De la resistencia a la militancia: las Iglesias evangélicas en la defensa de los derechos humanos (1976-1983) y el apoyo al matrimonio igualitario (2010) en Argentina

From resistance to militancy: the human rights defense by the evangelic churches (1976-1983) and the support of same sex marriage (2010) in Argentina

Daniel Jones* Santiago Luján** Analía Quintáns***

* Miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Instituto de Investigaciones "Gino Germani" de la Universidad de Buenos Aires UBA). danielprotestantes@gmail.com

*** Miembro del Instituto de Investigaciones "Gino Germani" de la UBA. anitacorreo@gmail.com

Fecha de recepción: 17 de julio de 2013.
Fecha de aceptación: 28 de marzo de 2014.

Resumen

Los actores religiosos participan crecientemente de los debates públicos contemporáneos. En América Latina al activismo de la Iglesia católica se ha sumado el de los grupos evangélicos. Este artículo compara dos procesos en los que participaron políticamente las Iglesias protestantes históricas en Argentina: la defensa de los derechos humanos frente a las violaciones de la dictadura militar (1976-1983) y el apoyo a la ley de Matrimonio Igualitario (2010) para parejas del mismo sexo. Nuestra conjetura es que la actuación de estas Iglesias en ambos contextos comparte rasgos significativos para explicar las modalidades de participación política (no partidaria).

Palabras clave: Evangélicos, participación política, Argentina, derechos humanos, matrimonio igualitario.

Religious actors are increasingly participating in the contemporary public arena. In Latin America, apart from the Catholic political activism, we have to add the activism of different evangelical groups. This article compares two processes of political participation of historical protestant churches in Argentina: the Human Rights' defense during the military dictatorship (1976-1983) and the support to the same-sex marriage law (2010). Our hypothesis is that both historical processes share some significant characteristics to understand the styles of political participation of religious actors (not related to political parties): they adopted a public position in favor of both causes and formed alliances with other religious and nonreligious actors, among which they played a leadership role.

Keywords: evangelicals, political participation, Argentina, human rights, same-sex marriage.

Introducción

El objetivo de este artículo es reconstruir analíticamente posiciones y modalidades de participación política no partidaria de actores religiosos que han sido poco abordadas en los estudios sobre religión y política en Argentina. A estos fines, comparamos dos procesos en los que intervinieron líderes y organizaciones religiosas: la defensa de los derechos humanos (DDHH) frente a las violaciones perpetradas por el Estado durante la dictadura militar entre 1976 y 1983, y el apoyo a la sanción de la ley de matrimonio para parejas del mismo sexo, conocida como matrimonio igualitario (MI) en 2010. Nos concentramos en el desempeño de las Iglesias protestantes históricas¹ en ambos fenómenos, por haber asumido una posición alternativa a la de la mayoría de los actores religiosos de Argentina, incluyendo aquel políticamente más poderoso (la Iglesia católica), y por haber ejercido un liderazgo de los espacios ecuménico e interreligioso, favorables a estas causas (los DDHH y el MI).²

Las Iglesias protestantes históricas en Argentina son actores poco estudiados desde las ciencias sociales, sobre los cuales no hemos encontrado trabajos que relacionen su participación en uno y otro de los susodichos procesos, ni que apunten a sistematizar sus modalidades de intervención política.³ Nuestro interés en estos fenómenos parte de la consideración de que su análisis ayudará a comprender y explicar la diversidad y la complejidad de las intervenciones de actores religiosos en los procesos políticos contemporáneos en Argentina al correr el foco del actor religioso históricamente más estudiado, la Iglesia católica, y del sector evangélico de mayor visibilidad desde la década de 2000 (el conservador): la federación Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y la diputada nacional Cynthia Hotton. Nuestra conjetura es que la actuación de las Iglesias protestantes históricas en ambos contextos, pese a sus diferencias notables, comparten rasgos significativos para explicar las modalidades de participación política (no partidaria) de actores religiosos en la defensa o promoción de derechos de grupos perseguidos o marginados políticamente.⁴ Estas Iglesias protestantes históricas han adoptado un posicionamiento público claro, identificable en sus pronunciamientos y en otras acciones de apoyo que han realizado sus órganos de conducción, sus autoridades o líderes, y que se han enmarcado en alianzas con otros actores religiosos y no religiosos, dentro de las cuales las Iglesias protestantes desempeñaron un rol de liderazgo.

Comenzamos el artículo familiarizando al lector con el papel de las Iglesias protestantes históricas en Argentina; luego caracterizamos sintéticamente los procesos políticos en los que estas han intervenido: la defensa frente a las violaciones de DDHH por la dictadura militar entre 1976 y 1983, y el apoyo al proyecto de ley de matrimonio para parejas del mismo sexo en su discusión durante 2010; en seguida, desarrollamos los rasgos de la actuación de estas Iglesias que identificamos en ambos procesos; y por último, concluimos reflexionando sobre la importancia de los actores religiosos en futuros debates sobre ampliación de derechos.

El campo evangélico

En Argentina, el avance evangélico fue resistido en las dictaduras de las décadas de 1960 y 1970, cuando la jerarquía católica contó con un fuerte respaldo estatal para implementar controles en los restantes cultos. La llegada de la democracia en 1983 le permitió al movimiento evangélico demandar un nuevo estatus jurídico (Wynarczyk, 2009), y su intenso ciclo de movilización hasta fines de los noventa lo fue conformando como un sujeto colectivo con voz propia y de creciente influencia en el espacio público (Carbonelli, 2011).

El campo evangélico argentino está integrado por una amplia diversidad de ideologías, la cual se refleja en la pluralidad de posiciones frente a determinados temas políticos. Siguiendo la tipología de Wynarczyk (2006), podemos diferenciar dos grandes polos: el histórico liberacionista y el conservador bíblico. El primero aglutina a las instituciones cuyo antecedente es el primer movimiento evangélico que llegó a Argentina (entre 1825 y 1850). Las Iglesias indagadas en este artículo pertenecen a este polo y son denominadas protestantes históricas. Están agrupadas en la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE), el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), y han fundado el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET) en Buenos Aires, donde se han formado sus pastores. El polo conservador bíblico incluye a las Iglesias evangelicales⁵ (pertenecientes al segundo movimiento evangélico en llegar al país a partir de 1880), que se reúnen desde 1982 en la ACIERA, y a las pentecostales, agrupadas en esta y en la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal (FECEP).

El polo liberacionista históricamente ha sido ecuménico, partícipe del movimiento de DDHH, cercano al "evangelio social" y crecientemente abierto ante temas de sexualidad. Por el contario, el conservador ha sido afín a los posicionamientos de la derecha religiosa estadounidense (Bianchi, 2004: 244-5), tanto en su anticomunismo durante la Guerra Fría, como recientemente en asuntos de moral sexual. Estas tendencias ideológicas se han manifestado en las distintas posturas que adoptaron las instituciones de uno y otro polo sobre la defensa de los DDHH en la última dictadura y, en democracia, sobre educación sexual, matrimonio igualitario y aborto (Jones et ál., 2010; Jones y Cunial, 2012; Jones et ál., 2013).

Del conjunto de estas Iglesias, centramos nuestro análisis en la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), por su liderazgo del protestantismo histórico en Argentina y su destacado papel en defensa de los DDHH. Complementariamente tomamos a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP) y a la Iglesia Evangélica Luterana Unida (IELU); todas instituciones de alcance nacional que participaron de ambas causas.

El metodismo llegó al país desde Estados Unidos en 1836 mediante una misión evangelizadora. Desde el inicio estuvo marcado por la proximidad entre sus principios teológicos y las ideas del liberalismo y el progresismo social. En "1917 se publica El Credo Social de la Iglesia Metodista Episcopal en El Estandarte Evangélico [su publicación oficial], cuyos puntos centrales se proclaman alrededor de la igualdad de derechos de todos los hombres" (Di Risio, 2011: 67). Como institución religiosa conformó una misión orientada al mundo, enmarcada en una "definición positiva y no negativa de la moral cristiana, es decir, definida por el hacer y no prohibitivamente, con especial hincapié en la solidaridad y defensa de los oprimidos y violentados" (Forni et ál., 2003: 139). Estos valores se reflejaron en el protagonismo de la IEMA al organizar la defensa de grupos perseguidos, en la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Por su parte, la IERP "se vincula en sus orígenes a la Iglesia de la Antigua Unión Prusiana, [...] y sus inicios en la Argentina se insertan en la historia de inmigración de grupos de origen germánico desde comienzos de S. XIX en toda la región del Plata" (Di Risio, 2011: 70). Enmarcada en el protestantismo liberal, esta Iglesia defiende una interpretación contextualizada de los textos bíblicos, "intentando rescatar el espíritu del texto para su aplicación a la sociedad actual antes que transpolar su significado literal" (Forni et ál., 2003: 146). La IERP realiza "actividades de asistencia social para la comunidad en general" (Di Risio, 2011: 147).

La IELU, presente en Argentina también desde el siglo XIX, se define como evangélica y católica. Es evangélica, porque su mensaje gira alrededor de la persona y de Cristo, con énfasis en la salvación dada por la gracia a través de la fe. Es católica -de acuerdo con su página web-, en el sentido de que es para todos, universal, no excluyente ni limitada a ningún grupo. Personajes de estas tres Iglesias participaron de la defensa de los DDHH en la última dictadura.

La dictadura militar

A partir de una denuncia del sistema de partidos previo al golpe de Estado y bajo el lema de "la lucha contra la subversión", la dictadura aglomeró a sectores sindicales, políticos, empresarios y religiosos, y se legitimó frente a la sociedad civil (Quiroga, 2004). La Iglesia católica "devino un actor significativamente legitimante del golpe de Estado y del accionar global del gobierno" (Di Risio, 2011: 28); de ahí que se defina al régimen como cívico-militar-religioso (Mallimaci, 2006).

No obstante el amplio apoyo de la población a la dictadura, algunos sectores de la sociedad civil iniciaron la defensa de los DDHH. Se crearon asociaciones que reunieron personalidades políticas, sociales y religiosas (Novaro y Palermo, 2003), tales como la APDH, el MEDH, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras. De las Iglesias protestantes históricas, aunque al inicio no cuestionaron al golpe de Estado -fueron "neutrales", según la muy documentada tesis de Techera (1995)-, fue de donde surgieron, transcurridos los meses, actores relevantes en la defensa de los DDHH, que denunciaron desapariciones y acompañaron a las víctimas.

A fines de la década de 1970 comenzó un desgaste de la dictadura -por el fracaso de sus políticas económicas y las divisiones de la cúpula militar (Quiroga, 2004)-; mismo que se reveló en la apertura progresiva de los espacios públicos y en más voces disonantes de la sociedad civil (Benítez y Mónaco, 2007: 17). La suerte del régimen dictatorial comenzó a menguar a partir de dos eventos: la primera huelga general y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA). La huelga general del 27 de abril de 1979, pese a estar suspendido este derecho, comenzó una nueva etapa de resistencia: se recuperaron progresivamente formas de lucha tradicionales de la clase obrera, aun en un contexto de profunda desarticulación y represión de la actividad sindical (Pozzi, 1988). La visita de la CIDH en septiembre de 1979 constató las denuncias de persecuciones, desapariciones y asesinatos y difundió en el exterior lo que sucedía en Argentina (Kotler, 2006), deslegitimando al régimen militar. Terminó de derrumbarlo la derrota en la guerra de Malvinas con Gran Bretaña en 1982, iniciándose una transición democrática que desembocaría en las elecciones presidenciales de 1983, en las que triunfó Raúl Alfonsín.

El debate de la ley de matrimonio igualitario

Con el retorno de la democracia, se comienza a debatir y a aprobar una serie de leyes que amplían derechos familiares, reproductivos y sexuales: desde la patria potestad compartida (1985) y el divorcio vincular (1987), hasta las de salud sexual y procreación responsable (2002), educación sexual integral (2006) e identidad de género (2012). Una de las que suscitó mayores controversias fue la llamada ley de matrimonio igualitario (MI), que permite el casamiento entre personas del mismo sexo, y que fue sancionada el 15 de julio de 2010.

¿Cómo se llegó a esta ley? Desde 2007, las organizaciones de la diversidad sexual desplegaron varias estrategias para colocar el tema en la agenda política institucional y la arena pública: presentación de proyectos de ley en el Parlamento; judicialización de las negativas a las parejas del mismo sexo a ser casadas para lograr sentencias que declarasen la ley de matrimonio vigente inconstitucional por discriminatoria (Página 12, noviembre de 2009; febrero de 2010); instalación del debate usando los medios de comunicación masivos y las consignas de las anuales Marchas del Orgullo LGBT (Clarín, noviembre de 2009); trabajo conjunto con organismos estatales, particularmente con el Instituto Nacional contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo (INADI); y alianzas con legisladores de distintos partidos (Corrales y Pecheny, 2010). Gracias a estas acciones, a finales de 2009 comenzaron a discutirse en comisiones de la Cámara de Diputados dos proyectos de ley para incluir en el Código Civil el matrimonio entre personas del mismo sexo (Hiller, 2010: 99).

Los principales opositores fueron los jerarcas de la Iglesia católica y los sectores evangélicos conservadores; ambos grupos se lanzaron en una verdadera cruzada. Alrededor de 2500 escuelas católicas hicieron llegar a los padres de unos 400,000 alumnos la "Declaración ciudadana por la vida y la familia", con la que la Comisión de Laicos del Episcopado invitaba a firmar contra el matrimonio entre personas del mismo sexo: "Hemos trabajado en conjunto con la Iglesia evangélica y organizaciones judías y musulmanas y tuvimos una gran respuesta. En total, estimamos que ya superamos el medio millón de firmas de personas que se oponen al matrimonio homosexual", señaló el titular de la Comisión (La Nación, 1 de julio de 2010). Además de impulsar una consulta popular y concentraciones de rechazo al proyecto en el interior del país, se convocó a una marcha frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, para el día previo al tratamiento de la ley en el Senado (ya había sido aprobada en Diputados). Fue organizada por una mesa de enlace de credos monoteístas del país, con representación de la Iglesia católica y un sector evangélico, además de grupos judíos y musulmanes (La Nación, 1 de julio de 2010).⁶

¿Cómo actuaron las organizaciones de la diversidad sexual ante esta movilización religiosa contra el proyecto? Según Corrales y Pecheny (2010), la estrategia habitual en América Latina para neutralizar la influencia de los grupos religiosos conservadores ha sido luchar por un Estado laico y por la igualdad ante la ley. Si bien el reclamo de igualdad fue clave en la discusión sobre el MI en Argentina, la discusión en sí evidenció dos fenómenos novedosos en relación con el escenario regional: primero, que los grupos conservadores no expresaban la única posición religiosa sobre el tema; y segundo, que una parte del activismo de la diversidad sexual había trazado alianzas con actores religiosos progresistas para impulsar el proyecto de MI, como desarrollamos en lo que resta del artículo.

Activismo y liderazgo protestantes dentro de alianzas político-religiosas

Defensa de los derechos humanos

Las acciones del protestantismo histórico en defensa de los DDHH en Argentina se enmarcan en su creciente participación política desde mediados de la década de 1960. Los líderes de las Iglesias protestantes paulatinamente abandonan la tradicional defensa de su subsistencia como religión minoritaria, para comenzar un discurso comprometido con los conflictos políticos y sociales del país, proceso que Techera (1995: 15-6) llama "argentinización" de las Iglesias protestantes. Dentro del polo histórico liberacionista sobresale el Movimiento Estudiantil Cristiano (MEC) -vinculado ideológicamente con diversas corrientes de izquierda: las teorías dependentistas, el tercermundismo y la teología de la liberación-, que se ha constituido en una usina de figuras evangélicas públicamente destacadas (como el teólogo José Míguez Bonino y el académico Mauricio López⁷) (Wynarczyk, 2000).

Otro antecedente relevante es que las Iglesias protestantes se han involucrado en los procesos ecuménicos, por ejemplo, la presencia de Míguez Bonino como observador invitado al Concilio Vaticano II (1962-1965). Este ecumenismo se expresó en las tempranas asociaciones de defensa de los DDHH de la región. En 1961 se organizó en el Río de la Plata la Fraternidad de Reconciliación y Paz, cuyos principales exponentes fueron el pastor uruguayo Earl Smith, el obispo metodista Carlos Gattinoni⁸ y el laico católico Adolfo Pérez Esquivel, ambos argentinos: "Este espacio sirvió de base para organizar respuestas adecuadas una década y media después, cuando la violencia azotaba a la sociedad argentina" (Andiñach y Bruno, 2001: 31).

Iniciada la década de 1970, diversos sectores de la sociedad civil estructuraron la resistencia a las dictaduras latinoamericanas alrededor de los DDHH, conformándose agrupaciones con protagonistas protestantes. En Argentina, en octubre de 1973 se creó la CAREF, inicialmente integrada por la IEMA, la IERP y la IELU. Su creación respondió a una iniciativa del CMI ante la llegada al país de refugiados políticos por los golpes de Estado en Uruguay y Chile en 1973:

Empezamos a trabajar con uruguayos. Así entré yo, ¿no? un día me llamaron, me dijeron: "Mirá, el Consejo Mundial de Iglesias mandó 15 mil dólares, nada más que 15 mil dólares y, bueno, necesitamos alguien acá que lo administre porque es para ayudar a los refugiados, a los refugiados uruguayos" (Emilio Monti⁹, 2011, comunicación personal).

Porque para nosotros, como Iglesia metodista, la defensa de los derechos humanos comienza cuando comienzan a llegar a Argentina los refugiados chilenos, escapando de Chile [...]. Ese compromiso ya comienza para nosotros en 1973, en adelante. Y ese trabajo fue también un trabajo ecuménico. Es decir que lo hacían las Iglesias miembro del Consejo Mundial de Iglesias en Argentina (Aldo Etchegoyen,¹⁰ 2011, comunicación personal).

La actividad de la CAREF fue el antecedente fundamental para las Iglesias protestantes en la lucha por los DDHH bajo la dictadura y empezó a redefinir su identidad:

Por primera vez en su historia estas Iglesias sufrieron amenazas y atentados directos debido a su compromiso socio-político. En este caso no se trataba de enfrentamientos con las autoridades, como parte de la lucha para mantener la identidad religiosa, sino de los costos que implicaba una acción asumida como testimonio desde la fe. A partir de este momento se nota un cambio en la identidad ecuménica de las Iglesias protestantes. Ya no se reúnen solo en torno a definiciones confesionales o dogmáticas, sino a partir de compromiso activo, desde la fe, con las víctimas de violaciones a los DDHH [...]. Las Iglesias asumen así no solamente una actividad diacónica humanitaria, sino también la denuncia política-profética ante las situaciones de injusticia que se producen en su contexto (Techera, 1995: 241-2).

En 1974 se creó la Coordinadora Ecuménica de Organizaciones Cristianas (CEOC) (Andiñach y Bruno, 2001: 31), cuya mesa directiva estaba compuesta por Adolfo Pérez Esquivel, del SERPAJ, Jorge Pascale, de Cristianos por la Liberación, José De Luca, de Acción Popular Ecuménica, y Carlos Gattinoni, de Movimiento de Reconciliación, los dos últimos son metodistas (Ginzberg, 2003):

[El obispo] Gattinoni [...], su compromiso con la restauración política, con la CONADEP¹¹, fueron impactos muy grandes, pero también [el] mismo Míguez Bonino hablaba ya de todo esto. O sea que hubo una serie de líderes con una claridad de meternos en política, no en partidismo [...]. El compromiso de la Iglesia metodista en la defensa de los derechos humanos y en la creación de organismos fue una decisión, digamos así, de nuestra más alta autoridad en el país que es la Asamblea General de la Iglesia (Aldo Etchegoyen, 2011, comunicación personal).

A fines de 1975, en vísperas del golpe de Estado en Argentina, líderes protestantes, judíos y católicos conformaron, junto a políticos, dirigentes obreros y artistas, la APDH, que denunció públicamente las violaciones a los DDHH (Míguez Bonino, 1985: 83). Este testimonio ilustra la concepción amplia de ecumenismo que orientaba a los protestantes involucrados:

Líderes políticos, líderes de otras religiones también, católicos, no católicos, grupos sindicales, etcétera. Y es notable que la primera reunión de lo que fue el nacimiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue en diciembre de 1975, en la Casa de Nazareth. Ahí está el obispo Gattinoni. Es un ecumenismo mucho más grande que el ecumenismo de las Iglesias. Es, digamos así, una actitud de compromiso macro ecuménico, y pensando en un significado no solamente de Iglesias, de cristianos, sino de gente comprometida en la defensa de la vida (Aldo Etchegoyen, 2011, comunicación personal).

La APDH -como otros organismos de DDHH- utilizaba edificios de la IEMA y el ISEDET como puntos de reunión (Andiñach y Bruno, 2001: 33), por ser de las pocas instituciones que se los prestaban y por tratarse de espacios relativamente seguros frente a la amenaza de represión estatal para refugiados y familiares de personas desaparecidas. Por ejemplo, la IEMA prestó un templo para las Jornadas Nacionales por los Derechos Humanos, en septiembre de 1976, organizadas por la APDH (El Estandarte Evangélico, 1976b: 4, citado en Di Risio, 2011: 112). También ha facilitado sus dependencias para que se reúnan regularmente las integrantes de Madres de Plaza de Mayo, a quienes en 1981 recibió con motivo de su VII Asamblea General (El Estandarte Evangélico, 1981d: 8, citado en Di Risio, 2011: 129), precisamente cuando la Asamblea Plenaria del Episcopado católico se había negado a recibirlas, una vez más (Novaro y Palermo, 2003: 315).

El apoyo institucional de la IEMA asimismo se manifestó cuando reprodujo en su publicación oficial, en 1978, una nota de la APDH sobre la represión de la dictadura, en la cual se señalaron las mil doscientas desapariciones que habían sido denunciadas ante dicho organismo (El Estandarte Evangélico, 1978g: 11, citado en Di Risio, 2011: 126-7). Así, las Iglesias del protestantismo histórico (particularmente la IEMA) propiciaron el surgimiento y consolidación del movimiento de DDHH, e incluso de organismos no religiosos:

En los primeros años de la dictadura fue destacable la actuación de muchos pastores evangélicos, abriendo sus iglesias para que pudieran reunirse allí quienes querían resistir al terror [...]. En un sótano de otra iglesia (metodista) se organizó el movimiento que dio origen tanto a Madres de Plaza de Mayo como a Familiares de detenidos-desaparecidos (Andiñach y Bruno, 2001: 35-6).

En febrero de 1976 se fundó el MEDH, en la iglesia de la Santa Cruz (parroquia católica de la ciudad de Buenos Aires), a partir de la CEOC (Di Risio, 2011: 118). Participaron de su creación Iglesias protestantes como la IEMA, la IERP, la IELU, la Iglesia Evangélica de los Discípulos de Cristo (IDC), la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, las Iglesias Reformadas de Argentina (IRA), la pentecostal Asociación La Iglesia de Dios, junto con las diócesis de Quilmes de la Iglesia Católica. Según se lee en la página web del MEDH, a ellas se sumaron posteriormente las diócesis de Viedma y Neuquén.

Cuando se produjo el golpe de Estado, en un primer momento estas Iglesias contactaron a las máximas autoridades militares para manifestar su preocupación por la violencia desatada y las detenciones clandestinas. Por ejemplo, a través de una carta al presidente impuesto por la dictadura, Jorge Rafael Videla, la cual fue firmada por un conjunto de instituciones protestantes históricas (IERP, IDC, FAIE, IRA e IEMA: 1976, citado en Di Risio, 2011: 111) y de una reunión en la que participaron un grupo de religiosos, entre ellos el presidente de la FAIE: "Se presentó al general Videla la inquietud por el elevado número de presos sin proceso ni precisa confirmación, que existe en estos momentos, como también por la falta de información a los parientes de los detenidos, que se hayan sin saber dónde se encuentran" (El Estandarte Evangélico, 1976c: 1, citado en Di Risio, 2011: 114).

En ese contexto represivo, tanto el Sínodo de la IERP como la Asamblea General de IEMA -sus principales instancias de gobierno- se pronunciaron "a favor de la vida": "todo lo que se opone a la vida (de plantas, animales, hombres, etc.) está contra un correcto funcionamiento de lo que conocemos como creación divina" (El Estandarte Evangélico, 1977f: 2); "sí, Señor de la vida: vida es la que tus hijos argentinos reclamamos hoy. Que realmente seas Tú el único Señor de la vida y de la muerte. El único con derecho a decidir sobre ellas. Te pedimos que nos des valor para defender la vida" (El Estandarte Evangélico, 1977d: 8) (ambos fragmentos citados en Di Risio, 2011: 125). Como apunta Di Risio (2011: 125):

En las declaraciones de los organismos histórico-liberales protestantes se irá definiendo una específica forma de vinculación entre poder religioso y poder político respecto de las violaciones a los derechos humanos[,] que consistirá en explicitar una situación objetiva (secuestro y desaparición), y delegar la responsabilidad al gobierno, aunque en un estilo no directamente confrontativo.

Este "estilo no directamente confrontativo" se explica porque en una primera etapa las Iglesias protestantes históricas "no tuvieron una postura de rechazo pleno al golpe militar" (Techera, 1995: 261). Sin embargo, apoyaron temprana y decididamente las acciones a favor de los DDHH. En sus congregaciones y mediante la CAREF, la APDH y el MEDH, ayudaron material, legal, psicológica y pastoralmente a los presos y los refugiados políticos, y a los familiares de presos y desaparecidos. A diferencia de lo sucedido en Chile y Brasil -donde la Iglesia católica encabezó la denuncia de las dictaduras en esos años (Mainwaring, 1986; Peñaloza Palma, 2011)-, en Argentina fueron las Iglesias protestantes históricas las que asumieron la conducción del espacio ecuménico e interreligioso, al ser las únicas instituciones religiosas que -como tales- se posicionaron públicamente en la defensa de los DDHH. Lo anterior marca una diferencia fundamental con el catolicismo,¹² puesto que, si bien algunos de sus feligreses tuvieron un papel destacado,¹³ lo llevaron a cabo a título personal y no como representantes avalados por la jerarquía de la Iglesia católica, la cual apoyó la dictadura.¹⁴ Pero los esfuerzos de los líderes protestantes para coordinar acciones fueron infructuosos: se reunieron representantes de su Consejo Consultivo de Iglesias (COCO) con los de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) el 17 de julio de 1979, sin que se haya logrado la colaboración de esta (Techera, 1995: 326).¹⁵

De acuerdo con Míguez Bonino (1985: 85), "la militancia anti-militar de sectores del protestantismo tuvo su precio: desaparecidos, muertos, exiliados en una proporción relativamente alta", considerando la cantidad de miembros de estas Iglesias. La acción represiva estatal también se dirigió contra sus edificios y las actividades allí desarrolladas: el 6 de septiembre de 1975 estalló una bomba en la Iglesia Metodista de Mendoza, sede del Comité Ecuménico de Acción Social -de labor con los refugiados chilenos- y residencia del pastor Federico Pagura (Di Risio, 2011: 103). Otro ejemplo de la represión está en el allanamiento de la Primera Iglesia Metodista de Rosario el 4 de octubre de 1976; lugar donde funcionaba la Comisión Coordinadora del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (Andiñach y Bruno, 2001: 36); también en el incendio, mediante el uso de tres bombas, de la biblioteca del ISEDET el 22 de noviembre de 1980, por ser el lugar donde se realizaría una reunión de organismos de DDHH (Di Risio, 2011: 106). El hecho de que la represión recayera no solo en los miembros de estas Iglesias, sino también en sus edificios, ilustra la importancia adquirida por el protestantismo histórico en la denuncia del régimen militar.

Esta articulación entre las Iglesias protestantes históricas con aliados religiosos y no religiosos se construyó nuevamente en la discusión sobre el matrimonio igualitario en 2010 mediante declaraciones institucionales, intervenciones en la discusión parlamentaria y actos públicos en apoyo al proyecto de ley. Con el antecedente de que dos Iglesias protestantes históricas se habían pronunciado a favor de la ley de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires, que incluía a las parejas del mismo sexo (IELU, 2003; IERP, 2003), la Secretaría de Diversidad Religiosa de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT)¹⁶ se acercó a grupos religiosos para lograr pronunciamientos favorables al proyecto de matrimonio.

Ya con media sanción (en Diputados), el 16 de mayo de 2010 se dio a conocer una carta del Obispo de la IEMA, la cual, si bien aclara que "nuestra Iglesia no ha asumido hasta el momento una posición sobre el tema", se diferencia de la mayoría de las instituciones religiosas que habían hecho público su total rechazo al MI:

1. La Iglesia metodista ha afirmado que es nuestro deber trabajar por lograr una comunidad donde todo ser humano tenga acceso a las condiciones que posibiliten una vida verdaderamente humana. [...] 2. Por ello nuestra comprensión de lo que afecte a la vida humana estará signada por el respeto y la preservación de la dignidad de todos los seres humanos. 3. Afirmamos que un Estado democrático y pluralista debe estar abierto a escuchar las voces de todos y a decidir con libertad. [...] 6. La reconsideración de la Ley de Matrimonio nos desafía como cristianos a escuchar y comprender antes que juzgar y condenar. Por eso no [nos] adherimos como Iglesia a ninguna campaña secular o religiosa que refuerce actitudes discriminatorias. [...] 8. Esta nueva realidad legal que se nos presenta nos desafía como Iglesia de Cristo a buscar un diálogo sincero, respetuoso, inspirado en la Palabra de Dios y guiado por el poder del Espíritu Santo. Somos desafiados permanentemente a través de la evangelización a crear congregaciones amorosas, receptivas y hospitalarias (lEMA, 2010).

El 31 de mayo se difundió una declaración a favor de la sanción de la ley, en voz de los presidentes de la IERP y la IELU:

1. [...] Quienes hacen de la orientación sexual de una persona un criterio condicionante de su relación con Dios, por ejemplo, excluyendo a los homosexuales -por su condición de tales- del amor y de la gracia de Dios, incurren en un grave error. [...] 3. El contrato matrimonial es una institución exclusivamente de orden civil, sujeta desde sus inicios a cambios y transformaciones a partir de la situación histórica y específica de las sociedades en que se desarrolló. [...] 4. Reconocemos al Estado su legítima potestad de legislar con la finalidad de asegurar la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, en vistas a afianzar una convivencia basada en la justicia y la paz. En ese sentido valoramos positivamente toda iniciativa tendiente a reparar situaciones de injusticia y discriminación sufridas por minorías en nuestra sociedad. [...] Este es el caso del proyecto de ley que está en tratamiento en el parlamento argentino sobre la institución del matrimonio entre personas de un mismo sexo (lERP-lELU, 2010).

Durante el debate templos metodistas sirvieron como espacios de enlace entre representantes evangélicos y voceros del movimiento de la diversidad sexual, así como en la dictadura fueron una base para el movimiento de DDHH. Es decir que una de las formas de apoyo de estas Iglesias en ambos procesos fue el préstamo de sus instalaciones para reuniones de -y con- movimientos sociales por la defensa o la ampliación de derechos. El 29 de mayo de 2010, en la iglesia metodista del barrio de Flores (de la ciudad de Buenos Aires) hubo un discreto encuentro de conocimiento mutuo y diálogo entre la dirigencia de la FALGBT y la de varias Iglesias protestantes (Roberto González,¹⁷ 2011, comunicación personal). Días después, el 16 de junio se llevó a cabo un acto público interreligioso en el mismo templo, donde las autoridades de la IEMA, la IERP y la IELU, junto con los portavoces de otras Iglesias protestantes históricas y religiosos de diferentes cultos, se pronunciaron a favor de la ley (Pulso Cristiano, junio de 2010; Prensa Ecuménica, junio de 2010).¹⁸

Pero el apoyo también se mostró por otros medios. Por ejemplo, los líderes protestantes participaron del spot publicitario "La fe dice sí a la igualdad";¹⁹ y los representantes de la IEMA y la IELU intentaron pronunciarse dentro de la Comisión de Legislación General del Senado el 28 de junio, aunque no lo consiguieron porque se los impidió su presidenta, la senadora Liliana Negre de Alonso, del Opus Dei (Página 12, 1 de julio de 2010). Tanto la manifestación como el spot conformaron instancias interreligiosas que favorecieron esta demanda, influyendo en la opinión pública y en los legisladores.

Tal como en la defensa de los DDHH durante la dictadura, observamos un liderazgo protestante del espacio interreligioso favorable a esta causa. Por un lado, de los actores religiosos que apoyaron el derecho al matrimonio de las parejas homosexuales -las únicas organizaciones eclesiales que se pronunciaron como tales fueron las protestantes históricas (IERP, IELU y IEMA)-. Por otro lado, este liderazgo protestante del espacio religioso progresista fue reconocido por el movimiento de la diversidad sexual cuando convocó -dentro del espectro religioso- exclusivamente a su dirigencia a una primera reunión para pedir apoyo político. Un liderazgo que fue revalidado por dichas Iglesias, al facilitar sus templos para actos públicos vinculados a la ley y al enviar representantes a la sesión de la Comisión de Legislación General, para pronunciarse a favor del proyecto.

Aprobada la ley de MI, su intervención en el debate les fue reconocida por el movimiento de la diversidad sexual y agencias estatales. El 16 de diciembre de 2010, la Secretaría de Diversidad Religiosa de la FALGBT organizó un culto de acción de gracias para los miembros y las autoridades de las Iglesias protestantes históricas. En él les pidieron su apoyo para el proyecto de ley de Identidad de Género (Centro Cristiano de la Comunidad GLTTB, 2011). El 8 de septiembre de 2011 se hizo un acto en conmemoración por los 175 años del metodismo en Argentina. Fue convocado por la Secretaría de Culto de la Nación, en el Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con autoridades nacionales, representantes de diversas confesiones (Pulso Cristiano, septiembre de 2011) y referentes del movimiento de DDHH. El acto reconoció a la IEMA por sus intervenciones en la vida pública del país. Con un video conmemorativo se rindió homenaje al destacado lugar que ha ocupado en la defensa de los DDHH durante la dictadura y en apoyo a la ley de MI. El Estado volvió a reconocer a esta Iglesia al convocar en mayo de 2012 a Frank De Nully Brown y Daniel Favaro (obispo y pastor de la IEMA, respectivamente) para formar parte del Proyecto de Diversidad Religiosa y Creencias (INADI, 2012).

Recapitulación y conclusiones

El objetivo de este artículo fue reconstruir analíticamente posiciones y modalidades de participación políticas (no partidarias) de actores religiosos, las cuales han sido poco abordadas en los estudios sobre religión y política en Argentina. Para ello comparamos dos procesos en los que intervinieron líderes y organizaciones religiosas: la defensa de los DDHH frente a las violaciones perpetradas por el Estado en la dictadura militar de 1976 a 1983, y el apoyo a la sanción de la ley de matrimonio igualitario (MI) en 2010. Nos concentramos en las Iglesias protestantes históricas, porque estas asumieron en ambos procesos un posicionamiento político minoritario dentro del campo religioso en Argentina -alternativo al del actor religioso mayoritario y políticamente más poderoso (la Iglesia católica)- y ejercieron un liderazgo del espacio ecuménico e interreligioso que los favoreció.

La actuación de las Iglesias protestantes históricas en ambos procesos compartió dos rasgos -estrechamente vinculados entre sí-. En primer lugar, hubo un posiciona-miento eclesial oficial a favor a dichas causas, el cual se mostró a través de los pronunciamientos públicos y de las actividades de los órganos de conducción de estas Iglesias o de sus líderes; todos gozaron de amplia cobertura por parte de sus publicaciones oficiales. En segundo lugar, en ambos casos estas Iglesias protestantes construyeron alianzas con otros actores religiosos y no religiosos, para intervenir en la defensa o en la promoción de los derechos de los grupos perseguidos o marginados políticamente por el Estado, lo cual evidencia que ejercieron un liderazgo del espacio ecuménico e interreligioso que benefició a estas causas.

Desde la década de 1970 los referentes e instituciones del protestantismo histórico se articularon políticamente con las figuras de otros credos (principalmente, laicos y sacerdotes católicos) y líderes políticos y sindicales, con el propósito de conformar un movimiento de defensa de los DDHH que hiciera frente a las violaciones de la represión dictatorial. Este involucramiento fue reconocido institucionalmente tan pronto fue restaurada la democracia en 1983, con la decisión del Presidente Raúl Alfonsín de nombrar al obispo emérito de la IEMA, Carlos Gattinoni, como miembro de la comisión de notables de la CONADEP (junto con el obispo católico Jaime de Nevares y el rabino judío Marshall Meyer).²² De manera que la posición pública que asumieron las instituciones del protestantismo histórico durante la dictadura y la transición a la democracia (en los organismos de DDHH) las fue llevando a que ser considerados como los referentes -o los aliados potenciales- de los reclamos por los derechos de grupos perseguidos o marginados políticamente (vistos así por los restantes actores del campo religioso y por una parte de la dirigencia política y los movimientos sociales).

Posteriormente, la alianza política de las Iglesias protestantes históricas con otros actores religiosos y no religiosos para defender una causa común surgió una vez más en la discusión sobre el matrimonio igualitario en 2010. La imagen progresista de dichas Iglesias (obtenida gracias a su defensa de los DDHH) parece haber influido en la decisión del movimiento de la diversidad sexual cuando les propusieron ser sus aliados en su demanda (una propuesta impensable para otras instituciones del campo religioso argentino). A su vez, el compromiso público de las Iglesias protestantes históricas, en relación a esta ley, supuso, en la percepción de sus líderes, un mayor acercamiento a los actores de la sociedad civil y al Estado, porque se derribaron así los prejuicios respecto a lo políticamente esperable de sus Iglesias en los debates sobre sexualidad, familia y derechos (Alan Eldrid,²³ 2011, comunicación personal).

El reconocimiento de parte de los movimientos sociales y las agencias estatales ha ayudado a visibilizar a estas instituciones eclesiales en el espacio público y a legitimar sus intervenciones político-religiosas. Sin sobredimensionar la influencia política de las Iglesias protestantes históricas en Argentina, consideramos pertinente subrayar su rol en los procesos descriptos, pues en las últimas décadas se han ido posicionando como voces autorizadas dentro del espectro político pro derechos. Por todo lo anterior, su lugar debe ser considerado, analítica y políticamente, a la hora de pensar en alianzas en los debates sobre ampliación de derechos, como la legalización del aborto en Argentina.

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Notas

1. El término protestante o, en un sentido más amplio, evangélico (Andiñach y Bruno, 2001), se refiere a las Iglesias herederas de la tradición cristiana instituida por la Reforma Protestante del siglo XVI y sus posteriores avivamientos. La expresión protestantismo histórico se refiere a aquellas Iglesias por lo general vinculadas directamente a dicha reforma: ecuménicas, ligadas a las comunidades étnicas y al ingreso de misioneros a Argentina en el siglo XIX (Deiros, 1982). Son las Iglesias evangélicas de posiciones ideológicas más progresistas o liberales (Míguez Bonino, l995; Wynarczyk et ál., 1995; Wynarczyk, 2000; Di Risio, 2011), en relación a las vertientes evangelical (bautistas y Hermanos Libres) y pentecostal, ambas de cuño político y moral más conservador.

2. Indicado cuál fue el criterio para investigar las Iglesias protestantes históricas en estos procesos, cabe señalar que son una minoría dentro del campo evangélico (donde predominan numéricamente las pentecostales). Según una encuesta representativa realizada en todo el país en 2008, el 9% de la población se declaró evangélico y, de ese conjunto, el 88% sigue la tradición pentecostal (7,9% de la población total de Argentina), mientras que el 12% restante pertenece a las Iglesias luterana, metodista y bautista, entre otras (elaboración propia con base en Mallimaci et ál., 2008).

3. Para establecer la relevancia de este artículo en relación con el área vacante que ayudará a completar, cabe reseñar brevemente qué se ha estudiado sobre religión y política en Argentina. En la mayoría de los trabajos se focaliza la Iglesia Católica: su rol en la última dictadura militar ha sido indagado en trabajos periodísticos (Mignone, 1999; Verbitsky, 2006 y 2007) y académicos (Dri, 1987; Esquivel, 2000; Donatello, 2008), así como su papel en el debate del matrimonio igualitario (Vaggione, 2011; Felitti, 2011). Los estudios sobre evangélicos y política en Argentina se han centrado en la constitución de un movimiento social en demanda de una nueva ley de cultos (Marostica, 1997; Wynarczyk, 2009), en la identificación de las comunidades pentecostales con el peronismo (Semán, 2000), en las formas políticas que el neopentecostalismo asume en las clases media y media alta (Algranti, 2010), y en las experiencias de evangélicos en partidos confesionales y no confesionales (Wynarczyk, 2009; Carbonelli, 2011 y 2012). De las Iglesias evangélicas en la última dictadura militar predominan los trabajos historiográficos de intelectuales evangélicos (Míguez Bonino, 1985; Techera, 1995; Roldán, 1996; Andiñach y Bruno, 2001), junto con la tesis de Di Risio (2011). Sobre su actuación frente al matrimonio igualitario, desarrollamos una línea como equipo (Jones y Carbonelli, 2012; Jones y Cunial, 2012; Jones y Vaggione, 2012).

4. Asumimos el riesgo de comparar dos procesos que involucraron a grupos sociales cuya vulneración de derechos presentaba niveles muy disímiles (los perseguidos políticos en la dictadura: con riesgo de muerte; las personas homosexuales: sin el derecho al matrimonio en democracia), en tanto nos permite dar cuenta de la diversidad y la complejidad de posiciones y modalidades de intervención pública de actores religiosos.

6. A la concentración asistieron "entre unas 50,000 y 60,000" personas, según La Nación (14 de julio de 2010); ni Clarín ni Página 12 consignaron cifra alguna.

7. José Míguez Bonino (1924-2012) fue pastor metodista, luchador por los derechos humanos y teólogo de la liberación de reconocimiento mundial. Contribuyó a fundar la APDH; fue electo convencional para la Reforma de la Constitución Nacional de 1994; estuvo, junto con el obispo católico Jaime De Nevares, presente en la Convención (Página 12, 2 de julio de 2012). Mauricio López fue un prestigioso intelectual y profesor de sociología y filosofía, miembro de la Iglesia de los Hermanos Libres, secuestrado y desaparecido por la dictadura el 1 de enero de 1977, cuando trabajaba con la Iglesia Metodista de Mendoza.

8. Carlos Gattinoni (I907-1989) fue obispo de la IEMA entre 1969 y 1977. Fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y formó parte de la comisión de notables que integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).

9. Emilio Monti es pastor de la IEMA y expresidente de la FAIE (1996-2004).

10. Aldo Etchegoyen: pastor y obispo de la IEMA (1989-2001) y copresidente de la APDH.

11. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el gobierno argentino en 1983 con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas que se produjo en la dictadura militar. Dio origen al Informe "Nunca Más", publicado en septiembre de 1984. Según nuestra última consulta (5 de julio de 2013), puede consultarse en la página web de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos.

12. También respecto al judaísmo argentino: "Salvo casos excepcionales como [el rabino Marshall] Meyer, [el rabino Roberto] Graetz y la formación por parte de algunos individuos del Movimiento Judío por los Derechos Humanos, la dirigencia judía estuvo lejos de desempeñar una defensa activa de sus miembros perseguidos por la dictadura y de las masivas violaciones a los derechos humanos", según el rabino Daniel Goldman de la comunidad Bet-El (Clarín, marzo de 2008).

13. Como el laico Pérez Esquivel y los obispos Novak, de Nevares y Hesayne.

14. "No puede decirse que algunos obispos, o en algunas oportunidades, también las autoridades del episcopado y el nuncio, no hayan hecho llegar a la Junta Militar vibrantes protestas [...]. No obstante, sigue vigente la impresión de que todo ello fue insuficiente en proporción a las dimensiones y los rasgos inhumanos de la represión militar. Quizás, una denuncia clara, fuerte y pública de la Iglesia católica habría podido inducir al gobierno, cuya legitimidad derivaba, en gran parte, de su reivindicación del papel protector de la 'nación católica', a respetar en mayor medida las vidas humanas. Y sin embargo, esa denuncia nunca fue pronunciada en tales términos" (Di Stefano y Zanatta, 2000: 546).

16. La FALGBT se creó en 2006 ante la necesidad de un nuevo ámbito nacional de articulación de los diferentes grupos de lesbianas, gays, bisexuales y trans -según se lee en la página web de la FALGBT (consultada el 24 de enero de 2014-, y condujo políticamente la demanda por el matrimonio igualitario en Argentina.

17. Roberto González es secretario de diversidad religiosa de la FALGBT.

18. En el evento participaron referentes de las Iglesias protestantes Valdense, Menonita de Buenos Aires, Luterana Dinamarquesa, Reformadas de Argentina, así como del judaísmo lo hizo el rabino Goldman y la rabina Chemen, de la Comunidad Bet-El, y los cultos africanistas y otras agrupaciones, como el Centro Nueva Tierra y Espacio Ecuménico, entre quienes figuraron tanto laicos como hermanas y presbiteros católicos.

19. El spot está disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=hK2ns7Tmlmc

20. El Grupo Sacerdotal Enrique Angelelli de Córdoba -un movimiento tercermundista con trabajo en los sectores más pobres y excluidos de la población- publicó en mayo del 2010 el documento "Aporte al debate sobre modificaciones a la ley de matrimonio civil" (Grupo Angelelli, 2010) escrito por el sacerdote Nicolás Alessio, lo que le acarreó un juicio canónico en el que el Tribunal Interdiocesano de Córdoba le prohibió ejercer el sacerdocio y le ordenó dejar la casa parroquial (La Nación, marzo de 2011). El otro grupo de sacerdotes, que publicó "Preguntas que nos surgen en la situación actual" (Presbitero Blanco et ál., 2010), pertenece a la Diócesis de Quilmes (Provincia de Buenos Aires), influenciada por su primer obispo, Jorge Novak, quien denunció las violaciones a los DDHH por la dictadura (1976-1983) y dio a la diócesis una impronta de inclusión de sectores marginados. Este pluralismo dentro del catolicismo operó "en forma de disidencia religiosa y política, [...] ya que contradicen el magisterio de la IC al proponer una interpretación opuesta a la de la jerarquia, apelando a argumentos del Evangelio o la tradición católica para justificar su apoyo al matrimonio para las parejas del mismo sexo; disienten políticamente al desconocer la autoridad de la jerarquía eclesial para definir el posicionamiento católico en el debate público" (Jones y Vaggione, 2012: 532).

21. Se pronunciaron por la aprobación del proyecto dos rabinos de la comunidad Bet-El, del movimiento conservador del judaísmo argentino: Daniel Goldman lo hizo en la Comisión de Legislación General del Senado el 28 de junio de 2010, y Silvina Chemen en el acto interreligioso llevado a cabo el 16 de junio de 2010, y el spot "La fe dice si a la igualdad". La legitimación de su postura pasó "por reivindicar una tradición de lucha por los derechos de los gays enmarcado en una lucha más general por los derechos humanos" (Setton y Lerner, 2012), que tuvo como antecedente al rabino Marshall Meyer frente a la dictadura (1976-1983). Que la principal institución comunitaria judía en Argentina (la Asociación Mutual Israelita Argentina, bajo una conducción de la línea ortodoxa) fuese contraria a la ley no impidió que la figura de Goldman se proyectara como defensora de su aprobación (Setton, 2010).

22. Con la CONADEP fue la primera vez que se convocó a figuras de Iglesias no católicas a ser parte de una Comisión creada por el Poder Ejecutivo Nacional (Andiñach y Bruno, 2001: 51). Como señalaba un intelectual protestante en 1985: "La militancia anti-militar de sectores del protestantismo argentino [...] tuvo su reconocimiento. En un país como la Argentina, donde el peso de la Iglesia Católica mantuvo al protestantismo efectivamente ausente de la función pública, han sido incorporados ahora numerosos protestantes en el campo educacional, de salud, de política indígena, de las comisiones investigadoras, incluso de la cancillería. El servicio prestado es reconocido públicamente y su opinión es frecuentemente requerida por los medios de difusión" (Míguez Bonino, 1985: 85).

23. Alan Eldrid es pastor y ha sido presidente de la lELU (2004-2011).