Entrega del Premio Internacional de Investigación en Derecho "Héctor Fix-Zamudio", correspondiente a 2008, a Don Jesús González Pérez

El 28 de abril de 2009, el doctor Héctor Fix-Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, entregó en la ciudad de Madrid, España, en representación del rector de la UNAM, doctor José Narro Robles, y en presencia del embajador de México en España, licenciado Jorge Zermeño Infante, el Premio Internacional de Investigación en Derecho "Héctor Fix-Zamudio" correspondiente a 2008, al eminente jurista español, don Jesús González Pérez. A continuación se reproducen la semblanza de don Jesús González Pérez, preparada por el doctor Fix-Fierro, y las palabras de respuesta del premiado. Ambos textos dan testimonio de lo que México y los juristas mexicanos deben a don Jesús, pero sobre todo, son testimonio de una amistad que va más allá del ámbito del derecho.

Palabras del Doctor Héctor Fix-Fierro

Licenciado Jorge Zermeño Infante

Embajador de México en España

Ganador del Premio Internacional de Investigación en Derecho"Héctor Fix-Zamudio"

Doctor Héctor Fix-Zamudio

Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Maestro Jaime del Arenal Fenocchio

Director del Instituto de México en España

Estimados colegas y amigos:

Señoras y señores:

Es motivo de gran satisfacción encontrarme el día de hoy, aquí entre ustedes, para hacer entrega, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y en representación de su rector, el doctor José Narro Robles, del Premio Internacional de Investigación en Derecho "Héctor Fix-Zamudio" a un distinguidísimo jurista español, don Jesús González Pérez.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento al embajador de México en España, licenciado Jorge Zermeño Infante, por la generosa hospitalidad que nos permite entregar el Premio en este recinto, que es un pedazo de nuestra patria en el corazón de la ciudad de Madrid, y al maestro Jaime del Arenal Fenocchio por su inestimable apoyo en la organización de este evento. Deseo agradecer también al doctor Eduardo Ferrer MacGregor, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y quien nos acompaña también en este día, todas las gestiones que ha realizado por parte del Instituto para la exitosa realización del presente acto.

Sería pretencioso tratar de resumir en pocas palabras dichas contribuciones, que comprenden unos sesenta títulos de libros, manuales, monografías y comentarios, editados y reeditados numerosas veces en España y varios países de Iberoamérica, incluyendo México, así como incontables artículos y ensayos sobre los temas más variados del derecho administrativo y el derecho procesal administrativo y constitucional. Además, don Jesús González Pérez no necesita presentación ni encomio en su propia casa, por lo que me gustaría dedicar esta breve intervención a su labor a favor del entendimiento y la colaboración entre los juristas españoles y los del resto de Iberoamérica.

En el cumplimiento de esta magnífica labor, don Jesús González Pérez ha orientado el enorme caudal de sus conocimientos jurídicos en tres direcciones. Por un lado, ha publicado numerosos libros y ensayos sobre sus principales preocupaciones en el campo del derecho administrativo y el derecho procesal administrativo en memorias y revistas aparecidas en varios países de América Latina. En segundo lugar, se ha ocupado brillantemente de los ordenamientos de dichos países, haciendo contribuciones profundas y originales a su propia doctrina jurídica y en el respectivo país. Por último, ha publicado numerosos ensayos en España, en los que aborda temas y aspectos de los ordenamientos de los países de la región, integrando así las aportaciones latinoamericanas a la discusión jurídica española y europea.

Por lo que se refiere a la primera dirección, simplemente menciono que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha publicado numerosos ensayos de don Jesús en algunas de sus prestigiadas revistas, como el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, pero sobre todo en las memorias de los congresos sobre justicia y derecho administrativos que se han realizado en México en las últimas décadas.

En cuanto a la segunda dirección, baste mencionar que don Jesús González Pérez publicó en 1988 un Derecho procesal administrativo mexicano —la tercera edición es de 2005—, en cuyo prólogo Héctor Fix-Zamudio señala sentirse un poco apenado de que "alguno de nuestros juristas no hubiese efectuado ese estudio de conjunto tan largamente deseado", pero por el otro lado, destaca también la ventaja de que la obra haya sido elaborada "por un tratadista que conoce profundamente nuestras instituciones y que las examina desde fuera, lo que proporciona un enfoque más objetivo que el que los juristas mexicanos pueden proporcionar, por estar inmersos en nuestro sistema jurídico" (pp. IX-X). Este libro ha sido acompañado, en México también, por una obra sobre el Procedimiento administrativo federal, publicado por la UNAM y Porrúa, ya en 4a. edición de 2006, y por otra sobre el Derecho procesal administrativo federal, de 2007. Debo agregar que en esta línea de examen del derecho de nuestro país, don Jesús ha hecho contribuciones que han influido directamente en la legislación mexicana. Respecto de otros países latinoamericanos y la región misma pueden citarse, en vía de ejemplo, La justicia administrativa en Costa Rica, editado en ese país en 1974, y el Derecho procesal administrativo hispanoamericano, publicado por la Editorial Themis en Bogotá, en 1985.

En tercer término, es decir, los trabajos aparecidos en España y que se ocupan sobre los ordenamientos latinoamericanos, cabe mencionar numerosos ensayos aparecidos en la Revista de Administración Pública y la Revista Española de Derecho Administrativo, pero sobre todo destaca su monumental Derecho procesal administrativo, publicado en Madrid en tres volúmenes, en los cuales ya se ocupa ampliamente de la justicia administrativa de nuestros países.

Esta benemérita labor, que es mucho más amplia de lo que he reseñado aquí, le ha significado muchos y merecidos reconocimientos en nuestros países a don Jesús González Pérez. Menciono, a guisa de ejemplos, la publicación de dos obras de homenaje, una por nuestro Instituto en 2002, con el título Perspectivas del derecho administrativo en el siglo XXI, y otra en Argentina, en 2004, con el título Derecho procesal administrativo, en dos tomos. La primera obra citada reúne los trabajos de un seminario realizado en 2000 en México, en los que se aprobó la creación de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo y del Instituto, los cuales llevan, justamente, el nombre de Jesús González Pérez.

No sorprende, pues, que Héctor Fix-Zamudio diga con toda razón, en el prólogo ya citado, que a don Jesús González Pérez "de ninguna manera (lo) podemos considerar extranjero". Más aún, lo podemos considerar un jurista universal, no porque se haya ocupado de todos y cada uno de los ordenamientos nacionales o del derecho global tan de moda, sino porque ha ejemplificado, a través de su vida y de su obra, la convicción de que, si bien el derecho se sigue fundando esencialmente en los derechos nacionales, la ciencia jurídica no tiene ni puede tener fronteras.

Quiero añadir una pequeña reflexión personal que me ha suscitado su obra Administración pública y libertad, que le publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 1971, con un magnífico prólogo de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, y que se reeditó en 2006. Es una obra que recuerda aquella frase de Jean-Jacques Rousseau, que lamenta que el hombre se encuentre encadenado en todas partes, aunque haya nacido libre. El gran tema de don Jesús González Pérez, como el del ilustre ginebrino, es la libertad humana y, en el caso de nuestro homenajeado, también lo es la lucha por defenderla ante la intervención creciente de las administraciones públicas, intervención que, por otro lado, resulta paradójica, pues si bien resulta "perturbadora, molesta, desagradable", en palabras suyas, al mismo tiempo hay que calificarla como "inevitable", pues constituye "la posibilidad de hacer algo que de otra forma resultaría imposible" (p. 32).

A pesar de las magníficas victorias logradas por esa lucha, en España y en otras partes, en los treinta cinco años transcurridos entre la primera y la segunda ediciones de la obra, confieso que me ha sorprendido el tono desencantado —él habla incluso de pesimismo— que su autor expone en el prólogo que escribió para la publicación de 2006. Dice él que algo ha ganado la defensa de la libertad, pero más en el nivel normativo que en el de la realidad social; que los instrumentos creados para garantizar los derechos del ciudadano han alcanzado niveles técnicos difícilmente mejorables, pero que han fracasado en el logro de una verdadera protección; que el crecimiento de la intervención administrativa se ha frenado algo en los servicios públicos, pero que ha aumentado en la esfera de la policía, que afecta directamente las libertades del individuo; y que poco ha variado, si no es que empeorado, la sujeción de las administraciones a los principios de legalidad, igualdad y solidaridad. Estas son las razones que explican que no se haya visto precisado a revisar a fondo el libro, pues, entonces como ahora, la libertad sigue a merced de las administraciones.

Para concluir, deseo comentar que en todas las ceremonias anteriores de entrega del Premio ha estado presente don Héctor Fix-Zamudio, cuyo nombre lleva y en homenaje de quien fue instituido por nuestra Universidad. Por razones que serán bastante evidentes, no ha tomado la palabra en las ceremonias anteriores, ni le corresponde hacerlo tampoco ahora. Sin embargo, no creo faltar a ningún deber de discreción si digo, en su nombre, que ha sido motivo de profunda y especial alegría para él encontrarse presente en esta entrega y, sobre todo, que el Premio que lleva su nombre se haya conferido a quien considera "su hermano en España": don Jesús González Pérez.

¡Felicidades y larga vida, don Jesús!

¡Muchas gracias!

Palabras de Don Jesús González Pérez

Señor embajador, muchas gracias por su presencia en este acto, para mí tan importante, de recibir el Premio "Héctor Fix-Zamudio" en este trozo de territorio de Méjico, porque aunque sea por una ficción del derecho internacional, territorio de Méjico es la sede de su representación diplomática en España.

Muchas gracias a ti, Héctor, por tus palabras y por la semblanza que acabas de hacer, tan elogiosa como grande es mi amistad con tu padre.

Gracias a ti, amigo Héctor por estar aquí en este momento tan memorable para mí, como sé que lo es para ti, pues me consta tu alegría al conocer que el jurado me había concedido el Premio que lleva tu nombre.

Y gracias a todos vosotros, buenos amigos, que habéis venido a compartir con mi familia, nuestra alegría en este día.

Cuando, a mediados del siglo pasado, pisaba por primera vez las tierras de Méjico, después de un viaje de 28 horas, se cumplía una de las mayores ilusiones de mi vida, al ver que empezaba a realizarse una vocación americana, sentida desde muy temprana edad y confirmada en un seminario sobre hispanidad al que asistí, siendo estudiante, unas vacaciones de verano.

El motivo de aquel mi primer viaje fue la asistencia al I Congreso Mejicano de Derecho Procesal, para mí inolvidable, entre otras muchas razones, porque tuve el gran honor de compartir la representación española con mi maestro Jaime Guasp, y la gran alegría del encuentro con los españoles del exilio.

Con anterioridad, ya había tenido ocasión de conocer y tratar a gentes de allí, preferentemente a estudiantes que venían a España a doctorarse en la Universidad Complutense, con una carta de presentación de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, y a un profesor de Derecho administrativo, que solía asistir a las reuniones del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas, Gabino Fraga. Pero fueron los días que pasé en Méjico, que prolongué todo lo que pude, los que me permitieron iniciar el contacto con los procesalistas que habían asistido al Congreso y con los juristas mejicanos, iniciándose una entrañable amistad con algunos de ellos, que ha perdurado inalterable a través de los años.

Hector Fix y yo éramos de los más jóvenes de los asistentes, de la misma quinta como decíamos cuando existía el servicio militar. Lo que, unido a la afinidad de carácter, hizo que desde aquellos días nos uniera una fraternal amistad. Hace cuatro años coincidimos en Monterrey en otro Congreso. Entonces ya éramos los más viejos, o como decís en Méjico, los más grandes. Circunstancia que, unida a la deferencia hacia el visitante que iba de España, motivó la decisión de confiarme la presidencia del Congreso. Una tarde, llegué a la Universidad protegido del ardiente sol de aquellos días por uno de esos gorros para turistas que me había visto obligado a comprar en la primera tienda por la que pasé. Al verme Héctor, exclamó: "¡Pareces un gringo!" Y comenzamos un plácido paseo por el campus, recordando algunos momentos de lo que habían sido nuestras vidas desde aquel I Congreso en que fuimos los más jóvenes.

A esta amistad aludió Diego Valadés en una ocasión para mí gratísima. Cuando celebrabais los sesenta años de la creación del Instituto de Investigaciones Jurídicas con el máximo realce, acordasteis cerrar los actos rindiéndome un emotivo homenaje al dedicarme un Seminario sobre las Perspectivas del Derecho Administrativo al comenzar el siglo XXI. Y en las palabras inaugurales que pronunció Diego Valadés (a la sazón director del Instituto), después de un recuerdo al que fue su primer director —el gran civilista español, Felipe Sánchez Román—, se refirió a mi amistad con Fix en estos términos:

Quiero subrayar que entre el maestro Fix-Zamudio y el maestro González Pérez, además de una natural afinidad en el orden de la vocación académica y de los intereses compartidos por la ciencia del derecho, existe una relación verdaderamente fraternal. Debo repetir aquí las palabras que muy frecuentemente me dice el maestro Fix cuando se refiere a don Jesús González Pérez: "es mi hermano en España".

Como nuestros hermanos de Méjico han sido para mi mujer y para mí, Héctor y la suya, Ma. Cristina, que siempre permanecerá en nuestro recuerdo.

Compañera inseparable de Héctor durante cuarenta y tres años de feliz matrimonio, no podemos concebir sus triunfos sin Cristina siempre a su lado, como nos recordó, aquí en Madrid, al recibir el Premio Internacional Justicia en el Mundo 2004, unos meses después de su muerte. Precisamente por ello, me extrañó que, cuando en 1978 asistimos al Congreso Mejicano de Derecho Procesal celebrado en el estado de Veracruz, no le acompañara como solía hacer. De la razón de su ausencia me enteré al regresar de Jalapa, ya muy tarde, el 17 de noviembre de aquel año. Permitidme que recuerde aquel día que tan bien refleja la personalidad de Ma. Cristina.

Y es que, al hacer el viaje a Méjico, me había acompañado un joven profesor mejicano que estaba en Madrid cursando el doctorado, que se desvivió por atenderme y facilitarme esos trámites engorrosos que tenemos que padecer en los aeropuertos. Al entregarle mi pasaporte para uno de estos trámites, reparó que la fecha de mi nacimiento, que en él figuraba, coincidía con la del día que acababa el Congreso, y lo comentó con Ma. Cristina al llegar, que no dudó ni un momento en renunciar al viaje a Veracruz, para poderme preparar la fiesta de cumpleaños con el esmero que ella ponía en estas ocasiones.

No sé por qué: pero lo cierto es que noviembre tiene cierta atracción para estos eventos. Por lo que no fue aquella la única vez que he cumplido años en casa de Fix. Y, por supuesto, desde aquel año, mientras vivió Ma. Cristina, nunca me faltó su felicitación el día de mi cumpleaños.

Podéis comprender, por tanto, lo que para mí supone recibir este Premio que, a su prestigio, une —lo que en lo í ntimo para mí es más importante— su nombre. No podíais haberme hecho mejor regalo que el Premio "Héctor Fix-Zamudio", en presencia del propio Héctor Fix y, además, de manos de su hijo Héctor. Por ello, mi profunda gratitud a quienes propusieron mi candidatura, a los que la apoyaron y a los miembros del Jurado que concedieron el premio.

Soy consciente de que no es la importancia de cuanto haya podido hacer en el mundo del derecho lo que habéis querido premiar. Hay muchos con más méritos. Estoy seguro de que lo que habéis querido premiar es la entrega con que me he dedicado al derecho mejicano. Creo que, entre los que fuera de Méjico nos dedicamos a la justicia administrativa, muy pocos —si es que hay alguno— ha mostrado tanto interés como yo por vuestro ordenamiento. Por lo que pocas veces he sentido mayor satisfacción que cuando vi que así lo reconocía Fix en el prólogo que tuvo a bien hacer a la primera edición de mi libro Derecho procesal administrativo mexicano, que apareció en 1988. Estas fueron las últimas palabras del prólogo:

Puedo congratularme en nombre de los estudiosos mexicanos, por contar con un estudio panorámico, pero al mismo tiempo profundo, del derecho procesal administrativo, que hemos deseado y esperado durante tanto tiempo, y expreso nuestra gratitud a Jesús González Pérez por culminar de manera tan brillante sus esfuerzos de tantos años durante los cuales ha demostrado su interés y su cariño por el derecho y por los juristas mexicanos.

* *

Quisiera en este acto, poderos expresar en pocas palabras cómo he seguido a la largo de mi vida académica la evolución de la legislación mejicana sobre justicia administrativa, podemos decir que desde su nacimiento.

Me sirvió de introducción a ella la obra clásica de don Antonio Carrillo Flores, La defensa jurídica de los particulares frente a la administración en México, publicada en 1939. Tres años antes de la aparición de este libro, se había promulgado la Ley de Justicia Fiscal y creado el Tribunal Fiscal de la Federación, fruto de una corriente doctrinal tendente a la instauración de un sistema contencioso-administrativo confiado a tribunales administrativos fuera del Poder Judicial.

No es que el amparo como sustituto del contencioso-administrativo garantizara la tutela, por lo que, sin duda, se imponía la búsqueda de una solución; pero de una solución, que, en mi opinión, debía ser congruente con la tradición nacional. Y este fue el tema de la comunicación que presenté en aquel I Congreso Mexicano de Derecho Procesal.

Mientras tanto, salvo a nivel federal y en los límites que preveía la Ley de Justicia Fiscal, en Méjico seguía siendo el amparo la única tutela judicial que tenía el ciudadano para defenderse de las arbitrariedades de las administraciones públicas.

Y es en 1971 cuando va a iniciarse una corriente legislativa, siguiendo el ejemplo de la Ley de Justicia Fiscal, para instaurar tribunales contencioso-administrativos, no só lo en el ámbito tributario, sino en general en materia administrativa. El Distrito Federal fue el primero que creó un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo por Ley de 25 de febrero de 1971. La trascendencia del acontecimiento explica la reacción de la doctrina, en la que yo no podía estar ausente; publiqué un extenso comentario en la Revista de Derecho Procesal (1972) en el que enjuicié con toda objetividad la nueva reglamentación, como creí que era mi deber, destacando los aciertos y, también, las deficiencias.

En 1970, un año antes de que en el D. F. se creara el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, asistí como ponente al V Congreso Mexicano de Derecho Procesal celebrado en Sinaloa, en el que se examinó un "Anteproyecto de Ley de lo Contencioso-Administrativo", con carácter monográfico. De este viaje, al que me acompañó mi hijo Jesús, guardo muy buenos recuerdos.

No fuimos directamente a Culiacán, sino que, acompañados de Héctor, hicimos escala en Guadalajara, para pronunciar una conferencia en la Universidad. El profesor de Derecho administrativo —Efrén Macías— a la sazón alcalde de la ciudad, tuvo la atención de llevarnos a la Universidad. Y como llegó al hotel a buscarnos con el tiempo justo, recorrimos el trayecto vulnerando todas las normas de tráfico, eso sí, rodeados de policías que hacían sonar estrepitosamente las sirenas de sus motocicletas.

Ya en Sinaloa, las sesiones del Congreso tuvieron lugar en Culiacán, pero la de clausura se celebró en Mazatlán, sesión que presidí, rompiendo lo que ya era tradicional en estos congresos: sesiones de clausura interminables, en que trataban de lucirse los licenciados procedentes de los distintos lugares de la República, al someterse a su consideración una por una las conclusiones de cada una de las mesas. Como yo no estaba dispuesto a desperdiciar unas horas de playa bañada por aguas del Océano Pacífico, después de unas palabras rituales sobre el buen desarrollo de los trabajos, el éxito del Congreso y esas cosas que siempre se dicen, me limité a decir que, como no se había presentado ninguna objeción a las conclusiones de las mesas, se consideraban aprobadas, por lo que procedía a declarar clausurado el Congreso. Varias veces me ha recordado Fix aquella clausura tan informal. Pero la informalidad nos permitió a todos llegar a la comida de clausura con una euforia extraordinaria, después de saborear en la playa unos ricos mariscos, acompañados con generosidad de unas deliciosas "margaritas", aunque no en cantidad suficiente como para atreverme a bailar un chotis, tal y como me lo pedían los congresistas al acabar la comida y empezar a oírse los acordes del "Madrid, Madrid" de Agustín Lara. Ante la insistencia cada vez más estridente de los asistentes, me salvó del trance mi hijo, que se lanzó a bailar el chotis sin saber bailarlo. No se si por amor filial, o porque tal y como estaba la buena señora que se ofrecía, consideró que valía la pena el esfuerzo.

Los trabajos del Congreso sirvieron de antecedente a la Ley que se aprobó seis años después: la que se llamó Ley de Administración de Justicia Fiscal, por la que se creaba un Tribunal que, pese al nombre, extendía su jurisdicción más allá de la materia tributaria y se sometían a su consideración y decisión la mayor parte de las controversias administrativas. Fue el segundo Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Otros estados siguieron el ejemplo y fueron creándose tribunales con un ámbito procesal cada vez más amplio. En algunos, con muy buen criterio, integrados en el Poder Judicial.

En 1987, el Instituto de Investigaciones Jurídicas organizó unas jornadas en memoria de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, fallecido dos años antes. Me hicisteis el honor de ser el único asistente no mejicano y de ostentar la representación del director en el acto de clausura. Fueron unas jornadas de trabajo efectivo dedicadas a la reforma procesal. Mi colaboración, que excedía con mucho la extensión de los trabajos usuales en tales eventos, fue un estudio de 75 páginas sobre la reforma del proceso administrativo. Partiendo de las leyes que ya se habían promulgado, propuse las bases de la reforma que estimaba necesaria si se quería hacer realidad el principio de tutela judicial efectiva. Por cierto, el día de mi intervención tuve la fortuna de contar con la asistencia de don Antonio Carrillo Flores, cuya hombría de bien ya había tenido la oportunidad de conocer en ocasiones anteriores, en especial en una cena en casa. Recuerdo que, en la larga sobremesa que siguió, fuimos los únicos que nos atrevimos a fumar sendos puros de los que, con el número 0, hacia Montecristo especiales para Churchill, de una caja que días antes me habían regalado.

En 2000, al terminar las jornadas celebradas para conmemorar la creación del Instituto de Investigaciones Jurídicas a que antes me referí, tuvo lugar una reunión de los ponentes, que procedían de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Méjico, Perú, Uruguay y Venezuela, en la que se aprobó la que se llamó Declaración de México de 30 de noviembre de ese año, por la que se acordó constituir la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo y el Instituto, que tendría mi nombre. Y se designó al Consejo Directivo, en el que fue primer presidente Agustín Gordillo y vicepresidentes: Luciano Parejo, Romeu Bacellar, Belén Ramírez, Alfonso Nava Negrete, Enrique Rojas y Jorge Fernández Ruiz. Declaración que cierra el libro que recoge las conferencias que se pronunciaron, editado por la UNAM.

Y, en 2004, se me invitó especialmente para asistir a un Congreso Internacional de Justicia Administrativa, organizado por los magistrados de los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, en el que pronuncié la conferencia inaugural y asistí a varias sesiones de trabajo. Fue la primera vez que iba a Méjico, después de la muerte de Ma. Cristina, por lo que mi encuentro con Héctor en el amplio —y a la vez acogedor— estudio que tiene en la planta alta de su casa, fue entrañablemente emotivo.

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Paralelamente a la evolución de la legislación en las distintas entidades federativas a las que acabo de referirme, se producía un afianzamiento, procesalización y extensión de la jurisdicción del Tribunal Fiscal de la Federación.

Con un decidido afán de superación, se celebraban reuniones periódicas y congresos, en los que se trataba de las cuestiones que se iban planteando en la diaria aplicación de una normativa, que demandaba importantes reformas. Tuve la satisfacción de participar en muchos de estos encuentros, en especial en los que se celebraban cada diez años. El último al que asistí fue el que tuvo lugar en 1997, en San Juan del Río, Querétaro, para celebrar la sexta década. Lamenté muchísimo no poder asistir al que conmemoraba el 70 aniversario, pese a la invitación que me reiteró hasta última hora el presidente del Tribunal, pero una desafortunada caída me lo impidió. Tenía verdadero interés en haber asistido a la conmemoración, porque en aquel momento había culminado el proceso de extensión de la jurisdicción del Tribunal. El que inicialmente había sido Tribunal Fiscal de la Federación se había convertido en Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se había promulgado la Ley Federal de Procedimiento Contencioso-Administrativo de 2005. Un estudio sistemático de esta Ley es el objeto del último libro que, con la colaboración de José Luis Vázquez Alfaro, he publicado en Méjico en 2007.

Estas reuniones, así como los congresos del Instituto de Derecho Procesal me permitieron mantener el contacto con los colegas mejicanos y un intercambio de opiniones en las que siempre se aprende algo. Por cierto, en uno de esos congresos dedicado al eterno problema de la lentitud de la justicia, aprendí que no existía tal lentitud, que eso de la larga duración de los procesos es algo que nos hemos inventado los que nos dedicamos a este oficio. En efecto, al acabar una sesión, un gran procesalista mejicano, entonces ministro de la Corte, me dijo: "Desengáñate, Jesús, como decimos en la Corte, no es que la justicia sea lenta, lo que hay son pendejos con prisa".

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Ahora bien, para garantizar una tutela judicial efectiva frente a la administración pública, no basta con la instauración de unos tribunales integrados por magistrados independientes y especializados, y una buena reglamentación del proceso. Es necesario, también, una adecuada regulación de los procedimientos a que ha de ajustarse la actividad de los entes administrativos, que se articulan como vías previas a la procesal. Lo que denominó hace años un colega italiano la "antesala de la justicia administrativa". Y esta reglamentación faltaba en Méjico.

A esta situación se refirió Héctor Fix en su libro Introducción a la justicia administrativa publicado en 1983, que en su dedicatoria me hizo el honor de unir mi nombre al de don Antonio Carrillo Flores. Fix se lamentaba de la inexistencia en el ordenamiento mejicano de leyes de procedimiento administrativo, ni en la esfera federal ni en la de las entidades federativas, "imperando, por el contrario —decía— una verdadera anarquía que hace todavía más angustiosa la situación de los administrados".

Con posterioridad, en el XII Congreso Mexicano de Derecho Procesal celebrado en Cuernavaca en 1992, Gonzalo Armienta Calderón me sugirió la idea de que presentara una ponencia sobre el tema, sugerencia que acepté gustoso, y remití al efecto un trabajo que, como otros a que me he referido, excedía con mucho de la extensión normal de una conferencia con el título Ante una Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que fue publicado en el libro que reunía las ponencias y comunicaciones de aquel Congreso.

Estas inquietudes culminaron con la promulgación de una Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley de 14 de julio de 1994, que entró en vigor el 1o. de junio de 1995.

Algunas de las primeras reacciones de la doctrina mexicana no fueron muy positivas. No obstante, constituyó un paso importante en la estructuración de esta pieza esencial que es el procedimiento administrativo en un sistema de justicia administrativa. Su éxito y eficacia dependería en buena medida del personal que habría de interpretarla y aplicarla. Pero en ella se encontraban instrumentos idóneos para que un personal preparado, con sentido del servicio público, pudiera mejorar considerablemente la actuación administrativa. En la primera edición del libro que dediqué a esta ley decía que, sin duda alguna, al igual que ocurrió con la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, desencadenaría la promulgación de una serie de leyes de procedimiento en los distintos estados de la República. Y así fue.

Las reacciones se produjeron inmediatamente. En el Diario Oficial del 19 de diciembre de 1995 se publicaba la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Y las entidades federativas comenzaron a elaborar los correspondientes proyectos, como el estado de Veracruz. Pero fue el Estado de México, el que, después del Distrito Federal, promulgó una completa regulación del procedimiento administrativo en el llamado Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en el que, después de un título primero, dedicado a las disposiciones comunes al procedimiento y proceso administrativo, dedicaba un título segundo al procedimiento administrativo, y otro, el título tercero, al proceso administrativo.

En los diarios oficiales de los estados han seguido apareciendo leyes de procedimiento administrativo, en las que, cada vez con más depurada técnica, se regula la acción administrativa. Al igual que la Ley española, las leyes de procedimiento administrativo mejicanas han ido en su regulación mucho más allá de lo que es el procedimiento. Han tratado —lo que ya es importante— de regular el régimen jurídico de la acción administrativa en sus diversos aspectos, y no sólo el procedimental.

Y en todas la leyes, desde la primera que apareció —lo que asimismo se establece en las reguladoras del contencioso-administrativo—, se contiene una norma que estamos deseando ver en el derecho español: que los recursos administrativos en ningún caso son presupuesto del proceso administrativo, siendo potestativa su interposición para el administrado.

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No quiero terminar sin dedicar unas palabras de recuerdo y agradecimiento:

A Segismundo Royo-Villanova —del que este año celebramos el centenario de su nacimiento—, a Jaime Guasp y a todos mis maestros a los que debo mi formación.

A mis compañeros y amigos españoles, con los que tan estrechamente he colaborado, en especial a los del grupo que dio vida a la Revista de Administración Pública que tanto ha supuesto en la historia del derecho administrativo. A los que ya nos dejaron y a los que quedan, Eduardo García de Enterría y José Luis Villar Palasí, con los que, el año que viene, si Dios quiere, celebraré el sexagésimo aniversario de la Revista a la que hemos dedicado tantas horas de nuestra vida.

Y a mi familia, a mis padres y toda la familia en que nací, y a la familia que fundé. Y muy especialmente, en primerísimo lugar, a mi mujer, porque sin su infinita paciencia a lo largo de 58 años de matrimonio, sin su optimismo, comprensión y aliento, yo no estaría aquí hoy, recibiendo este premio, que tan generosamente me habéis concedido.

Muchas gracias.