El pronunciamiento mexicano del siglo XIX. Hacia una nueva tipología

Will Fowler *

* Catedrático de estudios latinoamericanos en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Saint Andrews en Escocia. E–mail: wmf1@st-andrews.ac.uk

Resumen

Tras la Guerra de Independencia (1810–1821) estallaron más de 1 500 pronunciamientos entre el Plan de Iguala de 1821 y el Plan de Tuxtepec de 1876. En varios casos degeneraron en enfrentamientos de una violencia atroz como el saqueo del Parián en la Ciudad de México de 1828. En otros resultaron en guerras civiles brutales (1832, 1854–1855, 1858–1860). En muchos casos, sin embargo, sus demandas fueron atendidas o sofocadas dependiendo de cuántos pronunciamientos de adhesión recibieron. Este artículo busca redefinir la práctica del pronunciamiento en México, haciendo hincapié en el protagonismo que tuvieron grupos e instituciones civiles al adoptar este medio legítimo, aunque no constitucional, para forzar cambios políticos tanto a nivel regional como nacional durante las primeras décadas nacionales.

Abstract

Following the war of Independence (1810–1821), over 1 500 pronunciamientos erupted between the 1821 Plan of Iguala and the 1876 Plan of Tuxtepec. In a number of cases they degenerated into clashes of appalling violence such as the Mexico City Parián Riot of 1828. In others they resulted in brutal civil wars (1832, 1854–1855, 1858–1860). In many cases, however, their demands were appeased or quelled depending on how many pronunciamientos of allegiance they received. This article aims to redefine the practice of the pronunciamiento in Mexico, by emphasizing the leading role civilian groups and institutions had in adopting this legitimate, albeit unconstitutional, means of effecting political change at a regional and at a national level during the early national period.

Key words: Pronunciamiento, army, civilian participation, political culture, town council, negotiation, Spain, Mexico.

Introducción

El fenómeno del pronunciamiento en España y México (1814–1876)

Stanley Payne definió la primera mitad del siglo XIX español como la "era de los pronunciamientos". ¹ En España, según Julio Busquets, desde el pronunciamiento de Francisco Javier Elío de 1814 hasta el del general Villacampa de 1886, "se produjeron más de cuarenta pronunciamientos", aunque anota que la cifra varía considerablemente dependiendo de la fuente que se consulte y lo que se entienda por "pronunciamiento". De este modo Juan Varela señaló que tan sólo entre 1843 y 1848 hubo 38 pronunciamientos, J. R. Alonso sumó un total de 300 para los años que van de 1814 a 1854, y José Canalejas concluyó, en un discurso pronunciado en 1881, que hasta la fecha se había producido en España un total de 81 pronunciamientos. ² En México, como se puede ver en la Pronunciamientos Database (http://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/), hubo más de 1 500 pronunciamientos entre el Plan de Iguala de 1821 y el Plan de Tuxtepec de 1876. La frecuencia con que se pronunciaron españoles y mexicanos para promover cambios políticos en el siglo XIX ya de por sí confirma el veredicto de François–Xavier Guerra de "que, por su recurrencia, tiene que ser considerado como una de las prácticas más importantes del siglo XIX".³ Es por ello que la necesidad de analizar esta práctica, como nos lo recuerda Josefina Zoraida Vázquez, es urgente, especialmente cuando se tiene en cuenta que "los pronunciamientos fueron expresión de las facciones y después de los partidos políticos".⁴

Aunque es un hecho que la mayoría de los pronunciamientos fracasó, no deja de ser cierto que aquellos que cundieron tuvieron un impacto tremendo en el vaivén de la política española y mexicana. En España, fue discutiblemente un pronunciamiento (o protopronunciamiento si se quiere) de Elío en 1814 lo que llevó a la restauración del absolutismo.⁵ El pronunciamiento de Rafael del Riego de enero de 1820 (el primero en denominarse "pronunciamiento" como tal),⁶ consiguió que el Rey Fernando VII reintrodujera la Constitución de Cádiz de 1812, y se convirtió, sin lugar a dudas, por su sorprendente éxito, en el modelo o patrón de pronunciamiento que fue usado, a partir de entonces, por más de sesenta años tanto en España como en México. Después de catorce años de pronunciamientos fallidos (por ejemplo, Fernández de Córdoba (Madrid, 1822), Capapé (Zaragoza, 1824), Valdés (Tarifa, 1824), Torrijo (Málaga, 1830), en 1834 la introducción del Estatuto Real se produjo como consecuencia del pronunciamiento del general Quesada. Dos años después el pronunciamiento de 1836 del sargento García repercutoen la elaboración y la aprobación de la Constitución de 1837. De la misma forma, el reconocimiento de la mayoría de edad de Isabel II se produjo tras el pronunciamiento de los "Coalicionistas" de 1843, y once años más tarde, fue la llamada "Vinculara" de 1854 la que abrió las puertas al gobierno progresista de Leopoldo O'Donnelly la Constitución de 1856. El derrocamiento del gobierno de Isabel II y la redacción de la Constitución de 1869 se debieron al pronunciamiento de 1868 de Francisco Serrano y Juan Prim. La república parlamentaria llegaría a su fin tras el pronunciamiento de Manuel Pavía de enero de 1874, y de la misma manera, se afianzaría la restauración de la monarquía con la sucesiva elaboración de la Constitución de 1876, como consecuencia directa del pronunciamiento en Saguantode Arsenio Martínez Campos a favor de Alfonso de Borbón del 29 de diciembre del mismo año.

Se da un grito en un punto cualquiera, se constituye una Junta, se formula un programa, se declara independiente la población pronunciada, y se exhorta a la nación a que imite el ejemplo. La noticia circula, los ánimos se agitan, se pronuncia otra ciudad, y luego otra, y después otra, y al cabo de pocos días se halla el gobierno supremo circunscrito al breve espacio donde puede alcanzar su vista. Obligado a capitular, a abandonar el puesto, suben al poder otros hombres, sale a la luz un manifiesto, las juntas felicitan, el nuevo gobierno les manda que se disuelvan y ellas obedecen, y la función se ha concluido.⁷

De forma paralela, aunque también en México muchos serían los pronunciamientos que fracasarían, la mayoría de los cambios políticos, a lo largo del siglo XIX, fueron causados o provocados por un pronunciamiento o una serie de éstos.⁸ El Plan de Iguala del 24 de febrero de 1821 resultó en la consecución de la Independencia. Los planes de Veracruz del 2 y el 6 de diciembre de 1822 junto con el Plan de Casa Mata del 1 de febrero de 1823 (y todos los pronunciamientos de adhesión que este último recibió) llevaron a la caída del imperio de Agustín de Iturbide (1821–1823). La dimisión de Manuel Gómez Pedraza y la consecuente llegada al poder de Vicente Guerrero fueron el resultado de los pronunciamientos de Perote y La Acordada en 1828. Al año siguiente fue de nuevo un pronunciamiento, el Plan de Xalapa de 1829, el que derrocó al gobierno de Guerrero y asistió a Anastasio Bustamante en su ascenso al poder. El Plan de Veracruz del 2 de enero de 1832, tras un año de pronunciamientos casi diarios y de guerra civil, repercutió en el fin del primer mandato presidencial de Bustamante. El Plan de Cuernavaca del 25 de mayo de 1834 fue entonces responsable de generar el número nutrido de pronunciamientos de adhesión que acabaron por dar a Santa Anna la justificación que requería para clausurar el Congreso radical de 1833–1834 y de revocar la mayoría de las leyes y reformas que había aprobado. La disolución de la Constitución federal de 1824 y el cambio al centralismo fue, también, la consecuencia de las olas de pronunciamientos de adhesión que inspiraron los Planes de Orizaba (19 de mayo) y Toluca (29 de mayo) de 1835. Seis años más tarde los pronunciamientos concatenados de Guadalajara, La Ciudadela y Perote de 1841 fueron los que condujeron al final del segundo gobierno de Bustamante. Tan sólo un año después, el 11 de diciembre de 1842, el pronunciamiento de Huejotzingo y todas las actas de adhesión que proliferaron a continuación dieron al presidente interino, Nicolás Bravo, la excusa perfecta para cerrar el Congreso constituyente y desechar la Constitución federalista que se había llegado a proponer. Mariano Paredes y Arrillaga tardó tan sólo dos años más para lanzar su pronunciamiento de Guadalajara de 1844 que, combinado con la llamada revolución de las tres horas en la capital, derrocó el cuarto gobierno de Santa Anna. Si bien los pronunciamientos de Guadalajara de 1841 y 1844 no resultaron en la subida al poder de Paredes y Arrillaga, su pronunciamiento de San Luis Potosí el 14 de diciembre de 1845 sí acabó por otorgarle la presidencia, aunque su mandato fue breve al ser derrocado por otro pronunciamiento que estalló en la Ciudad de México el 6 de agosto de 1846 en plena guerra contra los Estados Unidos (1846–1848). Tras la derrota pasaron cuatro años antes de que una nueva serie de pronunciamientos inspirados por el Plan de Blancarte del 26 de julio de 1852 acabara por devolver a Santa Anna el poder (1853–1855). Y sería otro pronunciamiento, el de Ayutla, Guerrero, de 1 de marzo de 1854, el que desencadenó otra serie de pronunciamientos que tras otro año de guerra civil acabó por forzar la caída de la dictadura santanista dando pie al inicio de la época de la Reforma.

Sin importar las credenciales constitucionalistas de los liberales que subieron al poder a la mitad de la década de los 1850, fue el presidente moderado Ignacio Comonfort quien lanzó el pronunciamiento de Tacubaya de 17 de diciembre de 1857 con el que se clausuró el Congreso y se intentó anular la Constitución de 1857, y que creó el contexto de crisis que el general Félix Zuloaga supo aprovechar con su propio pronunciamiento de 11 de enero de 1858 que dio el poder a los conservadores e inició la particularmente sanguinaria Guerra de la Reforma (1858–1860). Aunque ningún pronunciamiento tuvo éxito en México entre el final de la Guerra de la Reforma y la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada en 1876, sería de nuevo un pronunciamiento (el Plan de Tuxtepec de 10 de enero de 1876) el que acabaría por llevar a un joven Porfirio Díaz al poder.

Igual que en España, pensadores mexicanos de la misma talla de Balmes lamentarían la manera en que el pronunciamiento acabó convirtiéndose en el método preferido de sus contemporáneos de buscar forzar cambios en la política del gobierno de su país, sin esperar que se pudieran resolver sus agravios a través de las urnas o por medio de métodos constitucionales y legales. Mariano Otero calificó el pronunciamiento de "funesta manía", desesperado de que los mexicanos tuvieran una "funesta disposición para la guerra civil", y ofreció una explicación al hacer hincapié en el contexto en el que se hallaban, que radicaba en ese espacio de incertidumbre prevaleciente entre el fin de la autoridad del antiguo régimen colonial y el principio de un nuevo sistema constitucional que estaba todavía por consolidarse:

En las sociedades constituidas hay un principio muy dominante que decide las cuestiones políticas o administrativas que siempre se suscitan. La voluntad de un señor, en el despotismo: los intereses de los nobles, en la aristocracia: el voto de la mayoría en los estados democráticos, resuelven todas estas cuestiones cuando las instituciones están en todo su vigor; mas cuando éstas se aniquilan o están todavía por fundarse, esta autoridad no tiene verdadera fuerza, la guerra civil se establece y las cuestiones se deciden en batallas.⁹

Aunque no es aquí el lugar para adentrarnos en un análisis detallado del contexto de crisis constitucional, de autoridad y legitimidad que dio pie a la emergencia, proliferación, y preponderancia de la práctica del pronunciamiento en España y México durante el siglo XIX, merecen resaltarse los siguientes puntos:

]]> 1. La ocupación napoleónica de España y la usurpación de la corona española creó una crisis constitucional que duró más de medio siglo.

2. Ante el contexto de vacatio regis, vacatio legis que generó la imposición de José Bonaparte en la corona del orbe hispano, tanto los "hombres de la casaca" como los "de la levita" adujeron que la soberanía de la nación había recaído en el pueblo y por ende sus representantes (juntas, ayuntamientos, etcétera), lo que generó nuevas ideas y formas constitucionales de autoridad y legitimidad que luego tardarían sesenta años en formular un sistema y gobierno consensuado y respetado.

3. La violencia y la vivencia de las guerras de Independencia, en España contra la invasión francesa (1808–1814) y en México contra la España napoleónica y luego fernandina (1810–1821), cambiaron radicalmente la naturaleza y las normas de las sociedades de ambos países, politizando a las aumentadas fuerzas armadas que, de paso, dieron movilidad social a hombres procedentes de diferentes capas de la sociedad, y militarizando, o al menos acostumbrando a la sociedad civil al uso de la violencia como medio para conseguir sus fines políticos.

4. El pronunciamiento de Rafael del Riego de 1 de enero de 1820 se convirtió en un patrón irresistible que sería emulado a partir de entonces por tirios y troyanos porque logró hacer que el rey cambiara su postura política y reintrodujera la Constitución de 1812 sin que se diera una revolución violenta,¹⁰ una práctica que sería consagrada como la manera de hacer política en México tras el éxito paralelo del Plan de Iguala de 1821.

Si bien hay consenso historiográfico, al menos en los trabajos especializados dedicados al fenómeno,¹¹ sobre la importancia de esta práctica, y de que no se trató sencillamente de un golpe de Estado, ya que en el pronunciamiento se busca negociar con el gobierno (por ejemplo, riego no buscó derrocar al rey sino hacer que cambiara de política reintroduciendo la Constitución Gaditana), sigue manejándose la idea de que el pronunciamiento fue una práctica exclusivamente militar. Este trabajo propone, como se verá a continuación, que aunque no debe subestimarse la importancia que tuvieron los militares en liderar y llevar a cabo los pronunciamientos del siglo XIX, ésta fue una práctica que manejaron grupos e instituciones civiles con igual ímpetu. Es decir, la propuesta historiográfica de este estudio se centra en la idea de que

1. No hubo pronunciamientos militaristas.

2. La mayoría de los pronunciamientos resultó de un esfuerzo combinado de fuerzas militares y civiles (en la que las fuerzas militares eran, de todas maneras, informales).

3. Si se acepta que los pronunciamientos de adhesión fueron pronunciamientos con todas las de la ley, hubo más pronunciamientos protagonizados por grupos civiles que militares.

En otras palabras, lo que se propone en esta nueva tipología del pronunciamiento mexicano es que más que una revuelta o un golpe de Estado de carácter claramente militar, ésta fue una práctica versátil, dinámica y fluida de influir en la política local y nacional, que fue manejada por una gama extensa de actores políticos y sociales, llegando a ser, en cierta manera, la norma y no la excepción: un medio de facto legítimo aunque ilegal de inducir cambios y reformas en las políticas del gobierno fuera del estado o de la nación, aceptado y adoptado aunque criticado por varios sectores influyentes y representativos de la sociedad mexicana del siglo XIX.

El pronunciamiento mexicano del siglo XIX: ¿una práctica estrictamente militar?

La mayoría de definiciones del término "pronunciamiento" hace hincapié en que se trata de una práctica militar, una "sublevación militar cuyo objeto es la consecución del poder o, cuando menos, la presión que obligue a la sustitución de la política gubernamental".¹² Es en este sentido que una fuente popular, aunque no siempre fiable, como Wikipedia, asocia la práctica del pronunciamiento con el golpe de Estado, aduciendo que se trata de una versión hispánica del coup d'état francés: "cuando la toma de poder es realizada por miembros de las fuerzas armadas".¹³ tal y como lo señala la Real Academia Española, un pronunciamiento es por lo tanto un: "alzamiento militar contra el Gobierno, promovido por un jefe del ejército u otro caudillo".¹⁴

Dado que los pronunciamientos que tuvieron mayor éxito en España y México fueron protagonizados por oficiales militares, quizá no sea tan sorprendente que la historiografía haya tendido a asociar esta práctica con el ejército y que lo que fue, en la mayoría de los casos, una llamada a la negociación, como se verá más adelante, haya sido caracterizada como una variante hispánica del golpe de Estado napoleónico. Teniendo en cuenta que el ejército era la única institución con los medios (hombres y armas) para llevar a cabo sus amenazas de forma contundente en caso de que el gobierno ignorara sus demandas. Es obvio que los pronunciamientos que cundieron fueron aquellos que se originaron en los cuarteles y las guarniciones y que fueron iniciados por oficiales inquietos. Guerra, en su excelente artículo "El pronunciamiento en México", estaba persuadido de que: "El documento primigenio de todo pronunciamiento, el 'plan', es siempre de origen militar",¹⁵ opinión corroborada por Vázquez, quien arguye que los pronunciamientos en México: "Fueron, casi todos, lanzados por el ejército". Es con esta perspectiva militarista en mente que, al explicar en qué consistía un pronunciamiento, Vázquez nos refiere a la definición provista por el Diccionario de historia de España: "Sublevación de un jefe del ejército, que prevalido del mando que ejerce, saca sus tropas a la calle, con objeto de cambiar mediante la violencia o la simple amenaza, la política del gobierno existente o incluso derribarlo para sustituirlo con otro, generalmente, el del propio sublevado".¹⁶

Sin embargo, tanto Guerra como Vázquez nos recuerdan que el ejército casi nunca actuó solo o sin la ayuda de civiles, o como lo señaló Brian Hamnett en su estudio sobre partidos políticos e intervención militar:

En México, quizás más que en otros países latino–americanos, las repetidas intervenciones militares ocurrían en un ambiente en que las cuestiones políticas fueron definidas por civiles. A pesar de su papel de creciente significación política durante la Guerra de Independencia, los militares eran simplemente un grupo de presión entre varios otros, como letrados, clérigos, funcionarios, comerciantes, mineros, y terratenientes.¹⁷

Los pronunciamientos que lograron sus objetivos fueron aquellos que resultaron de un esfuerzo combinado entre militares y civiles, en los que los oficiales no siempre fueron militares de carrera o miembros del ejército permanente con una guarnición, división o batallón bajo sus órdenes. Vázquez, de hecho, admite que: "aunque la jerarquía militar patrocinó pronunciamientos que respondían a las aspiraciones políticas de generales como Santa Anna y Mariano Paredes y Arrillaga, muchos fueron instigados por civiles: comerciantes, algodoneros, tabacaleros, monarquistas y políticos desplazados para defender sus intereses".¹⁸

Merece resaltarse, además, que la dicotomía militar–civil tampoco fue tan clara como suele asumirse, ya que no todos los llamados militares comandaban tropas, vivían en cuarteles o habían empezado sus carreras en el ejército como cadetes, adiestrados y formados en el colegio militar. Si se considera que lo que distinguía a los militares de los civiles no era, en realidad, tan obvio, es necesario que nos replanteemos lo que se quiere decir por una "práctica militar", o si es, de hecho, útil definir el pronunciamiento como un medio predominantemente (para no decir exclusivamente) castrense de efectuar cambios políticos. A fin de cuentas, muchos generales eran esencialmente civiles disfrazados de militar, revolucionarios insurgentes y/o trigarantes que adquirieron su rango militar durante la Guerra de Independencia (1810–1821), y que luego, una vez iniciadas las primeras décadas nacionales, no conservaron vínculo formal alguno con el ejército (por ejemplo, un regimiento particular, una comandancia específica, etcétera).¹⁹ Aunque evidentemente hubo veteranos que se integraron a las fuerzas armadas como cadetes, ascendieron la jerarquía militar con el tiempo, desarrollaron afinidades concretas y arraigadas hacia lo que no dejó de ser —de todas maneras— un establecimiento incipiente y profundamente heterogéneo, Michael P. Costeloe tiene razón al señalar que: "la distinción militar–civil era muy difusa en aquella época, y muchos militares de alto rango dedicaron la mayor parte de su tiempo y energía a la intriga política más que a las maniobras militares".²⁰

No hace falta recalcar la obviedad de que los civiles que acompañaron a los soldados en sus conspiraciones y pronunciamientos tampoco pertenecieron a un mundo enteramente distinto y aparte. Aunque los civiles no se beneficiaran necesariamente de pertenecer a un fuero, como era el caso de los militares, que les pudiera librar de ser procesados por cortes civiles, no dejaron de conspirar, financiar, inspirar, promover y sostener a los oficiales que se dejaron arrastrar al mundo truculento de la política. La mayoría de los presidentes del México independiente bien pudo estar compuesta de generales y la mayoría de políticos con quienes compartieron su día a día y con quienes trabajaron y convivieron fueron civiles. Es más, es un hecho comprobado que hubo civiles involucrados en la mayoría de los pronunciamientos del siglo XIX desde que se empezaron a planear hasta el momento en que fueron lanzados, proveyendo las ideas y los recursos que necesitaron los hombres de uniforme para lanzar sus pronunciamientos exitosos. Tal y como lo ha constatado Jaime E. Rodríguez O., "los militares devinieron con frecuencia el instrumento de los grupos políticos civiles".²¹

Lo importante es evitar ser influidos por esquemas anacrónicos, y no conceptualizar el pronunciamiento y la intervención política militar en el México independiente como si oficiales como Antonio López de Santa Anna o Anastasio Bustamante fueran los equivalentes decimonónicos de Alfredo Stroessner, Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla. George Philip ya admitió durante la mitad de la década de los ochenta que un estudio serio del papel político del ejército latinoamericano no se dio sino hasta iniciados los años sesenta, y éste se debió al auge de gobiernos militares que hubo en aquel momento,²⁸ y fue por ello que politólogos e historiadores cometieron el error de hacer "una serie de suposiciones basadas en nociones generales de política que reflejaban el clima del momento más que el estado del arte".²⁹ Dicho de otra manera, los estudios que fueron realizados en los 1960 y 1970 estuvieron, comprensiblemente, influidos por el panorama político de aquellos años. Mientras que esto pudo ser útil a la hora de incentivar la investigación de las prácticas e intervenciones políticas de las fuerzas armadas profesionales en América Latina durante la Guerra Fría, dificultó más que esclareció nuestra comprensión del papel político del ejército decimonónico de la región.³⁰ Se supuso, a modo de ejemplo, que los miembros de los ejércitos informales del siglo XIX se vieron a sí mismos como pertenecientes a una casta distinta y aparte de sus contemporáneos civiles, en el sentido que luego hicieron sus sucesores profesionales del siglo XX. Se asumió sin cuestionamiento alguno que conceptos como patria, democracia y soberanía querían decir lo mismo entonces que en los años setenta, como si los liberales civiles de los 1830 fueran los "rojos" de aquel entonces, y los generales fueran necesariamente de "derechas".³¹

Sin embargo, más allá de la cuestión de cómo era el ejército mexicano decimonónico y de si podemos hablar del pronunciamiento como una práctica estrictamente militar, al tenerse en cuenta que ésta era una fuerza informal, heterogénea, y no profesional, con múltiples vínculos con la población civil, es importante que definamos lo que entendemos aquí por un pronunciamiento para que así podamos valorar quiénes se pronunciaron, con qué fines, y cómo fue manejada esta práctica. Es esencial, en este sentido, que hagamos una distinción entre lo que fue un pronunciamiento a diferencia de una revuelta o un golpe de Estado (aunque se acepte que un pronunciamiento podía repercutir en, o surgir como consecuencia de un golpe de Estado), concretemos cómo se lanzaba uno y apreciemos cuál era el propósito de los pronunciados al pronunciarse. Una vez que tengamos claro en qué consistió un pronunciamiento, a diferencia de un levantamiento, una insurrección, una sublevación, un cuartelazo, un motín, una asonada, una rebelión, una revolución y un golpe de Estado, podremos evaluar hasta qué punto fue el pronunciamiento una práctica orientada hacia la negociación y utilizada tanto por militares como por civiles para participar en la política del México independiente, o si fue, como se ha sostenido en la historiografía arriba mencionada, un ejemplo clásico del llamado pretorianismo depredador.

El pronunciamiento mexicano del siglo XIX. Hacia una nueva tipología

Los mexicanos del siglo XIX calificaron de "pronunciamiento" toda clase de intervenciones políticas vigorosas, sin importar si éstas fueron golpes de estado o declaraciones que consistieron en poco más que una constatación formal del ideario político de una comunidad particular. Ello complica cualquier intento de definir esta práctica. A modo de ejemplo, en la Proclama que acompañó el golpe del 19 de mayo de 1822 que llevó a la coronación de Agustín de Iturbide, los golpistas constataron que su "pronunciamiento se ha seguido con las demostraciones más vivas de alegría y entusiasmo por el pueblo de esta capital, reunido aun en sus calles".³² De forma parecida, los miembros del Ayuntamiento de Tancahuitz se refirieron a su profesión de adhesión al Plan de Veracruz de 8 de abril, en su segundo Plan del 1 de junio de 1832, como si hubiera sido un "pronunciamiento". De hecho, un porcentaje significativo de actas de adhesión lanzadas por cuerpos civiles fueron definidas en su debido momento como "pronunciamientos". Muestra de ello es el acta del Ayuntamiento de Leona Vicario de 19 de julio de 1834, en apoyo al Plan de Cuernavaca del 25 de mayo del mismo año, en la que se constataba sin ambigüedad alguna en su artículo 5o. Que: "a todos los empleados de la federación y del estado se les exigirá [que] se adhieran solemnemente a este pronunciamiento".³³ Reflejando la noción generalizada de que las profesiones de adhesión de los Ayuntamientos, con sus propios "gestos de rebeldía", eran considerados también "pronunciamientos", por citar otra acta de julio de 1834, es posible leer en el texto del acta del Ayuntamiento de Charcas no sólo que "los señores que componen este Ayuntamiento" estudiaron "los fundamentos en que estribó el Ayuntamiento del Venado su pronunciamiento" decidido "por el pronunciamiento del Plan de Cuernavaca", sino que "después de una madura discusión" se decidió "pronunciarse este Ayuntamiento". Sin embargo, aun si aceptamos que se trata de un término que fue utilizado con bastante fluidez y flexibilidad y que hubo numerosas excepciones y variaciones, sigue siendo posible hacer hincapié en un número concreto de factores comunes hallados en una gama extensa de actos de insubordinación y/o amenazas de revuelta para así poder elaborar una tipología matizada de esta práctica.

A diferencia de un golpe de Estado o una revuelta, el pronunciamiento, al menos en términos de las aspiraciones expresadas, buscaba negociar con las autoridades (fueran locales o nacionales), al exigir que respondieran a sus peticiones. Como lo señala Miguel Alonso Baquer en su estudio sobre el modelo de pronunciamiento español, el objetivo no era, por lo general, derrocar al gobierno. Lo que se buscaba era forzar al gobierno a negociar con los pronunciados que usaban lo que definió como un "gesto de rebeldía" más que una rebelión en sí para conseguir sus fines.³⁴ Estos gestos de rebeldía podían llevarse a cabo como parte de una petición que exigía la dimisión de una figura de autoridad particular (presidente, ministro, gobernador, etcétera), de la misma forma que podían surgir en un movimiento concebido para hacer que el gobierno, fuese estatal o federal, variase sus políticas (fiscales, económicas, morales), o como parte de un levantamiento más amplio por cambiar el sistema político vigente (por ejemplo, Constitución federal o central). Aunque algunos de los pronunciamientos más célebres culminaron con el derrocamiento del gobierno en funciones, no deja de ser cierto que las actas y los planes de los pronunciamientos en sí buscaran la negociación. A manera de ejemplo, el Plan de Casa Mata (1 de febrero de 1823) resultó en la abdicación y exilio de Iturbide. Sin embargo, el plan en sí se limitaba, de hecho, a pedir que se instalara el "Congreso a la mayor posible brevedad" (artículo 1o.), y resaltaba en su artículo 10o. que "el ejército nunca atentará contra la persona del emperador, pues le contempla decidido por la representación nacional". En la mayoría de los pronunciamientos (aceptando que hubo excepciones importantes)³⁵ los textos que acompañaban los "gestos de rebeldía" no pedían que se derrocara al gobierno, sino que el gobierno anulara las elecciones, o reemplazara a los ministros, o cambiara de sistema político, o aboliera ciertas contribuciones, etcétera. La cadena, serie o constelación de pronunciamientos de adhesión que generaba el pronunciamiento inicial podía terminar con el alza al poder del líder de los pronunciados; sin embargo, ese resultado no era necesariamente el que se había buscado en los textos de los pronunciamientos. Era, más bien, el resultado de un contexto en que el mandatario de turno llegaba a la conclusión de que si tenía que negociar con los pronunciados había dejado de tener autoridad, tal y como sucedió con Iturbide en 1823.³⁶

Un factor común del pronunciamiento mexicano fue el uso de un documento escrito que se hizo circular para dar a conocer las demandas de los pronunciados a toda una serie de individuos, instituciones y corporaciones influyentes (guarniciones, Ayuntamientos, militares de renombre, etcétera), con la esperanza de que éstos dieran legitimidad al pronunciamiento original con sus propios pronunciamientos de adhesión. Como queda apuntado en el Diccionario de historia de España, "había, pues, en el pronunciamiento, a diferencia del simple golpe de Estado, una apelación a la opinión pública para que se sumara al movimiento y para justificar el acto".³⁷ aunque se dieron casos de pronunciamientos lanzados antes de que un texto fuera redactado³⁸ —y podría decirse que ciertos golpes de Estado y algunas revueltas fueron en cierta manera pronunciamientos— y no se circuló texto alguno (plan o acta) simplemente porque los involucrados denominaron su acto de violencia política "pronunciamiento", no deja de ser cierto que en la mayoría de los casos los pronunciados dieron gran importancia a la redacción de un texto formal y tendieron a circularlo antes de cumplir su amenaza de tomar las armas. Es más, los textos mismos de los pronunciamientos evolucionaron con el tiempo, adquiriendo en el proceso un registro seudolegal común, una serie de estrategias retóricas compartidas y un patrón, reiterado y reconocible, que podría llegar a definirse como parte de un género literario propio.

A diferencia de España donde, como se evidencia en el trabajo de Irene Castells sobre la década ominosa, el texto habitual del pronunciamiento fue la proclama del militar en turno,³⁹ en México la mayoría de los textos fueron redactados y firmados por un número de personas. Éstos tendieron a incluir un preámbulo en el que los autores ofrecieron su interpretación del contexto de descontento que los había forzado a unirse en un espacio concreto (cuartel, casas consistoriales, iglesia). A esta descripción de los agravios que afligían y azotaban a la nación y/o localidad, seguían las actas de la reunión, dizque espontánea, en las que tras detallar cómo se había elegido un secretario, se relataba cómo y de qué maneras las personas presentes habían discutido largamente sobre lo que se debía hacer. En la mayoría de los pronunciamientos los sublevados decidían alzarse unánimemente, y tras dejar una relación de cómo habían llegado a esa decisión, incluían el plan o la petición en el/la que se detallaba, a través de una serie de artículos, normalmente en plural y punto por punto, lo que los oficiales o miembros agraviados de la comunidad querían que el gobierno regional y/o nacional hiciera. Aquí es donde podía figurar la amenaza de que si las demandas de los pronunciados no eran atendidas, no les quedaba más remedio que hacer uso de la fuerza. La mayoría de los textos de los pronunciamientos concluía haciendo constancia de que copias del plan serían circuladas a las autoridades relevantes y los pronunciados que podían leer y escribir añadían sus nombres y firmas al final del documento. Típicamente, el pronunciamiento era difundido a lo largo de la provincia y el país por "correo violento", impreso como pasquines y folletos, e incluso reproducido en la prensa. Dependiendo de cuántos pronunciamientos de adhesión recibía, el gobierno podía ver hasta qué punto era popular o no el pronunciamiento inicial y así determinar si podía permitirse ignorarlo, si era necesario reprimirlo, o si era mejor negociar con los pronunciados. Como ha señalado Barbara Tenenbaum, "mexicanos a lo largo del país se juntaban, estudiaban los pronunciamientos, y entonces decidían si apoyar a uno o a veces dos de los que estaban haciendo las rondas".⁴⁰

Si los centenares de pronunciamientos que fueron lanzados en reacción a los pronunciamientos iniciales —fueran pronunciamientos o actas de adhesión, desadhesión y rechazo— desde guarniciones, Ayuntamientos, barrios y comunidades son interpretados como pronunciamientos, y no limitamos el término "pronunciamiento" a los gritos proactivos originales y predominantemente castrenses,⁴¹ se hace evidente que esta práctica extraconstitucional era percibida, en aquella época, como la manera más eficaz de influir en la política del gobierno, tanto local como nacional, y así promover cambios políticos significativos, sin importar la naturaleza extraconstitucional de la práctica y su obvio potencial para la violencia.⁴² Como ha sido señalado por Marcela Terrazas "hubo un grado considerable de disidencia" entre las elites en las primeras décadas nacionales, tal y como se evidencia en el caso del Plan de La Loba de septiembre de 1851,⁴³ y la manera en que el pronunciamiento fue un instrumento adoptado por una extensa gama de actores políticos. También confirma que no podemos ni debemos categorizar el pronunciamiento como una práctica puramente militar, pero sí admitir que fue adoptada y usada por una extensa variedad de actores e instituciones políticos, incluyendo Ayuntamientos, pueblos, barrios, vecinos y tribus, y que involucraron la participación activa de soldados del ejército permanente, milicias, clérigos, políticos civiles, terratenientes, comerciantes y gente común.

El Plan de Zacatecas sirve como ejemplo de un pronunciamiento organizado por civiles en reacción a un pronunciamiento procedente de otro estado que podía convertirse en un pronunciamiento proactivo con todas las de la ley, con consecuencias de largo alcance, mostrando a la vez una disposición por parte de políticos civiles de usar esta práctica para influir en la política de la república. De la misma forma, hubo también muchos Ayuntamientos que, siguiendo la misma dinámica, usaron el pretexto del pronunciamiento de adhesión para promover cambios muy concretos a nivel local, explotando el contexto de turbulencia para defender o mejorar intereses de carácter puramente local. A manera de ejemplo, el Plan del Ayuntamiento de Huetamo, Michoacán, del 19 de septiembre de 1832 también profería su adhesión al Plan de Veracruz del 2 de enero, sólo que en este caso añadía un artículo en el que se estipulaba la esperanza de que un tal Anselmo Elisalde se pusiera al frente del pronunciamiento de Huetamo.

Un estudio detenido de los textos de los pronunciamientos de los Ayuntamientos muestra, en este sentido, no sólo que los pronunciados reaccionaban a las demandas de un pronunciamiento de otra región sino también a las que venían, a veces, añadidas en los pronunciamientos de adhesión de las ciudades, guarniciones o municipalidades vecinas. El ejemplo arriba mencionado del pronunciamiento del Ayuntamiento de charcas del 14 de julio de 1834 tipifica esta dinámica en cuanto a que se adhería al plan original de Cuernavaca y, al mismo tiempo, al Plan de Adhesión del Ayuntamiento próximo del Venado. Lo que debe resaltarse es que al crearse de esta manera un espacio en el que los Ayuntamientos podían apoyar y reiterar las demandas hechas en otra parte, y añadir sus propias exigencias al mismo tiempo es que, una y otra vez, el acto del pronunciamiento fue aprovechado para incitar cambios políticos locales. Hubo por lo tanto pronunciamientos de adhesión de Ayuntamientos que, después de responder a las demandas de un pronunciamiento de carácter nacional, pidieron que se reemplazara a su jefe político, y/o gobernador, o exigieron que se los conservara aun cuando apoyaban cambios nacionales, o incorporaron exigencias específicas como pudiera ser prohibir el cobro de rentas de tierras. Las demandas más típicas fueron aquellas en las que se pidió la remoción del prefecto, el subprefecto o el alcalde,⁴⁴ así como la remoción del gobernador y/o la legislatura del estado.⁴⁵ No es de sorprender que, para mediados de la década de los 1830, empezaran a presenciarse pronunciamientos de carácter estrictamente regional que ni siquiera mencionaban problemas nacionales. Por ejemplo, el acta del Ayuntamiento de Leona Vicario en Saltillo, Coahuila, de 23 de marzo de 1835, buscó que se desconociera la elección de Agustín Viesca como gobernador.⁴⁶

Por lo tanto, la muestra de apoyo o adhesión a un pronunciamiento de alcance nacional procedente de otra parte de la república podía convertirse en un nuevo pronunciamiento de carácter regional. También podía ocurrir que el pronunciamiento de adhesión, al condicionar su apoyo al pronunciamiento original con demandas añadidas, se convirtiera en un medio de corregir agravios distintos de los que buscaba enmendar el plan inicial. La investigación realizada por Kerry mcdonald en el estado de San Luis Potosí está mostrando que, a la hora de usar y explotar pronunciamientos nacionales, las elites de la región fueron extremadamente adeptas a corregir y enfrentar problemas de índole local a través de sus pronunciamientos ampliados y revisados de adhesión. Por dar un ejemplo, el acta de San Luis Potosí del 5 de agosto de 1832 pidió que Manuel Gómez Pedraza retomara la presidencia (tal y como había exigido el Plan de Zacatecas arriba mencionado), y desconoció la autoridad y la legitimidad de Anastasio Bustamante . Al mismo tiempo, al añadir en el artículo 4o. Que, "por lo tocante al régimen particular del estado y en cuanto lo permita la órbita de sus facultades, se guiará por su Constitución especial y leyes particulares que rigen", permitió que Vicente Romero fuera reinstaurado como gobernador del 21 de agosto al 18 de septiembre de 1832.⁴⁷

El impacto de los pronunciamientos iniciales y, por lo general, protagonizados por militares pudo haber sido significativamente diferente del de los pronunciamientos reactivos de adhesión lanzados por cuerpos civiles como las legislaturas estatales o los Ayuntamientos con intereses típicamente locales. Sin embargo, no deja de ser el caso que tanto una fuerza militar como lo podía ser una guarnición o una institución civil como un Ayuntamiento adoptaron la misma práctica extraconstitucional para forzar a las autoridades en funciones a escuchar sus agravios y negociar con ellos, manejando la táctica compartida del "gesto de rebelión" acompañado de textos casi idénticos para conseguir sus fines. Si podemos decir que tanto el pronunciamiento amenazador inicial a nivel nacional como el documento de adhesión o rechazo a nivel local fueron, a su manera, pronunciamientos, aun cuando sus objetivos y repercusiones pudieron ser distintos en términos de escala, para analizar este fenómeno político–cultural es posible reconocer que no se trató de una práctica exclusivamente militar.

Es más, si apreciamos que el pronunciamiento fue una práctica dinámica que fue cambiando y evolucionando con el tiempo, se nos hace innegable que algo que tuvo un origen preponderantemente militar en España (1814–1820),⁴⁸ y luego en México (1821–1823)⁴⁹ (sin olvidar las reservas apuntadas arriba sobre la naturaleza informal de los ejércitos español y mexicano y su colaboración estrecha con la población civil),⁵⁰ para la década de los 1830 se había extendido y popularizado hasta el punto que se convirtió en el medio más eficaz de efectuar cambios políticos, adoptado y apropiado por toda una gama de grupos subalternos (incluso un grupo de mujeres de Zacatlán de las manzanas, Puebla).⁵¹ El hecho de que el pronunciamiento se convirtiera en una práctica universal, para decirlo de alguna manera, es que el Plan de cuernavaca del 25 de mayo de 1834 que inspiró una ola de pronunciamientos de adhesión dando a Santa Anna la justificación para cerrar el Congreso radical de 1833–1834, y los planes de Orizaba (19 de mayo) y Toluca (29 de mayo) de 1835 que tuvieron igual éxito al provocar el torrente de pronunciamientos de adhesión que forzó al gobierno a abolir la Constitución de 1824, fueron lanzados por Ayuntamientos.

Conclusión

Como lo ha señalado recientemente Roberto L. Blanco Valdés, "la revisión de los tópicos historiográficos del pronunciamiento y del pretorianismo resulta fundamental", y "debe subrayarse el protagonismo de los grupos civiles (revolucionarios y contrarrevolucionarios)". ⁵² Tras estudiar los más de 1 500 pronunciamientos que estallaron en México entre 1821 y 1876, se hace evidente que esta práctica se convirtió en algo mucho más trascendente que un simple golpe de Estado, especialmente cuando se acepta:

]]> 1. que el pronunciamiento de adhesión fue más que una simple profesión pasiva de apoyo al pronunciamiento inicial;

2. que incluso hubo pronunciamientos originales y proactivos civiles lanzados desde Ayuntamientos que dieron pie a la esperada serie de pronunciamientos de adhesión como fueron los casos de los planes de Cuernavaca de 1834, Orizaba y Toluca de 1835, y San Luis Potosí y Huejotzingo de 1842;

3. que la gran mayoría de los pronunciamientos supuestamente militares fue preparada y lanzada con la participación activa de actores civiles;

4. que los militares tampoco fueron, en muchos casos, profesionales o de carrera;

5. que no hubo ningún pronunciamiento que se limitara a defender o proponer un programa político militarista (es decir, cuyo propósito fuera exclusivamente defender los intereses del ejército permanente), y

6. que el propósito de la mayoría de estos "gestos de rebeldía" fue forzar al gobierno a negociar con los pronunciados y hacer que atendiera sus demandas sin que se buscara, necesariamente, derrocarlo y reemplazarlo con otro.

Por todo esto es obvio que debemos renunciar a la idea de que la política mexicana del siglo XIX fue caracterizada por una pugna entre actores militares y civiles, como si pertenecieran a mundos aparte y representaran idearios opuestos y diferentes maneras de hacer política. También resulta claro que, al conceptuar el pronunciamiento como una práctica política generalizada, que fue utilizada tanto por civiles como por militares, se nos fuerza a replantear su uso y significado sociopolítico y cultural. Si no se trató de una intervención militar en la política decimonónica mexicana, de un ejemplo de pretorianismo depredador, debemos concluir que fue un medio que escogieron grupos de todas clases, de letrados, clérigos, funcionarios, mineros, terratenientes, además de militares, para participar e influir en el vaivén político de una sociedad en la que, para retomar la idea de Otero, las instituciones seguían sin estar "en todo su vigor". Aunque es temprano para aventurar conclusiones definitivas, no deja de ser interesante resaltar que si nuestra tipología del pronunciamiento se convierte en la de una práctica sin vínculos de profesión o necesariamente institucionales, es decir, una práctica política de índole "universal", estamos, por ende, ante la que fue, hasta cierto punto, la expresión política más común, la más popular, de la sociedad mexicana del siglo XIX. Si el pronunciamiento no fue, por lo tanto, la intervención excepcional de una sola rama de esa sociedad, o sea, del ejército, pero sí el método aceptado, aun cuando era extraconstitucional, de Ayuntamientos, barrios y vecinos, de participar en la política local y nacional, su análisis se convierte en una tarea de suma importancia. Por un lado, la extensión y la normalización de su uso nos fuerza a repensar el concepto de anarquía que, a veces, se usa en el estudio del México independiente, en el sentido de que más que una anomalía, la dinámica del pronunciamiento forjó una manera alternativa y curiosamente burocrática y controlada de que se rigiera la sociedad a sí misma, a pesar o por encima del desbarajuste constitucional de la época. Por otro, como expresión, al decir de Josefina Zoraida Vázquez, "de las facciones y después de los partidos políticos", el estudio de sus múltiples actas y planes, de los agravios que buscaron resolver, de las cuestiones que fueron negociadas y de las propuestas que propulsaron, nos ayudará a profundizar nuestra comprensión de las normas e ideas políticas del México del siglo XIX.

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Notas

¹ Stanley Payne, Politics and the military in Modern Spain, Stanford, Stanford University Press, 1967, p. 18.

² Julio Busquets, Pronunciamientos y golpes de Estado en España, Barcelona, planeta, 1982, p. 74.

³ François–Xavier Guerra, "El pronunciamiento en México: prácticas e imaginarios", Travaux et Recherches dans les Amérique de Centre, 37, junio 2000, p. 15.

⁵ Julio Busquets incluye la intervención de Francisco Javier Elío en Valencia, en 1814, tras el retorno de Fernando VII a la península y antes de que el monarca tomara rumbo a Madrid como el primer pronunciamiento español (Julio Busquets, Pronunciamientos y golpes de Estado, p. 14). aunque es difícil argüir que la rebelión de Elío constituyera un pronunciamiento en el sentido que se le dará a la práctica en las páginas siguientes, no deja de ser cierto que la insurrección de Elío, combinada: 1) con la proclamación del llamado Manifiesto de los Persas; 2) el apoyo que dio el rey a la solicitud de abolir la Constitución de 1812 y disolver las cortes, y 3) la movilización de las tropas de Francisco de Eguía en Madrid, resultaron en un cambio político de largo alcance (la restauración del absolutismo) como producto de una serie de acciones concatenadas, que fueron de la periferia al centro, no del todo diferentes de las que acabarían precediendo los pronunciamientos que tuvieron lugar a partir del pronunciamiento de riego de enero de 1820.

⁶ José Luis comellas, Los primeros pronunciamientos en España 1814–1820, Madrid, Escuela de Historia Moderna, 1958, p. 21.

⁷ Jaime Balmes, Estudios políticos, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1926, v. III, p. 114.

⁸ El término "pronunciamiento" se vendría a usar, a partir de 1820, en España, México y centroAmérica (Aldous Huxley, a forma de ejemplo, describe a Guatemala como "tierra de pronunciamientos" en su Beyond the Mexique Bay, Londres, Chatto & Windus, 1934, p. 70, 73). Sin embargo, no se adoptaría en el resto de hispanoAmérica . Está por verse si hubo pronunciamientos, tal y como entendemos el término aquí, en Colombia, Perú, o Argentina, sólo que con otro nombre, o si puede argüirse que el pronunciamiento de riego sólo fue emulado en aquellos país que vivieron las consecuencias de su movimiento exitoso, viviendo en carne propia la restauración de la Constitución de 1812, a saber: España, México y CentroAmérica .

⁹ Mariano Otero, Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la república mexicana, México, Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, 1964, p. 80.

¹⁰ Como ha señalado Josep Fontana en su introducción a la obra de Irene Castells sobre los pronunciamientos de la década ominosa, es precisamente el hecho de que el pronunciamiento "lleva a cabo un proceso revolucionario controlado" lo que inspiró a tantos liberales y militares a intentar replicar el método después. Véase Josep Fontana, "prólogo", en Irene Castells, La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la década ominosa, Barcelona, Crítica, 1989, p. IX.

¹¹ Además de los textos ya citados de Guerra y Vázquez, valdría la pena resaltar también los siguientes títulos destacados para el contexto mexicano: Josefina Zoraida Vázquez, "Los pronunciamientos de 1832: aspirantismo político e ideología", en Jaime E. Rodríguez O. (ed.), Patterns of contention in Mexican history, Wilmington, Scholarly Resource, 1992, p. 163–186; Josefina Zoraida Vázquez, "Political plans and collaboration between civilians and the military, 1821–1846", Bulletin of Latin American Research, 15:1, January 1996, p. 19–38; Michael P. Costeloe, "A pronunciamiento in nineteenth century mexico: '15 de julio de 1840'", Mexican Studies /Estudios Mexicanos, 4:2, summer 1988, p. 245–264; Juan Ortiz Escamilla, "El pronunciamiento federalista de Gordiano Guzmán, 1837–1842", Historia Mexicana 38:2 (1988), p. 241–282; y, aunque sobre una época posterior, Fausta Gantús, "La inconformidad subversiva: entre el pronunciamiento y el bandidaje. Un acercamiento a los movimientos rebeldes durante el tuxtepecanismo, 1876–1888", Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México 35, enero–junio 2008, p. 49–74.

¹² "Pronunciamiento", Enciclopedia Microsoft, Encarta, Online 2007, Microsoft corporation, 1997–2007, en http://encarta.msn.com/

¹³ Wikipedia. The Free Encyclopedia, en http://en.wikipedia.org/wiki/coup_d'etat#the_ pronunciamiento.

¹⁵ François–Xavier Guerra, "El pronunciamiento en México: prácticas e imaginarios", Travaux et Recherches dans les Amériques de Centre, 37, juin 2000, p. 17.

¹⁶ Josefina Zoraida Vázquez, "Political plans and collaboration between civilians and the military, 1821–1846", Bulletin of Latin American Research 15:1, January 1996, p. 23 y 20.

¹⁷ Brian R. Hamnett, "Partidos políticos mexicanos e intervención militar, 1823–1855", en Antonio Annino et. al. (eds.), America Latina dallo stato coloniale allo stato nazione, Milán, Franco Angeli, 1987, v. 1, p. 574.

¹⁸ Josefina Zoraida Vázquez, "El modelo de pronunciamiento mexicano", op. cit., p. 47

¹⁹ Los generales Nicolás Bravo (1786–1854), Manuel Gómez Pedraza (1789–1851), José María Tornel y Mendívil (1795–1853) y Guadalupe Victoria (1876–1843) son tan sólo cuatro ejemplos de oficiales de alto rango que, tras el logro de la Independencia, se dedicaron a participar en la vida política de la joven nación sin pertenecer a un regimiento del ejército permanente.

²⁰ Michael P. Costeloe, The Central Republic in Mexico, 1835–1846. Hombres de bien in the age of Santa Anna, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, p. 15.

²¹ Jaime E. Rodríguez O., "The origins of the 1832 rebellion", en Jaime E. Rodríguez O. (ed.), Patterns of contention in Mexican history, Wilmington, SR Books, 1992, p. 162.

²² Carl von Clausewitz, On war, editado y traducido por Michael Howard y Peter Paret, Princeton, Princeton University Press, 1984, p. 479.

²³ Juan Ortiz Escamilla, "Veracruz: el fiel de la balanza. pronunciamientos militares en México, 1821–1843", ponencia presentada en el Congreso Internacional "Politics, Conflict, and Insurrection: The Experience and Development of the Pronunciamiento in Nineteenth–Century Mexico", Universidad de Saint Andrews, 19–21 de junio de 2009.

²⁵ Waddy Thompson, Recollections of Mexico, Nueva York/Londres, Wiley and Putnam, 1847, p. 170.

²⁶ Véase Will Fowler, Military political identity and reformism in Independent Mexico. An analysis of the memorias de Guerra (1821–1855), Londres, Institute of Latin American Studies, 1996, y Conrado Hernández López, " 'Espíritu de cuerpo' y el papel del ejército permanente en el surgimiento del Estado–nación, 1821–1860", Ulúa, 8 (julio–diciembre 2006), p. 129–154.

²⁷ Daniel S. Haworth, "La clase militar?" The Mexican Army and politics, 1780–1860, tesis de maestría, University of Texas en Austin, 1997, p. 3.

²⁸ Me refiero aquí a las juntas que llegaron al poder entre mediados de los años sesenta y mediados de los años setenta, por ejemplo Brasil (1964–1985), Panamá (1968–1989), Perú (1968–1975), Uruguay (1973–1984), Chile (1973–1990) y Argentina (1976–1983).

²⁹ George Philip, The military in South American politics, Londres, Croom Helm, 1985, p. 1.

³⁰ El ejército mexicano del siglo XIX sigue por estar estudiado en profundidad. Los siguientes títulos, en orden cronológico, son los únicos libros que han sido dedicados a las fuerzas armadas en México tras el logro de la Independencia: J. Hefter, El soldado mexicano. Organización. Vestuario. Equipo/The Mexican Soldier. Organization. Dress. Equipment. 1837–1847, México, Ediciones Nieto, Brown, Hefter, 1958; Günter Kahle, El ejército y la formación del Estado en los comienzos de la Independencia de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1997 [publicado originalmente con el título Militär und Staatsbildung in den Anfängen der Unabhängigkeit Mexikos, Viena, Böhlau–Verlag, 1969]; Frank Nicholas Samponaro, The political role of the army in Mexico, 1821–1848, tesis doctoral, State University of New York en Stony Brook, 1974; Jorge alberto Lozoya, El ejército mexicano, 3a. Edición, México, El Colegio de México, 1984 [la primera edición salió en 1970, y fue corregida y ampliada en la segunda edición (1976)]; Lozoya también fue el autor de un artículo breve y somero sobre el tema: "Un guión para el estudio de los ejércitos mexicanos del siglo diecinueve", Historia Mexicana, XVII, 1968, p. 553–568; José Antonio Serrano Ortega, El contingente de sangre: los gobiernos estatales y departamentales y los métodos de reclutamiento del ejército permanente mexicano, 1824–1844, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1993; Will Fowler, Military political identity and reformism in Independent Mexico. An analysis of the memorias de Guerra (1821–1855), Londres, Institute of Latin American Studies, 1996; William A. Depalo, Jr., The Mexican National Army, 1822–1852, College Station, Texas A&M University Press, 1997; René Chartrand, ilustrado por Bill Younghusband, Santa Anna's Mexican Army 1821–48, Oxford, Osprey Publishing, 2004; Juan Ortiz Escamilla (ed.), Fuerzas militares en IberoAmérica , siglos XVIII y XIX, México, El Colegio de México/El Colegio de Michoacán/ Universidad Veracruzana, 2005; Juan Ortiz Escamilla, El teatro de la guerra. Veracruz, 1750–1825, Castelló, Universitat Jaume I., 2008. Daniel Gutiérrez Santos completó el primer volumen de los tres que tenía proyectados sobre el ejército mexicano que llega hasta la Guerra de Independencia y el volumen 3, que abarca los años 1876–1914: Historia militar de México, v. 1 (México, Ateneo, 1961), e Historia militar de México 1876–1914. v. 3 (México, Ateneo, 1955). Sin embargo, murió antes de escribir el segundo volumen.

³¹ De esta manera anacrónica y problemática, Torcuato di Tella definió a los políticos de los 1820 y sus facciones en términos de "izquierdas" y "derechas", en su National popular politics in early Independent Mexico, 1820–1847, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1996.

³² Los textos de los pronunciamientos citados en este trabajo han sido transcritos, digitalizados e incluidos en la base de datos creada con una beca del arts and humanities research council que será accesible a partir del 1 de octubre de 2010 en la siguiente página web: http://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos. Otras fuentes impresas que contienen colecciones extensas y representativas de pronunciamientos incluyen: Guadalupe Jiménez Codinach (ed.), Planes en la nación mexicana, México, Senado de la República/El Colegio de México, 1987, v. 1; Josefina Zoraida Vázquez (ed.), Planes en la nación mexicana, México, Senado de la República/El Colegio de México, 1987, v. 2–4; Ernesto de la Torre Villar (ed.), Planes en la nación mexicana, México, Senado de la República/El Colegio de México, 1987, v. 5; Román Iglesias González (ed.), Planes políticos, proclamas, manifiestos y otros documentos de la Independencia al México moderno, 1812–1940, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1998. para una antología de pronunciamientos traducidos al inglés, véase: Thomas B. Davis y Amado Ricon Virulegio (eds.), The political plans of Mexico, Lanham, University Press of America, 1987.

³³ El énfasis es mío.

³⁵ Como el Plan de San Luis Potosí de 14 de diciembre de 1845 que expresaba en sus primeros dos artículos que: "1a. El ejército apoya con las armas la protesta que la nación hace contra todos los actos subsecuentes de la actual administración, y que desde hoy se tendrán por nulos y de ningún valor. 2a. No pudiendo continuar en sus funciones las actuales cámaras, ni el poder ejecutivo, cesan en el ejercicio de todas ellas"; o el Plan de Ayutla de 1 de febrero de 1854, que pedía en su primer artículo que "Cesan en el ejercicio del poder público D. Antonio López de Santa Anna y los demás funcionarios que como él, hayan desmerecido la confianza de los pueblos, o se opusieren al presente plan".

³⁶ La idea de que el pronunciamiento representaba una forma "enérgica" de negociar viene desarrollada en Will Fowler (ed.), Forceful negotiations: the origins of the pronunciamiento in nineteenth–century Mexico, Lincoln, University of Nebraska Press, en prensa.

³⁷ Diccionario de historia de España, dirigida por Germán Bleiberg, 2a. Edición, Madrid, Revista de Occidente, 1969, v. III, p. 353–355.

³⁸ A forma de ejemplo están las revueltas en Yucatán de Santiago Imán de 1838–1840, y de Santiago Vidaurri en Monterrey de 1855, en las que, como quedó plasmado en las respectivas ponencias de Shara Ali y Luis Medina Peña, dadas en el Congreso internacional "Forceful negotiations: The Origins of the pronunciamiento in Nineteenth–Century Mexico", University of St. Andrews, 20–22 de junio de 2008, el texto fue redactado después de que se sublevaron los pronunciados.

³⁹ Para ejemplos de las típicas proclamas españolas de 1823–1833, véase Irene Castells, La utopía insurreccional del liberalismo, p. 269–275, donde figuran los textos de Francisco Valdés (tarifa, 4 de agosto de 1824, y 1830), Francisco Espoz y Mina (octubre de 1830) y José María Torrijos (1830).

⁴⁰ Barbara A. Tenenbaum, " 'They went thataway': The evolution of the pronunciamiento, 1821–1856", en Jaime E. Rodríguez O. (ed.), Patterns of contention in Mexican history, Wilmington, SR Books, 1992, p. 199.

⁴¹ Josefina Vázquez no cree que se deban confundir los unos con los otros, y estima que "en la primera mitad del siglo diecinueve debieron haber más de 100 [pronunciamientos], y quizá hasta 1 000 documentos asociados de adhesión". Véase Josefina Vázquez, "Political plans and collaboration", op. cit., p. 23.

⁴² Para un estudio que muestra cómo los pronunciamientos nacionales podían tener consecuencias violentas totalmente imprevistas a nivel local en el México rural, véase Michael T. Ducey, "Municipalities, prefects and pronunciamientos: power and political mobilizations in the huasteca during the First Federal Republic", en Will Fowler (ed.), Forceful negotiations: the origins of the pronunciamiento in nineteenth–century Mexico, Lincoln, University of Nebraska Press, en prensa.

⁴³ Marcela Terrazas, "Disidencia entre las elites. Rebelión y contrabando en el nororiente de México, 1848–1853", en Felipe Castro y Marcela Terrazas (coords.), Disidencia y disidentes en la historia de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 275.

⁴⁵ Por ejemplo, pronunciamiento del Ayuntamiento y vecinos de Arizpe, 12 de agosto de 1833; acta de San Juan Tianguismanco, 7 de junio de 1834; Acta de Tecali, 8 de junio de 1834; Acta del Ayuntamiento de San Juan Jonotla, 15 de junio de 1834, y Acta del Ayuntamiento de San Martín Tucamapan, 15 de junio de 1834.

⁴⁶ Acta del Ayuntamiento de Leona Vicario, 19 de julio de 1834; Acta del pronunciamiento de las autoridades y pueblo de Culiacán, 13 de enero de 1838; Acta del pronunciamiento de Kopoma, 6 de julio de 1835; Plan de Amatlán de 30 de diciembre de 1847, y Acta del Ayuntamiento de Leona Vicario, 23 de marzo de 1835..

⁴⁷ Kerry McDonald está investigando los pronunciamientos de San Luis Potosí, como parte de su programa de doctorado, bajo mi dirección, en la Universidad de Saint Andrews, y debo a ella este entendimiento de la dinámica del pronunciamiento en dicho estado.

⁴⁸ Véanse José Luis Comellas, Los primeros pronunciamientos en España 1814–1820, Madrid, consejo superior de investigaciones científicas, 1958; Miguel Alonso Baquer, El modelo español de pronunciamiento, Madrid, Rialp, 1983, 47–80; Roberto Blanco Valdés, Rey, Cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808–1823, Madrid, siglo XXI, 1988, y Miguel Artola, La España de Fernando VII, Madrid, Espasa Calpe, 1999.

⁴⁹ En España los precursores del modelo del pronunciamiento fueron los siguientes oficiales liberales conspiradores o insubordinados: Juan Díaz Porlier (La coruña, septiembre 1815), Vicente Richart and Baltasar Gutiérrez (Conjura del Triángulo, febrero 1816), Luis de Lacy and Miláns del Bosch (Cataluña, abril 1817), Joaquín Vidal (Valencia, enero 1819), y Rafael del Riego (Cabezas de San Juan, 1820). En México fueron: Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero (Iguala, febrero 1821), Felipe de la Garza (Soto la Marina, septiembre 1822), Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria (Veracruz, diciembre 1822) y José Antonio Echávarri (Casa Mata, febrero 1823).

⁵⁰ Jaime E. Rodríguez O. arguye, por ejemplo, que los pronunciamientos de Rafael Riego (1 de enero de 1820) y Agustín de Iturbide (24 de febrero de 1821) tuvieron éxito debido a la participación de actores civiles —"el pueblo y sus dirigentes políticos civiles" en el caso de la restauración de la Constitución de 1812, y "políticos civiles" en la consecución de la Independencia de México a partir del Plan de Iguala—. Véase Jaime E. Rodríguez O., "Los caudillos y los historiadores: Riego, Iturbide y Santa Anna", en Manuel Chust y Víctor Mínguez (eds.), La construcción del héroe en España y México (1789–1847), Valencia, Universitat de Valencia, 2003, p. 309–335.

⁵¹ Agradezco a Rosie Doyle, quien está investigando los pronunciamientos de Jalisco como parte de su programa de doctorado bajo mi dirección, en la Universidad de Saint Sndrews, por compartir conmigo su hallazgo del "pronunciamiento de las mujeres de Zacatlán de las Manzanas", 29 de julio de 1833, ubicado en la British Library, y cuyo texto puede verse transcrito y digitalizado en la Pronunciamientos Database en: http://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos.

⁵² Roberto L. Blanco Valdés, "Paisanos y soldados en los orígenes de la España liberal. Sobre revoluciones sociales, golpes de estado y pronunciamientos militares", en Jaime E. Rodríguez O. (ed.), Las nuevas naciones. España y México 1800–1850, Madrid, Fundación MAPFRE, 2008, p. 275.

* Will Fowler, británico, es doctor por la Universidad de Bristol (1994) y catedrático de Estudios Latinoamericanos en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Saint Andrews en Escocia. Es autor de Mexico in the age of proposals, 1821–1853 (Westport, 1998), Tornel and Santa Anna (Westport, 2000), Latin America since 1780 (Londres, 2002; 2a. Ed., 2008), y Santa Anna of Mexico (Lincoln, 2007). Ha coordinado obras colectivas de historia política, entre ellas, El conservadurismo mexicano en el siglo XIX (Puebla, 1999) y Gobernantes mexicanos, 2 v. (México, 2008). Fungió como presidente de la sociedad de estudios Latinoamericanos de Gran Bretaña (SlAS) de 2001 a 2003. En la actualidad está coordinando un proyecto de investigación sobre el pronunciamiento mexicano del siglo XIX financiado por la Arts and Humanities Research Council del Reino Unido.