Una perspectiva social de la problemática del agua

A social perspective on water issues

Alejandra Peña García*

* Posgrado en Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. E-mail: casiopea0609@yahoo.com.mx

Recibido: 21 de febrero de 2006
Aceptado en versión final: 23 de junio de 2006

Resumen

En el contexto de la actual situación ambiental y ecológica mundial, sin duda uno de los problemas de mayor trascendencia es el referente al agua, no sólo por las fuertes desigualdades que impone su distribución geográfica, tanto en el tiempo como en el espacio, sino, sobre todo, por las decisiones políticas y económicas que determinan nuestra relación social con este vital líquido.

Este artículo analiza el proceso de la privatización del agua a la luz de tres ejes teórico-metodológicos: la teoría de las temporalidades de Fernand Braudel, la estructura geográfica horizontal tripartita de Peter Taylor y la noción de la segunda naturaleza derivada de la corriente crítica de la Geografía, que permitirán entender, no sólo las implicaciones geográfico-espaciales de la privatización de un recurso fundamental para la reproducción de la vida y la sociedad, sino comprender cabalmente este proceso en su contexto económico y político mundial.

Palabras clave: Agua, privatización, internacionalización del capital, segunda naturaleza.

Abstract

The following essay intends to analyze the water privatization process under the light of three different theoretical proposals: the temporality theory of Fernand Braudel, the horizontal tripartite geographical structure of Peter Taylor and the second nature idea from the critical trend of Geography. These theories will help us understand the spatial implications of the privatization of this basic resource for life, and social reproduction as well as helping us understand the economic and political context in which the water privatization process is evolving.

Key words: Water, privatization, internationalization of capital, second nature.

INTRODUCCIÓN

El grado de deterioro ecológico y ambiental que se le ha infringido al planeta se manifiesta cada vez con mayor frecuencia y de múltiples formas: sequías severas, huracanes, pérdidas irreparables de biodiversidad o contaminación de fuentes hídricas. Este problema de nuestro tiempo corresponde a una cultura de corte capitalista en donde el crecimiento económico y la búsqueda incesante de las ganancias sobrepasa las preocupaciones ambientales y de bienestar social.

A últimas fechas los temas ambientales han encabezado las listas de prioridades de gobiernos, organizaciones civiles, centros de enseñanza e investigación, empresas, etc. En el ámbito académico, no sólo las ciencias duras o las técnicas se han ocupado de asuntos ambientales, también las ciencias sociales se han preocupado por abordar este tipo de problemas, aportando elementos valiosos para ser integrados en la discusión y en la toma de decisiones en torno al ambiente y al futuro de la humanidad en este planeta.

En el contexto de la actual situación ambiental y ecológica mundial, sin duda uno de los problemas de mayor relevancia es el referente al agua, no sólo por las fuertes desigualdades que impone su distribución geográfica, tanto en el tiempo como el espacio, sino por las decisiones económicas y políticas que determinan nuestra relación social con este vital líquido.¹ Su presencia abundante en nuestro planeta y su capacidad natural de renovación, con frecuencia nos han llevado a olvidar que la disponibilidad para el consumo humano no tiene relación alguna con su volumen, y que más bien, la primera depende principalmente de diversos factores económicos y políticos.

Nuestra dependencia de agua para satisfacer las necesidades fisiológicas y para otros usos como la higiene y todas las actividades económicas que a diario realizamos, así como el hecho de estar estrechamente ligada a factores sociales como la salud, la pobreza, la disponibilidad de alimentos, el bienestar y los derechos humanos, exige soluciones inmediatas.

Desde 1992, año en que se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo (UNCED), se ha aceptado el hecho de que el agua es un asunto de interés prioritario, tanto a escala local como global. Así lo corroboran las declaraciones respecto al agua acordadas en la Cumbre de las Américas o los principios de Dublín, tendientes a hacer un uso sustentable de este recurso, por citar algunos ejemplos. También es a principios de la década de los años noventa que el sector privado ha visto la oportunidad de incrementar su participación en el sector agua, aprovechando la coyuntura para lo que se antoja un excelente negocio,² ya que sólo en el rubro de agua potable y saneamiento, de acuerdo con la meta de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en 2002 en Johannesburgo, se espera reducir a la mitad la proporción de la población sin acceso al agua potable y servicios básicos de saneamiento antes del año 2015.

Los interesados en la apertura de los servicios de suministro y saneamiento de agua a la inversión privada y sus principales promotores constituyen un poderoso grupo, que desde las altas esferas del poder económico y político internacional organiza la forma en que se ha de desarrollar el proceso privatizador, con la finalidad de hacer excelentes negocios en beneficio de unas cuantas empresas transnacionales, aunque ello ponga en riesgo el derecho al agua de millones de habitantes.³

En México ya se han empezado a dar pasos firmes que posibilitan la puesta en práctica de diferentes modalidades de privatización del agua, distinguiéndose en particular un avance en lo relacionado a la privatización de los servicios públicos de agua, drenaje y saneamiento, en consonancia con lo que sucede en otras partes del mundo. En gran medida esto se debe a factores como las grandes concentraciones de población, la costumbre a pagar por el servicio, la presencia de infraestructura, etc., lo que contribuye a asegurar las ganancias.

Para solucionar los problemas y fuertes rezagos que enfrenta México en materia de agua y saneamiento, según el discurso oficial, el Estado se ha dado a la tarea de abrir las puertas a la iniciativa privada, al considerarlo como el único ente capaz de elevar la eficiencia y la calidad del servicio, de convertirlo en una actividad financieramente autosuficiente, de garantizar la continuidad a largo plazo de los programas y proyectos relacionados con el agua y así crear un escenario más favorable para el uso sustentable de los recursos hídricos a nivel nacional, eliminando de paso, la volatilidad política en el tema de un recurso estratégico para el país. Esto es cierto a pasar de que en el discurso se manejen ideas como la participación plural y democrática de los asuntos relacionados con el agua.

Para este fin se creó el Programa para la modernización de prestadores de servicios de agua y saneamiento (Promagua o Finfra II), el cual alienta a los municipios a buscar financiamiento privado para cubrir los fuertes rezagos en el subsector, concesionando la prestación del servicio hasta por un plazo de tiempo de 100 años. Este programa está dirigido a ciudades con una población mayor a 50 mil habitantes, lo cual representa más del 50% de la población nacional.

Abrir a la dinámica de los mercados un sector que hasta el momento había mantenido un bajo perfil en lo referente al involucramiento de las grandes empresas transnacionales obedece, antes que nada, a una estrategia del sistema económico capitalista de expandir horizontal y verticalmente su modo de reproducción al sector agua.

EL DIAGNÓSTICO

Los factores que comúnmente se consideran para realizar un diagnóstico respecto al agua, léase su desigual distribución espacial y temporal, el crecimiento acelerado de la población mundial, su creciente demanda, las fuertes inversiones en el sector, la incapacidad del Estado para llevar a cabo estas inversiones, el fracaso del Estado para administrar sustentablemente este agotado y limitado recurso, así como los graves problemas económicos, políticos y sociales entre los países y al interior de ellos que el agua amenaza desatar, con frecuencia culminan con un panorama aterrador: dentro de 20 años uno de cada dos hogares en el planeta podría sufrir algún grado de estrés hídrico, hoy en día muere más gente por falta de agua o por su mala calidad que por las guerras que aquejan al mundo, cerca de 25 000 personas mueren cada día por enfermedades relacionadas con el agua no tratada, etcétera.⁴

Para llevar a cabo una evaluación del contexto en que se inscribe el actual proceso de privatización del agua, a cualquier escala, se propone partir de tres elementos de análisis que dan un panorama más cercano del contexto económico y político en el que inserta la privatización del agua: la teoría de las temporalidades del historiador francés Fernand Braudel, la estructura geográfica horizontal tripartita del geógrafo inglés Peter Taylor y la noción de segunda naturaleza derivada de la corriente crítica de la geografía. Al final, a manera de conclusión, se intentará hacer un análisis de las implicaciones geográfico-espaciales presentes en la privatización de un recurso como el agua.

TEORÍA DE LAS TEMPORALIDADES

En la teoría de las temporalidades de Fernand Braudel (1974:60-106), el tiempo no es una sucesión de fechas pasadas ordenadas cronológicamente, sino materia de la vida social. Es decir, para Braudel, los procesos históricos, que no por ser pasados están extintos, se desplazan a tres ritmos distintos: los acontecimientos, los más efímeros de todos, que se clasifican dentro de la corta duración; procesos más complejos, generalmente cíclicos (de unas decenas de años), que Braudel registró como la mediana duración; y, los grandes procesos de largo aliento, multiseculares y casi imperceptibles, cuya influencia sobre la historia del hombre es fundamental y que fueron colocados en el ámbito de la larga duración. En suma, un mosaico de tiempos diversos conviviendo en el espacio geográfico, modelándolo y siendo modelados por él, transformándolo y siendo transformados por él.

Clasificar de esta manera los procesos y acontecimientos resulta ser metodológicamente valioso, porque ayuda a identificar el orden de preeminencia entre un proceso y otro, así como a reconocer las capacidades explicativas de cada uno de ellos.

Los procesos de privatización variada y gradual del agua que se llevan a efecto en México así como en todo el mundo, tienen como punto de arranque la internacionalización del capital, un proceso de larga duración iniciado más a o menos hace 500 años, que con el correr de los siglos ha persistido en su esencia, adoptando múltiples formas y estrategias, y en el que la así llamada "globalización" no es más que su fase actual. Este proceso de larga duración es una estructura de la historia que sigue viva y que opera condicionando fuertemente el devenir del mundo actual al propagar por todo el globo las relaciones capitalistas de producción, al incorporar a su lógica cada vez más sectores de la economía y de la vida en general que habían permanecido al margen de ella y, por último, al profundizar estas relaciones capitalistas de producción en todos aquellos sectores que ya habían sido absorbidos con antelación.

Con la crisis del capitalismo iniciada en la década de los setenta, período en el que el sistema vio puesto en peligro su propia reproducción, nos encontramos frente a un fenómeno periódico cuyos ciclos se cumplen en cuestión de décadas, justamente un fenómeno coyuntural de mediana duración. En la amplia historia del capitalismo, una crisis de estas características tiene como referencia crisis anteriores como la de 1929 o la acaecida alrededor de 1872-73. Frente a este tipo de crisis, las economías centrales echan a andar toda una serie de mecanismos al interior de sus propios países y en la periferia, tendientes a revertir algunos de los efectos negativos que la misma ocasiona. La apropiación de los patrimonios nacionales de los países periféricos a través de la venta de las empresas estatales y la inversión extranjera directa son sólo dos ilustrativos ejemplos. En este contexto se inserta el deseo compulsivo de privatizar todo lo que se pueda, en el menor tiempo posible, con el fin de incrementar la inversión extranjera directa, uno de los mecanismos más efectivos de transferencia de capitales de la periferia al centro.⁵

Por último, los mecanismos y las estrategias por medio de los cuales se concretiza la privatización del agua son, siguiendo el mismo razonamiento, acontecimientos de corta duración. La promulgación de una nueva ley, la modificación de otra, la firma de un convenio entre gobiernos o el otorgamiento de una concesión, quedarían encuadrados en esta categoría debido a que todos ellos son hechos efímeros con repercusiones más locales. Estos hechos, aunque efímeros, ilustran lo que nosotros llamamos la intensificación horizontal (expansión geográfica), vertical (profundización de los sectores tradicionales) y económica (inclusión de nuevos sectores de la economía) de las relaciones capitalistas de producción en este sector.

Lógicamente estos procesos no operan en el vacío, sino que son puestos en práctica por agentes bien identificados que actúan a diversas escalas. Siguiendo el modelo de la estructura geográfica horizontal tripartita que desarrolló Peter Taylor, se puede sostener que los actores y los fenómenos más relevantes operan a escala mundial, ya que es en esta esfera donde se definen los valores y parámetros que terminarán por aplicarse a escala local. Sin embargo, las fuerzas globales sólo dejan sentir su dominio indirectamente, debido a que es el Estado nacional quien, según sea el caso, aminora o acrecienta en el ámbito local los efectos derivados de la acción de estos actores y procesos globales. El Estado nacional entonces funge como mediador de la escala mundial y la local.

Es en este sentido que se considera muy valiosa y pertinente la propuesta de Taylor ya que a la vez que desmantela de manera contundente el mito neoliberal del fin del Estado nacional, coloca en su justa dimensión el papel central del Estado en el desarrollo de procesos como la privatización del agua en el mundo.

La oportunidad de la participación del sector privado en la prestación de servicios relacionados con el agua (servicios ambientales hidrológicos, servicios municipales, etc.) se da a partir de los años ochenta, como producto de la puesta en marcha de las políticas neoliberales que estuvieron claramente dirigidas a reestructurar las responsabilidades de los Estados para instalar lineamientos que promovieran la competitividad económica de los países (Haughton, 2002:791-807). Con el inicio de procesos de la reforma del Estado y del mercado, el papel del primero queda modificado considerablemente, pasando de ser el proveedor de servicios básicos y estratégicos, a ser el facilitador por excelencia de la privatización de dichos servicios. En este contexto, la privatización a ultranza es un postulado básico en el decálogo de la política neoliberal, que al ser puesta en operación, toma formas diversas y particulares de acuerdo con las situaciones y circunstancias regionales, nacionales y locales.

En el caso concreto de la privatización del agua en México, la forma en que ésta se está llevando a cabo localmente, es decir, a nivel de municipios, se deriva de una decisión de Estado, ya que durante el período presidencial de Ernesto Zedillo, a los municipios se le cedió la gestión de sus recursos hídricos, mismos que anteriormente se manejaban a nivel federal. Las consecuencias de esta medida política permitieron abrir la puerta de par en par al sector privado nacional y extranjero para participar en múltiples formas y grados en la prestación de servicios públicos de agua potable, drenaje y saneamiento.⁶ Esto ha derivado en lo que se podría llamar la "pulverización espacial de la gestión de los servicios públicos de agua, drenaje y saneamiento", hecho que ha restado fuerza negociadora a los municipios en el momento de enfrentar a las grandes compañías del agua.

Así queda demostrado que más que la desaparición del Estado, lo que se ve es una reestructuración de sus responsabilidades, lo que se ha traducido en la reducción de su participación directa en el gasto público y social. Todo esto, se dice, es en beneficio de la competitividad económica en un mundo globalizado.

La participación de empresas privadas en la prestación de servicios relacionados con el agua es vista, en muchos casos, como un alivio temporal a los gastos gubernamentales y a las deudas históricas de los países, a pesar de que todo el proceso de privatización termina siendo financiado por los mismos gobiernos y por instituciones públicas que se endeudan aún más con los bancos de crédito internacional, para hacer las inversiones necesarias en infraestructura en el sector, antes de ser puestas en venta. Durante la vigencia de las concesiones, los gobiernos también otorgan apoyos financieros a las operadoras privadas, en forma de contribuciones en efectivo, subsidios o exenciones en el pago de impuestos, e incluso realizan rescates cuando las empresas declaran tener problemas financieros o se presumen afectados por la situación económica del país. Estas y otras acciones a menudo son vistas como parte de los riesgos de transferencia de lo público a lo privado, y de las garantías que las firmas esperan recibir de los gobiernos para que la compra-venta de las empresas públicas sea más atractiva. Además, al tratarse de un negocio altamente lucrativo, la asignación de las concesiones suele estar plagada de falta de transparencia, favoritismos, arbitrariedades y corrupción, como ya se ha podido documentar en varios países, en donde incluso altos funcionarios de estas empresas han sido enjuiciados al comprobárseles culpabilidad en actos de corrupción.⁷

Los gobiernos de los países periféricos, clientes incondicionales de las grandes potencias, están accediendo a la concretización de estos procesos sin advertir el peligro que ello puede representar para sus habitantes, su economía y su soberanía. Desde nuestro punto de vista y teniendo en consideración lo ocurrido en otros sectores, el proceso de privatización actual que se está llevando a cabo en el sector agua, únicamente constituye la primera fase de una eventual "extranjerización" de los recursos hídricos de nuestro país. Esto es cierto, aunque hasta este momento sólo se trate de una privatización de facto, debido a que, constitucionalmente hablando, el agua sigue perteneciendo a México y a todos los mexicanos.

SEGUNDA NATURALEZA

La naturaleza hoy en día más que nunca está lejos de ser sólo aquella materia originaria producto de millones de años de evolución, algo ya dado, un ente con cualidades inherentes e inmutables, sometida a una dinámica cuyo carácter esencial puede ser objetivamente estudiado, es decir, como ámbito aislado de la sociedad. Las cualidades de la naturaleza que en un momento particular se consideran relevantes no son inmutables sino más bien contingentes a las prácticas sociales, por lo que nombrar a la naturaleza y adjudicarle toda una variedad de adjetivos, necesariamente está enérgicamente condicionado por un modo específico de producción, y se lleva a cabo desde cierta posición cultural y política determinada.

Hablar del agua como un elemento no sólo natural sino social, nos lleva a entender que la naturaleza se presenta a través de un trasfondo ideologizado que comúnmente oculta la inequidad social presente en el uso y distribución social de los recursos naturales. A este fenómeno Aldred Schmidt lo identifica como la "ideología de la naturaleza".

Desarticular la ideología de la naturaleza significa "desnaturalizarla" para mostrar que su distribución, escasez, contaminación, propiedad y uso son productos sociales que surgen de contextos particulares y que sirven a fines de poder específicos que deben ser cuestionados.

A la crisis de acumulación capitalista que se registra desde inicios de la década de los setenta, se suma el agotamiento, la degradación y la contaminación de lo que constituye la base material de la producción, es decir, los recursos naturales. Esto plantea un elemento de discusión importante porque una crisis de recursos naturales podría eventualmente implicar límites al proceso de acumulación capitalista.

Contradictoriamente, el mismo sistema que ha visto el agua como algo dado, un bien gratuito y una fuente de riqueza ilimitada que sólo encuentra sus límites reales en el nivel desarrollo científico-tecnológico correspondiente a cada época, y que por lo tanto la ha sobreexplotado, contaminado, agotado por el uso que se hace de la misma bajo este sistema de producción y consumo, es el mismo que ahora busca conservarla y protegerla.

Por ello, el capitalismo ha pasado de ser el gran destructor de la naturaleza a asumir responsabilidades con ella, principalmente a través del apoyo a los movimientos sociales ambientalistas y a organizaciones no gubernamentales (ONG), convirtiendo a la naturaleza en lo que Cindi Katz llama acumulación estratégica (accumulation strategy).⁸ Al ya no ser la naturaleza una frontera abierta para la expansión económica capitalista, el sistema convenientemente ha optado por explotar opciones hacia el interior, haciendo un uso más intensivo del medio natural. En este contexto, el caso del agua resulta ser paradigmático.⁹

Por ello se sostiene que la privatización del agua está más vinculada con la expansión de las relaciones capitalistas de producción sobre aquellos nichos de la economía que, por una razón o por otra, no habían sido aún absorbidos de lleno, que con una estrategia benefactora que busca revertir los efectos negativos del desabasto y de la contaminación de agua en el mundo.

CONCLUSIONES

La privatización del agua está vinculada con el agotamiento, real o imaginario, de ciertos recursos naturales estratégicos para el funcionamiento de la economía mundial y para la reproducción de la vida en el planeta. Es necesario reflexionar sobre los problemas reales que se tienen en materia de agua, para lo cual es preciso comenzar definiendo si la llamada "crisis del agua" se refiere realmente a la escasez del recurso o más bien es un asunto de disponibilidad e inequidad social.

Un elemento fundamental para la reproducción de la vida, de la sociedad y de la economía mundial, no puede ser tratada como una mercancía más en el mercado, toda vez que ello atentaría sobre valores básicos como los derechos humanos o la seguridad nacional. Por ello, desde una perspectiva geoestratégica, concesionar el manejo del agua a empresas privadas y, sobre todo, a firmas extranjeras, equivale a fomentar la vulnerabilidad de la población y su territorio de cara a intereses ajenos a los perseguidos por cada Estado nacional.

Además, pareciera que existe un contrasentido entre convertir el tema del agua en un asunto de seguridad nacional y el deseo de querer privatizar su suministro a la población lo antes posible, ya que no pensamos que la lógica con la que se rigen las empresas (la del mercado) y la lógica de la seguridad nacional coincidan perfectamente en todos los lugares y situaciones. Es muy probable que para los promotores de la privatización no haya contradicción en ello, ya que el agua seguiría siendo una cuestión de seguridad nacional administrada por la iniciativa privada y regulada por el Estado. Sin embargo, a decir por la forma en que se viene desarrollando este proceso de privatización y por las experiencias en no pocos países con la participación de las grandes transnacionales en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, el límite del compromiso de las firmas privadas con el abastecimiento de agua está determinado por una cuestión de rentabilidad y no por un asunto de equidad o de seguridad nacional.

Independientemente de que la insuficiencia de agua es un problema de distribución territorial (la mayor cantidad del agua está ubicada en zonas poco pobladas del planeta, con importantes variaciones a lo largo del año), también se podría decir que se trata de un asunto de desigualdad social y espacial. Por ejemplo, poco se habla de que el agua es acaparada por las actividades más rentables de la economía en detrimento de su abasto a los sectores menos dinámicos de la misma, o de que la carencia de agua se manifiesta casi exclusivamente en las zonas que habitan los estratos más empobrecidos de la población, o de que las ciudades son comúnmente grandes centros acaparadores del agua que es transportada desde lugares cada vez más lejanos privando de este vital líquido, con ello, a grandes áreas rurales. Tampoco se acostumbra señalar a los patrones de producción y consumo de la sociedad contemporánea como uno de los principales causantes de la actual crisis del agua. En resumen, lejos de plantearse con seriedad cuáles son los orígenes de la escasez del agua en el mundo, pareciera que se busca imponer a ultranza la idea de que se atraviesa por una severa crisis que puede aniquilar la vida en el planeta, creando así un ambiente de confusión propicio para aceptar sin mucha resistencia la privatización como la única opción posible a tan grave dilema.

Pero lejos de que la participación del sector privado sea la mejor opción para reducir la creciente brecha entre la oferta y la demanda, los negocios y la obtención de ganancia son el móvil de quienes por diversos frentes promueven la privatización. Los inversionistas prefieren aquellos mercados donde su inversión esté asegurada, es decir, países desarrollados, grandes ciudades de los países subdesarrollados y centros turísticos. Las áreas con menor concentración de población, lugares donde de entrada se requieran grandes inversiones de capital debido a la escasa o nula presencia de infraestructura, son desdeñadas por el sector privado, argumentando ser la responsabilidad del Estado brindar el servicio. Esto nos muestra una diferenciación geográfica en función, no de un interés social, sino económico, que contribuye a reproducir la inequidad social.

Es por ello que la escasez del agua es presentada como una condición universal, con lo que se justifican esquemas de solución general como el reconocimiento de su valor económico, su comercialización y, en última instancia, su privatización. Dicha privatización conlleva cambios organizacionales del manejo y la propiedad del recurso, y su comercialización trae consigo transformaciones en el manejo del agua con la introducción de principios comerciales (mercados, eficiencia, competencia, ganancias, productividad, etc.). Así, el agua pasaría de ser un bien común a una mercancía, los usuarios abandonarían su condición de ciudadanos con derecho al acceso al agua para convertirse en clientes que podrán acceder a ella sólo a través de un contrato de compra-venta, la provisión del agua sería un negocio más que un servicio público con el objetivo primario, ya no de equidad o seguridad social, sino de maximizar la eficiencia económica del negocio (Bakker, 2002:767-790).

Espacialmente hablando, el fuerte apoyo político, económico e institucional de que son objeto las grandes corporaciones multinacionales por parte de sus países de origen, ejercen una enorme influencia que promueve formas domésticas de regulación y manejo del agua que son exportadas a países extranjeros, y que eventualmente se traducirán en oportunidades de inversión para esas empresas. Esta situación es de suyo importante al estar con ello modificando las formas propias de gestionar nuestros recursos hídricos y, con ello, influyendo directamente en la configuración espacial de nuestro territorio nacional.

Al cambiar de propiedad el manejo de las infraestructuras de agua, drenaje y saneamiento, se está permitiendo la introducción de elementos externos que enajenan nuestro espacio nacional con tipos de organización ajenos a los intereses de la nación que responden a una producción diferente del espacio. Es por ello que las reformas del Estado en esta materia deben ser vistas más allá de simples decisiones internas derivadas de necesidades económicas, políticas o sociales de la nación. También de ello se deduce que el desarrollo del mercado mundial del agua no es un proceso neutral libre de relaciones de poder en donde el más fuerte termina imponiendo su verdad.

Los más fervientes promotores de la privatización del agua se han dado a la tarea de juzgar a las empresas públicas que administran y operan los sistemas de abasto de agua y drenaje con criterios propios para evaluar el funcionamiento de empresas privadas. Usando conceptos como "éxito", "productividad" o "eficiencia" critican la actuación de entidades públicas y sus inherentes cometidos sociales. Sin embargo, después de más de dos décadas de experiencia en materia de privatizaciones, tanto nacional como internacional, no existe seriedad en la aseveración de que las compañías privadas sean inherentemente mejores que las empresas públicas. Una larga lista de abusos, impunidad, irresponsabilidad, arbitrariedades, corrupción e incumplimiento, como lo documentan casos en Bolivia, Filipinas, Argentina, Nicaragua, Estados Unidos o Inglaterra, confirman lo contrario.

En México la privatización de los servicios públicos de agua potable ha progresado con suma rapidez, a pesar de ser un proceso relativamente reciente: en tan sólo diez años la iniciativa privada ha conseguido contratos en más de las 15 ciudades más grandes del país, sirviendo entre un 15 y un 20% de la población total, lo que significa un incremento de entre 1.5 y 2 millones de usuarios anuales.¹⁰

A diez años de la participación de empresas privadas (nacionales y extranjeras) en el ramo del agua en México, su desempeño dista mucho de ser satisfactorio. A pesar de los casos documentados de lo que ha sucedido en lugares como Aguascalientes y Saltillo, el gobierno se ha mostrado muy condescendiente con el capital privado y poco sensible a las necesidades más básicas de la población, ya que las oportunidades están abiertas para que las empresas sigan obteniendo concesiones y prórrogas. La todavía mala calidad del agua que sale de nuestras llaves, aunado a otro tipo de factores, también ha abierto excelentes oportunidades para el espectacular desarrollo del mercado del agua embotellada, el cual, una vez más, está monopolizado por cuatro firmas extranjeras: Nestlé, Danone, PepsiCo y Coca-Cola. Éstas han adquirido en los últimos diez años las más grandes e importantes embotelladoras y plantas de agua nacionales y, al igual que los operadores privados de sistemas de agua, se les conceden permisos para extraer el líquido que, tras un sencillo proceso de purificación y puesto en un envase que termina tirado en las calles, es vendido hasta 1 000 veces más caro. El agua en manos extranjeras conlleva un uso elitista y socialmente discriminatorio.

Para revertir el actual proceso de la privatización del agua en México, ya de facto y/o de jure, es necesario, como un primer paso fundamental, que el Estado siga garantizando la propiedad social de este recurso, más que continuar abriendo el sector a la inversión privada, fungiendo como el responsable directo de suministrar servicios básicos para la población, a través de proyectos de largo aliento que garanticen el derecho al acceso al agua en calidad y cantidad suficiente.

El evidente fracaso de las privatizaciones del agua en las grades ciudades de no pocos países tanto centrales como periféricos, hace necesario abrir el debate nacional en torno a las diversas problemáticas en la materia que se presentan en nuestro país, a fin de evitar imponer soluciones generales acordes a la ideología neoliberal imperante. Es decir, que el problema del agua en México debe ser afrontado desde una perspectiva regional que incorpore los problemas que se presentan en las escalas locales a las de la escala regional y nacional.

Una política nacional del agua debe incluir al gran abanico de alternativas de control social con sus enfoques innovadores, lo mismo para el campo que para la ciudad, en los que el conocimiento y experiencia de muchos años de manejo social eficiente del agua hacen hoy posible el adecuado acceso y abasto de agua sin necesidad de recurrir a cuantiosas inversiones que endeudan a los pueblos durante generaciones, tales como los sistemas comunales de riego o modelos de participación pública para el suministro urbano de agua.

NOTAS

1 Si no fuera así no se podría explicar por qué lugares desérticos como Las Vegas, con sus innumerables fuentes. Albercas y campos golf, tiene un consumo de agua por persona mayor que muchos otros países del mundo, o por qué lugares como Chiapas, con agua en abundancia, no pueden tener acceso a este líquido de manera entubada y a servicios sanitarios adecuados.

2 11000 millones de personas en el mundo no cuentan con agua potable y 2 400 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados.

4 Declaraciones hechas por el presidente del Consejo Mundial del Agua, Loic Fauchon, en "Más agua y menos armas", BBC Mundo, noviembre de 2005. http://new8.thdo.bbc.co.uk/spanish/science/ newsid_4394000/4394672.stm

5 Esto es particularmente cierto para el caso de América Latina con Estados Unidos, tal como la fundamentan Saxe-Fernández y Núñez (2001:87-166).

6 El programa para la modernización de los prestadores de servicios de agua y alcantarillado (PROMAGUA o FINFRA II) es el mecanismo oficial por medio del cual se promueve la participación de empresas privadas en este subsector.

7 Tanto Suez como Vivendi han sido multadas en Francia por contribuciones ilegales a campañas políticas para obtener contratos municipales. También han enfrentado cargos por extorsión y fraude. Y esto sucede en países desarrollados en donde los aparatos regulatorios y las leyes son más respetados que en las naciones subdesarrolladas (The Internacional Consortium of Investigative Journalists, 2003).

8 Porciones de la naturaleza cuya conservación tienen un carácter estratégico. Las reservas de porciones de la naturaleza no son otra cosa que zonas productivas, o al menos potencialmente productivas (Katz, 1998).

9 No se trata de la primera vez que el capitalismo participa en el sector agua, ya que en el caso de la prestación de servicios como el agua potable, drenaje y saneamiento, se tiene una larga tradición de la participación de empresas privadas en la dotación de estos servicios, pero lo que sí se podría decir, es que nunca se había hecho de la forma y con la intensidad actual. Por ello también difiero de quienes proclaman que el problema radica en que el agua se está convirtiendo en una mercancía, pues ya desde hace mucho tiempo este recurso es una mercancía "vendida" por el estado de manera subsidiada. El agua que sale de la llave de nuestras casas es una mercancía porque contiene tiempo de trabajo acumulado (extracción, tratamiento, transporte, entre otros). Esto sólo es una forma de mercantilización del agua; también está el caso del agua embotellada.

10 Para una lectura más completa sobre este tema se recomienda consultar la tesis de maestría en geografía de Peña (2004).

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