Mercedes Pedrero Nieto*

Universidad Nacional Autónoma de México.

Resumen

Se analiza la situación del empleo en zonas indígenas. En primer término se aborda el grado de participación en la actividad económica de acuerdo con sus características sociodemográficas, las cuales determinan o influyen en la participación, como son el sexo, la edad, la escolaridad y el lugar que se ocupa en la familia; también se considera al trabajo doméstico como parte de la producción para el autoconsumo del hogar, como uno de los elementos que permiten su supervivencia. Destaca el hecho de que la participación de la población infantil en actividades económicas no es marginal y se analizan las causas de la inasistencia escolar. Posteriormente se tratan aspectos estructurales de la mano de obra para conocer cuáles son las actividades económicas que desempeñan y de qué manera lo hacen. Se describen algunas condiciones de trabajo bajo las cuales los indígenas realizan su actividad económica, como es la ausencia de prestaciones sociales derivadas de su trabajo y las retribuciones sumamente bajas que reciben, a pesar de trabajar jornadas completas. Por último, se concluye con una visión de conjunto de todos estos elementos que en parte explica su permanencia entre los grupos más marginados del país, pero también puede servir para vislumbrar algunos caminos que sugieran políticas orientadas a mejorar su condición.

This article is devoted to the employment analysis in indigenous zones. First of all, it deals with the participation level in economic activities of the population according to their social and demographic characteristics that are related to such participation, like sex, age, level of education and the person's place at the household. The domestic duties are considered as well as the work production for own consumption that let survive the indigenous families. On fact reveled is that the infant work is not marginal and there are analized the causes for not attending school. Further, the structural aspects of the labor force in the indigenous zones are depicted in order to know the main activities performed and under which status are done. Some labor conditions are described, such as the absence of labor and social benefits and the low income obtained, regardless that they work full days. Finally, looking overall the analyzed aspects, it becomes clear the marginality among the indigenous groups, but also the analysis suggests some ways to depict policies to improve such condition.

Introducción

En este artículo se analiza la situación del empleo en zonas indígenas en tres secciones, después de una breve reseña general de la situación del empleo en el país y de precisar la cobertura poblacional del estudio.

En la primera sección se aborda el grado de participación de las personas en la actividad económica de acuerdo con las características sociodemográficas que determinan o influyen en la participación, como son el sexo, la edad, la escolaridad y el lugar que se ocupa en la familia. Posteriormente se tratan aspectos estructurales de la mano de obra para conocer cuáles son las actividades económicas que desempeñan y de qué manera lo hacen. Se describen algunas condiciones de trabajo bajo las cuales los indígenas realizan su actividad económica y las retribuciones que reciben. Por último, se concluye con una visión de conjunto de todos estos elementos que en parte explica su permanencia entre los grupos más marginados del país, pero también puede servir para vislumbrar algunos caminos que sugieran políticas orientadas a mejorar su condición.

Panorama general del empleo en México

El equilibrio del mercado de trabajo exige que el crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo sea equivalente al crecimiento de la oferta de la misma. Por lo tanto, si la demanda es menor a la oferta las condiciones de la ocupación se deterioran, disminuyendo el número de empleos y/o empeorando las condiciones de trabajo.

La tasa de crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo es igual a la tasa de crecimiento del producto menos la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo; y la tasa de crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo es igual a la tasa de crecimiento demográfica de la población en edad de trabajar, más la tasa de crecimiento de la participación en actividades económicas de esa población.

Por otra parte, se esperaba que la demanda de trabajadores aumentara al intensificarse el intercambio internacional en el campo económico de los últimos lustros y al incrementarse la demanda externa de productos obtenidos con baja productividad. Eso habría sucedido si el cambio en la estructura de la producción hubiera sido a favor de los bienes intensivos en trabajo, en los cuales México tiene una ventaja comparativa. Por otro lado, se supondría que al promover la caída en el salario debería haber una tendencia a utilizar tecnologías intensivas en trabajo, haciendo de esta manera más rentables las tecnologías poco intensivas en capital y en las que la productividad del trabajo es más baja que el promedio.

Pero en realidad la productividad aumentó para hacerle frente a la competitividad internacional con una óptica ajena a la creación de empleos: que el mismo producto se pudiera producir con menos gente. Esta situación se podría haber compensado si se hubiera producido más; sin embargo, además del poco dinamismo del consumo interno, un rasgo notable de la nueva dinámica del sector externo fue el que las importaciones de insumos asociados a la exportación se duplicaron cada dos años, hasta llegar a representar una quinta parte de la producción nacional. De esta manera, una proporción importante del reciente dinamismo exportador se vinculó cada vez más a la compra de insumos en el exterior (Cardero, 1999: 16). Si el coeficiente de importaciones no se hubiera elevado tanto como lo hizo se habría podido aplicar una política económica más expansiva, que hubiera permitido alcanzar un mayor ritmo de crecimiento de la producción y del empleo (López, 1999: 11), pero se debilitaron los eslabonamientos productivos intersectoriales, y, por consiguiente, se redujo el efecto multiplicador de los componentes autónomos de la demanda agregada sobre la producción y el empleo.

La única expansión ha estado en la industria maquiladora de exportación, la cual tiene poco eslabonamiento con otros sectores de la economía nacional y es vulnerable por su dependencia de otros países; lo positivo es que generan puestos de trabajo, aunque temporales, inexistentes en otras modalidades. Lo preocupante es que su fomento desvía recursos nacionales que podrían servir para empleos menos vulnerables.

Respecto a la oferta de fuerza de trabajo, el crecimiento demográfico de la población en edad de trabajar ha sido acelerado debido a la relativamente reciente reducción de la fecundidad. Las personas que ahora están en edad de trabajar provienen de las generaciones con la más alta tasa de crecimiento. Por otra parte, las tasas de participación en la actividad económica se han incrementado debido a dos fenómenos: el aumento secular de la participación femenina en todas las esferas de la vida fuera del hogar, y el hecho de que más miembros de la familia tienen que trabajar para completar el presupuesto familiar frente al deterioro salarial.

En síntesis, el crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo es más elevado que el de la demanda de trabajadores por las empresas; por lo tanto, proliferan las ocupaciones que pueden desempeñar las personas con sus propios recursos. Al cerrar las puertas a una parte de la población en determinadas fuentes de trabajo, ésta debe buscar alternativas para sobrevivir —incluso recurriendo al autoempleo—, lo cual genera un efecto sobre la recomposición de toda la fuerza de trabajo.

En particular, se observa una contracción en el sector agropecuario en términos porcentuales. En la década de 1990, al cambiar el artículo 27 de la Constitución y permitir la venta de tierras ejidales, también se modificaron los mecanismos de acceso al crédito y se redujeron los apoyos a los productores, a la vez que se privatizó la infraestructura que apoyaba al sector en materia de almacenamiento y distribución de productos agrícolas. Aunque el patrón de cultivos no se modificó significativamente desde mediados de la década de 1980 hasta 1997, Barrón encontró que la importancia de las exportaciones agrícolas se ha incrementado paulatinamente; mientras que en 1988 representaron 5 por ciento del total de exportaciones de mercancías, en 1997 ascendieron a 10.1 por ciento. Sin embargo, el saldo de la balanza de pagos agropecuaria no ha logrado ser positivo en términos de valor a pesar de que, en términos de volumen, México exporta más de lo que importa (Barrón, 1999: 25). La explicación puede estar en la composición de cultivos y sus precios, ya que el meollo del problema está en quién fija los precios de cada producto; de hecho, la participación de México en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá no significó mejoría para el país; por el contrario, se han deteriorado sus términos de intercambio, lo que ha sido acompañado por la caída en los salarios reales de los jornaleros (Barrón, 1999, 28-29).

Frente al crecimiento de otros sectores, estos cambios significaron la reducción de la importancia relativa del sector agropecuario, pero en términos de tasa de crecimiento sí presentó una tasa positiva, aunque baja, de 1.6 debido fundamentalmente al aumento de la participación femenina, ya que su tasa de crecimiento fue 7.9 frente a la masculina de 0.6 por ciento. Esto, según Barrón, se debe a la presencia de asalariadas en todo lo largo y ancho del país en los cultivos de exportación, intensivos en mano de obra, donde la presencia de mujeres es importante (Barrón, 1999: 31).

La industria de transformación creció ligeramente en términos proporcionales, su tasa de crecimiento (4.3) fue superior a la tasa de la población ocupada (3.4). También aumentaron el comercio y los servicios con tasas superiores al 4 por ciento (4.9 y 4.7, respectivamente). No se presentaron diferencias por sexo tan agudas como en la agricultura, la tasa de crecimiento del comercio fue superior para las mujeres y en los servicios fueron los hombres quienes tuvieron ventaja.

El sector de servicios, dentro de su gran heterogeneidad, comprende muchas actividades de refugio a las que recurre la población para autoemplearse frente a los problemas del desajuste estructural; algo similar sucede con el comercio a pequeña escala.

La situación del empleo indígena se enmarca en un panorama generalizado de precariedad del mercado de trabajo, agravado por ubicarse principalmente en el sector más rezagado, el de la agricultura. Los indígenas están marginados en cuanto al acceso a factores productivos, aislados y sin poder de negociación sobre los precios de sus productos, falta de créditos, insumos caros, etc. Esto demanda un diagnóstico de su situación específica para conocer cuáles son sus posibilidades de mejorar su condición actual, en particular en el área del empleo.

Universo de referencia

En 1997 se realizó la Encuesta Nacional de Empleo en Zonas Indígenas 1997 (ENEZI, 1997)¹ para obtener información de las características del empleo específicamente en 10 zonas del país con mayor concentración de población indígena. En términos conceptuales, la encuesta es comparable con la Encuesta Nacional de Empleo 1997 (ENE, 1997), con un módulo adicional para captar empleo infantil. Estas fuentes de información estadística son las que fundamentalmente se utilizan en este artículo; en algunas ocasiones se usan cuadros que ya fueron publicados, en otras se presentan indicadores calculados a partir de los archivos originales disponibles en forma magnética.

El esquema de muestreo utilizado en la encuesta partió de los datos del Conteo de 1995 para la identificación de las 10 regiones con mayor concentración indígena, y dentro de cada región se seleccionaron las localidades cuya proporción de hablantes de lengua indígena era por lo menos de 30 por ciento. La población seleccionada rebasó tales expectativas, ya que sólo 16 por ciento de la población mayor de cinco años no hablaba alguna lengua indígena.

Por lo tanto, se puede afirmar que la cobertura de la ENEZI comprende las zonas de predominio indígena; no obstante, debemos estar conscientes que no cubre una parte importante de indígenas que, de hecho, se encuentran en casi todos los estados del territorio mexicano, pero que están inmersos en otras economías regionales. La ENEZI abarcó a un total de 3 709 579 personas, que corresponde a 3.9 por ciento de la población nacional estimada en la ENE de 1997. Otros autores han tratado la dificultad de cuantificar de manera precisa al total de la población indígena; para ese año las estimaciones de Luz María Valdés están en un rango entre 9.4 y 9.6 millones —cifras coherentes con las estimaciones del Instituto Nacional Indigenista INI), de 8.7 en 1990 y de Conapo, de 9.17 en 1995 (instituciones que han propuesto diferentes metodologías para estimar a la población indígena)— y una tasa de crecimiento anual de 2 por ciento, que corresponde a una proporción entre 10.0 y 10.2 por ciento de población indígena respecto a la nacional (Valdés, 2001).

En síntesis, de acuerdo con las estimaciones más autorizadas sobre la población indígena, la cobertura de la ENEZI es del 39.5 por ciento de la población indígena nacional. Esto podría sugerir la conveniencia de tratar al universo completo a partir del Censo de 1990 o del Conteo de Población de 1995, que son las otras fuentes alternativas de información estadística existentes; sin embargo, las limitaciones y la falta de comparabilidad en el campo del empleo de tales fuentes y el panorama específico que puede proporcionar la ENEZI —tanto por su marco conceptual como por el diseño de la muestra, cuyo objetivo fue captar a la población indígena y sus condiciones de empleo— nos llevan a elegirla para este estudio.

Las 10 regiones se definieron en términos geográficos que no corresponden a límites político-administrativos de las entidades federativas. Los municipios que conforman algunas regiones pertenecen a más de un estado; por otra parte, tres de ellas se encuentran en el estado de Oaxaca. En total se identificaron 41 lenguas indígenas diferentes, ya que en algunas regiones se hablan varias. Los nombres de las regiones y las proporciones de población que ellas absorben del total del universo estudiado son: Istmo, con 15 municipios de Oaxaca, 173 302 personas que representan 7.2 por ciento de la población del conjunto de las 10 zonas; Papaloapan, con 12 municipios de Oaxaca y 130 137 personas que comprenden 5.4 por ciento; Mixteca, también con 15 municipios de Oaxaca y 121 717 personas que representan 5.0 por ciento; Tarahumara, en Chihuahua con 10 municipios y 50 118 personas, o sea 2.1 por ciento; Huichol, en la cual participan tres entidades con un municipio de Durango, dos de Jalisco y tres de Nayarit, el conjunto contiene 1.2 por ciento de la población (28 485 personas); Sierra Norte de Puebla, con 211 396 personas en 15 municipios de Puebla, representando 8.8 por ciento de la población del conjunto de las 10 regiones; Huasteca, con 476 199 en tres estados, cinco municipios de Hidalgo, siete de Veracruz y tres de San Luis Potosí, y un porcentaje de 19.7 que es el segundo más alto en las 10 regiones. La Náhuatl-Tlapaneco-Mixteco-Amuzgo de Guerrero, con 202 928 habitantes en 15 municipios de Guerrero con 8.4 por ciento; Chiapas, con 379 714 en 14 municipios que representan 15.7 por ciento de la población; finalmente la zona que contiene el mayor porcentaje, 26.5 por ciento, más de una cuarta parte de la población del universo de estudio, es la denominada Península, con 639 559 en un municipio de Campeche y 14 de Yucatán.

En la publicación de la ENEZI se presenta un cuadro con algunos datos generales, pero en los documentos disponibles no se especifica si cada una de las regiones es un dominio de estudio en sí misma, de tal forma que permitiera obtener algunas inferencias que fueran estadísticamente significativas para las regiones en lo individual; por ello, sólo se presenta su población total, todo lo demás se analiza en forma global.

En la encuesta también se buscó no restringir la pertenencia étnica a la lengua materna, por lo tanto se interrogó sobre la autoidentificación como indígena de las personas encuestadas. Con estos criterios podemos identificar cuatro grupos: a) quienes hablan alguna lengua indígena y se consideran indígenas (81.34 por ciento entre la población de 12 años o mayores); b) quienes no hablan alguna lengua indígena y no se consideran indígenas (8.29 por ciento); c) quienes sí hablan alguna lengua indígena, pero no se consideran indígenas (4.86 por ciento), y d) quienes no hablan alguna lengua indígena y se consideran indígenas (5.51 por ciento).

Para las dos primeras categorías no hay duda sobre su pertenencia, en la cuarta impera su autodefinición. Sólo la tercera es en apariencia contradictoria y es la de menor cuantía. Excepcionalmente puede tratarse de personas cuyo origen no sea indígena y hayan aprendido alguna lengua sin que sea la materna. Sin embargo, es muy probable que la lengua materna de la mayoría de ellas sea la lengua indígena y al continuar viviendo en una zona indígena difícilmente han dejado de ser indígenas, aunque no lo reconozcan. No puede dejar de considerarse que hubiese una mala interpretación de la pregunta, quizá no de traducción, ya que a la mayoría de los entrevistados (95 por ciento) se les interrogó en su lengua.

En el análisis que aquí se presenta sólo se hará distinción entre dos categorías porque la representatividad estadística de cada una no permite el desglose para otras variables. Así, cuando se señalan diferencias entre población indígena y no indígena se debe tener presente que en esta última categoría se incluyen sólo a quienes estaban en la situación del inciso b (quienes no hablan una lengua indígena y no se consideran indígenas); en la población indígena se incluyen las otras tres categorías, que hablan una lengua indígena y/o se consideran indígenas. De acuerdo con estos criterios, del total de población de 12 años y más que habita en las 10 zonas indígenas consideradas, 91.71 por ciento resultó ser indígena. En las tres secciones siguientes se entra de lleno al análisis de la situación del empleo indígena en el universo aquí definido.

Grado de participación en actividades económicas

La población indígena ocupada en la semana de referencia ascendió a 1 485 885 personas, que corresponde a 1 029 905 hombres y a 455 980 mujeres.

En las zonas rurales, donde predominan las actividades agropecuarias, la incorporación de la población masculina a la actividad económica es temprana y el retiro es en edades avanzadas porque trabajan hasta que alguna incapacidad se los impide o hasta la muerte. Se puede establecer un paralelismo entre el trabajo agropecuario y el doméstico; en el caso de las mujeres se inicia a edad temprana y hasta que la salud lo permite, aunque dicho trabajo no es remunerado se considera fundamental para la supervivencia de la población campesina, como se verá más adelante.

Las diferencias de género en la participación económica se presentan prácticamente en toda sociedad, los pueblos indígenas no son la excepción, hay diferencias tanto en el grado de participación como en el tipo de actividades que desarrollan, por ello es necesario analizar por separado el desempeño de los hombres y de las mujeres. También hay diferencias por edad, en particular interesa analizar el trabajo infantil, más común entre la población indígena que en otros contextos nacionales. Por lo tanto, se presenta primero a partir de los 12 años la participación masculina por edad, después la femenina y, por último, la infantil, también diferenciada por sexo; más adelante se toman otras características como la escolaridad, el estado civil y el parentesco.

Participación por edad

La actividad femenina se debería analizar con una perspectiva más amplia que la obligada a través del esquema propuesto por las recomendaciones internacionales. En primer lugar, cabe señalar que las actividades domésticas realizadas para el autoconsumo familiar no se consideran económicas en las delimitaciones conceptuales dictadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, la propia mujer no concibe como económicas una serie de tareas porque ella misma no puede separar los distintos tipos de trabajo que realiza. Es el caso de muchas labores agropecuarias confundidas con domésticas, aun cuando en algunos marcos conceptuales sí se acepten como económicas; entre ellas están las labores de beneficio de productos agropecuarios —que las recomendaciones para las Cuentas Nacionales de 1993 ya las considera económicas (no la OIT) aunque se desarrollen en el ámbito doméstico para el autoconsumo—, como el desgranar, secar semillas, la producción avícola, etc. También es el caso de labores como recolectar leña o acarrear agua.

La tasa registrada de actividad económica femenina —bajo el marco conceptual de la OIT— de la población mayor de 12 años para el promedio nacional es de 36.81 por ciento; para el conjunto de las localidades de más de 100 mil habitantes es de 40.07 por ciento, lo que refleja el mayor registro de la actividad económica femenina en zonas urbanas. En las áreas con menos de 100 mil habitantes es de 33.96; con esta diferencia se esperaría que en las zonas indígenas fuera aún inferior a éstas, ya que habitan en zonas más rurales, pero es superior, alcanzando el 37.69 por ciento, la cual es casi idéntica a la nacional y a la tasa de las no indígenas, de 37.36 por ciento.

Las tasas por edad son similares en las edades centrales —de 30 a 45 años— a las de las áreas menos urbanizadas, pero en las edades extremas en las zonas indígenas las tasas femeninas son superiores (gráfica 2). Al compararse con el conjunto nacional también se observa mayor participación entre las indígenas niñas y las adultas mayores de 50 años, pero entre los 20 y los 44 años la participación de las mujeres en zonas indígenas es más baja que la participación de las mujeres urbanas.

Las razones que explican la alta participación femenina en zonas indígenas pueden ser múltiples: la compensación ante la emigración masculina; la búsqueda de recursos monetarios complementarios de varios miembros de la familia para integrar el presupuesto familiar; los patrones culturales de algunos grupos indígenas en los cuales las mujeres han tenido tradicionalmente un papel destacado en la economía familiar, o todas estas causas a la vez y otras más, pero ciertamente se requiere de investigación de campo o quizá una revisión bibliográfica de trabajos antropológicos ya realizados que pueda arrojar luz al respecto.

Por otra parte, cabe preguntarse si la composición demográfica de la población en zonas indígenas es diferente a la población nacional de manera que favorezca o limite los indicadores de participación en la actividad económica. Ponderaciones elevadas en grupos de población que tuvieran mayor propensión a la actividad económica arrojarían indicadores de mayor nivel de participación, o podría ser lo contrario, esto es, que mientras la población indígena tenga mayor concentración en grupos de baja participación tendrá como resultado indicadores más bajos. Entre los aspectos a considerar está la composición por sexo, edad, parentesco y estado civil.

Para conocer los efectos en la estructura por edad existe una técnica demográfica³ que nos permite saber si la estructura por edad afecta a favor o en contra a la tasa de participación. Si la tasa tipificada es mayor que la original quiere decir que la estructura por edad desfavorece al indicador tasa global; por el contrario, si la tipificada es menor que la original quiere decir que su estructura por edad favorece un índice mayor.

Al observar en el cuadro 1 las tasas de participación originales de la población masculina, vemos que en las en áreas más urbanizadas las tasas son más bajas que el promedio nacional en 3.4 por ciento. Por el contrario, en las menos urbanizadas supera al nacional en 2.9 por ciento, y en las zonas indígenas la diferencia es aún mayor, superándola en 10.9 por ciento. Al tipificar se observa que las diferencias se agudizan: en las áreas más urbanizadas la estructura por edad favorece a una tasa mayor porque recibe inmigrantes en edad de trabajar procedentes de las zonas rurales, por ello la diferencia negativa respecto a la nacional casi se duplica, llegando a 6.7; el impacto de la emigración en las otras áreas es desfavorable, y es aún mayor el perjuicio de la salida de trabajadores en las zonas indígenas, donde la tasa sin la emigración sería un 12.6 por ciento superior.

Para el caso femenino la situación es similar al masculino; esto es, en las áreas más urbanizadas la tasa de actividad se ve favorecida por la estructura por edad y en las otras áreas hace que las tasas netas sean más bajas. Así, aparentemente en las zonas urbanas la tasa es mayor 8.9 por ciento respecto a la nacional, compensada, aunque en menor medida por una diferencia relativa negativa de 7.7 por ciento en las áreas menos urbanizadas. Sin embargo, cuando se elimina el efecto de la estructura por edad la diferencia relativa de la tasa de zonas más urbanizadas se reduce a 2.4 por ciento, pero la de áreas menos urbanizadas se agudiza, llegando a 8.7 con signo negativo. En las zonas indígenas se observa que la diferencia respecto a la tasa de las áreas más urbanizadas prácticamente desaparece, 38.7 frente a 38.2 por ciento, al utilizar la misma estructura por edad, resulta que las mujeres indígenas trabajan en una proporción similar a las que viven en las áreas más urbanas, pero la emigración hace que aparentemente su participación sea más baja (40.07 vs 37.69 por ciento), las diferencias relativas en ambos casos respecto al nacional son 2.4 y 3.9 por ciento, respectivamente. Sin embargo, en las áreas menos urbanizadas la diferencia negativa es un poco mayor. En el caso de las tasas tipificadas, indican que los inmigrantes favorecen ligeramente a su nivel de participación.

No hay grandes diferencias en la relación de masculinidad en las zonas indígenas respecto al conjunto nacional, si bien en las zonas indígenas es más equilibrada con 49.37 por ciento de hombres y el 50.63 de mujeres; en el conjunto nacional la proporción de hombres es de 47.82 por ciento frente a 52.18 de mujeres. De cualquier manera, al ser más alta la participación económica masculina la tasa neta de ambos sexos se favorecería en las zonas indígenas, aunque ya vimos que el peso de los migrantes en edades activas desfavorece a la población de ambos sexos en estas zonas.

El trabajo infantil

En la ENE-1997 sólo se recaba información para la actividad económica de la población a partir de los 12 años de edad, pero en la ENEZI-1997 el módulo infantil se obtiene a partir de los seis años y abarca hasta los 14; esto nos permite saber que el 16 por ciento de los niños de sexo masculino entre seis y 11 años realizan actividades económicas y que entre los 12 y 14 años la mitad de los niños trabajan (gráfica 3).

Sobre la temporalidad del trabajo, sólo se tiene información por meses trabajados para los menores entre seis y 11 años en el módulo infantil de la ENEZI; para los de 12 a 14 años en la ENE sólo se identifica si trabajan todo el año o temporalmente. 65 por ciento de los niños labora 12 meses al año, 22 por ciento lo hace de seis a 11 meses, los demás menos de seis meses; 67 por ciento en forma permanente y 31 por ciento de manera temporal.

Para los hombres de 12 a 14 años se sabe que 84 por ciento trabaja todo el año; del resto, 14 por ciento lo hace por temporadas, y sólo por excepción 2 por ciento. Entre la población masculina mayor de 15 años la temporalidad del trabajo es similar en las zonas indígenas y en las áreas menos urbanizadas; en las primeras, 95 por ciento labora todo el año y en las segundas 94 por ciento. La proporción de quienes dicen que sólo lo hacen de vez en cuando es casi inexistente, pues no llega ni a uno por ciento; los restantes, 4 y 5 por ciento, respectivamente, restante, sólo trabajan unos meses al año. Así que el mito de grandes temporadas de tiempo muerto en el campo no se registra en la población masculina; entre las mujeres es más frecuente el trabajo estacional, como veremos después.

Más adelante se analiza el tiempo de trabajo indicado en horas a la semana para demostrar que la contribución de los menores no es marginal y sí limita su asistencia a la escuela.

Sobre el trabajo infantil femenino tenemos que 9.6 por ciento de las niñas entre seis y 11 años se dedica a alguna actividad económica; es decir, de cada 10 niñas, una ya está contribuyendo a la economía familiar. De las niñas cuya edad está comprendida entre los 12 y los 14 años su proporción es de 21.6, o sea que de cada cinco, una desempeña alguna actividad económica. Al analizar la temporalidad de su trabajo vemos que no es ocasional. 73 por ciento de las niñas entre seis y 11 años que trabajan lo hace todo el año, y 14 por ciento de seis a 11 meses, las demás, 13 por ciento, laboran menos de seis meses. Para las ocupadas de 12 a 14 años, 82 por ciento trabaja todo el año, sólo 18 por ciento restante lo hace por temporadas. Entre las mujeres indígenas mayores de 15 años el trabajo temporal abarca 13 por ciento, mientras que en el conjunto de las localidades con menos de 100 mil habitantes se registra 8 por ciento y en el trabajo ocasional sólo llega uno por ciento.

La representatividad de la muestra imposibilita trabajar con detalle cada edad, por lo que las proporciones presentadas en cada grupo de edad expresan un promedio. No obstante, se puede observar que la proporción de niñas y niños que se incorporan a las actividades económicas aumenta con la edad de manera continua; desde los seis años ya se registra una proporción de activos cercana a 5 por ciento.

La incorporación temprana al trabajo implica tanto aspectos positivos como negativos, todo depende de la forma e intensidad con que se desarrolle. Es casi imposible que una persona que no haya nacido en el campo se dedique a actividades agropecuarias; los conocimientos y valores adquiridos en el seno de la unidad productiva son difíciles de obtener en la escuela. Por el contrario, la transición hacia otros sectores es más fácil. En este sentido, el trabajo infantil en el campo es el semillero, para que sigan existiendo trabajadores agropecuarios; es decir, el trabajo infantil sólo se justifica como una estrategia de formación y capacitación. Sin embargo, cuando las tareas implican largas jornadas de trabajo a costa de su asistencia escolar y un fuerte desgaste, no sólo es un problema de justicia social para el menor, significa que su vida la inicia con desventajas que difícilmente podrá superar, justo en un mundo que cada día demanda mayor capacidad de adaptación y aprendizaje ante la diversificación de las actividades económicas y los cambios tecnológicos.

Por lo tanto, es necesario conocer la escolaridad alcanzada y su relación con la participación económica, porque el trabajo en edad temprana tanto de hombres como de mujeres inhibe la asistencia a centros educativos o reduce su rendimiento académico; por otra parte, en el caso de la población femenina, la mayor escolaridad conlleva una tasa de participación en la actividad económica más elevada en edades adultas.

La escolaridad (en cuanto a número de años) ha mejorado en todo el país, incluyendo las zonas indígenas, y esto se deduce al comparar grupos de edad, porque el cambio generacional es sistemático; la instrucción es mayor entre las generaciones más jóvenes que cuando se han alcanzado edades adultas, ya que a partir de cierta edad generalmente se deja de asistir a la escuela. Esto se observa tanto en hombres como en mujeres.

Sin embargo, la incorporación de los niños indígenas al sistema educativo es tardía, como lo indica la alta proporción de niños entre seis y 11 años sin escolaridad (35.2 por ciento). La proporción sin escolaridad del grupo con edades entre 12 y 14 años es 7.7 por ciento. Pero, a juzgar por los datos sobre asistencia escolar, no debería ser tan alto el porcentaje de "sin instrucción", pues la mayoría de los menores asiste a la escuela, el 89 por ciento de los que tienen entre seis y 11 años y el 86 por ciento de los de edades comprendidas entre los 12 y los 14 años. Quizá el alto porcentaje del primer grupo sin instrucción se debe a que aún no ha concluido un año de primaria y lo está cursando.⁴

Además, es interesante analizar las causas de inasistencia porque, como veremos, no sólo está el hecho de que menos niños asistan a la escuela, sino en los motivos de inasistencia, especialmente entre los ocupados, para los cuales las diferencias son más amplias.

La falta de escuelas afecta de manera similar a niñas y niños pequeños, lo cual es lógico ya que el desplazamiento a otra localidad representa, además de una gran esfuerzo físico y económico, un alto riesgo para ambos; este es un problema en las localidades con asentamientos humanos dispersos. En el caso de la población entre los 12 y los 14 años de edad, la inasistencia femenina a la escuela por este hecho se triplica respecto a la de los hombres (3.89 vs 1.20 por ciento); aunque físicamente las distancias sean iguales para ellos y ellas, es probable que cualitativamente para las jovencitas esté presente otro riesgo: el de ser violadas si tienen que cruzar caminando a campo traviesa entre su casa y la escuela. Ésta también puede ser la razón por la que la causa registrada como "no se lo permiten" sea muy superior en contra de las mujeres (0.44 vs 1.26 por ciento para los de seis a 11 años y de 1.36 vs 4.31 por ciento para los de 12 a 14 años), o puede ser que siga imperando el criterio de que a las mujeres no les hace falta ir a la escuela porque se van a dedicar de por vida al hogar; además, ya en esas edades tempranas su trabajo doméstico es de gran utilidad.

Por otra parte, particularmente en situaciones de pobreza extrema como sucede con la mayoría de los indígenas, la disyuntiva de no poder mandar a la escuela a todos los hijos puede llevar a que opten por favorecer a los hijos varones; aunque no deberían existir diferencias entre hombres y mujeres, ya que unos y otras provienen de hogares semejantes en cuanto a pobreza. Sin embargo, la proporción de mujeres que señala la falta de dinero como la causa de su inasistencia es dos veces y media superior (1.8 para hombres vs 4.4 por ciento para mujeres), en el caso de los pequeños, entre los 12 y los 14 años las proporciones son mayores (7.3 vs 11.8 por ciento), si bien la diferencia relativa es menor. En el mismo sentido están las proporciones respecto al trabajo como causa de inasistencia escolar, especialmente en actividades económicas (0.9 vs 1.7 por ciento para los de seis a 11 años y 4.7 vs 10.4 por ciento para los de 12 a 14 años), pero también tiene su significado el trabajo doméstico, en particular entre las mayorcitas (0.0 vs 0.8 y 0.2 vs 2.8 por ciento, respectivamente). En síntesis, las diferencias por género pueden deberse a los diferentes riesgos que las mujeres corren o al trabajo doméstico que ellas realizan, el cual es necesario para la supervivencia de la familia. Por último, entre las causas registradas está "no le gusta" (1.8 y 1.7 por ciento para los pequeños y 1.4 vs 3 por ciento entre los de 12 a 14 años), lo cual puede ser un reflejo de que en algunas escuelas existan conflictos que hacen desagradable asistir a ellas. Estos problemas que habría que atender, también pueden estar ocultando otros, como falta de interés, o incluso la enseñanza en una lengua diferente a la materna o la presencia de alguna discapacidad que requiera enseñanza especial no atendida. La discapacidad como tal no se registró como causa significativa de inasistencia.

En resumen, aunque la situación está mejorando entre los jóvenes indígenas, aún hay rezagos en los años de escolaridad que cubrir. Otro asunto que no es posible abordar en este documento es la calidad y la pertinencia de lo que se enseña; lo cual debería ser motivo de otro estudio. El rezago es más significativo entre las mujeres, sobre las cuales todavía imperan criterios basados en concepciones culturales de género, en particular cuando no hay recursos para mandar a todos los hijos y las hijas a la escuela; si hay que elegir, los favorecidos son los varones. Todo esto no es nuevo —incluso en el pasado era peor— y se refleja en la escolaridad alcanzada en el momento de la encuesta.

Escolaridad

Las desventajas de los indígenas en general respecto al contexto nacional son evidentes. No es raro que tengan escolaridad baja porque han tenido que trabajar desde edades tempranas. La proporción de población de 12 años y más sin escolaridad en zonas indígenas sobrepasa al promedio nacional, incluso respecto a las áreas menos urbanizadas la diferencia es de 19 puntos porcentuales (29.2 vs 10.2). Las desventajas son mayores para las mujeres, cuyo porcentaje sin escolaridad es más de una tercera parte (36.4 por ciento); para los hombres también es elevado, aunque en menor proporción (21.9 por ciento). En el promedio nacional, las mujeres sin escolaridad alcanzan 11.7 por ciento y los hombres 8.8 por ciento; en el conjunto de localidades con menos de 100 mil habitantes los porcentajes son de 16.7 para las mujeres y 13.4 para los hombres.

Evidentemente, los porcentajes más bajos en los niveles de poca escolaridad se compensan con proporciones en los niveles más altos. Para alcanzar una escolaridad superior se debe contar con la edad suficiente para terminar los cursos. Los hombres, en el grupo de 35 a 39 años del conjunto nacional, son quienes se encuentran en la proporción más alta de escolaridad superior (profesional media o superior) y alcanzan 21.6 por ciento. A partir de ahí, la proporción con ese nivel de escolaridad se reduce en forma sistemática hasta llegar a 3.6 por ciento en el grupo mayor de 65 años. Entre los hombres indígenas la proporción más alta con escolaridad superior se localiza entre los 30 y los 34 años y sólo llega a 5.1 por ciento; en el grupo extremo de mayor edad no alcanza ni uno por ciento (0.6 por ciento). Entre las mujeres, tanto en el conjunto nacional como en las zonas indígenas, el máximo grado de escolaridad se alcanza entre los 22 y los 24 años; la proporción que cursa el nivel superior en el conjunto nacional es 17.6 por ciento, mientras que 3.1 por ciento de las mujeres indígenas apenas logra ese nivel. En la edad extrema, desde los 60 años, las mujeres profesionales de nivel medio o superior representan en el conjunto nacional 1.3 por ciento, mientras que en las zonas indígenas no se encuentra ninguna. Estos datos aunque indican que la situación en términos de años de estudio en hombres y mujeres está mejorando, también ponen de manifiesto que persiste la segregación de género, obviamente en contra de las mujeres; pero aún mayor en perjuicio de los indígenas y particularmente de las indígenas.

Sin duda el grado de escolaridad impacta en las formas de inserción en la actividad económica tanto de hombres como de mujeres. En el caso de los primeros, su participación siempre es elevada porque siguen siendo los principales proveedores de los recursos económicos del hogar. Su participación diferencial por escolaridad no es muy contrastante, los niveles son más bajos entre los que aún están estudiando, pero en general es elevada. En las zonas indígenas la tasa de quienes no cuentan con escolaridad es de 94 por ciento y mucho menor entre los que tienen escolaridad media superior o superior, que es de 77 por ciento. Los rangos en los otros dominios no presentan tal contraste. En las áreas menos urbanizadas, la tasa más elevada es para los que no tienen escolaridad con 82 por ciento y de 78 para los que tienen educación media superior o superior. En el conjunto nacional, el orden de las tasas es inverso: quienes no tienen escolaridad presentan una tasa de 79 por ciento y en el extremo superior la tasa es de 80; esto se puede deber a que los mercados de trabajo en las zonas más urbanizadas son más restrictivos para aquellos que no tienen escolaridad y quienes tienen alta escolaridad pueden trabajar por su cuenta hasta edades más avanzadas.

Entre las mujeres hay un mayor impacto de la escolaridad en la participación económica que las obliga a conciliar su rol doméstico con la actividad económica que desarrollan. La escolaridad más elevada hace que aumente su propensión a ser económicamente activas; es probable que, en este caso, el acceso a empleos mejor remunerados les permita delegar parte del trabajo doméstico.

Parentesco y estado civil

En las zonas indígenas no hay grandes diferencias en la distribución de la población indígena y la que no lo es, por estado civil y parentesco. La jefatura de los hogares es predominantemente masculina, abarca 91 por ciento; su contraparte es de 9 por ciento de los hogares encabezados por una mujer. Sólo 0.4 de hombres declaró ser cónyuge de la jefa de hogar, lo cual indica que sí existe una pareja conyugal y que sólo excepcionalmente se reconoce a la mujer como jefa de hogar; la mayoría de éstas encabezan hogares monoparentales, o sea que no tienen cónyuge. En los hogares con jefatura masculina la proporción de hijos es superior a la de hijas; esto indica que los hombres permanecen más tiempo en la casa paterna, sea porque las mujeres emigran más o al casarse muy jóvenes se van a la casa de los suegros, en tanto que los hijos hombres al casarse, con frecuencia llevan a su cónyuge a la casa paterna. El parentesco en que predominan las mujeres es de cónyuge, los otros parentescos en los que también es superior la presencia femenina es como ascendientes (madres o suegras), descendientes (nietas), hermanas y otros parientes que comprende a las nueras.

En cuanto a la participación en la actividad económica por estado civil se observa que el lugar que guarda la mujer en el hogar influye en su participación. Las mujeres jefas de hogar tienen una participación de 51 por ciento, muy superior a la tasa promedio femenina que es de 37 por ciento, o sea que buena parte de estas mujeres jefas son las responsables económicas de su familia. Las cónyuges y las hijas tienen tasas similares a la del promedio femenino (38 y 36 por ciento, respectivamente).

Por otra parte, seguramente debido a la edad, las madres o suegras —por edad avanzada— y las nietas —por jóvenes— tienen tasas menores al promedio; esto es, las mujeres que se relacionan con el jefe como ascendientes tienen una tasa de participación de 21 por ciento y las nietas de 30 por ciento. El conjunto de las mujeres con otros parentescos tiene una tasa de 35 por ciento que debe incluir tías mayores que a falta de hijos, los sobrinos las acogen en su hogar. Las hermanas y las huéspedes de edades adultas tienen tasas más elevadas que el promedio, lo cual indica que reciben apoyo para tener donde vivir, pero en buena proporción deben colaborar con recursos económicos al presupuesto familiar (53 y 49 por ciento, respectivamente). Este comportamiento por parentesco es coherente con el de las tasas de participación económica por estado civil, las más elevadas corresponden a las de mujeres divorciadas o separadas seguidas de las que viven en unión libre (78, 70 y 44 por ciento, respectivamente). Las mujeres que pueden ser más dependientes presentan tasas un poco más bajas, lo que puede ser porque cuentan con marido, padre o hijos que les alleguen su sustento económico, esto es, las casadas con 35 por ciento, las solteras y las viudas coinciden con 36 por ciento; pero seguramente corresponden con trabajo doméstico para el bienestar del hogar.

Horas trabajadas

Un panorama más preciso del grado de participación de la población al bienestar material se puede obtener a partir del análisis de las horas dedicadas al trabajo, no sólo el tiempo dedicado a las actividades económicas sino también al trabajo doméstico. Este último, hasta épocas muy recientes, se había desdeñado; finalmente, en las recomendaciones de 1993 de las Naciones Unidas para el Sistema de Cuentas Nacionales, se reconoce la necesidad de cuantificar las actividades productivas destinadas al autoconsumo e incluso imputarles un valor económico para entender la dinámica de las poblaciones que fincan su bienestar en gran medida fuera del mercado.

En este caso sólo abordaremos el tiempo dedicado a las diferentes actividades, pero no es posible en este capítulo considerar el valor, lo cual sería importante para futuras investigaciones.

En el cuadro 2 se presentan las horas promedio que en la semana de referencia le dedicaron a las distintas actividades. En igualdad de circunstancias el tiempo que las mujeres le dedican al trabajo doméstico siempre es superior respecto al de los hombres; o sea, si se comparan mujeres con hombres ocupados o mujeres con hombres no ocupados. Esto sucede en zonas urbanas y rurales, así como en zonas indígenas y dentro de ellas en la población definida como indígena. Lo contrario sucede con el trabajo económico, donde los hombres superan a las mujeres, con excepción del trabajo infantil, que en zonas indígenas el femenino llega a superar al masculino.

El trabajo doméstico de las mujeres mayores de 12 años no ocupadas en actividades económicas constituye una jornada semanal completa de más de 38 horas, en el caso de los hombres no ocupados es aproximadamente una hora y cuarto diaria. Por otra parte, los hombres mayores de 12 años ocupados trabajan en promedio más de 43 horas a la semana en actividades económicas, por lo que no les queda mucho tiempo para otras actividades, incluido el trabajo doméstico. Sin embargo, al considerar el tiempo promedio dedicado a todo tipo de trabajo —esto es sumando el trabajo económico y el doméstico— siempre las horas promedio trabajadas por las mujeres supera al de los hombres en más de 10 horas a la semana.

En las zonas indígenas, el número de horas económicas promedio es menor que el promedio nacional, tanto en el conjunto de localidades con más de 100 mil habitantes como en el conjunto menos urbanizado. La diferencia a la semana es de cuatro horas en el caso de los hombres y entre seis y siete horas para las mujeres, lo cual debe ser resultado de la diferente estructura del empleo en las distintas zonas. Las actividades comerciales o de servicios son las que tienen jornadas más largas; por lo tanto, el promedio es superior en aquellas que tienen una mayor concentración en tales actividades, pero en las zonas indígenas son poco representativas. En la sección dedicada a las condiciones de trabajo se retomará el tema de la jornada laboral.

Antes de pasar a considerar los aspectos estructurales de la mano de obra es necesario hacer un comentario sobre el desempleo, porque con frecuencia se mencionan sus índices sin conocer sus limitaciones; no tratarlo parecería una omisión. Cabe señalar que si el análisis de los indicadores de desempleo en el conjunto de la población nacional tiene poco significado, para la población indígena tiene aún menos sentido, dada la pobreza que los agobia y debido a que, en buena medida, sus actividades económicas son desarrolladas al margen de la compra-venta de fuerza de trabajo. De hecho, estudiar el desempleo sólo es útil para determinados sectores de la población que pueden dedicarse exclusivamente a buscar empleo, condición exigida por la definición internacional de desempleo; se trata de personas que tienen recursos para poder sobrevivir algún tiempo sin tener que trabajar, por lo general gracias al apoyo familiar o incluso a sus ahorros.⁶

Para ambos sexos, las tasas de desempleo en el promedio nacional son 2.6 por ciento; para hombres 2.2 y para mujeres 3.4; en las zonas indígenas las tasas son de 0.6, 0.4 y 1.0 por ciento, respectivamente. Sin embargo, estos datos no reflejan los problemas de empleo que tiene la población indígena, por lo que es necesario abordar otros elementos, como son las condiciones de trabajo imperantes, lo cual se verá al final, después de ver en la próxima sección los aspectos estructurales más relevantes.

En términos generales, lo que podemos concluir en esta sección es que en las zonas indígenas la participación de la población masculina es superior a la registrada en el conjunto nacional, en el ámbito de las localidades con más de 100 mil habitantes, así como en el conjunto de localidades menores de ese límite. En el caso de la población femenina sucede algo semejante, a diferencia de que su tasa neta tipificada es muy similar a la de las áreas más urbanizadas. Las diferencias serían mayores si tuvieran la misma composición por edad, porque la emigración de personas de zonas indígenas en las edades de mayor participación afecta negativamente las tasas en su lugar de origen. En las zonas indígenas, la participación de la población en edades extremas es superior; los hombres trabajan desde niños hasta el fin de sus días; las mujeres indígenas también presentan tasas más altas en edades extremas; sin embargo, participan menos en actividades económicas que los hombres debido a sus responsabilidades familiares y a que su contribución al bienestar de la familia es más que compensada a través del trabajo doméstico. El trabajo infantil no es secundario, tanto por el número de horas que trabajan cotidianamente como porque la mayoría trabaja todo el año.

El trabajo en edades tempranas inhibe la asistencia escolar como lo revela el rezago educativo en edades adultas. En la actualidad casi todos los niños asisten a la escuela, pero aún hay quienes no lo hacen y aparentemente su incorporación al sistema educativo es reciente; el rezago entre los adultos no tiene vías para ser superado. En particular, las mujeres desde muy jóvenes se encuentran más imposibilitadas para continuar sus estudios por factores de género que pesan sobre ellas.

Aspectos estructurales

Las cifras sobre actividad económica de una población son un pálido reflejo de lo que en realidad es el esfuerzo individual y colectivo que realiza para poder sobrevivir y de la gran riqueza del quehacer de los seres humanos.

En particular, entre los pueblos indígenas cobran especial importancia aquellas actividades que les permiten mantener su cohesión cultural. Estas actividades adicionales escapan al registro estadístico empleado en las encuestas masivas que utilizan criterios uniformes y definen sólo una actividad como la principal. Bajo esta perspectiva, si no se hace un esfuerzo específico para captar toda la gama de actividades que puede realizar una persona, es común encontrar que la mayoría de los hombres son sólo agricultores y las mujeres, amas de casa; ello no es faltar a la verdad, es muy probable que lo sean, pero adicionalmente realizan otras actividades tanto o más importantes desde el punto de vista económico y social que los roles antes aludidos. Por ejemplo: parteras, ceramistas, músicos, etcétera. Un caso ilustrativo de lo anterior es el pueblo Mixe, donde la música es muy importante en su cultura y a la cual mucha gente le dedica gran cantidad de tiempo y recursos; sin embargo, siempre se registra la agricultura como actividad principal (Nahmad, 1967). Captar toda la gama de actividades requiere otro tipo de enfoque, sea etnográfico o antropológico, no obstante, su carácter cualitativo tiene otras limitaciones como la cobertura. La perspectiva estadística general presenta sólo un panorama global que permite conocer la estructura económica dominante y es la que aquí se presenta.

Cierto es que el espacio natural de trabajo preponderante para la población indígena ha sido por siglos la agricultura. Actividad indudablemente noble pero abandonada por la política económica nacional durante varias décadas, provocando baja rentabilidad al extraerle sus excedentes y limitando así su inversión. Los indígenas han permanecido en la agricultura hasta la actualidad. Incluso, para mantenerse en ella y conservar su identidad, tuvieron que desplazarse a tierras menos codiciadas, evidentemente menos productivas —quizá por ser menos fértiles o con otros problemas, como encontrarse lejos de los centros comerciales hegemónicos—, lo cual ha implicado mayores costos de transporte, producción y comercialización o depender de acaparadores.

En el país, 24 por ciento de la población ocupada se dedica a actividades agropecuarias. En las zonas menos urbanizadas constituye 44 por ciento, incluso para la población masculina en esas áreas es la actividad mayoritaria (52 por ciento). Entre la población ocupada femenina representa una cuarta parte.

En las zonas indígenas dos terceras partes de la población ocupada total se dedican a las actividades agropecuarias: tres de cada cuatro hombres trabajan en las labores del campo; entre las mujeres la proporción es menor, pero casi llega a ser la mitad (47.4 por ciento). En números absolutos estamos hablando de 991 430 trabajadores cuya actividad principal en la semana de referencia en el segundo trimestre de 1997 era la agropecuaria, de los cuales 774 891 eran hombres y 216 539 mujeres.

Cabe precisar que estas cifras se refieren a la actividad que los encuestados consideran como la principal desempeñada en la semana previa a la entrevista. Así, si una persona realizó dos o más actividades —por ejemplo, la venta de algún producto o la producción de alguna artesanía— además de la agricultura, pero no consideró a esta última como la principal, en los resultados no aparece dicha actividad. Además, por la estacionalidad del trabajo agropecuario, es posible que en la semana previa a la entrevista no se realizara ninguna actividad en el campo, sin que eso signifique que tal actividad no sea importante en todo el ciclo productivo. Por estas dos razones se procedió a considerar un periodo de referencia más amplio con el objetivo de captar la actividad agropecuaria (seis meses previos a la entrevista). Los resultados muestran que el volumen de trabajadores agropecuarios se incrementa 14 por ciento para ambos sexos; el aumento es mayor entre las mujeres que entre los hombres (33 por ciento frente a 9 por ciento). En números absolutos se tiene un total de 1 130 107, es decir, 138 677 personas adicionales, conformadas por 68 266 hombres y 70 411 mujeres. O sea que en las estaciones pico de siembra, cosecha y de algunas labores culturales intensivas se incorpora fuerza de trabajo adicional, especialmente femenina, que no se capta cuando se toma como periodo de referencia una semana. Para distinguir a los trabajadores captados con este criterio más amplio en cuanto a temporalidad se les ha denominado "sujetos agropecuarios", si no se hace esta precisión se trata de lo captado con referencia a la semana previa a la entrevista.

A los sujetos agropecuarios se les puede distinguir de acuerdo con la tenencia de la tierra: los que disponen de ella, que se han denominado productores, constituyen 48 por ciento; 52 por ciento lo conforman los trabajadores. 96 por ciento de los productores son hombres. Dentro de los productores se distinguen tres categorías: a) los propietarios, quienes además de tener pequeña propiedad pueden poseer tierras ejidales o comunales; b) los ejidatarios o comuneros, y c) otro grupo que comprende a ocupantes, aparceros, arrendatarios y productores pecuarios sin tierra.

71.4 por ciento corresponde al grupo de ejidatarios y comuneros; 20.3 por ciento al de propietarios y el restante 8.3 se distribuye en las categorías del último grupo.

Entre los trabajadores predominan los familiares no remunerados que alcanzan 87 por ciento y sólo 13 por ciento es de trabajadores pagados, o sea un conjunto compuesto por jornaleros, peones, operarios o empleados.

Entre los productores, únicamente 18 por ciento llega a pagar jornadas de trabajo. De éstos, al año, 34 por ciento contrató 20 jornadas o menos. 4.4 por ciento contrató entre 201 y 300 jornadas, que sería el equivalente a tener un trabajador de tiempo completo durante un año; y sólo 6.4 por ciento contrató 301 jornadas o más. Es decir, en estas zonas el trabajo asalariado que se genera es mínimo; los jornaleros indígenas emigran hacia cultivos comerciales en zonas no indígenas, en algunos casos incluso se identifican grupos étnicos específicos que se especializan en determinados cultivos, como es el caso de los mixtecos con el jitomate en San Quintín, Baja California (Barrón, 1997: 53).

38 por ciento de los productores no contrató mano de obra, trabajó solo. El otro 62 por ciento ocupó trabajadores, de ellos 80 por ciento no percibió salario, 6 por ciento fue pagado con trabajo, esto es, recibió ayuda de vecinos y amigos a cambio de su colaboración posterior, lo que en algunas zonas se denomina "mano vuelta"; 1.3 por ciento recibió como pago producto o dinero y 12.5 por ciento comprendió la combinación de las anteriores.

También, en ocasiones, su precaria economía los obliga a usar materia prima de muy baja calidad, aun cuando la elaboración implique gran cantidad de tiempo de trabajo especializado y artístico; éste es un aspecto que se podría atender a través de apoyos reales de crédito, técnicos, administrativos y de comercialización.

En el empleo nacional el conjunto de las industrias de transformación representa 16 por ciento entre la población masculina y 18 entre la femenina. En las áreas menos urbanizadas las proporciones respectivas son 11 para hombres y entre las mujeres se conserva 18 por ciento. En las zonas indígenas la diferencia se agudiza, ya que entre los hombres sólo es 6 por ciento y entre las mujeres llega a 23 por ciento; no debe olvidarse que el predominio y registro único de la actividad agropecuaria en la población masculina le deja poco espacio a otras actividades. Si se considera al conjunto de personas ocupadas en las industrias de transformación en las zonas indígenas vemos que la proporción de mujeres es 64 por ciento y, por lo tanto, 36 por ciento restante es de hombres.

Al analizar con detalle las actividades de transformación que desempeñan las mujeres, se observa que las de mayor frecuencia son la fabricación de prendas de vestir (35 por ciento) y la fabricación de textiles (24 por ciento), prevaleciendo la utilización del telar de cintura; es decir, la importancia de los textiles, tanto en la elaboración de los materiales básicos como de prendas en las zonas indígenas, significa casi 60 por ciento del empleo manufacturero femenino. El tercer grupo, de acuerdo con su importancia, es la producción de alimentos, con 23 por ciento. No debe olvidarse que en este rubro se considera desde la elaboración de tortillas y pan, hasta actividades como las que realizan los tablajeros o matanceros; no se consideran en éste, actividades clasificadas como servicios, tal es el caso del comercio, la preparación directa de alimentos para el consumidor o aquellas que acompañan el servicio de comida. La fabricación de productos en el ramo de madera, palma y papel ocupa el cuarto lugar con 12 por ciento y, finalmente, la rama que abarca la cerámica es la menos importante en términos relativos (3.4 por ciento de las trabajadoras en transformación). Es probable que esto se deba a un problema del sistema de clasificación —que esta rama quede oculta en otro rubro o haya sido considerada como actividad secundaria después de la agricultura o del trabajo doméstico— o bien al tamaño de la muestra, ya que en algunas zonas como Michoacán y Oaxaca por citar sólo algunos ejemplos, la producción de cerámica en zonas indígenas con estilos propios es muy importante (el barro negro, la cerámica verde con sus hermosas piñas vidriadas, la cerámica de Patamba, etcétera).

El empleo masculino en transformación, además de absorber a un número menor de trabajadores, presenta una composición diferente. Aunque la proporción mayor también se encuentra en la fabricación de prendas de vestir con 29 por ciento, la fabricación de textiles sólo alcanza 8 por ciento; en cambio la fabricación de productos en el ramo de madera, palma y papel absorbe a tantos trabajadores como la fabricación de productos alimenticios (más de 20 por ciento en cada caso). El resto del trabajo manufacturero masculino se divide entre las industrias metálicas, de vidrio, cerámica, cuero y calzado que, en conjunto, suman 21 por ciento, cada una con una proporción cercana a 7 por ciento.

Otras actividades importantes son las del comercio, particularmente al menudeo. Las proporciones son para el ámbito nacional 17 por ciento, 13 para la población masculina y 24 para la femenina. En las zonas indígenas en términos proporcionales tienen menos peso, por la preponderancia de la agricultura; el conjunto de la población ocupada total es 8 por ciento, entre las mujeres llega a 15 y entre los hombres sólo alcanza 5 por ciento. Esto quizá se deba a que parte de su producción es de autoconsumo y para el mercado local o porque la venden en forma directa a los acaparadores. Pero también, muy probablemente, estas cifras no contabilizan a los productores cuando ellos mismos comercializan sus productos, ya que la referencia estadística se refiere sólo a la actividad principal que, como vimos en los párrafos anteriores, es la producción agropecuaria.

Los servicios forman parte de un conjunto heterogéneo. Entre ellos es importante destacar el lugar que ocupa el rubro de servicios calificados como los de salud y los educativos. Estos servicios, en las zonas indígenas, sólo absorben 3.9 por ciento del empleo total, en el caso de los hombres 3.3 y en el de las mujeres 5.3 por ciento. En el conjunto nacional, las proporciones son 8.7 por ciento para ambos sexos; 6 por ciento para hombres y 14 para el empleo femenino. En las áreas menos urbanizadas, las proporciones son 4.5 por ciento para hombres y 10.4 para mujeres. En este rubro es evidente la falta de dotación de estos servicios en general, pero en particular en las zonas indígenas. Esta escasez constituye un aspecto más de su marginación, ya que el acceso a estos servicios tendría un impacto positivo para el bienestar de los pueblos indios.

El servicio doméstico pagado, tanto en el conjunto nacional como en las áreas menos urbanizadas, alcanza 11 por ciento; en las zonas indígenas es 3 por ciento, pero dentro del empleo femenino representa 8 por ciento. Llama la atención esta proporción porque en México esta actividad obedece a condiciones de disparidad en la distribución del ingreso. En las zonas indígenas es importante profundizar sobre este aspecto, porque si bien sabemos que la marginación de la mujer indígena hace ya que esté sobrerepresentada en esta ocupación, que es de las menos reconocidas en nuestra sociedad, en general se ubican en grandes ciudades y no parece lógico pensar que se trata de trabajadoras que se trasladen diariamente a una gran ciudad.

Las otras ramas que tienen representatividad estadística para los hombres son: la construcción, que absorbe 4.2 por ciento del empleo masculino; los servicios de reparación, donde se encuentra 1.9 por ciento, y la administración pública con 1.7 por ciento. Por último, en transportes se encuentra uno por ciento de los hombres ocupados. En todas estas actividades la participación de las mujeres es mínima; sólo en la administración pública alcanza 0.7 por ciento, pero en las otra no llega ni a medio punto porcentual.

Las actividades específicas que realizan los menores se derivan de las unidades económicas familiares. Como veremos más adelante, se concentran en la categoría de familiares no remunerados; por lo tanto, sus actividades se encuentran principalmente en las mismas que sus padres y sus madres, o sea las agropecuarias, de transformación y el comercio; en el caso de las mujeres además se dedican al servicio doméstico.

Ocupación principal

En general, cuando los procesos productivos no tienen una división técnica del trabajo sofisticada, la ocupación específica que desempeña la población económicamente activa depende directamente de la actividad desarrollada, por lo tanto no es raro que la ocupación predominante entre los hombres sea la de agricultores, que constituye tres cuartas partes.

En las ocupaciones restantes se encuentra el 13 por ciento de obreros o artesanos, quienes —además de ejecutar el proceso central, por ejemplo de tejido— realizan todas las actividades que integran su actividad, desde recolectar o seleccionar la materia prima, hasta teñir, pintar, hornear, crear los diseños artísticos, etc. Esto es muy diferente en los procesos modernos de la industria de transformación en los que los trabajadores no sólo se especializan en una parte del proceso de transformación sino en una tarea específica, en muchas ocasiones se reduce a movimientos automáticos, y más recientemente a interpretar diagramas y digitalizar códigos; por otra parte, las empresas industriales subcontratan una gran gama de servicios especializados, como limpieza, diseño industrial, selección de personal, mercadotecnia, etcétera.

4 por ciento son comerciantes y sólo 2 por ciento maestros, proporción similar a la de los trabajadores en servicios personales y domésticos; un poco más baja es la de trabajadores administrativos, 1.7 por ciento. Por último, están los trabajadores no manuales que no forman parte de los grupos anteriores y constituyen 1.4 por ciento.

Entre las mujeres la composición es diferente al tener menos peso la actividad agrícola. De cualquier manera, las agricultoras constituyen el grupo mayoritario con 47.2 por ciento. La siguiente ocupación por su preponderancia es la de obreras o artesanas con 23.5 por ciento, congruente con el peso que tiene su presencia en las actividades de transformación. 13.2 por ciento corresponde a las comerciantes. En servicios personales y domésticos suman 9.5 por ciento. Las maestras absorben 3.8 por ciento del empleo femenino. Las empleadas administrativas suman 1.6 por ciento y otras trabajadoras no manuales representan 1.3 por ciento (véase a Castilla y Torres, Las mujeres en las maquilas yucatecas, en artículos complementarios).

Situación en el trabajo

La tercera clasificación disponible para analizar a la población activa es la situación en el trabajo, la cual indica de alguna manera la organización del trabajo en las unidades productivas. Las categorías en las que se clasifica la población ocupada son: patrones, trabajadores por cuenta propia, miembros de una cooperativa de producción, trabajadores a destajo, asalariados y trabajadores que no reciben remuneración, entre ellos los familiares. Las tres primeras categorías indican que son propietarios de unidades productivas o trabajadores independientes.

Para ser patrones deben contratar al menos a un trabajador, aunque también pueden trabajar con ellos familiares sin remuneración. Los trabajadores por cuenta propia trabajan solos o pueden auxiliarse únicamente de familiares no remunerados. A los cooperativistas los define el régimen de propiedad de la unidad de producción y pueden auxiliarse de familiares o personal contratado. El resto se trata de trabajadores subordinados dependientes de alguna de las tres últimas categorías, entre las cuales están los trabajadores a destajo, los asalariados y los trabajadores no remunerados. La clasificación particular de los sujetos agropecuarios, que comprende a todos los que realizaron algún tipo de trabajo agropecuario en los seis meses previos a la entrevista, está ligada a la tenencia de la tierra, como ya se vio con anterioridad en la sección referida a la rama de actividad. En esta sección el análisis se refiere al trabajo principal de la semana de referencia, o sea la previa a la de la entrevista.

La primera característica sobre situación en el trabajo que cabe destacar entre los trabajadores en las zonas indígenas es la elevada proporción en la categoría de familiares no remunerados, que constituye una tercera parte del total de trabajadores de ambos sexos; entre las mujeres es aún más elevada, su proporción es más de la mitad (53 por ciento), la de los hombres es una cuarta parte. En el promedio nacional la proporción de trabajadores sin pago es 13 por ciento, en las áreas menos urbanizadas llega a 19 por ciento, o sea por debajo de lo encontrado en las zonas indígenas. Las diferencias por sexo están en el mismo sentido que en las zonas indígenas; mayor proporción de no remunerados entre las mujeres, 18 por ciento en el promedio nacional y 27 en las áreas menos urbanizadas.

Con frecuencia se ha argumentado que la propiedad de los medios de producción garantiza el trabajo y en buenas condiciones. Esto conduciría a que los trabajadores de las zonas indígenas se encontraran en una situación ventajosa, ya que 45 por ciento de ellos integran las categorías que indican ser propietarios de medios productivos, o sea el conjunto conformado por patrones, trabajadores por cuenta propia y cooperativistas.

Entre los hombres, más de la mitad son propietarios (540 107 de 1 027 970). No obstante, cabe señalar que la gran mayoría de este grupo está constituido por trabajadores por cuenta propia, con 94.2 por ciento del total de propietarios (508 984); patrones, con 5.8 por ciento (311 223) y cooperativistas que son prácticamente inexistentes.

En el caso de las mujeres la proporción de propietarias es de 28 por ciento; es mayoritario el grupo de trabajadoras subordinadas, ya que suman 72 por ciento. Casi todas las propietarias son trabajadoras por cuenta propia, su proporción alcanza 98 por ciento y sólo 1.2 por ciento son patronas.

De lo anterior se deduce que la mayoría de los trabajadores de las zonas indígenas cuenta básicamente sólo con su fuerza de trabajo, herramientas sencillas y poca tierra. La calidad de la tierra a la que han tenido acceso los pueblos indios ha sido con frecuencia de baja productividad debido a la persecución, despojo y marginación que han sufrido por siglos, y entre los campesinos la mujer está aún más marginada, pues la propiedad de la tierra por muchos años estuvo reservada en forma exclusiva a los hombres. El resultado negativo que todo esto tiene sobre otras condiciones de trabajo se demuestra en la siguiente sección. Mientras tanto, es posible afirmar que más que pensar que la condición de ser propietario denote una situación ventajosa, indica, por su número, la existencia de una gran pulverización de las unidades productivas.

Se observan diferencias en la distribución de los trabajadores según su situación en el trabajo por sectores. Los hombres que tenían como actividad principal la agricultura, la semana previa a la entrevista, son en su mayoría propietarios, con 59 por ciento (sumando a los que se desempeñan por cuenta propia y a los patrones); hay 41 por ciento de trabajadores subordinados y entre las mujeres la concentración en este grupo es aún mayor, constituido por familiares no remuneradas principalmente. Para los varones, la categoría de familiares no remunerados entre los subordinados también es importante, porque los asalariados sólo alcanzan 7 por ciento de los trabajadores agropecuarios. En actividades de transformación las proporciones para hombres son 39 por ciento de propietarios y 56 de subordinados. Entre las mujeres las proporciones se presentan en sentido inverso, predominan las propietarias o las trabajadoras independientes, constituyendo 65 por ciento; con seguridad se trata de mujeres que desarrollan su actividad artesanal en casa, alternándola con los quehaceres domésticos. Del total de trabajadoras ocupadas en actividades de transformación, las subordinadas representan 35 por ciento.

En el comercio no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, ya que los propietarios conforman 44 y 46 por ciento, respectivamente; por lo tanto, los subordinados están alrededor de 55 por ciento.

Los transportes y las reparaciones sólo son significativas para los hombres, entre ellos 41 por ciento es de propietarios y 59 para subordinados; lo que indicaría que en buena medida los transportistas regionales operan su propio vehículo. En reparaciones las proporciones son 47 vs 53 por ciento. En cambio, los servicios domésticos no son significativos para los hombres. Entre las trabajadoras domésticas predominan las trabajadoras subordinadas con 79 por ciento, las otras son trabajadoras por cuenta propia (21 por ciento).

Por último, las actividades que realizan necesariamente de manera subordinada tanto hombres como mujeres, sobre todo como asalariados, son la administración pública y los servicios calificados.

En síntesis, la estructura económica de las zonas indígenas está dominada por la agricultura minifundista, con trabajadores involucrados de forma directa en la producción con una división del trabajo poco sofisticada. La preponderancia de la actividad agropecuaria entre los hombres les deja poco espacio para realizar otras. Entre las mujeres la agricultura también es predominante, pero algo más de la mitad se dedica a otras actividades; las manufacturas seguidas del comercio son las que más destacan. Las manufacturas abarcan 23 por ciento del empleo femenino, una quinta parte del cual comprende a la industria alimenticia tradicional para consumo local e inmediato (tortillerías y panaderías principalmente) con pocas posibilidades de desarrollarse para trascender a mercados de regiones más amplias. Sin embargo, el potencial de la industria de los textiles, el cuero, el vestido y la alfarería son campos en los cuales se pueden adoptar medidas de fomento para la adquisición de insumos de calidad y para que su producción llegue a los mercados nacionales e internacionales, lo cual constituye la base para mejorar sus condiciones de trabajo.

Condiciones de trabajo

En otras secciones de este capítulo se señaló la importancia de abordar las condiciones de trabajo; también se mencionaron las limitaciones de los índices de desempleo que son poco ilustrativos para calificar la situación laboral en una población que debe trabajar bajo cualquier condición para sobrevivir, porque las personas no cuentan con recursos para dedicarse exclusivamente a buscar empleo, como lo exige la definición del desempleo.

Es importante considerar las condiciones de trabajo porque de ellas se derivan de manera fundamental las condiciones de vida de la población, ya que la mayoría sólo cuenta con su trabajo para allegarse los satisfactores básicos para él (o ella) y sus dependientes económicos. Las condiciones de vida son las que determinan primordialmente la dinámica demográfica: de las condiciones precarias depende la propensión a una mortalidad prematura; también motivan la emigración por la búsqueda de mejores oportunidades de empleo y la respuesta compleja de la fecundidad está ligada tanto a fenómenos demográficos básicos como a factores sociales.

Entre las condiciones de trabajo que se pueden estudiar con la información disponible están el tipo de lugar en el que se trabaja y el acceso a prestaciones que, de alguna manera, indican la precariedad o formalidad de los establecimientos o unidades económicas donde se desempeña el trabajo. Por otra parte, se encuentran la jornada laboral y los ingresos obtenidos por el trabajo que si bien están ligados a los dos primeros, también pueden mostrar diferencias entre trabajadores de una misma unidad productiva en función del género, la edad, la capacitación y la pertenencia a determinado grupo étnico, entre otros factores.

Lugar de trabajo

En cuanto al lugar de trabajo, más de 80 por ciento de la población ocupada en las zonas indígenas trabaja en un lugar precario (que comprende la parcela, el propio domicilio, o la calle).⁷ Sólo 10 por ciento labora en establecimientos formales. Si separamos a la población indígena de la no indígena se observa mayor concentración de los indígenas en lugares definidos como precarios.

La población no indígena se distribuye en iguales proporciones entre los precarios y los establecimientos formales, con 40 por ciento en cada una de estas categorías. Cabe recordar que los formales abarcan los espacios de la administración pública y en general aquéllos que proporcionan servicios públicos educativos y de salud. Quienes laboran en un lugar de trabajo de tipo medio abarcan 20 por ciento y comprende tiendas de abarrotes, tiendas de pueblo (que incluso tienen una gama de productos más amplia que las urbanas), talleres, transportistas con vehículo automotor, es decir, aquellos que cuentan con cierto capital para desempeñar su actividad económica. Una vez más se corrobora la mejor situación relativa de los denominados ladinos.

La distribución del conjunto nacional por lugar de trabajo es cercana a la de los no indígenas, aunque con una proporción ligeramente mayor en el promedio nacional con 42.7 por ciento en la categoría de los precarios frente a 39.2 entre los no indígenas; por lo tanto, en las otras categorías las proporciones del promedio nacional son menores. En las zonas más urbanizadas, más de la mitad de los trabajadores laboran en establecimientos grandes o formales, una cuarta parte en precarios y una quinta en los medianos. La población en las zonas menos urbanizadas está en desventaja respecto al conjunto nacional, pero comparativamente con los indígenas tiene una proporción menor en la categoría de precarios, algo por abajo de 60 por ciento, mientras que en las zonas indígenas los trabajadores se concentran en esta categoría con 83 por ciento. Aún en estas zonas, como ya se mencionó, existen diferencias entre los indígenas y los no indígenas, entre los primeros se agudiza su concentración en los locales precarios, alcanzando 87 por ciento, en tanto que en la población no indígena la proporción es de 39 por ciento.

El tipo de lugar de trabajo está relacionado en forma directa con el número de trabajadores que labora en el mismo establecimiento, unidad productiva o institución. Cabe señalar que lo importante es la filiación en el caso de una institución, es decir, se puede tratar de una escuelita con tres maestros, pero pertenecen a una institución de más de 50 trabajadores, o sea la Secretaría de Educación Pública.

Prestaciones

La precariedad de las unidades productivas está directamente ligada a la falta de prestaciones; aunque no es privativo de ellas porque aun en los establecimientos muy formales, incluyendo los del gobierno, se les escamotean las prestaciones básicas a gran número de trabajadores. En las zonas indígenas, 92.7 por ciento de la población ocupada no cuenta con ninguna prestación. El restante 7.2 por ciento de los trabajadores que tiene alguna prestación cuenta con seguridad social combinada con alguna otra como vacaciones pagadas o aguinaldo; al respecto no hay diferencias entre hombres y mujeres. Entre los que sí cuentan con alguna prestación, algo más de 50 por ciento se concentra en la administración pública; le sigue 30 por ciento de trabajadores que se encuentra en el área de servicios públicos, entre los cuales están los maestros y los trabajadores del sector salud; el resto se encuentra en la generación de energía eléctrica y comunicaciones o transportes, por lo que es probable que también sean empleados de gobierno.

Si comparamos la situación entre indígenas y no indígenas de las 10 zonas indígenas encontramos que 94.4 de indígenas no cuenta con prestaciones; mientras que entre la población no indígena la proporción es de 66.2 por ciento.

En el contexto nacional la población que no cuenta con ninguna prestación es del orden de 66.6 por ciento. En el conjunto de localidades de 100 mil y más habitantes la proporción es de 50.9 por ciento, y en las de menos de 100 mil, 80.2 por ciento. La población no indígena que vive en zonas indígenas está en las mismas condiciones que el promedio nacional; es decir, aunque se encuentra en zonas rurales, su situación es mejor que el conjunto de los que viven en las localidades menores a 100 mil habitantes y muy por arriba de los indígenas con quienes comparten las mismas zonas geográficas. Por otra parte, si se considera la totalidad de trabajadores agropecuarios en el conjunto nacional, se encuentra que la proporción de agricultores sin prestación alguna alcanza 95 por ciento. Por lo que, más que una discriminación específica en contra de la población indígena, se trata de una marginación generalizada para la mayoría de los trabajadores del sector agropecuario.

Cabe señalar que aun en el contexto más urbanizado hay un rezago importante en cuanto a la cobertura de seguridad social de la población trabajadora mexicana.

Ingresos

En cuanto a la población ocupada que respondió a la pregunta sobre ingresos obtenidos por su trabajo,⁸ se puede observar —a partir de los ingresos mensuales obtenidos expresados en rangos de salarios mínimos— que en el conjunto nacional 16 por ciento no recibe ingresos y que una quinta parte de la población femenina se encuentra en esta situación. En las áreas menos urbanizadas, donde predomina el sector primario, la proporción de quienes no reciben ingresos es más elevada. Llega a ser de 29 por ciento entre las mujeres y de 24 por ciento entre los hombres. En las zonas indígenas la situación es más dramática, pues más de una tercera parte del total de los ocupados (34 por ciento) no recibe ingresos; entre las mujeres sobrepasa la mitad (53 por ciento), en el caso de los hombres comprende una cuarta parte. Por otro lado, 14 por ciento del conjunto de ambos sexos declara haber recibido pago en especie; entre los hombres 19 por ciento y entre mujeres cerca de 2 por ciento.

Si consideramos la distribución acumulada para conocer las proporciones de quienes están por debajo de los índices de pobreza tenemos que quienes reciben menos de un salario mínimo, incluyendo a los que no perciben ingreso alguno, constituyen 37 por ciento. Como era de esperarse, si se consideran las diferencias entre hombres y mujeres, ellas presentan mayor concentración en esta categoría, llegando a 48 por ciento; sin embargo, los hombres no están en jauja, ya que la proporción de los que reciben menos de un salario mínimo es de 32 por ciento.

Cabe recordar que el salario ya no garantiza la adquisición de la canasta básica de bienes desde hace varios lustros. Estudiosos de la pobreza como Julio Boltvinik han desarrollado en diversos trabajos metodologías sofisticadas para establecer la línea de la pobreza; aquí no es posible replicar alguno de sus métodos, pero sí podemos mencionar que la línea de la pobreza está alrededor de 2.5 salarios mínimos.

Como se ha visto a través de otros indicadores, las zonas indígenas están en desventaja aun entre el conjunto de localidades menos urbanizadas; esto se cumple también con los ingresos obtenidos: 81 por ciento de la población ocupada en zonas indígenas gana un salario mínimo como máximo, esta proporción comprende a 14 puntos porcentuales de quienes imputan su ingreso en términos de ingreso no monetario;⁹ en el caso de los hombres es 79 por ciento y en el de las mujeres llega al 88 por ciento. Al considerar el límite de dos salarios mínimos como el ingreso máximo que obtienen, la proporción llega a 93 por ciento para ambos sexos; los hombres están sólo un punto porcentual por abajo y las mujeres uno por arriba. Es decir, la gran mayoría, nueve de cada 10 trabajadores de las zonas indígenas reciben menos de dos salarios mínimos por lo que viven en condiciones de pobreza.

Jornada de trabajo

Podría pensarse que los bajos ingresos se deben a las jornadas de trabajo reducidas. No obstante, al analizar la distribución de horas trabajadas por rangos, lo primero que se observa es que la proporción de la población que no trabajó en la semana de referencia es alrededor de sólo 3 por ciento en los ámbitos nacionales, en el indígena aún es algo más bajo, no llega a 2 por ciento. Las proporciones de los que trabajan menos de 15 horas en las zonas indígenas (8.8 por ciento) son similares a las de las zonas menos urbanizadas (8.1 por ciento). Las diferencias más significativas se observan en el rango de más de 48 horas, que es menor en las zonas indígenas (25.6 frente a 31.1 por ciento), favoreciendo tanto las proporciones en los rangos de 15 a 34 horas (22.2 por ciento en zona indígena) y de 35 a 48 horas (43.4 por ciento en zona indígena) para compensar la proporción menor en casi 6 puntos porcentuales del rango superior. Con anterioridad se mencionó que la distribución sectorial diferente provoca también que las jornadas sean distintas, cuando hay una proporción elevada de la población en actividades como el comercio y los servicios al público, tales como la preparación de alimentos, las jornadas promedio se elevan; éste no es el caso de las zonas indígenas. En el apartado correspondiente al grado de participación, se analizó el tiempo promedio dedicado al trabajo económico y al trabajo doméstico. Ahí se muestra que la jornada de trabajo diferencial no es la causa principal de los bajos ingresos de los indígenas, como se verá enseguida.

Ingresos por hora

Para profundizar en el estudio de los ingresos obtenidos, otra forma de abordar el tema es a través de índices más sintéticos como es el pago por hora trabajada, que permite verificar o rechazar la hipótesis de que los bajos ingresos se deben a pocas horas de trabajo involucrado. Para simplificar la exposición, pero señalando los contrastes, sólo se comparan las zonas indígenas con las zonas urbanas (cuadro 3); en otros indicadores ya hemos visto que el conjunto nacional siempre está por abajo del urbano y por encima de las zonas menos urbanizadas.

Los indicadores considerados son: el ingreso promedio, la mediana y el pago por hora. En cada caso no se considera la población que no declaró ingresos. El ingreso promedio de una población determinada, también llamada "la media", es la cantidad que resulta al dividir el total de ingresos que recibe el conjunto de todos los ocupados entre el número total de personas ocupadas. La mediana indica el ingreso máximo que alcanza la mitad de la población, es decir, 50 por ciento de la población gana apenas esa cantidad o menos y el otro 50 por ciento gana más de esa cantidad. Esta medida como indicador de tendencia central es de más difícil interpretación que el caso del ingreso promedio, pero es mejor porque pocos casos con ingresos altos elevan el promedio. Sólo cuando la distribución de una variable es simétrica, la media y la mediana coinciden; pero no es el caso de la distribución del ingreso en México, sumamente concentrada en pocos hogares, pues sólo el 10 por ciento de estos absorbe cerca de 40 por ciento del ingreso total, mientras que la gran mayoría de los hogares dispone de un ingreso sumamente bajo. Por lo anterior se presentan ambos indicadores.

Las diferencias entre las zonas urbanas y las rurales no sólo son dramáticas, sino que en las zonas indígenas los contrastes son más agudos. El ingreso promedio es casi una cuarta parte en las zonas indígenas que en las urbanas; las diferencias son mayores si comparamos a la mediana en las zonas urbanas, 7.7 veces superior al de las indígenas (cuadro 3).

Al separar a los trabajadores por sexo, se encuentra que el promedio de 507.56 pesos está compuesto de 600 pesos promedio que ganan los hombres frente a 312 que perciben las mujeres; sus respectivas medianas son 250 pesos para hombres y cero para las mujeres. Tal diferencia no se le puede atribuir al hecho de que las mujeres trabajen menos horas a la semana, porque en el ingreso por hora trabajada también hay ventaja masculina de 3.34 pesos frente a 2.42 que ganan las mujeres. En cuanto a la mediana del ingreso por hora tenemos que al menos la mitad de las mujeres no recibían ingreso alguno y la mitad de los hombres sólo alcanzó un peso con 36 centavos.

Si se considera de manera separada a la población indígena de la que no lo es, se observa aún mayor polarización. Entre los pobres, las más pobres son las mujeres indígenas. El ingreso promedio mensual de los hombres indígenas es de 543 frente a 1 386 de los no indígenas; sus respectivas medianas son 245 y 903 pesos. Los promedios correspondientes para las mujeres son 250 pesos mensuales para las indígenas y 1 015 para las no indígenas; sus medianas son cero y 640 pesos, respectivamente. Las diferencias también se constatan en los ingresos por hora; los hombres indígenas ganan 3.01 pesos por hora y los no indígenas 7.95; sus medianas correspondientes son 1.21 y 4.16. Las mujeres indígenas ganan 2.04 pesos frente a las no indígenas que obtienen 6.94; sus medianas son cero pesos frente a 3.33, respectivamente.

Estos resultados demuestran la condición lacerante en la que viven los indígenas mexicanos, lo más probable es que no sorprenda al lector. No obstante, sirven para refutar a quien osare argumentar que su pobreza se debe a que no trabajan, siendo que lo hacen desde pequeños hasta edades muy avanzadas y por largas jornadas; aunque parezca increíble, aún hay ignorantes que así lo estipulan. Además de los bajos ingresos que reciben, no cuentan con seguridad social o alguna otra prestación, trabajan en microunidades económicas precarias, sin posibilidades de aumentar su productividad o de negociar mejores términos de intercambio comercial si se mantiene el mismo marco jurídico y las políticas económicas que, lejos de considerar las posibilidades de desarrollo de los pueblos indios, los marginan.

Conclusiones y reflexiones finales

La situación negativa del mercado de trabajo y la pobreza en el país no son exclusivas de los pueblos indígenas, aunque sí se exacerban entre ellos y están extendidas a lo largo y ancho del país; las causas son múltiples, algunas compartidas entre los indígenas y los no indígenas, como el ser víctimas del rezago del sector agropecuario, el cual fue sacrificado para financiar el proceso de industrialización y "la modernidad del país".

En las zonas indígenas, la participación de la población masculina es superior a la registrada en el conjunto nacional; en edades extremas también es superior en las zonas indígenas, trabajan desde niños hasta el fin de sus días. La emigración de personas de zonas indígenas en edades adultas afecta negativamente las tasas de participación en su lugar de origen, lo cual es compensado con trabajo infantil.

El trabajo infantil no es secundario, debido al número de horas diarias que laboran los niños y las niñas, y a que la mayoría lo hace todo el año. El trabajo en edades tempranas inhibe la asistencia escolar e hipoteca su futuro, ya que en el mercado laboral siempre estarán en desventaja.

La estructura económica de las zonas indígenas está dominada por la agricultura minifundista, con trabajadores involucrados directamente en la producción con una división del trabajo poco especializada. La preponderancia de la actividad agropecuaria entre los hombres, absorbe tres cuartas partes del total de ocupados, les deja poco tiempo para otras actividades. Entre las mujeres, la agricultura también es predominante, pero algo más de la mitad se dedica a las manufacturas seguidas del comercio; muchas de estas actividades tienen poca posibilidad de desarrollarse para trascender a mercados regionales más amplios. Sin embargo, el potencial de la industria de los textiles, el cuero, el vestido y la alfarería, son campos en los cuales se pueden adoptar medidas de fomento para adquirir insumos de alta calidad, para que su producción llegue a los mercados nacionales e internacionales, lo cual es la base para mejorar sus condiciones de trabajo.

De los elementos comunes para todos los pobres, a los indígenas se les suma la marginación basada en criterios étnicos, en una cultura colonialista dominante. Su resistencia para no perder su identidad ha tenido elevados costos, sin embargo, ha dado frutos. El Estado no logró desaparecerlos; por el contrario, su lucha constante ha fructificado en la necesidad de reconocerlos, de aceptarlos como parte de un Estado heterogéneo. Como lo señala el filósofo Luis Villoro: "a la idea de derecho a la igualdad habría que añadir el derecho a la diferencia", por lo que propone recuperar al indigenismo como sujeto de sus propias reivindicaciones; esto es que las comunidades indígenas sean sujeto de su propia recuperación dentro del Estado mexicano, y añade: "Pero esto no lo pueden hacer solos, hay que ser realistas" (Villoro, 2001: 13-15). Efectivamente, en la actualidad nadie deja de ser afectado por la política económica general, por ello se necesita la colaboración de todos los actores sociales, indígenas y mestizos, sin plantearla como ayuda paternalista, como dádiva, sino como compensación por los despojos sufridos, con una estrategia sustentable.

Los pueblos indígenas son capaces de revertir la espiral que hasta ahora les ha sido adversa y aprovechar sus propias capacidades y ventajas comparativas, internacionalmente reconocidas en cuanto a creatividad artística; además, sus relaciones familiares "ampliadas" pueden sustentar formas de organización de las unidades económicas, con encadenamientos en importantes dividendos económicos, como se ha experimentado en los distritos industriales de Italia en las últimas décadas (Villavicencio y Casalet, 1995: 198-200). Para aprovechar todo ello es necesario que se tomen algunas medidas, como intercambio comercial justo, redes de comercialización que eviten el abuso de los acaparadores, apoyos tecnológicos para mejorar su productividad y la calidad de sus productos, créditos no leoninos para obtener materias primas de calidad y mejorar su infraestructura, asesoría administrativa y organizacional de los procesos productivos y también en los aspectos contables y de mercadotecnia. Asimismo, es necesario que tengan acceso a servicios públicos de calidad, en particular educativos y de salud, así como de transportes. En síntesis, impartición de justicia jurídica y social, respetando su diversidad cultural, que es parte de su patrimonio. Pero todo esto requiere de voluntad política.

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Notas

* Una versión más amplia de este trabajo sumado a los de otros autores será publicado por el Instituto Nacional Indigenista. Institución que coordinó su realización y contó con el apoyo del FNUAP. Para su realización contó con la colaboración de María Teresa Ruiz González y Julio Guadarrama. Se agradecen los comentarios de Catherine Menkes, Reina Corona y Leopoldo Núñez.

¹ Proyecto conjunto del Instituto Nacional Indigenista (INI), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

² La tasa neta es la proporción de personas activas respecto a la población de 12 años y más; los 12 años es la edad mínima que se ha considerado para captar la actividad, aunque más adelante consideraremos también el trabajo infantil.

⁴ Parece contradictoria la diferencia entre la elevada asistencia y la proporción sin escolaridad. Podría pensarse que se registra como asistencia la simple inscripción. Otra posible causa podría atribuirse al Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), que justamente se inició en 1997 dirigido a las zonas más marginadas del país. Sin embargo, es poco probable que las zonas indígenas hayan sido cubiertas por éste, ya que sus normas de operación fueron establecidas para localidades con más de 100 habitantes y hasta un máximo de 5 mil, que contaran con centro de salud y escuela. Habría que evaluar si es esto lo que explica la contradicción encontrada en la información. De cualquier manera, se debe considerar el problema en el levantamiento de otra encuesta similar para finalmente tener un mejor diagnóstico.

⁵ Los cuadros publicados tienen una clasificación muy agregada, por fortuna la información se captó de manera más detallada, por ello es factible analizar el parentesco de manera más fina a partir de la base de datos, aunque también tiene limitaciones al no distinguir entre relación consanguínea y política, por ejemplo en el caso de los ascendientes, entre padres o suegros.

⁶ La definición de desempleo abierto está diseñada para países que cuentan con seguro de desempleo, que evidentemente no es el caso de México. La definición exige que se cumplan tres condiciones para considerar a una persona desempleada: estar disponible para iniciar un trabajo, estar buscando empleo y no haber estado ocupada en ningún tipo de actividad económica en el periodo de referencia; es claro que esta última condición no la puede cumplir la población que vive al día. Por otra parte, el buscar trabajo también tiene un referente que no corresponde con algunos mercados de trabajo, en específico algunos rurales; la situación de los que declaran que van a iniciar un trabajo es similar, por ello en las zonas indígenas también es un grupo poco significativo. En síntesis, las condiciones de trabajo que aquí se analizan consideran sólo a los efectivamente ocupados en el periodo de referencia.

⁷ El lugar de trabajo se capta en la encuesta en 21 rubros, aquí se usó la siguiente agrupación en tres categorías, los números corresponden a los del cuestionario: Precario: incluye las siguientes categorías: 1) en terrenos de cultivo, lancha, bordo, pozas, etc.; 2) ambulante de casa en casa o en la calle; 3) en vehículo: bicicleta, triciclo, auto, etc.; excepto servicio de transporte; 4) puesto improvisado en la vía pública o en tianguis; 5) en su propio domicilio; 6) en el domicilio del patrón o de sus clientes; 8) puesto semifijo en la vía pública o en tianguis; 9) otro caso que no cuente con local. Medio: 7) en vehículo para transporte de personas o mercancías: taxi, pesero, camión, etcétera (sólo una unidad); 10) puesto fijo en vía pública; 11) local comercial: tienda de abarrotes, ferretería, zapatería, expendio de pan, etc.; 12) taller de producción: tortillería, panadería, imprenta, carpintería, etc; 13) taller de servicio de reparación: mecánico, eléctrico, electrónico, etc.; 14) local de servicios: restaurante, fonda, casa de huéspedes, bar, etc. Que no son parte de una cadena; establecimiento formal: 15) local de servicios: profesionales, técnicos especializados, personales, educativos, asistenciales, etc.; 16) establecimientos de medianas y grandes dimensiones de producción, construcción y extracción: fábricas, minas, pozos petroleros, etc.; 17) establecimientos de medianas y grandes dimensiones comerciales, financieros, transportes, salud, duración y otros servicios: supermercados, bancos, líneas de autobuses, clínicas, escuelas, hoteles, etc.; 18) establecimientos de medianas y grandes dimensiones agropecuarios y pesqueros; 19) oficinas y dependencias administrativas de los gobiernos federal, estatal o municipal; otro: 20) trabaja en Estados Unidos, y 21) otro.

⁸ La interpretación de los resultados no se ve afectada por la no respuesta, ya que está por abajo de 3 por ciento; de existir sesgos, se sabe que se cargarían hacia los altos ingresos que siempre son los menos precisos.

⁹ En la nota al cuadro 3.1.23 de la publicación de la ENEZI se señala que el rubro no reporta ingresos; incluye a la población ocupada que recibe únicamente ingresos no monetarios, entre paréntesis aparece autoconsumo. Esta cifra es algo menor a la del cuadro 3.1.22 de la encuesta, que se refiere a formas de pago, en el rubro "la familia consume de lo que produce". Es probable que la diferencia se refiera a la combinación de formas de pago, por lo tanto, es aceptable que se trate de autoconsumo lo referido en el cuadro 3.2.23. Esto es distinto al pago en especie y la imputación que se puede hacer. Con frecuencia hay confusiones conceptuales, el pago en especie es cuando a cambio de trabajo se recibe algún producto que se puede comercializar, es el caso de los medieros. Cuando se dice que el trabajador es no remunerado quiere decir que no recibe un pago ni en dinero ni en especie, puede recibir hospedaje, comida, ropa, etcétera, en fin, bienes para su propio uso, no transferibles, no comercializables. La producción para autoconsumo se trata de producción que se podría comercializar pero se usa para el consumo propio, el de la familia o de la unidad productiva, a ésta se le puede imputar el valor que tendría si se vendiera. Dadas las escalas económicas de las zonas indígenas que se han evidenciado con los otros indicadores creemos que no se distorsiona la realidad si se le imputa a lo estipulado como autoconsumo en el rango de menos de un salario mínimo.

Información sobre la autora

Mercedes Pedrero Nieto. Actuaria por la Universidad Nacional Autónoma de México; Maestra en Demografía por El Colegio de México y Doctora por la Universidad de Pennsylvania. Fue coordinadora de la Encuesta Nacional de Empleo en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de 1978 a 1988; ha impartido docencia en distintas instituciones nacionales y extranjeras; ha sido consultora de diversas agencias de Naciones Unidas en diferentes países y recibió el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias sociales en 1998. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores; actualmente es investigadora y responsable del programa de posgrado del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM). Sus temas de investigación están enfocados a la demografía, particularmente a distintos aspectos de la mano de obra. Sus más recientes publicaciones son "La clasificación de la situación en el trabajo y los estudios de mercados de trabajo: el caso de los trabajadores a domicilio", en Demografía y Desarrollo Urbano, El Colegio de México, México, 2000; México, Study Case of Informality, Organización Internacional del Trabajo, diciembre 2001. Correo electrónico: pedrero@servidor.unam.mx