Microcrédito y desarrollo: financiamiento de proyectos sociales

Microcredit and development: financing social projects

Ignacio Medina Núñez* y Ángel Florido Alejo**

* Profesor e Investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Universidad de Guadalajara. medina48@yahoo.com.

Fecha de recepción: 3 de noviembre de 2007.
Fecha de aceptación: 16 de abril de 2008.

Resumen

El presente artículo ofrece una discusión sobre el microcrédito como un posible instrumento para el desarrollo de las localidades, sobre todo cuando algunas instituciones financieras llegan a localidades de escasos recursos con posibilidades de crédito en condiciones blandas y existe una capacitación constante para la utilización de dichos recursos en proyectos individuales o colectivos para producción y servicios. Se analiza el programa específico del Sistema de Financiamiento Rural Alternativo (Sifra), que se ha desarrollado en el estado de Jalisco durante varios años, con el apoyo y colaboración de la Secretaría de Desarrollo Rural y de diversas organizaciones no gubernamentales.

Palabras clave: microcrédito, pobreza, desarrollo local, política social.

Abstract

Key words: Microcredit, poverty, local development, social policy.

Introducción

Dentro de los grandes debates sobre el desarrollo, una de las discusiones más importantes se ha dado en torno al microcrédito. Algunos autores lo visualizan como uno de los instrumentos clave para avanzar en el bienestar socioeconómico del mundo subdesarrollado. Este tema adquirió difusión mundial cuando Muhammad Yanus recibió el premio Nobel de la Paz en 2006, como reconocimiento a sus proyectos en Bangladesh.¹ Yanus sostenía que la gente pobre se encontraba en dicha situación no por ser tonta o incapaz sino, sobre todo, por no disponer de capital. En numerosos países latinoamericanos como Honduras, Nicaragua, Chile, México o Argentina se han implementado proyectos de financiamiento a individuos o grupos, pensando que son una alternativa para la recuperación económica de una región o país, brindando oportunidades tanto para una mejor subsistencia como para la elaboración de proyectos familiares o colectivos en producción, comercio o servicios.

El microcrédito puede tener una aplicación casi universal; incluso en países europeos como Francia está constituyéndose como un instrumento significativo para combatir la pobreza:

Francia tiene grandes avances en el sistema del microcrédito. Cada vez más los franceses piden prestado y por ello ha subido en el último año el número de los negocios prestamistas en un 30%. Los expertos ven en este aumento un signo seguro de la creciente pobreza de la población francesa. La misma ciudad de París promueve este instrumento: quien necesita dinero y es rechazado por los bancos puede pedir del gobierno un microcrédito de 300 a 3000 euros. El crédito será pagado en tres años a un interés de 4%, y a quien lo paga puntualmente se le devuelve la mitad de los intereses (Deustche Welle, octubre 24, 2008).

En los países subdesarrollados, este mecanismo puede cobrar todavía mayor importancia. Hay que tener en cuenta especialmente en América Latina una situación estructural de mala distribución del ingreso donde, de acuerdo con datos de la CEPAL, aunque en la década de los noventa se dieron signos de cierta recuperación económica, encontramos un gran sector de la población sumida todavía en condiciones de pobreza. De toda la población latinoamericana de 540 millones de personas en el 2007, podemos encontrar 190 millones que pueden catalogarse en el nivel de pobreza (CEPAL, 2007), aunque pueda existir todavía mucha discusión sobre su medición exacta. En este contexto, de acuerdo a ciertas experiencias a nivel latinoamericano, el microcrédito ha llegado a ser considerado como un instrumento de política social —entre muchos otros—, que podría ser capaz de combatir y enfrentar, en alguna medida, el fenómeno de la pobreza.²

Para el caso mexicano, aunque se sigan discutiendo los criterios de medición de nuestro fenómeno propio de la pobreza, su magnitud parece alcanzar cerca de 50% de la población, según las cifras oficiales del Comité Técnico de Medición de la Pobreza,³ creado por la Sedesol en 2001. De esta manera, cuando se eligió un programa específico como el Sistema de Financiamiento Rural Alternativo (Sifra) en el estado de Jalisco, en México, propuesto por el gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, se realizó una primera revisión, después de varios años de implementación del programa, para sopesar, de acuerdo a sus propios planteamientos iniciales, sus niveles de éxito o fracaso.

Uno de los primeros objetivos de esta revisión fue la elaboración de un diagnóstico sobre los destinatarios de los créditos para conocer en qué medida se estaba llegando a los sectores pobres de la región. Con ello, se pretendía un reconocimiento sobre la población beneficiada por el programa, y con ello retomar varias preguntas fundamentales: ¿Están llegando realmente los recursos a los pobres de Jalisco? ¿Están produciendo efectos positivos en el sector receptor y en la región? ¿Tienen las cooperativas control sobre todo el proceso? ¿Cuáles son las principales amenazas que se ciernen sobre el programa? A partir de los datos y comentarios proporcionados por algunos de los instrumentadores y evaluadores,⁴ se ofrece un panorama de la operación del programa con diversas consideraciones sobre el aspecto social, económico y político del Sifra.

Una de las tareas fundamentales era determinar la sustentabilidad del propio programa, partiendo siempre de la premisa fundamental de que debe ser factible la recuperación de los créditos, pero centrándonos en el factor determinante que le puede dar duración en el tiempo: la acción colectiva de los sujetos beneficiados, según planteamiento de los mismos coordinadores del programa.

Aunque la política social de cualquier país tiene una cantidad de recursos que pueden destinarse simplemente a la redistribución, en el sentido de que diversos sectores geográficos y poblacionales se convierten en receptores de "ayuda" gubernamental sin que necesariamente tenga que recuperarse el recurso por parte del propio gobierno o dependencia, hay que ubicar al Sifra con un planteamiento de autosustentación. Esto significa que el programa no está destinado simplemente a dar recursos a una población pobre sino que pretende su utilización como elemento dinamizador de la economía y como recurso recuperable para la continuación y ampliación del proceso económico en la forma de una cooperativa que vive de sus propios recursos. Este será uno de los elementos clave como resultado del análisis.

Existe también un tercer punto, que es también fundamental en relación con los proyectos de financiamiento vinculados al desarrollo. Se trata de avanzar en cómo medir el impacto del programa en la vida de los socios y de la región —e incluso en términos de organización social—, lo cual se convierte en factor clave en términos de saber si los socios, después de un determinado tiempo, viven mejor que antes; si la comunidad o región muestra, gracias al programa, un dinamismo expansivo en sus actividades económicas y sociales, y si los grupos beneficiados se han convertido en sujetos que han tomado en sus manos el proceso colectivo. A través de los datos cuantitativos de una encuesta realizada en la región norte de Jalisco, México, e incluyendo datos cualitativos de diversas entrevistas a miembros de la cooperativas y mandos medios, se tiene una visión cercana de los destinatarios del programa, de sus perspectivas de sustentabilidad y de las graves amenazas que se ciernen sobre el proceso.

Jalisco y el proyecto del Sistema de Financiamiento Rural Alternativo (Sifra): una muestra en cinco cooperativas

El Sistema de Financiamiento Rural Alternativo (Sifra) es un programa que se concibió tanto en la perspectiva del combate como, paralelamente, para impulsar el desarrollo local y regional. Fue una propuesta de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) del gobierno del estado de Jalisco, en México, que se llevó a cabo a partir de 1999.

Esta propuesta del Sifra se sustentaba sobre la base de un fondo inicial (capital semilla) aportado por el gobierno del estado de Jalisco para los productores (organizados ex profeso en cooperativas por la propia Secretaría de Desarrollo Rural), para prestar, entre otros, los servicios de financiamiento. Este capital semilla se tornaría inmediatamente en fondo de garantía para acceder a los servicios crediticios que ofrecen los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (Fira).

Puesto que dentro de las acciones financieras que lleva a cabo el Fira no está contemplado directamente el microcrédito, dado que esta institución se enfoca más bien a la creación de valor en las redes productivas de los sectores rural y pesquero que lo hagan competitivo a partir del desarrollo de mercados financieros de tecnología y de servicios, el esquema del Sifra vino a aportar una estructura viable para contribuir a extender su campo de acción a sectores a los que nunca había podido llegar.

Hay que señalar que Accede es también un intermediario financiero, bajo la modalidad de Agente Procrea de Fira-Banco de México. Se tuvo, entonces, al principio, un esquema operativo que partió de varias instancias: una federal, Fira-Banco de México; una estatal, la Seder, y dos más de la sociedad civil, el ITESO y Accede AC.

La función de cada uno de estos actores fue la siguiente: la Seder aportó los fondos para sufragar tanto el costo del diseño original como los gastos derivados de la promoción, organización y capacitación de los productores, además del indispensable capital semilla; Fira se encargó de la potenciación del capital semilla, otorgando créditos a las organizaciones cooperativas por dos y hasta tres veces del monto de su capital semilla depositado en garantía líquida; Accede se convirtió en el intermediario financiero de los recursos que ponía el Fira, que arriesgó "sus propios recursos en los momentos iniciales de constitución y operación de las primeras cooperativas del naciente Sifra" (Díaz, 2004: 127), mientras que el ITESO, conjuntamente con personal de la Seder, era la institución que se encargaba de la promoción, organización y de los programas de capacitación.

El Sifra ha sido diseñado como un programa que encierra tres líneas de acción y abarca los aspectos económico, social y político. En lo económico, se busca un fortalecimiento de iniciativas productivas surgidas desde la economía de las familias del sector rural, sin excluir aquellas iniciativas de carácter empresarial. Desde lo social —en donde se pone mayor énfasis—, el programa propone incrementar la cohesión comunitaria, la reconstrucción del tejido social comunitario así como el fortalecimiento del capital social, a partir de las redes organizativas que operan bajo normas que le dan cohesión e influyen en la productividad y el bienestar de la comunidad. En el terreno político, la apuesta es en torno al fortalecimiento de la autonomía de las comunidades y sus organizaciones, propiciando que se conviertan en actores de su propio desarrollo.

De esta manera, las estrategias planteadas se proponen un sentido de integralidad, al considerar estos tres componentes; para ello, las herramientas principales con las que el programa opera son el financiamiento y la organización comunitaria.

El Sifra inició con un capital semilla que aportó la Seder a cada cooperativa creada; cada una de ellas, en promedio, recibió un millón 500,000 pesos (algunas llegaron a recibir dos millones y otras apenas cuatrocientos mil pesos). La organización básica que proponía el Sifra se dio desde la base social, con la constitución de los Grupos de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio (GAMEP), un modelo organizativo constituido por las personas que deseaban solicitar un préstamo dentro de la organización cooperativa. La garantía que el Sifra considera para otorgar un crédito es la honorabilidad del solicitante, avalada por el GAMEP, y la viabilidad de su proyecto, que también era evaluado por los propios miembros del GAMEP.

En términos de la organización comunitaria, como principio, el Sifra tiene su base organizativa en los GAMEP, que se agrupaban en torno a una cooperativa; el agrupamiento de varias cooperativas forma una unión como estructura más amplia. En Jalisco, hacia 2004, existía un total de 19,170 socios agrupados a su vez en 71 cooperativas, que conformaban 11 uniones regionales de cooperativas, distribuidas en 73 municipios de los 124 que tiene el estado de Jalisco. La unión más importante, medida por el capital semilla que opera y por el número de cooperativas que agrupa, es la Unión de Cooperativas Pioneras de Occidente SC de RL (Unicopo), que fue además la primera que se fundó.

Como principio de funcionamiento del programa, el campesino pobre es el principal sujeto al que se debe privilegiar, y preferentemente la mujer que es jefa de familia, por ser considerada ésta como un factor estratégico en el combate a la pobreza, puesto que las experiencias mundiales en cuestiones de microcréditos así lo demuestran.

La Seder consideró importante llevar a cabo un estudio de evaluación con los instrumentos adecuados que le permitieran tener un panorama objetivos del funcionamiento del programa en las distintos GAMEP, en las cooperativas y en las uniones de cooperativas. A finales de 2003, se planteó la necesidad de evaluar el Sifra, a tres años de inicio de su operación, pues, como política pública del gobierno, se volvía necesario hacer un recuento objetivo de un programa que había operado con montos cercanos a los 100 millones de pesos, los cuales habían beneficiado a más de 10 mil personas.

Un elemento importante para esta evaluación del programa fue la preocupación por la eficacia del mismo. En la experiencia de las políticas públicas de combate a la pobreza, se ha observado con mucha frecuencia que los recursos, en muchas ocasiones, no llegan a los destinatarios del programa sino que son desviados y aprovechados por personas que no los necesitan

Fue la propia Seder la que determinó que la prueba piloto se iniciara en la Unión de Cooperativas Sifra de la región norte del estado de Jalisco, basándose principalmente en criterios de antigüedad, puesto que, de las diez cooperativas que la conforman, cinco de ellas fueron constituidas en el año 2001, y las otras cinco en 2002. A partir de un sorteo simple, fueron seleccionadas las siguientes cinco cooperativas de la región norte de Jalisco, caracterizada también como una de las más pobres del estado:

1. Wirrarika de Mezquitic, SC de RL.

2. Xochite, SC de RL de Huejuquilla el Alto.

3. Chimaltitán SC de RL.

4. Real de Bolaños SC de RL.

5. GAMEPS de Villa Guerrero, SC de RL.

Las dos primeras habían iniciado sus operaciones en junio de 2001, y las tres últimas recibieron los recursos en febrero del 2002.

La meta del desarrollo a través del microcrédito

La Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales han definido la sustentabilidad básicamente como una concepción duradera de los proyectos de desarrollo con base en el dinamismo interno que tienen, en una perspectiva que no comprometa los recursos aportados (y los recursos naturales) para las generaciones venideras. Desde esta perspectiva y aplicándola al proyecto Sifra, la entendemos simplemente como una función estructural inherente al proyecto que no descapitalice la operación a tal punto que con el pasar de los años no se haga necesario inyectar capital de fuera, sino que se auto-genere en la propia operación. La evaluación de este punto nos remite a elementos cuantitativos y cualitativos del diagnóstico sobre el desarrollo del programa.

Una de las preocupaciones fundamentales de los promotores del programa fue sentar las bases de la sustentabilidad del sistema, lo cual, de acuerdo al documento fundatorio (Sifra, 2004) fue formulado en los siguientes términos:

En este marco de desarrollo y combate a la pobreza, nos proponemos un programa exitoso de financiamiento, y el éxito de cualquier programa de servicios financieros para los pobres depende, en última instancia, de su viabilidad a largo plazo. Los programas no viables sólo ayudan a cientos o a miles de beneficiarios, en el mejor de los casos, dependiendo de la generosidad o disponibilidad de recursos del patrocinador, o de la coyuntura política y periodo administrativo en el caso del sector público [...] uno de los grandes desafíos para los gobiernos nacionales, estatales y municipales [es el] de resolver, sobre bases sostenibles, la escasez de servicios inancieros para los pobres del campo y de la ciudad, [por lo que] nos proponemos la construcción de un sistema exitoso de inanciamiento, un programa de servicios inancieros para los pobres, que sea perdurable en el tiempo, formando parte de un sistema mas amplio de inanciamiento [...] diseñar y operar servicios financieros de ahorro y préstamo para el sector social; servicios con sede y capacidad de decisión ahí donde viven los más pobres y que sean para todos: para los campesinos con tierra y para los que no la tienen, para los hombres y sobre todo para las mujeres [...] promover y apoyar proyectos productivos económicamente rentables, socialmente viables y tecno y ecológicamente adecuados, en la lógica empresarial de carácter social.

De la misma manera, los promotores el programa señalaban que para "solucionar la demanda masiva de servicios financieros al tiempo que se conjuga con un programa perdurable en el tiempo, con viabilidad a largo plazo, se requiere registrar una recuperación cercana al 100% y con tasas de interés similares a las del mercado, mismas que a la vez resulten atractivas para el usuario".

Al mismo tiempo, el documento señalaba el propósito de llevar "el bienestar a corto, mediano y largo plazo de las familias pobres y no solamente la recuperación de las inversiones. Se trata de conjugar el desarrollo social de los más pobres con el éxito financiero del sistema". Además de la recuperación cercana al cien por ciento de los empréstitos colocado y de las tasas similares al mercado, se planteaba "contar con recursos económicos y humanos suficientes y lograr el autofinanciamiento en el corto plazo para no violentar los tiempos del proceso en cada cooperativa de ahorro y préstamo", y así mismo, "que opere no solamente servicios de préstamo sino también de ahorro y promueva acciones que contribuyan a desinhibir actitudes emprendedoras positivas para su desarrollo social".

Este planteamiento se expresó en la determinación de que a cada cooperativa Sifra se le dotara de un capital inicial "semilla" de un millón quinientos mil pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Estatal (Fise) del presupuesto del gobierno del estado, y se fijara una tasa de interés estipulada en un dos por ciento mensual sobre saldos insolutos.

Tal capital e interés serian dos elementos básicos de la perdurabilidad económica del sistema: puesto que los rendimientos obtenidos permitirían los ingresos suficientes no solamente para sufragar los gastos operativos, integrar los fondos sociales cooperativos señalados por la ley, sino contribuir a incrementar el capital inicial o semilla.

Los otros elementos básicos se estructuraron alrededor de la idea de la vinculación del Sifra con el sistema financiero formal, la operación del financiamiento a los socios de las cooperativas con las metodologías propias del microcrédito y "que opere no solamente servicios de préstamo sino también de ahorro y promueva acciones que contribuyan a desinhibir actitudes emprendedoras positivas para su desarrollo social".

Las metodologías del microcrédito adaptadas a las condiciones locales, vistas desde su utilidad estrictamente económica-financiera, permitirían la operación de pequeños créditos con una gran tasa de recuperación de los créditos aun en lugares muy distantes, con bajísimos costos de operación y con garantías funcionales, morales, que están al alcance del sector social al que va enfocado prioritariamente el programa.

Se enfatizó la intencionalidad de captar ahorro por parte de la cooperativa, más allá de la recuperación del crédito, pues no solamente se potenciaría el capital del sistema fortaleciendo la sustentabilidad del mismo, sino que se haría posible imprimirle un mayor dinamismo al desarrollo económico y social con recursos propios.

En el caso de las cinco cooperativas de la región norte analizadas, hay que empezar con un dato duro pero muy positivo: el programa Sifra, de manera sorprendente, tiene un alto nivel de recuperación de los créditos. En los años que lleva de operación, 63% de los socios han pagado puntualmente en los plazos que ellos mismos establecieron. Tenemos también 35.5% de socios que se rezagaron en el cumplimiento de los plazos (algunos solamente por un mes: 16.5%; otros por dos meses: 10%; y algunos otros hasta cuatro meses: 9%) pero que llegaron finalmente a cumplir sus compromisos financieros. Si sumamos los puntuales y los rezagados, tenemos 98.5% de recuperación. Si además consideramos, desde la perspectiva de los socios, la utilidad de los préstamos, tenemos que 93% de ellos están satisfechos con el programa al considerar la utilidad como grande o mediana, mientras que quienes la consideran en poco o nada ascienden a 7%. Se puede añadir también el dato de intencionalidad de los socios, en el sentido de que 87% de ellos prevé volver a pedir otro préstamo, y 59.5% de ellos considera ampliarlo.

Un dato extra que puede añadirse es el hecho de que todos los socios deben aportar una cantidad inicial que se denomina la "parte social", que es la inversión inicial para constituir el capital social de la cooperativa exigido por la ley, aunque, por su monto, es más bien simbólico, mismo que, en caso de dejar la organización, se les devuelve. Se trata de un pago inicial para inscribirse como socios que, si bien 77.5% de los encuestados lo consideró como cantidad en un nivel medio (sólo 3.5% la consideró alta), todos tuvieron la disposición para hacerlo desde un principio.

Lo fundamental, sin embargo, es que la operación del Sifra, desde el punto de vista de la recuperación de los créditos, se presenta como un programa sustentable en el sentido de que podría funcionar con números positivos debido a que integrando el capital más los intereses producidos podrían lograr una estructura permanente de funcionamiento, sin la necesidad de subsidios constantes de ayuda gubernamental. Esto significa que, a diferencia de otro tipo de proyectos de política social en donde se intenta redistribuir recursos para la población a través de obras, servicios u donativos sin posibilidad alguna de recuperación (algo necesario en muchas circunstancias en la perspectiva de un Estado social que atiende las desigualdades), tenemos en el Sifra la posibilidad de construir proyectos en donde los beneficiados se pueden hacer sujetos responsables de la operación y ejecución del programa, sobre todo si cuentan con los instrumentos y la capacitación adecuada.

Dentro de las ciencias sociales se ha estado utilizando constantemente el concepto de "capital social" en regiones o países determinados para entender un cierto tipo de características propias de la cultura de las comunidades que hacen posible la construcción de motores propios de desarrollo de acuerdo a la idiosincrasia de las propias comunidades. Pierre Bourdieu en Europa y Robert Putnam en Estados Unidos han coincidido en la importancia de conocer este tipo de capital simbólico en comunidades específicas. Putnam, por ejemplo, define este concepto como aquellos "rasgos de la organización social, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para el mutuo beneficio... Trabajar juntos es más fácil en una comunidad bendecida con una derrama sustancial de capital social" (Putnam, 1993: 67).

Para el caso del proyecto Sifra, tenemos que admitir que, sin contar con lo rígido de todas las exigencias de las instituciones bancarias (que en esa concepción institucional son las que garantizan el pago del crédito), el nivel de recuperación es muy alto. Para ello, la explicación nos lleva más bien al capital social de numerosas comunidades rurales en México en donde son las redes locales las que garantizan el cumplimiento de los acuerdos y proyectos. El prestigio (27.5%) y el conocimiento (el 44.5%) que se tiene de las personas en una red local han mostrado ser factores determinantes para la obtención del crédito, pero al mismo tiempo en la garantía fundamental para la recuperación. Si a esto se añade la percepción de satisfacer a necesidades sentidas de individuos en la comunidad, tenemos entonces el impulso general de los grupos para tratar de conservar el sistema, que a su vez les da posibilidades de ampliar los créditos si han sido buenos pagadores de los anteriores.

Se pudo observar claramente que el proceso para la obtención del crédito por parte de los socios fue relativamente rápido: 58.5% afirmó que fue entre rápido y muy rápido, mientras que 40.5% de los encuestados lo calificó entre lento y muy lento. Si queremos profundizar en cómo se dio dicho proceso, se encontró 72% de los socios a quienes el crédito les fue aprobado simplemente por el conocimiento que la comunidad tenía de ellos o por la buena fama de que gozaban entre los miembros del grupo. Solamente 8% de los encuestados refieren que les pidieron ciertas garantías para poder aprobarles el crédito que estaban solicitando. Hablando explícitamente de las garantías, 45% afirma que no se les pide "nada" de garantías, lo cual sumado a 28% que afirma son pocas garantías, tendríamos 73% que no ven un sistema rígido de financiamiento comparado con los otros requisitos de garantías formales que exigen los bancos. La conclusión es clara en el sentido de que el Sifra está sustentado no en las garantías reales que tiene que aportar el solicitante del crédito (que sí se tienen que aportar en el caso de las instituciones bancarias) sino en ciertas bases morales reconocidas en la propia comunidad. Los principios y metodologías del microcrédito hechas suyas por este programa y adaptadas a las condiciones de las diversas comunidades han demostrado ser capaces de potenciar las fortalezas en las que se sustenta la viabilidad del programa y posibilitan aún más su perdurabilidad. Las reglas no escritas que rigen entre los pobladores son las que impelen al cumplimiento de los compromisos adquiridos; de aquí surge la importancia de conocer las redes de relaciones entre los pobladores, que son las pueden garantizar el funcionamiento de un programa como el Sifra. La sustentabilidad de un programa va a depender del grado de capital social acumulado en la comunidad.

Cuando un sistema de este tipo se enraíza en las redes locales, está uno en posibilidad de asegurar que la organización e institucionalización del programa perdurará a pesar de los cambios gubernamentales, municipales o políticos en general. Puede ser una existencia enraizada en la sociedad civil organizada, con capital propio, que se empieza a posicionar en su utilidad tanto en los estratos sociales pobres como en las esferas gubernamentales y financieras formales.

Una de las debilidades más evidentes del programa es la ausencia de captación del ahorro de las cooperativas, misma que atenta no solamente contra su permanecía en el tiempo sino que, además, le resta eficiencia en sus función de desarrollo social, al dejar de lado la posibilidad de financiar el dinamismo económico de las comunidades con recursos propios de los sectores sociales que han sido objetivo del programa.

Esta situación, aunque es comprensible por diversos factores, no deja de ser una asignatura pendiente como prerrequisito de fortaleza y sustentabilidad.

En efecto, las reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas ocurrieron cuando el Sifra estaba en su fase inicial de operaciones, particularmente cuando el proceso de organización de las cooperativas en estudio estaba a punto de culminar en su institucionalización legal. Tales reformas dificultaron enormemente las funciones de captación según la manera tradicional en que habían venido funcionando las cooperativas de ahorro y préstamo, al grado tal que se exigía el permiso especial de la Secretaría de Hacienda para hacerlo, permiso que estaba fincado en requisitos de prácticas administrativas y de garantías emparentadas con las prácticas bancarias tradicionales; con ello, las posibilidades de ahorro popular solamente existen en las modalidades y formas que la propia ley establece, pero las mismas requieren de gran iniciativa e imaginación para poder adaptarlas al programa.

Así mismo, como se ha puesto en evidencia una debilidad que tiende a afectar la recuperación de los créditos y es la que reside en los servicios insuficientemente prestados o francamente inexistentes de apoyo a las iniciativas productivas de los socios. La organización Sifra tiene como misión impulsar y apoyar tales iniciativas pero no lo ha hecho con suficiente pertinencia.

En efecto, a partir de las entrevistas a profundidad realizadas con los dirigentes de las cooperativas evaluadas, se ha puesto de manifiesto que una de las causales que lastran la recuperación de los créditos ha sido la dificultad de realización de los negocios de sus socios, como de igual manera se ha puesto en evidencia que los servicios aparentes realizados por la unión regional tienen como propósito no manifiesto, pero finalmente funcional, el de beneficiar a los dirigentes de una de la cooperativas.

De igual manera, la laxitud en la aplicación de las normas de otorgamiento de los créditos y el abandono de ciertas metodologías básicas del microcrédito, particularmente la del funcionamiento de la organización comunitaria, tiende a debilitar la eficiencia económica del sistema y a encarecer el crédito para los mismos usuarios. Ahí donde el otorgamiento de los créditos es decidido por el presidente de la cooperativa y donde no funcionan los organismos básicos —como en Villa Guerrero y en algunos lugares del Chimaltitán principalmente—, pero también en mayor o menor medida en todas las cooperativas, la colocación de los créditos con certeza de recuperación está amenazada y simultáneamente el costo de recuperación se eleva, pues el socio debe de llevar personalmente los abonos a la oficina de la cooperativa, elevando considerablemente los gastos de operación a cargo del usuario, aunado a la falta de control colectivo sobre el aval moral otorgado por los socios del grupo.

Si hablamos de la perspectiva de sustentabilidad y a pesar del alto grado de recuperación económica de los créditos, desde el punto de vista económico aparece con claridad un foco rojo que nos alerta sobre el gran peligro del Sifra en las cooperativas analizadas. A partir de informaciones declarativas —que habría que confirmar luego con datos objetivos de la contabilidad—, lo que se muestra es una situación peligrosa en la disminución real del capital semilla. Todas las cooperativas, con excepción de Mezquitic (que tiene un capital actual superior al inicial), ofrecen un panorama de riesgo, en el sentido de que, comparando el estado inicial con el estado actual, se observa el descenso de recursos que, en algunos casos puede ser alarmante (Bolaños) cuando se habla de una cantidad inicial de 1'606,000 comparada con la actual de 1'200,000. También está el caso de Chimaltitán con un capital inicial de 1'233,000 comparado con el actual de 900,000.

El promedio de capital inicial (capital semilla) es un monto viable para que, con los rendimientos, puedan sufragar sus gastos de operación y de capitalización progresiva. Sin embargo, casi 90% de las cooperativas no solamente no se han capitalizado sino que se han empezado a comer el monto inicial del capital. Estos datos provienen de las declaraciones de los propios directivos de las cooperativas, mismos que tendrán que ser sustentados por una comprobación documental al acceder a los estados contables empíricos pero que, viniendo de quien las emite, no hay razón alguna para dudar de su veracidad.

¿Qué ha pasado en la administración de recursos de las cooperativas, que hace que, a pesar de recuperar los créditos otorgados, se ponga en peligro el monto de los recursos?

Hay en la zona norte una explicación histórica parcial de esta situación: durante el año 2003, las cooperativas del sistema obtuvieron a tiempo los recursos gestionados con el Fira con muchos meses de retardo debido a un cambio de intermediario financiero; ello obligó a las cooperativas a sufragar sus gastos ordinarios y los extraordinarios de las gestiones adicionales con los recursos que tenían a la mano. Ello se dio a pesar de que contaban con recursos extra sobre la base del movimiento del capital inicial, que acumula los excedentes a partir de los intereses normales para cada crédito y los intereses extras en los pagos rezagados; pero si no hay préstamos —como efectivamente no los hubo durante un año entero—, los gastos normales administrativos de la cooperativa fueron excediendo notablemente a todos los ingresos.

Pero junto con una explicación histórica particular, hay que contemplar la organización administrativa deficiente en el control de los créditos, que varía de nivel en cada cooperativa. No parece haberse dado una capacitación suficiente para iniciar el programa Sifra y, por ello, los dirigentes de las cooperativas se las han arreglado como han podido con los recursos humanos que se han encontrado. La prueba más clara se encuentra en que la mayoría de las cooperativas no se lleva un registro contable estricto.

Hay que señalar, además, otros datos reveladores:

El 63% de los socios dice desconocer quién ha proporcionado el capital semilla para la operación del programa, y en el restante 37% que afirma saber la información, se dividen las opiniones sobre el responsable inicial en el financiamiento del Sifra: puede ser la Secretaría de Desarrollo Rural, puede ser el gobierno en general o pueden ser hasta los propios bancos. Además, existe un desconocimiento significativo de las reglas básicas de funcionamiento: 58% de los encuestados no sabe con exactitud qué premios y castigos hay en el cumplimiento a tiempo del pago de los préstamos; 72.5% afirma que desconocen en qué y cómo se emplean las utilidades de la cooperativa, o simplemente 46.5% no sabe cómo le va a la cooperativa en la operación de los créditos; la mayoría desconoce el uso o empleo de las utilidades. Si a esto añadimos las gráficas en donde los socios afirman desconocer gran parte de las actividades que hacen sus órganos de dirección en cada cooperativa, se nos muestra con claridad un problema a nivel administrativo y a nivel organizativo.

En este punto se puede concluir que la falta de capacidad administrativa y el bajo nivel de organización (sobre todo de los órganos de dirección) son los principales peligros que enfrenta la sustentabilidad del programa. En términos históricos hay que señalar que, desde la perspectiva de la Secretaría de Desarrollo Rural, se dio el impulso inicial para el nacimiento del proyecto pero que faltó acompañamiento en las siguientes etapas del proceso, con lo cual cada una de las cooperativas muestra un desigual desarrollo dependiendo de las capacidades de los socios locales que han podido encabezar las actividades en cada comunidad. El abandono en el que la institución promotora (la Seder) ha tenido a la organización pone en peligro su viabilidad pues aún no está madura para enfrentar los graves problemas.

Otra de las amenazas que se cierne sobre el programa es la vinculación con las fuentes de financiamiento formales, las cuales tienden a imponer su propia racionalidad como condición para otorgar el fondeo a las cooperativas, racionalidad que contradice los principios del microcrédito y del cooperativismo. Esta racionalidad impone servicios financieros mucho más caros para los pobres, particularmente a quienes están más alejados de los centros de financiamiento, que para los sectores sociales de mayores ingresos; este encarecimiento no solamente se refiere a precios como cuotas e intereses; sino que también implica costos de tiempo, costos de papeleos y trámites complementarios, dificultades de constituir garantías, costos de viaje y otros, que debe cubrir el cliente al utilizar cualquier servicio financiero tradicional bancario. Dado que los bancos y otros intermediarios financieros tienen como premisa única la rentabilidad, y el programa se plantea el reto de combinar el éxito económico con el desarrollo social, tales criterios tienden a dificultar las operaciones del sistema. Al mismo tiempo, la morosidad en los trámites bancarios junto con un lento sistema de vinculación con el programa dificultó el acceso al fondeo y, en ese sentido, se tardó en una ocasión más de un año en facilitar el crédito.

Buen planteamiento pero insuficiente ejecución

Un componente esencial pretendido por el programa es la autoorganización. En este punto, la región ha dado paso a la formación de un sistema que se sustenta en la organización comunitaria o vecinal, y se mueve tanto en el nivel municipal como en el regional. Se puede comprobar que su estructura cuenta ya con poco más de 200 organismos de base (GAMEP), 10 cooperativas municipales y una unión regional (cinco cooperativas y una unión regional han sido objeto de la presente reflexión). En este sentido, las oportunidades económicas de fortalecer la probable permanencia en el tiempo para que beneficie a éstas y las siguientes generaciones crecen de manera exponencial. En efecto, la posibilidad de acceder a mejores fuentes de financiamiento, reducir costos en los servicios necesarios para las operaciones financieras, la posibilidad de incentivar las economías de escala de sus socios y/o acceder a los programas gubernamentales y hasta privados destinados a fortalecer la producción y el desarrollo social, etc. encuentran un nicho provechoso, difícilmente logrado por otros programas sociales u organización alguna en la región.

El peligro más importante radica en la falta de capacidad administrativa y organizativa por parte de los socios, que en la práctica han sido abandonados por la institución impulsora del Sifra, que no ha realizado un acompañamiento para brindar asesoría y capacitación. Esto ha llevado a una situación riesgosa en lo económico cuando el monto del capital inicial ha empezado a ser amenazado por los gastos de operación, en operaciones contables no llevadas con suficiente transparencia y contabilidad.

Se ha comprobado que el Sifra está llegando mayoritariamente a grupos de personas que antes no recibían ningún crédito y que, en uno de los indicadores de la pobreza, son considerados entre los grupos más vulnerables de la población. También hemos comprobado que el componente de género femenino está en más de 50% de los socios y, con ello, existe una resonancia con uno de los postulados enunciados por el propio programa; se puede decir además que abundan más GAMEP de mujeres que de hombres. Pero todos, hombres y mujeres del Sifra viven de su trabajo, implicándose en unidades productivas, comerciales o de servicios dentro de la comunidad.

Hay que reconocer un sector social beneficiario del programa, que está inserto en las fuerzas motrices de las economías locales dentro de las comunidades donde se encuentran las cooperativas. Los receptores de crédito, además, son muy conocidos en la comunidad, están involucrados en redes locales y familiares muy estables que le dan otro elemento de garantía a la permanencia de diversos proyectos.

El Sifra, entonces, cumple plenamente una función en las zonas pobres del estado, con los sectores pobres de la región o de las comunidades —dentro de las categorías del INEGI— pero bajo la concepción de que son sujetos de crédito, en el sentido de que, sin tener condiciones para ofrecer las garantías exigidas por las instituciones bancarias, tienen la conciencia y responsabilidad de un instrumento que les beneficia y que pueden conservar mediante sus propias acciones responsables.

En el aspecto económico, el Sifra responde a una de las necesidades objetivas del desarrollo económico, que es la falta de financiamiento para emprender proyectos productivos, comerciales o de servicios (incluso de pura sobrevivencia). El sistema ha demostrado ser funcional para dar respuesta a las necesidades de financiamiento con tasas similares a las del mercado; estas tasas de interés, en el marco de un sistema económico de estabilidad, son funcionales al propio cooperativismo. Por otro lado, pero en el mismo nivel económico, se ha mostrado que la tasa de recuperación es muy alta, debido no a los esquemas rígidos y garantías formales que suelen pedir las instituciones bancarias, sino a través del compromiso colectivo de las redes del conocimiento y prestigio entre los grupos.

El valor que los propios sujetos beneficiados le reconocen al programa es lo que hace alto el grado de recuperación, a pesar de lo alejado del lugar en que individualmente tienen que ir a pagar algunos. Se ha llegado a un caso como el de Huejuquilla el Alto en donde se ha hecho el compromiso entre los socios de que como colectivo tienen que pagar el crédito cuando uno de los miembros falla, con tal de no perder las perspectivas del programa a futuro.

El esquema del programa en el aspecto económico se sustenta en un planteamiento que en teoría es muy funcional: existe un capital semilla de un millón y medio de pesos mexicanos, con una tasa de recuperación de más de 90%. Si ello tiene un rendimiento de intereses de 2%, se podría contar con una cantidad operativa de $30,000 pesos para la cooperativa, que puede servir precisamente para gastos de oficina, infraestructura, viáticos, transportes e incluso compensaciones económicas para algunos dirigentes que dedican tiempo al programa. El funcionamiento de este esquema está basado en la metodología del microcrédito a través de grupos colectivos organizados en forma de cooperativas.

Como se ha dicho, el Sifra posee una gran base de sustentabilidad pero con una grave amenaza que se afecta precisamente lo económico: los gastos de operación están desbordando el techo de lo acumulado por los intereses y, en varios casos, ha empezado a mermar el capital semilla. Esta situación de grave peligro se origina en un abandono práctico por parte de la institución promotora del programa, que no ha desarrollado acciones de capacitación y asesoría contable y organizativa con las diversas cooperativas, con lo cual la situación individual de cada una de ellas se ha ido procesando en distinto nivel de acuerdo a los liderazgos locales de cada comunidad.

Esto nos lleva a enfatizar algunas consideraciones en el aspecto político-organizativo del programa.

La gran desigualdad y el lento avance en este nivel de cumplimiento de la norma colectiva de la cooperativa tienen su explicación en los distintos liderazgos que han tomado el funcionamiento del programa: en un lugar existe de hecho un grupo natural; en otro, un individuo que ha intentado darle un sentido grupal al proceso; en otro más, se combina la figura de algún jefe natural que impone con buenas y malas manera el funcionamiento; en uno más, falta una cabeza organizada, lo que ocasiona que la figura cooperativa marche sin organización, planeación y sin respaldo contable en sus operaciones. Se podría hacer notar también que la participación de las mujeres ha sido un factor positivo, en ciertas circunstancias, para fortalecer el accionar colectivo.

Conclusiones

Nuestras consideraciones finales van más allá del caso del programa analizado, debido a que queremos hacer reflexiones sobre el nivel de la política social del país. Algunas de nuestras conclusiones tienen que ver con una nueva propuesta de desarrollo, en donde los receptores no solamente son concebidos como beneficiarios de la ayuda del Estado sino como sujetos co-partícipes en la construcción del futuro de su comunidad.

1. Más allá de los estudios de caso analizados, es necesario continuar con la lucha para que el Estado dedique mayores recursos a la política social. A nivel teórico, la tendencia del neoliberalismo a suprimir los subsidios, especialmente en el campo, es actualmente muy cuestionada; particularmente, en el contexto de la crisis financiera mundial de 2008 que está llevando a una gran recesión mundial, crecen las críticas al libre comercio y a la desregulación en el mundo de la empresa y de las finanzas en general. Sostenemos que el Estado sigue teniendo un papel estratégico en la distribución de la riqueza social porque no se puede dejar todo al libre mercado cuya mano invisible ya ha demostrado su ineficacia.

También desbordando los estudios particulares analizados, creemos que es importante luchar por la transparencia en la aplicación de los recursos del Estado dentro de los programas sociales. Siempre se ha mencionado una dura realidad: a pesar de que pueda registrarse oficialmente un monto determinado para programas sociales, muy poco de ese recurso llega efectivamente a los sectores desprotegidos a los que se quiere favorecer. La transparencia debe afectar todos los niveles: desde las dependencias gubernamentales hasta la forma en que localmente se hace la distribución de los recursos económicos.

Los lineamientos del programa y sus objetivos deben estar elaborados con suficiente claridad, de tal manera que se pueda permitir luego una evaluación clara de los resultados. De esta manera, el nivel de la capacitación entre los ejecutores gubernamentales en relación con dichos objetivos cobra una gran importancia, teniendo en cuenta que son ellos los que seleccionan las zonas donde se aplican los programas sociales y determinan quiénes son los beneficiarios; hay que considerar que existe el peligro constante del uso de los programas sociales para alcanzar otro tipo de metas políticas.

La sustentabilidad de cualquier programa social depende, sobre todo, de la organización real de los sujetos como beneficiarios. Donde no hay organización de base, los recursos del Estado se convierten solamente en asistencia social que es aprovechada por individuos aislados; donde hay sujetos organizados, los recursos del Estado ayudan a mejorar las condiciones de vida pero con mayor garantía de que permanezca una estructura más duradera en las comunidades locales. Esta capacidad de organización local es la condición fundamental para transformar cualquier programa asistencial en detonante de desarrollo.

Se deben tener en cuenta de manera supletoria diversas actividades constantes de supervisión y capacitación técnica y organizativa para los beneficiarios de los programas sociales; dejadas las comunidades locales a su propia capacidad, existe constantemente el peligro de que la falta de capacidad administrativa o el sentido individualista de los beneficiarios pese mucho en las organizaciones locales ocasionando un grave deterioro de la efectividad del programa en sus objetivos iniciales de atender sobre todo a proyectos colectivos.

Teniendo en cuenta un elemento que desarrollamos en otro trabajo (Medina, 2006), creemos que es necesario invertir mucho más en el aspecto educativo de las comunidades locales, enfatizando lo que muchos autores (Putnam, 1993; Kliksberg, 2000) han llamado el capital social, como un elemento fundamental para el desarrollo. Todo tipo de ayuda proveniente de recursos estatales o privados para determinadas regiones no tiene efectividad si no se inserta en las redes sociales locales.

Finalmente, creemos que todavía no se ha valorado bien la gran importancia de la participación de las mujeres como ejecutoras de los programas sociales en las comunidades locales. Las experiencias de microcrédito que hemos analizado tenían la intencionalidad de llegar a las mujeres como sujeto activo en los diversos proyectos. No ha ocurrido así de una manera generalizada, pero diversos estudios de caso en esta región como también se encontró en los diversos grupos beneficiarios del programa Oportunidades a escala nacional, muestran grandes potencialidades de sustentabilidad cuando las mujeres participan socialmente.

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Notas

¹ A través del Grameen Bank, institución financiera creada por Yanus y que otorga créditos a los pobres, se ha logrado mostrar cómo mucha gente ha salido de la pobreza. Yanus ha obtenido reconocimientos importantes como el premio Simón Bolívar, de la UNESCO en 1996; el premio Príncipe de Asturias, en 1998; el premio a la Innovación Social y Económica del periódico The Economist en 2004, y finalmente el Nobel en 2006.

² Algunas de estas experiencias las hemos encontrado en Honduras y Nicaragua. Particularmente podemos hacer referencia al estudio de David Felipe Maravilla Jones: "El crédito financiero como factor de desarrollo de la pequeña y microempresa en Honduras" (Maravilla, 2006).

³ Las cifras de este comité para el 2004 señalaban que 17.3% de los mexicanos sufrían pobreza alimentaria; 24.6 pobreza de capacidades, y 47.0% pobreza de patrimonio, equivaliendo ésta última a 48 millones 971,350 personas (Sedesol, 2005).

⁴ Entre varios organizadores y ejecutores del programa, particularmente hacemos referencia al contenido de varias entrevistas realizadas al licenciado Víctor Vázquez López, coordinador del programa hasta 2003.

⁵ Este fue un indicador expresamente señalado por el coordinador del proyecto.