La democracia en América Latina y El Caribe se ha fortalecido de manera importante desde la última década del siglo XX, convirtiéndose en uno de los logros más significativos de la región. Hoy, las tareas pendientes se han orientado hacia la consolidación y profundización de las incipientes democracias. En contraste con décadas anteriores caracterizadas por un alto perfil de autoritarismo e inestabilidad política, en la actualidad casi la totalidad de los países del hemisferio tienen gobiernos elegidos. Sin embargo, se ha hecho evidente que por la debilidad de muchas de las democracias durante estos últimos años, no ha sido posible avanzar en la modernización de las economías y las sociedades latinoamericanas.

Con la caída de las dictaduras han nacido infinidad de organizaciones cuyo propósito de reivindicación se sitúa en diversos planos que proponen renovar las conceptualizaciones en torno al surgimiento de problemas cuya expresión se manifiesta en el descrédito y desconfianza hacia la institucionalidad democrática.

En la actual coyuntura, muchos de los movimientos sociales se presentan como actores políticos quienes, al desafiar a la democracia representativa, se muestran como la verdadera oportunidad para consolidar la democracia en nuestros países. Algunos otros reflexionan sobre la relación que hoy día la sociedad organizada debe tener con los partidos y el gobierno; de tal suerte que el desafío que enfrentan los gobiernos latinoamericanos es la integración de dichos movimientos a la agenda gubernamental, sobre todo, porque el descontento social manifestado por dichos movimientos tiene una relación directa con la incapacidad e ineficacia de los gobernantes para satisfacer sus demandas vinculadas con el desempleo, la caída de salarios, servicios, vivienda, educación, seguridad, autoexpresión, sentimiento de pertenencia a la comunidad, sobre todo de grupos indígenas y, las mejoras en la calidad de vida.

Si bien, la coyuntura política de los últimos años representa una gran oportunidad para fortalecer la gobernabilidad democrática en la región, esta se mantiene amenazada fundamentalmente porque algunas conquistas de la democracia han llegado a revertirse debido a procesos políticos que retrasan el tránsito hacia una mayor representatividad, responsabilidad pública y transparencia en el ámbito de las instituciones públicas. Retraso debido a que son ellas quienes cuentan con la capacidad para responder con eficacia a las aspiraciones de la población de lograr estabilidad económica, mayor igualdad de oportunidades, probidad y seguridad, sin embargo, no lo han logrado a plenitud.

Resulta claro que el déficit democrático de la región tiene sus orígenes en la incapacidad de la mayoría de los Estados latinoamericanos para establecer instituciones preparadas para el manejo de conflictos sociales que logren respaldo y apoyo permanente por parte de la ciudadanía, los grupos de poder y los actores políticos tradicionales.

La debilidad de las instituciones pone en entredicho los derechos y las libertades y, por ello, resurge la amenaza latente de la personificación de la política mediante la aparición de caudillos como un fenómeno que germina ante la crisis institucional de los partidos políticos y los procesos de representación. En consecuencia, la sociedad inicia un proceso de desarticulación que termina desafiando las débiles instituciones democráticas, depreciando el orden legal a favor de la formación de partidos y/o movimientos que respaldan liderazgos providenciales que ofrecen, de una vez y para siempre, acabar con los problemas que aquejan a la sociedad.

En este contexto, los artículos que se ofrecen en el presente número de Política y Cultura son una muestra de los desafíos que enfrentan los gobiernos latinoamericanos en referencia a la acción social. Recuperar la confianza de los ciudadanos es el reto que enfrentan las instituciones representativas como una oportunidad para consolidar los avances democráticos en la región.

COMITÉ EDITORIAL