Introducción

Como parte de la agenda que se ocupa de analizar los factores que determinan las diferencias en desarrollo y crecimiento económico entre países, diversos estudios han encontrado evidencia empírica que vincula al estado de derecho con el crecimiento económico [véase ^{Acemoglu et al. (2001)}, ^{Acemoglu y Robinson (2008)}, ^{Barro (1996a)}, ^{Djankov et al. (2006)}, ^{Haggard (2010)}, ^{Knack y Keefer (1995)}, ^{Mauro (1995)}, ^{North (1990)}, ^{Rodrik (2007)}, entre otros]. En esos estudios, el estado de derecho es una variable multidimensional que se aproxima regularmente con indicadores de derechos de propiedad, eficiencia e independencia del sistema judicial, tasas de criminalidad, combate a la corrupción, estabilidad política, etc. En línea con esta literatura, consideramos que una característica fundamental que limita el crecimiento de México como un todo, y el de sus entidades, es la insuficiencia del estado de derecho¹.

No obstante el importante papel que la literatura atribuye al estado de derecho sobre el desempeño económico, existe un número escaso de estudios aplicados a México en los que se analice la relación que existe entre el crecimiento de los diversos estados del país y alguna de las variables que arriba se mencionan, y que generalmente son usadas en estudios internacionales como proxies del estado de derecho. Entre estos pocos trabajos aplicados a México, se puede mencionar el de ^{Weis y Rosenblatt (2010)}. Ellos analizan la relación entre el crecimiento en las entidades y factores relacionados con la transparencia gubernamental, como una vía de analizar determinantes institucionales del crecimiento regional, con datos para el periodo 2001-2005, y no encuentran evidencia de la misma. Sin embargo, sí encuentran que una medida de corrupción está negativamente asociada con el PIB per cápita estatal.

^{Enamorado et al. (2013)}, siguiendo esta misma literatura, estudian la relación entre crecimiento económico y crimen usando una metodología similar, pero empleando datos municipales para el periodo 2005-2010. En particular, ellos usan datos de ingreso, registros administrativos sobre crimen y violencia, y diversas medidas de gasto público. Sus resultados muestran que los crímenes relacionados con tráfico de drogas, sí tienen una relación negativa y significativa con el crecimiento del ingreso en los municipios; pero no existe evidencia de efecto negativo de los crímenes no relacionados con las drogas, sobre el crecimiento.

Adicionalmente, en su estudio sobre la convergencia en regiones mexicanas, ^{Chiquiar (2005)} encuentra un efecto nulo de las tasa de crimen sobre el crecimiento económico, tanto en el período 1970-1985 (convergencia) como en el período 1985-2001 (divergencia).

En este trabajo se analiza la relación entre el crecimiento económico, medido por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, y un indicador de la rapidez de impartición de justicia en las entidades federativas de México. Consideramos que, en línea con lo argumentado por ^{North (1990)}, la eficiencia y celeridad del sistema judicial para hacer cumplir contratos y hacer valer los derechos de propiedad son determinantes fundamentales del crecimiento económico de las diversas entidades del país. La lentitud del sistema judicial, o los procesos judiciales largos, tiene un impacto negativo sobre la inversión que las empresas pueden realizar, ya que estos incrementan sus costos de transacción, limitando su liquidez disponible y, por lo tanto, se traducen en menores niveles de inversión (véase por ejemplo ^{Esposito et al. 2014}, para el caso Italiano) que provocan, en el agregado, un efecto adverso sobre el desempeño y la productividad de las regiones donde estas se localizan (^{Ahsan, 2013})². En este sentido, nuestro trabajo busca contribuir con la literatura sobre el tema, para el caso mexicano, utilizando una medida sobre la eficiencia del sistema judicial para resolver disputas comerciales en cortes locales.

Las estimaciones empíricas empleadas consisten en lo que se conoce como regresiones de crecimiento tipo ^{Barro (1991}, ^1996a), metodología que regularmente se encuentra en esta literatura, y que ha sido ampliamente usada en trabajos que analizan datos en el nivel internacional (véase, por ejemplo, ^{Mauro, 1995} y ^{Djankov, 2006}).

En particular, el trabajo empírico que aquí se presenta fue posible gracias a la disponibilidad de una medida relativamente nueva que reporta el Banco Mundial, referente al tiempo que en promedio tardan las resoluciones judiciales sobre disputas comerciales entre empresas en las distintas entidades federativas de México. Esta variable, hasta donde sabemos, no ha sido empleada por otro estudio en el caso mexicano (aunque sí en estudios de nivel internacional)³, y la misma está disponible para todas las entidades en los reportes de “Doing Business” del ^{Banco Mundial de los años 2007, 2009, 2012 y 2014 4}.

Nuestros resultados muestran que la tasa de crecimiento del PIB per cápita de las entidades federativas, tiene una relación negativa y significativa con el número de días que toma resolver disputas comerciales. En particular, obtenemos que, una disminución de 100 días en el tiempo promedio de la resolución de disputas comerciales se asocia a un incremento de la tasa de crecimiento promedio anual del PIB per cápita, en las entidades, de 0.6 por ciento y, como se verá en la sección correspondiente, las estimaciones son robustas a diferentes tipos de especificaciones. No obstante lo anterior, reconocemos que nuestros resultados se refieren a una medida específica del sistema de justicia y no implican necesariamente que sean generalizables a la noción más amplia de estado de derecho.

El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera: en la Sección 1 se presentan los datos, se explica la metodología y se discuten los resultados obtenidos. Por último, en la Sección 2 se esbozan los comentarios finales.

1. Datos, metodología y resultados

Para analizar la relación existente entre desempeño económico y el tiempo de resolución de disputas comerciales, estimamos regresiones de crecimiento del tipo de ^{Barro (1991}, ^1996b), ^{Mauro (1995)} o ^{Djankov (2006)}. Siguiendo a ^{Chiquiar (2005)}, como medida del desempeño económico, se toma la tasa de crecimiento del PIB estatal, excluyendo la actividad petrolera para el período 2006-2013, mismo que se divide entre la población del estado correspondiente, para así obtener el PIB per cápita. La información del PIB y los datos de población se obtuvieron del sistema de cuentas nacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Población (CONAPO), respectivamente. Los datos del tiempo de resolución de disputas comerciales se obtuvieron de la página de Doing Business del Banco Mundial⁵. El anexo 1, al final del documento, muestra que existe una gran heterogeneidad, entre las diversas entidades, en términos de todas las variables empleadas en el análisis empírico.

La gráfica 1 ilustra la relación entre tasa de crecimiento promedio de las entidades y el tiempo promedio que tomó resolver conflictos comerciales en ellas, en el periodo 2006-2013. Se puede observar una clara relación negativa y significativa entre estas dos variables⁶; lo cual es evidencia a favor de lo argumentado por ^{North (1990)}, quien afirma que un sistema judicial eficaz en hacer cumplir contratos, es un determinante fundamental del desempeño económico.

Fuente: Estimaciones propias con datos de INEGI, Banco Mundial y CONAPO.

Gráfica 1 Tasa de crecimiento y tiempo que toma resolver una disputa comercial, 2006-2013 

Los modelos estimados se muestran en las ecuaciones 1 y 2. Estos son similares a los empleados en los estudios que tratan de identificar los determinantes del crecimiento económico, utilizando datos de corte transversal. La diferencia principal entre ambos radica en que la ecuación 1 controla el impacto del tiempo de resolución de disputas comerciales por un índice (ICP), que captura el nivel de desarrollo de cada entidad del país. Esta variable incluye indicadores de infraestructura urbana, variables demográficas, variables financieras e infraestructura de comunicaciones y transporte, y fue construida a través del método de componentes principales⁷. En tanto, la ecuación 2 considera variables de control “estándar” en la literatura de crecimiento (véase ^{Chiquiar, 2005}; ^{Rodríguez-Oreggia, 2005}). Además, ambos modelos también incluyen como control el PIB per cápita, al inicio del periodo.

donde γi es la tasa de crecimiento promedio anual de PIB per cápita, en el periodo de estudio, de cada una de las entidades; PIBi0 es el PIB per cápita de las entidades federativas en el periodo inicial; Ti es el tiempo promedio, días, que tomó resolver las disputas; en tanto, ICP es el índice de componentes principales anteriormente referido; infraestructura se refiere a la densidad telefónica en las entidades federativas (definida como el número de líneas por cada 100 habitantes); mientras que HK, corresponde al grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, en las entidades federativas. Para ambas variables, la fuente de información es el INEGI.

Tabla 1 Resultados de las estimaciones^1/ 

Fuente: Estimaciones propias con datos de INEGI, Banco Mundial y CONAPO. 1/ Los estadísticos t se muestran entre paréntesis. Los errores estándar se calculan usando el método de White. Los valores que acompañan a las pruebas de especificación Ramsey-Reset, Normalidad (Jarque-Bera), Hausman y Sargan son p-values; MCO y MC2E se refieren a las estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios y por Mínimos Cuadrados en dos Etapas.

Dado que en esta literatura generalmente se señala la potencial existencia de un problema de endogeneidad, esto es, que el crecimiento económico y la calidad de los instituciones sean variables que evolucionan conjuntamente y se retroalimenten, en consecuencia, la estimación de los modelos propuestos también se lleva a cabo utilizando variables instrumentales a través del método de estimación de mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E). Para ello, instrumentamos el tiempo de resolución de las disputas comerciales usando dos variables. La primera es un índice de fraccionalización etnolongüistica (IFE)⁸, como el empleado por ^{Mauro (1995)}. Siguiendo a este autor, la justificación del uso de esta variable como instrumento, se debe a que la presencia de muchos grupos etnolingüísticos se asocia con mayores niveles de corrupción, debido -por ejemplo- a que las burocracias tienden a favorecer a miembros de su mismo grupo etnolingüístico. La segunda es el valor de la variable del tiempo para resolver disputas comerciales en el período inicial, tal y como se lleva a cabo en ^{Barro (1996a)}, donde algunas de las variables instrumentales que se utilizan son los valores iniciales de los regresores. En su estudio, Barro menciona que este enfoque es adecuado debido a que los residuales de las estimaciones de las ecuaciones de crecimiento exhiben poca correlación con los valores iniciales de las variables, situación que se verifica en nuestros resultados.

Adicionalmente, los instrumentos antes mencionados se relacionan positiva y significativamente con la variable tiempo promedio de resolución de disputas comerciales (Ti), y no tienen relación con el término de error de las ecuaciones estructurales (1) y (2), por lo que cumplen con los requisitos necesarios para dicho fin (^{Wooldridge, 2009})⁹.

El cuadro 1 presenta los resultados. Las pruebas de diagnóstico para las estimaciones de variables instrumentales (MC2E) indican que el estadístico de la prueba de Hausman rechaza, en ambos casos, la hipótesis nula de exogeneidad, por lo que hay evidencia de que la estimación mediante MC2E es preferible respecto a la de MCO. En tanto, la prueba de Sargan señala que no es posible rechazar la hipótesis nula de que los instrumentos considerados son válidos¹⁰. Los resultados de las regresiones muestran que la relación ilustrada en la gráfica 1 es robusta, tanto del parámetro estimado como de su significancia estadística, ya que se mantienen cuando se incluyen los controles adicionales. Las estimaciones MC2E muestran que el parámetro estimado asociado a la variable de interés, tiempo de resolución, es de -0.006; en tanto que las de MCO, el rango es de -0.003 a -0.004. Esto implica que las estimaciones obtenidas por MCO, al ser sesgadas, subestiman el impacto que la pronta impartición de justicia tiene sobre el crecimiento. Las estimaciones puntuales implican que una reducción de 100 días en el tiempo promedio de resolución de disputas comerciales, se asocia a un incremento de la tasa de crecimiento anual del PIB per cápita, de las entidades, de 0.6 por ciento. Con un intervalo de confianza del 95%, podemos asegurar que dicho incremento está situado entre 0.4 y 0.8 por ciento del PIB per cápita.

Respecto de las variables de control, de acuerdo con la ecuación (1), el parámetro que acompaña a la variable que mide el desarrollo de las entidades, ICP, es siempre estimado con el signo correcto (positivo), aunque solo marginalmente significativo al 10% en uno de los casos. Tal y como la teoría sugiere, las tasas de crecimiento están positivamente relacionadas con las entidades que tienen mayor provisión de infraestructura en comunicaciones y transporte, financiera, urbana y mejores indicadores demográficos. Por su parte, los controles empleados en la ecuación (2) estiman un impacto positivo y significativo de la variable de infraestructura sobre el crecimiento económico. Con respecto a la variable de capital humano empleada, esta tiene el signo contrario al esperado, aunque no es estadísticamente significativa¹¹.

El parámetro que acompaña a la variable PIB inicial es en todos los casos estimado negativo, aunque no significativo, lo que está en línea con estudios aplicados a México, que no encuentran evidencia sobre convergencia para el período posterior a 1985 (^{Chiquiar, 2005}).

Respecto de los estadísticos de diagnóstico, la prueba de Ramsey señala que las estimaciones consideradas están correctamente especificadas, al tiempo que tampoco podemos rechazar la hipótesis de normalidad en los residuales. Finalmente, con el propósito de descartar algún proceso de dependencia espacial en las estimaciones, se aplicaron pruebas para detectar la presencia de este tipo de efectos a las estimaciones de las ecuaciones (1) y (2). De encontrar evidencia en este sentido, estaríamos en presencia de estimaciones sesgadas e ineficientes (^{LeSage y Pace, 2009}). Definiendo una matriz de dependencia espacial con base en el criterio de contigüidad entre entidades federativas, los resultados que se muestran en el anexo 3 señalan que no existe presencia de este tipo de efectos, tanto en el término de error (spatial error) como en la variable dependiente (spatial lag).

2. Comentarios finales

El estado de derecho como determinante del crecimiento económico es un tema que ha sido ampliamente discutido teóricamente, y contrastado empíricamente en múltiples trabajos en el nivel internacional. Estudios previos aplicados a México no han conseguido mostrar este tipo de evidencia de una manera clara y robusta. Las estimaciones presentadas en este trabajo resaltan la importancia que las instituciones, particularmente la eficiencia en la impartición de justicia, tienen para el crecimiento económico en las entidades de nuestro país.

Existen grandes diferencias, entre entidades federativas, en cuanto al tiempo que tardan en la resolución de disputas comerciales. Esto sugiere que hay un ámbito para la implementación de mejoras en términos de política pública para alcanzar un mayor crecimiento económico. A este respecto, la figura de los Juicios Orales Mercantiles, por ejemplo¹², constituyen un paso hacia adelante, y contribuirán a mejorar las condiciones para alcanzar mayores tasas de crecimiento en las diferentes regiones del país, la magnitud de este efecto positivo dependerá de la eficacia con que sean implementados.