Ponderación historiográfica y planteamiento

Dentro de la historiografía producida a lo largo de poco más de siglo y medio alrededor del tema de la Intervención Francesa y el Segundo Imperio en México, han predominado las percepciones panegiristas y laudatorias hacia la actuación tenida por el bando republicano o juarista. Se ha exaltado a los actores sociales concurrentes en el mismo por su presunta natural convicción nacionalista; su disponibilidad para el esfuerzo espontáneo, tenaz y permanente, así como el incondicional sacrificio de la vida y/o la libertad en aras de la preservación de la independencia del país, frente a la arremetida arbitraria y despótica del neocolonialismo francés encarnado en la figura Napoleón III, en contubernio con los grupos conservadores aristocráticos mexicanos que gestionaron la Intervención para preservar su posicionamiento económico-social y privilegios frente a la reforma liberal entonces en proceso (^{Vigil, 1953, pp. 293-94}).

La configuración y desarrollo de la guerra de Intervención Francesa se plantea en su generalidad desde una visión maniquea, como la confrontación del fuerte contra el débil, al cual acompañan la justicia, la razón y la convicción de los republicanos presuntamente congregados de manera unánime en torno a la figura de Benito Juárez. Es habitual en ese discurso histórico la exaltación con una densa carga de heroísmo de los eventos de alto impacto como las tres batallas de Puebla y los personajes que lideraron la lucha en el ámbito militar en contra de la Intervención, como son los casos de Porfirio Díaz y Mariano Escobedo (^{De la Torre Villar, 2005, pp. 25-42}). Los avances que ha registrado la historiografía durante el primer cuarto del siglo XXI se han traducido en el planteamiento y desarrollo de visiones frescas, que abordan los particularismos plasmados en compilaciones editadas como la de ^{Patricia Galeana (2014)} con el título La Resistencia Republicana en las Entidades Federativas (véase particularmente pp. 13-35).

A este bagaje historiográfico han contribuido en los años que transcurren del siglo XXI especialistas en la historia militar de México con nuevas visiones y planteamientos metodológicos. Tal es el caso de la tesis de doctorado de ^{Emmanuel Rodríguez Baca (2020)}, Administrar en Tiempos de Guerra. Las Relaciones entre el Ayuntamiento de la Ciudad de México y los Grupos de Poder, 1857-1863. En este texto se hace una interpretación bien lograda de los problemas estrictamente militares con los del manejo de las finanzas públicas y el financiamiento de las fuerzas armadas, entre otros aspectos. Por último, cabe traer a colación la tesis de doctorado de ^{Héctor Strobel (2020)}, El Ejército Liberal durante la Revolución de Ayutla y la Reforma 1854-1861, donde se corrobora, a través de una aproximación prosopográfica, la tesis historiográfica sobre la amplia participación popular tanto en la integración de los cuerpos armados, enfatizando en la oficialidad, como en el desarrollo y resultado de ambos conflictos (véase particularmente pp. 9-23).

Para el caso del estado de Michoacán, la visión historiográfica con matiz epopéyico fue desarrollada por autores protagonistas y testimoniales, como fue el caso del teniente coronel ^{Manuel Barbosa (1906)} y el licenciado ^{Eduardo Ruiz (1975)}, también involucrado en algunos de los eventos de ese momento histórico, lo que consignó en su obra Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán, editada inicialmente en el año de 1896 a instancias del gobernador Aristeo Mercado, acompañada de información que compiló en los años posteriores al conflicto entre muchos actores sociales partícipes de una u otra forma en los hechos.

Durante las dos décadas recientes se han generado novedosos trabajos de investigación tanto de la historia militar de Michoacán alusivos al periodo objeto de mi interés, así como de momentos cercanos. Es el caso de la tesis de ^{Edgardo Calvillo López (2011, pp. 5-19)}, El Ejército Republicano del Centro en la Guerra de Intervención Francesa, 1862-1867, en la que se enfatiza sobre la procedencia y composición social de la tropa y la oficialidad; el armamento a su disposición, así como el pensamiento militar que asimilaron y la manera de llevarlo a la práctica. Una segunda tesis con carácter biográfico, autoría de ^{Pablo Pérez Alonso (2018, pp. 8-18)}, es la titulada Manuel García Pueblita. La Formación de un Militar Republicano, la cual constituye una aproximación a lo que fue en su generalidad las trayectorias de vida de muchos cuadros castrenses a partir del momento de su participación en la guerra contra Estados Unidos. Y, por último, se considera la tesis de maestría de ^{Carlos Arellano González (2021)}, “La Verdadera Guardia Nacional” Institucionalización, Politización y Régimen Disciplinario en la Milicia Activa de Michoacán, 1823-1855, de interés toda vez que varios de los cuadros protagonistas de la guerra de Intervención Francesa procedieron de ese cuerpo armado y asimilaron y practicaron el pensamiento militar inherente.

Tras esta ponderación historiográfica global se procede a efectuar una interpretación sobre las condiciones y circunstancias bajo las cuales se configuró y desarrolló la primera etapa de la Intervención Francesa en el estado de Michoacán. Con ese objeto se aborda una periodicidad de alrededor de tres años - de 1861 a 1863 - que abarca desde el escenario imperante en la entidad tras el finiquito de la guerra de Reforma y hasta el momento de la ocupación de Morelia por parte de la columna franco-mexicana a las órdenes de Berthier y Leonardo Márquez. Con sustento en la historia política y militar se explica la hipótesis en el sentido de que los actores involucrados en la defensa de la legalidad republicana fueron permeados de una u otra forma en su desempeño por las condiciones económicas restringidas, prácticas de corrupción, deslealtad y discrepancias, devenidas de la debilidad del Estado mexicano liberal, lo que se hizo manifiesta en la endeble resistencia presentada a la irrupción y discrecional actuación de sus enemigos. El grupo de poder congregado en torno al general Epitacio Huerta Solorio fue una clara expresión de ese estado de cosas.

Bajo esa percepción, se pondera valorar la crisis de la institucionalidad que había propiciado la vigencia de la Constitución general de 1857, la cual se trastocó de manera drástica por el desarrollo de la guerra de Reforma y se prolongó hasta enlazar con la Intervención Francesa y la instauración del Segundo Imperio. La administración del presidente Benito Juárez se erigió como garante y restauradora de la legalidad a cualquier costo, en torno de la cual sostuvo una intensa interlocución y negociación con los diferentes protagonistas políticos, militares y de la sociedad civil de todo el país. En esa coyuntura se suscitó la persistencia y/o configuración de grupos de poder e interés que pugnaron tanto al interior del bando republicano o fuera de él, para eventualmente erigirse en hegemónicos en los planos nacional o regional y ser beneficiarios de prerrogativas económicas, políticas y del escalafón militar, además del ascendiente social que devendría de ello.

Para sustentar el discurso explicativo, se invoca el planteamiento teórico de ^{Von Clausewitz (1980, p. XXI)}, el cual vincula las esferas política y militar, en las diferentes coyunturas históricas que han registrado confrontaciones armadas de diversa intensidad y trascendencia. En su visión la guerra es una continuación de la política y no se entienden ni explican por separado. La guerra es la imposición de una voluntad sobre la otra por la fuerza a través del combate. Para ello los contendientes con sustento en su respectivo pensamiento estratégico y disponibilidad de recursos, humanos y materiales, desarrollan actividades de preparación, en lo que habitualmente se incluye la deliberación y los acuerdos políticos, para ir a la guerra en las mejores condiciones en la expectativa de lograr un resultado que les sea favorable.

La configuración y desempeño del grupo huertista

Los grupos o facciones político-ideológicas actuantes en Michoacán durante la coyuntura de la guerra de Intervención, se configuraron como tales durante el sucesivo desarrollo del movimiento armado sustentado en los postulados del Plan de Ayutla de 1854-1855, así como la guerra de Reforma del periodo de 1858 a 1860. En los campos de batalla, las sociabilidades cotidianas y los procesos electorales organizados para designar a los funcionarios de los tres poderes locales y los ayuntamientos, la facción liberal-republicana en su conjunto desplazó a su antagonista conservadora prácticamente de toda representatividad y protagonismo público (^{Sánchez Díaz, 1989, pp. 31-35}).

Tras el triunfo liberal que ocasionó la caída de la última administración santanista, se sucedieron en Michoacán como gobernadores provisionales con diferentes temporalidades de actuación, el abogado Gregorio Cevallos, los médicos José María Manzo Cevallos y Miguel Silva Macías, así como el general Miguel Zincúnegui (^{Aguilar Ferreira, 1974, pp. 60-63}). Tras la restauración del orden constitucional se efectuaron las elecciones locales en las que fue nominado como gobernador Santos Degollado, quien debería actuar como tal en el cuatrienio 1857-1861. Sin embargo, a raíz de los eventos que inhibieron la plena vigencia de esa carta magna, este personaje se incorporó al gabinete del presidente Benito Juárez y fue relevado en calidad de gobernador sustituto por el médico Miguel Silva Macias.¹ Bajo su gestión se concretaron los trabajos del Congreso que elaboró la Constitución particular del estado promulgada en febrero de 1858 (^{Bravo Ugarte, 2007, p. 414}; ^{Coromina, 1887, vol. 14, pp. 41-71}).

El estallido de la guerra de Reforma devenida de la imposición unilateral de los postulados del Plan de Tacubaya trastocó el normal desarrollo de la vida institucional en Michoacán. Ante esta situación y en el uso de sus atribuciones, la legislatura local declaró a la entidad en estado de sitio, por lo que suspendió en el ejercicio de sus funciones a todas las autoridades y designó como gobernador con facultades extraordinarias al general Epitacio Huerta Solorio. En torno de esto último no se precisó la situación en la que quedaba el gobernador constitucional Santos Degollado, quien se desempeñó sucesivamente en el gabinete juarista como ministro de Relaciones Exteriores y de Guerra hasta enero de 1859 (^{Mercado, 2019, pp. 205, 210-24}).

El perfil social del general y gobernador Epitacio Huerta contrastó con el de sus inmediatos antecesores en el cargo, letrados que se formaron en su mayoría en el Colegio Seminario de Morelia. Provenía de una familia de rancheros oriundos de la municipalidad de Coeneo, poseedores de una sólida trayectoria en las luchas armadas de lo que hicieron un modo de vida sumamente rentable. Su padre Ramón y su tío Nieves Huerta pelearon en el bando insurgente en la guerra de Independencia y el segundo de ellos alcanzó a ser protagonista de primer nivel en los movimientos político-militares de las dos primeras décadas del México independiente, como líder de grupos milicianos vinculados en Michoacán a la coalición federalista-liberal. El joven Epitacio Huerta inició su carrera militar en el combate a la invasión estadounidense que comenzó en 1846, experiencia que en el mediano plazo resultó sumamente valiosa para su rápido ascenso al liderazgo castrense en el escenario local (^{Arreola, 1979, pp. 18-19}).

Tras el estallido de la sublevación armada sustentada en los principios del Plan de Ayutla, el ranchero Epitacio Huerta con un grupo de coterráneos de la comarca de Coeneo-Huaniqueo se pronunció a favor del movimiento. Formó una de las cuadrillas rebeldes más representativas y, al paso de unas cuantas semanas, ya figuraban entre los subalternos de Huerta, además de su hermano Antonio, personajes como Manuel García Pueblita, el militar de origen español Nicolás de Régules y Jesús Díaz, los que mantendrían su protagonismo castrense hasta el desarrollo de la guerra de Intervención Francesa (^{Pérez Alonso, 2018, pp. 123-24}). Por acuerdo del jefe de la insurrección, el general Juan Álvarez, Epitacio Huerta fue investido con el grado de coronel. La prematura muerte del experimentado y prestigiado general Gordiano Guzmán, en la comarca de Huetamo en abril de 1854, suscitó las condiciones para que el coronel Huerta ascendiera al rol de principal jefe militar de la sublevación liberal en Michoacán con el beneplácito de Juan Álvarez (^{Barbosa, 1906, pp. 91-115}).

La manera en la que se reclutaron las tropas republicanas que harían frente a la Intervención Francesa en Michoacán se apegó en su generalidad a la discrecionalidad y los convencionalismos militares que habían estado vigentes desde el momento mismo de la consumación de la independencia, de tal suerte que concurrieron las prácticas de relación familiar y clientelar con las de reclutamiento mediante la leva, y de presuntos criminales sacados de las cárceles. De este proceder derivó la percepción genérica entre la opinión pública de que buena parte de los cuerpos armados de esta filiación política eran, en realidad, “una multitud de hombres inmorales, prostituidos, cobardes e imbéciles que no tienen ningún mérito” (^{Strobel, 2020, p. 157}). Esta situación devino, entre otras cosas, en la irritación y menosprecio por parte de los soldados y oficiales republicanos que habían desarrollado sus carreras conforme a las ordenanzas y los procedimientos institucionales de reclutamiento y capacitación (^{Strobel, 2020, pp. 157-58}).

Para ese entonces, en el estado de Michoacán los soldados y oficiales de filiación republicana que habían tenido carreras militares más o menos consistentes eran escasos. Esta situación devino del hecho de que los vaivenes político-militares del tiempo precedente, como la guerra contra Estados Unidos y los movimientos armados que se sucedieron al amparo de los planes del Hospicio y Ayutla, así como la guerra de Reforma, ocasionaron la disolución, recomposición y/o reubicación de los cuerpos del Ejército permanente y la milicia activa en los que habían desarrollado sus trayectorias y al interior de los cuales generaron, entre otros aspectos, la cultura militar, además de las habilidades castrenses, el espíritu de cuerpo y solidaridad (^{Arellano, 2021, pp. 176-77}).

Las tropas al mando de Epitacio Huerta derrotaron en unas cuantas semanas a las fuerzas gubernamentales en Michoacán, por lo que estuvieron en posibilidad de coadyuvar con sus homólogas de Jalisco y Guanajuato en la campaña contra el santanismo (^{Barbosa, 1906, pp. 115-34}). Tras el triunfo del movimiento el coronel Huerta se erigió en el escenario local como la figura militar más prestigiada. La brigada Huerta hacía las funciones de guarnición militar de Morelia cuando sobrevinieron los eventos que desembocaron en la guerra de Reforma. Fue ese el contexto bajo el cual, el 13 de marzo de 1858, el Congreso local procedió a nombrar formalmente al coronel Epitacio Huerta como gobernador con facultades extraordinarias.² A lo largo del conflicto este personaje combinó el ejercicio de las actividades administrativas inherentes a su cargo con las militares, en contra de las columnas de las fuerzas conservadoras que incursionaron por Michoacán, entre ellas las comandadas por Leonardo Márquez (^{Arreola, 1979, pp. 55-63}; ^{Huerta, 1861, pp. 20-30}).

La gubernatura de Epitacio Huerta, quien en el marco del conflicto alcanzó el grado de general, se caracterizó por sus claroscuros debido a su actuación discrecional. Las decisiones inéditas y de alto impacto que adoptó a lo largo de la conflagración suscitaron corrientes de opinión encontradas, cuyas secuelas persistieron hasta el desarrollo de la guerra de Intervención. En septiembre de 1858 dispuso la confiscación de la platería y algunas joyas de la catedral de Morelia, bajo la supervisión del general Porfirio García de León, con el argumento de destinarlos a la adquisición de armas y municiones para la causa liberal. En mayo de 1859 clausuró el Seminario Tridentino y otros planteles administrados por la Iglesia. Tras la nacionalización de los bienes del clero, dispuso a discreción de muchos inmuebles urbanos y fincas de campo. De igual forma, en diferentes momentos impuso préstamos forzosos que fueron calificados de injustos y arbitrarios, además de cuestionarse el uso dado al dinero obtenido por esa vía (^{Arreola, 1979, 47-49}; ^{Rivera, 1996, pp. 123-67}).

En torno del general Huerta se configuró desde el inicio de su actuación en la gubernatura un grupo de poder e interés del que fueron prominentes miembros su hermano Antonio, su cuñado el empresario Félix Alva, los comerciantes-agiotistas Daniel Backhausen, Juan Díaz Tovar, Pedro P. Echeverria y Francisco Figueroa; los abogados Bruno Patiño y Francisco W. González; los generales Porfirio García de León, Nicolás de Régules y José Mariano Rojo, así como los oficiales Juan Servín de la Mora, Rafael Garnica y Eugenio Ronda, por citar algunos. Todos ellos fueron amplios y privilegiados beneficiarios de la enajenación de los bienes nacionalizados a la Iglesia en Michoacán (^{Rivera, 1996, pp. 129-34}). En ese tenor, el propio gobernador Huerta adquirió para sí, con la colaboración de Francisco Figueroa, la antigua hacienda agustina de Chucándiro y media docena de casas-habitación en Morelia.³ En tanto que el general García de León acumuló una escandalosa fortuna que incluía entre otros bienes más de 25 fincas entre urbanas y rústicas.⁴ En los corrillos sociales se rumoraba que el origen de su capital procedía de una jugosa parte que reservó para sí de la platería tomada de la catedral de Morelia (^{Aguilar y Marocho, 1969, pp. 72-74}).

Al final de la guerra de Reforma el espectro de acción del grupo huertista se extendía al control de prácticamente todos los ámbitos de la vida pública de la entidad. Por ejemplo, el muy indispensable ramo de la economía de guerra forjado durante los dos recientes conflictos, se traducía en el manejo de maestranzas,⁵ almacenes de armas, transporte de carga y personas, redes de suministros y distribución, así como el control de los principales destacamentos militares de jurisdicción estatal, como era el caso de los escuadrones denominados Lanceros de la Libertad y Lanceros de Huerta, integrados en su mayor parte por individuos provenientes de la comarca de Coeneo-Zacapu. Estos actores sociales guardaban relaciones familiares, sociales, clientelares y de lealtad personal a los hermanos Epitacio y Antonio Huerta (^{Arreola, 1979, p. 91}).

Bajo ese escenario, el grupo huertista estuvo en condiciones de manipular los procesos electorales federal y local del primer trimestre de 1861, sobre la expectativa de restaurar la normalidad institucional conforme a los postulados de la Constitución general de 1857. Para entonces era ya más que evidente el distanciamiento y creciente confrontación entre el grupo huertista y el presidente Benito Juárez, quien había rechazado desde mucho tiempo atrás el proceder de sus integrantes. Por lo tanto, los operadores político-electorales huertistas maniobraron para hacer triunfar en Morelia la candidatura presidencial del general Jesús González Ortega sobre la del abogado oaxaqueño. Mientras que, en el nivel estatal, se registró un empate de seis distritos para cada uno de esos dos aspirantes al Ejecutivo federal.⁶

Respecto de los comicios estatales el grupo huertista maniobró para perpetuarse en el ejercicio del poder en Michoacán, bajo el marco y condiciones que implicaba la restauración del orden constitucional. En torno de ello cabe apuntar que, desde el mes de agosto de 1860, en la etapa final de la guerra de Reforma, el general Epitacio Huerta depositó la gubernatura con carácter de interina en su hermano Antonio, bajo el argumento de atender asuntos militares. Este último se mantuvo en esas funciones hasta el 12 de febrero del año siguiente, cuando Epitacio Huerta retornó para hacer la declaratoria de conclusión de las facultades extraordinarias depositadas en su persona (^{Aguilar Ferreira, 1974, pp. 71-73}). Poco después se postuló como aspirante al Ejecutivo estatal para el cuatrienio constitucional 1861-1865.⁷

El general Epitacio Huerta ganó las elecciones al igual que los candidatos de su grupo político para integrar la xi legislatura local. Su actuación como gobernador constitucional se inició el 1 de mayo de 1861, en un ambiente caracterizado por la escasez de recursos materiales y la proliferación de fenómenos como el bandolerismo, secuelas de poco más de un lustro de guerra civil. La administración huertista tuvo como factores circunstanciales que coadyuvaron a su consolidación en el escenario local la sucesiva muerte en condiciones violentas de Melchor Ocampo y Santos Degollado, lo que diluyó la posibilidad de integrar una oposición efectiva al interior del bando liberal regida por alguna figura con amplia presencia y autoridad moral como era el caso de los occisos (^{Ávila, 2006, pp. 85-86}).

La administración huertista frente a la amenaza internacional

Durante el primer semestre de ejercicio del gobierno del general Epitacio Huerta se pretendió reproducir lo esencial del esquema político-administrativo bajo el cual había regido los destinos de Michoacán durante la guerra de Reforma. Es decir, se estableció un draconiano régimen fiscal para gravar a los diferentes estratos socioeconómicos de la población; se emitieron medidas para perpetuar la injerencia e intento de control del poder judicial del estado y los ayuntamientos; al tiempo que se buscó tener participación directa en lo relacionado con la nacionalización y enajenación de bienes eclesiásticos, lo que ocasionó la abierta confrontación con la jefatura superior de Hacienda en la entidad. Bajo este escenario la relación con la administración juarista fue cada vez más distante y poblada de exabruptos (^{Huerta, 1861, pp. 37-41}).

En el otoño de 1861 cuando se configuró en el plano internacional la coalición tripartita militar de Gran Bretaña, España y Francia, la administración huertista con el respaldo de la mayoría de los integrantes de la XI legislatura local, emitió varios decretos para imponer y concretar préstamos forzosos con los cuales aliviar la situación de sus finanzas. En ese marco, el promulgado el 10 de enero de 1862, trajo a colación la situación de crisis internacional vigente, por lo que “se faculta extraordinariamente al ejecutivo del estado en los ramos de hacienda y guerra, por todo el tiempo que dure ésta con el extranjero” (^{Coromina, 1887, vol. 16, p. 128}). A pesar de ello y como sucedía en buena parte del centro del país la vida cotidiana no registró mayores trastornos que los que se suscitaban alrededor de los preparativos para la defensa frente a la agresión extranjera y de los que fueron principales protagonistas los miembros de la oficialidad del Ejército y la clase política republicana (^{Rodríguez Baca, 2020, p. 119}).

Por ese entonces se registró el traslado hacia la comarca de Puebla-Veracruz de varios contingentes armados michoacanos, entre ellos el batallón fijo de Morelia al mando del teniente coronel Ramón Vega; el batallón de tiradores de esta misma capital a las órdenes del de igual graduación Luis G. Cáceres, y el batallón de cazadores de esta capital a cargo del teniente coronel Pilar Rivera. Los tres cuerpos quedaron bajo el mando supremo del general José Mariano Rojo. Las fuerzas en cuestión tuvieron directa participación en los combates de Acultzingo contra las tropas francesas, de los que salieron sumamente mermados, por lo que en poco colaboraron en la célebre batalla del 5 de mayo de 1862 (^{Arreola, 1979, p. 89})

En torno de esto cabe destacar que la concentración de tropas y los elementos de guerra del estado de Michoacán de filiación republicana se registró de manera gradual o escalonada hacia los escenarios de confrontación situados sobre la costa del Golfo de México y Puebla. Es probable que ello haya respondido a las dificultades para hacer acopio de hombres y avituallamientos. Aunque tampoco se debe desestimar que respondiera a la tesis del pensamiento militar en boga sobre el uso racionalizado de ambos elementos en la percepción de que se enfrentaba un conflicto largo y de desgaste en lo que la dosificación en su uso era fundamental para generar expectativas reales de triunfo (^{Von Clausewitz, 1980, pp. 172-74}).

La certeza de una guerra internacional generó al interior del gobierno huertista la expectativa de reproducir en lo posible el esquema administrativo que desplegó durante la guerra de Reforma para obtener, una vez más, beneficios económicos y políticos para sus funcionarios. Esa pretensión, advertida por diversos sectores de la opinión pública de filiación tanto liberal como conservadora y otros imparciales, contribuyeron a acentuar el ambiente de desasosiego, incertidumbre, irritación y efervescencia político-social. En ese contexto se ubica el intento de amotinamiento protagonizado en la ciudad de Pátzcuaro por parte de sectores del vecindario, inconformes con las drásticas medidas fiscales implementadas, azuzados por varios clérigos seculares y regulares. La administración del general Epitacio Huerta obró con dureza y además de aprehender y procesar a muchos de los involucrados, ordenó la clausura del Colegio de Nuestra Señora de la Salud y la reubicación de la cabecera distrital de Pátzcuaro a la villa de Santa Clara del Cobre (^{Coromina, 1887, vol. 16, pp. 128-29}).

El estado de guerra con Francia propició la coyuntura ideal a la administración huertista para justificar y asumir las primeras medidas en el ámbito local, tendientes a afrontar la inminente invasión de las tropas de Napoleón III. El 28 de abril de 1862, cuando la confrontación internacional ya estaba en desarrollo, la administración estatal promulgó el decreto número 13 por medio del cual se impuso a todos los habitantes que poseyeran bienes con valor superior a los 5 000 pesos, contribuir con armas de fuego en proporción a sus respectivas fortunas. Estos elementos serían entregados a las primeras autoridades políticas de cada lugar. En ese tenor, se ordenó que todo aquel individuo que no lograra conseguir esos artículos pagaría su valor equivalente a las autoridades en cuestión (^{Coromina, 1887, vol. 16, pp. 226-28}).

Para agilizar el acopio del armamento que se pretendía obtener por esta vía, el 10 de mayo, se promulgó el decreto número 15 en el que se insistió en que cada persona con capital superior a los 5 000 pesos aportara un fusil. De igual forma se consignó que el o los individuos de mayores proporciones económicas no estarían obligados a entregar más de 40 armas de esas características. Por último, se dispuso de un plazo de 15 días a partir de la emisión del decreto para concretar el acopio de esos elementos de guerra (^{Coromina, 1887, vol. 16, p. 251}). Estas medidas no fueron privativas del estado de Michoacán, pues en lugares como la Ciudad de México, sus autoridades, en coordinación con el ministerio de Guerra, echaron mano del reclutamiento discrecional y forzoso de léperos, vagos y presidiarios, así como de la requisa de armas, municiones, bastimentos y otros elementos que se encontraban en poder de la ciudadanía. Este proceder suscitó reacciones individuales y colectivas de malestar e inconformidad, las que presumiblemente, en muchos de los casos, fueron azuzadas por partidarios de la eventual instauración del Imperio (^{Rodríguez Baca, 2020, pp. 120-21}).

Las tropas michoacanas requeridas por el gobierno juarista para fortalecer la defensa de la zona costera de Veracruz, tras la batalla de 5 de mayo, se trasladaron hacia ese punto a principios del verano de 1862. Para el mes de agosto se encontraban ya acantonadas en Jalapa al mando de oficiales como Nicolás de Régules. Este personaje generó interlocución vía epistolar con el ministro de Guerra, el general Miguel Blanco, al que informó sobre las dificultades que encontraba para organizar de manera adecuada las fuerzas a su mando. Entre otras cosas refería la falta de reemplazos, los que no habían llegado conforme al compromiso que hizo el general Epitacio Huerta, así como la resistencia de algunos oficiales como Buitrón y Ortiz de Zárate para reestructurar la primera brigada con soldados veteranos para mejorar su desempeño. De igual forma, manifestaba la expectativa de recibir pronto armas de parte del gobierno general para dotar a las tropas a su mando (^{Tamayo, 1973, vol. 6, pp. 793-94, 803-4}).

A pesar del estado de guerra con Francia, cuyas tropas se aprestaban a principios del otoño de 1862 para avanzar de nueva cuenta sobre el interior del territorio nacional desde sus bases en Veracruz, la normalidad institucional parecía discurrir sin mayores contratiempos en Michoacán. En ese marco se efectuaron las elecciones para renovar a los integrantes del Congreso local. El 16 de septiembre fue instalada la XII legislatura local con los diputados propietarios Bruño Patiño, Francisco Figueroa, Francisco Darío Alcázar, Francisco W. González y Carlos Garibay, la mayoría de ellos integrantes de la facción huertista, y por lo tanto dispuestos a avalar sin mayores condicionamientos su proceder en torno a los preparativos para el conflicto internacional (^{Coromina, 1887, vol. 17, pp. 3-4}).

Poco menos de dos meses después, el 6 de noviembre, el Congreso del estado otorgó una licencia por tiempo indefinido al gobernador constitucional, Epitacio Huerta, para que “pase a prestar sus servicios como general en el ejército encargado de sostener la independencia de la República” (^{Coromina, 1887, vol. 17, p. 7}). Para asumir funciones al frente del poder Ejecutivo del estado fue nominado, una vez más, su hermano el coronel Antonio Huerta. La propia legislatura instruyó a este último para que

[…] ponga a disposición del C. general Epitacio Huerta, las fuerzas del estado, inclusas las de policía, a fin de que forme con ellas una división digna de representar a Michoacán en el ejército nacional, cuidando sólo de dejar las absolutamente necesarias para la conservación del orden público (^{Coromina, 1887, vol. 17, p. 7}; véase también ^{Aguilar Ferreira, 1974, p. 79}).

El gobernador Antonio Huerta recibió en la misma ocasión atribuciones de la legislatura local para disponer a discreción de las rentas y bienes del estado, pudiendo gravarlos o enajenarlos con el propósito de mantener bien equipada a la citada división. De igual forma, “cuidara de conservar la división una vez organizada, proveyéndola de reemplazos en las bajas que sufra y de los auxilios pecuniarios que pueda proporcionarle” (^{Coromina, 1887, vol. 17, p. 7}). De lo anterior se desprende la percepción de que el grupo huertista pretendió manejar a su albedrío la participación de los recursos humanos y materiales de Michoacán en la guerra de Intervención Francesa, de lo que devendrían las fricciones y discrepancias tanto con el gabinete juarista como con los mandos del Ejército Republicano del Centro que actuaron en territorio de la entidad (^{Calvillo, 2011, pp. 77-81}).

Esta postura y proceder patrimonialista fue percibida además de los grupos políticos locales antagónicos del huertismo entre los círculos militares involucrados en la defensa del país. Ilustrativo de ello fue la carta enviada desde Guadalajara por Manuel Doblado al presidente Juárez, el 4 de enero de 1863, en la que denunció la presunta indolencia del general Huerta para proporcionar auxilio militar suficiente y oportuno al cantón de La Barca, para someter al orden a un grupo de sublevados. Doblado aprovechó la ocasión para hacer una ácida y jocosa analogía del comportamiento de los gobernadores de Michoacán y Sinaloa, por lo que “aseguro a usted que en esto de las mañas se ponen en una balanza a Huerta y a Vega se vuelve loco el fiel” (^{Tamayo, 1973, vol. 7, p. 235}).

La administración estatal enfrentó desde finales de 1862 un ambiente de creciente animadversión por parte de los grupos liberales antagónicos, los que entraron en contubernio con sectores de la oficialidad y la tropa que se movía de manera constante en la ciudad de Morelia y otros puntos de la entidad, como parte de la estrategia de contención hacia la Intervención Francesa en desarrollo. Bajo la expectativa de diluir la hegemonía de la facción huertista, en ausencia de su principal líder el general Epitacio Huerta, el 25 de enero de 1863 una porción del batallón móvil radicado en esta capital con el apoyo de algunos habitantes de los barrios populares de Morelia, previamente soliviantados, se sublevaron exigiendo la salida del gobernador interino y la designación en su lugar del general Manuel García Pueblita, quien había sido nominado como comandante militar en Michoacán.⁸

En torno de estos hechos cabe abundar que alrededor del liderazgo del general García Pueblita, antiguo colaborador y aliado de los hermanos Huerta, se habían congregado gradualmente oficiales, soldados y civiles que por diversas razones y circunstancias fueron marginados, se confrontaron o fueron hostigados con la administración estatal. Por diversos conductos buscaron la directa interlocución con el presidente Juárez para exponer desde su visón la situación imperante en Michoacán. En torno de ello generaron la expectativa de que el mandatario en determinado momento validara sus argumentos y les otorgara apoyo político para eventualmente desplazar del gobierno del estado a los Huerta. Al no concretarse esto se decidieron a obrar por cuenta y riego dando lugar a los eventos violentos que se refieren (^{Pérez Alonso, 2018, pp. 123-25}).

La facción huertista se movilizó de inmediato para aplacar esta acción que amenazaba con trastocar su hasta entonces incuestionada hegemonía. Al día siguiente de los hechos en mención, los integrantes de la XII legislatura local otorgaron facultades extraordinarias al gobernador interino para hacer frente la situación. El coronel Antonio Huerta se percató de que su directo protagonismo en la disolución de la revuelta resultaría contraproducente por lo que atendiendo el consejo de algunos de sus colaboradores y, quizá, por consigna de su hermano Epitacio, encargó el manejo de la situación al general José Mariano Rojo, comandante militar de la plaza de Morelia, quien había permanecido leal a las autoridades constituidas.⁹ El día 27 este personaje emitió un decreto a través del cual condenó los hechos, y bajo el argumento de “salvar a todo trance las vidas y propiedades de sus habitantes, que se han visto seriamente amenazadas”, anunció duras medidas para diluir la sublevación (^{Coromina, 1887, vol. 17, pp. 93-94}).

En ese tenor, el general Rojo manifestó que a todos los involucrados en la rebelión se les procesaría conforme a la Ordenanza del Ejército y la ley del 25 de enero de 1862. Acto seguido prohibió toda reunión que pasara de tres personas en cualquier espacio público. De igual forma exigió a los comerciantes evitar la celebración de tertulias en sus establecimientos; al tiempo que prohibió el expendio al menudeo de bebidas espirituosas, e instituyó el toque de queda, con la intención de inhibir el tránsito de personas por las calles y plazas de Morelia, para todo aquel individuo que no se encontrara prestando algún servicio militar (^{Pérez, 2018, pp. 125-26}). Lo dispuesto por el general Rojo exacerbó aún más los ánimos, motivo por el cual el propio general Epitacio Huerta, invocando sus atribuciones de jefe de las armas en el estado y comandante militar, con fecha del 31 de enero dictó un decreto a través del cual dejó insubsistentes la mayoría de las medidas relativas a las reuniones públicas, el expendio de alcoholes y el toque de queda, manteniendo únicamente la decisión de ubicar y procesar a los individuos involucrados en la revuelta (^{Coromina, 1887, vol. 17, pp. 94-96}).

Estos eventos terminaron por colmar la paciencia del presidente Benito Juárez, quien se había abstenido de declarar a Michoacán en estado de sitio para no caer en el ya conocido juego del grupo huertista. Una vez compenetrado a detalle de la situación imperante asumió la decisión de declarar en estado de sitio a la entidad desconociendo a los poderes locales. Por lo tanto, el 3 de febrero de 1862 nombró al general Santiago Tapia como gobernador y comandante militar de la entidad.¹⁰ Este personaje recibiría hasta el día 8 de ese mes el mando de manos del coronel Antonio Huerta, el que todavía expidió un decreto por instrucciones del general Tapia para suspender todo pago que recayera sobre los créditos del gobierno del estado. Con ello se tenía la expectativa de lograr alguna capitalización de sus finanzas para atender las contingencias por venir ante el sostenido desarrollo del conflicto internacional (^{Coromina, 1887, vol. 17, p. 96}).

De esa manera concluyó abruptamente la hegemonía en Michoacán del grupo político encabezado por los hermanos Huerta Solorio durante poco más de un lustro. La reacción de sus integrantes fueron diversas. En el caso del general Epitacio Huerta se abocó a preparar las tropas que llevaría por Michoacán al estado de Puebla para combatir a las fuerzas franco-mexicanas y allá sería designado como inspector del Ejército de Oriente sin mando directo de tropa, de tal suerte que, la facción política que encabezaba quedó acéfala y en la compleja coyuntura de la guerra sería incapaz de reconfigurase y reactivar su protagonismo de primer nivel en el escenario estatal en el tiempo subsecuente. A ello contribuiría el hecho de que este personaje figuró entre los oficiales capturados por los franceses durante la segunda batalla de Puebla y remitidos en calidad de prisioneros a Europa en donde permaneció hasta finales de 1864 (^{Arreola, 1979, pp. 91-92}).

El general Tapia llegó a Morelia y asumió sus funciones el 8 de febrero. De inmediato instauró una política de severa austeridad financiera que prevalecería hasta el final del conflicto, lo que entre otras cosas lesionaría los intereses del grupo huertista que era beneficiario del estado de cosas persistente. En ese tenor, organizó el día 16 una junta con el propósito de colectar recursos para atender los gastos de guerra y en particular, “al equipo de las fuerzas de Michoacán que marchan a tomar parte en la compaña provocada hoy por el invasor extranjero”. Además, se instruyó a los prefectos para que promovieran la creación de juntas en los distritos con el mismo propósito. Con ello nominalmente desplazaba a los operadores huertistas del directo manejo de recursos humanos y materiales destinados a afrontar el conflicto (^{Coromina, 1887, vol. 17, pp. 99-101}).

El proceder del gobernador Tapia alertó de inmediato al círculo más allegado al general Epitacio Huerta, quien maniobró para distraer en lo posible la atención alrededor de la revisión de las finanzas estatales que había ordenado aquel funcionario. Fue en ese contexto que, el 3 de marzo de 1863, una parte de la escolta del general Huerta y el grueso de los soldados del escuadrón Lanceros de la Libertad se sublevó durante su estancia en Tacubaya, camino a Puebla, bajo las órdenes de Rafael Garnica y Eugenio Ronda, dos de sus colaboradores de mayor confianza. En virtud de que la atención general se encontraba concentrada alrededor de lo que sería dos semanas después la decisiva segunda batalla de Puebla, los sublevados pudieron moverse con amplia discrecionalidad (^{Arreola, 1979, p. 85}; ^{Barbosa, 1906, pp. 158-59}).

Los Lanceros de la Libertad, a los que se unieron otros contingentes armados residuales de inconformes por diversas causas, retornaron a Michoacán perpetrando robos, confiscaciones ilegales y otros delitos, en pueblos, fincas de campo y caseríos rurales, situados en los distritos de Zacapu, Zamora, La Piedad y Puruándiro, donde radicaba el grueso de su base social de apoyo. Para entonces el traslado del grueso de las tropas gubernamentales al estado de Puebla había dejado en situación de vulnerabilidad a la entidad y en particular a Morelia. El gobernador Tapia debió entonces solicitar la colaboración de fuerzas armadas de Guanajuato leales al gobierno juarista para intentar someter a los rebeldes, pero ello resultó contraproducente por lo que rápidamente suspendió su participación. La única tropa disponible para atender la contingencia también era de filiación huertista, al mando del coronel Rosalío Elizondo, lo que obligó al gobernador Tapia a negociar con los sublevados su sometimiento (^{Barbosa, 1906, pp. 159-61}).

Ante su escaso margen de maniobra en un escenario que apenas comenzaba a conocer, el general Tapia debió aceptar la mediación del coronel y exgobernador interino Antonio Huerta, quien pactó la entrada pacífica a Morelia de “los amarillos”, como se les denominó entre los sectores populares a los Lanceros de la Libertad. Estos individuos recibieron el indulto y tuvieron la opción de retornar a sus lugares de origen o residencia, o bien incorporarse a las tropas que se preparaban para afrontar la inminente llegada de las fuerzas franco-mexicanas a la entidad. La mayoría de “los amarillos” se decantaron por esta segunda propuesta (^{Coromina, 1887, vol. 17, p. 111}). El proceder del gobernador Tapia le generó una andanada de críticas y cuestionamientos por parte de los sectores políticos y sociales vinculados al huertismo. En ese marco, escribió al presidente Juárez para justificar su actuación enfatizando en que

[…] hasta ahora he procurado que mi administración guarde una completa neutralidad con los partidos que desgraciadamente dividen al estado y he encaminado todos mis actos únicamente al bien público, sin molestar en nada a los que se llaman amigos del señor Huerta, que han disfrutado de toda clase de garantías. Sin embargo, mi deber me ha obligado a sujetar a un juicio al señor don Antonio Huerta, no sólo porque la opinión pública lo acusa de estar en connivencia con los desertores de Tacubaya, sino porque ha cometido algunas desobediencias militares que no podía pasar (^{Arreola, 1979, pp. 92-93}).

La inminente irrupción de las fuerzas intervencionistas

La derrota del Ejército mexicano en la segunda batalla de Puebla perfiló en firme la posibilidad de que las fuerzas intervencionistas avanzaran sobre el grueso del territorio nacional, desde mediados de la primavera de 1863. El gobernador Tapia dictó diversas disposiciones para hacer frente a esa amenaza. Con fecha del 25 de marzo emitió el decreto por medio del cual se estableció un impuesto extraordinario que gravó la propiedad raíz, para reunir los 30 000 pesos mensuales que le fueron asignados por el gobierno general, destinados a “la compra de armamento que está ya contratado para poner a Michoacán en estado de defensa” (^{Coromina, 1887, vol. 17, pp. 174-76}). Poco después, el 3 de abril, dicho funcionario ordenó la instauración de siete cantones militares para combatir con mayor eficacia a los grupos de bandoleros, desertores y rebeldes que aprovechaban la coyuntura para actuar con impunidad. De igual forma, se autorizó a los prefectos y demás autoridades civiles y militares a promover la formación de cuerpos armados para la defensa de la República (^{Coromina, 1887, vol. 17, pp. 176-78}). Una semana después la administración estatal por conducto del secretario de Gobierno, Manuel Alvírez González, emitió el Reglamento para formar la Guardia Nacional del Estado (^{Coromina, 1887, vol. 17, pp. 178-85}).

En forma simultánea a las tareas militares encaminadas a preparar la defensa frente a la amenaza de las tropas franco-mexicanas, el general Tapia debió sortear la persistente belicosidad de los huertistas y sus demás adversarios que se negaban a desistirse de sus discrepancias y sensibilizarse para priorizar la defensa de la patria. De manera adicional la eficiencia de su actuación fue trastocada por la animosidad que le profesó el general Felipe Berriozábal, jefe del Ejército Republicano del Centro, del que deploraba en misiva al presidente Juárez hubiera puesto en entredicho su honradez y honorabilidad en el manejo de los destinos de Michoacán (^{Tamayo, 1973, vol. 7, p. 805}). Fue así como, el 17 de julio de 1863, finalizó su actuación como gobernador y comandante militar de la entidad. Bajo ese escenario, por acuerdo del general Felipe Berriozábal, el abogado liberal Luis Couto asumió dichas funciones a partir de esa fecha y habría de permanecer como tal hasta el 17 de septiembre de ese año, con un tiempo efectivo de escasos 62 días (^{Aguilar Ferreira, 1974, p. 84}).

El nuevo gobernador provisional de Michoacán resultó ser otro adversario político del grupo huertista, cuyos operadores se apresuraron a pretender malquistarlo frente al presidente Juárez. Uno de los instrumentos para ello fue Pedro P. Echeverria, quien, en extensa carta al titular del Ejecutivo federal del 27 de julio, expuso el argumento genérico de que Luis Couto no reunía el perfil necesario para el cargo considerando su formación y actuación como abogado ante las necesidades generadas por la guerra internacional. En ese tenor abundó en que su designación fue resultado de una desafortunada y caprichosa decisión del general Berriozábal en uso de sus atribuciones político-administrativas. Echeverria presentó un panorama desalentador de cara a la Intervención Francesa, al aseverar la existencia de escasos 500 elementos de tropa y oficiales para hacer frente a no menos de 800 “reaccionarios”, que presumiblemente se habían levantado o irrumpido en Michoacán en las semanas posteriores a la segunda batalla de Puebla. En un tímido intento por reivindicar la actuación de los hermanos Huerta refirió el presunto saqueo perpetrado en la hacienda de Chucándiro, propiedad de Epitacio, así como otros reportados desde Angamacutiro y la zona minera de Angangueo-Trojes. En un tono visiblemente exagerado aseguró que las cuadrillas de “reaccionarios” se habían aproximado a escasas 1 500 varas del centro de Morelia, en una presunta maniobra de tanteo para la eventual toma de la ciudad (^{Tamayo, 1973, vol. 7, pp. 851-53}).

El abogado Luis Couto se encontró muy acotado en su actuación como gobernador y comandante militar de Michoacán. Los grupos huertistas se movilizaron para sabotear su labor al perpetrar acciones como la sublevación ocurrida en Zamora, por parte de la columna integrada por 300 hombres al mando del coronel Juan Servín de la Mora. Este proceder fue secundado por otros batallones ubicados en Morelia cuyos integrantes desertaron en masa presuntamente en protesta por la nominación de Couto a los cargos mencionados. En esa coyuntura, otros altos oficiales del Ejército Republicano del Centro, como el general Miguel M. Echegaray, escribieron al presidente Juárez para deplorar la permanencia de Couto en la gubernatura y sugerir entrelíneas y en tono comedido su eventual destitución (^{Arreola, 1979, pp. 94-95}).

Bajo estas circunstancias, en la medida de sus posibilidades la precaria administración de Luis Couto instrumentó algunas acciones tendientes a fortalecer la economía y el erario estatal, como por ejemplo los decretos que regulaban el funcionamiento y pago de contribuciones de las fábricas de aguardiente, así como el cobro de impuestos a la propiedad raíz por concepto de hipotecas. Además, emitió acuerdos para reestructurar y eficientar el desempeño del poder judicial del estado, cuya integración y adecuado funcionamiento se había convertido en un problema crónico desde los tiempos del gobierno de facultades extraordinarias del general Epitacio Huerta (^{Coromina, 1887, vol. 17, pp. 198-201}).

Como en el caso del general Tapia, la situación y posición del gobernador Luis Couto se tornó crecientemente insostenible a escaso un mes de haber asumido funciones, de lo que dio detallada cuenta al presidente Juárez. Además de señalar la persistencia del protagonismo discrecional de los grupos armados de filiación huertista y del bandolerismo generalizado, hizo una denuncia tácita de los afanes de control y manipulación que pretendían el general Berriozábal y sus oficiales más allegados, lo que trastocaba sus proyectos de reorganización de la entidad (^{Tamayo, 1974, vol. 8, pp. 18-21}). El presidente Juárez valoró los argumentos del abogado Couto y dio su anuencia y expectativa para que se mantuviera en el cargo. Sin embargo, el peso de las circunstancias imperantes y las presiones a que estuvo sometido, a final de cuentas, ocasionarían su salida de la gubernatura interina (^{Tamayo, 1974, vol. 8, pp. 21-22}).

Cabe abundar que en torno a la estrategia para hacer frente a las fuerzas de la Intervención Francesa y en aras de consolidar en lo posible la unidad de las fuerzas republicanas, el 1 de septiembre se dictó el decreto a través del cual se indultó a la tropa de filiación huertista que de manera unilateral se pronunció en Morelia. Acto seguido, se proclamó el restablecimiento del orden legal frente a las primeras medidas asumidas por el gobierno general prointervencionista (^{Coromina, 1987, vol. 17, pp. 203-4}).

Todavía en tiempos del gobernador Couto trascendieron las gestiones que efectuaban personajes como Antonio Rojo, para la adquisición y provisión de armas para las fuerzas republicanas que actuaban en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Al respecto, este individuo informó el 12 de agosto de 1863 al presidente Juárez sobre las negociaciones que se hacían por conducto de un tal Agustín Schar, para comprar fusiles en Estados Unidos con un costo de 30 000 pesos. Estos y otros materiales bélicos presumiblemente llegarían al puerto de Manzanillo procedentes de San Francisco, California, en una fecha no determinada (^{Tamayo, 1974, vol. 8, pp. 30-31}).

Ante la insistencia del licenciado Couto de abandonar su encargo, por instrucciones del presidente Juárez el jefe del Ejército Republicano del Centro, el general moreliano José López Uraga, asumió funciones de gobernador y comandante militar de Michoacán a partir del 18 de septiembre de 1863. Se mantuvo como tal apenas por 42 días; es decir, hasta el 30 de octubre de ese año, cuando salió de esta capital para atender otras comisiones del gobierno juarista, pero sin renunciar a sus pretensiones de intervenir en los asuntos político-militares de su estado natal (^{Tamayo, 1974, vol. 8, pp. 127-28}). Para ese entonces las fuerzas franco-mexicanas ya habían consolidado sus posiciones en el vecino Estado de México. Desde el 11 de agosto se comenzaron a reportar a través de arrieros, comerciantes y viajeros en general los movimientos tácticos de varios destacamentos franceses en puntos como Toluca, el valle de Temascaltepec y Ananalco (^{Tamayo, 1974, vol. 8, p. 33}).

Ante el inminente arribo de las tropas de la Intervención a territorio michoacano, el gobernador López Uraga adoptó diversas medidas de carácter fiscal tendientes a recaudar la mayor cantidad de recursos pecuniarios y evitar que cayeran en poder del enemigo. De igual forma, ordenó un enérgico acopió, control de armas blancas y de fuego que se encontraran en manos de particulares. En ese tenor, a través de la Secretaría del Gobierno Civil y Militar, a cargo del abogado Bruno Patiño, se dispuso el 17 de octubre de 1863, que se declaraba como

[…] vigente en todas sus partes el Reglamento de Guardia Nacional expedido por el Supremo de la Unión en 15 de junio de 1848 y se dan por insubsistentes todas las disposiciones emanadas del estado y que contraríen en alguna manera los preceptos de aquella ley general. (^{Coromina, 1887, vol. 17, p. 218})

El 28 de octubre por instrucciones del todavía formalmente gobernador y comandante militar de Michoacán, José López Uraga, el general de brigada Ramón Iglesias, comandante de la plaza capitalina, promulgó el decreto por medio del cual se declaró a Morelia en estado de sitio. Por lo tanto, se dictaron drásticas medidas como acotar el libre tránsito de personas para entrar y/o salir de la ciudad; la orden para presentar y entregar armas en manos de particulares; la inmediata presentación ante las autoridades militares de todo individuo de nacionalidad francesa para disponer su permanencia o expulsión del territorio del estado; la prohibición de reuniones de más de cinco individuos; garantizar el expendio y la libre venta de alimentos, y la prohibición para el comercio de licores al menudeo y de la realización de espectáculos públicos (^{Coromina, 1887, vol. 17, pp. 220-22}).

Las medidas en cuestión tenían su razón de ser, pues algunas cuadrillas armadas vinculadas con las fuerzas franco-mexicanas se habían diseminado por los distritos de Maravatío, Zinapécuaro y Zitácuaro, colindantes con el Estado de México. El combate y contención de esos grupos corría a cargo en su parte medular de las fuerzas al mando del general Porfirio Díaz, las que desde Acámbaro y Maravatío incursionaban hasta la jurisdicción de Ixtlahuaca y las inmediaciones del valle de Toluca. Estos movimientos tenían, además, el propósito de conocer la composición de las tropas, elementos de guerra y capacidad operativa de los intervencionistas que se encontraban al mando del comandante Berthier y Leonardo Márquez (^{Tamayo, 1974, vol. 8, pp. 266-67}).

La situación de vulnerabilidad en la que quedaba Morelia, capital del estado, propició la amplia y acalorada deliberación entre los mandos del Ejército Republicano que actuaban en Michoacán. Se plantearon conceptos como los de plaza fuerte manejados por teóricos de la guerra, como ^{Von Clausewitz (1980, pp. 400-1)}, consistente en habilitar espacios de actuación muy tierra adentro con condiciones favorables y lejos de las líneas de suministro y comunicación del enemigo. Al respecto se pensó en lugares como Uruapan y Tacámbaro, poblaciones que más adelante serían habilitadas como sedes político-administrativas de la entidad. En torno de ello y abrevando de la experiencia que dejó la guerra contra Estados Unidos se trajo a colación el esquema de guerra de guerrillas para lo cual se aprovecharía, entre otras cosas, la abrupta orografía michoacana de la entidad (^{Calvillo, 2011, pp. 132-36}).

El general Felipe Berriozábal se presentó en la plaza de Morelia el 30 de octubre de 1863 y ese día asumió las funciones de gobernador y comandante militar de Michoacán, con la anuencia del presidente Benito Juárez, tras cundir insistentes rumores sobre presuntas conductas desleales a la República del general López Uraga. En comunicación con Juárez, Berriozábal le informó de la presunta intención que tuvo López Uraga de nombrar por su cuenta gobernador y comandante militar de la entidad a un individuo de su confianza, lo que no pudo concretar por la postura firme con que se asumió el propio Berriozábal (^{Tamayo, 1974, vol. 8, pp. 267-68}). Su actuación como tal se extendería a lo largo de 141 días, hasta el 21 de marzo de 1864, cuando por las necesidades de la resistencia republicana debió pasar a desempeñar otra comisión castrense. Por lo tanto, le correspondió al general Berriozábal enfrentar el arribo de las fuerzas franco-mexicanas al territorio de Michoacán y adoptar las providencias para combatirlas con la mayor eficiencia posible.

Ante la imposibilidad de poder contener el avance de la columna franco-mexicana con los elementos de guerra disponibles, el 11 de noviembre el gobernador Berriozábal promulgó el decreto por medio del cual se declaraba a la entidad en estado de sitio al momento de que las tropas enemigas irrumpieran en su jurisdicción. Como en su momento sus predecesores Couto y López Uraga, el general Berriozábal emitió una nueva ley de división territorial a través de la cual se instituyeron 12 distritos judiciales que se subdividirían en partidos. En cada cabecera radicaría un juez de letras abocado a tareas de impartición de justicia y de coadyuvancia en las tareas administrativas de los mandos militares de esas demarcaciones (^{Coromina, 1887, vol. 17, pp. 222-26}).

Las tropas republicanas fueron superadas en su capacidad operativa por sus antagonistas franco-mexicanas, las que avanzaron a paso firme y sostenido desde mediados del mes de noviembre sobre la porción centro-norte del territorio de Michoacán. En ese tenor, el día 24 de noviembre el gobernador Berriozábal promulgó el decreto mediante el cual dispuso que la capitalidad de la entidad se trasladara de Morelia a Uruapan, mientras persistieran las circunstancias de la invasión y ocupación francesa (^{Coromina, 1887, vol. 17, p. 226}). Como medida precautoria frente a los actos de autoridad y gobierno que pretendieran ejercer sus adversarios, el 27 de ese mes, el general Berriozábal dictó el decreto a través del cual protestaba de manera enérgica en contra de la invasión extranjera y dejó de manifiesto que “es nulo de ningún valor ni efecto cualquiera contrato que celebraren los que funjan de autoridades puestas por el invasor, bien sean dichos contratos favorables o adversos a los intereses del estado” (^{Coromina, 1887, vol. 17, p. 227}). Además, quedaría proscrito todo aquel que aceptara empleos de los intervencionistas en calidad de traidores y castigados como tales los que directa o indirectamente colaboraran con ellos; en tanto que el pago de impuestos a estos se consideraría como nulo y sin ningún efecto (^{Coromina, 1887, vol. 17, pp. 226-28}; ^{Herrera, 2014, pp. 451-52}).

En la víspera de la irrupción de las fuerzas franco-mexicanas en Morelia, el general Berriozábal envío una sentida carta al presidente Juárez en la que condensó los factores y circunstancias que habían llevado a la situación imperante. En primera instancia aludió a la persistencia de las discrepancias entre la alta oficialidad del Ejército Republicano del Centro y la lucha soterrada por el poder que incluían el control y ejercicio del poder ejecutivo de la entidad. De manera específica denunció los reiterados afanes de manipulación del general López Uraga, el que, a esas alturas del tiempo, aún maniobraba para eventualmente relevarlo de la gubernatura y comandancia militar de la entidad. Deploró la postura autoritaria de la propia administración juarista para asignar el peso de los gastos de la guerra sobre las finanzas locales, al ordenar que fuera el gobierno de Michoacán el que pagara todos los haberes de las tropas de la federación y de los destacamentos estatales, lo que implicaría un presupuesto mucho mayor a los 20 000 pesos destinados a contingente (^{Tamayo, 1974, vol. 8, pp. 416-17}).

En el ámbito estrictamente militar el general Berriozábal informó sobre el incontenible avance de las fuerzas enemigas, cuyos mandos ya habían desplegado compañías de elite como los cazadores de África y de Vicennes para ocupar sin contratiempos el espacio geográfico existente entre Acámbaro, Maravatío, Zinapécuaro y el valle de Queréndaro. Ante ese escenario dispuso el repliegue de sus tropas más allá de Morelia a las que acompañaron la burocracia y los archivos estatales. Ordenó la reubicación de la maestranza principal en Coalcomán y de la capsulería en Tancítaro. Además, procedió a fragmentar y diseminar la división del Ejército Republicano del Centro en Michoacán en cinco brigadas, dos de ellas mixtas, al mando de oficiales como Juan B. Caamaño y Carlos Salazar. Por último, le manifestó al presidente Juárez su pretensión de resistir hasta al último momento el avance de sus adversarios franco-mexicanos en las inmediaciones de Morelia (^{Tamayo, 1974, vol. 8, pp. 416-17}).

Ante la inminente irrupción de las fuerzas franco-mexicanas los integrantes de la clase política de filiación liberal-republicana, así como profesionistas, comerciantes, labradores, artesanos y miembros de otros segmentos socioeconómicos vinculados a la causa republicana, con sus familias efectuaron un apresurado desalojo de sus domicilios en la ciudad de Morelia, llevando consigo apenas lo indispensable. Estos actores sociales expresaron en aquellas difíciles circunstancias su convicción republicana y su disponibilidad para involucrarse de lleno en el combate a la intervención extranjera (^{García Mora, 1989, pp. 69-70}). Sobre ese proceder, Calvillo (2018) enfatiza que las tropas imperialistas en los espacios geográficos que fueron ocupando ocasionaron entre el grueso de la población civil reacciones de indignación, malestar, desasosiego y temor generalizado. Los soldados con la complacencia de sus oficiales “destrozaban las casas, mataban a los animales y se llevaban todo lo que encontraban” (p. 135).

Con base en el testimonio del coronel Barbosa, se sabe que personajes como Francisco Lerdo de Tejada, Pedro Echeverría, el abogado Francisco W. González y Rafael García de León, acompañados de miembros de sus respectivas familias y de sus círculos sociales más allegados, se radicaron en un primer momento en el pueblo de Quiroga, mientras que hasta Uruapan se trasladaron los licenciados Gabino Ortiz, Carlos González Urueña y Bruno Patiño. De Toluca llegaron a la misma localidad un nutrido grupo de refugiados, entre ellos las familias Trejo y Alva. Sobre esto último comentó que, “dichas personas emigradas a Michoacán fueron muy bien aceptadas en las poblaciones referidas por su amable trato y amor a la patria” (^{Barbosa, 1906, pp. 162-63}).

Tal y como se había previsto por uno y otro bando, el día 30 de noviembre de 1863, la columna intervencionista, presidida por el comandante francés Berthier y Leonardo Márquez, ocupó Morelia tras el apresurado retiro de la pequeña fuerza de defensa republicana al mando del general Berriozábal y sus oficiales subalternos. Estas últimas se reagruparon en las comarcas circundantes a esa ciudad y el 17 de diciembre de 1863, apoyados por otros contingentes, desplegaron una fuerte contraofensiva tendiente a recuperar esa plaza. Las columnas republicanas fueron encabezadas por los generales Berriozábal, Santiago Tapia y José López Uraga, las cuales en un primer momento lograron penetrar por diferentes puntos a la ciudad defendida por el destacamento intervencionista al mando de Leonardo Márquez. Sin embargo, por una combinación de factores y circunstancias, entre ellos el presunto contubernio de las tropas encabezadas por López Uraga con el enemigo, se registró la derrota republicana traducida en alrededor de un millar de bajas y numerosos prisioneros, entre ellos varios oficiales, así como la pérdida de valiosos elementos de guerra como un número no determinado de piezas de artillería de diversos calibres (^{Martínez, 2022, pp. 323-46}).

A manera de epílogo cabe consignar que, en los años subsiguientes de la guerra de Intervención Francesa, las deslealtades, corrupción, discrepancias y defecciones entre los miembros del bloque liberal-republicano de Michoacán persistieron e incluso se acentuaron, con el consecuente impacto negativo en el efectivo combate a las fuerzas franco-mexicanas. Caso ilustrativo es el de los hermanos Huerta. El general Epitacio Huerta maniobró desde su destierro en Francia a finales de 1864 para retornar al país, y de manera más específica a Michoacán, con la intención de tener parte activa en el combate al Segundo Imperio. Mantuvo un denso y ríspido intercambio epistolar con el presidente Juárez y algunos de sus colaboradores, los que, desconfiados de la alianza fraguada por Huerta con el general Jesús González Ortega, quien en 1865 pretendió desconocer al oaxaqueño de sus funciones, interpusieron toda clase de obstáculos para impedir su regreso. El general Huerta de manera reiterada trajo a colación además de su “acendrado patriotismo”, el argumento de ser el gobernador constitucional del estado, para insistir en sus pretensiones y eventualmente tomar el mando de tropa, pero no tuvo éxito (^{Arreola, 1979, pp. 102-4}).

Hacia mediados de 1864 el coronel Antonio Huerta entró en tratos con el general José López Uraga, quien ya se había adherido al Segundo Imperio, con el propósito de conocer y ponderar un ofrecimiento que le fue hecho para defeccionar del bando republicano. Se le prometió comandar con el grado de general las fuerzas imperialistas de la comarca de Coeneo-La Piedad, donde radicaba el grueso de la base social de apoyo del huertismo y quien tendría como sus subalternos a personajes como Rafael Garnica y Eugenio Ronda, los que también fueron sonsacados en ese sentido (^{Ruiz, 1975, pp. 163-65}). Poco antes se había concretado la defección a favor del Imperio de la tropa comanda por Rosalio Elizondo, entre la cual figuraban alrededor de 200 de los controvertidos Lanceros de la Libertad. Fue tal la importancia dada a este proceder que el general Leonardo Márquez se apersonó en la villa de Maravatío para formalizar esa adhesión y asignarles a sus integrantes tareas para el combate en lo inmediato a las tropas republicanas (^{Ruiz, 1975, pp. 118-24}).

Conclusiones

El sucesivo desarrollo del movimiento liberal, sustentado en el Plan de Ayutla y la guerra de Reforma en el estado de Michoacán, tuvo entre sus secuelas el desplazamiento de cualquier protagonismo de relevancia de la facción conservadora, así como el posicionamiento y hegemonía del bloque liberal. Sin embargo, al interior de este último se suscitó una larga y compleja pugna entre los grupos concurrentes por el control de la administración pública. Por una combinación de factores y circunstancias la facción congregada en torno al liderazgo de los hermanos Epitacio y Antonio Huerta alcanzó preponderancia. Las condiciones que ocasionó el segundo de dichos conflictos le permitieron al primero gobernar la entidad con el uso de facultades extraordinarias, lo que se tradujo, además de en la implantación de las leyes y los principios reformistas liberales, en una discrecional actuación que generó las condiciones a sus principales miembros para acaparar riqueza y poder. El presidente Juárez condenó los excesos de la administración huertista, aunque no tuvo margen de maniobra para acotarlos de manera efectiva.

Bajo ese escenario, al configurarse las condiciones para el desarrollo de la Intervención Francesa, que llevaría a la instauración del Segundo Imperio, el grupo huertista se aprestó a acaparar y manejar la estrategia de contención y defensa. Sin embargo, sus antagonistas maniobraron para sabotear sus pretensiones y expectativas. La situación suscitada ocasionó la directa intervención del presidente Juárez, quien designó al general Santiago Tapia como gobernador y comandante militar provisional. Tanto este personaje como los individuos que lo sucedieron en esos encargos no pudieron concentrar su atención en torno de los asuntos prioritarios para la efectiva defensa del territorio de Michoacán, por la constante actividad que desplegaron los grupos liberales con presencia y convocatoria, algunos de los cuales incluso entraron en contubernio con oficiales del Ejército Republicano del Centro para medrar al amparo del conflicto.

Por lo tanto, durante la mayor parte del año de 1863, los sucesivos gobernadores y comandantes militares enfrentaron las sublevaciones de diversos cuerpos de las tropas republicanas, sobre todo las vinculadas con los hermanos Huerta, al tiempo que emitieron decretos para recaudar impuestos extraordinarios para organizar la Guardia Nacional, eficientar la impartición de justicia y excitar el patriotismo de los diferentes sectores sociales en torno a la defensa de la patria. Pero el ambiente de discrepancia y confrontación que prevaleció entre los actores sociales involucrados y de algunos de estos con la administración juarista, se tradujeron en acciones descoordinadas y poco efectivas alrededor de la estrategia de contención frente al avance de las tropas franco-mexicanas. Estas últimas, con la superioridad de sus elementos humanos y de guerra, concretaron la toma de Morelia y la ocupación de una parte significativa del territorio de Michoacán. Los republicanos, inmersos en sus pugnas y conflictos, tardarían poco más de tres años en materializar en términos positivos la contraofensiva que emprendieron apenas semanas después de haber desalojado aquella plaza.