Estado y subjetividades rurales. Etnografía de sus efectos espaciales

The State and Rural Subjectivities. Ethnography of their Spatial Effects

Francisco Javier Gómez Carpinteiro*

* Doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán. Profesor Investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Calle 2 Oriente 410 Col. Centro Histórico Puebla, México Tel. (22) 229 5500, E–mail: panchog39@hotmail.com

Resumen

En este artículo se estudian los efectos espaciales y la creación de sujetos sociales en la formación histórica de un Estado posrevolucionario. Bajo una propuesta etnográfica, se pondera la importancia de la sociología y la historia para la comprensión actual de las maneras en que se experimentan y enfrentan las políticas neoliberales en el campo. La exposición se ilustra con el caso del suroeste de Puebla, México, zona donde los campesinos se han visto inmersos en procesos complejos de modernización y regulación.

Palabras clave: desarrollo, hegemonía, gubernamentalidad, verticalidad, abarcamiento, neoliberalismo.

Abstract

The article deals with spatial effects and the creation of social subjects in the historical formation of the postrevolutionary State. From an ethnographic perspective, it discusses the importance of sociology and history for understanding the ways that neoliberal policies are currently understood and contested in rural areas. The exposition is illustrated through a case from southwest Puebla, Mexico, in which peasants have become themselves immersed in complex processes of modernization and regulation.

Key words: development, hegemony, governmentality, verticality, encompassment, neoliberalism.

El objetivo de este artículo es analizar los procesos relativos a la construcción espacial e histórica del Estado posrevolucionario mexicano; el interés consiste en establecer cuáles son las relaciones entre políticas estatales y la formación de sujetos sociales. Aquí se plantea la necesidad de reconstruir la génesis y los significados —a veces variados y contradictorios— del "desarrollo" para la comprensión del presente neoliberal, cuyas novedosas formas de gubernamentalidad (Foucault, 1999) operan sobre la base de complejas historias y sociedades regionales. A manera de ilustración, se ha tomado el caso del suroeste de Puebla, México, ámbito geográfico donde es factible apreciar un conjunto de políticas provenientes del Estado y otros actores que tenían como finalidad moldear personas y regular sus ideas y acciones, así como los antagonismos surgidos de los procesos impulsados verticalmente desde arriba. Esta exposición se basa en la observación de campo y el trabajo en archivo. La investigación en la zona cubrió diversos periodos entre 1999 y 2004. En esas estancias, se entrevistó y conversó con campesinos —ejidatarios y pequeños propietarios—, autoridades locales y diferentes moradores que, desde diversas posiciones, han mantenido relaciones entre sí, con el Estado y con los poderes sociales regionales. El trabajo de archivo implicó la consulta de varias fuentes (Archivo Histórico del Agua, Archivo General de la Nación y Archivo del Registro Agrario Nacional). Se trató de resaltar las posibilidades analíticas de la etnografía para comprender nociones abstractas como desarrollo a partir de dimensiones más históricas y sociológicas. En esta propuesta, la etnografía no connota, conforme a definiciones dominantes, la simple descripción de un lugar y su gente ni la búsqueda del ethos o los significados más trascendentes de una cultura. En el presente trabajo, la etnografía posibilita indagar las consecuencias y la materialidad de la construcción de poderes sociales en espacios y subjetividades.

Este artículo comienza con la identificación general de las políticas de desarrollo del Estado mexicano, para después esbozar un marco analítico que vuelva más comprensible conceptual y metodológicamente los efectos de la formación del Estado y la reorganización de los poderes sociales. Enseguida se relata cómo el Estado, a través de la amenaza simbólica del uso de la fuerza, crea entre los pobladores locales una fuerte idea de sus efectos espaciales. Tal narración sirve de entrada para establecer cómo, concretamente por medio de prácticas cotidianas, los efectos de las políticas de desarrollo del Estado, o de actores u otras instituciones que trabajan como éste, inciden en la formación de sujetos a lo largo del tiempo, mientras que localmente se crean metáforas de la naturaleza espacial de prácticas estatales. Por último, se analizan experiencias históricas y sus vínculos con acciones de diversas personas en el presente neoliberal.

Estado y políticas de desarrollo

La formación del Estado posrevolucionario en México operó sobre la base de una extensa política de desarrollo social, en buena medida anclada en la reforma agraria a través de la formación de ejidos. La creación de ejidos fue central para generar una "vía campesina" de desarrollo que brindara las bases para la reproducción social de moradores rurales y proveyera de alimentos a los habitantes de las ciudades, así como que subsidiara indirectamente a la industria nacional que mantenía una política de bajos salarios.¹

En general, se establece que con el presidente Lázaro Cárdenas (1934–1940) se dio el impulso más importante a la reforma agraria, al repartirse casi 18 millones de hectáreas y distribuirlas entre 814 537 campesinos (Gutelman, 1974: 109). También se ha indicado que, después del periodo cardenista, el acento para impulsar el desarrollo agrícola recayó en una agricultura capitalista, a la cual se destinaron los mejores apoyos técnicos, financieros e infraestructura para su expansión (Otero, 2004: 72; Bretón, 2000: 317). Por su parte, los campesinos ejidatarios quedaron ligados a políticas de apoyo, sobre todo mediante subsidios, y su condición política se movió entre la lealtad y la cooptación a través de políticas corporativas de diferente tipo.

El modelo de desarrollo afincado en dos vías (digámoslo así, descriptivamente), la campesina y la capitalista, entró en severa crisis en la década de 1970, y a partir de ese momento se diseñaron y aplicaron nuevas políticas e iniciativas para el campo. Desde hace más de dos décadas, mediante un conjunto de reformas e iniciativas de carácter neoliberal, el sector rural se transformó bajo el criterio de generar una economía y sujetos productivos más competitivos, de acuerdo con los estándares del mercado global; tales políticas eliminaron paulatinamente los subsidios a los productos agrícolas y reestructuraron la banca de crédito rural, además de que cerraron la posibilidad de crear nuevos ejidos, cancelando para siempre deseos y expectativas de la gente sin tierra.²

Es conocida la tesis de la intervención directa del Estado en América Latina para diseñar, ejecutar y asumir las políticas de desarrollo y las respectivas consecuencias generales de esa intervención en la recreación de polaridades entre clases pobres y ricas de agricultores (Grindle, 1986: 4). El bosquejo de las políticas estatales antes presentado proviene, en buena medida, de esos planteamientos. Aquí se propone una perspectiva diferente. De igual modo se trata de analizar extensas e interrelacionadas políticas de desarrollo del Estado posrevolucionario mexicano —la reforma agraria y la centralización de la administración del agua de riego—, observando los efectos en las micropolíticas que generaron y que se perciben en las formas de organización espacial y en la formación de las subjetividades locales.

Una línea de investigación que aquí se desea explorar remite a la construcción espacial del Estado (Ferguson y Gupta, 2005: 108) y su relación con la formación de sujetos. De tal suerte que es posible entender cómo la gente vive, experimenta y narra sus experiencias con el Estado, mientras se reconfigura constantemente su mundo social.

Ferguson y Gupta (2005: 105–106) consideran que, al igual que las naciones, los Estados también son imaginados. Esta imaginación se capta a través de metáforas con las cuales el Estado crea un sentido espacial de sus prácticas, y con ello su dominio y legitimación se vuelven efectivos. Tales autores sugieren atender cómo las metáforas de verticalidad y abarcamiento proveen simultáneamente significados espaciales del Estado.³ Por un lado, la verticalidad significa considerar al Estado como una institu ción por encima de la sociedad; mientras que el abarcamiento implica la fusión Estado–nación, una integración que se logra a través de una escala jerárquica que comienza con la familia, la comunidad local y finaliza con el sistema de Estados–nación. Ambas metáforas operan para crear imágenes espaciales y jerárquicas del Estado que se sitúa por encima y contiene sus localidades, regiones y comunidades políticas.

En concordancia con ese argumento, el enfoque de esta investigación parte de un concepto de Estado entendido no como objeto o esencia, sino como un conjunto de prácticas y relaciones cuyos efectos de dominación son perceptibles en la construcción de organizaciones y subjetividades a través de la sociedad (Abrams, 1988 [1977]; Corrigan y Sayer, 1985; Joseph y Nugent, 2002 [1994]). En este proceso de formación, se manifiestan luchas y se despliegan sentidos de justicia social por parte de la gente con el fin de redefinirse a sí misma. Por lo tanto, aquí se afirma que los espacios y lugares objeto de este estudio se imaginan y construyen bajo luchas u oposiciones. Al considerar central la lucha en la creación de espacios, este trabajo recupera la noción de hegemonía que el antropólogo William Roseberry (2002 [1994]: 220) definió en su interpretación de la obra de Gramsci. Roseberry sugiere que la hegemonía no construye una ideología compartida, "sino un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos". En este uso particular del concepto de hegemonía se repara en procesos que refieren a la construcción de un orden regional hegemónico, y espacialmente delimitan las maneras en que políticas, leyes, instituciones y prácticas se experimentaron localmente, confrontadas y utilizadas en las acciones cotidianas para redefinir constantemente la relación con el Estado y las fuerzas más poderosas.

El Estado como imagen materializada y autoritaria

A principios de la década de 1940, un enorme contingente del ejército federal recorrió una parte del suroeste de Puebla, México (véase el mapa al final del artículo). El movimiento de tropas se verificó justo después de haber concluido las elecciones federales para presidente de la república, en las que el candidato oficial, Manuel Avila Camacho, se enfrentó a un opositor disidente de la elite política dominante que, en la entidad poblana, contaba con el apoyo de muchos seguidores. Un hombre de edad avanzada comentaba que en esas elecciones "hasta las piedras habían votado por [Andrew] Almazán". No obstante la percepción popular de que Andrew Almazán había ganado, el candidato oficial fue declarado vencedor. En este marco, el recorrido de los soldados parecía un recurso simbólico para manifestar a los seguidores de Almazán inconformes por la victoria de Ávila Camacho que era factible el uso de la violencia contra ellos.⁴

El contingente no logró desplazarse más allá de ciertas barrancas; el recorrido terminó hasta donde pudieron llegar caballos y vehículos militares por la ausencia de caminos adecuados y puentes, un punto que señalaba el límite de un complejo agroindustrial para la producción de azúcar y sus derivados y que se había erigido en una geografía de riego donde aguas de haciendas, pueblos y ejidos se encontraban incorporadas a la elaboración de azúcar y sus derivados.

El complejo agroindustrial había sido creado más o menos entre 1921 y 1938 por el industrial estadounidense William O. Jenkins, antiguo cónsul de Estados Unidos en la capital poblana. En general, las condiciones para la expansión de industrias extranjeras, principalmente estadounidenses, eran desfavorables, básicamente por la ideología antiextranjera que prevalecía no sólo entre las elites políticas dominantes, sino también entre los sectores populares (Hart, 2002: 271–383). Empero, el dueño de este complejo agroindustrial supo inscribir sus planes e inversiones dentro del flujo de la modernización posrevolucionaria, así como en las nacientes ideas y prácticas de desarrollo del Estado posrevolucionario, articuladas, a su vez, en modos de acumulación y regulación de corte fordista.⁵ Tales ideas fueron perceptibles sobre todo durante la presidencia de Cárdenas, pues a pesar de la promoción de una extensa reforma agraria se sentaron las bases para la expansión capitalista.

Esta narración es pertinente por tres razones. La primera: la alusión a la fuerza que podía desplegar el Estado contra quienes amenazaran la estabilidad pública era una percepción colectiva en el medio rural mexicano (y no sólo ahí) caracterizado por altas cuotas de violencia, lo cual remitía a un clima de pugnas vinculado —como se verá más adelante— a disputas y conflictos por tierra y agua durante las primeras décadas posteriores a la Revolución. La segunda: los límites que someten el paso del contingente militar que ya no encontró accesos idóneos los había establecido la misma infraestructura que el Estado, directa o indirectamente, había fijado en la zona a través del fomento de un desarrollo productivo capitalista sustentado en la agricultura de riego. La tercera: la narración se enuncia desde el presente, no sólo sobre un espacio construido por políticas de modernización, sino por acciones de desafío y colaboración de diferentes sujetos que reconstruyen ésa y otras historias como parte de la manera en que conciben su mundo social desde una condición subalterna.

Modernización y centralización. Poderes verticales vistos desde las experiencias locales

Cuando la revuelta armada terminó en la zona, las haciendas porfirianas productoras de azúcar se encontraban prácticamente destruidas. Jenkins comenzó la adquisición de esas propiedades a bajos costos, luego de la ruina económica de sus anteriores propietarios, en su mayoría españoles. El complejo agroindustrial de Jenkins implicó reconvertir el molino de la hacienda de Atencingo para recibir la caña de toda la región; mejoró los caminos existentes, construyó puentes y ramales de ferrocarril para conectar el ingenio con los campos que progresivamente iba adquiriendo; reparó y amplió las obras hidráulicas; introdujo mejores variedades de caña; y aumentó sensiblemente la producción de azúcar. Para esto se valió de un eficaz equipo de empleados y administradores.

Las acciones del Estado emprendieron un programa de reforma agraria y un mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de los pobladores pobres por medio de la protección laboral y la educación pública. Como se dijo antes, ambos procesos fueron consustanciales a las políticas estatales para generar una vía moderna de desarrollo.

Jenkins mantuvo estrechos vínculos con las elites burocráticas de la región, primero ligadas al obregonismo y luego, directamente, con Maximino Ávila Camacho —jefe militar desde 1935 y después gobernador de Puebla (1937–1941)—, quien brindó una conexión directa con el gobierno federal, principalmente en la época en que fue presidente Lázaro Cárdenas (1936–1940). El vínculo entre el industrial estadounidense y el cardenismo se entiende mejor si se considera que Cárdenas y Jenkins fueron copartícipes en la instrumentación espacial de dichas acciones modernizadoras. Este último modernizó económicamente la zona; mismo propósito que Cárdenas perseguía, pero a través de la creación de nuevos marcos de sociabilidad para trabajadores y empresarios que otorgaran mayor centralidad al Estado.

El complejo agroindustrial de Jenkins generó experiencias y opiniones contradictorias entre distintos pobladores de pueblos campesinos y barrios indígenas de la zona, asimismo creó visiones populares acerca de una reorganización espacial concebida desde arriba. Para los fines de una exposición esquemática que es necesario presentar, tales ideas y experiencias pueden agruparse en dos planos: 1) las políticas de cooptación y colaboración en las que se vieron inmersos liderazgos y facciones de comunidades de la zona; y 2) el clima de terror que generó acciones de violencia. Ambas cuestiones fueron importantes para derrotar los movimientos agraristas regionales y sustentar localmente el éxito económico de Jenkins.

Un viejo campesino de la zona señalaba textualmente que Jenkins "era el segundo Dios del rumbo, pues adquirió tanto poder". La respuesta no es casual. Las acciones de Jenkins se consideraban ligadas al Estado, y muchas veces se concretaban por su alianza con Maximino Ávila Camacho. Jenkis era visto como un agente modernizador que realizaba tareas propias del Estado y cuya agroindustria implicaba la concentración de tierra y agua, pertenecientes no sólo a ex haciendas, sino también a pueblos y barrios. En torno a este proceso, se entiende mejor la fuerza de imágenes locales, verticales y poderosas del Estado, así como las de políticos y empresarios recreándose a su alrededor.

En el plano de la organización de la supervivencia diaria, muchas prácticas y organizaciones locales tuvieron que ajustarse a los proyectos centralizadores de Jenkins, pues las mejores tierras de cultivo y la mayoría de las dotaciones de agua de pueblos coloniales y ejidos que se constituyeron en las primeras décadas posrevolucionarias en la zona, se integraron a la elaboración de azúcar del molino de Jenkins. Aunque él aparecía como un actor político más que solicitaba y pagaba ante instancias federales concesiones para el riego, por ejemplo, se erigió en un poderoso intermediario entre los campesinos y el Estado para modificar dotaciones primordiales de agua y diseñar la creación de ejidos con tierras de temporal que no afectaran sus propiedades de riego. Así, como ya se dijo antes, las políticas regionales de modificación del espacio tuvieron expresiones cotidianas de colaboracionismo, cooptación y violencia frente a moradores de la zona. A propósito de estas políticas, ofrecemos tres ejemplos.

En el pueblo de Tepeojuma, un líder llamado Juan Merino representaba a una de las dos facciones existentes en el lugar. Antiguo agrarista, había promovido primero la reforma agraria en su localidad. Sin embargo, después se alía con Jenkins para aceptar un reparto ejidal que no abarcara tierras de riego que se usarían para el cultivo de caña.⁶ A cambio, Jenkins reconstruyó el techo de la escuela pública local.⁷ Los opositores a Merino pelearon por obtener las parcelas irrigadas, pero una ola de violencia en su contra los hizo desistir de tales reclamos. En este contexto, el principal líder opositor a Jenkins y Merino, Patrón Linares, un viejo luchador zapatista, fue asesinado.⁸

El segundo ejemplo data de 1935, cuando el general Maximino Ávila Camacho fue nombrado jefe militar del estado de Puebla por el presidente Cárdenas. Una de sus primeras tareas fue reorganizar y controlar las defensas rurales, una especie de milicia de campesinos encargada de preservar la paz social en el campo. En realidad, la finalidad principal de Maximino Avila Camacho era "meter en cintura" a los agraristas para acotar sus demandas dirigidas fundamentalmente a desbaratar el complejo agroindustrial de Jenkins. Desde 1929, en la zona de Chietla comenzaron los ataques sistemáticos que llevaron a la persecución y muerte de líderes agraristas, algunos de ellos integrantes de las defensas rurales ya citadas. En la mayoría de los casos, las muertes ocurrieron debido a aparentes rivalidades faccionales, y pocas veces los asesinos fueron completamente identificados.⁹

Ante estas diferencias, los empleados de Jenkins llegaron a un convenio con el pueblo, en el que se estableció que ambas partes respetarían sus mutuas concesiones de agua.¹⁰ Además, los vecinos del lugar permitirían la reparación de ciertas obras hidráulicas y la construcción de nuevas para beneficio de los campos de Jenkins. En recompensa, el industrial patrocinó la construcción de una escuela pública mixta (para niños y niñas) de considerable tamaño, en cuya inauguración participaron burócratas y políticos del Estado.¹¹

Cuando el contingente militar recorrió la zona, a principios de los años cuarenta, había suficientes motivos para acallar posibles brotes de descontento popular. Dos décadas de políticas verticales y centralistas reconfiguraron un poder regional cuya cúspide ocupaba un industrial estadounidense. Bajo estas visiones espaciales de la constitución de un orden estatal, no era difícil esperar que, por su fuerza y capacidad de acción, Jenkins fuera considerado por los campesinos como un "segundo Dios", demasiado elevado para acudir a él a costa de ceder autonomía y demasiado cercano para dañar si no se ceñían a sus fines.

Comunidades y categorías políticas. Gubernamentalidad posrevolucionaria

Las metáforas operaron para explicar la verticalidad de un orden de poder y de las posiciones jerarquizadas en las que estuvieron envueltos los actores sociales. Sin embargo, tal como Williams (1997 [1977]) sugiere, al extender la comprensión de la noción gramsciana de hegemonía, no hay órdenes de poder totales. Para Williams, la hegemonía envolvía un amplio cuerpo de prácticas y expectativas, con valores y significados compartidos, lo cual revelaba la falsa pasividad de las masas en la construcción del poder, además de que ayudaba a comprender cómo las relaciones de dominación eran vividas, experimentadas y combatidas cotidianamente. Ésta es la idea central de la noción de marco común material y discursivo (Roseberry, 2002 [1994]: 220). Tal concepto ayudaría a comprender cómo el significado de palabras y organizaciones contribuyeron a que los moradores se sintieran parte de la comunidad nacional en ciernes, al mismo tiempo que buscaban modificar sus condiciones de subordinación.

Al emerger un nuevo campo de gubernamentalidad, en el sentido que sugiere Foucault (1999: 196), la creación oficial de categorías —sobre la base de previas relaciones de clase y localidad—, como las de "agrarista", "ejidatario" y "trabajador sindicalizado", entre otras, fueron fundamentales en la construcción de una comunidad nacional con su correspondiente moral ciudadana. Se trataba de una comunidad nacional que abarcaba desde lo local a diferentes sujetos que se sentirían espacialmente parte o fuera del Estado, en la medida en que consideraban que las prácticas de éste impulsarían o limitarían sus intereses para organizar su diaria supervivencia, basada en el control de recursos.

En el plano regional, Jenkins aprovechó muy bien esas categorías para sus fines, por lo cual él mismo se vio envuelto en acciones de gubernamentalidad. Cuando quiso, presionó a los antiguos propietarios extranjeros de las grandes haciendas para que le vendieran sus propiedades, asimismo azuzó a los agraristas de la región para que presionaran a esos dueños, con el fin de fraccionar las tierras y crear ejidos. Ante ese acoso, finalmente esos propietarios vendieron sus posesiones a Jenkins. Cuando la presión de los agraristas no fue suficiente, Jenkins impulsó la idea de formar sindicatos entre los peones de las haciendas, cuyos propietarios eran renuentes a vender. Los sindicatos obligaban a la creación de contratos colectivos de trabajo, en los cuales exigían prestaciones hasta ese momento inéditas en las relaciones laborales de las unidades agrícolas de la región. Cuando Jenkins adquirió igualmente todas las grandes haciendas de la zona, permitió que en éstas se reorganizaran los sindicatos y mantuvo vínculos generalmente amistosos con los líderes de las agrupaciones sindicalistas regionales pertenecientes a las centrales obreras oficiales. También impulsó la creación de numerosos ejidos, sobre todo en tierras de las haciendas que iba adquiriendo. Éstos, sin embargo, se formaban en áreas de temporal y pocas veces afectaron las tierras irrigadas de la región.

El impulso de la educación pública para la creación de una conciencia cívica cayó como "anillo al dedo" a las políticas de Jenkins. Como hemos referido, este empresario patrocinó la construcción de siete escuelas públicas en pueblos estratégicos de la región. Las escuelas fueron abiertas para ofrecer clases tanto a niños y niñas y, como se establecía en el currículo, las ceremonias cívicas y otras actividades educativas de las primeras décadas de la era posrevolucionaria, se puso énfasis en enseñar buenos valores para formar ciudadanos trabajadores, disciplinados y sin vicios (Palacios, 1999; Vaughan, 2001).

No obstante, los moradores de ranchos, pueblos y barrios de la zona tuvieron una participación creativa en las relaciones de poder que se tejieron en este periodo. Sus acciones cambiaron el significado de las categorías políticas que se elaboraron para postularlos. En adición, activaron otras categorías localmente reconocidas cuando consideraron necesario hacerlo para defender su autonomía, recursos materiales y métodos locales de justicia, redefiniendo con ello el sentido de las prácticas espaciales del Estado en la constitución de una comunidad nacional. Autodefinidos como "agraristas", o considerándose a sí mismos como "soldados de la revolución", los campesinos de la zona reclamaron su derecho a la tierra y de integrarse a la comunidad nacional que estaba en formación. Si Jenkins ocupó estas nominaciones para presionar a antiguos propietarios y con ello forzar la venta de sus tierras, los vecinos de los pueblos ocuparon las reformas sociales y la retórica revolucionaria para reclamar, incluso, la expropiación y el reparto de las tierras de Jenkins.¹²

El agua fue particularmente un asunto de tensión entre el gobierno central y las formas de gobierno locales. Cada pueblo o barrio tenía su propia autoridad para controlar y administrar el consumo del agua. Generalmente, esas autoridades eran parte del sistema de cargos sociorreligiosos de la comunidad. Éstas determinaban las formas de dotar el agua por medio del tandeo; cada vecino recibía una porción una o dos veces por semana, durante una o varias horas. Esta organización reconocía convenciones y prácticas locales para el uso del recurso; por ejemplo, un sistema de propiedad que distinguía entre la propiedad de la tierra y la propiedad del agua. Además, gran parte de las actividades ligadas al aprovechamiento del líquido se sujetaba a rituales de los sistemas de cargos. Los cambios de "principales" o las autoridades del agua y los llamados a los vecinos para realizar la limpieza de canales y presas eran realizados con vistosas ceremonias. Asimismo, la obtención del agua para riego estaba condicionada a que los vecinos contribuyeran a la realización de festejos religiosos de las diversas mayordomías que integraban el ciclo ritual de su comunidad.

Las agencias estatales encargadas de administrar el riego trataron de reglamentar los usos de agua locales, de acuerdo con las leyes federales. Esto era parte de una política de centralización del control de recursos hidráulicos, la cual comenzó en 1888 con la promulgación de la primera ley federal en la materia, tal legislación se elaboró para desplazar a las autoridades y a los grupos locales involucrados en la explotación y control del agua (Aboites, 1998: 89, 94).

Los burócratas federales consideraban que el manejo del agua en la zona era realmente caótico, lo cual ameritaba un reglamento y una j unta especial para normalizar esa situación.¹³ De hecho, intentaron aplicar tales iniciativas. Pero los vecinos se negaron a acatarlas y fueron relativamente exitosos en eso. Para los empleados y funcionarios de gobierno, la gente de la región manejaba un ethos sobre la forma de administrar el recurso líquido. Entonces, tratar de alterar sus prácticas y convenciones provocaría reacciones violentas, pues estaban dispuestos a defenderla hasta con las armas.¹⁴

En esta compleja cultura política local, se llevó a cabo la modernización política y económica. Diversos conflictos y luchas se presentaron, cuyos saldos fueron manifiestos durante décadas posteriores. Ante la elevada presión de los campesinos de distintos pueblos y de facciones rivales a Jenkins para que el Estado expropiara su complejo agroindustrial, el presidente Cárdenas decretó en 1938 que la mayoría de las tierras de Jenkins formaran un ejido colectivo, administrado por una cooperativa, y que tuviera como "beneficiarios" a los antiguos trabajadores de Jenkins. El decreto establecía que los nuevos ejidatarios seguirían sembrando caña para abastecer el molino que Jenkins conservaría (Ronfeldt, 1975). De hecho, con esta disposición, los administradores del ingenio de Jenkins controlaron la organización del ejido colectivo. Un movimiento opositor a estas medidas surgió de inmediato, pero los ejidatarios que lo integraron fueron constantemente reprimidos. Sin embargo, al final de los años cuarenta, una fuerza política contraria a Jenkins alcanzó la dirección de la cooperativa ejidal. Entonces, los ejidatarios buscaron que el ejido colectivo se fraccionara para que, en su comunidad, cada ejidatario trabajara autónomamente las tierras; tuviera una parcela destinada para la siembra de maíz —cuestión prohibida bajo el control del ejido colectivo por parte de la gente de Jenkins— y que todos recurrieran a la cooperativa para garantizar la correcta comercialización de la caña. Los líderes de ese movimiento fueron boicoteados, sufrieron amenazas e incluso algunos fueron asesinados.

Luego de la derrota de este grupo, la intervención del Estado en la administración de la producción de azúcar en la zona fue más fuerte; se creó una comisión interinstitucional, conformada por varias dependencias del gobierno para garantizar que la cooperativa ejidal cumpliera con los objetivos para los que había sido fundada. Pese a esto, los ejidatarios siguieron luchando para desaparecer el ejido colectivo. Esto trajo divisiones dentro de sus pueblos, a tal punto que alcanzaron tintes violentos. Finalmente, a principios de los años setenta, en la administración del presidente Luis Echeverría Álvarez, en contraste con lo que ocurría en otras partes del país, el ejido colectivo fue disuelto (Otero, 2004: 173).

Es importante subrayar que los procesos históricos que envolvieron a las personas estuvieron básicamente marcados por 1) la aplicación de principios de organización del trabajo asociados a formas de acumulación de la época; y 2) la creación de nuevos marcos de sociabilidad que acarrearon el surgimiento de nuevas subjetividades impulsadas por la formación del Estado y sus políticas de desarrollo.

A nivel local, Jenkins se relacionó asimétricamente con diferentes actores, relaciones que estos últimos interpretaron de forma variada. Visiones que dan cuenta de una política paradójica; por ejemplo, mientras una facción de un mismo pueblo mantenía relaciones amistosas con Jenkins, otra se oponía abiertamente a sus planes. La gente interpretó de modo distinto las políticas de Jenkins y del Estado, y trató de aceptarlas y rechazarlas, según sus intereses. Al hacer esto, las personas buscaron también formarse a sí mismas como sujetos, muchas veces a través de un lenguaje con el que sus comunidades locales se activaron políticamente en torno a la obtención y defensa de recursos materiales. En la actualidad, las ideas sobre esas contradicciones y procesos se han materializado en recuerdos, enemistades perdurables, rencores, sinsabores y esperanzas.

La construcción del pasado desde el presente: imaginación para el futuro

En tal contexto, dos problemas llaman la atención: la toma de los viejos cascos de las haciendas que constituyeron el complejo agroindustrial de Jenkins, y la creación de un distrito de riego en el marco de las recientes reformas para la administración fe deral del agua. Ambos asuntos generaron una serie de interpretaciones creadas por sujetos que moldearon ciertas representaciones de sus experiencias presentes a partir de una totalidad de situaciones vividas en el pasado.

La toma de los cascos se perpetró en el año 2000, en vísperas de las elecciones para elegir al nuevo presidente del país y a los diputados federales. Diversos contingentes de los antiguos anexos del que fuera el ejido colectivo que surgió cuando Cárdenas expropió las tierras de Jenkins, invadieron esas viejas edificaciones, abandonadas y en evidente deterioro físico. Los campesinos argumentaron que los cascos estaban incluidos en el decreto cardenista que formó el ejido. En realidad, tal documento indica lo contrario, literalmente se señala que esas áreas debían seguir perteneciendo a Jenkins, por ser parte de la zona no afectable que preveía la ley.¹⁵

Sin embargo, los campesinos tuvieron una interpretación diferente. Para ellos, el presidente Cárdenas ordenó que toda la tierra y la infraestructura debían estar al servicio del desarrollo económico y el "progreso de los campesinos". Por tal razón, al ver los edificios sin ningún uso, decidieron tomarlos, fraccionar las áreas de las huertas y sus inmediaciones, para construir viviendas para sus hijos, fundar pequeñas industrias o crear hoteles y balnearios.

La invasión de los cascos no fue noticia. El periódico, la radio y la televisión no hablaron de ese suceso. De hecho, al visitar a algunos amigos que participaron en la toma del casco de la otrora hacienda en la que trabajaron sus padres y abuelos, la gente pensó que se realizaba un trabajo periodístico que acudía a registrar para difundir lo que pasaba. Ciertamente, había mucha expectación. Numerosas personas de las comunidades se trasladaron a los cascos; improvisaron fogatas; las mujeres cocinaron para todos; se celebraron misas; y por las noches los jóvenes oían música, jugaban baraja y reían por cualquier cosa. La gente estaba muy animada con el acontecimiento; quería hablar. Las personas dieron muchas razones para justificar sus acciones, pero sobre todo las confrontaron con las historias que habían experimentado.

Las autoridades locales encabezaron la movilización, pero había muchas personas de la tercera edad que le dieron soporte "moral". Uno de ellos dijo que estaba ahí para "dar ejemplo a la juventud". Indicó, además, que los jóvenes no sabían del pasado, "pero tienen las mismas necesidades que los pobres." Otro de ellos, muy anciano, se refirió a la toma como una repetición de la historia (y seguro que no leyó a Marx): "Quién lo diría que regreso hoy adonde trabajé y viví por muchos años, cuando esto era de dueños españoles y luego del gringo Jenkins". Alguien más vio esto como la continuación de un movimiento que empezó décadas atrás, cuando los ejidatarios se enfrentaron a Jenkins para lograr su independencia laboral; contar ahora con los cascos de las haciendas culminaría así con una lucha.

Paulatinamente, los dueños de las edificaciones fueron apareciendo y entablaron pleitos legales. Varios líderes de las comunidades participantes fueron apresados y puestos en libertad al poco tiempo. La Confederación Nacional Campesina (CNC), una institución filial del Partido Revolucionario Institucional (PRl), en un principio apoyó las acciones de estos ejidatarios. De hecho, sus líderes en la región mandaron colocar algunas mantas, con retórica propia de la ideología oficial revolucionaria: "Para hacer efectivos los postulados de la lucha agraria" y otras cosas por el estilo.

Conforme trascurrió el tiempo y el nuevo gobierno encabezado por Vicente Fox tomó las riendas políticas del país, el apoyo de los organismos regionales de la CNC disminuyó, y localmente la excitación primera se fue apagando. Pese a todo, los campesinos de los sitios que participaron en esas invasiones aún abrigan la esperanza de que los cascos de las viejas haciendas sean suyos algún día.

La creación de distritos de riego representa un aspecto esencial en la transferencia y descentralización de la gestión del agua a los propios usuarios emprendida por la Comisión Nacional del Agua (CNA), en el marco de las disposiciones de la nueva Ley de aguas (1992), creada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Durante los últimos años, los campesinos de la zona debatieron entre formar tal distrito o seguir administrando ese recurso bajo la dirección de un organismo regional de regantes.

La Organización de Regantes se erigió como un símbolo de oposición a las políticas centralizadoras de desarrollo que en el pasado llevó a cabo el Estado. Ante el fracaso inicial de hacer funcionar "juntas locales de agua" durante los años treinta, las agencias de los gobiernos posrevolucionarios jamás tuvieron éxito en los subsecuentes intentos para normar el aprovechamiento de este recurso. Aunque el agua estaba supeditada a la economía política del azúcar, la administraban los mismos vecinos de pueblos y barrios dentro de convenciones, sistemas de propiedad y rituales locales. A principios de los años sesenta, la escasez de agua y las crecientes disputas entre regantes orillaron a los diversos pueblos que acopiaban agua del río Nexapa, a crear un organismo que supervisara y sancionara los usos del agua que correspondían a cada comunidad, sobre todo en la época de estiaje. Además, tal organismo coordinó la limpieza general de los canales principales y un túnel que transvasa el agua del río Atoyac al Nexapa, y que construyó un hacendado del Porfiriato. Las agencias federales siempre se manifestaron de manera ambigua con ese organismo, aunque nunca reconocieron oficialmente sus tareas y jamás hicieron lo suficiente para desaparecerlo.

Los regantes que desde un principio fueron muy entusiastas para apoyar la formación del distrito, planteaban que con esto podrían modernizar sus labores agrícolas y volverse más competitivos. Alguien en particular afirmaba que requerían cambios importantes: "El sistema es viejo y tiene una infraestructura heredada, que ni siquiera nosotros construimos, pues la construyó Jenkins y los españoles que fueron dueños de las haciendas antes que él". En cambio, los campesinos opositores desconfiaron de las consecuencias de la iniciativa del gobierno, tuvieron temores de perder autonomía, de que el agua se encareciera y volviera incosteable seguir trabajando la tierra.

Al final, fue ganando consenso la opción de constituir el distrito de riego. Los burócratas de la CNA lograron incidir finalmente en los regantes de la región y, de paso, minaron una forma de organización comunitaria. Ahora los regantes deberán pagar por el agua que consuman, según las tarifas actualizadas, y deberán cubrir impuestos a la hacienda pública como cualquier otra asociación civil.

Por su parte, los campesinos abrigan expectativas que con tal organismo el Estado pueda reconstituir una comunidad moral, para sentirse espacialmente contenidos en ésta y se restituyan las condiciones perdidas a través de apoyos materiales, técnicos y asistenciales. La contradicción de todo esto es que las iniciativas para formar el distrito de riego y desarticular una organización regional conducirán en el futuro cercano, cuando no se cumplan las expectativas prometidas, a la generación de oposiciones sociales que incluirán diversos tipos de movimientos, alianzas e imágenes basadas en tradiciones selectivas del pasado.

Los estudiosos de políticas locales ligadas a los cambios neoliberales han observado múltiples reacciones contra las políticas neoliberales de personas que tomaron las armas, como en la revuelta indígena de Chiapas (Harvey, 2000), hasta quienes no lo hicieron, pero activaron memorias históricas y símbolos de lucha para enfrentar el despliegue de las reformas y políticas del Estado neoliberal (véanse Aitken et al., 1996; Nugent y Alonso, 2002; Otero, 2004; Roth, 2004; Stephen, 1994; Zendejas y de Vries, 1998 y 1995). Como ejemplo, se cita la manera en que Armando Bartra (2000: 139–155) describe la emergencia de una lucha cívica en la que estuvieron envueltos campesinos del estado de Guerrero, la cual se generó en contra de las iniciativas neoliberales aplicadas fielmente por políticos y caciques regionales. Tal lucha fue un sustento regional del movimiento neocardenista de 1988, que se alzó contra el fraude electoral que condujo a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari.

Por cuestiones de espacio, no es posible detallar aquí los alcances de esos casos. No obstante, resulta interesante considerar que las historias locales de desagravios y pérdidas que éstos refieren, emergen siempre dentro de procesos sobre los cuales la autoridad del Estado se materializó espacialmente, así como su dominio y legitimación se hicieron efectivos (Ferguson y Gupta, 2005: 105). Sin embargo, incluso en estos tiempos, con las formas de gubernamentalidad neoliberal —definidas fuertemente por valores de organismos transnacionales—, las prácticas del Estado siguen siendo objeto de apelación, muchas veces mediante entidades e instituciones que trabajan como si fueran éste. Dentro de esta ambigüedad, las personas tratan no sólo de reimaginar al Estado y a la comunidad nacional, sino reimaginarse a sí mismas.

Conclusiones

En este artículo se ha tratado de explicar y entender los efectos de la formación del Estado posrevolucionario mexicano en la constitución de espacios y sujetos. La intención era demostrar la centralidad de las historias y sociedad regionales en la comprensión del despliegue actual de políticas de desarrollo basadas en lógicas neoliberales. El enfoque se basó conceptualmente en la noción de Estado como un conjunto de prácticas y procesos, con el sustento metodológico del empleo de la etnografía como estrategia de análisis.

Así es como se han reconocido procesos centralizados y autoritarios que tuvieron una correspondiente expresión espacial a través de metáforas verticales y contenedoras con las cuales el Estado fue visto y experimentado por los actores locales, de tal suerte que el poder emanaba de algún centro o autoridad situados en lo alto, ante lo cual los grupos subalternos se sentían simultáneamente contenidos en la constitución de una comunidad nacional. Por otra parte, ha quedado establecido que la formación del Estado se vio inmersa en un proceso hegemónico que no sólo explicó la dominación, sino fundamentalmente la lucha. Bajo esta idea, la hegemonía, como suma de coerción y consenso, tuvo una expresión material y simbólica al crear un marco común discursivo. En éste, las reformas sociales, las políticas de desarrollo y la administración centralizada fueron objeto de apropiación y rechazo por parte de los diferentes actores locales. Es así como las iniciativas modernizadoras del régimen posrevolucionario las aprovechó un empresario, al tiempo que se apropió de las prácticas estatales para la constitución de ciudadanías más disciplinadas a través, por ejemplo, de la educación pública. Sin embargo, sus acciones nunca dejaron de realizarse en el contexto violento del poder regional fundado por el cacicazgo avilacamachista de la década de 1930. A contrapelo, las organizaciones que surgieron como los ejidos y los sistemas locales de riego, sirvieron para expresar los antagonismos que llevaron a manejos relativamente autónomos de tierra y agua, a la preservación de convenciones locales y al desmembramiento final, a principios de los setenta, del complejo agroindustrial fundado entre 1921 y 1938.

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Notas

¹ La legislación agraria que produjo la Revolución Mexicana y visible en el artículo 27 constitucional antes de su reforma en 1992, estableció formas para que el Estado restituyera o dotara de tierras a los campesinos por medio de la constitución de ejidos —una forma de posesión de la tierra propiedad de la nación— que usufructuarían los ejidatarios para trabajar y ganarse la vida. La tierra se dotó a través de ejidos "individuales" y colectivos. Estos últimos se reconocieron con el marco jurídico agrario en 1922 (Eckstein, 1966: 129). Sin embargo, fue hasta el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas cuando se crearon la mayoría de los ejidos colectivos. En general, este tipo de organización se impulsó en regiones con tierras fértiles e irrigadas (frecuentemente en cuencas de ríos asiento de antiguas propiedades extensas y bien organizadas); en zonas cuya producción agrícola fuera importante para los mercados nacional y extranjeros; así como en lugares en los que se beneficiara a antiguos peones, con experiencia sindical y conciencia política para enfrentar el sentido de responsabilidad del trabajo colectivo (la zona del suroeste de Puebla parecía reunir todos estos requisitos). Para un mejor entendimiento del ejido colectivo y sus diferencias con la agricultura del ejido individual, véase Simpson (1937: 316–334).

² Para un acercamiento más completo de los efectos del modelo de desarrollo neoliberal en el campo, véanse Fritscher (1999: 230–238); Cornelius y Myher (1998: 3); Appendini (1998); Diego y Concheiro (1999).

³ Ferguson y Gupta se refieren a The Spatialization of the State. Aquí se traduce esta idea para aludir a metáforas y prácticas con las cuales el Estado despliega propiedades espaciales. Ellos se refieren a esas propiedades como verticality y encompassment, que tradujimos como (verticalidad) y (abarcamiento), respectivamente.

⁵ Para el caso que se estudia, el surgimiento del fordismo representó el desplazamiento de viejas elites y la aparición de inéditas formas de organización productiva, diferentes a las seguidas por los grandes propietarios extranjeros porfiristas. Inspirados en Harvey (1989: 121–122), aquí se sugiere que los cambios tenían que ver con un nuevo modo de reglamentación flexible a las prácticas y organizaciones locales y enmarcado por la formación del Estado posrevolucionario. Tal reglamentación se hizo particularmente visible con el surgimiento de diversas categorías sociales que fueron usadas políticamente para cambiar las formas de trabajo en la región.

⁶ La alianza entre Jenkins y Merino se observa en los documentos derivados de la creación del ejido en este sitio. Archivo del Registro Agrario Nacional, Puebla (ARANP), exp. 599 (dotación), f. 4: resolución de 13 de noviembre de 1925, para la dotación de ejido al pueblo de Tepeojuma.

⁷ De acuerdo con Asunción Meneses, vecino de Tepeojuma, a través de la amistad entre Merino y el administrador de Santa María Tatetla, una de las haciendas de Jenkins, este último ofreció renovar el techo de la escuela primaria del lugar con otro de solera y rieles de acero si los vecinos desistían de solicitar tierras de riego para formar su ejido.

⁸ Un grupo de ejidatarios de Tepeojuma informó en un documento al Partido Nacional Revolucionario sobre los actos de Merino. ARANP, 599, Dotación, f. 128, 15 de febrero de 1935.

⁹ Archivo General de la Nación (AGN), Dirección General de Gobierno, caja 52, exp. 24, 2.012.2 (18) 100: carta de 2 de junio de 1934 de componentes de la Defensa Rural al gobernador del estado. AGN, Dirección General de Gobierno, exp. 44, 2012.2 (18) 21964: telegrama de 1 de diciembre de 1936 de Octaviano García, secretario del exterior de la Federación Campesina Emiliano Zapata, Chietla, al presidente de la República.

¹⁰ Archivo Histórico del Agua (AHA), AS, caja 87, exp. 1070, f. 136: oficio de 2 de febrero de 1927 del oficial mayor de la SHYCP al secretario de la SAyF; caja 1356, exp. 18513, s/n fojas: oficio de 22 de agosto de 1929 de Remigio Echegaray, Andrés Benítez y Esteban Mendoza, representantes del pueblo de Ahuehuetzingo, al secretario de la SAyF. Los documentos, fechados en 1696 y a los que se refieren los representantes del pueblo, son "Los Títulos del Pueblo de Ahuehuetzingo", cuya copia del documento original se encuentra en este mismo archivo y fondo, en la caja 528, exp. 8086, ff. 219–232. Los textos que primero se mencionan hacen referencia a las disputas y eventuales arreglos entre la gente de Ahuehuetzingo y Jenkins.

¹¹ ARANP, exp. 3593, f. 105, "Sobre el caso de Chietla que solicita ampliación de ejidos". Resulta curioso que este documento aparezca en el expediente de dicha comunidad ya que, junto con otras, buscaban obtener las tierras de riego en posesión de Jenkins. Archivar un documento así parece indicarles a los campesinos que este industrial estaba realizando obras que el gobierno aprobaba.

¹² Líderes agraristas, veteranos de la Revolución y soldados reclutados para combatir la rebelión delahuertista encabezaron un movimiento contra Jenkins. Los líderes eran dirigidos, a su vez, por el matrimonio formado por Celestino Espinosa y Dolores Campos, vecinos de un rancho con menos de quinientos habitantes. El movimiento se veía como una constelación de pueblos y rancherías, con una amplia y fuerte base social. Estos líderes participaban plenamente en la retórica revolucionaria de encontrar justicia e igualdad social en el nuevo régimen, al menos sus peticiones a diversas instituciones de gobierno para obtener tierra y agua así lo denotaban, junto a la importancia que concedían a la educación pública como fuerza liberadora. ARANP, exp. 3593, f. 2: carta del 20 de enero de 1921, de Francisco Mendoza al presidente de la República.

¹³ AHA, AS, caja 528, exp. 8082, ff. 80–89: reglamento provisional sin fecha para la distribución de las aguas del río Nexapa y sus afluentes los ríos Nexac, Apol, Alseseca, Barranca de la Leona, Barranca del Carmen, Cantarranas, Manantiales de Axocopan, Epatlán, Ahuehueyo y Tototl, Cuenca del Balsas, estado de Puebla; caja, 527, exp. 8081, ff. 61–62: informe de 23 de marzo de 1933 sobre la inspección practicada a la caja del canal de la hacienda de Raboso y los barrios orientales.

¹⁵ El decreto presidencial que establecía la creación del ejido colectivo, determinaba que éste abarcaría 8 263 hectáreas, las cuales se tomarían de las propiedades de Jenkins, "señalando zonas de protección a los cascos de los predios aludidos...". En otro pasaje se menciona: "asimismo, fueron excluidos de esta afectación (que creó el ejido colectivo) los cascos de los predios...". Diario Oficial de la Federación, 21 de abril de 1938.