Introducción

El fenómeno migratorio en México ha sido uno de los factores de mayor trascendencia para entender la utilización del territorio, la morfología y el dinamismo social, económico, político, demográfico y cultural en el país. Históricamente, México ha figurado como uno de los principales países a nivel mundial del que emigra su población en búsqueda de mejores condiciones de vida debido a problemáticas estructurales como la pobreza, las enormes brechas de desigualdad económica, social y política, las dificultades para acceder a condiciones de vida digna, la falta de oportunidades laborales, la ausencia de garantías de sus derechos económicos, sociales y culturales, entre otras causas.

En los últimos años, ante los escenarios de violencia que se han recrudecido a nivel mundial y regional, México se ha convertido en uno de los países de mayor importancia en materia migratoria en el que flujos migratorios mixtos transitan por el territorio; llegan para quedarse, retornan o huyen de él.

Si bien, múltiples perfiles de personas en contexto de movilidad humana convergen en el territorio mexicano tales como los migrantes regulares e irregulares, deportados, retornados, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos forzados; existe aún un abordaje incipiente frente a la situación que sufren particularmente, las personas internamente desplazadas por la fuerza en el territorio nacional.

Desafortunadamente, el desplazamiento interno forzado de población ha quedado completamente desdibujado del mapa de problemáticas a atender, pues no ha sido reconocido de manera oficial y no existe un andamiaje conceptual, jurídico y normativo que los proteja, lo que plantea la urgencia de su reconocimiento y la creación de medidas institucionales que permitan brindar atención y asistencia a sus víctimas.

Por ello, y dada la pertinencia de incluir en el debate público la reflexión en torno a la situación que viven las personas internamente desplazadas en el país, en este artículo se presentará una parte de los resultados obtenidos del estudio etnográfico realizado en el año 2013 a doce mujeres desplazadas internamente por la fuerza a causa de la violencia, cuya investigación fue incluida en mi tesis de maestría.¹ A pesar de que el trabajo etnográfico fue realizado hace ya seis años, subrayo el aporte de la información, dado que no se cuenta aún con un diagnóstico cualitativo comprensivo sobre la problemática a nivel nacional y prácticamente no existen registros que aborden desde un enfoque etnográfico el desplazamiento interno forzado en el estado de Durango.

El trabajo de campo fue desarrollado en la capital del estado de Durango a través de entrevistas a profundidad a doce mujeres internamente desplazadas por la fuerza durante el periodo 2008-2012, originarias de la región serrana del estado y cuyo lugar de reasentamiento fue la ciudad capital.² La investigación brindó una primera aproximación descriptiva a la situación de lo vivido por algunas de las mujeres y lo que experimentaron antes, durante y después del desplazamiento interno forzado, ofreciendo desde una perspectiva etnográfica información relevante que permitió comprender los impactos de la violencia, así como las afectaciones que enfrentaron en múltiples ámbitos de sus vidas.

Desplazamiento Interno Forzado

¿Pero de qué hablamos cuando nos referimos al desplazamiento interno forzado?

El desplazamiento interno forzado de población, se inscribe dentro de las llamadas migraciones forzadas diferenciadas de otras formas migratorias por las causas que motivan dicha movilidad, debido a que éstas se presentan como resultado de las endémicas formas de violencias y violaciones a los derechos humanos que ocurren dentro de los países, obligando con ello a sus habitantes a huir de sus lugares de residencia habitual con la única finalidad de salvaguardar su integridad física e impidiendo así, el goce y el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos humanos.

Es así, que este carácter forzado de movilidad poblacional adquiere una dimensión diferente frente a cualquier otro tipo de migración. Ya que es una migración no voluntaria, no determinada por la oferta de mejores condiciones laborales o sociales, sino que es determinada por las condiciones de violencia o de violaciones a los derechos humanos que se presentan en el territorio que se habita permanentemente y que amenazan la vida, la libertad y la integridad de quienes ahí residen.

De acuerdo con los Principios Rectores de los Desplazados Internos³ de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los desplazados internos son:

Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida [^{Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDH-ONU) 1998}].

De acuerdo con la definición, sobresalen cuatro aspectos fundamentales. El primero es el carácter forzado, coercitivo o involuntario del movimiento; el segundo se refiere a que el desplazamiento puede presentarse de manera reactiva como resultado de un conflicto, o de manera preventiva, para evitar los efectos del mismo; tercero, que el movimiento se lleva a cabo dentro de las fronteras nacionales; y cuarto, que la definición sobre las causas que generan los desplazamientos es flexible, dado que la palabra en particular, indica que la lista de causales no es exhaustiva, por lo que su definición depende de las situaciones que se presenten en un determinado contexto sociopolítico.

Los desplazados pueden ser personas o grupos poblacionales que se ven obligados a abandonar su lugar de residencia común por razones de conflicto armado, violencia, violaciones a derechos humanos y catástrofes naturales, entre otros, y que a diferencia de la categoría de refugiados, permanecen dentro del territorio nacional, lo que implica, no tener un estatus legal como desplazados y por tanto, no contar con el régimen de protección que otorga el derecho internacional, a menos que el gobierno del Estado solicite dicha protección y asistencia, ya que las personas en situación de desplazamiento interno al no salir de sus fronteras nacionales, continúan bajo el amparo y jurisdicción del Estado y siguen siendo titulares de los mismos derechos que tenían antes del desplazamiento.

De acuerdo con el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC, por sus siglas en inglés) en su último informe mundial calculó que para finales del año 2017, “40 millones de personas vivían en condiciones de desplazamiento interno como resultado de los conflictos y la violencia” [^{IDMC 2018}]. Tan sólo en 2017, registró un total de “30.6 millones de nuevos desplazamientos asociados con conflictos (39% del total) y desastres (61% del total) en 143 de los 200 países y territorios monitoreados”.⁴ De acuerdo con esta estimación, el número de nuevos desplazamientos asociados únicamente a situaciones de violencia y conflictos casi se duplicó, pasando de 6.9 millones en 2016 a 11.8 millones en 2017⁵ [^{IDMC 2018}].

La experiencia en el mundo ha dejado en evidencia que los países que sufren esta situación, generalmente no lo reconocen y dejan a este sector en total desprotección al no contar con un reconocimiento jurídico interno que les provea de medidas de protección, por lo que los convierte en uno de los grupos más vulnerables, dentro de los vulnerables.

Por tal razón, resulta necesario el abordaje de este fenómeno, al constituir uno de los grupos sociales más desprotegidos e ignorados en nuestro país. La atención primaria hacia sus víctimas recae en el gobierno en turno, quien tiene la obligación y la responsabilidad de reconocer y crear un marco legal para su prevención, atención y protección, adaptando los estándares internacionales para su tratamiento adecuado durante todas las fases que comprenden el desplazamiento [^{Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 2016: 12-13}].

El desplazamiento interno forzado es un hecho victimizante autónomo que se produce porque el Estado no pudo garantizar la protección de estas personas y prevenir su desplazamiento [^{Meier 2007: 1}]. Es considerado incluso -en determinadas circunstancias-, como un crimen de lesa humanidad⁶ y crimen de guerra⁷ [^{Corte Penal Internacional (CPI) 2002}]. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CoIDH] ha señalado que:

[…] la situación de especial vulnerabilidad e indefensión en que generalmente se encuentran las personas desplazadas puede ser entendida como una condición de facto de desprotección, considerando que la situación de vulnerabilidad de las personas desplazadas resulta del hecho de que se encuentran bajo la jurisdicción de su propio Estado, el cual no ha tomado las medidas suficientes para impedir o evitar la situación de abandono que llevó a las personas a tener que desplazarse [^{CoIDH 2005}].

Ante la falta de respuestas nacionales efectivas en los países que padecen esta situación, ya sea por su falta de voluntad política o su falta de capacidad, coloca a la población internamente desplazada en un escenario de total desamparo perpetuando con ello su condición de vulnerabilidad y obligándolos incluso a emprender nuevos desplazamientos dentro de sus fronteras y también fuera de ellas en búsqueda de protección internacional.

Antecedentes del Desplazamiento Interno Forzado en México

El desplazamiento interno forzado ha sido una problemática que se ha presentado de manera recurrente en el territorio mexicano desde hace décadas, sus causas han dependido sobre todo de conflictos armados, religiosos y políticos,⁸ a estos, también se suman los desplazamientos generados por desastres naturales,⁹ aquellos generados por la creación de proyectos de desarrollo en gran escala. Con el tiempo este fenómeno se ha agudizado y cada vez nuevos actores se suman, como los grupos armados organizados, que han dejado a su paso a cientos de víctimas invisibilizadas.

El Desplazamiento Interno Forzado en la actualidad

En los últimos doce años el desplazamiento interno forzado en México se incrementó abruptamente bajo el escenario de inseguridad y violencia por el que atraviesa aún el país, particularmente desde que fue puesta en marcha la estrategia de seguridad de combate abierto al narcotráfico, en diciembre de 2006, por el ex Presidente Felipe Calderón (2006-2012) y continuada por el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Durante este periodo, los índices de violencia aumentaron exponencialmente año con año. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [SESNSP] el 2018 concluyó con 33 mil 341 víctimas de homicidio doloso [^{SESNSP 2019}] convirtiéndolo en el año más violento en la historia del país¹⁰ con un incremento de 15% con respecto a 2017 y más del doble que hace ocho años. Por su parte, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas al corte del 30 de abril de 2018, había registrado un total de 37 435 personas reportadas como desaparecidas en el fuero común y federal [^{SESNSP 2018}].

El aumento no sólo de las tasas de homicidio y de desapariciones forzadas e involuntarias, sino también de la extorsión, los secuestros, los feminicidios, la trata de personas, los robos, los desalojos forzados, las violaciones a los derechos humanos, los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, aunado a la corrupción e impunidad rampantes, propiciaron las condiciones para el surgimiento de nuevas oleadas de personas internamente desplazadas.

A pesar de no contar con una cifra oficial sobre el número de personas internamente desplazadas debido a la ausencia de un censo y diagnóstico oficial, algunas organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos se han dado a la tarea de poner en evidencia la magnitud del fenómeno.

En el año 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó su primer Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en el que a través de solicitudes de información, expedientes, actas circunstanciadas y mediante un muestreo basado en cuestionarios aplicados en 65 municipios de las 32 entidades federativas, identificó de manera directa a 1 784 personas que afirmaban haberse desplazado de manera forzada; y, de manera indirecta, a 35 433 personas víctimas de desplazamiento interno forzado que fueron referenciadas por terceros.

Estos desplazamientos fueron registrados en 27 entidades del país, principalmente en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Jalisco [^{CNDH 2016}].

Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) a través del seguimiento permanente de episodios de desplazamiento masivos, contabilizó al menos 329 917 personas internamente desplazadas en el período de 2006 a 2017, cuyas causas se deben principalmente a la violencia generada por grupos armados organizados, a la violencia política, conflictividad social, a los conflictos territoriales y religiosos y a proyectos extractivos mineros [^{CMDPDH 2018}]. Además, con base en su último informe publicado en febrero de 2019, Entre la invisibilidad y el abandono: Un análisis cuantitativo del desplazamiento interno forzado en México, en el que realizan un análisis de la problemática a través de la exploración de instrumentos estadísticos oficiales, estiman que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), alrededor de 8 726 375 personas se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia para protegerse de la delincuencia, entre 2011 y 2017 [^{CMDPDH 2019}]. A partir de los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) el cálculo de personas que migraron internamente por motivos de inseguridad pública o violencia en el período entre 2009 y 2014, fue de 185 936 personas; mientras que la información analizada de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revela la existencia de 206 965 personas que cambiaron de hogar por motivos de inseguridad pública entre 2006 y el primer trimestre de 2018 [^{CMDPDH 2019: 105}].

El aumento en las diversas formas de violencia en México ha estado acompañado de violaciones sistémicas contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado. Tanto las amenazas y los ataques de violencia directos, como el contexto de violencia y miedo generalizados, han dado lugar al fenómeno del desplazamiento interno, sea masivo o individual. En México quizá millones de personas -de acuerdo con estos últimos datos proporcionados por la CMDPDH a través del análisis de encuestas oficiales- han tenido que huir de sus hogares como una medida reactiva o preventiva para evitar ser víctimas de las diferentes expresiones de violencia. A pesar de ello, aún se desconoce con certeza, la cantidad de personas que lo sufren, el perfil sociodemográfico de quienes lo llevan a cabo, las causas y los actores que generan el desplazamiento de la población, así como los territorios expulsores y receptores.

Debido a la ausencia de un diagnóstico nacional sobre esta problemática, el estudio de caso sobre Mujeres desplazadas internamente en la región de la sierra, Durango, cobra pertinencia al brindar información descriptiva de primera mano sobre la causas que detonaron su desplazamiento interno forzado y las situaciones de vulnerabilidad que enfrentaron en la salida de su lugar de residencia habitual, durante el trayecto, así como las situaciones experimentadas en el lugar de reasentamiento.

Información de contexto de la región de estudio: Durango

Los municipios que comprenden la región serrana del estado de Durango, junto con otros municipios colindantes con los estados de Chihuahua y Sinaloa, forman parte de una región más amplia denominada el Triángulo Dorado, cuya zona ha sido asociada históricamente a las actividades de los grupos de delincuencia organizada al ser altamente geoestratégica, debido a sus características climáticas y su ubicación geográfica que se distingue por el tipo de suelo, su vegetación y su difícil acceso, es aprovechada para la producción y trasiego de estupefacientes, mayoritariamente en el cultivo de mariguana y amapola [Cunjama y García 2014: 99-111; Lizárraga A. y Lizárraga O., s.f.; ^{El Economista 18 de febrero 2011}]. Durante el periodo de estudio, esta región presentó un elevado índice de tasas de homicidios, así como diversos acontecimientos de violencia que provocaron episodios de desplazamiento interno forzado de población.

Las estadísticas de incidencia delictiva más altas para el estado de Durango fueron registradas entre el año 2009 y 2012. Durante esos años, periodo en el que las mujeres que conforman el estudio fueron internamente desplazadas por la fuerza, el estado de Durango junto con los estados de Chihuahua, Guerrero y Sinaloa concentraban las tasas de homicidio más elevadas en el país. En 2010, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Durango ascendió a 61.32, lo que representó 3.4 veces la tasa nacional promedio de 17.63 [^{SESNSP 2018}]. Las tasas de homicidio para esos años fueron: 56.36 en 2009, 45.20 en 2011 y 36.15 en 2012 [^{SESNSP 2018}].

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], que se refieren al fenómeno de la victimización delictiva y es medida de forma anual, el estado de Durango registró en los años de 2010 y 2011, a 23,792 y 21,803 víctimas del delito por cada 100 000 habitantes, respectivamente [^{INEGI 2014}]. De acuerdo con esta misma encuesta, en 2010, 88.1% de la población de 18 años y más, consideró la inseguridad como el problema más importante en la entidad, porcentaje que tuvo una mínima disminución al año siguiente, al registrar un porcentaje de 81.9 [^{INEGI 2014}].

Por otro lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango [CEDH Durango], en sus informes disponibles para el período de análisis 2012 y 2013, destacó que entre los derechos humanos más violentados dentro de la entidad, se encontraba la falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, trato cruel e inhumano o degradante, detenciones arbitrarias, apropiación ilegal de un bien mueble (sin el consentimiento del propietario) y sin que existiera causa justificada, entre otros [^{CEDH Durango 2012}; ^{CEDH Durango 2013}].

En ese contexto de inseguridad y de violaciones a los derechos humanos, cientos de habitantes del estado se vieron obligados a desplazarse internamente. De acuerdo con la ENVIPE, el total de personas de 18 años y más que cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia en el estado durante el periodo de 2011 a 2017 [^{INEGI 2018}] fue de 155,494 personas. Para el periodo de estudio y de acuerdo con la información disponible en los años de 2011 y 2012, se desplazaron 21,818 y 22,411 personas, respectivamente, ya sea de manera planificada o abrupta, cambiaron de domicilio para protegerse de la delincuencia [^{CMDPDH 2019}].

De acuerdo con la edición de 2009-2014 de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), la “inseguridad pública o violencia” fue la tercera causa de emigración más frecuente en el estado de Durango, ya que 11% de las personas que salieron del estado declararon que lo hicieron por ese motivo [^{CMDPDH 2019: 40}].

En relación con las víctimas de desplazamiento interno forzado de la entidad, el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, publicado por la CEDH, identifica a 438 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en la entidad [^{CNDH 2016}].¹¹ Y señala a los municipios de El Mezquital, Pueblo Nuevo y Tamazula y a las comunidades de Tierra Colorada, Las Guacamayas, Tamazula El Verano y El Limón como territorios expulsores de población [^{CNDH 2016: 83}].

Por su parte, la CMDPDH identificó a partir del monitoreo de medios, al menos dos episodios de desplazamiento masivo en la entidad, ocurridos, uno en el año 2016 y otro durante el 2017, causados por la violencia generada por grupos armados organizados como resultado de enfrentamientos entre grupos delincuenciales entre sí o entre grupos delincuenciales y agentes del Estado en los municipios de Tamazula y San Dimas desplazando a por lo menos 365 personas provenientes de ocho localidades¹² [^{CMDPDH 2017}; ^{CMDPDH 2018}].

Por otra parte, con base en algunos registros en prensa sabemos que el desplazamiento de población comenzó a evidenciarse desde el año 2009 en el municipio de Pueblo Nuevo cuyas familias solicitaron el apoyo para salir del poblado La Escondida tras los constantes embates de las “gavillas” [^{El Siglo de Durango 13 de febrero 2009}]. En el año 2010, fue reportado el desplazamiento de habitantes de la comunidad La Lagunita, en la región de la Barranca del municipio de Pueblo Nuevo, ante la violencia y las amenazas del crimen organizado [^{La Jornada 13 de agosto 2010}]. En ese mismo año también se registró que grupos que actuaban “al margen de la ley” incendiaron casas, escuelas y tiendas comunitarias en la comunidad de San José del Ranchito, municipio del Mezquital produciendo el éxodo masivo de población indígena [^{Gamboa Navarro y Asociados 2011: 7-9}].

En 2011, después de que miembros de la delincuencia organizada arrasaran y quemaran el poblado La Lagunita en el municipio de Tamazula y los poblados de Tierras Coloradas, San Manuel y Las Bayas en el municipio del Mezquital, los habitantes indígenas tepehuanos que se dedicaban principalmente a actividades forestales y de ganadería se escondieron en la serranía y se desplazaron con familiares a poblados cercanos y otros hacia la capital del estado [^{La Jornada 13 de enero 2011}; ^{Expansión 1 de diciembre 2011}; ^{El Economista 18 de febrero 2011}; ^{Excélsior 15 de marzo 2011}]. Después de la ocurrencia de estos desplazamientos, la Fiscalía de Durango informó que “era la sexta ocasión en la que presuntos integrantes del crimen organizado queman casas de poblados de la zona serrana durante el último año” [^{Expansión 1 de diciembre 2011}].

Derivado de otros acontecimientos violentos que se presentaron en las poblaciones serranas de Pueblo Nuevo, San Dimas, Otáez, Tepehuanes, Santa Gertrudis, Lagunita en Santiago Papasquiaro, el Campamento, Cóscate, San José del Ranchito, Carboneras de Milpillas y Cebollas de Milpillas, alrededor de 700 familias en su mayoría mujeres y niños indígenas tepehuanos, mexicaneros, huicholes, coras y tarahumaras tuvieron que desplazarse, muchos de ellos hacia la capital del estado [^{Gamboa Navarro y Asociados 2011: 7-8}].

En años posteriores al estudio etnográfico realizado, también fueron registrados nuevos episodios de desplazamiento. En 2015, se reportó que al menos 45 familias tuvieron que abandonar sus hogares en la comunidad de Sapioriz en el municipio de San Dimas después de que once personas fallecieran en una emboscada [^{Durango Press 20 de junio 2016}]. Asimismo, en el marco del operativo en la búsqueda de la reaprehensión del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán y el aumento de la presencia de marinos en la entidad, diversos medios de comunicación informaron acerca del desplazamiento forzado de más de 250 familias que abandonaron sus comunidades por la violencia desatada en la zona. Cerca de 600 personas provenientes de 17 comunidades de Durango (El Limón, El Verano, El Águila, La Sierrita, La Lagunita, La Borrega, Rancho Viejo, Rancho Las Carreras, Jacale, La Piedrosa o Las Piedrosas, La Lima, Los Limones, Los Remedios, La Calera, La Iguana y El Sauce Viejo), huyeron hacia la comunidad de Cosalá en Sinaloa. La información difundida señaló que no existieron reportes de torturas físicas, pero sí de actos intimidatorios hacia la población, amenazas, agresión verbal y disparos amenazantes al aire realizados por agentes de la Marina [^{El Comercio 18 de octubre 2015}; ^{Durango Press 20 de junio 2016}; ^{La Jornada 16 de octubre 2015}; ^{El Debate 16 de octubre 2015}; ^{La Jornada 20 de octubre 2015}; ^{Desinformémonos 27 de noviembre 2015}]. Ante las múltiples violaciones de derechos humanos que se generaron a causa de los operativos implementados por los elementos de la Marina Nacional, las autoridades responsables tanto estatales como federales intervinieron para atender a esta población [^{CNDH 2016: 48}].

Impactos del Desplazamiento Interno Forzado en la vida de las mujeres desplazadas en la región serrana de Durango

A pesar de que la prensa registró salidas masivas de personas que huían de sus comunidades a causa de la violencia, no se cuenta con información suficiente que permita conocer aspectos cualitativos que muestren la afectación a múltiples derechos, ni el proceso que conlleva desplazarse.

En el siguiente apartado se expondrán de manera sucinta los principales hallazgos de las documentaciones etnográficas realizadas a mujeres duranguenses que se vieron obligadas a huir de sus comunidades de origen a causa de la violencia, con el fin de contribuir en la profundización de la compleja realidad que implica esta condición, particularmente observada en mujeres.

De acuerdo con la literatura especializada que aborda el desplazamiento interno forzado, señala que las guerras y los conflictos internos armados han afectado de manera desigual a hombres y mujeres, debido a que las pérdidas humanas ante estos conflictos son mayoritariamente masculinas. En los países como Perú y Colombia, por ejemplo, se reconoce que las mujeres han sido las principales protagonistas de los desplazamientos. En la experiencia peruana, “las mujeres constituyen el más numeroso componente demográfico del desplazamiento, puesto que frecuentemente se han hecho cargo de todo el núcleo familiar a partir de la ausencia de los varones, víctimas de la violencia” [^{Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003}]. En Colombia, las mujeres son aproximadamente la mitad de la población afectada [^{CIDH 2006: 10}].

Las investigaciones que se han hecho en relación con los efectos del desplazamiento forzado coinciden en que existe un efecto diferenciado desproporcionado, tanto cualitativo como cuantitativo, del desplazamiento interno forzado en las mujeres, en comparación con los hombres [^{ACNUR 2009}]. En relación con esto, la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha señalado que “La vulnerabilidad acentuada de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y, en general, afecta con especial fuerza a mujeres, quienes son cabezas de hogar y representan más de la mitad de la población desplazada” [^{CIDH 2006}].

El desplazamiento genera para las mujeres riesgos y problemas específicos basados en su condición de género, fundamentalmente en cuanto al riesgo de violencia, explotación, abuso sexual o esclavización para ejercer labores domésticas y actos que tienen que ver con el núcleo familiar como el reclutamiento forzado de hijos e hijas [^{ACNUR 2009: párr. 3}]. De igual forma, “las vulnerabilidades previas al desplazamiento hacen que las mujeres estén expuestas a nuevos y mayores riesgos durante su huida, así como a dificultades adicionales derivadas de no contar con las habilidades ni con la información necesaria para ponerse a salvo con sus familias” [^{Mercado 2013: 128}]. Al ser las encargadas de la unidad familiar, sufren una afectación en términos de acceso a servicios básicos como atención médica, alimentación, educación y servicios públicos. Su condición de especial desprotección impacta también en la descomposición de su tejido social y en la pérdida de los referentes culturales. De acuerdo con el ACNUR, “la violencia sexual y basada en género constituye uno de los riesgos más alarmantes de las mujeres en todas las fases del desplazamiento forzado” [^{ACNUR 2009: párr. 3}].

Situación antes del desplazamiento interno forzado

A partir del trabajo de investigación desarrollado, se identificó que todas las mujeres entrevistadas eran madres de familia, muchas de ellas indígenas tepehuanas quienes antes del desplazamiento sufrido vivían bajo un modelo de familia nuclear, dedicadas mayoritariamente a las labores domésticas y de cuidado de sus hijos y animales de rancho, así como a la agricultura. Una de las mujeres entrevistadas, narra lo siguiente al preguntarle por su vida antes del desplazamiento forzado:

Era algo calmado, andaba uno bien a gusto en el monte y todos salíamos, no nos daba miedo nada, salíamos de día de campo y todo… y ahora ya no, toda la gente tiene miedo [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

Los testimonios recabados dan cuenta de un cambio en las condiciones de seguridad dentro de su entorno inmediato entre los años 2008 y 2012. Durante este periodo indicaron un incremento paulatino de la presencia de grupos delincuenciales que derivó en un ambiente de temor, inseguridad y tensión permanente dentro de sus comunidades. Todas las mujeres expresaron haber experimentado sentimientos de incertidumbre y riesgo generados por la información que hasta ellas llegaba, de manera cada vez más continua y cercana, sobre historias de personas asesinadas, levantadas y amenazadas en la región. Así lo describe una de ellas:

[…] no, no, no… porque andaba la gente nomás levantando así nomás, levantaban viejos ya macizos, niños, bueno… jovencitos de doce o quince años y pues nos daba miedo que eso pasara acá [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

De manera previa al desplazamiento, las mujeres manifestaron haber realizado cambios en su rutina diaria como medida de seguridad. Entre las medidas adoptadas señalaron: resguardarse a tempranas horas en sus casas, evitar pasar en las noches por algunos lugares, no acudir a reuniones colectivas, no organizar festividades o bailes. De igual forma, para quienes tenían negocios, consideraron cerrarlos. En relación con esto, aparece en las entrevistadas un primer cambio en sus actividades habituales que trastornaron su vida cotidiana.

Cabe señalar que aun cuando las mujeres y sus familias se encontraban subsumidas en un ambiente de violencia e inseguridad permanentes, ninguna de ellas optó por salir de sus lugares de residencia hasta que las condiciones de violencia directa les forzaron a huir con la finalidad de resguardar sus vidas. Lo anterior debido a que las mujeres y sus familias entendían una lógica focalizada en la violencia ejercida por los grupos delincuenciales y por el temor de perder el patrimonio familiar, como se expresa en el siguiente testimonio:

[…] y luego en ese ranchito nosotros también oíamos pláticas de que se metían a sacar a las muchachas y también en otros ranchitos …y ya cuando pasó eso acá, yo le dije mi esposo, “yo no voy a esperar que vaya a pasar algo aquí y se quieran llevar a mis hijos” yo así le dije: “o me sigues o te quedas” le dije “porque yo me voy a llevar a mis hijos” y él dijo “no, pero a nosotros qué, a nosotros no nos hacen nada, nosotros no les hacemos nada”, pero yo sentí miedo y yo le dije de todos modos. O sea yo pensaba, póngale negativamente y le insistía “mejor vámonos, vámonos” y decía mi esposo “mira, apenas nos estamos haciendo otra vez de animalitos y luego nos vamos” y medio que se calmaron las cosas y después de seis meses… nos llegan un domingo temprano los hombres esos [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

De acuerdo con lo que las entrevistadas cuentan y a pesar de que había un temor generalizado por la presencia de estos grupos y su llegada a la comunidad, se afirma que este clima predominante no propició la salida de ningún habitante de estas comunidades. La causa principal por la cual dijeron haberse ido de su comunidad, hace referencia, en todos los casos, a las diversas manifestaciones de violencia directa perpetradas por los grupos delincuenciales. Entre las causas de violencia directa descritas se encuentran: los asesinatos, las constantes amenazas, las desapariciones involuntarias, los secuestros, el reclutamiento forzado, el abuso sexual y la trata de personas que fueron experimentadas por ellas mismas, por miembros de su familia o integrantes de su comunidad.

Una de ellas, narra cómo ella y su familia fueron víctimas de estas formas de violencia:

Yo me fui […] porque habían secuestrado a mi hijo, lo levantaron y se lo llevaron y ahorita hasta la fecha no sé dónde está, pero me junté con una pareja, con un señor y a ese señor me lo levantaron primero que a mi hijo. A mi pareja el 20 de octubre de 2008 y a mi hijo el 11 junio de 2009 y a mí también me llevaron el 12, a mí el día 12 a las tres de la tarde [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

Otros relatos hacen hincapié en las causas que provocaron el desplazamiento:

[…] y pos vine porque pos mis hermanos todos se acabaron, a mis cuatro hermanos pues los mataron allí en medio del camino y a mi esposo lo balacearon acá en el Chivo [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

Es que agarraron a mi marido y se lo llevaron porque llevaba mandado, yo creo por robarle, o no sé [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

No, pues a él (refiriéndose a su esposo) y otro hermano mío y otro cuñado pues los desaparecieron… ellos se vinieron para acá y ya jamás regresaron [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

Mi hermano ya va a cumplir como… dos años, cumplió más bien el 15 de diciembre que lo desaparecieron; mi hermano y mis dos cuñados [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

De acuerdo con los testimonios recogidos, se observa que las pérdidas humanas, las desapariciones y los ataques de violencia que detonaron la salida forzada, fueron dirigidos mayoritariamente hacia los hombres, convirtiendo a las mujeres en las protagonistas del desplazamiento interno forzado.

Condiciones durante el desplazamiento

La salida de las mujeres de sus comunidades se presentó de manera diversa, algunas de ellas utilizaron medios de transporte propios o ajenos, hubo quienes tuvieron la posibilidad de salir de su hogar con sus pertenencias más básicas, ropa o documentos. En otros casos, el desplazamiento se llevó a cabo sólo con lo que las personas llevaban puesto, incluso hay quienes realizaron el desplazamiento de manera conjunta con familiares o con miembros de la comunidad y hay quienes tuvieron que hacerlo de manera separada de su familia y en bajo perfil, como se ejemplifica en el siguiente testimonio:

Sí, ya cuando me soltaron yo tenía mucho miedo porque no estaban mis muchachos… y luego supe que mis otros muchachos [quienes vivían en otro rancho alejado] pagaron para que los sacaran a escondidas y no querían [sacarlos], nada más que unos ministros que eran como músicos, los echaron entre los instrumentos donde tocaban y los sacaron… [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

De acuerdo con diversos autores, en el momento de la salida obligada, se conjugan sentimientos de culpa, de dolor, de sufrimiento, de desesperanza, sentimientos que se ven obligados a desvanecerse en el instante, puesto que lo inmediato es la supervivencia [^{Alvarán, García, Gil, Caballer y Flores 2015}]. En ese sentido, las mujeres desplazadas comentaron haber vivido una experiencia traumática que las orilló a salir inmediatamente de su comunidad. En todos los casos, el desplazamiento es percibido como una salida provisional que les permitirá en ese momento salvar la vida o minimizar la intensidad de la violencia. Es la solución más próxima que las personas encontraron en ese momento para resolver la situación que experimentaban, pero preservando siempre un deseo de retornar hacia su comunidad. No obstante, hasta el momento de la documentación, ninguna de las mujeres desplazadas había intentado regresar a su lugar de origen de manera definitiva.

Durante su desplazamiento, el principal obstáculo identificado fue la falta de un alojamiento temporal de emergencia que pudiera brindarles seguridad y servicios básicos a las familias mientras llegaban al lugar de destino donde se asentarían. Muchas familias se vieron forzadas a dormir en sus propios automóviles, en hoteles de carreteras y en espacios públicos. Incluso una de ellas, tuvo que vivir algunos días en el monte para evitar ser vista y agredida por los grupos presentes en su comunidad.

En 2013, las entrevistadas se encontraban residiendo en la capital del estado de Durango. Las razones principales para elegir residir ahí fue contar con una red de apoyo, y por considerar a la capital del estado como el lugar que les podría brindar mayor seguridad y estabilidad.

Condiciones de vida tras el desplazamiento

Después de haber sido desplazadas, las mujeres tuvieron que reconfigurar su vida en un medio adverso y buscar alternativas de vida asumiendo nuevas actividades tanto para el sostenimiento de los hijos y de ellas mismas.

En cuanto al acceso a la vivienda, por lo general no tuvieron un lugar donde vivir en el lugar de asentamiento. Algunas de las mujeres desplazadas llegaron por medio de redes familiares y de amigos o conocidos; sin embargo, la mayoría de ellas tuvieron que rentar una vivienda en lugares ubicados en zonas periféricas viviendo bajo condiciones severas de hacinamiento. Esta situación causó problemas a su independencia e intimidad. Además, algunas de ellas tuvieron que ocupar de manera ilegal terrenos abandonados, por lo que se encontraron de pronto en una situación de especial vulnerabilidad al ser expulsadas o atacadas sin tener otro lugar en donde asentarse de manera segura. Todas ellas, expresaron carecer de acceso a servicios básicos como electricidad, agua potable y drenaje adecuados.

Por otro lado, la pérdida de la documentación fue un elemento común entre las entrevistadas. Debido a que la salida en todos los casos fue inesperada e inmediata, les impidió traer consigo algo más que con lo que se traía puesto. La mayoría de ellas se desplazó sin identificación oficial, actas de nacimiento, documentos de inscripción al servicio de salud, certificados educativos, títulos de propiedad, entre otros, lo que obstaculizó la incorporación inmediata al sistema educativo y de salud y el acceso a algún programa o ayuda gubernamental.

Muchos de los hijos de las mujeres desplazadas permanecieron semanas, y hasta meses, sin acudir a la escuela y estuvieron a punto de perder el año escolar. Aunado al problema de inscripciones, se registró también un problema de sostenibilidad económica. Muchas de las familias no contaban con recursos para cumplir con algunos de los requerimientos establecidos por las escuelas, como cuotas de cooperación, la compra de uniformes y de útiles escolares. El transporte y la alimentación también se sumaron a los gastos familiares. A causa de esto, se registró que niños y jóvenes integrantes de algunas de las familias, se vieran obligados a interrumpir sus estudios con el propósito de emplearse para aportar al ingreso familiar.

En cuanto a la salud integral, se detectó que, ante el desplazamiento repentino, las personas dejaron interrumpidos tratamientos médicos y consultas importantes para su salud física que debieron desatender después del desplazamiento. Hasta el momento de la documentación, en la mayoría de los casos, las mujeres desplazadas y sus familias no habían recibido ningún tipo de ayuda o acompañamiento psicosocial, ni tampoco habían logrado acceder al sistema de salud en el nuevo lugar. Sólo algunas de ellas habían logrado tramitar el “seguro popular”.

En relación con los impactos emocionales derivados de los hechos de violencia, así como de la salida abrupta de sus lugares de origen, las mujeres desplazadas dijeron experimentar sentimientos de dolor y tristeza ante las pérdidas humanas y materiales, así como miedo y angustia, desesperanza, añoranza, falta de confianza y aislamiento.

En cuanto al empleo o fuentes de ingresos, las mujeres desplazadas se encontraban ejerciendo un nuevo rol social. Al estar solas, se convirtieron en jefas de familia a cargo del sostenimiento del hogar y del cuidado de los hijos. Factores como el origen étnico, la edad, la falta de experiencia laboral o la falta de estudios, calificación o competencias laborales, así como el “estigma” llevado a cuestas debido a su lugar de procedencia, dificultó y en algunos casos impidió su inserción a un empleo bien remunerado con prestaciones laborales y seguridad social. Por lo que la mayor parte de ellas tuvo como único recurso incorporarse al sector informal, ubicarse marginalmente en este sector, y realizar, por lo general, actividades poco rentables. Fueron muy pocos los casos donde estas mujeres encontraron un empleo que les proporcionara estos derechos sociales, pero con un salario mínimo. Así relatan algunas de ellas los diversos obstáculos a los que se enfrentaron:

Pues nosotros igual que otras familias hemos batallado para encontrar trabajo, porque mire… se dio que muchos anduvieron pidiendo trabajo y por su credencial, luego veían que eran de Pueblo Nuevo y pues no los querían… pues porque eran de Pueblo Nuevo, porque en Pueblo Nuevo pasaron muchas cosas, todo lo que pasó, todas las matanzas que hubo porque casi todo perteneció a Pueblo Nuevo… Es que haga de cuenta que la gente, mucha gente ya nada más saben que son de Pueblo Nuevo y piensan que son matones, o sea agarran, cortan parejo [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

No nos quiere ayudar, que porque no hablamos así como ellos, dicen que nosotros no podemos trabajar en eso porque no hablamos bien el español… mis hijos y yo pizcamos chile y nos pagan 10 pesos el costal, nada más podemos eso [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

La señora me corrió… que yo ya estoy vieja y que necesitaban a alguien macizo para ayudarles… pero yo todavía puedo, yo así con mis enfermedades y todo ando arrastrando mi carrito de comida por todos lados [Mujer desplazada, comunicación personal, 2013].

En cuanto al establecimiento de las relaciones sociales que las mujeres desplazadas dijeron tener en el nuevo lugar, se identificó que su vida social se redujo radicalmente en comparación con las relaciones que mantenían en el lugar donde vivían antes del desplazamiento. Afirmaron sostener relaciones únicamente con la familia y con algunas compañeras de trabajo debido a la percepción de miedo y riesgo que experimentaban en el ejercicio de sus actividades cotidianas

Finalmente, parte de las principales preocupaciones que las mujeres desplazadas de la región serrana expresaron tener en el lugar de reasentamiento, fueron: 1) lograr obtener justicia y encontrar a sus familiares desparecidos; 2) obtener apoyos del gobierno en el lugar de reasentamiento para acceder a vivienda, empleo, educación, servicios de salud y garantizar medidas mínimas de seguridad y; 3) retornar de forma segura a su lugar de origen.

Como se pudo observar en este breve apartado a partir de una primera aproximación a los casos de mujeres que han sido desplazadas por la fuerza, el desplazamiento interno forzado constituye una experiencia traumática que irrumpe en la vida de las mujeres y modifica sus proyectos de vida. Además de sufrir pérdidas patrimoniales, la ruptura de sus procesos comunitarios y sociales, así como la desarticulación de redes de apoyo estables, las mujeres debieron enfrentar, en la mayoría de los casos, la pérdida de un familiar cercano, esposo, hijo o hermano. Durante el ciclo del desplazamiento, fueron también víctimas de nuevas formas de violencia, discriminación y estigma, no sólo por su condición de personas huyendo de una situación de peligro, sino también en razón de factores tales como el lugar de origen, su edad, género y su pertenencia étnica, generando con ello, que muchas de ellas sintieran que se enfrentaban a un mundo más impredecible y con mayores contingencias y grados de incertidumbre que otras mujeres.

El aporte que ofrece este acercamiento etnográfico es relevante en tanto que genera nuevos cuestionamientos sobre esta problemática que nos permitan comenzar a construir abordajes hacia una comprensión más amplia.

Observamos por ejemplo, que los efectos que acompañan a este fenómeno, repercuten en diferentes ámbitos y en distintos grados de la vida de las personas desplazadas, ya sea en el plano social, político, económico, territorial, cultural y psicológico. Al respecto, diversos estudios etnográficos sobre desplazamiento interno forzado, desarrollados por autoras de origen colombiano, como ^{Pilar Riaño [2006]} y ^{Elsa Blair [2006]} han ahondado en la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las personas que han sido desarraigadas y despojadas por la fuerza de sus lugares habituales de residencia, así como en los diferentes impactos traumáticos experimentados en escenarios de guerra y de violencia que repercuten en los procesos de configuración y trasformación social, imaginaria y cultural del espacio.

Desde la perspectiva de autores como ^{Gloria Naranjo [2001]}, ^{Bello [2001]} y ^{Oslender [2006]}, el desplazamiento puede ser analizado desde la dimensión socio-cultural en el que se plantean las transformaciones subjetivas de la identidad y su relación con el territorio. Estos autores consideran que los desplazados traen consigo su biografía marcada por las características socioculturales de la comunidad de procedencia y cargan también con las historias de violencia y los motivos que los hace abandonar su terruño. De acuerdo con ellos, el desplazamiento genera fragmentaciones en las representaciones sociales respecto del territorio que habitan provocando la ruptura y la reconstrucción de la identidad cultural al ser desterritorializados tanto física como simbólicamente de su espacio vivido y cuyos efectos impactan en situaciones de exclusión, liminalidad marginalidad.

En relación con esto, ^{Haesbaert [2011]} expone que para hablar de desterritorialización, es necesario considerar los niveles de desvinculación que se tienen con el territorio en el sentido de:

[…] presencia de una base física mínimamente estable para la supervivencia del grupo, lo que incluye su acceso a infraestructura y servicios básicos, acceso a los derechos ciudadanos fundamentales, garantizados aún hoy sobre todo a partir del territorio nacional donde el migrante se halla inserto, mantenimiento de su identidad sociocultural a través de espacios específicos, sea para la reproducción de sus ritos o bien, como referentes simbólicos para la “reinvención” identitaria [^{Haesbaert 2011: 206-207}].

Por ello, y en función de lo expuesto, en el caso de las personas internamente desplazadas, se puede decir que enfrentan una situación de desterritorialización al verse obligadas a huir de sus territorios por situaciones violentas que conllevan a un entramado complejo de afectaciones que se evidencian en situaciones de vulnerabilidad, grados de marginalidad, violencia social, violación de los derechos humanos y pérdida de los derechos ciudadanos. Por ello, la pertinencia de retomar el concepto de desterritorialización, en donde se considera que:

Desterritorialización, para los ricos, puede confundirse con una multiterritorialidad segura, dotada de flexibilidad y basada en experiencias múltiples de una movilidad opcional […]. No obstante, para los más pobres, la desterritorialización es una multi o, en el límite, una a-territorialidad insegura, en que la movilidad es obligatoria [cuando se les da como posibilidad], resultado de la falta total de […] alternativas, de “flexibilidad”, en “experiencias múltiples” imprevisibles, en busca de la simple supervivencia física cotidiana [^{Haesbaert 2011: 207}].

En los lugares de destino los efectos provocados por el desplazamiento reconfiguran también los ordenamientos sociales y culturales en relación con el territorio, ya que la llegada de grandes flujos de desplazados al espacio receptor presiona la demanda de servicios básicos, infraestructura vial y equipamiento urbano necesarios para satisfacer las necesidades de esa población, siendo también una situación que agrava la condición de vulnerabilidad y exclusión social de las personas y las familias que lo realizan.

El destierro […] modifica el mapa poblacional y sociocultural del país, las posibilidades reales de participación y movilización social, así como la reivindicación de derechos y garantías democráticas, afectando así, significativamente las capacidades y competencias ciudadanas y generando limitaciones para la participación en asuntos públicos [^{Naranjo 2004: 150}].

En términos generales, se puede decir que las personas que han realizado el desplazamiento han sufrido un proceso de desterritorialización, ya que han sido desarraigadas de su territorio de residencia habitual y han sufrido una experiencia traumática que modifica y determina su existencia. Representa a uno de los grupos más vulnerables entre los vulnerables, no sólo por las carencias materiales que deben enfrentar al huir de su lugar de origen, sino por el efecto que tiene el desarraigo en su capacidad de agenciar su propio proyecto de vida.

Conclusiones

Uno de los factores que aumenta el grado de vulnerabilidad de la población internamente desplazada es su invisibilidad y su falta de reconocimiento como sujetos de derechos. A la fecha, las autoridades mexicanas se han negado a reconocer que existe en México un problema severo de desplazamiento interno forzado generado por la violencia, por lo que la atención que han brindado a sus víctimas es prácticamente nula. En los casos en los que la población desplazada ha recibido asistencia por parte del gobierno local o de instituciones gubernamentales, la ayuda ha sido siempre parcial, desestructurada, ausente de coordinación y sin ofrecer un plan integral, que incluya soluciones duraderas a su situación de desplazamiento. A pesar de tratarse de un problema que trasciende las fronteras de la mayor parte de las entidades federativas del país, las autoridades federales por lo general han relegado este problema a los gobiernos locales.

No obstante, México cuenta con instrumentos jurídicos y normativos adecuados y suficientes para atender y proteger los derechos de la población desplazada. Ha adoptado los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, en los que se sustentan los Principios Rectores de los Desplazados Internos.

En el marco nacional, a pesar de que existen dos leyes estatales en Chiapas y en Guerrero para la prevención y atención a esta población, éstas no han sido reglamentadas. Adicionalmente se cuenta con la Ley General de Víctimas (promulgada en 2013), y con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) -el órgano creado por el gobierno federal para poner esta ley en práctica- que tienen como objetivo asegurar justicia, protección y reparación para todas las víctimas, incluyendo a los desplazados internos. Sin embargo, la capacidad de la CEAV para intervenir en favor de los desplazados ha demostrado ser muy limitada. Además de no contar con el presupuesto adecuado para hacer frente a las diversas necesidades de las víctimas, el órgano carece de un programa especializado para la asistencia y protección de las víctimas de desplazamiento interno.

Las omisiones y negligencias reiteradas por parte de las autoridades han tenido como resultado la revictimización de los desplazados. Al acercarse a las autoridades en búsqueda de asistencia y protección, y al solicitar la restitución de sus garantías jurídicas y el acceso a derechos a la vivienda, alimentación, salud, educación, seguridad y trabajo, entre otros, gran parte de las personas internamente desplazadas sufren de la revictimización por las omisiones y negligencias de las autoridades en su deber de protección y tratamiento diferenciado para las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado.

Por ello, resulta fundamental que la actual administración reconozca de manera urgente el desplazamiento interno forzado que padecen cientos de miles de mexicanos y emprenda acciones encaminadas en la conformación de un marco legal e institucional que proteja sus derechos humanos.