros de consulta. En el Legislativo, las comisiones organizan también foros de consulta sobre temas específicos.

Para sopesar la necesidad de enfrentar el problema, consideremos la propia Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil (publicada a principios de 2004), la cual fue propuesta originalmente por un grupo de OSC convocado por la Universidad Iberoamericana en 1995. Independientemente de los defectos y virtudes de la ley, fueron ocho años de posponer un tema básico; otro ejemplo, quizá más alarmante, es el de la reglamentación del derecho al acceso a la información en poder del Estado, desde que en 1977 se incluyó en el artículo VI de la Constitución la frase "el derecho a la información será garantizado por el Estado", aparecieron comentarios de especialistas y grupos sociales indicando la necesidad de reglamentar el ámbito de acceso a la información pública; pero no fue sino hasta 2002 cuando se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, gracias principalmente a la actividad del llamado Grupo Oaxaca. Si un mecanismo como el que planteamos hubiera estado vigente, los ciudadanos habríamos podido decir, con mucha mayor certeza, "esto no pasa porque la manera en que me representan es deficiente, no por algún problema inherente a la política en abstracto", y posiblemente ambas leyes se hubieran publicado antes.

Sea cual sea el resultado efectivo de un esfuerzo colectivo de este tipo, semejante al del Colectivo para la Transparencia, pero ampliado, tendrá frutos positivos de coordinación de esfuerzos aunque no se institucionalice la influencia sobre el Estado. Si la abstracción "la representación nacional en la Legislatura" tiene sentido, "la representación de los ciudadanos activos e informados" también lo tiene, pero no se trata de representar a un sector, sino de obtener opiniones inequívocamente razonables sobre las prioridades nacionales y los requisitos mínimos para enfrentarlas.

Por otra parte, una segunda propuesta se refiere a la elaboración tanto de las plataformas electorales de los partidos como de las iniciativas de ley presentadas ante el Congreso; es importante contar con estándares mínimos de análisis que faciliten evaluar su pertinencia. Un procedimiento formal de ese tipo haría comparables las diversas plataformas electorales y evitaría que sólo fueran un trámite jurídico. En cuanto a las iniciativas, obligar a cada una de ellas a tener un sustento jurídico–técnico y a cumplir ciertos estándares, forzaría a los legisladores a tomar en cuenta elementos centrales en cualquier ley —señaladamente los de financiamiento para promover su aprobación—. Establecer tales criterios explícitos facilitaría también el escrutinio de los ciudadanos, que podrían demandar con mayor facilidad la rendición de cuentas correspondiente.

El CEEY continuará sus tareas de enriquecer el debate público y promover políticas públicas sólidas aportando análisis de temas relevantes y buscando unir fuerzas con otras organizaciones y personas interesadas en resolver los problemas del país.

Anexo I. Materiales evaluados

Notas

¹ Posteriormente, este candidato decidió renunciar a su candidatura a favor de Roberto Madrazo, ya que el PRI y el PVEM se unieron en coalición para esas elecciones. No obstante, los coordinadores del proyecto decidieron utilizar sus respuestas para el análisis general, debido a que el candidato había contestado el cuestionario antes de renunciar.

² Se puede tener acceso a estos documentos en la página de Internet: http://www.esmas.com/dialogospormexico.         [ Links ]

³ Roberto Newell, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, se sumó al comité de Economía.

⁴ "Suspenso" en España es "reprobado" (El País, 2006).

Artículos

"A ras de suelo": Apariciones de candidatos y eventos en la campaña presidencial de México

"A ras de suelo": Candidate Appearances and Events in Mexico's Presidential Campaign

Joy Langston y Allyson Lucinda Benton*

* Profesora–investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Carretera México–Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F. Tel: 57 27 98 00. Correo electrónico: joy.langston@cide.edu.

** Profesora–investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Carretera México–Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F. Tel: 57 27 98 00. Correo electrónico: allyson.benton@cide.edu.

Artículo recibido en julio de 2008.
Aceptado para su publicación en abril de 2009.

Resumen

Este trabajo describe una parte esencial de las modernas campañas presidenciales de México: las visitas de los candidatos a las localidades. Revisamos la historia de las campañas presidenciales y describimos de qué manera la competencia y las reformas electorales las han transformado en los últimos años. Finalmente, utilizando una novedosa base de datos de todas las visitas efectuadas por tres candidatos durante los seis meses de la campaña, logramos entender los diferentes tipos de actos que los candidatos presidenciales de los tres partidos más importantes utilizan.

Palabras clave: campañas, elecciones, eventos de campaña, México.

Abstract

This work examines a crucial part of modern presidential campaigning in Mexico: candidate appearances in municipalities. It also traces the changes in presidential campaigning over the past 30 years and finds that modern campaigning does not just involve mass media appeals, but also "the ground war," that is, candidate visits to cities and towns all across Mexico. In order to understand how parties in Mexico strategize the candidate appearance schedule, we have gathered a unique data–base that examines all the municipalities visited by each candidate to understand how campaign teams spend valuable resources.

Introducción

Durante los seis meses de campaña presidencial, el espectro electromagnético de la televisión mexicana estuvo repleto de anuncios de 30 segundos que ensalzaban la imagen personal de cada candidato y sus promesas para el siguiente sexenio; entre tanto, los candidatos mismos estaban muy ocupados viajando de ciudad en ciudad en busca de votos. En una imagen icónica de la contienda presidencial de 2006, el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, fue fotografiado mientras pronunciaba un discurso en una población pequeña, de cara a la plaza llena de residentes del lugar, con los brazos abiertos, y en primer plano una antigua iglesia, testigo silencioso del llamamiento del candidato a la gente. Pero López Obrador no fue el único aspirante presidencial que realizó una peregrinación por los pueblos, ciudades y capitales de los estados de la nación; los tres principales candidatos estuvieron de gira de campaña durante la mayor parte de los seis meses, pronunciaron discursos, se reunieron con la base local de su partido, comieron con empresarios, recibieron las bendiciones de los líderes religiosos, y dieron entrevistas a la televisión y los periodistas locales.

Las campañas presidenciales de México se han transformado drásticamente en el curso de los quince últimos años, a medida que la nación se democratizaba, pero aún queda mucho por investigar para lograr entender la naturaleza de las modernas campañas en un entorno competitivo. Se podría pensar, a partir de diversos trabajos académicos e informes de los medios de comunicación, que las nuevas campañas mexicanas consisten sólo en publicidad en los medios: anuncios pagados en radio y televisión. Sin embargo, la base de las campañas tradicionales —la aparición de los candidatos en reuniones celebradas en los municipios— ha seguido desempeñando un papel esencial en las estrategias modernas de campaña de los tres principales partidos. Se ha realizado un trabajo importante respecto al efecto de la propaganda mediática sobre los resultados electorales (Beltrán, 2007; Domínguez y Lawson, 2005; Lawson, 2002), pero casi no hay investigaciones acerca de la manera en que los equipos de las campañas presidenciales elaboran la estrategia de su "guerra terrestre" de seis meses de duración, es decir, el programa de apariciones del candidato.¹ Este trabajo contribuye a llenar esa brecha de nuestro conocimiento especializado al examinar por qué los candidatos presidenciales viajan a algunos de los casi 2 500 municipios del país y no a otros. Ayudará a demostrar que, aunque todos los partidos tienen ciertas estrategias de campaña en común, difieren también de maneras sistemáticas e interesantes. Como los tres partidos invierten millones de pesos y una gran cantidad de tiempo en las giras de los candidatos, es necesario comprenderlas para poder trazar una imagen más completa de las campañas en general.

Este artículo usa una base de datos única de todas las apariciones de los candidatos del PRI, PAN y PRD en diferentes municipios antes de la elección presidencial de 2006, para poner a prueba algunas teorías de la forma en que los aspirantes prefirieron llevar a cabo su campaña "por tierra".² Estos datos están tomados de un periódico de circulación nacional, El Universal, e incluyen todas las apariciones de los candidatos de los tres partidos más grandes de México —el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Deomocrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)— a lo largo de la campaña completa, que se extendió desde finales de enero hasta finales de junio de 2006. En la siguiente sección se analiza la bibliografía sobre las campañas y se emplean esos estudios para desarrollar varias hipótesis, que pueden ponerse a prueba, sobre la forma en que cabe esperar que los candidatos presidenciales mexicanos diseñen sus apariciones de campaña. En la tercera sección se presenta una breve historia de las campañas presidenciales en México. La cuarta describe los datos utilizados para evaluar las estrategias de campaña de los aspirantes mexicanos, presentar una serie de pruebas estadísticas empleadas para evaluar las hipótesis y comentar los resultados. El artículo finaliza trazando ciertas conclusiones acerca de las campañas presidenciales y de lo que pueden decirnos sobre cómo los partidos cortejan a los votantes en la nueva democracia de México.

Campañas, aparición de los candidatos y expectativas teóricas acerca de los eventos de las campañas presidenciales mexicanas

Carsey (2001, pp. 5–6) observa que las campañas son una serie de actividades que emprenden los candidatos (con sus respectivos equipos o líderes del partido) para obtener votos el día de las elecciones. Esas actividades incluyen desarrollar estrategias respecto a lo que ha de destacar el candidato en su mensaje a los medios, distribuir recursos a las diferentes partes de la campaña y monitorear las actividades de los rivales, mientras se planea un acercamiento a los medios y se está al tanto de la forma en que el público responde a esos llamamientos. La meta de las campañas es informar racionalmente a votantes ignorantes sobre los candidatos, los partidos y sus acciones probables si llegan al poder, así como convencer a los ciudadanos de optar por determinado candidato o partido. Las campañas pueden activar y fortalecer las predisposiciones previas de los votantes en relación con partidos y problemáticas, y aumentar el conocimiento que tienen los mismos sobre la postura de los aspirantes en torno a determinados temas. Como resultado, los esfuerzos de obtención de votos pueden influir sobre el comportamiento de los votantes y, por ende, sobre el resultado de una contienda, sobre todo si es cerrada (Simon, 2002).

En ciencias políticas hay un animado debate acerca de los efectos de las campañas sobre el comportamiento de los votantes, y muchos afirman que una estrategia basada en los medios representa una forma más eficaz de convencer y movilizar a los votantes potenciales que las apariciones de los candidatos.³ Los anuncios de televisión pagados llegan a muchísima más gente que las reuniones y mítines, así que si las elecciones se ganan porque se reúnen millones de votos, es evidente que la televisión y la radio son probablemente más efectivas para llegar a las masas. Las apariciones de los candidatos, por otro lado, sólo alcanzan a unos millares o tal vez apenas centenares de personas a la vez, por lo que se considera que son vehículos mucho más débiles para convencer y movilizar a los votantes.⁴ Pese al debate en los textos especializados, en México (y en la mayoría de las democracias presidenciales) los candidatos siguen recorriendo tercamente la nación, para visitar cientos de municipios durante los seis meses de la campaña.

Los textos sobre el tema en el campo de las ciencias políticas han ignorado en gran medida la pregunta de cómo elaboran los equipos de campaña la estrategia de las apariciones de los candidatos en las giras (la guerra terrestre, como se le ha denominado), lo que nos brinda una oportunidad única de usar a México como caso de prueba para analizar problemas más amplios en torno a las campañas en las democracias presidenciales. En este capítulo se desarrollan y someten a prueba diferentes modelos que se derivan de las obras sobre los efectos de campaña, a fin de entender más plenamente la campaña terrestre.

Es posible ver a los candidatos como actores estratégicos que deben actuar bajo una serie de restricciones cuando diseñan su estrategia para distribuir sus recursos (como el tiempo y el dinero) en una campaña (Carsey, 2001; Shaw, 1999). Esas restricciones incluyen: las reglas electorales del país, la cantidad y distribución geográfica de los seguidores del partido, y el monto del financiamiento disponible para la campaña, el cual proviene de distintas fuentes. Partidos y candidatos procuran segmentar a la población global de votantes en grupos más pequeños, con características socioeconómicas o partidistas claras y luego enfocarse en ciertos segmentos que podrían votar por el candidato. Los diversos partidos, aunque actúan de acuerdo con las mismas reglas electorales, suelen enfrentarse a distribuciones distintas de la fuerza partidista y tal vez utilicen las apariciones de los candidatos de maneras diferentes. Así que, en vista de las limitaciones específicas que se encuentran en el caso mexicano, ¿qué expectativas pueden desarrollarse en torno a la estrategia de las apariciones? En esta sección formulamos distintos modelos de comportamiento de los candidatos que pueden explicar diferentes estrategias de aparición.

Modelo uno: El sistema electoral. La elección presidencial de México se decide en un único distrito nacional, en una elección por mayoría de una sola ronda. Las apariciones de los candidatos se llevan a cabo en los municipios (pueblitos, pueblos y ciudades); es decir, los candidatos no llegan a un estado y pronuncian un discurso en el ámbito estatal, más bien visitan los pueblos y barrios para tratar de conseguir los votos.⁷ Como el tamaño de los municipios del país cambia en forma drástica, desde alrededor de cien residentes hasta tres millones, sería plausible ver que los candidatos visitasen sólo los municipios más grandes, en los que se cuenta con el mayor número de votantes potenciales.⁸

Modelo dos: Bastiones del partido. Son muchos quienes sostienen que los seguidores esenciales tienen más probabilidades de ser convencidos y de responder a la información de campaña que los votantes indecisos o los que no siguen a ningún partido, de modo que las campañas deberían enfocarse en movilizar a los seguidores (Campbell 2000; Holbrook y McClurg, 2005, p. 689). Los independientes están menos informados, tienen menos probabilidades de ir a votar y necesitan tanto ser convencidos por el candidato como movilizados (Holbrook y McClurg, 2005; Shaw, 1999). Por consiguiente, es posible que los candidatos visiten los municipios con elevado apoyo partidista, independientemente del tamaño de los mismos. Sin embargo, debido a las enormes diferencias en las dimensiones de los municipios, puede haber un efecto de interacción entre la densidad de los seguidores y la población del municipio; por ende, una expectativa modificada del modelo de apoyo partidista consistiría en que los candidatos visitasen municipios grandes en los que hay un elevado número de seguidores del partido (Holbrook, 2002).

Una tercera variante del modelo de apoyo partidista es que los candidatos visitarían casi todos los municipios de los estados gobernados por compañeros de su mismo partido (Powell, 2004). Los ejecutivos estatales de elección directa tienen muchos recursos y están en condiciones de apoyar y colaborar con las elecciones presidenciales reuniendo fondos, sacando anuncios y activando a la base del partido en el estado. Además, a los gobernadores les conviene dar su apoyo a las campañas para legisladores (que en México se llevan a cabo simultáneamente con la elección presidencial), las cuales dependen muchas veces de la fuerza del candidato presidencial. Por lo tanto, se podría advertir que los equipos de campaña envían al candidato a cubrir municipios en los cuales el gobernador en ejercicio es miembro del mismo partido.

El modelo del votante sin partido. Es posible observar que, en lugar de orientar los recursos a los baluartes partidistas, los equipos de campaña se dirigen a los votantes sin partido. Como afirman algunos autores, los votantes indecisos suelen ser los que definen una campaña presidencial (Shea y Burton, 2001, p. 77). En México se observan grandes fluctuaciones de la identificación partidista a medida que, debido a la democratización, el sistema de partido hegemónico está siendo remplazado. Moreno (2003) señala que los votantes sin identificación con un partido representaron más de 30 por ciento de la población empadronada de México, más que cualquier otro grupo de personas identificadas con algún partido. Muchos jóvenes mexicanos jamás se han sentido firmemente identificados con algún partido (Magaloni, 2006); otros han cambiado el suyo a medida que se presentan nuevas opciones electorales (Domínguez y McCann, 1996), lo que significaría que los votantes mexicanos tienen mayores probabilidades de cambiar su apoyo a un partido de una elección a otra. Eso les proporciona a los partidos un buen incentivo para ir en pos de los votantes volátiles. Por consiguiente, es probable que los candidatos visiten más los municipios en los cuales, en el pasado reciente, la votación ha sido volátil. Una vez más, cabría prever un efecto de interacción entre población y volatilidad.

El PRD, por ejemplo, ha sido históricamente débil en el norte, a juzgar por las cifras bajísimas de las recientes elecciones para gobernadores o legislativas (Klesner, 2004). No obstante, un candidato por un distrito único no puede darse el lujo de ignorar toda una región. Un aspirante presidencial carismático puede reclutar centenares de miles de nuevos votantes en estados en los que a su partido nunca le ha ido bien, sobre todo en el contexto de una mayor volatilidad de los electores. Puede haber alguna estrategia de aparición de los candidatos en regiones débiles en términos partidistas, en un esfuerzo por ganar nuevos votantes para el aspirante presidencial.

Una breve historia de las campañas presidenciales en México

Después de la campaña de 1934 todos los candidatos presidenciales del PRI, incluso a sabiendas de que no había posibilidades de que perdiesen la elección, realizaron sus propias versiones de la gira nacional y se pasaron meses visitando todas las zonas del país. A medida que la radio y la televisión empezaban a llegar casi a todos los rincones, los periodistas se unían al candidato del PRI en sus viajes y hacían la crónica de la entusiasta recepción que recibía el presidente (después de una rápida limpieza y pintada de las calles por las que pasaría). El dominio del PRI en el escenario político y electoral implicaba que los partidos de oposición tenían pocas posibilidades de ganar una elección en casi cualquier nivel del gobierno y, además, que carecían de recursos.

Cuando la televisión llegó a ocupar un lugar importante, en la década de 1960 y a lo largo de la de 1970, el partido hegemónico pudo crear una relación cómoda con el propietario del nuevo monopolio televisivo privado (Televisa) y garantizar que, primero, el candidato del PRI sólo recibiese una cobertura positiva y, segundo, que los candidatos de los partidos de oposición fuesen en gran medida ignorados (Lawson, 2002; Magar y Molinar, 1995). Se han llevado a cabo varios estudios para calcular la cobertura televisiva sesgada de ese periodo. Hughes (2006, p. 162) reúne varios trabajos que en conjunto calculan la cobertura del monopolio privado de la televisión y descubre que en la elección presidencial de 1982 la oposición recibió ligeramente más de 30 por ciento del voto y apenas más de 10 por ciento del tiempo de televisión, mientras que en 1988 la participación de los votos de la oposición se disparó a 50 por ciento, pero los partidos, aparte del PRI, obtuvieron menos de 10 por ciento de la cobertura televisiva. Como los candidatos de oposición tenían poco dinero y el monopolio televisivo no aceptaba sus anuncios pagados, estaban prácticamente marginados de los medios de comunicación de masas (Magar y Molinar, 1995).

Esta cobertura sesgada en favor del PRI no estaba tan generalizada en los periódicos, pero pese a ello se observaron diferencias enormes en la cantidad de notas sobre el PRI y su tono positivo, en especial en periódicos cercanamente vinculados con el régimen oficial, como Excélsior y El Universal (Hughes, 2006; Lawson, 2002). Un importante diario de la ciudad de México le dedicó en 1988 alrededor de 46 por ciento de su espacio al PRI, frente a 12.5 al PAN y 11.4 al candidato de izquierda, mientras cubría mejor a los dos partidos de oposición muchísimo más pequeños, ¡con 21 por ciento! (Trejo Delarbe, 1988).

Es importante señalar que la cobertura de los medios en la época del PRI (hasta 1994) consistía en gran medida en dos tipos de estrategias: primero, los anuncios pagados por el gobierno (que no eran anuncios de campaña), exaltando sus logros en el poder (inauguraciones de hospitales, nuevas carreteras, etc.) y, segundo, las noticias de todas las noches, que se ocupaban exclusivamente del candidato presidencial del PRI. Este partido no tenía una estrategia de medios específica con anuncios pagados en radio y televisión. La campaña presidencial, incluso hasta finales de los ochenta, cuando el PRI empezó a perder su abrumadora mayoría, se basaba en presentaciones del candidato: mítines campesinos, reuniones con líderes y empresarios locales, y entrevistas con los medios de comunicación locales y nacionales. La campaña basada en las apariciones de los candidatos empezó a cambiar de manera fundamental en pocos años, antes de que el PRI perdiera por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados, en 1997, o la presidencia, en 2000.

Hubo dos sucesos que contribuyeron a modernizar la campaña presidencial mexicana. El primero fue la creciente popularidad electoral de los partidos de oposición (Magaloni, 2006) y el segundo, la reforma electoral en gran escala. La reforma de 1996 modificó las leyes relativas al financiamiento público de las campañas a fin de que todos los partidos pudiesen competir casi por igual, especialmente por lo que toca a los onerosos medios de comunicación. Además, la nueva organización electoral autónoma, el instituto Federal Electoral (IFE), fue la responsable de vigilar tanto los programas de noticias como el número de anuncios de cada equipo presidencial, así como de publicar esos resultados.⁹ El sesgo de la televisión había empezado a modificarse en 1994, cuando la participación de los partidos de oposición del tiempo de televisión había ascendido hasta más de 35 por ciento y para 2000 la cobertura era aproximadamente proporcional a la participación de los votos (Hughes, 2006).

La modernización de las campañas adopta múltiples formas; por ejemplo, se concentran con una precisión mucho mayor en los votantes, se siguen estrategias específicas de persuasión para delinear a los votantes y crear mensajes para ese grupo específico, y se incorporan expertos en mercadotecnia para diseñar los anuncios televisivos.¹⁰ Ahora los asesores profesionales forman parte del equipo de campaña: miden la opinión pública, determinan el mapa geográfico de seguidores firmes y votantes independientes, configuran la imagen del candidato, reaccionan ante anuncios de televisión de los rivales, recaudan fondos y dan forma al mensaje global de la campaña (Shea y Burton, 2001; Wattenberg, 1982).¹¹ Estos cambios implican que los partidos deben contratar especialistas que no necesariamente forman parte de su propia organización; que las campañas resultan más caras a medida que los partidos se dedican a los anuncios en los medios de comunicación, y que los candidatos presidenciales —no el partido— serán por lo general los que estén a cargo de manejar la campaña (Beltrán, 2007). Beltrán (2007) describe un nuevo tipo de campaña presidencial mexicana que tuvo su escenario en 2000: dominó la televisión, se consideraba más importante la imagen del candidato que los problemas reales, se le dio seguimiento a la campaña en los medios, y la cobertura de los candidatos de los tres principales partidos en los medios noticiosos careció básicamente de sesgos. De los 130.4 millones de dólares que se gastaron en comunicación social, 56 por ciento se destinó a la televisión para difundir 330 anuncios, 36 por ciento a la radio y 8 por ciento a los materiales impresos (Beltrán, 2007).

No obstante, durante el cambio radical del estilo de las campañas que se produjo en México en el curso de los últimos diez años, los partidos no le pusieron fin a la guerra terrestre. En el conjunto de datos para 2006 observamos que de aproximadamente 162 días de campaña, en por lo menos 150 alguno de los candidatos estaba en una aparición de campaña, en su mayoría fuera del Distrito Federal. En total los tres principales candidatos participaron en más de 950 actos distintos, en más de 350 de los municipios del país. En este momento resulta imposible adivinar, siquiera, la cantidad de dinero que se gastó en los medios en relación con la que se destinó a la guerra terrestre, pero resulta claro que tanto los medios de comunicación masiva como las apariciones constituyen la base de las modernas campañas presidenciales mexicanas. Este trabajo no sostiene que los eventos de campaña influyeran necesariamente sobre los votantes o cambiaran la dirección de la contienda; más bien se pregunta de qué manera los equipos de campaña trazan la estrategia de los programas de las presentaciones de su candidato.

¿Qué creen el PRI, PAN, y PRD cuando mandan a su candidato a las giras que incluyen varias presentaciones para pronunciar discursos y encontrarse con los líderes locales? Durante la era hegemónica, el PRI acostumbraba realizar mítines y pequeñas reuniones con líderes locales como parte de su estrategia de campaña por varias razones: para amarrar a la base local del partido con el partido nacional por medio de un intercambio clientelista, para revelar los problemas de las localidades y para poner a prueba la capacidad de movilización del candidato en una especie de ensayo general del día de las elecciones (Langston y Morgenstern, s. f.). Si la base del partido tenía éxito con el acarreo de personas y llenaba la plaza del pueblo, se consideraba que lograría también llevarlas a las casillas de votación. El problema para el PRI hegemónico no consistía tanto en derrotar a los demás partidos como en conseguir que millones de votantes participasen en elecciones amañadas.

Es evidente que este imperativo se ha modificado desde el surgimiento de la competencia electoral y ahora los partidos tienen que convencer y movilizar a los votantes en contiendas mucho más competitivas. Los mismos miembros de los equipos de los candidatos dicen que la guerra terrestre que éstos lleven a cabo puede vigorizar a la base del partido, para que haya más probabilidades de que ofrezcan sus servicios como voluntarios para recaudar fondos y actuar como observadores de casilla, y que también puede movilizar a los seguidores del partido para que se hagan presentes el día de las elecciones. Las pequeñas reuniones con líderes locales (que incluimos como parte de la guerra terrestre en general), sobre todo con hombres de negocios, son fundamentales para la recaudación de fondos (Gómez, 2006).

Diferencias entre los partidos

Esta sección presenta una breve historia de organización de las campañas y el partido para cada uno de los tres principales rivales mexicanos, a fin de contribuir a entender por qué pueden seguir estrategias diferentes de aparición de los candidatos. El antiguo partido hegemónico se sustentaba en dos pilares: la organización sectorial y los afiliados geográficos al partido, con base en municipios y estados. El PRI era (y tal vez siga siendo) el partido con una estructura más grande y, con mucho, con la mayor extensión de sus ramas locales. Las apariciones de los candidatos (para la contienda presidencial) solía estar organizada por los dirigentes locales, sobre todo los gobernadores, los presidentes municipales (casi todos los cuales eran miembros del PRI) y los sectores corporativos. Desde el inicio de la democracia y la competencia electoral, el PRI siguió siendo fuerte en muchas áreas de la nación. Dentro del partido se han producido luchas acerca de la mejor manera de enfocar las campañas en la etapa competitiva, en las cuales algunos dirigentes de la "base territorial" del partido sostenían que gastar en mítines e intercambio clientelista eran mejores formas de enfrentar el reto de la oposición que depender simplemente de los anuncios en televisión (Sauri, 2003; Olivares, 2000). Los dirigentes del partido que no tienen vínculos con las bases del mismo están mucho menos convencidos de esos métodos anticuados, y creen firmemente que la mayor parte del dinero que se invierte en vigorizar la base delpartido es robado, en realidad, por esos líderes partidistas más tradicionales, y que poco ayudan a conseguir votos el día de las elecciones. Buena parte de las disputas en torno a cómo hacerles frente a los nuevos retos de la competencia electoral se deriva de cuál sector del partido se beneficiaría de la distribución selectiva de los recursos.

El equipo de campaña del PRI en 2006 estaba consciente de la falta de popularidad de Madrazo en las encuestas. No obstante, el candidato tenía la ventaja de encabezar el partido más grande del país, con la organización más variada y mejor distribuida. En repetidas ocasiones Madrazo afirmó que seguía en la contienda, pese a estar rezagado al tercer lugar en las encuestas, porque tenía "el voto duro del PRI ", supuestamente una enorme base de entre nueve y diez millones de miembros que votaban siempre por el partido, sin importar quién fuese el candidato (Cortés, 2006) .

En el PRD el estilo de campaña durante los años noventa y entrado ya el nuevo siglo se basaba en el impactante efecto de las elecciones de 1988, en las cuales el candidato de la izquierda unificada, Cuauhtémoc Cárdenas (ex miembro del PRI y que dejó ese partido poco antes de la campaña), que fue en gran medida silenciado por los medios, desafió al partido hegemónico en la contienda presidencial y estuvo a punto de ganarla. Cárdenas, hijo del presidente que diera inicio a las giras nacionales, se pasó la campaña recorriendo el país, viajó de pueblo en pueblo para realizar pequeños mítines. Lentamente fue pasando de boca en boca información sobre el hijo de "Tata Cárdenas", y cuando estaba por concluir la temporada de campaña Cuauhtémoc celebraba ya grandes reuniones. Después de la presunta "caída del sistema" y el subsecuente fraude electoral, las demostraciones en contra del PRI y a favor de Cárdenas ascendieron hasta alcanzar cifras históricas. Con poco dinero, casi sin cobertura mediática y ante encuestas de opinión que minimizaban dramáticamente la popularidad del candidato de izquierda, la campaña de Cárdenas estuvo a punto de derrotar al PRI.

Esa campaña habría de marcar los futuros esfuerzos de obtención de votos del recién formado PRD, de centro izquierda, para las dos siguientes elecciones presidenciales (1994 y 2000), ya que Cárdenas se negaba a modificar su estilo de campaña, incluso cuando ya se disponía de dinero público para hacer más promoción en los medios (Aguilar Zínser, 1995; Bruhn, 2000). Cárdenas creía que si "llenaba la plaza" la campaña andaba bien, sin importar lo que pudieran decir las encuestas de opinión (poco confiables). Curiosamente, el nuevo partido no modernizó su estilo de campaña, como lo hiciera el hegemónico PRI. Esto representó un serio problema, ya que el PRD era un partido de base regional, fuerte sólo en el área metropolitana de la ciudad de México y en unos cuantos estados más, como Michoacán, Guerrero, partes del Estado de México y Veracruz (véase en Klesner, 2004, más acerca de las fortalezas regionales de los diferentes partidos).

Pese al fracaso de las tres campañas presidenciales de Cárdenas, a finales de 2005 López Obrador anunció que su campaña sería "a ras de suelo", con lo que se refería a una gira terrestre que no haría tanto hincapié en la publicidad en los medios (Ramos, 2006a).¹² Dijo que su estilo de campaña lo acercaría más a la gente y que ésta no le fallaría, sin importar los ataques que pudiesen desencadenar sus enemigos. Y en efecto, cuando la campaña de Calderón lanzó una serie de anuncios que atacaban la credibilidad del candidato del PRD, a lo largo de casi un mes López Obrador no respondió con publicidad de contraataque y prefirió defenderse con los discursos que pronunciaba en los mítines (Ramos, 2006b).

El PAN, partido que se constituyó en 1939 en oposición al Partido de la Revolución Mexicana (el PRM, otro de los partidos predecesores del PRI), autoritario, con base de masas y de tendencias de izquierda, había sobrevivido a largas décadas lejos del poder, con una firme postura ideológica, política y económicamente liberal, y vinculado con la Iglesia católica (Middlebrook, 2001; Mizrahi, 2003). El PAN había sido tradicionalmente el segundo partido de importancia en México y el principal retador para el PRI hegemónico; no obstante, cuando en 1988 Cárdenas estuvo a punto de derrotar al candidato presidencial del PRI, el PAN cayó al tercer lugar en materia de voto presidencial. El partido de centro derecha fue tal vez el más capaz de modernizar sus estrategias de campaña, ya que no tenía dirigentes fuertes que defendiesen la guerra terrestre ni un momento fundacional que se hubiese basado en ese estilo de campaña. Por lo tanto, en 1994 el PAN propuso a un candidato carismático a la presidencia, que logró derrotar hábilmente a sus rivales del PRI y del PRD en el primer debate televisado de la historia de México. Nació una estrella de la televisión y el atractivo popular de la campaña aumentó de manera significativa. Con esta victoria de corta duración¹³ llegó el reconocimiento del poder de los medios de comunicación de masas. Si bien el PAN tenía fuerza organizativa partidista en algunas regiones de la nación,¹⁴ en muchas áreas no podía contar con su capacidad de movilización. Si esperaba ganar una elección presidencial, el PAN tenía que llegar a votantes que nunca habían sufragado antes.

Calderón nunca cuestionó la importancia de la promoción en los medios de comunicación: el partido se profesionalizó de una forma notable durante los años noventa y había contratado asesores especializados extranjeros para contribuir a modernizar la campaña. Sin embargo, si se ve al PAN como el partido que más probabilidades tenía de adoptar el estilo de campaña norteamericanizado, Calderón de todos modos realizó giras por los pueblos y ciudades del país, celebró mítines y pronunció reiterados discursos. La diferencia consiste, quizás, en que cuando Calderón iba atrás en las encuestas, a lo largo del mes de febrero, reelaboró su estrategia de medios y creó anuncios publicitarios para cuestionar y atacar al candidato de izquierda, al que calificó de peligro para México y comparó con Hugo Chávez, el presidente populista de Venezuela. Cuando el candidato del PRD decidió no participar en el primer debate, celebrado a finales de abril, Calderón aprovechó su ausencia y dominó el acto, en el que se mostró confiado y relajado. Tras la victoria en el debate el candidato ascendió en las encuestas y pudo efectuar mítines mucho más grandes (Ramos, Jiménez y Torres, 2006), de lo que se informó en los noticieros nocturnos, con lo que se creó un círculo virtuoso.

Análisis estadísticos de las campañas en México: Las variables y los datos

Aquí se someten a estudio tres variables dependientes: los municipios visitados por Calderón, López Obrador y Madrazo durante la campaña presidencial de 2006. México se divide en 2 445 municipios, de manera que es poco probable que incluso en las prolongadas campañas de seis meses algún candidato sea capaz de visitarlos todos. Para cada candidato se codifica esta variable como uno si el candidato visitó el municipio en algún momento a lo largo de su campaña, sin reparar en el número de veces que lo hiciese, y cero si no lo visitó. Las tres variables específicas de los candidatos se crearon con base en el análisis de uno de los principales periódicos de difusión nacional de México, El Universal. Casi todos los días, a lo largo de la campaña, los reporteros que acompañaban a los tres candidatos escribían artículos detallando los viajes de los mismos y los actos realizados. Los análisis diarios de la información sobre las campañas arrojaron un total de 957 actos en los seis meses de la campaña, desde mítines masivos y actos específicos de los partidos hasta reuniones con grupos de interés determinados. Pudimos identificar el municipio preciso para 914 de los 957 eventos. Aquéllos cuya ubicación no se estableció se reparten por igual entre los tres candidatos, de manera que asumimos que tenían una distribución aleatoria y no introducían sesgos en el conjunto de datos. Los 914 actos restantes se llevaron a cabo en 359 municipios de todo el país. De los mismos, Calderón visitó 135, López Obrador 229 y Madrazo 143.

Las principales variables independientes de interés incluyen: el número total de votos posibles en el municipio, el porcentaje de apoyo electoral al partido político del candidato previo en el municipio, y si el municipio se encuentra en un estado controlado por el partido del candidato o por uno de oposición. Los datos del número total de votos posibles en el municipio se tomaron de las elecciones federales más recientes del país, las legislativas de 2003. El apoyo al candidato en el municipio como participación porcentual se tomó también de esas elecciones. Los datos de esas variables se obtuvieron del IFE (www.ife.org.mx).

Incluimos también una serie de variables socioeconómicas que, según el candidato, pueden considerarse como controles o como teóricamente importantes. Estas variables incluyen la participación porcentual de la población del municipio que gana un salario mínimo o menos, la de población mayor de cinco años que se considera analfabeta, la de más de cinco años que puede hablar una lengua indígena, la de más de cinco años que observa la fe católica, el porcentaje de unidades domésticas cuyo piso no es de tierra y el de las que cuentan con energía eléctrica. Los datos para estas variables se obtuvieron del Simbad (Sistema Municipal de Base de Datos) del INEGI (www.inegi.org.mx).

El cuadro 1 presenta una serie de estadísticas resumidas para las variables que aquí se estudian. Los municipios se dividen en grupos según hayan sido visitados o no por uno de los candidatos a la presidencia. Como se observa, los municipios que visitó el contendiente del PAN a la presidencia, Felipe Calderón, obtuvieron un apoyo promedio de 34.63 por ciento en las elecciones para diputados de 2003, en comparación con 22.67 por ciento de los que el candidato no visitó. De manera similar, los municipios visitados por el candidato solían contar, en promedio, con una mayor población de votantes que los que decidió omitir. Los que visitó Calderón fueron, en promedio, de 10.5 logaritmos naturales, en comparación con 7.8 logaritmos naturales, es decir, unos 36 000 votantes frente a 2 400. El cuadro incluye también información sintética sobre el total de sufragios emitidos en la elección presidencial de 2000 y respecto a la participación porcentual del apoyo partidista. Las tendencias que se observaron en 2003 se habían presentado también en 2000.¹⁵

Las tendencias para el candidato del PRD, López Obrador, y del PRI, Madrazo, son semejantes. Aunque no hay una diferencia discernible entre el apoyo al PRD en los municipios visitados por López Obrador y aquellos a los que no fue, este candidato también tendió a favorecer los municipios con más votos. Los que visitó contaban con 9.84 logaritmos naturales, o alrededor de 19 000 votantes, en comparación con 7.75 logaritmos naturales, o 2 300 votantes. También Madrazo, el candidato del PRI, escogió los municipios con mayor población empadronada, aunque no eran necesariamente aquellos en los que el PRI había recibido más apoyo en el pasado reciente. De hecho, las estadísticas resumidas que comparan el apoyo al PRI en los municipios a los que concurrió Madrazo con los que prefirió omitir parecen apoyar la conclusión opuesta: que Madrazo tendía a ir a donde su partido era más débil por lo que se refiere a la participación porcentual del apoyo.

Desde luego, no es posible extraer conclusiones decisivas de la síntesis de las estadísticas, ya que las diferencias observadas en el tamaño de la población de los municipios visitados por los candidatos y de aquellos en los que no se celebró acto alguno que los incluyese no controlan el efecto de otras variables. Sin embargo, las estadísticas plantean la posibilidad de que los candidatos tendieron a ir a las ciudades más grandes y de que el PAN logró concentrar esas visitas en las áreas en las cuales, en promedio, el partido era más fuerte. El PRD y el PRI, en cambio, se concentraron en las ciudades más grandes sin prestar demasiada atención al apoyo partidista en elecciones anteriores. Esto puede no parecer raro en el caso del PRD, ya que el pobre desempeño de este partido en las elecciones federales de 2000 y 2003 lo dejó sin fuertes baluartes urbanos, excepción hecha del Distrito Federal. No obstante, la preferencia de Madrazo por las ciudades grandes, sin reparar en el apoyo partidista, sugiere que su partido, aunque tuvo un buen desempeño en las elecciones, lo mismo de 2000 que de 2003, no contaba con grandes bastiones urbanos o decidió ignorar las tendencias previas en materia de apoyo partidista.

El cuadro 2 presenta otro conjunto de estadísticas resumidas que incluyen información sobre la cantidad de veces que cada candidato visitó estados controlados por compañeros de partido. En el momento de la elección el PAN contaba con nueve de 32 gubernaturas (28%), el PRD con seis (19%) y el PRI con 17 (53%). Del total de 135 visitas a municipios que realizó el contendiente del PAN por la presidencia, Felipe Calderón, 105 (78%) se efectuaron en estados con gobernadores del PRD o del PRI y 30 (22%), en estados con gobiernos panistas. Es decir, Calderón no parece haber visitado los estados en proporción con la filiación partidista del gobernador. De los 229 municipios visitados por López Obrador, el candidato del PRD, 179 (78%) se encontraban en estados gobernados por el PAN y el PRI y 50 (22%), en aquellos encabezados por el PRD. De manera que el candidato de este partido tendió a favorecer a los estados que eran o no del PRD en proporción con la filiación partidista del gobernador. En contraste, Madrazo, del PRI, visitó 143 municipios, de los cuales 100 (70%) se encontraban en estados gobernados por el PRI y 43 (30%) en estados con gobernadores del PAN o del PRD. Madrazo parece haber favorecido los estados encabezados por priístas, en comparación con los regidos por el PAN o el PRD, fuera de proporción con su porcentaje de filiación partidista.

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el empleo de técnicas de regresión logística. Dado el escaso número de visitas municipales que realizó cada uno de los tres candidatos al elevado número de municipios de México, nos preocupaba la posibilidad de que hubiese sesgo en los parámetros y tener problemas con las pruebas estadísticas de significación (King y Zeng, 2001; Tomz, King y Zeng, 2003, 2006). En todo caso, la regresión logística de eventos infrecuentes produjo parámetros y pruebas de significación similares (por razones de espacio no los incluimos en este documento).

El cuadro 3 muestra los resultados de las pruebas del modelo 1 respecto al efecto del distrito único, que comprende todo México, de la estrategia de actos del candidato del PAN, Felipe Calderón. De acuerdo con este modelo de estrategias del candidato, todos ellos, incluyendo a Calderón, debían tratar de visitar las ciudades y distritos más grandes del país para hacer un llamamiento al mayor número posible de votantes y maximizar así su apoyo. Como se observa en el modelo del cuadro 3, Calderón tendió, en efecto, a concurrir a los municipios en los que se observa el número más alto de votos. La variable que capta el efecto del total de sufragios en las elecciones a diputado de 2003 fue positiva y significativa en el nivel de p < 0.001. La gráfica 1 corrobora la relación entre la dimensión de la votación municipal y la probabilidad de que se realizase un acto de campaña de Calderón. Las ciudades con escaso número de votantes, es decir, por debajo de 9 logaritmos naturales, u 8 100 personas, tenían una probabilidad de cero por ciento de recibir a Calderón en el curso de su campaña. No obstante, a medida que aumentaba el tamaño del público de votantes de un municipio, se elevaba también la posibilidad de que recibiese una visita del contendiente presidencial del PAN. Como se observa en la gráfica, las ciudades con 11 logaritmos naturales, o apenas menos de 60 000 personas que hubiesen sufragado en los comicios de 2003, tenían una probabilidad de 53 por ciento de recibir a Calderón. Las que contaban con 12 logaritmos naturales, o casi 163 000 sufragios en 2003, tenían una de 85 por ciento. En su búsqueda de la presidencia Calderón visitó las ciudades de mayores dimensiones.

Todos los modelos del cuadro 3 y de los subsiguientes calculan los errores estándar controlando por grupos (paneles) de estados, a fin de explicar el efecto de las cifras variables de los municipios por estado. No fue posible usar variables dummy estatales debido a problemas de multicolinealidad con las variables dummy para los gobernadores. A fin de cerciorarnos de que estados como Oaxaca y Veracruz, que tienen muchos más municipios que la mayoría de los demás, no sesgasen los resultados, volvimos a correr todos los modelos empleando una eliminación de estado por estado. Todos los resultados permanecieron inalterados, lo que demuestra la solidez de los resultados y los modelos.

Es importante observar que la línea de probabilidad de la gráfica 1 mantiene a todas las demás variables en sus promedios. Los cambios de las mismas, sobre todo de las que obtienen resultados significativos, conducirían necesariamente a cambios de las probabilidades de un acto de campaña de Calderón, como se demostrará ahora. El cuadro 3 también pone a prueba el modelo 2 respecto a las preferencias partidistas de los candidatos. De acuerdo con este modelo, al organizar actos de campaña y asistir a ellos los candidatos debían favorecer los bastiones del partido; para someter a prueba la presencia de dichos efectos partidistas, realizamos dos análisis de regresión. El primero, que aparece en el cuadro 3, modelo 2, incluye una variable que capta la participación en el porcentaje del voto recibido por el PAN en las elecciones legislativas de 2003 en cada municipio. Como se puede observar, esta variable es positiva y significativa en el nivel de p < 0.005. Resulta interesante que la variable que capta el tamaño del voto global del municipio en 2003 también conserva su valor y su significación, pese a la adición de esta variable de apoyo partidista.

La gráfica 2 muestra cómo se conjuntan el apoyo partidista y el tamaño del público votante del municipio para afectar las probabilidades de una visita de Calderón. Aunque el coeficiente para la variable del apoyo partidista del PAN es mucho menor que el de los votos totales efectuados, tiene un efecto sorprendentemente fuerte en la probabilidad predicha de una visita del candidato del PAN. Como se observa en la gráfica, los municipios con niveles bajos de votación tienen escasas probabilidades de recibir a Calderón; los cambios importantes en la probabilidad predicha de recibir una visita de éste aumentan de manera significativa entre 10 y 12 logaritmos naturales, es decir, en ciudades con 22 000–60 000 ciudadanos que sufragaron. Sin embargo, para las ciudades con 10.33 logaritmos naturales, identificadas por puntos en las tres distintas líneas, cabría esperar probabilidades diferentes de una visita de Calderón, de acuerdo con su previo desempeño partidista panista. Las ciudades que en 2003 tuvieron un apoyo de 10 por ciento al PAN contaban con 18 por ciento de probabilidades de una visita de Calderón. En contraste, aquellas con 40 y 80 por ciento de apoyo al PAN tenían una probabilidad de 31 y 52 por ciento, respectivamente, de que fuese Calderón. A medida que aumentaba el público votante de la ciudad lo hacían también las posibilidades de una visita de este candidato y en los municipios más panistas había una posibilidad mucho mayor de que se efectuasen actos de campaña del PAN que en los que mostraban un escaso apoyo al partido.

Los candidatos presidenciales también pueden ser atraídos a municipios localizados en estados gobernados por compañeros de partido. El cuadro 3 presenta dos modelos (3 y 4) que evalúan las probabilidades de una visita del candidato presidencial del PAN en diferentes escenarios de gobiernos estatales. Los resultados en el modelo 3 refuerzan la observación casual de las síntesis estadísticas que se hicieron arriba: Calderón tenía más probabilidades de visitar estados gobernados por el PRD que los que tenían un gobernador del PRI o del PAN. El coeficiente de 1.1712 es positivo y significativo en el nivel de p < 0.052. La gráfica 3 plasma esta tendencia y demuestra la relación entre el público votante y la probabilidad predicha de una visita de Calderón a estados del PRD en comparación con estados en manos del PRI y del PAN. Por cada punto en las líneas entre 10 y 12 logaritmos naturales, es decir, entre 22 000 y 60 00 votos efectuados en 2003, el PAN tenía 23 por ciento más probabilidades de visitar un estado gobernado por el PRD que uno regido por el PRI o el PAN.

Estos hallazgos parecen algo sorprendentes; sin embargo, es importante tener en cuenta que Calderón visitó el Distrito Federal y su estado natal, Michoacán, ambos gobernados por el PRD, lo que podría explicar este descubrimiento inusual e inesperado. Pese a eso Calderón conservó su concentración en las áreas fuertes del PAN en cada estado, incluso en aquellos gobernados por el PRD, como lo demuestran los coeficientes positivos y significativos para la variable que capta el efecto del porcentaje de apoyo al PAN. Esta variable fue positiva y significativa en el nivel de p < 0.000, tal como lo fue la que medía el efecto del tamaño de la votación municipal en la probabilidad de una visita de Calderón. Los resultados de la regresión logística de eventos infrecuentes fueron parecidos a los que se obtuvieron con el modelo de regresión logística.

El modelo 4 del cuadro 3 explica la manera en que se pone a prueba el efecto interactivo entre el apoyo partidista y el tamaño del público de votantes del municipio. Como se muestra, el término de interacción entre el porcentaje de apoyo al PAN en 2003 y el número global de votos emitidos fue positivo y significativo en el nivel p < 0.001. Este hallazgo estadístico refuerza nuestra interpretación de la gráfica 2. Lo que es más importante, los coeficientes relativos a si el estado estaba controlado por un gobernador del PRD o del PRI conservan sus coeficientes y su significación, y lo mismo ocurre con las variables del total de votos emitidos. La variable separada del porcentaje de apoyo al PAN se excluyó debido a problemas de multicolinealidad con el término de interacción, que hacía que ambos resultasen insignificativos.

Procedemos ahora a analizar otro de los principales contendientes por la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, del PRD, y sus visitas de campaña a 229 municipios. Observamos que López Obrador se concentró en las ciudades más grandes de México, pero no hizo ningún esfuerzo especial por visitar municipios que estuviesen en manos del PRD, o que hubiesen mostrado una alta tasa de votación por él en las últimas elecciones legislativas. Tampoco mostró una tendencia a visitar los estados en manos del PRD más que los gobernados por el PRI o el PAN.

El modelo 2 del cuadro 4 explica cómo se pone a prueba el modelo 1 respecto a la tendencia de los candidatos de favorecer los baluartes de su partido. En contraste con los resultados para Calderón que vimos arriba, López Obrador no se inclinó especialmente por los municipios en los que el PRD era fuerte. Este coeficiente no era significativo. Suponemos que tanto en 2000 como en 2003 el PRD había perdido algo de sustento en comparación con 1997, con un apoyo municipal promedio del partido de alrededor de 16.6 por ciento en 2003 y 19.5 en 2000. Esto lo dejaba sin ningún baluarte partidista obvio fuera del Distrito Federal. De hecho, el PRD no parecía favorecer a los estados regidos por gobernadores del PRD por encima de los demás. Las variables que captan si el estado estaba gobernado por el PAN o por el PRI no resultaron significativas en los modelos 3 y 4, mientras que la variable que capta el nivel de apoyo del PRD se mantuvo sin significación. Especificaciones alternativas de los modelos que incluían una variable que captaba si el estado estaba en manos del PRD arrojaron también resultados no significativos para esta variable. El análisis que emplea términos de interacción en el modelo 4 entre el nivel de apoyo del PRD y el tamaño de la población municipal de votantes, no alteró los resultados. El término de interacción fue no significativo, mientras que la variable del tamaño de la votación municipal siguió siéndolo. En conclusión, López Obrador favorecía las ciudades grandes y no dedicó mucho más tiempo a visitar los baluartes partidistas previos ni de ese momento en comparación con otros municipios.

El cuadro 5 muestra los resultados de pruebas de los modelos 1 y 2 acerca de la naturaleza de las campañas en un único distrito que abarca todo el país y de las tendencias de los candidatos a ser atraídos hacia las áreas con un fuerte apoyo partidista al candidato presidencial por el PRI, Roberto Madrazo. Éste, al igual que sus competidores, solía inclinarse por ir a las ciudades grandes, pero no visitó los municipios en los que tenía mayor apoyo electoral sino que organizó presentaciones en los estados del PRI.

La variable que mide el efecto del tamaño de la votación del municipio sobre las probabilidades de una visita de Madrazo arrojó un coeficiente de 0.7458 que fue significativo en el nivel de p < 0.000. La gráfica 5 demuestra la relación entre el tamaño de la votación en el municipio y la probabilidad predicha de una visita municipal de campaña de Madrazo, manteniendo a todas las demás variables en sus valores medios, incluida la que capta la participación porcentual de la población municipal que gana menos de un salario mínimo, que aquí se grafica. Al igual que con los otros candidatos, los públicos votantes pequeños tenían pocas posibilidades de que se realizase un acto de campaña en su medio. Sin embargo, los municipios cuyo tamaño oscilaba entre 10 y 14 logaritmos naturales veían aumentar la probabilidad de que Madrazo hiciese un acto de campaña. Es importante señalar que la pendiente de esta función de probabilidad no es tan marcada como la que se encontró para Calderón y para López Obrador. El coeficiente de Madrazo para el efecto de la población de votantes del municipio fue menor que el de los otros candidatos, lo que significa que, si bien todos sentían preferencia por las poblaciones grandes, los centros urbanos de mayor tamaño tenían una posibilidad ligeramente mayor de recibir una visita de Madrazo que de sus oponentes. En contraste, Calderón y López Obrador se aseguraron de hacer acto de presencia en los municipios más grandes del país, mientras que Madrazo da la impresión de haber concentrado su atención en las poblaciones grandes, aunque no tanto como las de sus contendientes.

Es interesante que, si bien al PRI le había ido bien tanto en las elecciones de 2003 como en las de 2000, y había obtenido un porcentaje de apoyo municipal de 36.8 y 48.3, respectivamente, no seleccionó —tampoco lo hizo su candidato presidencial— los puntos en los que habría actos de campaña con base en el apoyo municipal. Los modelos 2 y 3 demuestran el efecto insignificante de la variable que mide el porcentaje del apoyo al PRI en las elecciones para diputados de 2003 sobre las probabilidades de una visita de Madrazo al municipio. Sin embargo, los estados priístas recibieron al candidato presidencial del PRI con muchas más probabilidades que los demás. En el modelo 3 las dos variables relativas a si el estado estaba en manos de un gobernador del PAN o del PRI resultaron negativas y significativas en los niveles de p < 0.015 y p < 0.008, respectivamente. Era mucho más probable que Madrazo concurriese a actos de campaña en municipios ubicados en estados gobernados por el PRI, incluso cuando se controla para muchas otras variables, incluyendo el tamaño de la votación en el municipio, que conservó su coeficiente y sus niveles de significación en p < 0.000. Este hallazgo respecto a la campaña de Madrazo, orientada hacia los estados priístas, refleja los hallazgos de las síntesis estadísticas que se mencionaron antes. Las gráficas 6 y 7 demuestran las probabilidades claras y diferentes de una visita de Madrazo al estado si está gobernado por el PRD o por el PAN.

Conclusiones

Este trabajo ha contribuido a demostrar que las apariciones de los candidatos en los municipios siguen representando una gran parte de la estrategia de las campañas presidenciales, junto con la promoción en los medios de comunicación nacionales. Los candidatos visitan poblaciones, pronuncian discursos ante los seguidores del partido, hablan con líderes empresariales locales, consultan con figuras religiosas y realizan mítines en gran escala. Emprenden estas actividades por varias razones: para llegar a quienes se identifican con el partido y atraer a los que votan por otros, para conseguir una cobertura mediática local positiva, para mantenerse en los medios nacionales y también para recaudar fondos. No obstante, cada partido da la impresión de seguir distintas estrategias, probablemente se debe a su apoyo partidista diferencial. El candidato del PAN no sólo visitó los municipios más grandes, sino que hizo un esfuerzo especial por ir a aquellos que en las últimas elecciones habían votado por el PAN, si bien recorrió otros estados, en particular los que estaban en manos del PRD. El candidato del PRD, en cambio, sabedor de su apoyo local disperso, se concentró en las ciudades y pueblos más grandes y prestó menos atención al apoyo manifestado en elecciones anteriores. El aspirante presidencial del PRI visitó también los municipios más grandes, pero puso especial cuidado en aparecer en aquellos de estados priístas, en buena medida para contener su menguante apoyo entre los gobernadores de su partido, muchos de los cuales no creían que pudiese ganar o no habían apoyado su candidatura.

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Entrevistas

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Sauri, Dulce María (2003), presidenta del PRI durante las elecciones de 2000, septiembre.

Olivares Ventura, Héctor Hugo (2000), ex secretario electoral del cen del PRI, febrero.

Los nombres de las autoras están en orden aleatorio, ambas contribuyeron por igual en este trabajo.

Traducción del inglés de Victoria Suchssheim.

¹ Los actos de campaña suelen definirse en general como apariciones del candidato, debates y anuncios (Herr, 2002). Este trabajo se ocupa exclusivamente de las apariciones, de lo que suele denominarse gira o guerra terrestre.

² Calderón Alzati y Cazés (1996, p. 125) crearon una base de datos similar para las elecciones presidenciales de 1994, en la que hicieron un estudio día a día de las actividades de campaña de los tres partidos. Sus datos muestran que Zedillo participó en 410 actos, Cárdenas en 562 y Fernández de Cevallos en 234. El PRI llevó a cabo más mítines en el D.F., el Estado de México, Jalisco, Baja California, Veracruz, Nuevo León y Sinaloa. No sabemos si los autores observaron los municipios precisos visitados por los aspirantes.

³ Más sobre este debate puede verse en Bartels (1993); Gelman y King (1993); Shaw (1999); Shaw y Roberts (2000).

⁴ Holbrook y McClurg (2005) marcan claramente la diferencia entre movilización, que consiste sólo en activar a quienes tienen un sesgo partidista en favor del candidato para que salgan a votar el día de las elecciones, y persuasión, que implica convencer al votante de apoyar al candidato en cuestión.

⁵ Shea y Burton (2001, p. 185) afirman que el contacto directo con el votante puede constituir una forma eficaz tanto de convencer como de movilizar a los votantes; por ejemplo, ver a un candidato en un mitin "lleva a ese votante a un nivel cognoscitivo diferente que otros medios de comunicar el mensaje", permite una comunicación en ambos sentidos entre el aspirante y el votante, ayuda a que los ciudadanos recuerden las elecciones y al candidato, y humaniza a éste.

⁶ Eldersveld y Walton sostienen que los dirigentes locales de los partidos pueden resultar esenciales en las campañas nacionales y presidenciales si se hacen cargo del registro de votantes, la recaudación de fondos, los movimientos en pro del voto (2000, p. 150). Véase también Beck (1994).

⁷ Debido a la regla del colegio electoral, los textos sobre Estados Unidos usan como unidad de análisis los estados.

⁹ Para una descripción más completa de la reforma electoral de 1996 véase Becerra, Salazar y Woldenberg (1997).

¹⁰ Jennifer Smith (2004, p. 2) describe una campaña moderna como "la que se lleva a cabo en televisión, guiada por la investigación de mercado, diseñada con las herramientas de la publicidad comercial, que usa las innovaciones tecnológicas para llegar a los votantes, planeada por profesionales especializados, que ha desplazado o reducido la importancia de campañas más tradicionales, que se basaban en el contacto personal, las lealtades partidistas de viejo cuño y una amplia utilización de voluntarios".

¹¹ Eldersveld y Walton (2000, p. 222) señalan que el equipo de campaña empieza por identificar grupos de votantes potenciales por medio de encuestas de opinión. Después desarrolla un mensaje coherente con ayuda de asesores en materia de medios, encuentra una tecnología adecuada para enviar ese mensaje y realiza encuestas de opinión para evaluar si la campaña y el candidato tienen un buen desempeño para los diferentes sectores del electorado.

¹² Es importante observar que López Obrador terminó gastando más en anuncios que los otros dos candidatos. Por lo menos se ha informado que compró más segundos de tiempo aire que los equipos del PRI o del PAN. Para más información sobre el monitoreo de los anuncios de campaña, véase http://ife.org.mx.

¹³ Tras su triunfo en el debate, la popularidad del candidato (Diego Fernández de Cevallos) entre los votantes ascendió de forma considerable. Sin embargo, después desapareció de las noticias y las cifras que lo favorecían fueron descendiendo. Nunca quedó claro por qué su equipo dejó de hacer campaña.

¹⁴ Lujambio (2001) sostiene que el PAN había creado organización electoral incluso antes de la nacionalización de la banca que se produjo en 1982, y por eso estuvo en condiciones de aprovechar mejor la rabia causada por la crisis económica de principios de los ochenta.

¹⁵ Por razones de espacio decidimos no incluir el análisis estadístico acerca del efecto de la asistencia a las urnas en 2000 ni la participación porcentual del apoyo partidista, pero las regresiones con estas variables arrojaron resultados similares.

Artículos

Votos y votantes en la elección federal de 2006

Votes and Voters in the Federal Election of 2006

Francisco Abundis Luna y Sandra J. Ley Gutiérrez*

* Director asociado de Parametria, S.A. de C.V. Benjamín Hill, 185, Col. Condesa, 06140, México, D.F. Tel: 52(55) 26 14 00 89. Correo electrónico: fabundis@Parametría.com.mx.

** Graduada de ciencia política por la Duke University, Departamento de Ciencia Política, 326 Perkins Library, Box 90204, Duke University, Durham, NC 277080204. Tel. 91 96 60 43 00. Correo electrónico: sandra.ley@duke.edu.

Artículo recibido en julio de 2008.
Aceptado para su publicación en abril de 2009.

Resumen

La elección presidencial de 2006 ha sido hasta ahora la más competida en la historia electoral mexicana y las explicaciones para ello aún no son claras. Haciendo uso de encuestas de salida, este trabajo presenta un análisis sistemático de las preferencias socioeconómicas, culturales y políticas construidas alrededor de dicha elección, así como la del Congreso. Se encontró que Felipe Calderón fue más popular entre jóvenes y mujeres, sobre todo entre los de mayor educación y mayores ingresos. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador fue más exitoso entre los adultos mayores de ingresos bajos, en parte peleando con Roberto Madrazo el voto de los sectores más pobres. Los resultados revelan la importancia de la variable de aprobación presidencial en la predicción del voto. Llama la atención que las evaluaciones de la economía personal no tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la decisión de los votantes.

Palabras clave: México, elección presidencial, elección legislativa, conducta política.

Abstract

The presidential election of 2006 has been the most competitive in the mexican electoral history and the explanations for this are not yet clear. Making use of exit polls, this work presents a systematic analysis of the socio–economic, cultural and political preferences built around the election, as well as that of the Congress. It was found that Felipe Calderón was more popular among young people and women, especially among the higher education and higher earnings. On the other hand, Andrés Manuel López Obrador was more successful among old adults with low incomes, fighting against Roberto Madrazo from the vote of the poorest sectors. The results underscore the importance of the variable of presidential approval in the prediction of the vote. We would like to stress that the reviews of the economy staff do not have a statistically significant effect on the decision of the voters.

Introducción

Varios fueron los temas discutidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) antes de que finalmente calificara y validara la elección presidencial de 2006. Al tratarse de la elección más disputada en la historia electoral mexicana,¹ las impugnaciones a los resultados incluyeron debates en torno al efecto de los spots transmitidos, tanto por los mismos partidos políticos como por terceros. Por primera vez, actores totalmente externos a la contienda electoral, como el Consejo Coordinador Empresarial Jumex, entre otros, desempeñaron un papel nunca antes visto en un proceso electoral. Asimismo, otro de los puntos más importantes en la evaluación de la equidad en dicha elección fue la intervención del Ejecutivo Federal en el desarrollo de la campaña presidencial. Se cuestionaron las declaraciones de Vicente Fox, la publicidad del gobierno federal, así como el uso indebido de sus programas sociales con el fin de apoyar al candidato del partido en el poder. No era para menos, tras haber encabezado la contienda durante varios meses, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ahora estaba a menos de un punto porcentual por debajo de su principal contrincante, Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN).

Fueron más de trescientas las impugnaciones al proceso electoral. Sin embargo, de acuerdo con el TEPJF, resultaba difícil estimar el grado de influencia, los periodos, la intensidad y las etapas de difusión de los spots. tanto de los partidos como de terceros; no era posible comprobar que la promoción de los programas sociales federales hubiera beneficiado al candidato del PAN.

Efectivamente, para capturar con precisión la evolución y el impacto de los anuncios publicitarios, así como la intervención del Ejecutivo Federal a lo largo del tiempo, sería necesario contar con una base panel con la información electoral relevante antes, durante y después de la elección, que pudiera distinguir entre los electores expuestos y los no expuestos a la campaña, así como entre los beneficiarios y los no beneficiarios de los programas federales. Desafortunadamente, no se cuenta con ese tipo de información. Por un lado, aún resulta complicado realizar experimentos en ciencias sociales; por el otro, la pasada elección presidencial tuvo un desarrollo inédito que pocos podrían haber anticipado, de ahí que la información disponible al respecto sea escasa.

A pesar de estas limitantes, las encuestas de salida dan la oportunidad de explorar los principales determinantes del voto (Moreno, 2003, 2006, 2007). De esta manera, es posible analizar los factores individuales que influyeron en el resultado final de la pasada elección presidencial, los cuales dan una idea bastante clara de cuáles fueron las tendencias del voto, más allá de los debates que surgieron en el camino. En este caso, se utiliza la información disponible de la encuesta de salida de Parametría, una de las principales empresas de opinión pública en México.

Con este propósito se realiza primero una descripción sociodemográfica del voto. Se analiza la distribución del voto de acuerdo con los grupos de edad, ingreso, género, clase y geografía. A continuación, se describe el voto según la identificación partidista y la aprobación presidencial, entre otras variables políticas. Se realiza además un análisis de regresión que permite conocer cuáles fueron algunos de los factores más relevantes en la explicación de la elección presidencial de 2006. Finalmente, considerando que la elección del Congreso ha recibido poca atención y que el propósito es tener un panorama general del proceso electoral de 2006, se estudian también los determinantes de la elección de diputados.

Datos

La encuesta que levantó Parametria recolectó información de 7 764 votantes, la cual se recabó a partir de cuatro cuestionarios diferentes. En las encuestas de salida, como en otros diseños de encuesta, los investigadores aseguran la calidad de la información a cambio de recolectar pocos datos a nivel individual. Específicamente, se implementó un método mixto de recolección de datos. Primero, el entrevistador realizó preguntas demográficas y sobre aprobación presidencial.³ A continuación, se le dio al entrevistado una boleta simulada, en blanco y negro, para ser depositada en una urna portátil. Enseguida, se formuló una serie final de preguntas, que varió entre los distintos entrevistados. Se hicieron cuatro versiones diferentes de la última parte del cuestionario, las cuales se aplicaron de forma rotativa. Cada versión difirió en la información adicional solicitada.

El cuadro 1 muestra la tendencia electoral capturada por las encuestas preelectorales de Parametría, así como el resultado final de acuerdo con su encuesta de salida, el cual se compara con los resultados reportados por las autoridades electorales correspondientes.

Descripción sociodemográfica del voto presidencial en 2006

Como una manera preliminar y exploratoria de conocer la relación entre las características del electorado y su voto en 2006, se elaboró el cuadro 2, que muestra la distribución de la votación de acuerdo con diversas variables sociodemográficas relevantes. Dado que todos los cuestionarios incluyeron esta información, se cuenta con más de siete mil observaciones.

Tanto jóvenes como mujeres fueron parte central del discurso de campaña de Calderón. En este sentido, se observa que aquellos entre 18 y 45 años de edad votaron en mayor proporción por el candidato panista. Por su parte, el voto de aquellos en el grupo de cincuenta años en adelante fue dirigido a López Obrador. Al respecto es preciso señalar que el Programa para Adultos Mayores fue parte de la política social ampliamente difundida por el candidato perredista, cuando era jefe de gobierno, así como durante su campaña presidencial.

Si bien López Obrador puso el énfasis en los más pobres, el grupo de más bajos recursos parece haber concentrado la mayoría de sus votos en el candidato priísta, Roberto Madrazo. Se observa que aquellos sin educación y con un ingreso mensual de 600 pesos o menos votaron mayoritariamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (40%). Es necesario interpretar esta cifra con cautela. Por un lado, esto habla del funcionamiento de la maquinaria de este partido entre los sectores más pobres y, posiblemente, del reflejo de su capacidad clientelar a lo largo de su historia. Por el otro, este poder no debe sobreestimarse. Es necesario observar también que López Obrador recibió cuatro de cada diez votos de los electores con ingresos mensuales entre 600 y 2 400 pesos, es decir, de las clases baja y media–baja. De forma inversa, Felipe Calderón se llevó la mayoría de los votos de aquellos con niveles de educación más altos y con mayores ingresos, por lo general concentrados en regiones urbanas.

En lo referente a la geografía del voto, el urbano fue para Calderón (39 por ciento de los votos urbanos fueron para el PAN). En cambio, el PRI y el PRD se disputaron el voto rural. Al mismo tiempo, como se ha comentado ampliamente en diversos trabajos, se observó una división entre el voto del norte y el del sur. En el norte se exhibe un voto claramente panista (42%) y en el sur, perredista (53%). Esta diferencia no habla de un enfrentamiento entre regiones, sino más bien del contexto que cada una vive. El norte del país ha sido económicamente más próspero y, al estar cerca de la frontera con Estados Unidos, es más cercano al fenómeno general de la globalización y del modelo neoliberal. En el Distrito Federal, bastión del PRD desde 1997, la mayoría de los votos favoreció a este partido.

A lo largo de su campaña, Felipe Calderón enfatizó como principal meta la creación de empleos, particularmente para los jóvenes. De esta manera, el candidato panista fue reconocido como "el presidente del empleo". Por su parte, Andrés Manuel López Obrador subrayó su política social y, como lo hiciera seis años atrás, cuando llegó a la jefatura del gobierno del Distrito Federal, utilizó el lema "Por el bien de todos, primero los pobres". Si bien los lemas de campaña no ilustran ni remotamente el enfrentamiento entre ambos candidatos, sí pueden ayudar a entender un poco la división que hubo entre el electorado en cuanto a su voto en la pasada elección presidencial. A Calderón le fue bien con los jóvenes, de mayor educación y mayores ingresos; López Obrador tuvo éxito con los adultos mayores y de ingresos bajos.

Descripción política del voto presidencial en 2006

Desde el trabajo de Campbell et al. (1960) se ha planteado que la identificación partidista influye de manera considerable en las percepciones de los votantes para hacer sus elecciones políticas y decidir su voto final. En este sentido, la identificación partidista se caracteriza por ser estable y resistente a influencias contrarias. A su vez, ésta influye en la aprobación presidencial, así como en las percepciones económicas y sociales del individuo. De acuerdo con estos planteamientos, el cuadro 3 muestra la distribución del voto presidencial según la identificación partidista y otras variables relacionadas. Se trata de datos capturados mediante los cuatro cuestionarios utilizados en la encuesta de salida de Parametría, cada uno con alrededor de dos mil observaciones.

De igual manera, consistente con la teoría, existe una relación positiva entre la aprobación de Vicente Fox y el voto para Felipe Calderón. A mayor aprobación de la gestión foxista, mayor fue la cantidad de votos para el candidato panista. Seis de cada diez encuestados que afirmaron aprobar mucho el trabajo de Fox votaron por el PAN. Dado que la contienda de 2006 terminó siendo una elección entre dos, la desaprobación de Fox favoreció mayoritariamente al PRD. Cinco de cada diez encuestados que dijeron desaprobar la administración foxista votaron por López Obrador.

Por último, el cuadro 3 muestra la distribución de la votación de acuerdo con los beneficios obtenidos por medio de los programas sociales federales.⁴ Un porcentaje elevado de los electores mencionaron ser beneficiaros de algún programa social federal: 27 por ciento dijo ser beneficiario de Oportunidades; 20 por ciento, de Becas Escolares; 19 por ciento, del Seguro Popular; 13 por ciento, de Apoyo a la Vivienda, y 11 por ciento, del Programa Escuelas de Calidad. De los beneficiarios de algún programa del gobierno federal, la mayoría (37%) votó por Acción Nacional. Tres de cada diez beneficiarios (30%) votaron por el PRI, así como por la Coalición por el Bien de Todos. En contraste, de entre las personas que votaron y que no eran favorecidas por algún programa de política social resalta que 39 por ciento votó por López Obrador.

Si bien las cifras anteriores ilustran un poco el efecto de los programas sociales en las decisiones electorales, es necesario señalar que este fenómeno no puede estudiarse sólo mediante cruces convencionales o un análisis estadístico multivariado tradicional. Es posible que existan sesgos de selección y de elementos endógenos. Por un lado, los determinantes socioeconómicos de los programas sociales influyen en el voto hacia un partido en particular. Por el otro, estos mismos programas podrían estar dirigidos a cierto grupo de votantes por tener características que facilitan el cambio de sus preferencias políticas o por su propensión a votar por un partido en particular.

Atender estos problemas va más allá de los propósitos y alcance del presente trabajo. Cabe mencionar, sin embargo, que Díaz Cayeros et al. (2006) hacen uso de propensity score matching (PSM), que permite resolver la dificultad de encontrar contrafactuales relevantes para inferir el efecto de programas sociales y estrategias de campaña en las opciones electorales. De esta manera, los autores concluyen que los beneficiarios de Oportunidades, junto con el programa de Seguro Popular, recompensaron al PAN con votos cruciales que llevaron al triunfo a su candidato presidencial. Cabe señalar que el mismo programa no tuvo un efecto discernible a favor de Acción Nacional en zonas rurales. Su análisis indica también que el Seguro Popular fue ligeramente más efectivo que Oportunidades en cuanto al aumento de los votos para Calderón. De acuerdo con los autores, el Seguro Popular no fue neutralizado por la izquierda; es decir, el apoyo electoral para el PAN en los bastiones perredistas fue generado por ese programa social.

Los determinantes del voto presidencial

Una vez examinada la asociación entre las distintas características sociodemográficas y políticas del electorado mexicano con el voto ejercido en 2006, se presenta un sencillo análisis econométrico con una de las bases de datos de la encuesta de salida de Parametría. Se trata de un modelo logit multinomial, ya que la variable dependiente (voto presidencial en 2006) es del tipo nominal y estamos interesados en conocer los determinantes del voto para cada uno de los tres principales candidatos. Se incluyeron variables sociodemográficas (género, edad, educación e ingreso), evaluaciones del gobierno y la economía, identificación partidista y aspectos geográficos de los votantes.

El cuadro 4 muestra los modelos que predicen el voto en la elección presidencial de 2006. Si se controlan por medio de las variables políticas, la mayoría de las variables sociodemográficas no resultan estadísticamente significativas en la explicación del voto, aunque se confirma que las mujeres y los votantes de mayores ingresos tenían mayor probabilidad de votar por Calderón. De igual manera, se encontró que, comparativamente, el voto rural benefició al PRI. Como se mencionó ya, es posible explicar esta relación por la capacidad de este partido para movilizar al sector rural y por su relación con el campo a lo largo de su historia. Sin embargo, como ahora sabemos, esta fuerza no fue suficiente para desbalancear la lucha entre el PAN y el PRD por el voto de los más pobres, quienes comúnmente se concentran en las zonas rurales. El PAN lo hizo con programas de políticas redistributivas; el PRD, con promesas históricamente creíbles de redistribución (Diaz Cayeros et al., 2006).

Se ha hablado mucho de una división norte–sur del voto; en efecto, al estudiar la región, se observa que el voto del norte no benefició en lo absoluto a Madrazo y, en cambió, ayudó en mayor medida a Calderón. Dado que la competencia electoral terminó siendo entre dos, el voto en el Distrito Federal tampoco ayudó al PRI y, por el contrario, se dividió entre el PAN y el PRD.

Se incluyeron las variables de evaluación retrospectiva de la economía⁵ y la aprobación de la gestión de Vicente Fox bajo la idea de que las valoraciones positivas en estos dos aspectos favorecieron al candidato del PAN, en especial debido al discurso de continuidad que utilizaron a lo largo de la campaña tanto el gobierno federal como el mismo Calderón. Cabe mencionar que el día de la elección, 34 por ciento de los encuestados opinaba que su economía personal había mejorado en el último año y 23 por ciento consideraba que la situación era peor. Por otra parte, 60 por ciento aprobaba el trabajo de Fox y solamente 20 por ciento lo desaprobaba.

De acuerdo con los resultados, se observa que la buena percepción de la administración foxista y de la situación económica personal tuvo un impacto positivo y significativo sobre el voto para Felipe Calderón. Por un lado, podría cuestionarse una vez más la intervención de Vicente Fox en el proceso electoral, mediante los anuncios que promocionaban su política social y los logros de su administración, los cuales pudieron haber generado dicha opinión positiva. Por el otro, la misma politización del proceso electoral pudo haber simplemente reafirmado las preferencias partidistas y las opiniones políticas individuales.

Con base en la teoría clásica de Campbell et al. (1960), el cuadro 4 muestra que la identificación partidista es una de las principales variables predictivas del voto para los tres candidatos. La ubicación ideológica sólo es significativa en la explicación del voto para López Obrador. Definirse como de izquierda aumentó la probabilidad de votar por el PRD, pero entre aquellos ubicados a la derecha del espectro ideológico no se observó un efecto positivo en el voto para el PAN.

Lo anterior concuerda con los hallazgos de Moreno (2007), en cuanto a la evaluación de la economía como un factor aún más importante en la explicación del voto en 2006. No obstante, contrario a sus resultados, el efecto de la evaluación económica no fue más fuerte que el de la aprobación presidencial. Si bien esta evidencia parece sustentar la permanencia del voto duro y una fuerte identidad partidista, debe tenerse cuidado en la interpretación de estos resultados.

Primero, las encuestas revelan que en los últimos años el porcentaje de independientes ha ido en aumento. Segundo, la elección de 2006 estuvo particularmente polarizada y, por lo tanto, las identificaciones partidistas pudieron haber cobrado mayor fuerza. Al mismo tiempo, esto no por fuerza niega los vínculos clientelares. Como se ha señalado, el análisis de la negociación clientelar por medio de los programas sociales va más allá del propósito de este trabajo. Sin embargo, como claramente señalan Díaz–Cayeros et al. (2006), los votantes beneficiarios de estos programas recompensaron al PAN por las políticas redistributivas.

A continuación se realizaron simulaciones estadísticas, utilizando el programa Clarify (King et al., 2000, 2003). Dada la naturaleza de las variables, no sería correcto fijarlas en sus medias y prestar atención sólo a una variable en particular, como se acostumbra. En su mayoría, se trata de variables dicotómicas cuya media no se podría traducir a la realidad. Por lo tanto, en el siguiente reporte de simulaciones se fijaron valores específicos para las variables dicotómicas, considerando escenarios realistas (por ejemplo, es poco probable imaginar que alguien aprobara a Fox y que fuera perredista). Las variables ordinales y nominales (i.e., educación, edad, ingreso) se fijaron en sus medias.⁶

De acuerdo con las simulaciones estadísticas, un hombre, de provincia, que aprobara la administración foxista, con una evaluación positiva de la economía y autoidentificado como independiente y del sector rural, tuvo 6 por ciento mayor probabilidad de votar por López Obrador, comparado con un hombre con las mismas características, pero que proviniera del sector urbano. De hecho, con estos mismos elementos, se observa que provenir del sector rural redujo la probabilidad de votar por Calderón en 22 por ciento.

Lo anterior se explica por las características propias del voto rural, que es de bajo ingreso y baja escolaridad. Históricamente, el PAN se ha beneficiado del voto de la clase media, mientras que el PRD ha recibido el voto de las clases populares y fue precisamente en ese grupo en el que se enfocó AMLO durante su campaña. De ahí que este voto estuviera más peleado entre el PRI y el PRD, lo cual también es compatible con la evidencia presentada por Díaz–Cayeros et al. (2006): los programas Oportunidades y del Seguro Popular no tuvieron un efecto discernible a favor del PAN en las zonas rurales.

El voto de los identificados como políticamente independientes favoreció en mayor medida a López Obrador. Se obtuvo que un elector de provincia en la zona centro o sur, con una evaluación positiva de su economía personal, sin una evaluación positiva de Fox y autodefinido como políticamente independiente, aumentó en 40 por ciento la probabilidad de votar por el PRD y en 7 por ciento de hacerlo por el PAN, pero redujo la probabilidad de votar por el PRI en 50 por ciento.

Los determinantes del voto legislativo

Las elecciones del Congreso han sido poco estudiadas en el caso mexicano, quizá debido a la misma naturaleza de su sistema político, donde el presidente era la figura principal y el gobierno dividido no era común. No obstante, la situación política ha ido cambiando desde mediados de los noventa y, por lo tanto, resulta relevante estudiar si son las mismas variables las que explican la elección del Ejecutivo y la del Legislativo. A fin de facilitar la comparación, se utilizó la misma especificación que en el caso de la elección presidencial.

En el caso de la elección del Congreso, las regiones geográficas de los votantes no resultan tan significativas en la explicación del voto como lo fueron en la elección presidencial. No obstante, se observa también el efecto negativo del voto rural para el PAN.

A diferencia de lo observado en el análisis de la elección presidencial, la evaluación retrospectiva de la economía personal no es una variable relevante en la explicación de los resultados electorales del Congreso. Este resultado no necesariamente niega la existencia del voto económico. Si bien no se pretende probar aquí los procesos de atribución de responsabilidad entre los votantes, esto podría ser un indicio de que los votantes no les atribuyen a los legisladores una responsabilidad directa sobre su situación económica; por lo tanto, no se les recompensa ni castiga al respecto.

La aprobación presidencial tiene un efecto positivo y significativo en el voto para los diputados del PAN. Aquellos votantes que aprobaron el trabajo de Fox tuvieron mayor probabilidad de votar por los candidatos del partido del presidente. En este sentido, cabe señalar que el día de la elección, más de 60 por ciento de los entrevistados opinaba que el presidente no había logrado el cambio prometido porque los diputados y senadores se lo habían impedido y no por que no tuviera la capacidad para gobernar.⁷

Dada la descripción anterior, de acuerdo con las simulaciones, un votante independiente, en el norte del país, que aprobara la gestión de Vicente Fox, tenía 19 por ciento mayor probabilidad de votar por los candidatos panistas, que uno que no tuviera una evaluación positiva del presidente.

Finalmente, como en el caso de la elección presidencial, las variables de identificación partidista tienen un alto poder explicativo. Llama la atención que incluso en la elección del Congreso, los independientes dividieron su voto entre el PAN y el PRD. Este grupo tenía mayor probabilidad de votar por estos dos partidos que por el PRI. Ser independiente redujo la probabilidad de votar por los candidatos priístas. Esto parece indicar que la polarización de la contienda presidencial se extendió de cierta manera a la elección del Legislativo. Como se mencionó, no se pretende eliminar la posibilidad de negociaciones clientelares, ni negar la importancia del entorno económico en el cálculo del voto en 2006. (Cuadro 5)

La ubicación ideológica del votante es relevante sólo en la explicación del voto para los diputados del PRD. Aquellos individuos autoidentificados a la izquierda del espectro ideológico tuvieron mayor probabilidad de votar por los candidatos perredistas. Al respecto, los datos indican que un elector de provincia, políticamente independiente, pero con tendencia de izquierda (2) y el resto de las variables en sus medias, tenía 15 por ciento más probabilidades de votar por los diputados del PRD, que uno con las mismas características, pero ubicado en el centro de la escala ideológica.

En términos generales, los resultados para la elección del Congreso son muy similares a los encontrados para la elección presidencial. Se encontraron efectos diferenciados muy sutiles de las variables examinadas en ambas elecciones federales. Los resultados sugieren que las evaluaciones del trabajo de Vicente Fox tuvieron mayor impacto en la elección presidencial y beneficiaron principalmente a Felipe Calderón.

Conclusiones

La elección presidencial de 2006 ha sido hasta ahora la más competida en la historia electoral mexicana. El desarrollo y los resultados del proceso electoral eran inimaginables y no pudieron ser anticipados. Si bien las encuestas de salida dan la oportunidad de entrevistar a votantes reales, que observaron y estuvieron expuestos a la campaña electoral, el tiempo y las circunstancias no permiten formular todas las preguntas deseables. De ahí que sean pocos los datos y la evidencia para comprender la elección en su totalidad.

El presente trabajo estudió el comportamiento general del voto en la elección federal de 2006. En un análisis preliminar, los cruces de variables mostraron el éxito de Felipe Calderon entre las mujeres y jóvenes entre los veinte y treinta años, sobre todo entre los de mayor educación y mayores ingresos. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador fue más exitoso entre los adultos mayores de ingresos bajos, aunque compitió con Roberto Madrazo por el voto de los sectores más pobres.

Posteriormente, los análisis econométricos tanto para la elección presidencial como de diputados señalaron la importancia de la variable de aprobación del presidente en la predicción del voto. La buena imagen del gobierno federal tuvo un efecto positivo para los candidatos del partido en el poder. No obstante, los determinantes del voto en la elección del Congreso difieren en el hecho de que la evaluación de la economía personal no tiene un efecto estadísticamente significativo sobre el voto, como se observó en los resultados para la elección presidencial.

Llama la atención que el PRI conserve bastiones políticos entre la población de localidades rurales. Se ha sugerido que esto se debe al poder de movilización e influencia que dicho partido ha mantenido en este sector a lo largo de su historia. Sin embargo, no deben minimizarse sus retrocesos. El hecho es que su historia clientelar no le dio la victoria en las pasadas elecciones federales. En este sentido, se requiere mayor investigación respecto al éxito electoral de los programas sociales federales y la campaña del PRD a favor de los más pobres, en comparación con la fuerza que el PRI aún pudiera conservar entre la población rural. El margen tan pequeño entre los dos principales contendientes y los datos que se presentaron aquí no nos permiten distinguir con seguridad la influencia de dichas variables.

El propio desarrollo y resultado de la elección de 2006 la han convertido en una de las más discutidas. Quedan varias preguntas en el aire y será necesario prestar mucha atención al desarrollo de las siguientes elecciones, bajo la nueva ley electoral. Por lo pronto, aquí se ha incluido una sistematización de las preferencias socioeconómicas, culturales y políticas construidas alrededor de la elección federal de 2006. Si bien este trabajo tuvo algunos límites en términos de las variables que se pudieron analizar, contribuye a la comprensión de la conducta del voto en México.

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Notas

¹ Para mayor información sobre el contexto y la evolución del proceso electoral de 2006, véanse las discusiones en el ejemplar de enero de 2007 de PS: Political Science and Politics (The 2006 Mexican Election and Its Aftermath).

² Para una discusión sobre las limitaciones metodológicas de las encuestas de salida, véase Bautista etal. (2007).

³ Todos los cuestionarios incluyeron información sobre género, edad, educación, ingreso, clase social, aprobación presidencial y voto para presidente y diputados.

⁴ La pregunta formulada a los encuestados fue la siguiente: "De los siguientes programas del gobierno federal, dígame por favor si usted o algún familiar suyo es beneficiario directo o no de alguno de ellos".

⁵ En este caso se trata de la evaluación de la economía personal. La pregunta formulada a los entrevistados fue: "¿Usted diría que su economía personal ha mejorado o empeorado en el último año?"

⁶ Para mayor información sobre la estadística descriptiva de las variables y su codificación, véanse los cuadros A1 y A2 en el Apéndice.

Artículos

El proceso de escrutinio y cómputo: Omisiones de las autoridades electorales

The Process of Counting and Counting: Omissions of the Electoral Authorities

José Antonio Crespo*

* Profesor–investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Carretera México–Toluca 3655, Col. Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F. Tel. 52 (55) 57 27 98 00. Correo electrónico: joseantonio.crespo@cide.edu.

Resumen

En este artículo se revisan los procesos de escrutinio y cómputo que la ley electoral estipula como facultad y obligación del Instituto Federal Electoral (IFE), para subsanar las inconsistencias aritméticas que en ciertas condiciones podrían empañar la claridad del veredicto final en la elección presidencial de 2006 en México, así como las facultades de depuración posterior por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Se revisa hasta dónde estas instituciones cumplieron con el objetivo de depuración y revisión de los paquetes y actas electorales para permitir plena certeza sobre la voluntad de los electores emitida en las urnas, y si hubo suficiente exhaustividad a partir de las condiciones indicadas en la ley, y a partir de las condiciones de un resultado sumamente cerrado entre el primero y el segundo lugar en la contienda presidencial. Se evalúa hasta dónde los errores de cómputo, determinados a partir de los criterios utilizados por los magistrados del TEPJF, pudieron o no afectar la certeza del resultado, en cuyo caso se vulneraría el principio rector de certeza, determinado en el artículo 41 constitucional como un requisito para poder validar la elección.

Palabras clave: escrutinio y cómputo, inconsistencias aritméticas y errores de cómputo, depuración y apertura de paquetes, exhaustividad de las autoridades electorales, incertidumbre y opacidad electoral.

Abstract

This article reviews the counting process and tallying the electoral law stipulates as faculty and the obligation of the Federal Electoral Institute, to remedy the arithmetical unstableness that under certain conditions could tarnish the clarity in the final verdict in the presidential election in 2006 in Mexico, as well as the powers of purification later on the part of the Electoral Tribunal of the Judiciary of the Federation. It is reviewed until where these institutions met with the aim of purification and revision of the packages and electoral records to allow full certainty about the will of the voters issued at the polls, and if there was sufficient completeness from the conditions specified in the law, and from the conditions that proved to be very closed between first and second places in the presidential contest. It evaluates how far the mistakes of computation, determined from the criteria used by the judges of the TEPJF, were unable or could affect the certainty of the result, in which case it would offend the guiding principle of certainty, given in article 41 of the Constitution as a prerequisite for validating the election.

Keywords: polling and counting, arithmetical and errors of computation, purification and opening of packages, completeness of the electoral authorities, electoral uncertainty and opacity.

Introducción

Puede decirse que la elección presidencial de 2006 representó un fracaso en tanto no pudo arrojar un consenso sobre el resultado o sobre la idea de que quien ganó oficialmente, el panista Felipe Calderón, lo hizo en buena lid. Eso lo comprueban las encuestas del momento, que reflejan que sólo cerca de la mitad creyó en la victoria de Calderón, y la otra mitad la puso en duda (de la cual, 35 por ciento pensó que ganó Andrés Manuel López Obrador, del PRD, y que la elección le fue robada por fraude; el restantes 15 por ciento se declaró incapaz de saber quién ganó).¹ Las elecciones democráticas diseñan sus reglas y condiciones para elevar la probabilidad de que haya consenso, pues en esa medida es más factible que la pugna por el poder se dirima de manera pacífica y civilizada, se proteja la estabilidad política, se fortalezcan las instituciones políticas y las autoridades emanadas del proceso gocen de suficiente legitimidad. Al no haber consenso electoral, todo esto se logra en menor grado. Desde luego, que una elección se organice democráticamente no garantiza que se obtenga ese consenso, sólo eleva de manera significativa la probabilidad de que se alcance; pero toda institución humana es falible y también lo son las elecciones democráticas. Por eso mismo, países con gran tradición y solidez democrática pueden también experimentar dudas e impugnaciones sobre los resultados oficiales, como ocurrió en Estados Unidos en el año 2000, o en Alemania e Italia en 2005 y 2006, respectivamente.

La mayor equidad en la contienda, así como la imparcialidad de las autoridades que organizan y califican los comicios, son elementos que contribuyen a obtener el consenso electoral (y, por lo tanto, la aceptación del veredicto por parte de los perdedores). Pero no siempre es posible generar por completo tales condiciones o, mejor dicho, casi nunca es posible hacerlo. Siempre quedará algún remanente en lo que se refiere a la equidad; los partidos gobernantes podrán disfrutar de alguna ventaja por el sólo hecho de estar en el poder. Tampoco es posible evitar totalmente que los contendientes intenten incidir sobre la votación incurriendo en conductas ilícitas, cuando no ilegales (Tocqueville, 1994). De lo que se trata es de reducir las condiciones para que todo ocurra, bajo la premisa de que aun esas inevitables anomalías o desventajas no afectarán el resultado final y, por lo tanto, se tornarán irrelevantes, lo cual, sin embargo, se dificulta si la distancia entre el ganador oficial y su más cercano seguidor es muy reducida, pues en tal caso ese pequeño número de irregularidades —incluso errores humanos insalvables— podría ser determinante en el resultado. Es decir, si bien es verdad que una de las reglas clave de la democracia electoral es que "por un voto se gana o se pierde" (lo que resulta cierto dependiendo del sistema electoral en cuestión), un corolario natural de ella sería que, en tal circunstancia, bastaría un voto dudoso para entrar en el terreno de la incertidumbre (es decir, donde no se pueda saber a ciencia cierta quién ganó), y también, que bastarían dos votos no contados previamente por el puntero que en principio aparecía como perdedor, para modificar el resultado. En otras palabras, mientras más cerrado es un resultado, más limpia y equitativa debe ser la elección para que ese estrecho veredicto genere, pese a ello, consenso y credibilidad. De lo contrario, surgirán la incertidumbre, la duda, la impugnación y el cuestionamiento sobre la legitimidad de la elección misma o de su ganador oficial.

Eso también depende del sistema político y electoral de que se trate, pues en algunos casos (suele ser típico de los regímenes parlamentarios) el gobierno nacional no depende exclusiva ni determinantemente del número de votos que obtenga cada partido, sino del número de distritos de mayoría ganados (como en Inglaterra) o de las coaliciones que se formen después de la elección (como en sistemas multipartidistas). Por lo cual, incluso un partido que reciba una votación menor que otro, podría encabezar una coalición gobernante (como sucedió en Suecia en 1976 y en Japón en 1993). En un sistema presidencial de votación directa, unos cuantos votos de diferencia marcan al ganador, lo que además implica el control de toda la administración pública nacional. Se comprende que en tales casos, cuando las urnas arrojan un resultado estrecho, quienes pierden tienden a destacar cualquier anomalía, irregularidad, inequidad o acto de parcialidad de las autoridades electorales, incluso si en ello no hubiese dolo, pues podrían ser determinantes del veredicto final (Anderson, etal., 2005).

El problema esencial de la elección presidencial de 2006 no fue un gran fraude, semejante al de 1988, según acusó la Coalición por el Bien de Todos (CBT, formada por el PRD, el PT y el PC), sino que el margen entre el primero y el segundo lugar fue sumamente pequeño, de apenas 0.56 por ciento (233 831 votos de 41 557 430). Era previsible, desde que se instauró la plena competitividad electoral en México, que eso ocurriría tarde o temprano y el sistema electoral no parecía preparado para ese desenlace (Crespo, 1999), pues para que el veredicto final quedara libre de toda duda —para buena parte de la población— debió haber sido impecable, impoluto de toda irregularidad, inequidad o errores de escrutinio y cómputo lo cual, como se dijo, no ocurre ni en las democracias más desarrolladas. De hecho, tampoco fue muy distinto el nivel de anomalías en la elección de 2000, considerada como la más democrática de la historia de México. La magnitud promedio de los errores aritméticos fue de 1.26 por ciento de votos por casilla en 2000 y 1.35 por ciento en 2006 (Aparicio, 2006a). La diferencia consistió pues en el margen de victoria; de casi 6 por ciento en 2000 y de 0.6 por ciento en 2006. En la primera, las anomalías se volvieron irrelevantes por quedar muy por debajo de la ventaja del ganador; en la segunda, al ser el margen entre el primero y el segundo lugar menor a las anomalías registradas, se abre una fuerte incógnita sobre la certeza del resultado, pues las anomalías llegan a ser determinantes en el resultado. Probablemente no para modificar el resultado a favor de quien quedó en segundo lugar, pues no se detecta en los sesgos intencionalidad política sino errores humanos aleatorios (Aparicio, 2006a), pero sí para arrojar dudas razonables sobre quién ganó en realidad.

Precisamente por ese motivo, las autoridades electorales debieron haber puesto todo su empeño en hacer más transparente y confiable el proceso de escrutinio y cómputo de los votos —en el que se registraron múltiples inconsistencias, aun si no fuesen dolosas—. Mientras más transparencia en esos procesos, quizás un mayor número de ciudadanos, independientemente de su preferencia electoral, darán por válido el resultado y el consenso electoral podrá salvarse. ¿Pudieron el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacer un mayor esfuerzo por transparentar el proceso de escrutinio y cómputo de la votación? Sin duda, o al menos eso es lo que se intentará demostrar en este trabajo, a partir de la información emitida por esos órganos, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), las actas oficiales de la elección y las sentencias del TEPJF sobre la cuestionada y difícil elección presidencial de 2006.

Las inconsistencias en las actas electorales

Entre las quejas emitidas por la CBT cuyo candidato, Andrés Manuel López Obrador, quedó por debajo de Felipe Calderón —del Partido Acción Nacional (PAN)— por 0.6 por ciento de la votación oficial, se encontraba una no desechable respecto a que las boletas irregulares, es decir, que sobran o faltan en los paquetes electorales, eran de un número tal que podrían poner en entredicho la confiabilidad del triunfo de Calderón, y en parte en dicho argumento sustentaban su demanda de abrir y recontar todos los paquetes electorales, correspondientes a las aproximadamente 131 000 casillas instaladas. Independientemente de que también se buscaba confirmar que la suma de votos a favor del candidato panista en verdad superaba a la acreditada a favor de López Obrador, había la intención de cuantificar el número exacto de boletas que, de acuerdo con conteos provisionales o las mismas actas oficiales, podrían estar de más o de menos. Y es que tales boletas irregulares pueden, en efecto, introducir un factor de incertidumbre tal que en una casilla en particular (o en un distrito u otra demarcación) pueda no saberse con precisión por qué candidato votó la mayoría de los electores. Eso depende de la magnitud de la inconsistencia en este aspecto. Eventualidad que para entender cabalmente conviene primero preguntar qué es una inconsistencia en las actas electorales.

Un modelo de boleta perfectamente consistente es el que se muestra en el cuadro 1.

Cualquier diferencia aritmética entre la resta de los dos primeros campos (BR–BS), con los tres últimos campos o entre ellos (CV, BD y VTE), genera un acta inconsistente, lo que implica que faltan o sobran boletas, habiendo en ese caso una anomalía que a su vez puede provocar confusión sobre el resultado. A menos que tales boletas sobrantes o faltantes tuvieran alguna explicación o justificación, entonces constituyen un elemento de incertdumbre en el resultado de la casilla, pues no es posible asignar dichas boletas irregulares a ningún candidato. Supongamos que en lugar de haber 300 votos en total, como corresponde, hay sólo 250. En tal caso, significaría que faltan 50 boletas. Y si en lugar de 300 hubiera 350, entonces sobrarían 50 boletas. La única justificación de tal inconsistencia sería que esas mismas boletas se hubieran depositado en una casilla contigua, pues el elector pudo haberse equivocado al momento de depositar las boletas en las urnas de la casilla contigua. De ser así, las boletas faltantes en una casilla básica tendrían que registrarse como boletas sobrantes en la contigua. Sólo en este caso, las inconsistencias no generan incertidumbre. Otra explicación de boletas fal–tantes es que algunos electores hayan decidido llevarlas consigo en lugar de depositarlas, pero dicha razón no elimina la incertidumbre consecuente (aunque en su sentencia final el TEPJF decidió tomar en cuenta esa hipótesis como un hecho, si bien no utilizó ese criterio durante los juicios de inconformidad presentados por los partidos). Dice el TEPJF acerca de la inconsistencia aritmética entre uno o más de los siguientes tres rubros (CV, BD y VTE):

La comparación entre estos resultados sirve para cerciorarse de su veracidad. A estos tres rubros (CV, BD y VTE) se les conoce como fundamentales pues son los que expresan directamente votos, entendidos como la boleta entregada válidamente al elector, en la cual asentó el sentido de su sufragio y depositó en la urna.

Por lo tanto, de haber inconsistencias entre dos o más de esos registros fundamentales en el acta, "disminuye ese grado óptimo de certeza conferido por la ley como documento público y, por lo tanto, su valor, que debía ser pleno". Esas inconsistencias pueden ser producto de errores humanos, es decir, cometidas sin dolo. Sin embargo, de acuerdo con el Tribunal, al tratarse de diferencias aritméticas entre las boletas depositadas y extraídas de las urnas (BD) y la votación total emitida de votos (VTE), "se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario" (TEPJF, 2006a). Es decir, en tales casos se podría asumir una conducta dolosa. El Tribunal también señaló que:

Si no hubiera coincidencia entre el número de personas que votaron conforme a la lista nominal y los representantes de los partidos políticos, con cualquiera de los otros rubros fundamentales [votación total emitida (VTE) o boletas depositadas (BD)], ya sea porque alguno de éstos, o los dos, resulte mayor que el primero, esto se considera irregularidad grave, porque si sólo está demostrado que acudió a votar un determinado número de personas, y en la urna se depositaron más votos, queda evidenciado que durante la jornada electoral o en la etapa de escrutinio y cómputo, alguien depositó en la urna boletas que no corresponden a ciudadanos que fueron a votar, o las incorporó, indebidamente, mientras se hacía el conteo de votos (TEPJF, 2006b).

¿Fueron muchas o pocas esas boletas irregulares registradas en las actas, como para afectar el resultado final? Responder eso exigía hacer una revisión acta por acta y sumar las inconsistencias en ellas registradas, eliminar las que se neutralizan entre sí (las depositadas por error en una casilla contigua) y hacer los ajustes correspondientes a las 11 718 casillas que el TEPJF ordenó abrir y recontar, para saber si el número de boletas irregulares fue suficiente como para generar incertidumbre en el resultado. Desde los primeros días había un indicador sobre el posible monto de boletas irregulares, bien fuera que faltaran o que sobraran a partir de diferencias entre algunos de los campos de referencia o votación, es decir, los ciudadanos que votaron (CV), las boletas depositadas en las urnas (BD) o la votación total emitida (VTE). El PREP registró 113 231 actas, de las cuales 54 111 (48%) presentaban errores aritméticos (Aparicio, 2006a, tabla 3). Y al incluir las actas que quedaron fuera del PREP, el porcentaje de las que registraban inconsistencias llega a 63 por ciento (es decir, aproximadamente 81 000 actas de las 131 000) (IFE, 2006). Puede ser que tales errores fueran pequeños (de un voto, por ejemplo) o mayores (de 200 votos), pero en promedio fueron de +/– 0.8 por ciento respecto de las boletas recibidas (br) por casilla (572), y de +/– 1.3 por ciento en relación a los votos emitidos (VTE) por casilla (328) (Aparicio, 2006b). Además, Javier Aparicio encontró que dichos errores no mostraban en su distribución un sesgo partidista y que no afectaban la ventaja de Felipe Calderón (Aparicio, 2006a).

Sin embargo, a tales conclusiones hay que darles dos matices: uno, lo que en este caso se pretendería medir no es la suma aritmética en favor de los candidatos punteros, sino la magnitud de las boletas irregulares, mismas que ni aritmética ni jurídicamente pueden asignarse a alguien y, por lo tanto, pueden generar incertidumbre en el resultado. El hecho de que la distribución de las inconsistencias sea equitativa entre las casillas en las que ganó Calderón y las que favorecieron a López Obrador no implica que en tales casillas todas las inconsistencias hayan dado ventaja a uno u otro, respectivamente. De este modo, si bien por medio de ese cálculo puede eliminarse la tesis del fraude orquestado desde un centro nacional, no se puede saber si tales inconsistencias afectaron o no el veredicto. Es decir, de ser iguales o superiores los votos con que oficialmente aventajó Calderón a López Obrador, en términos numéricos, se habría caído en la incertidumbre, esto es, en la imposibilidad aritmética (y jurídica) para saber cuál candidato recibió un mayor número de votos válidos.

Segundo, el hecho de que no haya intención partidista, y por lo tanto no pueda asumirse dolo en estas anomalías, no resuelve el problema de las boletas irregulares, pues el que no hayan sido producto de un acto doloso no elimina la confusión que puede afectar la claridad del veredicto. Por eso, cuando tales boletas en una casilla no se justifican ni superan la diferencia entre el primero y el segundo lugar, procede la anulación de dicha casilla. El artículo 75–F de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en adelante, ley de impugnación electoral) especifica como causa de nulidad de una casilla o distrito: "Haber mediado dolo o error en la computación de los votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación". Es decir, incluye como posibles explicaciones de la anomalía el dolo o el error, sin cambiar por ello su efecto anulador, en caso de que tales irregularidades igualen o superen la diferencia entre los punteros.

Al considerar el volumen total de posibles inconsistencias, el PREP arroja un número nada pequeño en relación con los 233 831 votos de ventaja con los que ganó Calderón. Al comparar cada uno de los rubros fundamentales frente a los otros dos, el saldo de inconsistencias es siempre superior a los votos que le dieron la victoria a Calderón, según se puede observar en el cuadro 2.

De ser estos los datos registrados en el acta de una casilla (una casilla nacional, supongamos), la diferencia que prevalecería sería la mayor (2 639 944 boletas faltantes), pues la regla dispuesta por la ley indica que se tomen las cifras que mayor distancia muestran entre sí como criterio para contabilizar las irregularidades. Desde luego, de comprobarse tales cifras, se generaría incertidumbre acerca de quién ganó la elección presidencial; pero los datos arrojados por el PREP deben considerarse sólo como indicadores y no como datos jurídica ni aritméticamente incontestables, pues por un lado ese programa no registró la totalidad de las actas (sino algo más de 117 000 de aproximadamente 131 000); por otro lado, el programa no tiene validez oficial y, finalmente, los espacios que se dejaron en blanco en cualquiera de los rubros considerados los contabiliza como cero, por lo que las diferencias se disparan de manera significativa, cuando quizás en muchas actas pueda percibirse a la vista un error de captación, y ser incluso corregido sin necesidad de abrir el paquete correspondiente. Asimismo, en estos datos no puede apreciarse cuántas boletas irregulares podrían justificarse si se cotejan con aquellas de las respectivas casillas contiguas. Además, la apertura y el recuento de los paquetes podrían hacer que desaparecieran las diferencias registradas en ellas, o al menos reducirlas significativamente (como se demostró con el recuento que el Tribunal ordenó en casi 12 000 casillas). Sin embargo, de no abrirse las actas, quedaría la duda de si tales irregularidades registradas en el PREP (y en las actas inconsistentes no capturadas por ese sistema) en efecto reflejaban boletas sobrantes o faltantes en el paquete electoral que no pudieran justificarse y si su número seguiría siendo determinante en el resultado, es decir igual o mayor al de los votos con que oficialmente ganó el candidato del PAN. De ahí la importancia de que se abriera y recontara el mayor número posible de casillas cuyas actas registraran inconsistencias. Eso habría disipado las dudas sobre la fidelidad del resultado e inyectado certidumbre y credibilidad al resultado final. Pero no se hizo, salvo en una medida muy pequeña, es decir, primero 2 864 casillas por el IFE (2 por ciento del total), y más tarde 11 718 casillas abiertas por el TEPJF (cerca de 9 por ciento del total). Los paquetes abiertos por ambas autoridades suman 14 582, algo así como 11 por ciento del total (y 18 por ciento de las que tenían inconsistencias).

El recuento oficial del IFE

En 107 de los 300 distritos (más de una tercera parte) se abrieron y recontaron tres o menos paquetes (en promedio había 270 paquetes con inconsistencias por distrito). ¿Por qué se abrieron tan pocos paquetes en general? Una posible explicación tiene que ver con la idea, difundida en esos días por el PAN, de que abrir más paquetes de los que la ley permitía podía provocar la anulación de la elección completa, como había sucedido en Tabasco en 2000 (Camarena y Zepeda, 2007, p. 187). Esa percepción fue respaldada por el hecho de que el Consejo General hizo llegar a cada uno de los 300 consejos distritales un comunicado donde pedía no abrir más paquetes de los que la ley permitía, a riesgo de que se diera paso a la anulación total de los comicios, basándose precisamente en la experiencia de Tabasco 2000. Esto pudo haber generado en los consejeros distritales una predisposición a no recontar demasiados paquetes y ser, más bien, sumamente cautelosos al respecto.

Vinculado con lo anterior, puede mencionarse la redacción de la estipulación legal respectiva: el artículo 247–C del Cofipe señala los criterios para realizar el recuento oficial: "Cuando existan errores evidentes en las actas, el Consejo Distrital podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y el cómputo". La redacción de esta disposición puede ser confusa, pues si bien faculta al Consejo Distrital a realizar nuevamente el recuento de los paquetes cuyas actas registren inconsistencias (errores evidentes), puede hacerlo o no a discreción (podrá). Eso contrasta con la manera en que otras legislaciones estatales han estipulado sobre el mismo punto, como la de Baja California, en cuya legislación electoral, artículo 396–III, se asienta: "Cuando existan errores aritméticos, irregularidades o alteraciones evidentes en el acta de la jornada electoral, el Consejo Distrital Electoral realizará nuevamente el escrutinio y el cómputo en los términos señalados en la fracción anterior" (Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, 2000). A diferencia de la legislación federal, aquí se señala, sin lugar a dudas, que ante las anomalías registradas en el acta, el Consejo Distrital "realizará nuevamente el escrutinio y el cómputo", y no que "podrá acordar" dicha revisión. Finalmente, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, envió una circular a los consejos distritales numerando las causales legales para reabrir paquetes y proceder al recuento de votos (Ugalde, 2008, p. 230). Pero en su lista le faltó mencionar la causal que aplicaba a más casos, que según el multicitado artículo 247–B del Cofipe es: "Cuando existan errores evidentes en las actas".

Podría entonces suponerse que esta cantidad tan baja de paquetes revisados respondió a que los consejeros distritales interpretaron el término "errores evidentes", con errores graves (es decir, no inconsistencias de uno o dos votos, sino de muchos más). Sin embargo, varios paquetes cuyas actas registraban inconsistencias importantes, tampoco fueron abiertos como lo ejemplifican los datos consignados en el cuadro 4.

Tampoco se abrieron paquetes cuyas actas no registraban algunos de los campos de referencia, a tal grado que era imposible evaluar si había consistencia o no y, por lo tanto, claridad y certeza en el resultado de esa casilla. Eso se ejemplifica en el cuadro 5.

También podría pensarse que los consejeros distritales pudieron haber interpretado el término "error evidente" como "determinante", es decir, que en la casilla respectiva el número de boletas irregulares (de más o de menos) igualara o superara la distancia entre el primero y el segundo lugar, en cuyo caso procedería, en primera instancia, la anulación del voto (aunque eso no le correspondería hacerlo al IFE, sino al TEPJF). Y quizá pensando en esos términos los consejeros habrían procedido a abrir sólo los paquetes cuyas actas registraban inconsistencias determinantes; pero tampoco fue el caso, pues muchas actas presentaban esa posibilidad (muchas de las cuales fueron después impugnadas por los partidos ante el TEPJF), y no por ello fueron abiertas ni recontadas por los consejos distritales correspondientes (cuadro 6).

En síntesis, puede comprobarse que los consejos distritales no abrieron gran cantidad de paquetes que contenían actas con distintas combinaciones de inconsistencias aritméticas, fueran grandes o pequeñas, determinantes o no, incluso con dos de los tres rubros fundamentales en blanco. ¿Cuál fue la reacción del TEPJF ante ello?

Los criterios del tribunal

Una vez que el IFE hizo público el recuento oficial de la elección presidencial, le tocó el turno de intervenir en el proceso al TEPJF, según lo estipula el artículo 99 de la Constitución, para "resolver de forma definitiva e inatacable", entre otros asuntos, las impugnaciones sobre la elección presidencial y realizar el cómputo final. Una primera sentencia sobre la elección presidencial fue emitida por el TEPJF el 5 de agosto de 2006, en la que asienta la forma y los criterios con los que el IFE realizó el recuento oficial, el 5 de julio del mismo año (TEPJF, 2006a). Una primera determinación fue que, en aquellas actas perfectamente consistentes, donde no se encuentra ninguna diferencia entre los rubros ahí registrados (es decir, entre CV, BD y VTE), no había ningún elemento para pensar que el contenido de los paquetes no correspondía con lo asentado en esas actas, por lo que debían considerarse como "documentos públicos con valor probatorio pleno", pues cuando "cumplen a plenitud los requisitos y formalidades esenciales legalmente exigidos adquieren definitividad, y con esto queda cerrada toda posibilidad ordinaria de un nuevo escrutinio y cómputo por personas diferentes a los ciudadanos receptores de la votación". En otras palabras, en tales casos no había ninguna razón para que se realizara un recuento (a menos que se consignara alguna irregularidad en la casilla, o durante el cómputo oficial del IFE, que pudiera haber afectado el contenido de los paquetes de modo que difiriera de lo registrado en el acta correspondiente). Este fue uno de los argumentos más sólidos con el cual TEPJF explicó por qué no atendía la petición de la CBT de recontar "voto por voto y casilla por casilla" en todas y cada una de las casillas. Eso, independientemente de que dicha coalición no solicitó explícitamente la apertura de todas las casillas, sino sólo la de cerca de 50 000, ubicadas en 174 distritos. Pero a partir de tal argumento, incluso si la CBT hubiera solicitado específicamente el recuento en todas las casillas de todos los distritos, la respuesta del Tribunal hubiera sido la misma; en las actas cabalmente consistentes (37%) no había motivo para sospechar que el contenido de los paquetes respectivos difiriera de lo registrado en ellas.

No obstante, en ese mismo fallo de agosto, el Tribunal explicó que el IFE debió abrir absolutamente todos los paquetes cuyas actas registraran inconsistencias en los tres rubros fundamentales (63%), "con el fin de alcanzar la mayor certeza y transparencia, en último extremo, con el recuento de la votación recibida en las casillas con datos incorrectos" (certeza consagrada como principio rector de las elecciones en el artículo 41 de la Constitución). Aquí la expresión "en último extremo" es clave, para determinar cuándo sí y cuándo no debía procederse a dicho recuento. Por tal motivo, el TEPJF procedió a aclarar el sentido del artículo 247–B que regula el cómputo oficial hecho por el IFE. Se ha hecho referencia a lo que estipula este artículo: "cuando existan errores evidentes en las actas, el Consejo Distrital podrá acordar realizar nuevamente el escrutinio y cómputo...", lo cual pudo generar confusión en los consejeros distritales sobre lo que significarían las frases "errores evidentes" y "podrá acordar". Por lo tanto, el TEPJF dedicó buena parte de la sentencia a aclarar esa disposición, para lo cual el Tribunal procedió a interpretar el sentido del artículo respectivo: "El concepto error... hace referencia a cualquier diferencia numérica que resulte de la comparación de los datos asentados en el acta de escrutinio y cómputo. es decir, entre cantidades que se encuentran legalmente destinadas a tener una relación aritmética de plena correspondencia, en aplicación a los principios lógicos elementales". Aquí se entiende que el error consiste en cualquier diferencia o inconsistencia, "al margen de (su) magnitud", que pueda detectarse "con una simple resta" entre los rubros que deben coincidir (BR–BS, CV, BD o VTE). Por otro lado, el concepto "evidente" se refiere a que "las inconsistencias se puedan advertir a primera vista de manera sencilla e inmediata, a través de una simple operación lógica o aritmética, que haga patente que algún dato no armoniza con otros con los cuales debiera corresponder" en cuyo caso "procederá la realización de nuevo escrutinio y cómputo". Se presenta después la forma en que debe entenderse el término "podrá acordar", referente a la facultad del consejo distrital para hacer un nuevo escrutinio y cómputo. Dice el Tribunal que, si bien dicha expresión da la idea de una mera posibilidad, en realidad la ley se refiere a la función del consejo para que, en caso de detectar alguna inconsistencia donde no debería haberla, "aunque sólo sea de un voto y no sea determinante para el resultado", realice nuevamente el escrutinio y el cómputo, pues sólo así se logra que los rubros destinados a coincidir lo hagan en aras de la certidumbre. En resumen "la sola evidencia del error conduce a la consecuencia, que es la realización de nuevo escrutinio y cómputo". Como ya se dijo, esto procede al encontrar cualquier inconsistencia entre los rubros fundamentales registrados en el acta: CV, BD y VTE; y se haría de oficio, es decir, sin necesidad de que medie la solicitud de algún consejero o representante de partido político (como se exige si se quiere reabrir algún paquete que no tenga las inconsistencias señaladas, pero que incluya "incidentes suscitados, si los hubiera", o "escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos al término del escrutinio y cómputo", según permite incluir en el acta el artículo 232 del Cofipe).

¿Abrieron los consejos distritales de oficio los paquetes cuyas actas registraban alguna inconsistencia, así fuera de un solo voto y aun si no fuera determinante para el resultado final en la casilla correspondiente? No, según se vio en el apartado anterior. El TEPJF pudo en este punto ordenar al IFE reponer el procedimiento y, en esa medida, incrementar la transparencia y la certeza. No lo hizo, se limitó a ordenar la apertura y la revisión de 11 718 casillas, dentro del universo que fue impugnado por los partidos, correspondiente a 11 por ciento de las que registraban actas con inconsistencias (82 000, aproximadamente). A diferencia de las restricciones legales para abrir los paquetes cuyas actas no mostraban ninguna inconsistencia aritmética, en este caso no había razones para no hacerlo. La sentencia del 5 de agosto se encargó de enfatizar la importancia de revisar aquellas actas con inconsistencias aritméticas para dar certidumbre al resultado final y señala que dicho proceso de depuración está contemplado y ordenado por la ley. Dijo entonces el Tribunal que al no haberse realizado exhaustivamente tal recuento, conforme a la ley, no se alcanzó "la función de depuración de la votación, y de eliminar cualquier circunstancia que genere incertidumbre respecto de la voluntad emitida por los ciudadanos en el momento de sufragar".

Algunos especialistas consideran que, como la etapa de cómputo del IFE, ya había concluido no había posibilidad de que el Tribunal ordenara al IFE reponer el proceso que no fue concluido debidamente. Pero quedaba abierta la opción de que el proceso fuera repuesto bajo la vigilancia del propio Tribunal, en los consejos distritales mismos, como de hecho ocurrió con los casi 12 000 paquetes cuya apertura fue ordenada por el TEPJF. Esta situación mostró al Tribunal como falto de exhaustividad, por no haber dado una instrucción para la cual estaba plenamente facultado y que pudo haber contribuido significativamente a despejar dudas, a imprimir transparencia y certeza al proceso y al resultado final, como sí lo hizo a lo largo de su primera sentencia. De acuerdo con el propio Tribunal, el que el IFE no se apegara a la letra del Cofipe en lo referente a la apertura y recuento de votos en 63 por ciento de ellos —los que contenían inconsistencias aritméticas— pone en duda también la certeza jurídica del resultado, pues se parte de que es el apego estricto a la ley en cada fase del proceso lo que garantiza esa certeza en el veredicto final. Por eso era tan importante que el Tribunal repusiera la grave omisión cometida por el IFE (así no habría dolo en ello).

Se ha dicho también que en la fase de desahogo de los juicios de inconformidad, el Tribunal sólo podía abrir los paquetes que específicamente fueran solicitados por los partidos, a partir de los requisitos especificados en la ley de impugnación. De hecho, hay elementos legales que de manera precisa capacitan al Tribunal para tomar cualquier diligencia que considere importante a fin de despejar cualquier duda sobre la fidelidad del resultado electoral. Por ejemplo, una tesis de jurisprudencia, basada en el artículo 191–XX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estipula:

A efecto de alcanzar el objetivo de certeza rector del sistema de justicia electoral, se prevé como una atribución del órgano jurisdiccional electoral la de ordenar, en casos extraordinarios, la realización de alguna diligencia judicial, como sería la apertura de los paquetes electorales.

Es muy clara la facultad del Tribunal para ordenar la apertura de los paquetes. La misma disposición resalta que dicha atribución:

constituye una medida última, excepcional y extraordinaria, que únicamente tiene verificativo cuando, a juicio del órgano jurisdiccional de conocimiento, la gravedad de la cuestión controvertida así lo exige, su eventual desahogo pudiera ser de trascendencia para el sentido del fallo —como ocurriría si pudiese ser determinante para el resultado de la elección—, y siempre que, además, habiéndose agotado todos los medios posibles para dilucidar la situación, sólo se pueda alcanzar certidumbre a través de esa diligencia.

Las preguntas clave aquí son si se estaba ante un "caso extraordinario", si "la gravead de la cuestión controvertida" así lo exigía, si ese desahogo "pudiera ser de trascendencia para el sentido del fallo". Podría decirse que sí, pues para esa fecha se había visto ya la magnitud de la inconformidad de los obradoristas y las encuestas señalaban la duda e inconformidad de la mitad de los ciudadanos (Parametría, 2006). Estaba disponible también la enorme cantidad de inconsistencias reportadas por el PREP, que en relación con la ventaja obtenida por Calderón en el cómputo oficial del IFE podrían ser suficientes para restar certeza a ese resultado (indicio que la CBT hizo ver al TEPJF al solicitar el recuento genérico de casillas). Podía pensarse que sin la apertura de la totalidad de las casillas no se lograría restaurar el consenso sobre el ganador, es decir que, como lo dice esta disposición, "habiéndose agotado todos los medios posibles para dilucidar la situación, sólo se pueda alcanzar certidumbre a través de esa diligencia". El caso es que el Tribunal consideró que no hacía falta ordenar la apertura de las casillas con actas que registraran inconsistencias, mismas que por ley el IFE debió haber revisado. En cambio, consideró que eso, lejos de imprimir mayor certidumbre, "en lugar de asegurar el objetivo o la finalidad buscada, se aleje más de ella o que incluso lleve a lo contrario". Pero hemos visto cómo la jurisprudencia permitía al Tribunal ordenar la apertura de los paquetes, precisamente para dotar de certeza al veredicto final, cuando no pudiere lograrse mediante el proceso normal, como era claramente el caso. Más tarde, dicha omisión fue explicada por uno de los magistrados del Tribunal, Jesús Orozco, en los siguientes términos: "Ciertamente el Tribunal Electoral cuenta con atribuciones legales para ordenar diligencias para mejor proveer, pero debe subrayarse que sólo es posible ejercerlas respecto de aquellas casillas cuyos resultados electorales hubiesen sido efectivamente impugnados, pues, si ello no ocurrió así, tales resultados no son susceptibles de revisión jurisdiccional" (Orozco, 2007, p. 53). Este alegato no deja de llamar la atención, pues si ciertas casillas han sido impugnadas por un partido, la propia ley de impugnación electoral determina su revisión, para lo cual no sería necesaria una tesis de jurisprudencia que permita una mayor apertura cuando "su eventual desahogo pudiera ser de trascendencia para el sentido del fallo y (cuando) sólo se pueda alcanzar certidumbre a través de tal diligencia". Además, la jurisprudencia citada no se basa en la ley de impugnación electoral, según interpreta el magistrado, por lo cual no debe interpretarse a su luz, sino en la Ley Orgánica del Poder judicial en que se sustenta y que, precisamente, faculta al Tribunal a ordenar la apertura de paquetes (u otras diligencias) cuando la certeza esté en riesgo y sólo a través de esa diligencia pueda alcanzarse, como claramente era el caso.

Al apegarse a la ley de impugnación, sin utilizar las facultades que la jurisprudencia otorga al Tribunal (y la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que se basa aquélla), se manejó el litigio como uno de derecho privado entre dos particulares (la CBT y el PAN), en lugar de uno de derecho público, donde el derecho del electorado (la certeza) está por encima del particular de los contendientes. Eso mismo había sostenido el magistrado Jesús Orozco años antes, al considerar el interés público como superior al de las partes procesales en el derecho electoral mexicano (Orozco, 1998, p. 796).

Conclusiones: un veredicto incierto

El Tribunal se negó a revisar los paquetes electorales con actas inconsistentes (sin considerar que pudiera haberlo hecho legalmente, como aquí se sostiene, o no, como sostienen los magistrados), lo cual se tradujo en lo que el propio Tribunal advirtió en su sentencia de agosto, al reconvenir al IFE por no haber realizado su tarea depuradora de manera exhaustiva: "que se genere incertidumbre respecto de la voluntad emitida por los ciudadanos en el momento de sufragar". ¿Cuántos votos irregulares —derivados de las inconsistencias aritméticas no justificadas o cabalmente explicables— quedaron sin ser depurados en las actas, tanto las revisadas como las que no lo fueron? ¿Esos votos irregulares sumaban un número superior al de los votos con que aventajó Calderón a López Obrador? Para responder tales interrogantes se revisaron de manera exhaustiva las actas de 150 de los 300 distritos, se aplicaron los criterios empleados por los magistrados del Tribunal Electoral durante los juicios de inconformidad para distinguir las inconsistencias justificables de las que no lo eran, y así inferir el número de votos irregulares en esos 150 distritos (Crespo, 2008). De los votos irregulares que resultaron, se restaron también aquellos que correspondían al criterio de "votos sustraídos de la casilla por los electores para fines de colección", y al de los "votos erróneamente emitidos en casilla contigua", que el Tribunal en su dictamen final de septiembre consideró como justificantes de ciertas boletas faltantes o sobrantes (criterios que por cierto no aplicó durante los juicios de inconformidad, en los que incluso llegó a anular un buen número de casillas por tales motivos).

El resultado de tal contabilidad (cuadro 7) arroja un número claramente superior de votos irregulares a los casi 234 000 votos con que oficialmente Calderón aventajó a López Obrador. En tal caso, si se aplica la lógica aritmética que rige en el sistema electoral mexicano, en estricto sentido, no puede saberse con certeza por quién votó la mayoría de los electores mexicanos, al menos no a partir de la documentación oficial disponible. Quizá la revisión de las boletas electorales despejarían dicha incógnita, pero el Estado mexicano se ha negado rotundamente a permitir el acceso posjurídico a tales boletas electorales. Por lo tanto, la incógnita sobre quién ganó la elección de 2006 prevalece. En ese sentido, la afirmación de que ganó uno u otro de los punteros surgiría más de una posición política, una voluntad de creer o un acto de fe que de la documentación oficial. La verdad legal de que Calderón recibió la mayoría —así fuera exigua— de votos no coincide con la verdad aritmética contenida en las actas electorales a partir de la aplicación de la lógica imperante en el derecho electoral mexicano (por la forma en que clasifica y contabiliza los votos irregulares y la premisa de que, cuando éstos igualan o superan la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar, no es posible saber con certeza por quién sufragó la mayoría del electorado en la demarcación correspondiente, en este caso la circunscripción nacional de donde emerge el presidente de la república).

Sin embargo, hay una corriente que sostiene que, en términos estadísticos y con los datos disponibles, es posible afirmar que incluso de haberse abierto todos los paquetes electorales hubiera prevalecido Calderón por encima de López Obrador. Así lo señalan, en virtud de que la proyección hecha a partir de los paquetes que en efecto se abrieron todavía arrojaría una ventaja en favor de Calderón. A eso se refiere Javier Aparicio al afirmar que "si los errores se distribuyen aleatoriamente (como es el caso), el margen de victoria de una elección cerrada pero regionalmente polarizada no cambiará mucho tras un recuento total o representativo" (Aparicio, 2006b). Posición que suscita las siguientes reservas:

A) De haberse abierto todos los paquetes electorales cuyas actas registraron inconsistencias electorales se habría elevado la probabilidad de realizar una adecuada depuración de tales inconsistencias y, en consecuencia, de clarificar quién obtuvo la mayoría del voto efectivo. Sin embargo, no hay garantía de que ello ocurriese; dicha ventaja es tan reducida que quizá la revisión no depuraría de manera suficiente las irregularidades. De cualquier manera, de ser éstas iguales o mayores que la ventaja de Calderón, la incertidumbre habría prevalecido (en cuyo caso, lo constitucionalmente procedente era la anulación de la elección y la convocatoria a una de carácter extraordinario). Y es que, como se dijo, no es válido ni aritmética ni jurídicamente asumir que las inconsistencias en cada casilla favorecen todas al ganador en esa demarcación (donde gana Calderón, le favorecen a él, y donde gana López Obrador, a él le benefician). Por lo tanto, la distribución equitativa de las inconsistencias en las casillas donde uno u otro están arriba no permite neutralizar tales irregularidades. De ser esto posible, no hubiera habido ninguna casilla anulada; habría bastado adjudicar las inconsistencias al ganador en cada una de ellas, y validar ese resultado. Pero la ley no lo permite, pues no existe elemento lógico o aritmético para ello, por lo que no hay más que determinar cuáles inconsistencias son justificadas y cuáles no, y después evaluar si las inconsistencias que prevalecieron (y que se traducen en votos irregulares que generan incertidumbre) son o no determinantes (es decir, de igual o mayor número a la diferencia entre el primero y el segundo lugar).

B) Aun si en efecto hubiera suficientes elementos para tener la certeza estadística de que Calderón mantendría el primer sitio después del recuento amplio (y bajo la suposición de que en ese punto se hubieran depurado las inconsistencias como para no nublar el veredicto), esa no es la fórmula que prevé la ley para designar al presidente de la república. Dice el artículo 81 constitucional: "La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la Ley Electoral", y la ley electoral agrega en su artículo IX que dicha designación se hace "por mayoría relativa del voto directo". No es, pues, por medio de encuestas, ni de conteos rápidos, ni programas preliminares, ni proyecciones estadísticas. Si la ley contemplara la proyección estadística para determinar al ganador de la elección presidencial, entonces la certeza (o aproximación plausible) estadística sería jurídicamente válida. Pero no lo es. La única forma de determinar al ganador es mediante el conteo aritmético en el ámbito nacional, de todos y cada uno de los votos depositados. Si el conteo inicial, llevado a cabo en las casillas por los funcionarios electorales, no permite determinar quién tiene la mayoría de votos (por las inconsistencias registradas en las respectivas actas electorales), entonces debe procederse a la depuración necesaria hasta que se esclarezca quién ganó, lo cual puede hacerse en los cómputos oficiales del IFE (en los consejos distritales) o, en su defecto, por medio de un recuento ordenado y supervisado por el TEPJF, aplicando criterios para evaluar cuáles de tales inconsistencias se justifican y cuáles no. No hubo, como se vio aquí, el recuento necesario para depurar de manera suficiente las inconsistencias, que en las actas registran un número superior a la ventaja aritmética de Calderón sobre su más cercano rival, lo que desde el punto de vista aritmético, lógico y jurídico, no permite tener la certeza (jurídica y aritmética, por igual) sobre quién recibió la mayoría de los sufragios efectivos emitidos por los votantes mexicanos en la elección presidencial de 2006.

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¹ Un ejemplo representativo de esos datos aparece en la encuesta de la firma Parametría, que el IFE pidió y que fue levantada en septiembre de 2006.

Editorial

Este volumen especial agradece de manera atenta al Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en México, así como a la División de Estudios Políticos y al director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), por proveer fondos para la conferencia "México, Elecciones 2006" celebrada en el CIDE en abril del 2007.

Los artículos publicados se presentaron en esa conferencia, la cual no habría sido posible sin el generoso apoyo financiero del CEEY y del CIDE.

Artículos

Análisis estadístico de la elección presidencial de 2006: ¿Fraude o errores aleatorios?

Statistical Analysis of the Presidential Election in 2006: Fraud or Random Errors?

Javier Aparicio*

* Profesor–investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Carretera México–Toluca, 3655, Col. Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F. Tel. 52 (55) 57 27 98 00. Correo electrónico: javier.aparicio@cide.edu.

Resumen

Este artículo confronta algunas de las principales acusaciones de fraude electoral con la evidencia disponible mediante un análisis estadístico de los datos a nivel casilla del PREP y del cómputo distrital de la elección presidencial de 2006. En primer lugar se analiza el conteo rápido, el flujo de datos del PREP y del cómputo distrital; en segundo lugar, los errores aritméticos en las actas de casilla y el recuento de paquetes electorales, y por último el papel de las casillas atípicas y los representantes de casilla. La conclusión principal es que, a pesar de los errores en actas y los sesgos propios del flujo de datos, el resultado electoral del 2 de julio resulta estadísticamente confiable.

Palabras clave: errores en actas, fraude electoral.

Abstract

This paper tests some of the main fraud allegations of the 2006 presidential election in Mexico with the evidence from a statistical analysis of precinct–level data. First, I analyze the data flow from the quick count, the preliminary results (PREP) and the official district tally (cómputo distrital). Secondly, I analyze the size and distribution of errors in the polling–station acts and the partial recount. Lastly, I consider atypical precincts and the role of party representatives. My main conclusion is that, since most fraud allegations are not supported by the evidence, the presidential election outcome is statistically reliable.

Keywords: election forensics, fraud.

La elección presidencial de 2006 fue la más reñida en la historia política reciente de México. La noche del 2 de julio el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, anunció en cadena nacional que los resultados del conteo rápido de casillas electorales no permitían anticipar un claro ganador de la contienda. A partir de entonces se inició una controversia que se extendería a lo largo de varios meses, detonando lo que muchos consideraron como una crisis postelectoral sin precedentes: en el año 2006 volvimos a escuchar acusaciones de fraude electoral que muchos creían superadas al menos desde la muy cuestionada elección de 1988.

En este artículo se confrontan algunas de las principales acusaciones de fraude electoral durante la jornada del 2 de julio de 2006 con la evidencia disponible a partir de un análisis estadístico de los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)¹ y del cómputo distrital de las más de 130 788 casillas instaladas ese día. Estas acusaciones iban desde un novedoso "fraude cibernético" en el flujo de datos del PREP, irregularidades en el cómputo distrital, hasta acusaciones de fraude "a la antigüita", como el llenado incorrecto de actas de escrutinio y cómputo o la intervención indebida de los funcionarios de casilla o de los representantes de cada partido en las mismas.

El debate sobre la elección presidencial tiene múltiples aristas. Algunos autores han evaluado el proceso electoral desde las campañas hasta la resolución del conflicto postelectoral (Schedler, 2007; Lawson, 2008; Ugalde, 2008). Otros autores han analizado la cuestión del acceso a las actas y paquetes electorales, así como los límites o alcances de la resolución del Tribunal Electoral (Ackerman, 2007). Algunos de estos argumentos cuentan con cierto mérito, sobre todo los concernientes al estatus legal —y por lo tanto a la viabilidad de impugnar y a los remedios posibles— de los errores en actas de escrutinio y cómputo (Crespo, 2008). O bien podemos analizar la evidencia de las actas de casilla, como se hace aquí y en otros estudios (Poiré y Estrada, 2006; Mebane, 2007; Pliego, 2007).

Ante la complejidad de una elección cerrada y las dudas surgidas durante el proceso de cómputo y el recuento parcial ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ¿cómo saber si el resultado electoral es confiable? Este trabajo presenta un análisis estadístico de la evidencia disponible en los datos a nivel casilla de la elección presidencial de 2006. La conclusión principal es que, a pesar de los posibles errores tanto de los funcionarios de casilla como de las autoridades electorales del IFE y el TEPJF, el resultado electoral del 2 de julio resulta estadísticamente confiable.

El análisis estadístico de los datos casilla por casilla proporcionados por el IFE desde el día siguiente a la elección nos permite responder, con diferentes grados de confianza estadística, algunas de estas interrogantes. Cabe aclarar de antemano que algunas acusaciones, como las referentes a la intervención del presidente Fox en la campaña o el efecto de los spots de grupos empresariales, tienen que ver con el proceso previo a la jornada electoral y no pueden atenderse en este análisis.

El artículo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar se analizan el conteo rápido y su relación con los resultados definitivos conocidos posteriormente. Enseguida se presenta un análisis del flujo de datos tanto del PREP como del cómputo distrital. En el tercer apartado se describen los llamados "errores aritméticos" en las actas de escrutinio y cómputo. En cuarto lugar se estudia la relación entre representantes de casilla, sustitución de funcionarios y resultados. Por último, se discuten los resultados del recuento de casillas.

La consistencia del conteo rápido

Al igual que en otras elecciones recientes, desde los meses previos a la elección el IFE había diseñado un conteo rápido que le permitiera adelantar un resultado confiable pocas horas después de terminada la jornada electoral. El conteo rápido fue levantado en una muestra de 7 636 casillas, misma que fue diseñada para ser representativa tanto del resultado nacional como de los estratos regionales o partidistas más importantes. En su momento se cuestionó la incapacidad del conteo rápido para arrojar un ganador definitivo la misma noche de la elección. ¿Acaso el IFE pretendía ocultar un resultado que no le favorecía al PAN? ¿Hubo irregularidades en el levantamiento de los datos? ¿Se pretendía robar la elección?

La concordancia entre el resultado electoral estimado por el conteo rápido, el PREP y, finalmente, el cómputo distrital, todos disponibles la misma semana de la elección, proveen evidencia a favor de que la elección presidencial fue confiable. ¿Por qué? Si bien el conteo rápido levantado en 7 636 casillas la noche del 2 de julio no apuntaba a un claro ganador (es decir, fuera de los márgenes de error del instrumento), éste sí sugería una elección con un margen menor a 0.6 por ciento de los votos, al tiempo que daba a Felipe Calderón una mayor probabilidad de aventajar en el resultado final. Con este dato era claro que el resultado observado al cierre del PREP la noche del 3 de julio, y que daba un margen de 1.04 por ciento a favor de Calderón, tenía que reducirse al llegar al cómputo distrital —tal como ocurrió: el cómputo distrital arrojó un margen de sólo 0.58 por ciento, el cual validó la estimación inicial del conteo rápido.

De haber existido una manipulación fraudulenta a favor de uno u otro candidato en ciertas zonas del país, ésta difícilmente hubiera sido capturada por un conteo rápido basado en una muestra aleatoria. Por eso, si el cómputo distrital hubiera dado un resultado muy diferente al del conteo rápido, indicaría una posible irregularidad en alguno de los dos procedimientos: o acusaría un error en el diseño o representatividad inicial de la muestra, o bien revelaría un resultado posiblemente alterado. Pero tanto la muestra del conteo rápido como el cómputo distrital fueron consistentes. Si el resultado del cómputo hubiera sido fruto de una alteración sistemática de actas posterior al 2 de julio, como se acusó, sería difícil explicar que el conteo rápido anticipara dicha manipulación. Del mismo modo, si el cómputo distrital hubiera dado un margen mayor a 0.6 por ciento, sería difícil explicar que el conteo rápido no lo hubiera detectado en su momento.

PREP y cómputo distrital: el algoritmo inexistente

El resultado del conteo rápido no permitía identificar con precisión estadística a un ganador; por eso el IFE anunció que, ante lo cerrado de la elección, habría que esperar los resultados del cómputo distrital. En vista de la incertidumbre y la confusión, propios y extraños leyeron de más los datos del PREP.

Se dijo, por ejemplo, que debido a lo reñido de los resultados y bajo una supuesta aleatoriedad del flujo de datos de casilla, el PREP debió haber mostrado múltiples cruces entre el primer y el segundo lugar. Sin embargo, esta afirmación partía de un supuesto erróneo. Ni el PREP ni el cómputo distrital son procesos plenamente aleatorios, como sí lo son los conteos rápidos y las encuestas de salida. Factores no aleatorios, como la urbanización de los distritos y los diferentes husos horarios, afectan (sesgan) el flujo de captura de las casillas. Aun en una elección reñida, si las condiciones iniciales del flujo de datos favorecen suficientemente a un candidato, no tendríamos que esperar los cruces múltiples. Recuérdese que una elección cerrada en el ámbito nacional no equivale a un resultado cerrado en cada región, estado o casilla (véase gráfica 1).

Durante las primeras cinco horas del PREP, Felipe Calderón tenía una ventaja de dos puntos porcentuales o más sobre López Obrador, pero esa ventaja parecía disminuir hora tras hora. Al tratarse de la tendencia inicial, era fácil imaginar que dicha superioridad se revertiría durante la madrugada. Sin embargo, se revirtió alrededor de las 3 de la mañana del lunes hasta estabilizarse en un ventaja de alrededor de uno por ciento para el PAN.

Sucede que, de las más de 130 000 casillas, alrededor de 70 por ciento fue instalado en zonas urbanas y sólo 30 por ciento en áreas rurales. Si las casillas urbanas llegan más rápido a los consejos distritales, el PREP favorecería al candidato con mayor voto urbano —como fue el caso—. Felipe Calderón tuvo una ventaja de 691 000 votos sobre Andrés Manuel López Obrador en casillas urbanas, mientras que éste superó por casi 450 000 votos a Calderón en casillas rurales. A la medianoche del lunes 3 de julio, alrededor de 50 por ciento de las casillas urbanas ya habían sido capturadas, mientras que las rurales llevaban un avance de 25 por ciento, de modo que la ventaja de Calderón se vio favorecida por el sesgo urbano del PREP.

Al finalizar el PREP, surgieron acusaciones contra el IFE por ocultar los resultados de más de 11 000 casillas, provenientes de actas inconsistentes. ¿Por qué no fueron reportadas junto con las demás casillas? Desde enero de 2006, el IFE y los partidos acordaron que se dejarían fuera del PREP las actas en las que uno o más rubros del número de votos fueran omitidos o ilegibles (Tello, 2007). Una vez incorporadas las actas inconsistentes en el cómputo distrital, el margen de Calderón disminuyó en casi 150 000 votos. ¿por qué disminuyó el margen de Calderón cuando se incorporaron las 11 184 actas inconsistentes? Esto se debió a que 65 por ciento de estas actas provenía de casillas rurales que en general favorecieron a López Obrador, lo que disminuyó el margen del puntero panista. El error más común de tales actas, por cierto, fue que se dejó en blanco el número de votos para Alternativa y/o Nueva Alianza —difícilmente un acto doloso, dada la escasa presencia de dichos partidos en zonas rurales.

El cómputo distrital de las actas electorales es el conteo oficial realizado por parte del IFE unos días después de la elección. Durante el cómputo se revisan todas las actas y los paquetes electorales en cada una de las 300 juntas distritales del IFE ; también se cotejan las actas originales con las de los partidos y es la etapa en la que los partidos se manifiestan de acuerdo o no con los resultados asentados en ellas. Así, conforme se aprobaba, uno a uno, el cómputo de cada casilla, se transmitían los datos en tiempo real al IFE. La duda principal en esta etapa fue: ¿por qué el flujo de datos de cómputo tenía un patrón tan distinto del observado durante el PREP?

La respuesta es que el cómputo distrital es un flujo de datos mucho menos aleatorio que el PREP. Aquí, el ritmo de avance en cada distrito dependía de cuánto se discutía cada una de las actas en la junta distrital. Y si los distritos que favorecían al PAN eran consistentemente más impugnados y debatidos que otros, estos resultados demorarían más en ser computados. Esta dinámica produjo un sesgo partidista en el flujo de datos del cómputo distrital. Si la Coalición tenía ventaja en los primeros distritos computados, ésta tendría que disminuir conforme llegaban los distritos más debatidos hasta revertirse. En vez de urbano, ahora el sesgo fue partidista: a las cuatro de la tarde del 5 de julio se había computado más de 75 por ciento de las actas de estados donde López Obrador ganó, mientras que el avance en estados panistas era menor a 50 por ciento. Este rezago políticamente inducido hizo que el cruce ocurriera en la madrugada del 6 de julio.

Errores aritméticos en actas

Durante la impugnación de los cómputos, una fuente de suspicacia adicional fueron los llamados errores aritméticos en las actas de escrutinio. Estos errores surgen cuando alguno de los campos de referencia (boletas recibidas, depositadas o sobrantes, y número de ciudadanos que votaron según la lista nominal) no es consistente con el voto total registrado. por ejemplo, una casilla con 700 boletas recibidas y 500 votos emitidos debe tener 500 marcas en la lista nominal y 200 boletas sobrantes. Cuando un acta tiene errores aritméticos ofrece la apariencia de tener votos de más o de menos respecto de los ciudadanos que votaron, o bien respecto de las boletas recibidas y/o sobrantes. Una aclaración pertinente es que el acta de escrutinio está diseñada para que los funcionarios de casilla cuenten boletas y anoten los resultados, de manera que su llenado no requiere de manera forzosa realizar sumas o restas ni conciliación numérica alguna. Los estudios sobre el impacto del diseño de las boletas en los errores de los votantes (Kimball y Kropf 2005, Reynolds y Steenbergen, 2006) permiten suponer que el diseño de actas y procedimientos electorales también puede producir errores de escrutinio y cómputo.

Los errores aritméticos son numerosos porque la consistencia aritmética de las actas es, por así decirlo, frágil: basta una entrada mal contada, registrada u omitida para producir uno o más errores y que no cuadren las cifras. Basta que un funcionario de casilla omita marcar el nombre de un votante en la lista nominal o bien que marque por error un nombre de más en ella para producir la apariencia de votos faltantes o sobrantes. Además, aunque los funcionarios de casilla hicieran su mejor esfuerzo por conciliar las actas, basta que un ciudadano deposite por error su voto en una casilla contigua a la suya para producir errores en dos actas: en una sobrarán votos mientras que en otra faltarán. Muchos de estos errores, sin embargo, se cancelan mutuamente al agregar votos a nivel sección o a nivel distrito, pero no desaparecen del todo. por ello es muy importante analizar la distribución y la magnitud de estos errores en diferentes tipos de casillas. Si los errores aritméticos de las actas de casilla fueran fruto de una manipulación dolosa de las actas es de esperarse encontrar un sesgo en la distribución de estos errores; ya sea una mayor proporción de errores en las casillas ganadas por el PAN o bien en las casillas ganadas por la Coalición; pero si los errores se distribuyen de manera uniforme o aleatoria, difícilmente pueden provenir de actos dolosos.

Aunque numerosos, los errores aritméticos no son de gran magnitud. Si calculamos las diferencias entre los distintos rubros de las actas de casilla podemos calcular el error promedio para diferentes tipos de error aritmético. El cuadro 2 presenta el error promedio de las actas de escrutinio y cómputo, calculado a partir de los datos del PREP, para tres tipos de errores aritméticos: cuando el voto total difiere del número de ciudadanos que votaron según la lista nominal (A), cuando el voto total difiere del número de boletas depositadas (B) y cuando las boletas depositadas difieren del número de ciudadanos que votaron según la lista nominal (C). Los errores positivos y negativos no se cancelan del todo: en promedio, las actas de casilla indican 4.33 votos menos que el número de ciudadanos que votaron en la lista nominal, mientras que en otros rubros el error típico es positivo (B). El error absoluto promedio por acta fue de 4.36 votos, equivalentes a 1.3 por ciento del voto promedio por casilla (328 votos).

Estos errores producen la impresión de que se trata de votos faltantes o sobrantes, sin embargo, existen múltiples causas de error aritmético que no requieren intervención dolosa. para explorar un posible sesgo partidista o urbano en la magnitud de los errores promedio, las columnas 2 a 5 del cuadro 2 indican el error promedio en el subconjunto de casillas panistas vs. perredistas, y en casillas urbanas vs. rurales. Las casillas ganadas por la Coalición muestran errores ligeramente mayores (4.54) que las panistas (4.20). Asimismo, las casillas urbanas tienen errores mayores que las rurales (4.48 vs. 4.21). Es decir, la magnitud de los errores es relativamente similar en casillas ganadas por uno u otro candidato, así como en zonas rurales y urbanas, tal como se esperaría de errores básicamente aleatorios.

De acuerdo con el cómputo distrital del IFE, antes del recuento del Tribunal Electoral, el margen de victoria para Calderón fue de 243 934 votos, equivalentes a 1.8 votos promedio por casilla (243 934 votos divididos entre 130 788 casillas). Se ha dicho que los errores aritméticos en actas, de alrededor de 4.3 votos por casilla, pueden resultar determinantes ante lo cerrado de un margen de victoria de 1.8 votos promedio (Crespo, 2008). En efecto, los errores aritméticos no son parte de un error muestral que desaparezca al acumular más y más casillas, sino que constituyen un error de medición al contar boletas y asentar los resultados en actas. para atender esta inquietud hay que considerar, más allá de la magnitud de los errores, de qué manera están distribuidos los errores en diferentes tipos de casillas. Si hay más errores en las casillas ganadas por el puntero indicarían una posible irregularidad; pero si los errores se distribuyen de manera aleatoria, es decir, en una proporción similar en las casillas ganadas por uno u otro candidato, sugerirían simples errores humanos que afectan por igual a los candidatos sin modificar el margen de victoria.

El cuadro 3 analiza un tipo de error particular, obtenido de los datos del PREP (única fuente de datos que incluye los llamados campos de referencia necesarios para calcular estos errores). El número de ciudadanos que votaron, según la lista nominal, debe ser igual a la votación total registrada: 59 120 actas reflejaban esta igualdad mientras que 54 111 tenían error de uno u otro signo (el resto de las actas no permiten el cálculo por tener datos omitidos o haber quedado fuera del PREP). Como indica el cuadro 3, el PAN ganó en 47.2 por ciento de las casillas al tiempo que obtuvo 47.6 por ciento de las actas libres de error (28 159 de 53 408 casillas ganadas). por otro lado, 46.8 por ciento de las actas del PAN tuvo error negativo y 46.5 por ciento de sus actas registró error positivo. por su parte, la Coalición ganó 42 por ciento de las casillas consideradas y sólo 39.7 por ciento de las actas no tuvo error (23 468 de 47 518 ganadas) mientras que concentró 44.2 por ciento de los errores negativos y 44.8 por ciento de los positivos. Es decir, hubo ligeramente mayor número de errores en las casillas ganadas por la Coalición que en las del PAN, pero en general la proporción es muy similar —es decir, un patrón contrario al sugerido por la acusación de fraude— lo que sugiere, de nueva cuenta, errores aleatorios.

En conclusión, ¿qué tan seguros podemos estar de un resultado electoral cuando el proceso mismo de escrutinio y llenado de actas induce a una gran cantidad de errores aritméticos? Ningún argumento estadístico o sistema electoral ofrece una certeza absoluta ni está exento de errores. La naturaleza misma del proceso electoral en México en el que, en aras de la imparcialidad, el escrutinio de votos se ha confiado a ciudadanos elegidos aleatoriamente, produce un número de errores considerable. pero en la medida en que estos errores no tengan una distribución o sesgo claramente a favor o en contra de algún partido o coalición, difícilmente constituyen evidencia de una irregularidad dolosa.

Recuento de paquetes

El siguiente nivel de incertidumbre de la jornada electoral radicaba en si las actas de escrutinio y cómputo de las casillas coincidían o no con el contenido de los paquetes electorales y las boletas electorales. En este respecto, un análisis estadístico formal requeriría, al menos, del recuento de una muestra aleatoria y representativa de paquetes electorales. Sin embargo, las restricciones legales para la apertura de paquetes durante el cómputo distrital y la lógica jurídica, básicamente casuística, del TEPJF no lograron producir un recuento en una muestra representativa de paquetes. No obstante, la limitada evidencia disponible permite hacer algunas inferencias parciales.

Durante el cómputo distrital se recontaron 2 864 paquetes electorales y más adelante el Tribunal Electoral ordenó el recuento de los paquetes de 11 839 casillas más. En ambos casos, las razones que produjeron el recuento de estas casillas, y no otras, no son aleatorias, de modo que ni el recuento distrital ni el del Tribunal se basaron en muestras representativas. por ende, el resultado de estos recuentos no permite hacer extrapolaciones o inferencias directas, pero al menos ofrece indicios del tipo de ajustes que resultaron tras recontar diferentes tipos de casillas.

Los 2 864 paquetes recontados durante el cómputo distrital eran una muestra sesgada: 66.4 por ciento provenía de distritos panistas y 33.4 por ciento, de distritos ganados por la Coalición. En general, el recuento produjo ajustes a la baja en los votos de todos los candidatos y un ligero aumento del margen de Calderón sobre López Obrador (de 0.6 votos en promedio). Cabe resaltar que en 60 por ciento de los paquetes recontados ni el voto de Calderón ni el de López Obrador tuvieron cambio alguno.

Al dividir la muestra en distritos panistas y perredistas surgen asimetrías interesantes. Al recontar casillas panistas, el ajuste promedio por casilla fue de 4.7 votos menos para Calderón, y de 1.9 votos menos para AMLO, lo que redujo en 2.9 votos el margen entre los punteros. por otro lado, al recontar casillas en distritos dominados por la Coalición, el ajuste promedio por casilla fue de 5.8 votos menos para Calderón y de 13.3 votos menos para López Obrador, lo que aumentó en 7.5 votos el margen del PAN. Es decir, al recontar casillas ambos candidatos pierden votos, pero el candidato con más votos en la casilla pierde más votos tras el recuento. Además, AMLO perdió proporcionalmente más votos que Calderón al recontarse casillas en sus respectivos distritos, lo cual hizo que el resultado neto favoreciera a Calderón a pesar del sesgo de esta muestra (66.4 por ciento de casillas en distritos panistas). Este es un punto que prácticamente quedó fuera de la controversia sobre el fraude electoral: cuando se recontaron paquetes en los distritos donde aventajaba la Coalición por el Bien de Todos, ésta perdía más votos que los que perdía el PAN en sus propios distritos.

Sin embargo, existe una razón natural por la cual un recuento afecta más al candidato con más votos en una casilla. Usemos un ejemplo: si los errores de conteo ocurren a una tasa más o menos constante, digamos 5 por ciento, un recuento en una casilla con 200 votos para uno y 100 votos para otro le reducirá 10 votos al primer candidato, pero sólo cinco votos al segundo, lo cual disminuye el margen entre ambos en cinco votos. para que estos errores aleatorios se cancelen habría que recontar casillas precisamente con un margen opuesto, es decir donde el segundo candidato tenga 100 votos más que el primero; por eso un recuento en una muestra sesgada de casillas produce un ajuste sesgado de votos —razón de más para interpretar con cautela los resultados de los recuentos realizados durante el proceso electoral tanto por el IFE como por el TEPJF.

En cualquier caso, los ajustes encontrados en una muestra no representativa de casillas no pueden generalizarse para el resto del país: si el recuento parcial del TEPJF encontró ajustes de votos promedio de ±2 votos a favor de AMLO, no se puede afirmar que un recuento más amplio hubiera encontrado un ajuste sistemático en el mismo sentido e igual magnitud. Más bien, a la luz de la evidencia disponible, es plausible suponer que un recuento adicional en casillas donde AMLO aventajó habría recompensado la ventaja de Calderón en vez de disminuirla, toda vez que AMLO perdería más votos que el panista.

En todo caso, si uno u otro recuento hubieran arrojado modificaciones sistemáticas respecto al resultado del cómputo distrital respectivo, sugeriría irregularidades generalizadas en el proceso —lo cual no ocurrió—. Más bien, con la evidencia parcial disponible a la fecha, puede suponerse que los errores de conteo son de magnitud y distribución similares a los errores aritméticos reflejados en las actas, mismos que no parecieron favorecer al candidato ganador de manera sistemática.

Más allá de la evidencia estadística, si los errores aritméticos o de conteo hallados a lo largo del país son indicativos de irregularidades dolosas, resulta difícil explicar algunas implicaciones de suponer que estos errores son evidencia de un fraude. por un lado, alterar dolosamente las actas de casilla requiere contar con una inmensa capacidad de coordinación entre miles de funcionarios en miles de casillas, cuyo alcance llegaría incluso a los bastiones de la Coalición. por otro lado, resulta ilógico que los mismos funcionarios que alteran la votación de una casilla simultáneamente acusen o pongan en evidencia sus errores en las actas —haciéndolas con ello más fáciles de impugnar—. Una falsedad similar es suponer que todos los errores favorecen o afectan a un mismo candidato. Si los errores aritméticos dan la apariencia de votos sobrantes o faltantes, no hay razón para pensar que todos lo votos que faltan son del candidato perdedor ni que todos los votos que sobran son del ganador.

Pruebas del ácido para casillas atípicas

Aun cuando el recuento de casillas del Tribunal Electoral produjo ajustes en los cómputos respectivos, se ha dicho que el criterio de determinancia usado por el Tribunal, consistente en anular sólo las casillas con errores mayores al margen entre el primero y el segundo lugar en cada casilla, significó pasar por alto irregularidades importantes. ¿Qué pasaría si aplicamos, de manera hipotética, criterios más estrictos?

Como se dijo antes, los errores aritméticos están distribuidos de manera casi uniforme o aleatoria a lo largo del país. ¿Es posible que el resultado de la elección haya sido determinado por casillas con errores aritméticos? partiendo del PREP, si eliminamos del cómputo todas las casillas con más o menos votos que el número de ciudadanos que votaron (54 111 actas con error, 41.3 por ciento del total), tenemos que Felipe Calderón ganaría por 494 000 votos —lo cual confirma que hubo un poco más de errores en las casillas ganadas por la Coalición, como se ha visto—. Algo similar sucede si eliminamos del cómputo todas las casillas donde las boletas recibidas menos las boletas sobrantes es diferente del voto total (56 702 actas con error, 43.3 por ciento del total).

Como sabemos, el nivel de participación promedio fue de 58 por ciento a lo largo del país. ¿Es posible que el resultado final haya estado determinado por casillas con participación inusualmente elevada? De acuerdo con el cómputo distrital del IFE, si eliminamos todas las casillas con participación mayor a 75 por ciento de la lista nominal (alrededor de 4 555 casillas, 3.5 por ciento del total) Felipe Calderón mantiene el primer lugar. De este modo, el resultado electoral del 2 de julio es robusto con la eliminación de casillas que presentan errores aritméticos, así como con la eliminación de casillas con una alta tasa de participación. Resulta claro que el TEPJF no puede aplicar criterios de este tipo, pues al final de cuentas su misión es garantizar la integridad del sufragio de los ciudadanos en la medida de lo posible, a menos que cuente con pruebas para lo contrario.

Otra presunta irregularidad fue que AMLO tuvo una votación inusualmente baja en zonas donde no tuvo suficientes representantes de casilla. Detrás de este cargo hay un supuesto implícito: que de no ser por los representantes de partido, los ciudadanos elegidos al azar como funcionarios de casilla alterarían las votaciones. Si comparamos la presencia de representantes de partido en los distritos con los resultados electorales, podemos encontrar una respuesta.

En el ámbito nacional el PAN y la Coalición tuvieron representantes en 79.9 y 79.4 por ciento de las casillas, respectivamente, aunque su distribución no fue uniforme: el PAN tuvo representantes en 35 por ciento de las casillas del DF, bastión del PRD, mientras que la Coalición tuvo representantes en 33 por ciento de las casillas de Nuevo León, bastión del PAN. De modo similar, la reñida votación de ambos candidatos a nivel nacional fue producto de una votación sesgada regionalmente: 14 estados ganados con holgura por cada candidato y cuatro estados competidos: puebla, Campeche, Veracruz y Zacatecas.

En efecto, la votación por AMLO en distritos donde no tuvo muchos representantes de casilla fue menor que la de los distritos donde tuvo una mejor cobertura. Sin embargo, la votación por Calderón también fue menor en los distritos donde no tuvo tantos representantes como en sus bastiones. En términos estadísticos, la magnitud de esta relación es similar en ambos sentidos: por cada 10 por ciento adicional de representantes, cada partido obtuvo alrededor de 4 por ciento más votos. por lo tanto, leer esta relación como evidencia de irregularidades del PAN en contra de la Coalición implica, por fuerza, que ésta hizo lo mismo contra aquel partido.

Hay una alternativa simple a la explicación dolosa: la fuerza electoral de un partido puede medirse tanto por los votos obtenidos como por su capacidad local de organización. En distritos donde un partido no tiene presencia en votos, difícilmente tendrá cuadros interesados en ser representantes de partido. Si esto es cierto, es de esperarse que se observen correlaciones como las indicadas en las líneas precedentes.

Otra cuestión relacionada fue si la presencia de representantes de casilla de uno u otro partido afectó el número de votos anulados. En total hubo 904 604 votos anulados (2.16 por ciento del voto total), una cifra similar a 2.10 por ciento de 2000. Aproximadamente 60 por ciento de los votos anulados se registraron en casillas urbanas y 40 por ciento en rurales. Sin embargo, los representantes de casilla del PAN o la Coalición no tienen una relación significativa con el porcentaje de votos anulados, como sí la tiene el porcentaje de casillas rurales.

El conteo de votos: imparcialidad vs. precisión

La evidencia de los datos a nivel casilla sugiere que el error humano no fue determinante en el resultado electoral que hoy conocemos. Al delegar la instalación de casillas y el conteo de los votos a ciudadanos elegidos al azar, el sistema electoral mexicano garantiza la imparcialidad de la jornada electoral como casi ningún otro país. Es obvio que estos ciudadanos cometerán errores e imprecisiones al contar votos y llenar actas con la misma aleatoriedad con la que todos lo haríamos. Como este sistema nunca había enfrentado una elección presidencial tan competida, no se había prestado atención a los posibles errores de una elección contada por ciudadanos. Quizá sea posible diseñar mecanismos para contar votos con mayor precisión pero difícilmente encontraremos uno más imparcial.

Entre las posibles mejoras del proceso electoral sin duda se encuentran cambios relativamente sencillos como rediseñar las actas para disminuir la frecuencia de los errores aritméticos. De manera más sustantiva, valdría la pena facilitar la realización de un recuento muestral en elecciones con márgenes reducidos, sin el innecesario desgaste de una impugnación generalizada como el visto en 2006. La reforma electoral de 2007 atiende en cierta medida algunas de estas consideraciones, pero de manera muy limitada.

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Nota

¹ El PREP es un mecanismo de monitoreo, en tiempo real, del flujo de datos electorales de las casillas hacia los centros de conteo. No es un instrumento de medición que permita hacer pronósticos válidos o confiables, toda vez que no se basa en una muestra aleatoria de casillas, sino en el flujo, en tiempo real, de los datos. Como este flujo por naturaleza tiene una serie de sesgos, es muy difícil obtener resultados representativos a partir del PREP, sobre todo en una elección reñida.