La escuela en el centro de la transformación social: una propuesta desde las políticas públicas

The school in the middle of social transformation: a proposal from public politics

Alicia Civera-Cerecedo

Pichardo Pagaza, Ignacio (2011), El Camino de México. Una revolución por la educación y los valores, México: Miguel Ángel Porrúa, LXI Legislatura Cámara de Diputados, 131 pp. ISBN: 978-607-401-512-6.

El Colegio Mexiquense, A.C. /acivera@cmq.edu.mx

En el prólogo de El Camino de México. Una revolución por la educación y los valores, Ignacio Pichardo Pagaza dice que este ensayo tiene su origen en la preocupación acerca del futuro de México frente a los efectos de la crisis financiera, la violencia, la inseguridad, la corrupción y la falta de cohesión social.

Ante este desolado panorama, propone transitar por senderos diferentes que han probado su eficacia en otros países y divide su ensayo en dos partes: en la primera, argumenta por qué frente a las múltiples necesidades que tiene el país, se deben enfocar los esfuerzos hacia la educación, que es fundamental y beneficiaría en la resolución de otros importantes problemas, pues, argumenta, al realizar todas las reformas necesarias a la vez, sin priorizar ninguna, el esfuerzo resulta agobiante y los resultados seguramente serían insuficientes.

En la segunda parte explica cómo es deseable y posible efectuar una revolución educativa en el momento actual. Así, el libro es un diagnóstico y propuesta de reforma educativa desde la óptica de las políticas públicas. A continuación comentaré cada una de ellas.

La primera parte:

Si bien el Estado no puede dejar de lado la atención de la seguridad de los ciudadanos, la salud, el crecimiento económico alto y sostenible, y por lo tanto, la generación de empleos (todas estas tareas forman parte de las finalidades del Estado), éste y la sociedad, nos dice el maestro Ignacio Pichardo, deben concentrar sus esfuerzos en la generación de una "educación de alta calidad, con cultura y con valores que alienten la cohesión social"(p. 15), ya que "los males que aquejan al país encuentran su explicación en que la inmensa mayoría de los mexicanos posee una pobre, inadecuada, insuficiente e incompleta educación y formación" (p. 15).

Yendo de la mano de Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, Felipe González, ex presidente de España, y Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998, el primer planteamiento del ensayo es que es posible que los países subdesarrollados lleguen a ser desarrollados, y la condición para ello es tener una población con educación de calidad, como ha sucedido en varios países, entre los cuales se cita los casos recientes de China, India y Brasil (p. 29).

Posteriormente, el autor examina el diagnóstico hecho a diferentes esferas importantes en la vida del país. La democracia en México requiere de una reforma política para que el sistema sea más parlamentario y nos acerquemos al ideal del Estado de derecho. Desde su perspectiva, el problema no es que haya una legislación insuficiente o las debilidades de la estructura institucional, sino la falta de una sólida formación en valores éticos, cívicos y de convivencia solidaria, en la filosofía del interés general y el sentido de la "otredad", que posibilite la obediencia a la ley y la aplicación de la sanción, ambas como partes de un consenso social (pp. 31-32).

Asimismo, una reforma fiscal sería relevante para fraguar la debilidad recaudatoria. Sin embargo, ésta tiene al factor humano como fundamento. El autor plantea que es necesario crear, mediante la educación, la conciencia entre los causantes y los recaudadores de lo que representa para el bienestar colectivo el pago de los tributos (p. 35); sin esta conciencia no podrá combatirse la corrupción, ni lograrse tampoco una eficacia, eficiencia, austeridad, transparencia y rendición de cuentas tanto en el proceso recaudatorio como en el ejercicio de los gastos (p. 37). Al igual que en estos ámbitos, en otros, como la seguridad, la administración e impartición de justicia, la salud, los servicios públicos, etc., requieren de un "rescate institucional", como ha planteado Diego Valadés, para desempeñarse con eficiencia, eficacia y libres de corrupción (p. 41). Pero para ello, y para elevar el índice de productividad, dice Pichardo Pagaza, es necesaria la capacitación y formación de las personas, respecto a la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, las aptitudes, las habilidades, las destrezas, las actitudes y la conducta, o sea los "valores en acción", en palabras de Demetrio Argyriades (p. 43).

La violencia y la delincuencia organizada no pueden contrarrestarse sólo con la educación, pero es una condición sine qua non para conseguirlo (p. 46). En cambio, en el caso de la pobreza, el autor es más contundente: "La educación es el principal factor de desarrollo y movilidad social", como lo han mostrado los casos de Corea del Sur, Israel, Chile, India y China (p. 51). Por último, el autor plantea que se han debilitado los rasgos de la identidad nacional por la inseguridad física y patrimonial, el desaliento generado por el desempeño poco eficaz del sistema democrático, el funcionamiento informal de la mitad de la población económicamente activa, la impunidad, la corrupción, etc. Todos estos factores unidos dan por resultado "la corrosión del capital social y las fracturas en la cohesión de la colectividad; se debilitan las instituciones y se deterioran las relaciones entre los ciudadanos". Estos son rasgos negativos que se han formado en el corpus social y su corrección es compleja; pero una fórmula primaria sine qua non es la formación de los niños y jóvenes mexicanos en los valores éticos, cívicos, profesionales y sociales en todos los niveles de la enseñanza (p. 53).

Más adelante, el autor destaca cómo desde diferentes ámbitos se ha colocado a la educación como un eje vital para el desarrollo del país: desde la economía, la filosofía, el periodismo, la administración universitaria, los empresarios, la Presidencia de la República, el proyecto de Enrique Peña Nieto y otros, aunque ninguno de ellos ponderando el peso decisivo que tiene la educación en el futuro del país.

Yo estoy de acuerdo en que el acceso a una educación de calidad es imprescindible para el desarrollo del país, incluso por encima de las reformas en otras esferas, y que debemos aprender de la experiencia en otros países. Sin embargo, es necesario ser cautelosos a la hora de extrapolar otros modelos. La idea de que la educación es esencial para el mejoramiento de la vida de los hombres alimentó la creación de los sistemas educativos y su desarrollo desde hace siglos, y sobre todo desde la formación de las naciones independientes y su intención de formar una ciudadanía capaz de sacar adelante el proyecto democrático.

Incluso por ello en muchos países se atribuyó la calidad legal de ciudadano sólo a quienes supieran leer y escribir. No obstante, el poder de la educación de generar desarrollo económico, movilidad social, una ciudadanía consciente y activa, que dé por resultado el combate a la impunidad, la corrupción, la violencia, todos estos fines que deseamos, depende de cómo se integra a otras esferas de la vida social.

Antes de suponer que los esfuerzos de otros países serán exitosos en el nuestro, habría que analizar, por un lado, los cambios económicos y políticos que acompañaron al impulso educativo, y la forma como éstos se relacionaron con el tipo de formación propiciada por sus sistemas educativos; y por el otro, las similitudes y distancias de nuestra propia situación con las de aquellos países.

Muchas de las reformas educativas desde finales del siglo XX se han centrado en la capacitación tecnológica, relegando aspectos filosóficos y humanísticos que resultan centrales en la formación de valores, como los que señala Pichardo Pagaza como necesarios. Son reformas más efectivas en la generación de crecimiento económico que en la generación de cohesión social, por un lado, y participación democrática, por el otro. Además, las reformas educativas suelen ser más exitosas cuando se insertan en procesos de reforma política o económica, que si se experimentan en forma aislada.

Sin embargo, el círculo vicioso entre pobreza y falta de educación es persistente tanto en lo micro como en lo macro. Por ello, procurar una educación de calidad es imprescindible para el desarrollo del país, y sobre todo, es un derecho de todas las personas que no se puede postergar. Comparto la importancia que le da el autor a la educación y entenderla no sólo como capacitación para el trabajo, sino en un sentido ético y cívico mucho más amplio.

En la segunda parte del libro, el autor reseña los principales avances y problemas que ha tenido el desarrollo del sistema educativo en México, y concluye que este es el momento indicado para una revolución educativa. Por un lado, se tiene a favor el contar con un importante cúmulo de información en materia educativa, un creciente campo de investigación educativa y una masa crítica de expertos en las diferentes facetas que intervienen en el sistema educativo: la investigación, la planeación, el diseño, la implementación y la evaluación, aunque existe muy poco avance en el involucramiento de los padres de familia y de la sociedad organizada en la operación concreta y cotidiana de las escuelas.

El sistema educativo es muy complejo al involucrar a muchos actores y burocracias distintas, y cualquier cambio en él tiene repercusiones políticas y sociales. No obstante, el gobierno federal, los estatales y el SNTE han logrado establecer diálogos, negociaciones y puntos de acuerdo todos los años para el establecimiento de las condiciones de trabajo; el consenso se ha logrado también en los grandes hitos del desarrollo educativo nacional, como el Plan de Once años, el Acuerdo para la Descentralización Educativa, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y otros hasta los más recientes, como los acuerdos para someter a los maestros a concurso nacional para la asignación de plazas docentes, la reforma a la Carrera del Programa de Carrera Magisterial y el Acuerdo de Evaluación Universal de Docentes (pp. 94-95).

El SNTE tiene entre un millón y millón y medio de afiliados, pero su fuerza, nos dice el autor, no corresponde al número de agremiados que representa al 1% de la población total, sino que es mayor, por el contacto permanente de los maestros con la niñez y la juventud, y su relación con los padres de familia, por la organización corporativa vertical y monolítica del sindicato por la cual los dirigentes de cada sección mantienen el control sobre el desarrollo profesional de los maestros en lo individual, dando origen a una disciplina rígida de los agremiados. "Este obediente ejército con un grado de preparación superior al promedio de la población, representa una potencia política de primer orden", de la cual se ha servido la dirigencia sindical (pp. 97-98).

Pese a la descentralización del sistema educativo, sigue existiendo un alto grado de centralización sindical; por eso la parte más importante de las negociaciones salariales y de prestaciones se decide centralmente, y la centralización es aún mayor en relación con las políticas públicas pedagógicas y educativas. "La presidencia vitalicia del Sindicato tiene la última palabra sobre la aprobación, modificación o rechazo de las propuestas de las autoridades" (p. 98).

En otros momentos, la centralización, el autoritarismo y la verticalidad del sindicato han sido negativos para el sistema educativo, pero no en el momento actual, dice Ignacio Pichardo Pagaza; representan una ventaja para la implementación de cambios profundos y de gran alcance como los que requiere el sistema, además de la ventaja de que el sindicato no está afiliado a ningún partido político nacional de manera corporativa (p. 99).

Posteriormente, el autor habla de algunos de los problemas del sistema educativo a raíz de los resultados de las evaluaciones como Pisa y Enlace, y señala las reformas propuestas por Enrique Peña Nieto y extractos de discursos del actual presidente Felipe Calderón, para culminar con una propuesta de reforma educativa que marca 11 puntos de inflexión, sobre algunos de los cuales ya se ha trabajado en los últimos años, pero que es necesario ahora impulsar su ejecución.

No puedo hablar de cada punto, sólo mencionar que se propone atención especial a grupos vulnerables, la cobertura total en todos los segmentos del sistema educativo, calidad y pertinencia, obligatoriedad desde preescolar hasta media superior, diagnóstico y revisión de las normales, de los procesos de selección y desarrollo profesional de los docentes, revisión de los mecanismos de designación de directores y supervisores y evaluación de resultados, evaluación de la eficacia y eficiencia del uso de los recursos y aumento de recursos en infraestructura, materiales didácticos, hardware y software, revisión del currículo en todos los segmentos incorporando materiales avanzados y valores cívicos, de responsabilidad, de honestidad, de ética, de moral pública, de combate a la corrupción, etc. e impulsando el aprendizaje de lenguas extranjeras, construcción y renovación de infraestructura, evaluación de resultados, rendición de cuentas, fortalecimiento de la estructura organizativa y de coordinación entre segmentos, entre el gobierno federal y los estatales, y análisis de las funciones de autoridad que corresponden al Estado y que son ejercidas por el SNTE, mejoramiento de las relaciones con el SNTE a todos los niveles, fomento intensivo de la participación de los padres de familia en las instalaciones y evaluación de los resultados de la actuación de los docentes y del director de los planteles, y fomento de las organizaciones de la sociedad civil en la evaluación del desempeño general del sistema educativo nacional.

Algunos expertos, dice el autor, señalan que es necesario incluir también la prevención de la violencia, la no discriminación, la igualdad entre los géneros, la educación en la multiculturalidad y otros asuntos (pp. 116-119). Finalmente, Pichardo Pagaza recuerda que en los señalamientos de la OCDE se recomienda poner el proceso de aprendizaje en el salón de clase, y la escuela en el centro de la reforma educativa, y —pensando en él— en la preparación del profesor que lo guía.

Después de la Revolución de 1910 se dio una gran importancia a la educación para transformar las mentes, y con ello, las estructuras económica y política del país. A lo largo de los años se fue propiciando el crecimiento y fortalecimiento de un sistema educativo centralizado y vertical, donde el gobierno federal pudiera establecer los contenidos y prácticas deseables para la modernización del país. A nadie escapaba la fuerza política de la generación de un ejército de maestros diseminados por todo el país, con relaciones estrechas con los niños, los jóvenes y los padres de familia. El magisterio, como dirían algunos profesores de los años treinta, se erigió en una profesión de Estado, y no en una profesión libre como todas las demás. La organización gremial del magisterio en un único sindicato organizado centralmente no sólo facilitaba la puesta en marcha del proyecto educativo gubernamental, sino el control político de los maestros, y a través de ellos, de sus redes sociales. La participación de los padres de familia y otros sectores sociales en la vida escolar se limitó a su constante respaldo económico, pero nada más. La vida escolar no se decidía ni se decide en los espacios escolares, sino en las negociaciones centralizadas entre las autoridades educativas y el SNTE.

Esto fue convirtiendo al sistema educativo en una estructura pesada que no daba espacio a la innovación y a la creatividad. Por el contrario, es cierto que se cuenta con una masa crítica de actores bien preparados en todas las fases del sistema educativo, pero son actores con pocos márgenes de acción. En efecto, ha existido a lo largo de los años acuerdos entre las autoridades educativas y el sindicato, pero éstos han estado lejos de ser los óptimos y de ser oportunos, impidiendo la realización de reformas de manera más integral y expedita. Recuérdese, por ejemplo, lo lento y difícil que fue el camino de la descentralización educativa, que primero tuvo que ser desconcentración y luego modernización, o la implementación de reformas curriculares sin coordinación entre uno y otro sector educativo.

Son acuerdos que han beneficiado políticamente a las autoridades en turno y a la cúpula sindical, pero no necesariamente al magisterio, al que constantemente se le ha colocado en falta frente a las necesidades pedagógicas del país, y definitivamente, no en beneficio del trabajo en el salón de clases y la formación de los niños y los jóvenes, como han mostrado las crecientes evaluaciones.

Muchos de los objetivos de la ambiciosa propuesta de revolución educativa que plantea el autor, que por cierto, se comparten con las políticas impulsadas en los últimos años y con las propuestas por la OCDE, difícilmente serían criticables, aunque habría que cuidarse, por ejemplo, de una excesiva fe en los instrumentos de la era digital, en los procesos de evaluación y estandarización de contenidos y prácticas, y, sobre todo, de una formación cívica que se limitara a la simple obediencia de las reglas sociales establecidas. Desde mi perspectiva, en la escuela desde luego debe haber un lugar importante para la prevención de la violencia, la no discriminación, la igualdad entre los géneros, la educación multicultural, el cuidado del medio ambiente y el respeto a la diversidad en general, aspectos que no siempre van de la mano de la estandarización y centralización de los programas y evaluaciones. La educación cívica incluye el aprendizaje de prácticas que procuren la cohesión social no sólo entre los mexicanos por el amor a la patria, sino de la población mundial en su conjunto y en su rica diversidad.

Pero lo que más me interesa plantear es que muchos de estos puntos de inflexión que podríamos compartir diversos actores sociales son imposibles de realizar sin la despolitización que rodea y amarra el trabajo en el salón de clases. Aquí, al contrario de lo que se plantea para otros ámbitos sociales en la primera parte del libro, lo que posibilitaría que el sistema cobrara dinamismo y capacidad de renovarse y ser creativo frente a las cambiantes o persistentes necesidades del país, sería que los sujetos que actúan en él se coloquen en su justa dimensión para actuar con mayor libertad, pero mayor responsabilidad también. Ello no puede lograrse si la lideresa vitalicia del sindicato es quien tiene la última palabra en los aspectos pedagógicos y técnicos del sistema educativo. Ignacio Pichardo coloca este punto como uno más dentro de la reforma educativa. Para mí, es condición sine qua non para poder realizarla. No se trata, como el mismo autor remarca, de echarle la culpa de todo al sindicato, porque las cosas no son tan simples.

Realizar la reforma implicaría, en efecto, un pacto nacional, en el que los actores puedan estar de acuerdo en ceder en parte de sus intereses gracias al bien común. Los maestros difícilmente podrán enseñar prácticas cívicas, éticas, democráticas, si viven en un sindicato vertical y autoritario. Difícilmente enseñarán a los niños y los jóvenes valores de superación profesional, si ellos son calificados según su fidelidad política y no sus capacidades profesionales. Difícilmente podrán enseñar a los niños el respeto a los demás si su profesión es sistemáticamente devaluada. Porque los valores, las actitudes, las aptitudes, las capacidades, no se aprenden sólo por transmisión verbal en un salón de clases, sino en la congruencia entre los actos y las palabras dentro y fuera del edificio escolar.

Los acuerdos no deben darse para repartirse cuotas de poder, sino para fortalecer el sistema educativo, que éste atienda, retenga y prepare con calidad a los niños y jóvenes y adultos también, en experiencias de aprendizaje que los haga crecer de manera integral como personas y como partícipes de una colectividad. A eso habría que encaminar el pacto social, un pacto que beneficiaría a todos.

Notas:

Información sobre el autor

Alicia Civera Cerecedo. Doctora en Investigación Educativa por el DIE, CINVESTAV-IPN. Investigadora de El Colegio Mexiquense, vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Líneas de investigación: Historia de la educación en México, siglo XX (historia regional de la educación, educación rural, formación de profesores, magisterio, educación y género, educación y ciudadanía, política educativa y prácticas educativas) y Educación rural en Iberoamérica. Publicaciones recientes: con Juan Alfonseca y Carlos Escalante (coords.), Campesinos y escolares: la construcción de la escuela en el campo latinoamericano (siglos XIX y XX), México, El Colegio Mexiquense-Miguel Angel Porrúa (2011); "Alcances y retos de la historiografía sobre la escuela de los campos en América Latina (siglos XIX y XX)", en Cuadernos de Historia, núm. 34, Universidad Católica de Chile (2011); "Exile as a means for the meeting and construction of pedagogies: The exiled Spanish Republican teachers in Mexico in 1939", en Paedagogica Historica, vol. XLVII, núm. 2 (2011).