INTRODUCCIÓN

El municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, es un lugar nacionalmente conocido gracias a la movilización social generada en torno a dos momentos clave: 1) el decreto de expropiación de 5 400 hectáreas emitido en 2001 por el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) para construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México [^{Kuri 2006}, ²⁰¹⁰; ^{Camacho 2009}; ^{Moreno 2010}]; 2) la represión de mayo de 2006 a cargo de cuatro mil fuerzas policiacas que tuvo como resultado el abuso sexual de 46 mujeres y la muerte de dos personas [^{Carrillo et al. 2009}; ^{Martínez 2016}]. El presente artículo relaciona un evento bastante menos conocido (la compra hormiga de 1 957 hectáreas realizada entre 2007 y 2014 por la Comisión Nacional del Agua) con la transformación del waterscape de San Salvador Atenco, municipio que durante las dos primeras décadas del siglo XXI ha estado en permanente disputa.

El proyecto aeroportuario de Texcoco tiene al menos cuatro décadas de existencia [^{Jazcilevich et al. 2015}]. La decisión de construirlo en esa zona fue una de las más importantes y polémicas del gobierno de Vicente Fox. Sin embargo, el plan se vino abajo debido a su incapacidad de negociar con las localidades un pago adecuado por la tierra expropiada [^{Domínguez 2007}, ²⁰¹²]. El proyecto fue retomado en 2014 por Enrique Peña Nieto (2012-2018) con un costo de 169 mil millones de pesos [^{Encinas 2014}] que al final de su gobierno ya había ascendido a 212 mil millones [^{Fernández 2018}]. Poco después de las elecciones de julio de 2018, en las que resultó electo Andrés Manuel Obrador (2018-2024), se realizó una consulta para definir el futuro de esta obra. Participaron un millón 678 mil 59 personas con 69.65% de votos a favor de su cancelación. Una de las primeras medidas del nuevo presidente al llegar al poder fue detener la obra [^{Rodríguez 2018}]. La decisión fue sin duda polémica, pero no al grado de tener que revertirla. Además de la oposición atenquense, el proyecto para entonces había acumulado cuestionamientos de todo tipo: su alto costo, lo inadecuado del tipo de suelo, el crecimiento urbano, el impacto ambiental en aves migratorias y fuentes de agua [^{Olvera 2017}; ^{Ocaranza 2017}; ^{Rendón 2018}].

A principios de 2019, cuando la cancelación del proyecto aeroportuario fue anunciada, los ejidos del municipio de Atenco ya habían adoptado el dominio pleno para vender sus tierras y ya habían cobrado por ellas. Este artículo analiza la desecación del waterscape atenquense a lo largo del siglo XX y la estrategia utilizada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para facilitar la construcción del aeropuerto. La exposición del material combina notas periodísticas, información secundaria y datos etnográficos, siendo estos últimos los más importantes porque lo que más interesa para los fines de este estudio es la mirada desde el terreno de este proceso.

El artículo documenta los momentos clave en la transformación de un waterscape de vocación lacustre y agrícola, así como los arreglos institucionales que hicieron posible la venta de tierras. El agua fue clave en el imaginario utilizado por la CONAGUA para comprarlas, ya que se prometió riego agrícola y la recuperación del ex Lago de Texcoco a cambio de los terrenos. Lo que los ejidatario/as en realidad obtuvieron fue dinero mayoritariamente utilizado en la construcción urbana y vehículos de motor, situación que continuó con la urbanización de un waterscape previamente alterado por políticas estatales de desecación.

APROXIMACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA

El enfoque utilizado para el análisis está fundamentado en la ecología política, aproximación teórica que emerge en los años sesenta a partir del creciente reconocimiento del deterioro ambiental. Enrique Leff [^{2017: 139}] la considera una nueva disciplina que rompe con dos “paradigmas teóricos dominantes en la modernidad”: por un lado, la teoría económica basada en la idea de la racionalidad como forma de apropiación de la naturaleza; por el otro, el darwinismo evolucionista convertido en “modelo normalizador” de la dinámica sociedad-naturaleza. La conjunción de la ecología con la política ve más allá de las cadenas tróficas y dinámicas ecosistémicas, para incorporar al análisis las relaciones de poder que guían la apropiación de la naturaleza. Siguiendo a Leff, Gian Carlo Delgado [^{2017: 175}] sostiene que la ecología política debe enfocarse en “las múltiples articulaciones de la historia y la biología, y las inevitables mediaciones culturales a través de las cuales se establecen tales mediaciones, aquellas prácticas en que lo biofísico y lo histórico están mutuamente implicados”.

La ecología política aplicada al estudio del agua define a los territorios hidrosociales como waterscapes, es decir, como espacios social, natural y políticamente construidos a través de las interacciones entre prácticas sociales, flujos de agua, tecnologías hidráulicas, elementos biofísicos, estructuras socioeconómicas e instituciones políticas [^{Boelens e Hinojosa 2015}]. El concepto de waterscape pretende relacionar al agua con las dinámicas sociales que median su manejo en el tiempo y el espacio, es decir, en una cultura y una geografía determinadas. El waterscape no es el espacio físico donde se encuentra el agua sino más bien, la entidad socionatural producto de la interacción entre distintos actores que participan en su manejo [^{Karpouzoglou et al. 2017}]. La traducción más cercana al castellano es “paisaje acuático”. Sin embargo, este término no logra transmitir el contraste entre “landscape” y “waterscape” que existe en el idioma inglés, por lo que en todo artículo se utilizará el anglicismo.

El concepto de waterscape es forzosamente interdisciplinario. Quienes lo utilizan argumentan que para entender el flujo del agua es necesario darle la misma importancia al contexto biofísico, la infraestructura material y las relaciones sociales que se establecen en torno a su manejo. El concepto surge de teorías “híbridas” que conceptualizan a la naturaleza como algo social y material al mismo tiempo, permitiendo mirar al agua no sólo en términos materiales sino también institucionales. Los waterscapes son construidos a lo largo de la historia mediante la relación dialéctica entre el ciclo hidrológico y las instituciones que lo regulan. Esta interacción tiene consecuencias diferenciadas para distintos actores; la capacidad para influir en el “ciclo hidrosocial” de cada actor dependerá del poder que le otorgue su posición en una estructura social determinada [^{Budds et al. 2012}].

Desde la perspectiva de la ecología política se analiza la transformación del waterscape ocasionada por el acaparamiento, privatización o mercantilización de bienes comunes como el agua. El capital juega un papel clave en este proceso de transformación ya que convierte al agua en una mercancía que puede ser obtenida mediante una transacción monetaria, reestructurando por completo la relación entre la sociedad y la naturaleza. El Estado interviene como facilitador del proceso de acumulación de capital a través de medios tanto materiales como discursivos que apelan al imaginario social para obtener determinados resultados bajo el cobijo de la autoridad. En este sentido el agua es tanto una mercancía como un “lubricante necesario” para la acumulación del capital [^{Sosa y Zwarteveen 2012}].

Inicialmente, el principal motivo de interés para realizar la investigación fue el impacto de la venta de tierras en el tejido social atenquense. Sin embargo, los testimonios obtenidos en campo permanentemente asociaban la venta de tierras con la reducción de fuentes de agua y la transformación del waterscape, por lo que me vi obligada a entender la relación entre la tierra y el agua en un contexto más amplio. El método utilizado para recabar información fue el etnográfico, que consiste en participar cotidianamente en las comunidades elegidas, observando, escuchando y preguntando sobre los temas de interés. Dado que soy residente de la región, entre junio de 2014 y diciembre de 2015 participé de manera activa en diversos eventos (asambleas, marchas, mítines, ceremonias religiosas y comunitarias; reuniones de un grupo de rescate cultural) y recorrí varias veces los pueblos, parques, zonas arqueológicas y tierras de cultivo que conforman al municipio.¹

El trabajo etnográfico se centró en cuatro de los seis ejidos que conforman al municipio: Atenco, Santa Isabel Ixtapan, Nexquipayac y Colonia Francisco I. Madero. Atenco es cabecera y el resto fungen como delegaciones municipales, es decir, se encuentran entre los poblados más antiguos e importantes del municipio [^{Sánchez 1999}]. El proceso de adopción del dominio pleno y las características de los ejidos fueron documentadas con información obtenida en la oficina estatal del Registro Agrario Nacional ubicada en Toluca, capital del Estado de México.

El concepto de waterscape puede ser aplicado a distintas escalas espaciales, por ejemplo, un municipio. También puede ser estudiado desde una perspectiva sincrónica y diacrónica. Este artículo se centra en entender cómo la configuración socioespacial conformada por Atenco se expresa a través de flujos, artefactos, instituciones e imaginarios de agua. Desde la mirada diacrónica el énfasis se coloca en el proceso a través del cual, determinados imaginarios son más dominantes que otros y se imponen mediante arreglos institucionales e intervenciones tecnológicas. Para periodizar esta transformación me baso en el trabajo de Aboites [²⁰⁰⁴, ²⁰⁰⁹] sobre la historia del waterscape mexicano, analizando sus expresiones en Atenco. El artículo cierra con el impacto del megaproyecto aeroportuario que, aunque ya fue cancelado, en años previos (2007-2014), condujo a la venta de tierras.

ANTECEDENTES: ATENCO, “LUGAR A LA ORILLA DEL AGUA”

El municipio de Atenco se localiza al nororiente de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y es una de las regiones menos estudiadas con relación al crecimiento urbano, a pesar de su alta densidad poblacional y a que su medio natural está severamente degradado. Forma parte de un waterscape de origen prehispánico y de vocación lacustre y agrícola. Su nombre quiere decir en náhuatl “a la orilla del agua”, concretamente del ex Lago de Texcoco, el más grande de los seis que conformaban el sistema hidrológico del Valle de México (Zumpango, Xaltocan, Texcoco, México, Chalco y Xochimilco). La extensión total de este sistema lacustre era de 2 mil km² [^{Espinosa-Castillo 2008}].

En tiempos prehispánicos, los cerros de Tepetzingo y Huatepec que actualmente forman parte del waterscape atenquense se usaban como centros de observación militar y comercial; estaban conectados con Tenochtitlan e Iztapalapa por el agua. Según Rubén Coronado, cronista del municipio, los antepasados trazaron “una retícula de canales en dos sentidos que siempre mantuvieron con agua… de norte a sur, oriente a poniente” [^{Rubén Coronado 2014, entrevista}]. Al formarse la Nueva España (15211810), las aguas del ex Lago de Texcoco comenzaron a generar pestilencias y epidemias; diversas obras de desagüe dieron lugar a su paulatina desecación [^{Espinosa-Castillo 2008}]. En el México independiente esta tendencia continuó. Algunos de los canales construidos durante el Virreinato funcionaron hasta entrado el siglo XIX y otros se fueron secando o llenando de basura: “lo más seguro es que Iztapalapa nunca rellenó sus canales, se fueron llenando de basura, hay corrientes subterráneas que están funcionando” [^{Rubén Coronado 2014, entrevista}].

Por supuesto, no hay atenquenses que ofrezcan testimonio vivo de eventos ocurridos durante el siglo XIX. Coronado basa sus afirmaciones en documentos históricos que ha reunido como arquitecto y cronista del municipio. Algunos/as adultas mayores coinciden en destacar la cercana convivencia social con el agua en un tiempo pasado indefinido, no sólo para atender necesidades básicas, sino como parte integral y permanente del waterscape. “Por donde quiera corría agua… en el centro… había un cubo oscuro, usted lo veía y ahí estaba saliendo el agua… regaba todo el pueblo… como era agua limpia, las señoras grandes hacían sus hortalizas, sembraban cebollitas, lechugas, cilantro… bonito que era el pueblo” [^{Estela Pérez 2015, entrevista}]. El agua era un bien común que brotaba “tibiecita, calientita, ahí se podía meter usted a bañar temprano”. La distinción entre la zona urbana y las fuentes de agua era difusa, ya que había pozos a la “orillita, donde podía uno alcanzarla” [^{Rosa López 2015, entrevista}].

En la cabecera municipal el orgullo siempre ha sido el parque de los ahuehuetes (Taxodium mucronatum), árboles longevos asociados con frescor y humedad debido a que crecen en las orillas de los ríos. Así lo describe Mario González [^{2014, entrevista}]: “en ese tiempo había mucha agua y los ahuehuetes… grandes, yo todavía los conocí, eran unos ahuehuetes bien hermosos… todo estaba bien precioso ahí”. Actualmente sólo queda uno de los muchos ahuehuetes que había antes, y el parque se ha convertido en un pequeño balneario.

Los atenquenses aprovechaban los distintos recursos que ofrecía la abundante agua del waterscape. “Se hacían grandes lagunas… había patos, había pescado blanco, bueno de esos charralitos… había ranas, huevo del mosco… había muchas cosas para comer” [^{Mario González 2014, entrevista}]. Algunas personas se adentraron en describir diversos oficios relacionados con el agua. Había formas especializadas para cazar patos y aprovechar el tecuitlatl (alga espirulina, Arthrospira platensis). En algunas partes del lago todavía se obtiene ahuautle (hueva de mosco, Corisella texcocana) poniendo ramas donde “se encharca el agua… sacan la rama, la secan, ya la sacuden y ahí están” [^{Gloria Coronado 2014, entrevista}]. También se usa tequesquite (sal de tierra) para consumo animal y humano, pero sólo algunas familias saben buscarla y procesarla.

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428 b8ff04159605855b5

La zona lacustre en la época prehispánica 

EL SIGLO XX: LA VISIÓN INGENIERIL DEL WATERSCAPE Y LA AGRICULTURA DE RIEGO EN ATENCO

Entrado el siglo XX, en Atenco existía aprovechamiento lacustre asociado con la siembra de pequeñas milpas, sistema mesoamericano de producción de alimentos que, dependiendo de la región, puede llegar a integrar hasta 40 especies y distintas variedades de maíz nativo, alimento de enorme valor cultural para México. Tan pronto estalló la Revolución de 1910, los atenquenses encasillados en haciendas de la región solicitaron dotación de tierras. Algunas zonas del lago formaron parte del reparto agrario a pesar de que su salinidad las hacía poco aptas para la agricultura [^{Rosas 2013}]. En el periodo del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) se promovió el uso agrícola, la explotación de mantos acuíferos para riego y uso doméstico y el crecimiento urbano en zonas cercanas al lago [^{Espinosa-Castillo 2008}].

Los atenquenses supieron transformar las tierras salitrosas que recibieron en productoras de alimentos, “volteándolas, echándoles agua, echándoles abono, echándoles plantas… por ejemplo, tenemos la remolacha, que es la que se siembra en el salitre… con el tractor se mete el subsuelo… se va escurriendo… y se van componiendo” [^{Mario González 2014, entrevista}]. Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera [^{SIAP 2012}], en 2011 se cultivaron 1 435 ha de maíz, 203 de alfalfa y 159 de avena en el municipio. El total de toneladas cosechadas fue de 2 215 (maíz), 14 839 (alfalfa) y 3 700 (avena). El primero es para uso humano y animal mientras que los dos últimos son de uso forrajero, ya que también hay ganado bovino y ovino en el municipio y la región.

De esta superficie sembrada, 1 447 ha eran de riego y 940 de temporal [^{SIAP 2012}]. El riego proviene primordialmente de pozos construidos a mediados del siglo XX, en concordancia con la política de fomento a la producción de alimentos del Modelo de Sustitución de Importaciones acompañada de la construcción de sistemas de riego en el periodo de auge de la Secretaría de Recursos Hidráulicos (1948 a 1976) [^{Gutiérrez et al. 2006}; ^{Soares 2007}].

Durante este periodo se impulsó la inversión pública en infraestructura hidráulica, alcanzando entre 10 y 14% del presupuesto federal de egresos entre 1941 y 1955. Además de construir grandes obras de riego, el Estado fungió como administrador, regulador y usuario de las aguas nacionales [^{Aboites 2004}, ²⁰⁰⁹]. El agua encauzada a través de la obra ingenieril de gran escala era motor del desarrollo y principal eje en la política pública relacionada con el agua. Atenco fue testigo de esto. Antes “había bastantísimo ganado en el pueblo, casi la gente vivía del ganado… los pozos… tenían como diez años… estaban casi en su apogeo” [^{Pedro Gutiérrez 2015, entrevista}].

A finales de los setenta y principios de los ochenta el agua dejó de ser un recurso que había que dominar, para pasar a ser uno que había que cuidar. La lógica de la “gran irrigación se desgastaba ante la complejidad y diversidad que implicaban el desarrollo industrial y el incremento exponencial de la población urbana, usuarios que empezaban a competir por recursos presupuestales antes destinados preferentemente a la irrigación” [^{Soares 2007: 22}]. Inició entonces el periodo mercantil del agua, en el cual el Estado redujo montos de inversión, fomentó la participación empresarial en el manejo del agua y contribuyó a su privatización [^{Aboites 2004}, ²⁰⁰⁹]. En los años noventa del siglo XX se dio paso a la descentralización de sistemas de riego, transfiriéndolos a sus respectivos usuarios. La respuesta de éstos ha sido distinta en cada región. Algunos estudios documentan esfuerzos organizativos, tanto oficiales como informales, para seguir operando sistemas de riego [^{Palerm 2006}; ^{Montes de Oca et al. 2010}].

En Atenco la implementación del modelo mercantil trajo como consecuencia el deterioro del sistema de riego. Algunos pozos fueron clausurados porque la concesión no se renovó a tiempo [^{Aragón 2012}]. Así me lo contaron: “los dirigentes del pozo no lo fueron a dar… como de alta… a los señores se les pasó hacer eso y nos vinieron a privar del agua del pozo… sellaron y taparon” [^{Mario González 2014, entrevista}]. Dos pozos tienen deudas con la Comisión Federal de Electricidad y no están en funciones, mientras que otros simplemente “están descompuestos” y “arreglarlos sale bastante caro” [^{Estela Pérez 2015, entrevista}]. Algunas personas que tienen tierras de temporal han dejado de sembrar debido a cambios surgidos en los patrones de lluvias: “no tenemos en definitiva agua, francamente ahora no sembré porque con qué… ya ve que luego nada más llovizna y engaña, va a caer un aguacero, empieza el aire y ya se fue el agua” [^{Norma Ramos 2015, entrevista}]. Actualmente se dice que “ya no hay campo, ahorita todo es de comprar alfalfa, zacate, salvado, todo, comprar para los animales” [^{Pedro Gutiérrez 2015, entrevista}].

El deterioro en la administración del agua aplica tanto a la de riego como a la de consumo humano, cuya gestión también fue descentralizada a finales del siglo pasado. Los gobiernos municipales encuentran difícil garantizar el acceso de la población al agua potable de manera constante, segura y asequible, como lo estipula el derecho humano al agua reconocido por el Estado mexicano [^{Vázquez y Sosa 2017}].

Atenco no es la excepción. La cabecera municipal pasa meses sin agua debido a los cortes en el suministro de electricidad del pozo de agua potable, básicamente porque los usuarios no pagan el servicio y el comité no puede costear los recibos de luz. En varios lugares predomina el racionamiento: “los pueblos racionan el agua… dos días tienen agua, dos días no” [^{Julio Covarrubias 2015, entrevista}]. Los hijos e hijas de antiguos ejidatario/as han fundado nuevas colonias que no tienen agua. Es el caso de San Bartolo, que pidió “una cierta dotación… sí les dieron la cierta porción, pero hay que primero echar a andar ese pozo para darles, para cubrirles el requisito”. Mientras eso sucede, algunas casas se abastecen mediante un sistema rústico de mangueras: “todo eso ya es otra colonia… el agua potable pues ya no nos llega como debe de llegar… ahora que hicieron la carretera, imagínese… el día que abrieron [vieron que] hay un buen de mangueras por allá” [^{Eugenia López 2015, entrevista}].

LOS ALBORES DEL SIGLO XXI: EL AEROPUERTO VA, A PESAR DE LA ESCASEZ DE AGUA

Cuando el ex presidente Peña Nieto anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en 2014, los viejos debates en torno a la problemática de este waterscape se reanimaron. Diversos especialistas señalaron que el tipo de suelo era proclive a hundimientos, ya que 42% de la superficie que abarcaba el megaproyecto eran cuerpos de agua y zonas inundables por lo que, incluso implementando un sofisticado sistema de desecación y drenaje, era difícil evitar inundaciones [^{Olvera 2017}]. Al desaparecer 4 500 hectáreas de humedal que actualmente canalizan las aguas de la ZMVM se rompería el ciclo hidrológico del ex lago y la Ciudad de México también estaría sujeta a inundaciones [^{Salinas 2018}]. Las disposiciones para reducir estos impactos eran poco precisas: “sé que hay medidas de mitigación, lo que no sé es qué nivel tengan ya de implementación estas medidas, en torno sobre todo a los componentes asociados con el agua” [^{Matus apud Rendón 2018: 1}].

También se señaló que la construcción del NAICM provocaría un déficit de agua de 80 millones de metros cúbicos, algo equivalente a dejar sin agua a 530 mil habitantes de la Ciudad de México [^{Salinas 2018}]. El proyecto no contenía medidas de mitigación ante semejantes impactos. Según Córdova [^{apud Olvera 2017: 1}]:

La intención de construir un aeropuerto sobre el Lago de Texcoco es una de las peores ideas que se han tenido en esta cuenca por más proyectos de compensación que hagan. Estamos perdiendo la última oportunidad de que esta ciudad tuviera agua en el futuro mediante los proyectos de recuperar el lago… es como poner el último clavo al ataúd en medio de tantos problemas con el abasto de agua.

Los y las especialistas cuestionaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del NAICM aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ya que no contenía cálculos para evaluar la disponibilidad futura del recurso agua [^{Gallardo 2017}]. El contrato fue adjudicado a Especialistas Ambientales, S.A. de C.V., organización fundada en 1998 por personas que han ocupado importantes cargos en la SEMARNAT y que se ha visto favorecida por millonarios contratos, ingresando un total de 20 millones 820 580 pesos, entre 2013 y 2015. La MIA también omitió el registro de 74 especies de aves usuarias del lago, cantidad que contrasta con las 250 oficialmente identificadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) [^{Ocaranza 2017}].

El motivo por el cual se eligió a Texcoco para el nuevo aeropuerto nunca fue la viabilidad ambiental, sino más bien, el esquema financiero que claramente involucraba a los inversionistas más poderosos del país. Desde la administración de Vicente Fox se contempló una inversión de hasta 75 por ciento de capital privado, del cual 49 podía ser extranjero [^{Alfaro et al. 2011}]. Durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) la CONAGUA invirtió 2 628 millones en la compra de terrenos para el proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico del Lago de Texcoco (ZMRELT). A la gente que vendió se le dijo que sus tierras serían utilizadas para este proyecto, y José Luis Luege Tamargo, director de la CONAGUA, declaró que “durante mi gestión se adquirieron 1 700 hectáreas para fortalecer la vocación reguladora del ex Lago de Texcoco frente a la temporada de lluvias en el Valle de México. Es falso que se compraran para construir un nuevo aeropuerto” [^{Encinas 2014: 69}]. Tiempo después se supo que esos terrenos serían utilizados para el NAICM, ya que la cantidad de superficie adquirida y el área donde se iba a construir el aeropuerto coinciden con lo reportado en el informe que la CONAGUA presentó sobre la ZMRELT [^{CONAGUA 2012a}].

Las principales empresas involucradas en la construcción del aeropuerto antes de que la obra fuera cancelada eran Grupo Carso, S.A.B. de C.V., y Empresas ICA, S.A.B. de C.V. Ambas habían ganado la licitación para el edificio terminal y la pista tres. En los trabajos de preparación de pistas también participó La Peninsular Compañía Constructora, subsidiaria del Grupo Hermes, S.A. de C.V. Norman Foster (arquitecto británico) y Fernando Romero, yerno de Carlos Slim, habían ganado el contrato para el diseño del NAICM. Las empresas responsables de la obra pertenecen a “algunos de los empresarios más ricos del país, como Carlos Slim, Olegario Vázquez y Carlos Hank Rhon” [^{Grande 2017}].

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=ebcc98ca1ae6428 b8ff04159605855b5

El lago de Texcoco. Zona lacustre en 1824 

CONAGUA OFRECE AGUA A CAMBIO DE TIERRAS PARA EL AEROPUERTO

El proceso de venta de tierras ejidales tuvo lugar entre 2007 y 2014. Fue posterior a la adopción del dominio pleno en cada ejido, proceso en el cual intervino la CONAGUA como grupo de “asesores” que facilitaron los medios legales (por ejemplo, al notario) para que las cosas avanzaran. En las asambleas ejidales ya se sabía que había un comprador seguro (era el único punto en la agenda) por lo que después de aprobar el dominio pleno se procedió a facilitar la venta de tierras a la CONAGUA. La superficie total de tierras del municipio es de 4 mil 870 ha, de las cuales se vendieron 1 957 (aproximadamente 40% del total), con variaciones importantes entre los ejidos, siendo Ixtapan (con una extensión total de 1 755) el que más vendió.

El Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) nunca dejó de manifestarse en contra de lo que estaba ocurriendo. El 16 y 17 de agosto de 2014 se realizó el Encuentro en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida en el municipio de San Salvador Atenco; en el evento participaron muchas organizaciones en resistencia ante proyectos similares a lo largo y ancho del país. Durante todo este proceso el FPDT denunció el desalojo de familias para la construcción de vialidades; la estrategia de dividir a las comunidades que fue utilizada para lograr la venta de tierras; la compra de votos para asegurar asistencia a las asambleas, a la vieja usanza del sistema clientelar del Partido Revolucionario Institucional que ha gobernado al Estado de México a lo largo de toda su historia.

El FPDT también impugnó por la vía legal a las asambleas donde se aprobó el dominio pleno, cuya presentación en cadena no fue gratuita. Ixtapan lo aprobó en abril de 2000; Nexquipayac en enero de 2010; Francisco I. Madero en marzo 2010; Atenco, en junio de 2014. La aprobación del dominio pleno en Ixtapan estuvo asociada con el fallido decreto de expropiación de Vicente Fox. Nexquipayac y Francisco I. Madero fueron en paralelo, en fechas decembrinas, con el mínimo quorum requerido por la ley agraria. Atenco, cuna de la resistencia contra el aeropuerto, fue dejado al final, cuando ya se había logrado un avance significativo en la compra de tierras en los otros tres ejidos.

Las cantidades de dinero recibidas variaron en función de la capacidad de negociación de cada autoridad y el orden en el que se fueron presentando las ventas, con una fluctuación de entre 140 y 300 pesos por metro cuadrado. En Nexquipayac los ejidatario/as recibieron alrededor de millón y medio de pesos por el uso común; en Francisco I. Madero y Atenco, medio millón por el mismo concepto, más una cantidad variable por parcelas individuales de distintos tamaños; en Ixtapan cada ejidatario/a recibió 4 millones 750 000 pesos por la venta de parcelas individuales. Cuando la persona era dueña de dos parcelas, esta cantidad se duplicó. Ixtapan fue sin duda el ejido a donde más dinero llegó.

Dada la vocación lacustre y agrícola del waterscape atenquense, no es de sorprenderse que la CONAGUA haya recurrido a antiguas imágenes del lago de Texcoco todavía presentes en la localidad para convencerlos de vender. Los agentes que promocionaban la venta de tierras decían que estas serían utilizadas para “México Ciudad Futura”, plan de desarrollo que en 2008 se homologó con el proyecto ZMRELT mencionado arriba [^{Zamora 2014}]. El “asesor de CONAGUA” que “se encargaba de convencer a las personas para que entraran a lo de la venta... vino a decirnos que se iba a hacer un tipo Xochimilco” [^{Gisela Esteva 2014, entrevista}]; que “vamos a ser un cinturón verde” [^{Guadalupe Contreras 2015, entrevista}]; “que iban a hacer zonas verdes, que iban a hacer lagos” [^{Mario González 2014, entrevista}], “que iba a haber varios lagos… iban a poner veleros” [^{Alonso Pérez 2014, entrevista}].

En un documento de promoción de la ZMRELT, la CONAGUA recupera la historia de la región, desde la época en que la gran Tenochtitlán fue desecada, pasando por el deterioro ocasionado por el crecimiento de la mancha urbana y la iniciativa creada en 1971 por la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos para recuperar el waterscape mediante la regulación de escurrimientos (por ejemplo, el lago Nabor Carrillo) a través del Plan Lago de Texcoco. El proyecto ZMRELT se enmarca dentro de este plan y tiene por objetivo “mejorar la calidad de vida de la población que habita la región oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México” mediante la construcción de sistemas de riego y drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, áreas culturales y deportivas. La ZMRELT “propiciaría la mitigación de partículas suspendidas y beneficiaría al ordenamiento territorial”. Sin embargo, concluye el documento, “el problema principal para llevar a cabo esta acción es la adquisición de los terrenos”, por lo que forzosamente había que venderlas bajo la promesa gubernamental de vivir mejor [^{CONAGUA 2012b}].

A nivel de los ejidos, la oferta de agua de la CONAGUA no se limitó a la recuperación del lago, sino que también involucró el restablecimiento de la agricultura de riego con pozos nuevos. En la Colonia Francisco I. Madero se acordó que cada titular aportaría 2% de sus ganancias para hacer un pozo que regaría 200 hectáreas. En Nexquipayac, como CONAGUA “sabía que estaba pagando muy barato” [^{César Díaz 2014, entrevista}], el organismo ofreció un pozo de riego para “300 hectáreas agrícolas” [^{Filemón Alemán 2014, entrevista}] y otro de agua potable. En Santa Isabel Ixtapan se dictaminó que los tres pozos de riego se encontraban en sitios donde había trazos de carreteras, por lo que la empresa a cargo de su construcción hizo la muy generosa oferta de asumir la deuda pendiente y reubicarlos en otro lado donde no estorbaran al tráfico vehicular.

Ninguna de estas ofertas había prosperado cuando yo terminé mi trabajo de campo. La tubería del pozo de la Colonia Francisco I. Madero seguía pendiente porque “sí sale caro hacerlo” [^{Antonio Caballero, 2015, entrevista}]. En Nexquipayac la gente “se desesperó” y empezó a vender la tierra sin cerrar el trato; quienes se opusieron a entrar en cualquier tipo de negociación se quedaron solos [^{César Díaz 2014, entrevista}]. Los pozos de Santa Isabel Ixtapan no han sido reubicados. Queda la duda de si realmente había recursos para cumplir con estos compromisos, ya que 80% del presupuesto del proyecto ZMRELT operado por CONAGUA estuvo destinado a la compra de tierras y el resto para mantenimiento [^{Aragón 2012}].

Lo que la gente recibió a cambio de sus tierras fue, pura y llanamente, dinero en forma de un cheque. Los cinco usos más comunes del dinero recibido fueron los siguientes:

La inversión en vivienda, vehículos y negocios familiares no agropecuarios cambió el rostro de los poblados del municipio. Al recorrer a pie las principales siete calles de Nexquipayac, localidad de 6 661 habitantes [^{INEGI 2010}] ubiqué un total de 147 negocios. Los principales giros fueron los siguientes: abarrotes; venta de carne de res o pollo; dulces, flores y regalos; tortillerías. Para estos giros, 26% eran locales recién construidos y tenían anuncios de renta, situación que me hizo pensar que habían sido construidos con el dinero producto de la venta de tierras.

Algunas personas cuestionaron este tipo de inversión porque condujo a la pérdida de la vocación productiva de tierras agrícolas: “hay gente que ya acabó con sus tierras y lo único que tienen es casa” [^{Filemón Alemán 2014, entrevista}]. “En lugar de que compren terrenos o piensen en un negocio, están primero haciendo su casa, y luego comprándose una camioneta” [^{Alonso Pérez 2014, entrevista}].

Datos del INEGI [²⁰¹⁰] confirman que las zonas agrícolas han cedido paso a la construcción de caminos y viviendas. En 2012, el municipio tenía registrados 8 219 vehículos de motor (sin contar motocicletas) para un total de 12 483 viviendas (0.66 vehículos por vivienda). La mayoría de los hogares tienen televisión (95%), refrigerador (74%) y lavadora de ropa (62%). El municipio tiene 17 escuelas de preescolar, 18 de primaria, 10 de secundaria y 4 bachilleratos. La población tiene un grado promedio de escolaridad de 8.7, muy cerca del estatal (9.1). Es probable que el nivel de escolaridad siga subiendo ya que el ejido de Santa Isabel Ixtapan, que siempre estuvo a favor de la venta de tierras, cuenta con una Unidad de Estudios Superiores de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Integrantes del FPDT sugirieron que el plantel se construyó para convencer a los ejidatario/as de que el futuro de sus hijos/as está en la escuela y no en la siembra.

El creciente proceso de urbanización de un waterscape de vocación lacustre y agrícola siempre fue parte de un ideario más amplio de desarrollo que incluía un corredor comercial, un parque industrial, líneas de tren ligero, un centro de convenciones, un parque de diversiones, hospitales, museos, universidades, hoteles y fraccionamientos [^{Encinas 2014}]. Los dos años de construcción del NAICM (2015-2016) dejaron un balance negativo. Las comunidades aledañas fueron afectadas porque ahí fueron a dar los lodos tóxicos extraídos del antiguo lago. Al mismo tiempo, sus cerros fueron destruidos debido a la extracción de arena, grava y tezontle para cimentar las pistas [^{Calamard 2017}]. Como en tiempos de la Colonia y del presidente Cárdenas, se intentó, una vez más, desecar un waterscape de vocación lacustre y agrícola, ahora para transformarlo en pistas de aterrizaje capaces de soportar el tonelaje de los aviones. La gran obra ingenieril que pretendía desaparecer el agua se impuso una vez más en la región.

Antes y durante el tiempo que duró la construcción del NAICM, una de las preocupaciones principales en Atenco fue el despojo del agua. Como ya se dijo, las instancias encargadas de administrar los pozos del municipio, tanto de riego como de agua potable, se encuentran debilitadas. Esta situación hace más fácil que los derechos de agua sean entregados al sector privado porque hay poca resistencia para evitarlo [^{Gutiérrez et al. 2006}]. En Atenco se decía que ya hay “una explotación inmisericorde de los mantos acuíferos” [^{Israel Gómez 2015, entrevista}] y que el aeropuerto iba a empeorar las cosas “porque ese terreno es jaboncillo, ese terreno no es apto para lo que lo quieren hacer, entonces tienen que equilibrarlo con agua” [^{Guadalupe Contreras 2015, entrevista}]. “Se va a utilizar mucha agua… para toda la construcción, para todo el mantenimiento del aeropuerto”, la cual será obtenida “del acuífero de aquí” [^{Alonso Pérez 2014, entrevista}]. El gobierno “nos va a recoger todo, con todo y pozos” [^{Luis Millán 2015, entrevista}]. Quieren “pozos más profundos porque se van a llevar el agua” [^{César Díaz 2014, entrevista}], justo en una época donde “todo es caro y nosotros compramos agua” [^{Estela Pérez 2015, entrevista}].

CONCLUSIONES

Este trabajo se propuso estudiar, desde la óptica de la ecología política, la coproducción del waterscape atenquense debido a la venta de tierras para la construcción del NAICM. Las fuentes de información fueron notas periodísticas, información secundaria y 50 entrevistas realizadas durante año y medio de trabajo etnográfico. Se analiza la transformación del ex Lago de Texcoco desde el ámbito local, es decir, desde sus márgenes (o desde “la orilla del agua”).

Los actores involucrados en la transformación del waterscape son, por un lado, el Estado que compra las tierras a través de una de sus instancias (la CONAGUA) para favorecer a los inversionistas involucrados en la construcción del aeropuerto; y por el otro, los ejidatario/as que coproducen el waterscape del municipio al invertir el dinero producto de estas ventas en determinados rubros, siendo los predominantes la construcción urbana (vivienda y locales comerciales) y vehículos de motor. A través de estas acciones, tanto el Estado como los ejidatario/as contribuyeron, en mayor o menor medida, a la desecación del waterscape atenquense debido al crecimiento urbano y vehicular.

El análisis sugiere que los procesos de compra-venta de tierra que se presentaron en Atenco contribuyeron a la mercantilización de los recursos naturales y la acumulación del capital en manos de los inversionistas interesados en construir el aeropuerto, con el Estado como facilitador de este proceso. La CONAGUA construyó un imaginario favorable a las ventas que fue capaz de interpelar a actores sociales subordinados, en este caso, los ejidatario/as de Atenco. Paradójicamente, ese imaginario se centró en la recuperación del waterscape a partir del agua, elemento identitario clave en una región de tradición lacustre y agrícola. A través de la creación del proyecto ZMRELT, la CONAGUA pudo legitimar su intervención en el waterscape de Atenco, reduciendo drásticamente la viabilidad de los ejidatario/ as para definir el futuro de un waterscape que históricamente les pertenece.

San Salvador Atenco, municipio emblemático por ubicarse a la orilla de un lago y por haber defendido firmemente su identidad campesina, ahora tiene dificultades para regar cultivos y debe racionar el agua de uso doméstico. Siguiendo las definiciones señaladas, se constata que la coproducción del waterscape atenquense ha estado marcada por un imaginario ingenieril y mercantil del agua donde no ha sido posible reivindicar de manera efectiva el aprovechamiento lacustre y la siembra de alimentos por parte de sus principales usuarios. La visión ingenieril y mercantil impuesta desde distintas instancias estatales a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y parte del XXI sigue fomentando dicha desecación; la construcción del aeropuerto iba a representar el punto final. Su cancelación a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador abre la posibilidad de que los atenquenses den vuelta atrás y retomen la vocación lacustre y agrícola de su waterscape. Dada la urbanización reciente producto de la venta de tierras y el proceso de descampesinización presente en todo el país, las posibilidades son inciertas.