Elecciones en Chiapas y paralelismos con la elección federal. Sobre "la calidad de la ciudadanía"*

Inés Castro Apreza

Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, México. castroapreza@yahoo.com.mx

Recepción: 17 de enero de 2007 ]]> Aceptación: 20 de marzo de 2007

Resumen

El artículo analiza la elección para gobernador en Chiapas estableciendo algunos paralelismos con la elección presidencial. Toma algunos indicadores significativos: los gobiernos del "cambio" que no satisfacen las expectativas ciudadanas, el tipo de alianzas políticas antes y después de las elecciones, la desconfianza frente a los organismos electorales y las actas de escrutinio y cómputo, elemento éste que fue motivo de gran debate en 2006. Sobre la base de las evidencias, reflexiona sobre la ínfima calidad ciudadana que gozamos los habitantes y la posibilidad de poner en cuestión a la misma transición política en México.

Palabras clave: ciudadanía, democracia, alianzas, organismos electorales, actas de escrutinio.

Abstract

This paper analyzes the gubernatorial election in Chiapas and establishes some similarities with the presidential election. It examines certain relevant indicators: the transition governments that fail to meet the citizen's expectations, the political alliances formed before and after the elections, the lack of confidence towards the electoral institutions and the vote-tallying process; this last issue was the center of all debates in 2006. Based on evidences, this paper ponders on the poor quality of the citizen's rights enjoyed in Mexico and studies the possibility of questioning the political transition itself.

Keywords: citizen rights, democracy, alliances, electoral institutions, vote-tallying certification documents.

Tras la experiencia electoral de 2006 es necesario reconocer los alcances de las transformaciones políticas que han tenido lugar en el país desde la década de 1990, pero al mismo tiempo, es importante resaltar algunas de sus limitaciones significativas que obligan a seguir pensando en la urgenciade cambios, ya sea que éstos sean enmarcados en reformas electorales específicas, la revisión crítica de las instituciones políticas existentes, la aplazada reforma del Estado o la relectura global de nuestra transición política. Enfoco la problemática desde lo que podría llamarse "la calidad de la ciudadanía". Este concepto se inspira en el de "la calidad de la democracia" de Leonardo Morlino (2005 [2003]), para quien una buena democracia se mueve en cinco dimensiones: el gobierno de la ley, la rendición de cuentas, la reciprocidad, el respeto pleno de los derechos y la aplicación progresiva de mayor igualdad política, social y económica. Para enfocar la calidad de la ciudadanía en el ámbito político-electoral¹, habría que mencionar la influencia de los medios y los intereses privados en las elecciones, así como la modalidad de las campañas realizadas; sin embargo, me centraré sobre todo en el tipo de alianzas políticas que generan grandes expectativas ciudadanas, rápidamente frustradas una vez que los vencedores en las contiendas electorales asumen el poder; en las alianzas y recomposiciones políticas posteriores a los procesos electorales y las que tienen lugar de cara a los nuevos, difícilmente comprensibles desde la lógica de la identidad partidaria y programática; y, finalmente, en el controvertido papel de las autoridades electorales. Más allá de los buenos o malos resultados para cada alianza o partido político, una parte de la ciudadanía parece quedar desencantada de mucho de lo que acontece en torno a los procesos electorales.

Con este escenario de fondo, el final de mi análisis está centrado en las actas de escrutinio y cómputo² de la elección presidencial correspondientes al distrito electoral V de Chiapas, con sede en San Cristóbal de Las Casas, las cuales obtuvimos veinte días después del día de escrutinio y cómputo distrital mediante una solicitud por escrito en nuestra calidad de consejeras electorales. No contar con copias simples en un día tan importante como ése —después de verificar puntualmente el proceso previo a la jornada— pone en entredicho el estatus de ese cargo ciudadano, diseñado expresamente para hacer confiables y transparentes las elecciones. En efecto, la ciudadanización de los organismos electorales, es decir, la separación de éstos respecto de las estructuras gubernamentales y su integración con personas no ligadas a los partidos, ha sido la columna vertebral de las reformas electorales iniciadas en mayo de 1994, como producto, por cierto, del histórico Acuerdo por la Paz, la Democracia y la Justicia³ signado el 27 de enero por ocho partidos y alentado por el impacto de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. La ciudadanización de los organismos electorales ha sido, además, un elemento distintivo de la transición a la democracia en México, misma que ha sido puesta seriamente en duda con las elecciones federal y estatal de 2006, aunque, como se observará, no sólo por la razón antedicha.

No obstante que dichas actas de escrutinio y cómputo corresponden a uno solo de los doce distritos electorales de Chiapas⁴ y que representan un caso entre los 300 que existen a nivel federal, los errores sistemáticos de las mismas son un buen ejemplo de ese problema manifiesto en las elecciones presidencial y estatal. Este problema, presente en experiencias previas, adquirió una particular importancia política en 2006, pero tuvo pocas posibilidades de ser analizado para conocer a fondo el tipo de "errores" que presentan dichas actas. La razón de esto estriba en que si bien las actas de escrutinio y cómputo están disponibles durante algún tiempo en las páginas electrónicas del Instituto Federal Electoral (IFE) y de las instituciones locales, no ha sido factible hasta ahora abrir todos o, por lo menos, el suficiente número de los paquetes electorales que, en teoría, sustentan empíricamente los datos asentados en aquellas actas, y poder así corroborar fielmente el resultado electoral. Frente a elecciones tan cerradas como las de 2006, a nivel nacional y local, una parte de la ciudadanía observa con preocupación que seguridades y certezas conquistadas en el pasado reciente se ven seriamente afectadas. Los alcances y limitaciones de la ciudadanización de los organismos electorales —el Consejo General, los consejos locales y los consejos distritales—, junto a los errores sistemáticos en las actas, resuman en el pesimismo respecto de nuestra democracia.

Al tiempo que discuto en cuáles sentidos la ciudadanía en México goza de una calidad ínfima, mi perspectiva frente a los procesos electorales de 2006 abona a las dos posiciones extremas manifestadas, es decir, tanto a la credibilidad respecto de mucho de lo que concierne a tales procesos cuanto a la desconfianza por lo ocurrido en las jornadas respectivas. Explico esta última paradoja sobre la base de la experiencia directa que tenemos los consejeros electorales en los 32 consejos locales y los 300 consejos distritales en el país, así como en los consejos instalados en elecciones locales. Dicha posición nos permite conocer y verificar de manera directa fases y elementos de los procesos electorales. A partir de tal experiencia me resulta relativamente sencillo afirmar que la posibilidad de un fraude electoral tal como lo conocimos en el pasado es mínima y que, en todo caso, para llevarlo a cabo (a la antigüita) se requeriría de una compleja cadena de corrupción no sólo ni principalmente en los altos niveles del IFE y los Institutos Estatales Electorales de los estados, sino también entre los ciudadanos que participan como funcionarios de casilla, es decir, aquellos ubicados en la base de la pirámide de la organización electoral. Sobre la misma experiencia, no obstante, se pueden hacer serios cuestionamientos a las restricciones impuestas a los consejeros para conocer, verificar y, en algún sentido, influir realmente en la promoción del voto libre y en una mayor transparencia y equidad en los mismos procesos. Los controles impuestos a los consejeros —en nombre de "la legalidad"— hablan una vez más de la calidad de nuestra ciudadanía: las limitaciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofpe) es lo que en 2006 también ha sido puesto en duda.

GOBIERNOS DEL "CAMBIO": LA CONTINUA FRUSTRACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS

Los procesos federal y local guardan importantes semejanzas, entre otras razones por el hecho de realizarse al final de dos mandatos gubernamentales en los que, en su momento, la ciudadanía cifró enormes esperanzas rápidamente desvanecidas. El ex presidente Vicente Fox Quezada (2000-2006) yel ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006), fueron cobijados por grandes alianzas político-partidarias y ciudadanas, cuyo objetivo central fue la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, con ello, el fin del sistema prácticamente único, como lo llamó Carlos Salinas de Gortari⁵. Esas alianzas hicieron posible conquistar en uno y otro caso una holgada mayoría de votos que llevó a Fox y a Salazar al poder. En la elección presidencial del año 2000, Vicente Fox, candidato de la Alianza por el Cambio formada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), obtuvo 42.42% de la votación total; el candidato del PRI, Francisco Labastida Ochoa, alcanzó 36.11%, y el candidato de la Alianza por México, Cuauhtémoc Cárdenas, 16.64%. En la elección para gobernador en Chiapas en el mismo año, Pablo Salazar Mendiguchía, candidato de la Alianza por Chiapas conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), el PAN, el PVEM, el Partido de Centro Democrático (PCD), el Partido Alianza Social (PAS), el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) y el Partido Convergencia Democrática (PCD), obtuvo 51.5%, mientras que el PRI alcanzó 45.7%⁶. Los seis puntos porcentuales de diferencia entre el primero y segundo lugar, en ambas elecciones, dio a esos gobiernos de la alternancia un alto grado de legitimidad. Sin embargo, pocos meses después de su toma de posesión (1° de diciembre y 8 de diciembre de 2000, respectivamente) ambos gobernantes, por distintas razones, experimentaron el desgaste de sus mandatos frente a la ciudadanía. Un número creciente de ciudadanos vio frustradas esperanzas y expectativas puestas en aquellas alternancias político-electorales que se presumían, y anunciaban como, del cambio y —en el caso de la local— el gobierno de la esperanza.

Paradójicamente, los gobernantes que pretendían encabezar el cambio fueron señalados por sus opositores, en el proceso electoral de 2006, como políticos que buscaban asegurar el continuismo, en un sentido claramente negativo; probablemente en Chiapas adquirió una importancia mayor en las campañas la disyuntiva de "la continuidad o el cambio" y la de estar o no con el "candidato oficial". En conjunto, las frustraciones ciudadanas pueden explicarse seguramente tanto por el fracaso de las instituciones en su tarea de supervisión de los actos de gobierno, como por el hecho de que no es permitido a los ciudadanos evaluar la labor de los gobernantes una vez electos (lo que deviene en una "democracia delegativa" en los términos de O'Donnell, 1992).

En contrapartida, las destrezas políticas del gobernador chiapaneco lo situaron tempranamente como un hábil y muchas veces maquiavélico político, reconocimiento éste basado en algunos indicadores básicos. Uno de ellos fue la relación política establecida con el EZLN, a quien respetó sus municipios autónomos. De hecho, la intervención policial en Ixtapa se justificó con la idea de que la organización Alianza Campesina para la Liberación de Ixtapa (ACLI) pretendía crear un municipio "autónomo" en ese lugar; para el gobierno del estado la única autonomía reconocida era la del EZLN. Si bien Salazar no cumplió su promesa de promover una ley estatal más cercana a los indígenas —una vez que fue aprobada la Ley Indígena por diputados y senadores federales—, la política de reconocimiento de facto de las autonomías zapatistas lo distanció grandemente de todos los gobiernos previos y, en particular, de los ataques policiales que sufrieron bajo la gestión de Roberto Albores Guillén (1998-2000).

El indicador más importante de la habilidad política de Pablo Salazar fue, en todo caso, su capacidad para negociar con —o como se define mejor localmente, avasallar a— los poderes legislativo y judicial. Si el Congreso dominado por el PRI logró retener el presupuesto estatal durante los primeros seis meses del gobierno pablista, después, políticas y reformas constitucionales impulsadas por Salazar Mendiguchía fueron apoyadas por todos los legisladores locales independientemente de su pertenencia a bancadas partidarias determinadas. Las voces críticas intrapartidarias frente a esta política de los grupos parlamentarios existieron, pero fueron aisladas, cuando no silenciadas. Si las estructuras partidarias eran frágiles por sí mismas, el impacto de la injerencia del ex gobernador estatal en ellas todavía está por verse. Esa poderosa influencia de Pablo Salazar se evidenció en los partidos políticos que conformaron la Alianza por Chiapas en 2000, pero también en el mismo PRI, en el que, desde el inicio de su gobierno, logró imponerse frente al grupo del ex gobernador Albores Guillén (García Aguilar y Basail, 2006; Sonnleitner y Viqueira, 2004; Hidalgo Domínguez, 2001). Tal capacidad de influencia en los partidos, finalmente, permitió a Salazar cumplir con el objetivo que muchos señalaron con antelación y que retrotrae una característica decisiva del sistema presidencialista mexicano bajo el dominio del PRI: la imposición del sucesor en el cargo (Chávez, 2005).

ALIANZAS EN 2006: LA HISTORIA SE REPITE DOS VECES...

Salazar impuso a Juan Sabines Guerrero —hijo del exgobernador Juan Sabines Gutiérrez (1979-1982)— como candidato a gobernador de la Coalición por el Bien de Todos, formada a nivel nacional por el PRD, el PT y Convergencia. Las ríspidas controversias partidarias en el PRD chiapaneco no lograron detener lo que fue considerado como una "imposición": no sólo porque había varios precandidatos perredistas a la gubernatura, con mayor o menor carrera partidaria, sino también debido a la militancia partidista de quien finalmente ganó la candidatura. Juan Sabines era alcalde priísta de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, y miembro del PRI hasta que, perdida la candidatura a gobernador por este partido, fue apoyado por Pablo Salazar, quien a su vez logró desplazar a los otros precandidatos de la Coalición: Rubén Velásquez, secretario de Gobierno (2003-2006); Rutilio Escandón, senador por el PRD; y Emilio Zebadúa, diputado federal perredista. Este último finalmente consiguió la candidatura por el Partido Nueva Alianza. Sabines también fue apoyado por Roberto Albores Guillén, quien, una vez que tampoco logró la candidatura a gobernador por el PRI, elaboró un programa político que llamó Declaración de Comitán, formalizando así su grupo de presión en el contexto electoral. Por paradojas o características propias de la política, Salazar y Albores, los enemigos iniciales, resultaron aliados al final.

Un aspecto en el que no cabe establecer semejanzas entre el proceso federal y estatal es el relativo a los perfiles partidarios de los candidatos centrales. Felipe Calderón Hinojosa ha tenido una carrera ascendente dentro del PAN que lo llevó, finalmente, a tener acceso a la candidatura presidencial por ese partido, a pesar de no representar la opción por la que Vicente Fox se inclinaba. Además, el proceso de selección dentro del PAN ha sido históricamente muy institucional, en el sentido de que existen reglas y procedimientos establecidos en los estatutos partidarios que cada aspirante tiene que seguir de manera escrupulosa⁸. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador fue la mejor alternativa para la Coalición por el Bien de Todos, pues representaba una figura acorde al perfil de centro-izquierda del PRD, aunque demasiado populista para muchos

El proceso local en Chiapas, en cambio, estuvo marcado por la confusión respecto de la identidad partidista de los candidatos, así como de las razones e implicaciones de las alianzas establecidas (Sonnleitner, 2006a) Si la Alianza por Chiapas, en el año 2000, tuvo el claro propósito de desplazar al PRI del gobierno, la confusión privó frente a las complejas alianzas de 2006 Dos candidatos provenientes de la misma familia revolucionaria institucional fueron apoyados por sendas alianzas que encabezaron siempre las preferencias ciudadanas: el senador priísta José Antonio Aguilar Bodegas fue apoyado por la Alianza por Chiapas (paradójicamente, el mismo nombre de la alianza de 2000) formada por el PRI y el PVEM; y Juan Sabines, por la Coalición⁹. Por otro lado, tan sólo diez días antes de la elección, los candidatos Francisco Rojas Toledo por el PAN, y Emilio Zebadúa por Nueva Alianza, declinaron a favor de José Antonio Aguilar Bodegas con el objetivo de "impedir una elección de estado" y "consolidar la democracia" en Chiapas¹⁰. Al final, la certeza ciudadana fue que la elección era una especie de PRI versus PRI.

Contra algunos pronósticos, ambas alianzas tuvieron un efecto electoral importante en términos de la votación conseguida, lo que refleja, en alguna medida, el peso de las prácticas corporativas y clientelares. Mediante la negociación de demandas, intereses y, en su caso, cargos gubernamentales, se aseguran los movimientos políticos necesarios para pasar de la inconformidad ante una decisión tomada en la cúpula partidaria a la aceptación o la aquiescencia. Aceptando que el componente electoral es el pilar de toda transición a la democracia, tanto en la fase de liberalización como en la de democratización (cfr. O'Donnell y Schmitter, 1988 [1986]), y que desde 1994 la democracia electoral en Chiapas es un mecanismo aceptado en el cual se dirimen conflictos sociales y políticos (Viqueira y Sonnleitner, 2000a; Gómez Tagle y Valdés Vega, 1997), en realidad poco sabemos todavía de lo que verdaderamente ocurre en las bases y de todo lo que está detrás de las elecciones y sus gruesos resultados numéricos.

LOS PROCESOS ELECTORALES Y LA INCREDULIDAD CIUDADANA

La ciudadanización de los organismos electorales en entredicho

Luego de un largo silencio del Consejo General del IFE, en los primeros días de noviembre de 2006 el presidente del mismo, Luis Carlos Ugalde, calificó la elección presidencial en los siguientes términos:

Diré primero que se trató de una jornada cívica exitosa, tranquila, pacífica y sin incidentes; con una votación copiosa, sin denuncias y sin quejas. Segundo: se trató de la elección con los mejores índices de desempeño del Instituto. Un ejemplo: de 130 mil 488 casillas, sólo once no se instalaron. En tercer lugar, fue una elección donde hubo más equilibrio en los recursos para competir por la presidencia de la República [...]. Y un cuarto elemento: por primera vez en la historia electoral en México vimos tres fenómenos que generaron enorme controversia: el activismo verbal y político del presidente de la República y de algunos gobernadores; la participación de actores privados en las contiendas políticas, y el fenómeno nuevo de las campañas negativas que llevaron a cabo diversos candidatos y partidos (Ugalde, 2006a)¹¹.

El optimismo de la máxima autoridad electoral contrasta enormemente con la incredulidad ciudadana respecto de la conducción del proceso y, en particular, de los resultados. Pero si Ugalde está obligado a definir la elección incluyendo ese cuarto punto fue debido a la importancia que tuvo para la negativa valoración social del proceso, ya que sus elementos característicos (intromisión de servidores públicos y privados, así como "campañas negativas") lo desacreditaron ante una parte de la ciudadanía. De hecho, ambos procesos electorales fueron calificados por al menos uno de los contendientes como una elección de Estado, término que refiere la abierta injerencia del poder ejecutivo durante las elecciones a favor de un candidato y un partido político determinado, así como por el uso de recursos públicos igualmente a favor de un candidato y un partido. La paradoja es que a nivel federal fue el PAN el acusado y la Coalición por el Bien de Todos el acusador, mientras que a nivel estatal fue a la inversa, si bien en este último caso los señalamientos críticos provinieron igual del PRI, PAN y Partido Nueva Alianza (Panal)¹².

Tales acusaciones por parte de los partidos opositores se sustentaron en el excesivo gasto en publicidad gubernamental y el desvío de recursos públicos originalmente destinados a la población afectada por el huracán Stan, ocurrido a fines del año 2005. Organismos no gubernamentales del Proyecto de Observación y Vigilancia de los Derechos Políticos y Civiles de los Pueblos de Chiapas 2006¹³ denunciaron, no obstante, que el uso de los recursos públicos con fines electorales fue cuestión de todos los partidos que encabezan los 41 municipios oficialmente declarados como zona de desastre por aquel fenómeno natural. A partir del monitoreo del programa Oportunidades, Alianza Cívica de Chiapas, igualmente, comprobó dicha tendencia. Si la intervención de los consejeros en los organismos electorales podría tener en este ámbito una de sus principales fortalezas, durante el proceso electoral es más bien uno de los aspectos en los que mayores limitaciones imponen las juntas locales y distritales respectivas¹⁴.

Como señalé antes, ni esas acusaciones ni las referentes a nivel nacional fueron controladas oportunamente por las autoridades electorales respectivas. En la elección federal, según Luis Carlos Ugalde (2006ay 2006b), no hay manera de que el IFE pueda hacerlo apoyándose en la ley actual¹⁵. No obstante, en lo que hace a las campañas negativas el artículo 186 numeral 2 del Cofipe indica que los partidos, las coaliciones y los candidatos que realicen propaganda electoral en medios deberán evitar cualquier ofensa, difamación o calumnia que denigre a candidatos, partidos, instituciones y terceros. De modo que, aunque es verdad que es necesario precisar con reformas muchos aspectos del Cofipe, por limitada que sea la ley actual la interpretación que de la misma pueden hacer las autoridades (y que, en otros momentos, permite a éstas imponer límites a la actuación de los consejeros) llevaría con seguridad a procesos electorales más equilibrados y equitativos. Sobre todo, si se toman las decisiones adecuadas en el momento oportuno no habría lugar para poner en entredicho la actuación de las instituciones electorales. Podría resultar sintomático al respecto que de los 18 procedimientos especializados en materia de spots de campañas electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificase a favor de la Coalición y su candidato cuatro de las decisiones tomadas por el Consejo General del IFE referentes, por mencionar dos casos, a los spots de "mentir es un hábito para ti" y de homologar a López Obrador con el presidente venezolano Hugo Chávez (IFE, 2006a). En esos casos, el Consejo General definió como "infundadas" las acusaciones de la Coalición contra el PAN, mientras que el Tribunal lo hizo como "fundadas".

Chiapas ha seguido un curso similar en términos de reformas electorales que, al menos en la letra, tienen el propósito de realizar procesos más confiables. La reforma electoral de 1994 bajo el gobierno de Javier López Moreno hizo posible que el poder ejecutivo dejase de tener representación en la Comisión Electoral del Estado; asimismo, en mayo de 1995, bajo el gobierno de Julio César Ruiz Ferro, se creó el Consejo Estatal Electoral en el que se integró la figura de los consejeros ciudadanos. El 20 de octubre de 2000, bajo el gobierno de Roberto Albores Guillén, se creó finalmente el Instituto Estatal Electoral de Chiapas (IEE), que sustituyó al Consejo Estatal Electoral, integrado por consejeros electorales y concebido como un organismo público, autónomo y de carácter permanente (IEE, s.f.; García Aguilar, 2002). Gilberto Monzón Velasco fue el consejero presidente del Consejo General del IEE hasta el mes de octubre de 2001, una designación en el cargo que fue vista como resultado de decisiones del gobernador en turno.

Durante las contiendas electorales suelen reavivarse críticas y sospechas respecto de leyes e instituciones, así como de autoridades electorales que las encabezan. En Chiapas esas críticas y sospechas comenzaron en realidad mucho antes del proceso electoral de 2006. Pablo Salazar Mendiguchía tomó decisiones e impulsó reformas en materia electoral con las cuales, en teoría, buscaba transparentar y regular las elecciones para hacerlas más equitativas, pero en los hechos fueron vistas por sus adversarios como mecanismos para asegurar el control que el ejecutivo ejercía sobre la vida política estatal y el que ostentaba de cara a 2006. Salazar nombró a Noé Díaz González en sustitución de Gilberto Monzón Velasco, lo que fue leído en clave de su disputa con el grupo de Albores Guillén que apoyaba a este último. Además, mediante reformas aprobadas por el Congreso del Estado a fines de 2004, aumentó la residencia de cinco a ocho años para poder ser candidato a gobernador del estado¹⁸ y creó la Contraloría de la Legalidad Electoral y la Fiscalía Electoral.

Desde el gobierno estatal se defendió a la Contraloría con el argumento de estar apegada a derecho, ya que se funda en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas referente a la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. La Contraloría fue concebida así como el órgano responsable de velar por el respeto a la ley, la imparcialidad de los poderes públicos, así como la transparencia del financiamiento de los partidos y los gastos en precampañas y campañas políticas (Ley Orgánica, artículo 1)¹⁹. Para los dirigentes políticos, no obstante, significaba en la práctica que podría ejercer un control estricto sobre todos aquellos que aspirasen a la candidatura de sus partidos respectivos. La designación de Oswaldo Chacón Rojas para presidir la Contraloría, además del nulo control que ésta hizo respecto de las precampañas de la Alianza por Chiapas y la Coalición por el Bien de Todos, fueron otras tantas críticas que se hicieron al nuevo organismo y a las decisiones tomadas por el gobernador²⁰.

En cuanto al IEE del estado, tampoco goza de prestigio alguno. De manera similar al proceso federal, durante la elección local dirigentes estatales y municipales del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza criticaron de continuo la parcialidad de los consejeros locales. La Alianza por Chiapas presentó incluso una demanda penal en contra de los consejeros por haber violado el artículo 263 del Código Electoral de Chiapas al entregar la constancia de mayoría al candidato de la Coalición²¹. A partir de la jornada electoral del 20 de agosto, mayores similitudes con lo ocurrido a nivel nacional el 2 de julio no podía haberlas: conocidos los primeros resultados, coordinadores de enlace del candidato Aguilar Bodegas aseguraron que el IEE y el Programa de Resultados Preliminares (PREP) estaban "manipulados", ya que a su juicio los resultados favorecían en realidad al candidato de la Alianza por Chiapas. Y tampoco faltó finalmente quien denunciara la existencia de "fraude cibernético"²².

La experiencia de elecciones cerradas

Tras conocerse el resultado de la elección de presidente, un total de 364 juicios de inconformidad fueron interpuestos contra la misma: la Coalición por el Bien de Todos presentó 231, y el PAN, 133²³. El 27 de agosto el IEE realizó el cómputo estatal de la elección para gobernador con estos resultados: Alianza por Chiapas obtuvo 46.4% de los votos; la Coalición por el Bien de Todos, 46.9% y el PAN 2.5%. Tres días después, tanto la Alianza como la Coalición promovieron 42 juicios de nulidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJE), que dictó sentencia el 27 de septiembre. Para solicitar la nulidad genérica, la Alianza argumentó que hubo injerencia e intromisión en el proceso de Salazar Mendiguchía y de funcionarios dependientes del ejecutivo; una actuación parcial, dependiente e ilegal del IEE; participación de organizaciones sindicales y de personal de apoyo del sector salud en apoyo a Juan Sabines; y violencia contra simpatizantes y militantes de la Alianza por Chiapas, todo lo cual impidió el libre y razonado voto de los ciudadanos. El candidato de la Alianza por Chiapas y los ex candidatos del PAN, Francisco Rojas Toledo, y de Nueva Alianza, Emilio Zebadúa, se propusieron presentar juicios de nulidad electoral en los 24 distritos electorales del estado, pero al final sólo la primera fuerza política procedió ante el Tribunal. Las estrategias partidarias locales revelaron el poder de decisión de los comités ejecutivos nacionales sobre los locales, una característica más bien generalizada y no privativa de algún partido, que ya se había manifestado en la definición de las candidaturas.

Según la Alianza por Chiapas, alrededor de 1 500 casillas presentaban irregularidades, tales como sustitución de funcionarios de casillas por representantes de la Coalición por el Bien de Todos, abultamiento de casillas, casillas zapato y cierre de casillas a las dos o tres de la tarde. El TEPJE desestimó la petición de la Alianza argumentando que "no lleva a cabo un estudio profundo de los hechos [... ] ni siquiera relata ni describe ninguno, y mucho menos aporta pruebas que resultaran idóneas para acreditar lo señalado, es decir, que se limita a hacer afirmaciones genéricas, dogmáticas y carentes de sustento probatorio"²⁴. Sin embargo, el TEPJE reconoció que el IEE se había excedido en declarar gobernador electo a Juan Sabines cuando existían impugnaciones diversas. Inconforme con tal resolutivo, Aguilar Bodegas señaló la "falta de ética" de la mayoría de los magistrados.

En Chiapas, desde el 27 de agosto (es decir, siete días después de la jornada electoral) en los medios se hablaba ya de que el caso de la elección de gobernador debería ser turnado al Trife²⁶.

La recurrencia a los tribunales

El año 2006 reveló no sólo la importancia de los organismos jurisdiccionales electorales para definir el resultado electoral en el contexto de procesos cerrados y controvertidos, sino también de que los propios partidos políticos se preparen adecuadamente para la fase que comienza con la jornada electoral. ¿Cómo impugnar una elección sin cubrir adecuadamente todas las casillas que se instalan? ¿Cómo impugnar una elección cuando no ha habido escritos de protesta durante la jornada? ¿Cómo hacerlo cuando los representantes de partido con sus firmas avalan actas de escrutinio y cómputo que presentan errores? Si bien es un tema que debe abordarse por separado, podemos reconocer que, en general, los partidos en Chiapas parecen haber aprendido de la elección federal.

El 5 de septiembre, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF aprobaron por unanimidad el dictamen relativo al cómputo final de la elección presidencial y declararon presidente electo a Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN²⁷. En la elección local, Alianza por Chiapas demandó la nulidad genérica, pero el 27 de octubre, al resolver los juicios de revisión constitucional electoral, la misma Sala Superior confirmó el triunfo de la Coalición por el Bien de Todos al gobierno de Chiapas. De un total de 4 761 casillas instaladas, el Tribunal Electoral local había anulado 74 y la Sala Superior siete; las casillas anuladas representaron 1.7%²⁸. Los resultados ofrecidos por la Sala Superior no variaron mucho la ventaja inicial que tenía Juan Sabines frente a José Antonio Aguilar Bodegas: 46.99% frente a 46.46%, respectivamente (una diferencia de 0.53%).

En esta fase, una analogía entre una y otra elección es que hubo una gran cantidad de votos anulados por la Sala Superior del Trife y, en Chiapas, también por el TEPJF (cuadro 1, p. 172). Muchos votos ciudadanos correctamente emitidos y, por ende, válidos y legítimos, fueron anulados por las instituciones electorales, en vez de haber procedido al recuento de los mismos cuando parecía necesario²⁹. Es irrelevante, desde esta perspectiva, si los votos así anulados impactaron o no el resultado final. Si en los sistemas políticos democráticos las elecciones se definen primariamente como "un ciudadano, un voto", con mayor razón no debería soslayarse dicho principio en elecciones cerradísimas.

LA JORNADA ELECTORAL, DE LA TRANQUILIDAD A LA INCERTIDUMBRE

Las actas de escrutinio y cómputo: ¿fraude electoral o errores humanos?

En el caso de la elección de gobernador, Sonnleitner (2006b) atribuye algunos errores de las actas a dos cuestiones. Por un lado, sostiene que puesto que las boletas están numeradas por razones de seguridad, muchos funcionarios de casilla calculan su número total haciendo la diferencia aritmética entre la última y la primera boleta, pero omiten sumarle uno a su cálculo. A tal confusión se puede añadir el hecho de que en cada casilla pueden votar los representantes de partidos que no necesariamente se encuentran en las listas nominales respectivas, ya que su residencia no tiene que coincidir con su calidad representativa en ese día específico. Por otro lado, Sonnleitner señala que un error frecuente consiste en confundir el número de boletas sobrantes, es decir, no usadas en la votación e inutilizadas por el secretario, con el total de votos nulos³¹. Si este tipo de "errores humanos" parecen normales, otras irregularidades podrían mostrar eventuales prácticas fraudulentas, tales como tasas excepcionalmente altas o bajas de participación, porcentajes demasiado elevados a favor de un solo partido, el número de boletas anuladas, integración de casillas con ciudadanos no insaculados y la ausencia de representantes de más de uno de los partidos contendientes (Sonnleitner, 2006b)³².

Para analizar este elemento central de toda elección, he tomado las actas del distrito electoral V chiapaneco del pasado proceso federal. Pretendo ofrecer explicaciones plausibles —si las hay— sobre las características que presentan, enfocando centralmente el tema de la credibilidad desde una perspectiva ciudadana que supone el cargo de consejera³³. Me refiero a los errores diversos y sistemáticos que dichas actas presentan y que, en su momento, fueron una de las fuentes de prueba de la Coalición por el Bien de Todos para documentar un probable fraude (Coalición, 2006). A fin de despejar las dudas al respecto de los resultados, el entonces candidato panista Felipe Calderón propuso confrontar las actas de la totalidad de casillas instaladas en el país, con el objeto de mostrar que eran las mismas, que no había diferencias entre aquéllas en poder del PAN y aquéllas otras en poder de la Coalición. El candidato del PAN tenía razón, en la medida en que los representantes de los partidos políticos en cada una de las casillas reciben una copia de las actas con los resultados una vez concluido el conteo de los votos. Los partidos pueden incluso solicitar copia certificada de todas las actas ante los respectivos distritos, independientemente de haber tenido o no representantes en algunas casillas. Lo que no se dijo es que el cotejo de las actas no conducía automáticamente a poner de manifiesto los errores que las mismas contenían, no sólo los llamados "errores aritméticos", sino otros tantos no considerados por el Trife al momento de hacer el análisis de las impugnaciones. Por tanto, el cotejo de las actas sin más no habría conducido a disipar la desconfianza que despertó entre quienes las conocimos.

El fenómeno de los errores en las actas no es nuevo e inclusive fue menor en esta elección con respecto a la presidencial del año 2000: 46% (2000) frente a 51% (2006) de las actas de votación presentaron algún tipo de error en el llenado (Aparicio, 2007; Ugalde, 2006a). Es evidente, sin embargo, que el contexto político de 2006 es muy distinto a los anteriores y que, sobre todo en virtud de un resultado inusitadamente cerrado, las actas y los errores en ellas han cobrado un significado diferente con respecto a toda experiencia previa. "El escenario más complicado se hizo realidad", tal fue lo que empezó a afirmarse esa misma noche del 2 de julio pasado a partir de las 8:00 de la noche. Por eso las actas de escrutinio y cómputo cobraron especial relevancia: el diferencial de votos entre el primer y segundo lugar fue comparativamente tan pequeño que polarizó el debate, reviviendo el tema del fraude electoral o poniendo de relevancia la cuestión de los "errores humanos" en las actas.

La jornada electoral

El proceso electoral arrancó en octubre de 2005 con la solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para intervenir ante los permisionarios de radio y televisión y obtener sus catálogos de horarios y tarifas disponibles para contratación por parte de los partidos políticos³⁴. El 27 de octubre tomaron protesta los miembros de los 32 consejos locales y el 14 de diciembre los integrantes de los 300 consejos distritales. Los artículos 105 y 116 del Cofipe señalan las atribuciones de los consejeros durante el proceso electoral³⁵, pero quizá lo más importante de cara al tema de la credibilidad ciudadana es que en sesiones del Consejo se verifican puntualmente las listas nominales con fotografía, las actas de escrutinio y cómputo, así como también las boletas electorales. Así es posible confirmar que todos estos documentos tienen diversos "candados" que hacen prácticamente imposible su falsificación.

Las actas de escrutinio y cómputo tienen que ver con la jornada electoral y con el día de escrutinio y cómputo en los 300 distritos electorales. Los funcionarios de casilla las rellenan al final de la misma sobre la base de la apertura de las urnas y el conteo de votos, y son firmadas por cada uno de ellos, así como también por cada representante de partido político, alianza o coalición presente durante ese día. Este último dato no es menor, si comparamos la experiencia con la del pasado. Por un lado, los funcionarios de cada casilla son elegidos en sesiones especiales del Consejo por el método de insaculación, es decir, al azar, en un sistema computarizado cuyo único criterio es identificar un mes y una letra del alfabeto decididos previamente por el Consejo General del IFE. En una segunda insaculación se elige a quienes ocuparán los diferentes cargos de los funcionarios de casilla, tales como presidente, secretario, primer y segundo escrutador. Por otro lado, cada uno de los partidos políticos tiene la opción de registrar a sus representantes de casilla para vigilar el buen desarrollo de la jornada (en esta elección pudieron hacerlo con dos propietarios y un suplente) y éstos pueden presentar escritos de protesta por algún suceso durante aquella. Es decir, hay dos elementos importantes que garantizan la transparencia en la jornada electoral. Si durante el proceso electoral la confianza ciudadana se pretende construir o cimentar sobre bases técnicas, el día de la jornada tiene un componente fundamentalmente humano: confiamos, o debemos confiar, en los funcionarios elegidos al azar y en los representantes de partidos designados por éstos (en particular cuando hay varios de ellos presentes en las casillas y firman las actas respectivas). La importancia de unos y otros es que dan fe del conteo de votos, el cual es realizado a la vista de ellos. Por tanto, en principio, las firmas de unos y otros nos dicen que los votos se contaron y que los votos contaron realmente.

Los problemas que pueden presentarse en este día con respecto a estos dos elementos son que los partidos políticos no tengan la capacidad para cubrir al 100% las casillas o no la tengan en un porcentaje adecuado. También es posible que el mismo día de la jornada fallen los funcionarios de casilla y/o los representantes de partidos previamente registrados, algo que siempre puede suceder. En el distrito electoral V, con excepción del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, que no registró a ningún representante, el resto de los partidos pudo registrar al 100%, aunque el día de la jornada electoral muchos representantes fallaron. En lo que hace a las actas de escrutinio y cómputo del distrito electoral V, el primer dato a tener en cuenta es que muestra que en cada casilla hubo al menos dos representantes de partidos políticos y cuatro funcionarios de casilla, todos los cuales firmaron cada una de las actas. Otro dato importante es que durante la sesión permanente pudo comprobarse que se llevó a cabo sin incidentes de importancia³⁶, excepto por la imposibilidad de votar en una casilla especial de alrededor de 150 ciudadanos debido a que llegaron después de las seis de la tarde a la misma. Comparativamente con otros procesos electorales, los incidentes ocurridos son menores y nos hablan del clima de tranquilidad en el que se desarrolló la votación. Tampoco en la elección estatal se registraron conflictos políticos importantes: una nota que distingue los procesos de 2006 realizados en Chiapas con respecto a otros previos en la entidad³⁷.

Hay dos momentos temporales del conteo de votos, esto es, cuando se hace en voz alta y cuando se capturan los datos en las actas. En ambos se pueden producir errores. Los errores que llamo comunes son aquellos que se reflejan en una o dos boletas de más, uno o dos votos de más. Además de comunes, son errores comprensibles si tenemos en cuenta la larga y pesada jornada (las casillas abren a las ocho de la mañana y cierran a las seis de la tarde). Durante la sesión de escrutinio y cómputo distrital también es factible que se produzca este tipo de error, como lo pueden confirmar los consejeros. Sin embargo, las actas del distrito V contienen diversos errores, muchos de ellos suficientemente graves como para analizarlos con detalle.

En el distrito se instalaron 376 casillas; se tuvieron, por tanto, igual número de actas. Siguiendo una clasificación propia, el acta sin error es aquélla en la cual el número de boletas recibidas (BR) es igual al número de boletas sobrantes (BS) y el número de boletas depositadas (BD) en las urnas. Además, en el acta sin error el número de ciudadanos votantes (CV) equivale al de boletas depositadas que, a su vez, equivale al total de votos emitidos (VE). El número de actas que cumple con estas dos fórmulas es de 137, es decir, 36.4% del total.

A partir de esas dos fórmulas que definen el acta sin error, hay cuatro tipos posibles de actas con error: a) actas en las que no coinciden las boletas recibidas con las sobrantes más boletas depositadas; b) actas en las que no coincide el número de ciudadanos votantes con las boletas depositadas; c) actas en las que no coincide el número de ciudadanos votantes con el total de votos, y d) actas en las que no coincide el número de boletas depositadas con el número de votos. El porcentaje de las actas con errores, sean del tipo que sean, es de 63.7%. El último tipo de error —la no coincidencia entre el número de boletas depositadas y el número total de votos (incluidos los que obtiene cada partido político o coalición, así como los votos para candidatos no registrados y votos nulos)— es el criterio central para el Trife. En su proceso de revisión de las impugnaciones que los partidos presentan, el Trife se rige por un criterio básico para determinar la anulación de una casilla por esa causal: el llamado criterio de la determinancia, esto es, el llamado error aritmético o la diferencia entre boletas depositadas y el total de votos emitidos tiene que ser mayor a la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar. Según dicho criterio, sólo de esta forma se modificaría el resultado de la elección en la casilla impugnada en cuestión. Menciono este dato porque en nuestro distrito V no se abrieron paquetes electorales cuyas actas presentaban tal inconsistencia.

Para analizar las actas que presentan el último tipo de error fue necesario hacer otra clasificación que incluyó una depuración: restar las siete actas que corresponden al conteo realizado en el Consejo Distrital el día del escrutinio y cómputo (se abrieron igual número de paquetes electorales bajo las restrictivas causales que señala el artículo 247 del Cofipe). Además, restar las dos actas ilegibles, en virtud de tratarse de copias de las copias recibidas por los representantes de los partidos, lo que merma su claridad. El universo de actas con error se redujo así a 367. De este universo hay dos grupos: el primero conformado por aquellas actas en las que el número de las boletas depositadas coincide con el número de votos emitidos (60.5%); y el segundo, por aquéllas en las que no coincide (39.5%). Este último grupo de actas fue el analizado. Dicho grupo tiene varias actas con errores evidentes que, al menos en principio, difícilmente podían deberse a intencionalidades humanas manifiestas. Esos errores evidentes observan grandes diferencias entre boletas depositadas y número de votos emitidos, al punto de que, por un lado, podrían explicarse como resultado de malentendidos por parte de los funcionarios de casilla; y por el otro, la entidad de los mismos errores sesga demasiado las cifras. Son nueve actas en este último caso: en la casilla 1927 C2 hay 734 boletas depositadas y 463 votos emitidos (las boletas recibidas son también 734); en la casilla 1133 hay 161 boletas depositadas y 609 votos emitidos; en la casilla 1160 B hay 314 boletas depositadas y 189 votos emitidos; en la casilla 1918 C1 hay 25 boletas depositadas y 264 votos emitidos; y así sucesivamente.

Además, hay 37 actas cuyo dato de boletas depositadas no existe, de manera que no es posible, por la misma razón, llevar a cabo ningún análisis con estos casos. De esta manera, el grupo de actas finales representa 27.5% de las actas totales. La característica de este universo es que el primer grupo se trata de actas en las cuales las boletas depositadas son más que los votos emitidos, mientras que el segundo son actas en las cuales los votos emitidos son más que las boletas depositadas. En el primer grupo encontramos que hay 581 boletas de más, de manera que la pregunta es: ¿dónde quedaron los votos? En el segundo grupo encontramos 924 votos de más, de modo que la pregunta es: ¿dónde están las boletas que sustentan esos votos?

Dado que he partido de la categoría de "error humano", mi cuestionamiento central respecto de estos dos tipos de actas es: ¿cuál es la explicación plausible, si la hay, de los diversos errores que presentan? Independientemente de cuántas boletas y votos de más existan en las actas —que para el análisis técnico es del todo relevante en la determinación del resultado electoral— hay que dar alguna explicación sobre los errores presentados en las actas. Podemos tomar algunos ejemplos para intentar figurar explicaciones plausibles.

Algunos ejemplos de actas con mayor número de boletas depositadas respecto de los votos emitidos son los siguientes.

Primer ejemplo: en la casilla 69 B existen 398 boletas sobrantes y 348 votos emitidos; es decir, hay 50 boletas de más. Este caso se presenta varias veces en las actas con boletas de más: cuadran perfectamente las cifras del primer recuadro: 398 (BD) más 337 (BS) es igual a 735 (BR), pero hay 50 boletas de más. ¿De dónde salen éstas? Una hipótesis es que el funcionario de casilla que rellenó las actas lo que hizo simplemente fue "cuadrar" las cifras: "tengo tantas recibidas y tantas depositadas, entonces restan tantas sobrantes". Obviamente, durante la capacitación que se les da a los funcionarios no reciben indicaciones para hacer cuadrar las cifras, lo que sería extraño, sino sólo contar votos y registrar datos.

Segundo ejemplo: en la casilla 1114 B existen 338 boletas depositadas y 322 votos emitidos, de manera que hay 16 boletas de más. Si sumamos las BD (338) más las boletas sobrantes (BS), tenemos 753, es decir, 23 boletas más de las recibidas (BR). Se podría pensar que se hizo mal el conteo de BD, aunque equivocarse con un número tan alto parece improbable o difícil y aún así seguirían sobrepasando el número de las boletas recibidas.

Veamos ejemplos de actas con mayor número de votos emitidos. En la casilla 1446 C1 (contigua uno) hay 201 boletas depositadas y 232 votos emitidos, es decir, 31 votos de más. Si sumamos en este caso las BD con las BS el resultado es igual a las BR. No hay explicación posible para esos votos de más. En el segundo ejemplo, en la casilla 344 E (extraordinaria) hay 174 boletas depositadas y 212 votos emitidos: 38 votos de más. Aquí pasa algo curioso porque la suma de BD y BS es igual a 336, y si sumamos los 38 votos que aparecen de más, el resultado es 374, es decir, las BR. Sin embargo, hay 164 ciudadanos que votaron, diez menos que las boletas depositadas (hubo cuatro representantes de partidos políticos, suponiendo que el funcionario de casilla no sumó a los ciudadanos de la lista nominal que votaron esos cuatro representantes de partidos, de cualquier manera seguirían siendo seis ciudadanos menos que boletas depositadas).

En la casilla 1142 C1 (contigua uno) hay 366 boletas depositadas y 323 votos emitidos: 15 votos de más. La suma de BD (366) y VE (323) es de 689, no cuadra con BR (708). Pero los ciudadanos votantes más las BS sí son igual a las BR. Habría 19 ciudadanos que pudieron haberse llevado su boleta y no la depositaron. Y si hay 13 votos de más, tal vez pudo haber habido 13 boletas más que el funcionario no contabilizó. O quizá los errores de conteo se reparten: no se contaron ocho boletas depositadas y cinco sobrantes. En cualquier caso, seguirían faltando seis boletas. Tal vez seis ciudadanos se llevaron efectivamente su boleta y no la depositaron.

¿Hay explicaciones plausibles para los casos señalados? La respuesta es negativa en la mayoría de los casos comprendidos en sendos grupos de actas.

El recuento distrital

Durante la sesión permanente del 5 de julio en el Consejo abrimos algunos de los paquetes electorales en virtud de inconsistencias en las actas, detectadas durante el cotejo de las mismas. Cada consejero es libre de participar o no en el recuento distrital, es decir, presenciarlo de manera directa: en los casos que me tocó presenciar durante la apertura de paquetes encontramos algunos errores. En la casilla 362 B encontramos lo que llamo el error menor: confundir votos nulos con votos para candidatos no registrados, que es frecuente en las casillas (ocurrió también en la 1137 C1). Este error no deja de tener cierta relevancia en este proceso electoral en virtud de que hubo un candidato no registrado³⁸ que hizo una fuerte campaña durante el mismo; sin embargo, se trata de un error "menor" en la medida en que dichos votos no son contabilizados en términos reales con el objeto de definir alguna posición. De esta misma casilla lo más importante es que durante el recuento encontramos que en el sobre de votos nulos había 21 votos que, en realidad, no eran nulos sino que eran para el PAN, la Alianza por México y la Coalición por el Bien de Todos. Se trata de casos claros que presentan errores humanos aleatorios. El paquete electoral de la casilla 352 C1 fue abierto, asimismo, en virtud de que no coincidía el número de votos nulos en las actas. En el recuento encontramos que cada cifra para partidos, alianzas y coaliciones estaba equivocado: el PAN tenía en realidad tres y no dos votos; la Alianza por México tenía 228 y no 231; la Coalición por el Bien de Todos tenía 15 y no 14; Nueva Alianza tenía uno y no cero, y Alternativa tenía uno y no cero. Además, había tres votos nulos y no cero³⁹.

Todos estos números modificados una vez hecho el recuento distrital podrían parecer irrelevantes en principio, pero no lo sabemos con seguridad en la medida en que no se abrió un número importante de paquetes electorales. Ni el mismo TEPJF produjo una muestra representativa. Lo importante es que incluso en esas actas en las que no hay errores evidentes o errores menores puede haber algunos votos de más o de menos que incidan en el resultado de las casillas. Aún reconociendo que la variación de votos evidenciada no se inclina a favor ni en contra de un partido específico (Aparicio, 2007), refuerzan la convicción de que, los llamemos como los llamemos, estamos en presencia de errores sistemáticos. Son errores suficientemente frecuentes como para incitar a, o reforzar, la duda sobre el conteo de votos específico, sobre el resultado electoral global. La duda sobre la elección misma.

LA CALIDAD DE LA CIUDADANÍA EN LA TRANSICIÓN MEXICANA. REFLEXIONES FINALES

Revisados algunos otros detalles, las elecciones federal y estatal de 2006 reflejan procesos electorales esencialmente distintos a los del pasado. No hay fraude a la antigüita, pero la falta de confianza en las instituciones democráticas pilares, como son las electorales, ha sido una nota relevante; mientras tanto, las complejas alianzas dejan en el azoro a la ciudadanía. Persisten, asimismo, problemas cuya dimensión se ha minimizado de cara a los buenos resultados electorales para algunos: uno de ellos son los errores sistemáticos de las actas de escrutinio y cómputo, el cual puede ser visto desde varios ángulos. ¿Por qué los partidos no impugnaron todas las casillas que presentaban estos errores? Se trata de una interrogante cuya respuesta pareciera estar en la lógica partidaria misma. Los partidos buscan el mayor número de votos entre la ciudadanía, más allá de la forma en que éstos sean conseguidos (voto clientelar, corporativo, duro, del miedo, etc.), e impugnan sólo aquellas casillas donde creen que pueden obtener ventajas adicionales si se vuelve a hacer el recuento en la jornada de escrutinio y cómputo, o si son debidamente revisadas las actas por los tribunales respectivos y, en su caso, anulen la casilla en cuestión. Por extraño que parezca, una estrategia partidaria es anular las casillas donde los adversarios tienen más votos, lo que ya esperan anticipadamente los funcionarios de las juntas locales y distritales del IFE: "los partidos nos van a impugnar la elección", "el día de la jornada recibirán línea de los comités ejecutivos nacionales".

¿Los errores están en relación directa con la "complejidad" de las actas, como algunos han observado? Una complejidad, por cierto, resultado de intensos y largos debates en el Congreso en la búsqueda de certeza para los partidos. ¿Se trata de una mala capacitación o incluso de una mala selección de los supervisores y capacitadores? ¿Se trata de errores humanos sin más? ¿Se trata de fraude electoral? Según la experiencia en el Distrito, la selección realizada para elegir a capacitadores y supervisores fue escrupulosa en la forma, aunque, ciertamente, en el momento de la capacitación el IFE no puso el acento en el llenado de actas. Si la mala capacitación fuese una explicación plausible de la presencia sistemática de errores, tendría razón el representante de Nueva Alianza en el distrito electoral V, durante la última sesión del 30 de agosto, al señalar: "salimos reprobados los ciudadanos y los maestros". Pero, ¿estamos tan sólo ante una situación en la que los maestros no enseñan a sumar correctamente y los estudiantes no aprenden a hacerlo?

Si convenimos, con mediana certidumbre, que no hubo fraude o que lo hubo de manera aislada ahí donde los partidos no tuvieron representación o los métodos comunitarios son tales que no permiten la presencia de partidos distintos al de la mayoría (como el caso de San Juan Chamula en el distrito), deberíamos estar en condiciones mínimas para dar explicaciones plausibles de los errores en las actas. Si no hay explicaciones plausibles, entonces la pregunta es: ¿cuál es la dimensión de errores que debemos tolerar, justificar y aceptar los ciudadanos para mantener la credibilidad en las elecciones y el sistema político?

Se sostiene que la entidad de los errores no hubiera producido un vuelco electoral. Es muy posible, pero sin revisar nuevamente todos los paquetes no lo sabemos con seguridad. En todo caso, la pregunta central que debemos hacernos es, primero, si la entidad de los errores no ameritaba al menos un recuento global. Y, segundo, habría que preguntarse también si debemos suponer que un sistema con esta dimensión de errores genera certidumbre en la ciudadanía. Tras la experiencia como consejeros distritales y locales, algunos sostenemos que nuestro sistema no genera certidumbre. Tan primario es el principio "un ciudadano, un voto" en el sistema político democrático, que al ponerse en entredicho en 2006 no nos permitiría siquiera hablar del caso doméstico en términos de la calidad de la democracia o de una democracia delegativa. Podría llevarnos a cuestionar la autenticidad misma de la transición política.

El sistema electoral se ha construido sobre la base de la profunda desconfianza ciudadana frente a las instituciones políticas: de ahí todos los detalles que se verifican y de ahí también, al menos en parte, el alto costo económico de la democracia mexicana. Después de una ardua verificación técnica de diversos elementos durante el proceso electoral que deja la certeza de que resulta sumamente difícil la práctica del fraude electoral, al final se pide a la ciudadanía un altísimo nivel de confianza no sólo frente al componente humano que controla la jornada (funcionarios de casilla y representantes de partidos), sino también frente a los errores humanos sistemáticos producidos durante ella. Si bien el pluscuamperfecto de subjuntivo no existe en la política viva, desde una perspectiva ciudadana queda claro que hubiera sido deseable, además de necesario, un recuento general de los votos que recuperase niveles básicos de certidumbre respecto de los resultados electorales.

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Notas

* Este artículo se nutrió enormemente de una reflexión sobre las elecciones presidenciales sostenida, a través de correos electrónicos, entre Ángel Palerm Viqueira, Juan Pedro Viqueira, Gaspar Morquecho y yo misma; una discusión caracterizada por la expresión libre de las ideas, así como por la pluralidad y el respeto frente a los diversos puntos de vista. Agradezco a Ricardo Iglesias Dorta, Marina Patricia Jiménez —consejera local en Chiapas— y Xóchitl Leyva Solano sus comentarios a un documento previo sobre las actas de escrutinio y cómputo que fue la base para la elaboración de este artículo. No sobra decir que la única responsable de las ideas expresadas es exclusivamente la autora.

¹ Aclaro que el análisis de la calidad de la ciudadanía es en el ámbito político-electoral porque no pretendo vaciar de contenido dicha categoría (cfr. Lomnitz, 2000), sino ponerla de relevancia en el contexto de la discusión académica reciente.

² Las actas de escrutinio y cómputo son los documentos en los que se asientan el número de boletas recibidas en una casilla, las boletas sobrantes, los ciudadanos que votaron, las boletas depositadas y los votos recibidos por cada partido político o coalición, así como los votos nulos y los votos para candidatos no registrados. Las actas son guardadas dentro de cada paquete electoral correspondiente a cada casilla, y éstos, a su vez, resguardados en las bodegas de cada uno de los 300 distritos electorales del país. En otras palabras, dichas actas y tales paquetes son propiedad del Instituto Federal Electoral.

³ Éste incluía cinco acuerdos y ocho compromisos. El primero de ellos era "tomar decisiones que conduzcan a crear las condiciones de confianza y certidumbre en todas las instancias que intervienen en el proceso electoral" Entre los compromisos se estableció la imparcialidad de las autoridades electorales, la plena confiabilidad del padrón, garantías de equidad en los medios de comunicación, entre otros.

⁴ En procesos electorales federales en Chiapas hay 12 distritos electorales; en elecciones estatales hay 24.

⁵ Seguramente la definición clásica más popular del sistema de partidos en México fue la acuñada por el politólogo italiano Giovanni Sartori, en su obra Partidos y sistemas departidos (1992), a saber, un sistema de partido hegemónico-pragmático.

⁷ El seguimiento a los casos de las violaciones a los derechos humanos y las denuncias respectivas durante los primeros meses del gobierno pablista no anunciaban cambios sustanciales respecto del pasado: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), las Coordinadoras de la Sociedad Civil en Resistencia, Global Exchange, entre otros organismos, realizaron aquella labor. Véanse boletines informativos en: <www.frayba.org.mx/boletines>, <www.laneta.org.mx>, <www.ciepac.org.mx> y <http://www.laneta.apc.org/sclc/urgencia>.

⁸ Hasta el año de 1994, el presidente mexicano en turno era quien tenía la facultad de decidir quién sería el candidato a la presidencia del PRI, una facultad sui generis denominada por Jorge Carpizo, en su clásica obra El presidencialismo mexicano (1985), como "metaconstitucional" Con el asesinato del entonces candidato priísta a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994, se cerró esa larga fase política de la historia nacional caracterizada con los términos coloquiales de "tapadismo" y "dedazo".

⁹ Al igual que Juan Sabines, José Antonio Aguilar Bodegas proviene de una familia con presencia en la vida política local. Si en cada región en Chiapas, e incluso en cada una de las ciudades importantes como Tuxtla, Comitán o San Cristóbal de Las Casas, los "apellidos familiares" son un indicador básico que orienta las relaciones sociales entre los habitantes, en la vida política estatal constituyen un elemento dominante, como puede observarse en las últimas décadas del siglo XX (García Aguilar, 2005).

¹⁰ "Declinan Zebadúa y Rojas por Josean", Cuarto Poder, 11 de agosto de 2006.

¹¹ Nótese que Luis Carlos Ugalde habla en plural cuando refiere "las campañas negativas que llevaron a cabo diversos candidatos y partidos", con lo cual toma distancia de aquellos que se refieren principal o exclusivamente a la campaña negativa en contra del candidato de la Coalición por el Bien de Todos. Es importante al respecto consultar todas las denuncias presentadas por los partidos políticos y coaliciones en lo relativo a los promocionales en los medios de comunicación, en especial la televisión (TEPJF, 2006: 9-18).

¹² Véanse las declaraciones de Víctor Méndez Sarmiento, dirigente estatal del PAN, en el sentido de tener pruebas de desvío de recursos de los ayuntamientos de Tuxtla y Tapachula, en el periódico local Cuarto Poder, 1° de agosto de 2006.

¹³ El Proyecto está integrado por Alianza Cívica Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Peace Watch Suiza, Propaz Suiza y Servicio Internacional para la Paz. El Proyecto menciona seis denuncias públicas en Huixtla y Tapachula sobre los recursos del Plan de Reconstrucción y de Concafé, a cargo del gobierno estatal (cfr. Proyecto, 2006: 2)

¹⁴ Para los consejeros locales y distritales, si bien con experiencias diferenciadas, no siempre fue posible impulsar acciones que tendieran a promover el voto libre de presiones de aquel orden. En nuestro distrito electoral V en Chiapas fue continuamente soslayada en la Junta Distrital Ejecutiva la petición expresa de la Comisión de Participación Ciudadana de intervenir en las reuniones con las mujeres beneficiadas con el programa Oportunidades, pese a que el mismo representante del PAN en el Consejo Distrital aceptó que en los municipios, independientemente del partido en el gobierno local, se hacía un uso político de dicho programa.

¹⁵ Dice Ugalde: "Si se quiere que el IFE calle al presidente de la República durante los procesos electorales, se le tiene que dar instrumentos para que lo haga, por una razón muy sencilla: el IFE estableció una serie de candados para que se retirara la publicidad oficial 40 días, y se cumplió; se le pidió al Presidente que no fuera a mítines de campaña y lo cumplió. Pero bajo ninguna ley está contenido que el Presidente no puede opinar sobre política o sobre candidatos o sobre campañas" (Ugalde, 2000a).

¹⁷ El IFE encargó a Parametría. Investigación Estratégica una encuesta a nivel nacional con el objetivo de evaluar la gestión del instituto durante el proceso electoral del 2006. La encuesta revela que si en mayo-junio de 2006 la institución gozaba de una buena opinión ciudadana para 65% de los entrevistados, en septiembre esa misma percepción bajó a 51%. Cfr. <www.ife.gob.org>. A los consejeros electorales del IFE (cfr. Ugalde, op. at.), tales datos les sirven para probar que su gestión era ampliamente aprobada antes del 2 de julio y que, si bajó después, fue debido a los resultados electorales y a la campaña de "desprestigio" emprendida por el perdedor. Sin embargo, con los mismos datos se puede afirmar que también la ciudadanía hace sus propios balances al término de los procesos electorales, sopesando diferentes indicadores que la llevan a reevaluar a las instituciones y a los partidos. El IFE, en cualquier caso, ha perdido credibilidad de manera significativa, si bien es temprano para medir en toda su dimensión este fenómeno.

¹⁸ El aumento en el número de años de residencia en el estado para poder ser candidato a gobernador fue visto como una reforma "con dedicatoria" para Emilio Zebadúa. De hecho, el Instituto Estatal Electoral de Chiapas rechazó la candidatura de Zebadúa por el Partido Nueva Alianza bajo el argumento de su residencia en el estado menor a ocho años, que lo llevó a apelar ante el Tribunal Electoral.

¹⁹ Un diario local señaló en su editorial:"[...] ahora puede confirmarse la importancia que tiene [la Contraloría de la Legalidad Electoral] para cuidar que los partidos, en su desesperación por contar con recursos financieros, recurran al pacto con grupos dedicados al narcotráfico, o en Chiapas al tráfico de indocumentados. Las bandas del crimen organizado en su búsqueda de alianzas para blindar sus actividades no tienen límite en la disposición del dinero. Muchos candidatos pueden caer en la tentación de hacer compromisos con la delincuencia organizada, con tal de tener el dinero suficiente para sostener sus campañas" (Diario de Chiapas, 31 de diciembre de 2006).

²⁰ Oswaldo Chacón Rojas había fungido, hasta seis meses antes de este nuevo cargo, como secretario técnico de la Secretaría de Gobierno. La Ley Orgánica de la Contraloría de la Legalidad Electoral establece que los funcionarios que la integren no deberán haber ejercido cargo alguno en el gobierno estatal ni municipal por lo menos un año antes de dicha designación (Sergio Melgar, Cuarto Poder, 11 de agosto de 2005).

²¹ Cuarto Poder, 28 de agosto <www.cuarto-poder.com.mx>. El artículo 263 del Código Electoral de Chiapas señala que: "Sólo se puede entregar constancia de mayoría cuando no existe impugnación alguna"

²² Cuarto Poder, 26 de agosto de 2006 <www.cuarto-poder.com.mx>. La acusación de "fraude cibernético" fue de Gonzalo Méndez Guillén, delegado sindical de los docentes de Conalep-Huixtla.

²³ "Recibió el TEPJF 364 juicios de inconformidad por la elección de presidente de México", boletín de prensa núm. 072/2006,20 de julio de 2006 <www.trife.org.mx> .

²⁴ Juicios de Revisión Constitucional Electoral. Expedientes: SUP-JRC-415/2006 Y SUP-JRC-420/2006 acumulados, en <www.trife.gob.mx>.

²⁵ Esta posibilidad se manejó en el distrito electoral V de Chiapas.

²⁷ Cfr. Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Declaración de validez de la elección y de presidente electo, "Aprueba Sala Superior del TEPJF, dictamen relativo al cómputo final de la elección presidencial, declaración de validez del proceso electoral y de presidente electo", boletín de prensa núm. 081/ 2006, 5 de septiembre de 2006, <www.trife.org.mx> .

²⁸ "Confirma TEPJF triunfo de la Coalición por el Bien de Todos al gobierno de Chiapas", boletín de prensa núm. 091/2006, <www.trife.org. mx>.

²⁹ El Comité Conciudadano (2006) señaló respecto a la anulación de los votos: "Es deseable que los cargos públicos y, sobre todo, la presidencia de la República, se obtengan mediante la suma de los votos y no mediante su anulación, con un ejercicio transparente que aclare y otorgue valor a todos los votos".

³⁰ Quienes tuvimos la oportunidad de conocer dichas actas expresamos nuestra preocupación en su momento debido a los errores sistemáticos que presentaban, la mayoría de los cuales no parecen tener explicaciones plausibles.

³¹ De acuerdo con Sonnleitner (2006b), ese último tipo de error se produjo en la casilla 1535 Básica de La Trinitaria, y en las casillas 1647 B, 1695 B y 1706 C3 de Tuxtla Gutiérrez, donde el número de votos anulados corresponde precisamente al número de boletas sobrantes.

³² Sonnleitner (2006b) ofrece ejemplos concretos para cada tipo de irregularidad que podría revelar prácticas fraudulentas: 135 casillas se apartaron de la distribución de participación con un porcentaje de entre 20 y 80% de los ciudadanos en de la lista nominal: 77 de ellas aparecen con porcentajes inferiores a 20%, y 58 con tasas superiores a 80%; en el caso de la Coalición por el Bien de Todos, existen 220 casillas con porcentajes superiores a 75% de los votos (46 de ellas rebasan 90%; 18,95%, y seis, 99%), mientras que en el caso de la alianza PRI-PVEM, ésta también gana 210 casillas con más de tres cuartas partes del voto; rebasa 90% en 27 de ellas y 95% en cuatro; 140 casillas con porcentajes de votos nulos superiores a 10% de los válidos y 15 que rebasan 20%.

³³ Las prácticas de consejeros distritales y locales pueden distar mucho de la neutralidad. Paradójicamente, este aspecto es uno sobre el que menos control tiene la ciudadanía, y si bien diseñar mecanismos en esta dirección nos llevaría al control ciudadano de los ciudadanos, en el IFE sería de enorme importancia para transparentar las elecciones mismas.

³⁴ Calendario de actividades relevantes del proceso electoral federal 20052006.

³⁵ Los consejeros en los consejos distritales determinamos número y ubicación de casillas, insaculamos a los funcionarios de casilla, registramos las fórmulas a candidatos a diputados de mayoría relativa, registramos los nombramientos de los representantes que los partidos acreditan para la jornada electoral, acreditamos a los observadores electorales, efectuamos los cómputos distritales y la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa y el cómputo distrital de la elección de diputados de representación proporcional, realizamos los cómputos distritales de la elección de senadores por los principios de mayoría relativa y representación proporcional (la declaración de validez de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa corresponde a los consejos locales) y realizamos el cómputo distrital de la votación para presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

³⁷ Los partidos que apoyaron a José Antonio Aguilar Bodegas denunciaron prácticas de coacción del voto durante la jornada.

³⁸ El candidato no registrado fue el empresario Víctor González Torres.

³⁹ Asimismo, acaso como un ejemplo de menor dimensión, en la casilla 1127 C2 había una diferencia de votos para Nueva Alianza entre las dos actas cotejadas: una decía 4 y la otra 14, razón por la que procedimos a abrir el paquete. En tal caso el resultado fue de cuatro votos para Nueva Alianza; sin embargo, entre los votos nulos había uno que, en realidad, era para el PAN.

Información sobre la autora:

Inés Castro Apreza. Doctora en sociología y especialista en los temas de ciudadanía y género. Entre sus publicaciones figuran los libros: Ciudadanía indígena en Chiapas. De cómo las mujeres y los hombres viven el conflicto, la violencia y la justicia (en prensa) y, en coautoría, Reforma electoral 1993. Contribución al debate (CEPNA-Fundación Friedrich Ebert). Entre sus artículos figuran: "Chiapas: género, religión y política. De la teología de la liberación a los derechos de las mujeres" (en prensa, España); "La sociedad civil en tierras indígenas. Género, derechos y usos y costumbres en Petalcingo, Chiapas" (en Domínguez, 2004, Suecia),"Contemporary Women’s Movements in Chiapas" (en Eber y Kovic, 2003, Estados Unidos).