Latin American families: changing, diverse and unequal

Irma Arriagada

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Resumen

Palabras clave: América Latina, economía del cuidado, familia, modernidad, políticas públicas.

Abstract

This text examines the major structural changes which have affected families as a consequence of modernization and globalization. It consists of two parts: the first one considers the significant changes observed in families and the degree of diversity among them; the second part demonstrates how, to date, public policy design has failed to take into account these diverse structures and how the areas of caregiving, not covered by public policies, constitute an additional burden, especially for women. These issues appear as the major challenges for public policies in the Latin American region.

Key words: care economy, family, Latin America, modernity, public policies.

Introducción

En décadas recientes, distintos procesos han generado cambios en la estructura y comportamiento de las familias en Latinoamérica. Desde un punto de vista económico, la incorporación de América Latina a la economía global ha modificado las formas de trabajo y de empleo. La pérdida del trabajo como eje básico para la integración social y la incorporación de las mujeres a la vida económica, social y política son procesos que han impactado la organización y distribución de responsabilidades y derechos entre hombres y mujeres, particularmente dentro de las familias. El ingreso de las mujeres al mercado laboral desencadena transformaciones culturales y subjetivas que han sido denominadas, por su alcance, 'la revolución silenciosa'. Asimismo, los cambios demográficos relativos a la reducción de la fecundidad, al aumento de la esperanza de vida y a las migraciones están influyendo en el tamaño y en la estructura familiar. Las principales transformaciones pueden sintetizarse en los siguientes cambios estructurales y en los comportamientos de las familas:¹

Durante el lapso estudiado entre 1990 y 2005, las familias urbanas se han diversificado. El modelo más importante de familia nuclear, la biparental con hijos, se redujo (de 46.3 por ciento en 1990 a 41.1 por ciento en 2005). Este modelo coexiste con la familia extendida de tres generaciones (en 2005 algo más de un quinto de todas las familias urbanas latinoamericanas, 21.7 por ciento), las familias nucleares monoparentales, principalmente a cargo de mujeres (12.2 por ciento en 2005), los hogares unipersonales (9.7 por ciento en 2005), las familias nucleares sin hijos, los hogares sin núcleo conyugal y las familias compuestas (gráfica 1).

Es decir, existe gran variedad de arreglos familiares: las personas pueden optar por vivir solas, en parejas sin hijos, en hogares monoparentales, en uniones consensuales, en uniones homoparentales. Se sabe de un creciente número de familias recompuestas (parejas que se unen y traen sus hijos de uniones anteriores y de otros padres), así como de familias a distancia, producto de las migraciones de alguno de sus integrantes, pero cuyo peso se desconoce porque no es posible inferir su magnitud a partir de la información de censos de población y de encuestas de hogares. Sin embargo, estudios de caso muestran los cambios importantes en la percepción de quiénes son integrantes de esas familias, la mayor individuación de sus miembros y la aceptación de diversos lazos familiares y lógicas afectivas al interior de la misma familia.

Otra de las consecuencias más notables es la transformación del modelo de familia con hombre proveedor. Este modelo corresponde a la concepción tradicional de la familia nuclear, en la que están presentes ambos padres junto con sus hijos, la madre se desempeña como ama de casa a tiempo completo y el padre como único proveedor económico. El aumento en los niveles educativos y la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral, lleva a transitar del modelo de "familias con hombre proveedor" al de "familias de doble ingreso".

Para América Latina, entre 1990 y 2005, la tasa de participación laboral femenina en las zonas urbanas de 18 países aumentó de 45.9 a 58.1 por ciento (Cepal, 2006). Es decir, actualmente, en la mayoría de las familias latinoamericanas urbanas, la mujer ha dejado de ser exclusivamente ama de casa para ingresar al mercado laboral y constituirse en un nuevo aportante al ingreso familiar. El modelo más tradicional de familia nuclear con ambos padres, hijos y donde la cónyuge realiza trabajo doméstico sólo alcanza a uno de cada cinco (20.9 por ciento) hogares latinoamericanos urbanos (gráfica 2).

Este cambio ha significado que en la actualidad una alta proporción de los integrantes de las familias en América Latina busquen alcanzar un equilibrio entre las responsabilidades laborales y las relacionadas con el cuidado del hogar. Las mujeres son especialmente afectadas por esta transición, ya que se mantiene la expectativa cultural de que las madres (reales o potenciales, es decir, todas las mujeres) sigan asumiendo la responsabilidad principal por los cuidados del hogar y, por otro lado, que participen en el mercado laboral. Pero mientras se ha ampliado el acceso de la mujer al trabajo remunerado, lo que consume el tiempo destinado a cubrir las responsabilidades familiares, no se ha producido un cambio equivalente en la redistribución del tiempo que los hombres dedican al trabajo y al hogar, por lo que la sobrecarga de trabajo ha recaído entre las trabajadoras, especialmente las madres con hijos pequeños y en las mujeres que tienen a su cargo el cuidado de adultos mayores.

Las encuestas de uso de tiempo realizadas en algunos países de la región latinoamericana (Cuba 2001, Ecuador 2005 y Uruguay 2003) dan cuenta de la desigual distribución de tiempo destinado a las tareas domésticas y de cuidado de niños, ancianos y enfermos entre hombres y mujeres.

Otra tendencia persistente es el aumento de las familias con jefatura femenina, que adquiere visibilidad y se ha analizado ampliamente en la región latinoamericana, especialmente en México y Centroamérica (Cepal, 2004; Chant, 2003; López y Salles, 2000). Desde una perspectiva demográfica, se relaciona con el aumento de la soltería, de las separaciones y divorcios, de las migraciones y de la esperanza de vida. Desde un enfoque socioeconómico y cultural, obedece al aumento de la educación y a la creciente participación económica de las mujeres, lo cual les permite la independencia económica y la autonomía social para constituir o continuar en hogares sin parejas. Actualmente, casi un tercio de las familias en América Latina están encabezadas por mujeres (29.1 por ciento en 2005). Entre los hogares indigentes, los con jefas están sobrerrepresentados.

También se ha producido un aumento de los hogares no familiares. Entre ellos, los que más crecieron fueron los hogares unipersonales (6.7 a 9.7 por ciento). Los procesos de individualización propios de la modernidad se observan en el aumento de los hogares unipersonales, es decir, de las personas que por opción ya no viven en familia —más habitual entre la población joven que posterga la decisión de unirse o entre la adulta mayor, con suficientes recursos económicos, donde la mayor longevidad de las mujeres ocasiona que exista mayor cantidad de viudas que de viudos.

Otro proceso en marcha es la reducción del tamaño promedio de las familias y hogares. Esta tendencia se registra en todos los países latinoamericanos, aunque con variaciones significativas. Uruguay es el que registra el menor tamaño promedio por hogar (tres personas en 2005) mientras que Nicaragua se sitúa en el extremo opuesto (5.1 personas en 2001). Esta situación se encuentra asociada a fenómenos que se interrelacionan entre sí, como la caída de la tasa de fecundidad, el nivel socioeconómico y el aumento de la educación y de la participación femenina en el mercado de trabajo. También inciden factores como las uniones más tardías, la postergación de la maternidad y el distanciamiento entre los hijos.

Asimismo, el aumento de las uniones consensuales se acompaña con una duración menor de las uniones, lo que exige analizar la calidad de los lazos afectivos que se generan en su interior, así como su relación con los niveles de bienestar de la familia.

Las desigualdades

La vinculación de la familia con los procesos de desigualdad social es de larga data. Se estima que la reproducción de las desigualdades sociales tiene su origen en el sistema de parentesco y en las condiciones de origen de las familias, que condicionan el acceso de sus integrantes a activos sociales, económicos y simbólicos.

Vale la pena recordar que la región latinoamericana es la más desigual del mundo (medida por el coeficiente de Gini).² Así, las grandes tendencias observadas en las familias se producen con una amplia diversidad entre grupos y clases sociales. Por ejemplo, los hogares de las familias que pertenecen al quintil superior de ingresos tienen dos o tres personas menos que las del quintil de menores ingresos, dado el mayor número de hijos de las familias más pobres. Asimismo, los hogares extendidos se concentran entre los más pobres, y los unipersonales, entre los más ricos. Las familias pobres, si son de jefatura femenina, son extremadamente pobres.

La desigualdad al interior de las familias es notable también en términos de distribución de tiempo, recursos y trabajo. Uno de los conceptos clave en el análisis de las interrelaciones entre trabajo y familia ha sido la noción de división sexual del trabajo. Este concepto permite vincular analíticamente ambas esferas y destacar sus mecanismos de relación e interdependencia con la reproducción social, que refiere al cuidado diario, generacional y social de la población. En numerosos estudios se ha evidenciado la desigual participación de hombres y mujeres en ambas actividades. La inserción diferencial en el mercado de trabajo contribuye a que la participación de la mano de obra familiar tenga un efecto distinto en la homogeneidad o la heterogeneidad ocupacional de los hogares y en su calidad de vida. En la medida que la creciente incursión de las mujeres en el trabajo remunerado no ha ido acompañada de una participación equivalente de los varones en la reproducción doméstica, se ha multiplicado la carga de trabajo que pesa sobre ellas (Ariza y de Oliveira, 2004).

La producción de bienes y servicios que tiene lugar en la esfera familiar, o que se efectúa mediante el trabajo no remunerado, carece de visibilidad pública y no se registra estadísticamente en las encuestas laborales, por lo que se ha tendido a considerarla como no-trabajo, según la clásica asociación entre trabajo y empleo remunerado. Asimismo, la división del trabajo por sexo, consolidada desde la industrialización, relaciona (más en el imaginario colectivo que en la realidad) la actividad masculina con la producción mercantil, y la femenina, con la actividad familiar doméstica (Carrasco et al., 2001). Esta rígida distribución de tareas ha conducido a ocultar la contribución de las mujeres al bienestar familiar y social.

Otra gran fuente de diversidad y desigualdad se encuentra entre las familias pertenecientes a grupos étnicos originarios y afrodescendientes, cuyos valores y comportamientos en torno a la familia difieren tanto de los no indígenas como entre ellos mismos (ej. aymaras y quechuas se diferencian en el inicio de su ciclo reproductivo, que es más tardío que el de grupos no indígenas de Bolivia y de los guaraníes en Paraguay). De la misma forma que se ha tendido a desconocer la existencia de grupos étnicos en la región latinoamericana, sus estructuras familiares han sido ignoradas en la mayoría de las investigaciones en torno a las familias y, más aún, en el diseño de las políticas.

En la medida que la familia es una institución social histórica y por tanto moldeable, es afectada por las políticas públicas, puesto que cualquier tipo de política se sustenta en una representación de lo que es una familia 'normal', del tipo y de la calidad de los vínculos familiares (conyugales, filiales y fraternales) que se establecen. También se aprecian visiones (generalmente estáticas) en relación con los derechos de sus miembros, entre ellos, los derechos a la integridad física y los derechos sexuales y reproductivos.

Cabe destacar una vez más las asincronías existentes entre la dimensión cultural, el imaginario sobre la familia de instituciones y personas y las estructuras y funcionamientos de las familias reales. Por tanto, el diseño de las políticas públicas enfrenta varios desafíos. Un primer desafío se refiere a la consideración del dinamismo de las familias en relación con la situación económica, social y la etapa de su ciclo de vida. Es preciso un análisis cuidadoso de las proyecciones demográficas y epidemiológicas que den cuenta de las necesidades de cuidado de la población. El diseño de políticas para que el trabajo doméstico y de cuidado sea compartido y redistribuido no ha entrado plenamente en las agendas políticas y menos en la cultura y en la práctica de los latinoamericanos.

Las políticas y programas hacia las familias cuyos miembros tienen intereses heterogéneos, y en algunos casos opuestos, plantea una nueva interrogante: ¿las políticas deben dirigirse a las familias o a sus miembros? Es posible que las políticas dirigidas a la familia en general beneficien más a algunos de sus integrantes, debido a la distribución desigual del poder al interior de las familias, desigualdad sustentada y reproducida por varios factores: aportes económicos, valoración social, sexo y edad.

La permanencia de ciertos mitos impide un adecuado diseño de políticas hacia las familias: el mito de la familia nuclear como modelo ideal, con presencia de ambos padres vinculados por matrimonio, con perspectiva de convivencia de larga duración, hijos propios y con rígida distribución de roles. La existencia de la familia armónica y con división de funciones basada en la idea de que el hombre es el único que aporta económicamente al hogar y que la madre desempeña sólo tareas domésticas. Pese a que la mayoría de las mujeres latinoamericanas trabaja en el mercado laboral —así como muchos jóvenes y niños—, se mantiene entre diseñadores de políticas la imagen de familia tradicional y de la madre como única cuidadora y agente de socialización de los hijos.

En América Latina, las enormes desigualdades sociales están estrechamente vinculadas con la provisión desigual del cuidado familiar y social, lo cual conforma un verdadero círculo vicioso. Quienes tienen más recursos disponen de un mayor acceso a cuidados de calidad en situación de tener menos miembros del hogar que cuidar. Aquéllos que disponen de menores recursos para acceder a los cuidados mercantiles y que tienen más cargas de cuidado acumulan desventajas por el mayor peso del trabajo doméstico familiar, por las dificultades en el acceso a los escasos servicios públicos y la necesidad de recurrir a cuidadoras 'informales' (Aguirre, 2007).

Aunque los sistemas públicos de bienestar social y las políticas sociales y de familia se han modificado en distinto grado, según los países y las circunstancias, para adaptarse a los profundos cambios familiares y demográficos registrados en el pasado reciente, un desafío central es la organización de la provisión pública de bienestar social, la que sigue descansando en unos supuestos muy concretos sobre las características y la dinámica de la vida familiar. En otras palabras, la familia continúa constituyendo un criterio básico de la organización de la protección social y para la prestación de servicios sociales.

Se ha argumentado que el arreglo por medio del cual las familias se hacen cargo de la protección social de sus miembros habría llegado a la vez a un límite funcional y normativo. Funcional, porque la demanda de tiempo y de cuidado necesarios para satisfacer estas nuevas exigencias impediría, por ejemplo, la adecuada incorporación de la mujer al trabajo, la necesaria provisión de los cuidados básicos intrafamiliares y la creación de condiciones básicas de convivencia, necesarios para el cumplimiento de las funciones familiares actuales. Normativo, porque esta situación impediría el cumplimiento pleno de derechos de los miembros de la familia, como la igualdad de las mujeres o el derecho al cuidado de niños y ancianos. No bastaría, entonces, con 'fortalecer a la familia' para que cumpla mejor la anómala función de fundamento de la protección social que desplaza hacia ella una sociedad en vías de desregulación (Güell, 2007). Los sistemas de bienestar debieran considerar el escenario actual caracterizado por una creciente complejidad y heterogeneidad de los hogares y familias y por el cambio en las relaciones entre sus miembros, debido a procesos de modernización y democratización.

Un importante desafío para el Estado es el diseño de políticas públicas de cuidado de carácter integral e intersectorial que se sustenten en la articulación y regulación de una red de instancias públicas, privadas y mixtas que provean una infraestructura de servicios a manera de garantizar una solución a la demanda de cuidado de la sociedad (Arriagada, 2005). Una infraestructura que, al igual que la red de carreteras y puentes que apoya el desarrollo económico, sea un conjunto de políticas de servicios que den soporte a quienes no pueden proveerse por sí mismos de esos cuidados: los niños, los ancianos, los enfermos, los discapacitados (Durán, 2005, y Martínez y Camacho, 2005). La adecuada regulación para la protección social de las personas dependientes es una asignatura pendiente en América Latina. Ningún país latinoamericano contempla ese diseño para las políticas de cuidado. En la mayoría de los casos éste recae sobre la denominada 'solidaridad familiar' careciéndose de adecuada cobertura para la atención de los niños en edad preescolar, de adultos mayores y discapacitados. La diversidad de transiciones sociodemográficas de la región hace aconsejable diversos énfasis en el cuidado de los dependientes: niños (países en transición demográfica plena) adultos mayores (países en transición demográfica avanzada) y discapacitados (países que han pasado por conflictos armados).

La creciente diversificación de las estructuras familiares —donde se destaca el aumento de los hogares con jefas y el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral— refuerza la consideración de políticas y programas tendentes a articular adecuadamente familia y trabajo como un eje central, bajo un enfoque de equidad de género, a modo de gestionar un acuerdo más equilibrado con respecto a las bases que proveen el bienestar: Estado-mercado-familia-comunidad. Se trata de buscar políticas ciudadanas conciliatorias en el marco de los distintos tipos de Estado y de regímenes de bienestar y de evaluar los incentivos para la inserción ocupacional de las mujeres en condiciones de igualdad y para su permanencia en actividades de cuidados domésticos, especialmente en sus funciones maternales (Draibe y Riesco, 2006). Algunas autoras han calificado a las mujeres de equilibristas o malabaristas en sus esfuerzos por conciliar familia y trabajo (Martínez y Camacho, 2007).

Las propuestas para la región latinoamericana tienen el desafío mayor de la carencia de recursos adecuados y de falta de protección social para vastos sectores de la población que no acceden a un trabajo formal, de calidad y, por tanto, no están cubiertos por la seguridad social, en especial los jóvenes desempleados, las madres adolescentes y la población adulta mayor, que enfrenta mayores dificultades de salud y de necesidades básicas no cubiertas.

Para terminar, quisiera subrayar el hecho de que los cambios culturales en las familias se aprecian con más fuerza en las prácticas cotidianas de las personas en relación con las formas de constitución de la familia y los estilos de vida familiares; estos cambios no permean aún suficientemente los discursos ni mucho menos los diseños de las políticas orientadas a su bienestar (por ejemplo, en Chile sólo en 2005 se aprueba la ley de divorcio, y el aborto todavía hoy no se acepta bajo ninguna circunstancia).

Diversos estudios de opinión y encuestas mundiales de valores (Inglehart, 2004; Sunkel, 2004) muestran sistemáticamente la valoración de la familia y del papel tradicional de la mujer dentro de la familia tanto en los hombres como en las mujeres, situación que varía por clases sociales y por grupos de edad (valores respecto al respeto a los padres; relación de las madres trabajadoras con sus hijos, entre el papel de dueña de casa y trabajadora, entre otros). Así, las poblaciones consultadas apoyan que el papel fundamental de la mujer sea cuidar a su familia y a sus hijos, lo que se contradice con una tasa de participación económica de las mujeres. La tensión entre el papel de mujer-madre-dueña de casa y trabajadora y la culpa generada por el incumplimiento del papel que se le asigna socialmente, sería consistente con los hallazgos de algunas encuestas de Chile que indican que las mujeres están más insatisfechas con su vida privada que los varones (encuestas de la Universidad Diego Portales y de Humanas).

Es posible interrogarse acerca de esta resistencia cultural que dificulta que los cambios en las familias y en las relaciones familiares sean incorporados en el discurso y en las políticas que se diseñan sobre la familia y que se refieren a la persistencia de una identidad femenina y masculina extremadamente tradicionales en la cultura latinoamericana.

La familia debería ser también un espacio de ejercicio de derechos democráticos sustentado en el respeto a la creciente autonomía de sus integrantes y en un mayor equilibrio en el reparto del trabajo (doméstico y social), de las oportunidades, del tiempo, de los recursos y de la toma de decisiones familiares. Se construirá de esta manera una nueva relación basada en que las asimetrías serán reguladas por pautas democráticas (Salles y Tuirán, 1996).

En síntesis, desde un enfoque de derechos es preciso avanzar hacia nuevos sistemas de políticas públicas que incorporen los grandes cambios en el orden familiar y de género. Este desafío es complejo y no exento de una fuerte confrontación entre visiones diversas y, en ocasiones, opuestas, sobre el papel de la familia, las formas como se organizan las relaciones de género y la labor del Estado en la provisión del bienestar. Considerar el tiempo de cuidado, el tiempo laboral y de traslado de hombres y mujeres, así como organizar la producción y reproducción de una manera más equitativa serían premisas básicas en un nuevo sistema del bienestar social que proporcione mejores oportunidades de vida para la población. Este tipo de políticas requiere un rediseño del Estado y, por tanto, un nuevo pacto social, político y económico.

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* Este trabajo fue presentado en la Mesa redonda magistral 46 Debates Actuales sobre Sociodemografía en América Latina en el XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) Latinoamérica en y desde el mundo. Sociología y Ciencias Sociales ante el cambio de época: legitimidades en debate, 13 -18 agosto de 2007.

¹ La información proviene de las tabulaciones especiales de las encuestas de hogares urbanos de 18 países de América Latina en 2005 y de 16 países en 1990.

² Se calcula que el índice de Gini para la Unión Europea es de 0.34, de 0.41 para Estados Unidos y de 0.54 para América Latina (Cepal et al., 2006).

Información sobre la autora

Irma Amagada. Licenciada en Sociología por la Universidad de Concepción, Chile; cursó la maestría en Sociología del Desarrollo en la Universidad de Londres (LSE); doctora en Estudios Americanos con mención en Historia Económica y Social, Universidad de Santiago, Chile. Oficial de Asuntos Sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, Santiago, Chile, desde 1993. Escribe habitualmente en la publicación anual de Cepal, Panorama Social de América Latina sobre temas de la agenda social de los gobiernos: género, políticas sociales, mercado laboral, familias, capital social e integración social. Ha publicado en la Revista de Cepal y en diversas revistas latinoamericanas sobre temas sociales y de género. Ha sido consultora externa en temas de familia y género y ha impartido clases de posgrado en género y políticas sociales para universidades de Bolivia, Chile, España, Perú y Uruguay. Correo electrónico: iarriaga@eclac.cl