Activistas, académicos y juristas frente a la reforma laboral

Raquel Edith Partida Rocha*

* Profesora-investigadora del Departamento de Estudios Socio-Urbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. raqueludg@hotmail.com

En el contexto internacional actual, en el cual se pretende modificar la estructura laboral de los países latinoamericanos, entre ellos México, se refleja una recomposición de las reglas del capital internacional, el cual sugiere que las naciones de este continente realicen una reforma a la legislación del trabajo que permita flexibilizar las relaciones laborales, las formas de contratación, y que se impulse el aumento a la productividad, entre otros aspectos. En algunas naciones como Chile, Paraguay, Guatemala, Colombia y Argentina ya se han realizado cambios en la normatividad laboral. Precisamente, el texto en cuestión se enmarca en el punto de la discusión antes señalada: la propuesta de reforma laboral en México formulada por el gobierno actual, en donde resalta la posición empresarial del proyecto del presente secretario de Trabajo y Previsión Social (STyPS) Carlos Abascal Carranza.

Se trata, sin duda, de un libro interesante. Aunque cabría sugerir, para futuras ediciones, que se modifique el orden de los nueve capítulos que lo integran, pues se dificulta la secuencia lógica de la lectura. En esta reseña se propone un acomodo que invite a una lectura más eficiente, en función de la disciplina de cada uno de los autores: la perspectiva de los académicos, de los juristas y la de los activistas sindicales y partidistas.

I. La visión académica

En el capítulo a cargo de Néstor de Buen Lozano, titulado "Una ley en cambio permanente", se hace un seguimiento histórico de las distintas reformas que ha sufrido la Ley Federal del Trabajo (LFT) en nuestro país. En esta sección se relacionan los momentos históricos con las conquistas laborales, por ejemplo, cómo en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se actualizó la LFT y de qué manera se incorporan las primas de vacaciones y antigüedad, las dominicales, el aguinaldo y un par de días de descanso. Luego se expone cómo se incluye en la LFT el tema de vivienda, que se suscitó durante el gobierno de Luis Echeverría; además de reconocer los conflictos colectivos de los trabajadores bancarios y de los universitarios. Néstor de Buen refiere que fue en el gobierno de José López Portillo cuando se impulsó la autonomía universitaria constitucional y se dio el reconocimiento a los sindicatos universitarios; además, entre las propuestas de modificación a la LFT figuró la de incluir el impulso a la capacitación, inclusive se modifica el Artículo 123 constitucional para introducir el "derecho al trabajo". Más tarde, en el sexenio de Miguel de la Madrid el acento se puso en los salarios mínimos y los temas laborales. Señala De Buen que al verse abrumado el país por las crisis recurrentes, se dio la modificación de las zonas económicas en que se establecerían salarios mínimos especiales, que se transformaron en geográficas. Luego, el autor expone que la oferta de campaña de Salinas de Gortari, hecha en la Confederación Mexicana de Trabajadores (CTM), de reformar la LFT fue recibida con aplausos, pero vino entonces la preocupación por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Fue entonces también cuando el consejo patronal de México, la Coparmex proclamó la necesidad de adecuar la legislación laboral a la de los vecinos del norte, Canadá y Estados Unidos. Más tarde, a finales de 1994, pocos meses antes del traspaso de los poderes a Ernesto Zedillo Ponce de León, distintos actores partidistas y empresariales realizaron proyectos de reformas a la Constitución (Artículo 123) y a la LFT, entre ellos el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Por otra parte, a principios de 1996 se comenzó a difundir la llamada "nueva cultura laboral" en donde la productividad y la competencia se imponen a la justicia social y a la consolidación del diálogo y la concertación. Finalmente, señala De Buen que la propuesta abascalista —en donde se flexibilizan las relaciones laborales— pone el acento en causas nuevas de despido, las cuales se prestan a todo tipo de maniobras de litigantes sin escrúpulos.

El segundo capítulo —en el orden de lectura que aquí sugerimos— es el de Graciela Bensusán, "Alternancia política y continuidad laboral: las limitaciones de la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial/Congreso del Trabajo". Aquí la autora señala con precisión la falta de debate respecto a las instituciones que necesita el país para hacer verdaderamente efectiva la protección de los trabajadores asalariados en las nuevas circunstancias de la economía mundial, sin afectar la generación de empleos y la competitividad. Resaltan la exclusión sistemática de las propuestas de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la imposición de la "mayoría", ambos factores que demostraron que la mayor pluralidad se respetó solamente el tiempo necesario para advertir que no podría haber reforma alguna por consenso; además de la ausencia de un diagnóstico común y previo sobre los grandes problemas laborales del país, a partir del cual hubieran podido definirse de manera más objetiva las prioridades nacionales y el tipo de cambios institucionales capaces de contribuir a su solución, independientemente de los contradictorios intereses en juego. Bensusán anota que se deja de lado a los jóvenes, las mujeres, los trabajadores de pequeñas empresas y a los que laboran en zonas rurales, quienes tienden a ocupar empleos informales o sin prestaciones, y que estos grupos no se benefician de la protección establecida en la LFT en materia de estabilidad en el trabajo. La probabilidad de permanecer en el trabajo en forma estable aumenta cuando se tiene un contrato escrito por tiempo indefinido, y la probabilidad de que ello ocurra aumenta, a su vez, con el tamaño de la empresa.

En tercer lugar se sugiere leer el texto de José Alfonso Bouzas Ortiz, titulado "Contratos colectivos de protección y el proyecto oficial de reformas laborales", quien expone que la mayor parte de la contratación colectiva vigente en el país es simulada y se le identifica como de protección. Dicho fenómeno se localiza principalmente en la contratación colectiva local. Las propias autoridades sostienen la tesis de que el registro de contratos colectivos debe ser mantenido como información secreta, con el objeto de no desatar contiendas. Bouzas señala que estos esquemas de simulación contractual no surgen de la noche a la mañana, son saldos de décadas en las que se ha vivido un proceso de perversión en el ejercicio legítimo y legal de los derechos laborales, sobre todo los colectivos, tiempo en el que la libertad de acción de las representaciones sindicales no ha tenido freno en la ley en beneficio y garantía de los trabajadores, en el que los empresarios han optado por la solución fácil de los conflictos de las relaciones laborales, sin haber considerado los altos costos que tienen estos esquemas de simulación, entre otras razones porque marginan a los trabajadores del proceso productivo pero también de la responsabilidad que en él tienen. Para Bouzas, en las anteriores y actuales condiciones con respecto a los contratos colectivos de protección, no se conoce el compromiso de terminar con la simulación laboral.

En este mismo sentido argumenta el texto de Saúl Escobar Toledo, "El debate sobre las reformas a la LFT: un trabajo digno o un sindicalismo indigno", en donde se apunta que las leyes del trabajo sólo se aplican a dos de cada tres trabajadores y que el derecho a la contratación colectiva y a la organización sindical sólo lo disfruta uno de cada cuatro trabajadores. Las investigaciones sobre este asunto están aún en su etapa inicial. Se puede suponer que sólo cuatro millones realmente están bajo un régimen bilateral de contratación colectiva y se encuentran agremiados en sindicatos realmente existentes.

Según estas cifras, sólo alrededor de 9% de los trabajadores ocupados y 17% del total de asalariados tiene una relación laboral apegada a la ley. Para Escobar, la vigencia de este sindicalismo auspicia el encubrimiento para que la ley no se cumpla; representa el principal obstáculo para depurar al sindicalismo y fomentar la organización y la afiliación sindical. Para el autor, el proyecto de Abascal no sólo excluyó las propuestas del PRD y la UNT sino que, además, fue producto de un acuerdo de conveniencia entre el sindicalismo corporativo y el gobierno en el que cada uno salvó sus intereses. Según Escobar, las reformas de Abascal sólo pueden conducir a un mayor autoritarismo del Estado y a la asfixia de la actividad sindical.

En seguida puede leerse un bloque conformado por dos textos de juristas, como el de Arturo Alcalde Justiniani, "Reforma laboral. Una iniciativa para fortalecer el corporativismo", en donde plantea, desde una perspectiva jurídica, la presentación de la propuesta de la LFT presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados, elaborada en el seno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a raíz de una convocatoria expedida por el presidente de la República año y medio atrás. Secundada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). De acuerdo con el autor, no hay una verdadera exposición de motivos de la LFT, en lugar de esto sólo se ofrecen unos párrafos, a manera de introducción, en donde se exhibe más el aterrizaje forzoso en su presentación y la falta de conocimiento de los propios diputados sobre el contenido. Uno de los cambios fundamentales de la ley es sustituir el concepto de "patrón" por el de "empleador". También se establece la obligación de los sindicatos de registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o ante las juntas de Conciliación y Arbitraje, según sea el caso. Llama la atención que con la nueva propuesta se ataca a la libertad sindical, la libre sindicalización, la democracia y el pluralismo sindicales; además, se crearon nuevas causales para cancelar el registro de los sindicatos, reducir la tipología de los sindicatos obreros y poner en manos de los patrones y de los líderes sometidos a ellos el derecho de huelga y la contratación colectiva; por si esto fuera poco, hay una excesiva influencia de los abogados patronales en el diseño de la estrategia de negociación y es notoria la desesperación por someterse a sus exigencias.

Un capítulo que hace referencia al derecho procesal es el texto de Carlos de Buen Unna, "Crítica al título sobre derecho procesal del proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo", en donde se resalta el interés del derecho procesal como una disciplina complicada que debe diseñar y ordenar las reglas que han de permitir al juzgador conocer la verdad y prever con justicia un conflicto entre dos parte que presentan versiones contradictorias de los hechos y que están empeñadas en que la suya prevalezca sobre la otra. El autor pretende poner en evidencia los daños que se causarán a los trabajadores en caso de que prospere la reforma a la LFT, aunque cree que es necesaria una reforma pero no cualquier reforma. En este texto se destacan algunos aspectos técnicos, así como los principales aciertos y críticas a la LFT. Se analiza el texto de la ley artículo por artículo y se concluye que la propuesta de reforma combina la falta de técnica jurídica con la mala fe y sólo por casualidad contiene algunos aspectos rescatables.

III. La visión de los activistas

Posteriormente podemos ubicar un grupo de textos escritos por activistas sindicales y partidistas, como el de Héctor Barba García, "Contenido y alcances de las iniciativas de reforma laboral de la UNT y de los sindicatos corporativos y empresarios". Desde la década de 1970 el activismo sindical ha sido desarrollado por la Tendencia Democrática de los electricistas, por los telefonistas (que conquistaron su liberación del sindicalismo corporativo), por los universitarios (que refrendaron su derecho a la sindicalización) y por otras organizaciones históricas como el Frente Auténtico del Trabajo. A ese nivel y frente a la contrarreforma, su alternativa es la iniciativa de la UNT porque en ella la solución es conciliar flexibilidad con bilateralidad; legitimar la productividad como instrumento de progreso equitativo con mejor ingreso para los trabajadores y contar con más oportunidades de empleo; autenticar y enriquecer la contratación colectiva, así como garantizar la libertad y democracia sindicales entendidas como la fórmula para una mejor organización social y productiva, que sirva de remedio al cáncer de la corrupción en el mundo del trabajo.

Igualmente, el texto de Rosa Albina Garavito Elías, "El impacto sobre las condiciones de trabajo del proyecto Abascal", apunta que no es casual que se liguen las reformas energética y laboral. Todo parece indicar que al gobierno de Fox le interesa no desmantelar sino refuncionalizar el sindicalismo corporativo, y junto con ello legalizar la flexibilización de las relaciones laborales. Es evidente que de aprobarse la modalidad de los contratos para capacitación inicial y por temporada, ésta sería un útil instrumento para afectar la estabilidad en el empleo en beneficio de los empresarios. Sobre el tema de la jornada de trabajo, es útil recordar que su extensión tiene una relación inversa con el nivel de desarrollo del país, debido a que el tiempo de trabajo necesario es una condición y efecto del desarrollo de las fuerzas productivas y de la mayor productividad del trabajo. Además de que en el Proyecto Abascal permanece la simulación existente en cuanto a reparto de utilidades, y es contrario a cualquier criterio modernizador y democrático de las condiciones de producción y de trabajo.

Finalmente, proponemos la lectura del texto de María Xelhuantzi López, "La UNT y la reforma laboral productiva: una propuesta que antecede y que trasciende a la administración Abascal". Se apunta que en el complejo panorama del movimiento sindical mexicano, la UNT es quizá la única organización que, desde su constitución, ha venido construyendo una propuesta de reforma laboral y productiva, integral y de largo alcance, sobre la que es indispensable hacer algunas reflexiones puntuales, a fin de entender mejor sus contenidos jurídicos, productivos, sociales y políticos. De hecho, la UNT representa la primera organización del sindicalismo mexicano en la que confluyeron experiencias provenientes tanto del llamado "sindicalismo independiente" como del "sindicalismo oficial", fue la primera organización en la que finalmente pudieron ponerse de acuerdo sindicatos que por muchos años habían permanecido en el Congreso del Trabajo y sindicatos independientes. Por las más diversas razones, la formación de la UNT representó una segunda gran ruptura sin confrontación, un avance importante que distanció a sus integrantes del sindicalismo corporativo tradicional y, en particular, del charrismo sindical. Es en este sentido en que la propuesta de reforma laboral y productiva de la UNT, formulada en 1997, debe ser entendida como el resultado de una convergencia de experiencias sindicales que habían enfrentado al autoritarismo corporativo en todas sus manifestaciones y ámbitos: en lo productivo y en lo social, en lo jurídico y en lo político en su acepción más amplia. Para la autora, el debate sobre el cambio laboral en el país no debió haber comenzado con la legislación laboral.

Por último, no resta más que anotar que el libro logra exponer una crítica bien argumentada a la propuesta de reforma a la LFT. Este texto se puede considerar ya como una referencia obligada para aquellos académicos, investigadores, sindicalistas y activistas que estén interesados en el tema.

Bouzas, Alfonso, Arturo Alcalde, Néstor de Buen, Graciela Bensusán, Saúl Escobar, Rosa Albina Garabito, Héctor Barba, María Xelhuantzi, Reforma laboral. Análisis crítico del proyecto Abascal de reforma a la Ley Federal del Trabajo, México, DF, UNAM-UNT-FAT-ASPA-SUTGDF, 2003.         [ Links ]