Introducción²

Si bien la historiografía sobre el aprovechamiento forestal ha identificado en distintos contextos la postura gubernamental que por una parte restringía la explotación forestal que realizaban habitantes de los pueblos y, por otra, permitía explotaciones a gran escala, en diferentes momentos del período que aquí observamos (^{Simonian, 1999, pp. 66-87}; ^{Boyer: 2015, pp. 25-92}; ^{Klooster, 1996}; ^{Pérez Talavera, 2014}; ^{Escudero y Camacho, 2015}; ^{Almazán, 2017}), en este artículo se señala cómo esa posición estatal, basada en propósitos económicos, conllevó la tendencia a homogenizar formas locales de aprovechamiento de los bosques. Esto, con el propósito de fomentar tal tipo de explotación extensiva.

Los antecedentes de ese proceso en el país proceden del siglo XIX en el que se pretendió, mediante leyes federales y estatales sobre desamortización de tierras comunales, dividir y privatizar las áreas boscosas incluidas en ellas para incorporarlas a dinámicas de mercado en las que participaban, por ejemplo los de índole privado. Ciertamente, tal proceso no fue homogéneo ni careció de contrapesos ya que muchas corporaciones municipales y pueblos en ocasiones establecieron resistencias para conservar sus tierras y montes bajo control colectivo, a la vez que al interior de los gobiernos, estatales y federal, se gestaron iniciativas tendientes a detener el deterioro de los montes instaurando regulaciones. No obstante, casos como los del Nevado de Toluca reflejan la tendencia gubernamental a establecer como legales y deseables las explotaciones a gran escala lo cual influyó, en conjunto con el creciente mercado maderero citadino, para que representantes de ayuntamientos, pueblos y de nacientes ejidos ‘postrevolucionarios’ adoptaran en alto grado ese esquema de aprovechamiento. Esos aspectos se analizan en ese espacio desde el Porfiriato hasta 1935, año previo a la conformación del Parque Nacional Nevado de Toluca en enero de 1936, el cual tuvo implicaciones sociopolíticas distintas.

Para abordar lo planteado, el artículo se divide en cuatro apartados principales. En el primero se señala someramente la postura gubernamental sobre la explotación forestal en el país desde mediados del siglo decimonónico hasta los primeros años de la década de 1930. En el segundo se señalan las principales características de los montes circundantes al volcán Nevado de Toluca, mientras que en los dos siguientes se analizan casos de aprovechamiento forestal tanto en el Porfiriato como en años posteriores respectivamente.

La postura estatal sobre el aprovechamiento forestal desde el Porfiriato a inicios de la década de 1930

La intervención del gobierno federal -comúnmente a través de los gobiernos estatales- sobre las tierras comunales de los pueblos al menos desde mediados del siglo xix buscaba eliminar el control corporativo sobre ellas con el fin de incorporarlas, en conjunto con los recursos que contenían, a dinámicas de la sociedad mayor. Para ello fue fundamental la instauración y puesta en marcha de leyes sobre desamortización de tierras comunales tanto en el ámbito federal, en 1856, como en distintos momentos de esa centuria en varios estados del país. El procedimiento de cambio de régimen de propiedad que ordenaba esa legislación incluía también a los bosques que, por tanto, serían objeto de nuevas formas de aprovechamiento. Esos espacios se incluían principalmente dentro de las fracciones comunales denominadas “de propios” así como en las de “ejidos”, y su usufructo estaba bajo el control de autoridades locales, como el ayuntamiento, o de los propios habitantes. Recordemos que, comúnmente, los pueblos contaban con superficies distintivas a su interior. El fundo legal era ocupado por el caserío de los pueblos; de los terrenos de común repartimiento se asignaban parcelas asignadas a cada familia para su sustento; mientras que los propios y ejidos eran superficies que podían contener tierras para cultivo, de pastoreo, bosques, aguas u otros recursos. La diferencia entre éstos era que los propios podían arrendarse por las corporaciones municipales para percibir ingresos mientras que los ejidos se destinaban para el usufructo del común.

Como han mostrado diversos estudios, comúnmente las fracciones de propios y ejidos se desamortizaron posteriormente a las de común repartimiento, debido al papel productivo que fungían para el común, mientras que en otras ocasiones nunca se llevó a cabo (^{Fraser, 1972}; ^{Knowlton, 1998}). Sin embargo, durante la segunda mitad decimonónica destacaban ya ciertos señalamientos en la arena pública que demandaban que los montes dejaran de ser controlados localmente y que se transformaran en propiedad privada o que contaran con una fuerte intervención del Estado con el fin de que se explotaran (^{Simonian, 1999, pp. 79-81} ; ^{Almazán, 2017, pp. 362-271}). Es decir que, independientemente de que se desamortizaran, fueran objeto de aprovechamiento externo. Se consideraba que los campesinos e indígenas eran más propensos a su destrucción por una especie de inconsciencia además de que, según esa perspectiva, algunos de sus sistemas productivos dañaban a los arbolados.

A pesar de que también existieron opiniones distintas a esa concepción, aquélla fue la que prevaleció e influyó en la labor del gobierno porfirista, cuyas actividades dirigió Miguel Ángel de Quevedo a través de la Junta Central de Bosques y del primer Departamento Forestal en la década de 1900, y en años siguientes. Esa ideología que comúnmente se interesaba más por la conservación de los espacios forestales y sus ecosistemas y en menor grado por la población que los habitaba o utilizaba (ha sido señalada por Christopher ^{Boyer (2007, p. 119)} como la base de lo que ha denominado como “paternalismo científico”. Éste, basado en directrices científicas y “racionales”, era el referente ideológico del Estado para desarrollar esquemas de manejo forestal en los que se contemplaba la participación de indígenas y campesinos pero educados, guiados y supervisados por una élite intelectual especialista en el ámbito. A la par de ello, de facto persistió la permisividad estatal sobre explotaciones forestales de propietarios particulares de montes así como las realizadas a gran escala con fines industriales y comerciales. Por ejemplo, desde mediados del siglo xix, el gobierno central solicitó a los estatales que emitieran directrices para proteger sus montes pero que no interrumpieran la provisión de madera para combustible a los sectores industrial y minero (^{Vergara, 2018, p. 85} ). Y así siguió sucediendo a finales de esa centuria e inicios de la siguiente en casos como la provisión de durmientes para el ferrocarril, trementina para el alumbrado público en algunas ciudades (^{Juárez, 2005}), celulosa para el papel (^{Huerta, 1996}), maderas preciosas para exportación (^{Vos, 1998}), entre otros que posibilitaban la producción forestal tanto para el mercado interior como exterior (^{Juárez, 2012, p. 103}).

Lo que había de fondo en tal postura era un marcado interés económico del gobierno dadas las actividades industriales que sustentaban los productos forestales. Acorde con Carmagnani, la cultura liberal estatal en expansión durante la segunda mitad del siglo XIX estaba dirigida a incentivar la acción económica y el intercambio comercial entre los individuos, un aspecto de talante anticorporativo, antiproteccionista y antiprohibicionista (^{Carmagnani, 1994, p. 25}; 2011, p. 191). Debido a ese interés, las instancias gubernamentales preferían que los bosques se explotaran a gran escala y que, dado el caso, los de índole comunal se “abrieran” a las lógicas del mercado, considerando como secundarias, irrelevantes, o no deseables, otras formas de utilización que no estuvieran dirigidas a ello.

En teoría, algunas condiciones prevalecientes durante ese período habrían cambiado con las reformas que tuvieron lugar entre 1915 y 1926. En enero de ese primer año, la emisión de la ley federal agraria detuvo el proceso de desamortización “en contravención a lo dispuesto en la ley del 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas”, y en sentido contrario, posibilitó que la “gran propiedad” de la tierra -extensas superficies de tierras que pertenecían a un solo individuo- se dividiera para otorgarse mediante dotación de tierras ejidales -posrevolucionarias- o restitución de tierras comunales, a pueblos circundantes que las solicitaran.³ Con su aplicación, en los siguientes años la mayor parte de montes del país pasó a estar bajo posesión de los pueblos, lo que suponía mayores beneficios para sus habitantes, pues estarían bajo su control ahora organizados mediante asambleas y sus representantes, los comisariados. Por su parte, la ley federal forestal de 1926 -la primera que ordenaba tal aspecto en todo el territorio nacional-, retomando ya consideraciones del artículo 27 de la constitución de 1917, ordenó que las explotación de bosques de cualquier régimen de propiedad, ya fuera comunal, municipal, ejidal o privado, debían sujetarse a regulaciones en la materia, supervisados por instancias federales, pues se consideraban propiedad de la nación, lo que implicaba superponer los intereses de ésta sobre los de otros actores sociales. Esto era particularmente importante porque previo a esas estipulaciones la explotación de bosques privados no era objeto de regulación alguna mientras que éstas la incorporaron a la de la federación, teóricamente bajo el interés de un manejo racional. Entre otras, una directriz más de importancia que implementó esa legislación era que los pueblos podrían constituir sus propias cooperativas forestales con el fin de que controlaran la explotación de sus bosques obteniendo beneficios de su producción maderera y su comercialización, en gran medida como experiencia de que en años previos habían sido comerciantes madereros los más beneficiados de esa lógica (^{Boyer, 2007, pp. 113-115} ).⁴

Pero, salvo excepciones, en la realidad esas disposiciones no significaron un cambio sustancial. Durante el período observado, las explotaciones a gran escala fueron comúnmente realizadas por agentes externos debido a que su puesta en marcha, además de los beneficios económicos, les permitió incrementar el control sobre una diversidad de formas de aprovechamiento de los montes. Por tanto, en esa postura estatal existió un interés marcadamente económico e, implícitamente, clasista, que influyó en la paulatina percepción social de los montes como mercancía, que privilegió la participación de sectores empresariales y no de campesinos e indígenas. Si bien tal perspectiva comercial no era completamente ajena a los habitantes de los pueblos -pues muchos de ellos subsistían gracias a la venta de diversos productos forestales- esa tendencia influyó para concebir como preferibles los aprovechamientos extensivos.

Ciertamente, en ocasiones representantes gubernamentales o miembros de las élites intelectuales reconocieron que la comercialización a baja escala por parte de los campesinos era necesaria y menos “agresiva” que la que realizaban empresarios del ramo o propietarios particulares de montes. No obstante, estas expresiones fueron esporádicas y no marcaron una tendencia gubernamental.

Los montes del Nevado de Toluca

El volcán Nevado de Toluca o Xinantécatl, cuya máxima altura ronda los 4 mil 600 metros sobre el nivel del mar (msnm) forma parte del eje volcánico transversal mexicano, y se localiza a aproximadamente 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Sus serranías circundantes, que varían en torno a los 2 mil 800 msnm, se unen hacia el sur y este al estado de Morelos y a la ciudad de México mientras que al suroeste a los de Guerrero y Michoacán. Los montes que lo rodean en sus partes medias y bajas están frondosamente poblados de árboles de ocote, encino, pino, oyamel y aile, cuyas maderas han servido, en distintos periodos, como materia prima para el ramo de la construcción, fabricación de muebles, durmientes, producción papelera, combustible, entre otros.

Durante el período que analizamos, su extensión forestal era de alrededor de 80 mil hectáreas y se encontraba bajo la jurisdicción de poco más de una docena de municipios, en la que se conjuntaba, hacia la porción baja, a una variedad de cultivos de maíz, cebada, avena, trigo, haba, y papa en menor medida; además de la cría de ganado vacuno, lanar y porcino, pertenecientes a pueblos, rancherías, ranchos y haciendas.⁵

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, 2010

Mapa 1 El Nevado de Toluca o Xinantécatl y área circundante 

Debido a tal extensión de montes era común en los asentamientos ahí establecidos el tránsito de leñeros, carboneros, carreros o de recuas de mulas con productos del monte. De dichos elementos, la madera y carbón fueron los más demandados por habitantes de las ciudades de Toluca y México además de las minas del sur de la entidad.⁶ En lo que al abastecimiento de la capital mexiquense y a las poblaciones que la rodean respecta, tales productos se complementaban a los que procedían de otros montes situados al norte y al sureste del valle de Toluca. Empero, la importancia de los circundantes al Xinantécatl debió ser sustancial.

Datos recopilados por Nancy Flores muestran que los productos “de las selvas” -como entonces se registraba en los cargamentos de esa línea a los que provenían de los montes- conformaban el rubro de mayor tonelaje transportado por el ferrocarril entre 1902 y 1918 desde su origen en la estación de San Juan de las Huertas, en el municipio de Zinacantepec, hacia Toluca (^{Flores 2009, pp. 100-105}), urbe de la que podían ser trasladados a la capital del país. El paulatino incremento del cargamento tuvo su punto más alto en 1908 cuando las 17 mil 275 toneladas superaron en 10 mil las que se habían transportado en 1902, mientras que decayeron en la siguiente década, seguramente por problemas relacionados al movimiento armado, de tal modo que en 1918 la carga fue de tan sólo 3 mil 65 toneladas.⁷

Si bien Germán ^{Vergara (2018)} ha señalado que en las últimas décadas decimonónicas el carbón mineral y posteriormente el petróleo y gas natural sustituyeron paulatinamente al carbón vegetal y madera como combustible en el ramo industrial en el valle de México y Monterrey; es un hecho que los habitantes citadinos seguían utilizando aquel producto de manera cotidiana. Cálculos realizados por el Departamento de Estadística Nacional establecían que en los primeros años de la década de 1920, en promedio, cada una de las 200 mil familias de la ciudad de México consumían dos kilos diarios de carbón, lo que al año implicaba consumir aproximadamente 140 mil toneladas y a su vez, realizar la tala de poco más de 15 mil hectáreas de montes de distintas entidades, incluido el Estado de México. Aunado a ello, calculaba una cantidad similar sobre el consumo de madera. Esto, sumado al crecimiento el ramo papelero en el país cuya principal materia prima es la celulosa obtenida de la madera, y cuya producción se realizaba principalmente en la capital del país y áreas aledañas.⁸ Este último dato nos es relevante toda vez que, como veremos, la tala de una extensión de los montes aledaños al Nevado de Toluca al inicio de la década de 1930 se destinaba a la Compañía Papelera San Rafael, líder en el ramo durante esos años.

La búsqueda estatal de homogeneidad mercantil de los bosques del Nevado de Toluca durante el Porfiriato

Durante el Porfiriato, los montes circundantes al Xinantécatl pertenecían, bajo distintos regímenes de propiedad, a una diversidad de dueños. Registros de 1904 realizados por la incipiente y efímera Junta local de bosques ilustran que en seis de los municipios aledaños, los montes eran de propietarios privados, ayuntamientos, pueblos y rancherías.⁹ Los primeros trece propietarios particulares contaban con 14 mil 049 hectáreas de montes, siendo éstos los de mayor cuantía. A su vez, 2 mil 139 hectáreas pertenecían a tres ayuntamientos, 994 hectáreas a 13 pueblos y 223 a siete rancherías.¹⁰ Si bien se trata de datos incompletos pues lamentablemente no se incluyó a todos los municipios -como Toluca y Zinacantepec- éstos sí nos ilustran sobre la variedad de formas de propiedad y diversidad de formas de aprovechamiento y de relaciones con el ámbito gubernamental.

Hemos mencionado que la explotación de montes particulares no era objeto de regulaciones legales, por lo que sus dueños se limitaban a pagar impuestos por aprovechamiento sin requerir de permisos específicos. Por su parte, los montes de los ayuntamientos -denominados de propios- comúnmente eran arrendados para obtener ingresos bajo supervisión del gobierno estatal, mientras que en algunas ocasiones, como observaremos para el caso de Calimaya, los vecinos tenían incidencia en las decisiones tomadas por los representantes municipales respecto al tipo de arriendo. De las distintas formas de propiedad de los montes, la más alejada al control estatal fue la perteneciente a los pueblos en forma comunal que, acorde a lo que vimos en el primer apartado, muy probablemente pertenecían a la fracción de ejidos a los que podían acceder de manera libre y sin pagar algún tipo de derecho. Esto fue posible ya que dentro su explotación pervivieron costumbres del período colonial que los consideraban espacios públicos en los que los habitantes podían tomar lo que les fuera necesario (^{Galván, 1998, pp. 21-22}).

En el caso del Estado de México, desde la instauración de la ley para la organización de los ayuntamientos de 1825 se estableció que los bienes comunales de los pueblos integrados a su jurisdicción -tanto del que fungiría como cabecera como de los sujetos- pasarían a formar parte de los propios municipales, con el fin de que obtuvieran ingresos mediante su arrendamiento, lo cual incluía tierras, aguas, bosques y otros posibles recursos (Barricada, 2003, pp. 169-186 y 237-260). No obstante, todavía a finales del siglo XIX, ese proceso no se había concretado y en el caso de los montes, no pocos pueblos los seguían conservando, lo cual en ocasiones fue objeto de conflicto con su ayuntamiento por regulaciones y el control sobre ellos. Eso explica por qué algunos ayuntamientos circundantes al Nevado de Toluca que tenían montes propios -como Calimaya- contaban con guardamontes, mientras que el de Toluca -cuyos montes estaban bajo control de pueblos como Tilapa y Tlacotepec- no tenía contemplado presupuesto ni personal para esa actividad.

Otra variante de acceso al monte en torno al Xinantécatl correspondía al “derecho de usufructo” que denotaba que los habitantes de un pueblo podían extraer madera sin que la propiedad de las tierras les perteneciera. Ese era el caso, por ejemplo, de la utilización que indígenas de Tlacotepec y Tilapa podían hacer del monte de la Hacienda de Guadalupe desde el período colonial, lo cual fue validado por el primer juzgado de distrito posterior a un conflicto que enfrentaron con el dueño de esa hacienda entre 1871 y 1909. Incluso, acorde a lo que señalaremos en las siguientes líneas, ese hecho fue común objeto de conflicto a finales del siglo XIX debido a que los vecinos de esos pueblos se negaban a pagar licencias de aprovechamiento forestal al ayuntamiento de Toluca respaldándose en lo que consideraban como su “derecho inmemorial”.¹¹

No obstante, la diversidad de formas de propiedad desarrolladas durante el Porfiriato en el gobierno estatal -guiándose por estipulaciones del orden federal- y basado en intereses económicos, tendió a homologar los modos de aprovechamiento forestal existentes en ellos hacia el de gran escala.¹² Este último aspecto puede deducirse incluso de comunicaciones cotidianas sobre ese ámbito. Por ejemplo, ante una solicitud fechada en junio de 1904, hacia el oeste del volcán, en el ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras, el gobierno estatal comisionó al ingeniero Lucas Rojas para que valorara la pertinencia de que 2 mil árboles de sus montes fuesen vendidos a la Negociación Minera de Guadalupe, establecida en Sultepec y perteneciente a Germán Roth. En su informe, el ingeniero refirió un monte de aproximadamente 8 mil 500 hectáreas que contenía cuatro grupos de árboles, evaluándolos según su potencial comercial. A su parecer, la mayoría del tipo tres debían cortarse mientras que del cuarto grupo sugería “quitarse todo, […] el capital que este grupo representa ya no aumenta de valor por haber llegado el arbolado al máximo de desarrollo permaneciendo estacionado por un corto número de años, viniendo después la decadencia y por lo mismo la disminución del capital”. Incluso consideró a los árboles que aún no estaban listos para extraerse como “capital en reserva”. Con base en esa inspección, calculó que el número de árboles listos para explotar era de 20 mil 400, por lo que la venta de dos mil de ellos no representaba problema alguno, hecho autorizado por el gobierno estatal al mencionado ayuntamiento para venderlo al minero Roth en siguientes días.¹³

En contraste, esa instancia de gobierno sancionaba a los lugareños cuando utilizaban el monte bajo parámetros locales. Por ejemplo, en el municipio de Villa Guerrero, los vecinos de las rancherías abrían “coamiles” o “tlacololes” en los montes -en ejido- de árboles de ocote y encino para sembrar maíz. A pesar de tratarse de un sistema de cultivo que “cuando se roza la vegetación, suelen dejarse en pie árboles y arbustos silvestres o sus tocones que pueden rebrotar, lo que facilita la recuperación del bosque y el aprovechamiento de las especies que se dejan en pie” (Rojas Rabiela en ^{Moreno-Calles et. al. 2013, p. 379} ) fue un modo de aprovechamiento no deseable para el ámbito estatal debido a que no se dirigía al ámbito comercial. En 1903, el presidente municipal denunció ante el gobierno estatal que, pese a tener permiso para recoger “palo muerto” con la condición de no abrir dichos “coamiles”, vecinos de la ranchería de San Bartolomé habían “hecho gran destrozo de árboles para abrir nuevos […] abandonando ya muchos de uso”, de modo que unos 49 agricultores habrían derribado con ese fin cerca de 4 mil árboles en el paraje Las Cruces.¹⁴ Con esa acusación, aprovechó para solicitar que ese monte dejara de ser controlado por la ranchería y que pasara al del ayuntamiento. En su defensa, los agricultores alegaron que los montes en cuestión no eran comunales sino de propiedad privada, sólo que los administraban y trabajaban colectivamente. Como pruebas de sus aseveraciones mencionaron contar con títulos de propiedad y mostraron pagos de contribución a la receptoría de rentas del distrito. Para disipar las dudas consecuentes, el gobierno estatal pidió informe de ello al receptor de rentas, quien en efecto validó lo comentado por los habitantes de la ranchería. No obstante, los representantes del ayuntamiento se negaban a reconocer ese paraje como propiedad privada, a pesar de los recibos mostrados, explicando que:

Todos los montes que pertenecen a cada una de las rancherías de Santa María, San Miguel, San José, San Bartolo, Santiago, San Mateo, Zacango y San Gaspar de esta municipalidad los poseen los vecinos de dichas rancherías mancomunadamente desde tiempo inmemorial […] por lo mismo hacen uso de las maderas, pastos y abrevadores con sus animales.¹⁵

Finalmente, el gobierno estatal consideró que, sin importar que acaso ya tuvieran los títulos correspondientes como propiedad privada, esos terrenos pasarían como fracción de común repartimiento al ayuntamiento y que por ser montuosos no podían ser adjudicados a los vecinos “por oponerse a ello las leyes […] así federales como del estado”.¹⁶ Por tanto, resolvió que los agricultores debían retirarse de sus parcelas y que no podían utilizar la madera tirada, veredicto que no se modificó a pesar de la petición de aquéllos para utilizar los coamiles al menos hasta la cosecha venidera. Aunado a ello, lamentaron que el gobierno estatal no les permitiera aprovechar el monte, como sí le había autorizado al minero Santiago Graff en años previos.¹⁷

En otras ocasiones la presión del gobierno estatal no se pudo imponer. En 1902, el ayuntamiento de Calimaya accedió a entablar un contrato de extracción de madera con el empresario Luis Díaz de la Vega pero, debido a la fuerte presión de los vecinos, el cabildo lo rechazó en días posteriores (^{Almazán, 2017, p. 380}; ^{Escudero, 2010, pp. 74-83}). Como alternativa, el empresario negoció con el gobierno estatal y entabló un contrato para la extracción de un millón de árboles, instancia que presionó al ayuntamiento para que lo aceptara, enfatizando que por tal convenio recibiría como ingresos la cantidad de un millón de pesos. Sin embargo, la corporación declinó nuevamente la oferta y, dada la presión de aquélla instancia de gobierno, se amparó ante la Suprema Corte de Justicia en siguientes meses, la cual le concedió la razón y así se evitó que la explotación a gran escala tuviera lugar. Esa no fue la única ocasión en que esa corporación decidió no arrendar su monte para extracción de madera a contratistas externos, manifestando preocupaciones por la conservación de su monte y preferencia por el corte de leñadores locales. Mediante argumentos similares, entre 1913 y 1914 rechazaron contratos ante las empresas Compañía Abastecedora de Combustibles S. A. (^{Almazán, 2017, pp. 382-383}) y con el empresario José Bernot Romano (^{Escudero, 2010, p. 86}), respectivamente.

Con esto no se pretende argumentar que los ayuntamientos y pobladores locales siempre fueron proclives a las explotaciones a baja escala, lo cual podía variar. En contraste resultó clara la permanente preferencia del gobierno estatal por los aprovechamientos extensivos y, en su caso, de adecuar los que no lo eran. No obstante, en períodos subsiguientes otros factores contribuyeron a que propietarios de montes se interesaran en emplear el esquema de explotación extensiva. Por ejemplo, la demanda externa de madera dado el creciente mercado citadino e industrial que ya hemos señalado, así como la dinámica extractiva realizada en algunos montes particulares.

La explotación forestal en montes de Nevado de Toluca posterior al Porfiriato

El movimiento revolucionario iniciado en 1910 alteró en algún grado las dinámicas en torno a los montes del Xinantécatl debido a que en esa coyuntura se llegaron a utilizar para el tránsito o escondite de rebeldes así como para robo de ganado.¹⁸ Empero, tal hecho no paralizó completamente las actividades en ellos ni la tendencia hacia la explotación a gran escala, la cual tuvo lugar principalmente -acorde a la disminución de intensidad del conflicto armado- a partir de los últimos años de esa década. Observemos algunos casos.

El caso de Calimaya

La fracción de montes perteneciente al municipio de Calimaya, situada al noreste del volcán, estaba bajo administración de su ayuntamiento. Desde años previos al Porfiriato, esa corporación municipal rentaba espacios de monte para pasteo de animales y seguramente cobraba por cargas de leña de manera ‘informal’.¹⁹ Ya durante el Porfiriato se estableció la venta de boletos para corte de árboles en un área de astillero, cuya relación debía remitirse a la jefatura política. El reglamento respectivo señalaba que después de pagar la licencia, el interesado debía acudir con los guardamontes para que éstos le señalaran el árbol o árboles que podía cortar. Al respecto, las 47 mil licencias que el ayuntamiento expidió en el segundo semestre de 1909, reflejan que existía una alta actividad de leñeros tanto de ese municipio y de al menos otros diez circunvecinos que las adquirían.²⁰ A su vez, quedaba a juicio de los representantes de la corporación municipal el otorgamiento de árboles gratis para vecinos que, dada su condición económica, fueran susceptibles de recibir ese apoyo.

Como se ha apuntado, los representantes municipales y habitantes se opusieron a explotaciones de gran escala, validadas por el gobierno estatal, al menos en 1903-1904 y, ya en pleno contexto revolucionario, en 1913 y 1914, manifestando que preferían la explotación cotidiana de leñadores debido a que ésta conservaba en mejor estado los arbolados. Ejemplo de ello es que en diciembre de 1913 y ante la insistencia del gobernador para que la Compañía Abastecedora de Combustibles S.A. explotara ese monte, el ayuntamiento argumentó que:

Todo el vecindario no sólo de la cabecera sino de la municipalidad ha vivido y vive hasta aquí del uso moderado y establecido que se ha hecho del monte aludido y siendo como es, el único elemento que le da vida en forma de astillero se conforma con este y no ambiciona ni quiere el efímero lucro de la explotación.²¹

Sin embargo, los intereses por mayores ganancias no estaban totalmente ausentes de algunos sectores locales, lo cual refleja que al interior de las corporaciones municipales también existían discrepancias al respecto. Desde un año previo a ese caso, en octubre de 1912, el síndico del ayuntamiento manifestó su inclinación por la venta de “madera muerta” a un contratista externo, porque posibilitaba mayores ganancias. Para ello explicaba que:

Un árbol puede dar cuatrocientas rajas […] en un término medio o sea un zontle que dá cuatro pesos al fondo municipal. Un árbol tirado propuesto en venta vale de un peso á un peso cincuenta centavos y con gran dificultad […] y en la forma que propongo un árbol sale vendido en cuatro pesos cuya ventaja desde luego salta á la vista. Con este contrato se le proporciona al pueblo trabajo y el comercio se acrecienta y […] los fondos municipales se benefician.²²

Empero, los registros del ayuntamiento no dan cuenta de ese tipo de explotación forestal hasta el 21 de septiembre de 1919. Ese día, el comerciante de madera en Toluca, Rafael García, escribió al presidente municipal de Calimaya para aclararle, entre otras cosas, que el número de rajas que los fleteros habían recibido en el monte había sido de 13 mil 848 “bastante delgadas”, por lo que pedía se le retribuyera la diferencia de 720 rajas. A su vez, dijo no tener responsabilidad sobre 5 mil rajas que calculaba habían quedado en el monte pues manifestaba no encontrar compradores en Toluca.²³

Para ese momento, a diferencia de la postura predominante en el ayuntamiento previo a 1913, ya se establecían contratos para aprovechamiento de madera y/o leña validados por el gobierno de la entidad. En ese mes, el ayuntamiento extendió las bases para que algún concesionario explotara madera tirada en tres cuartas partes del monte. Éste, se detalló, debía contar con sierras y contratar trabajadores del pueblo a quienes debía proporcionar “carretas, mulas y burros, los que pagarán los vecinos con fletes y los que no lo hicieren así se les recojeran dichos elementos de trabajo”. A pesar de tener otros ofrecimientos como los de la compañía “Herrera y Velasco” de la ciudad de México, en noviembre de ese año el ayuntamiento concretó el negocio con el empresario Luciano Valero estableciendo el costo por durmiente de ocote o aile a 20 centavos y el zontle “o sean 400 rajas de leña de 24 x 24 (pulgadas inglesas)” a 2.50 centavos, además de depositar en la tesorería municipal 2 mil pesos como garantía de cumplimiento.²⁴

Contratos como esos fueron también incentivados por los conflictos existentes con los vecinos de Tilapa por una fracción del monte debido a que la explotación daba garantía de posesión además que, mediante la extracción forestal realizada por un actor externo al conflicto, fue posible seguir percibiendo ingresos por extracción. Con ello, la transacción que predominó ya no fue la de venta de cargas a leñadores mediante la venta de miles de boletos sino la realizada mediante contrato a empresarios madereros que podían ser de cualquier parte del país o del extranjero. Esta modalidad de explotación implicaba que la madera se transportara en mayor cantidad mediante carretas y/o recuas de mulas hacia la estación del ferrocarril de la línea Toluca-Tenango y de ahí a las ciudades de Toluca y/o México. A su vez, para los empresarios madereros se trató de un jugoso negocio ya que tuvieron la posibilidad de explotar otros montes ya fuera en la misma entidad o en otra.

Si bien se estipulaba que los contratistas únicamente podían extraer madera muerta y ramaje, es posible que excedieran de ese radio. Tan sólo entre 1919 y 1921, los registros de los interventores municipales dan cuenta de que al ferrocarril llegaban productos diversos extraídos al menos por cinco contratistas, algunos de la misma cabecera municipal. Por ejemplo, hasta febrero de 1921, Luciano Valero transportó 44 mil 208 durmientes, 95 mil 870 tablas, 89 mil 58 rajas de leña y 3 mil 54 cuadros de diversas dimensiones.²⁵ Si bien los contratos estipulaban que los vecinos podían recoger desperdicio de los cortes así como seguir accediendo al área de “astillero”, el nuevo tipo de acceso supuso un cambio significativo al otorgarse fracciones de monte a empresarios para su explotación, que previo a 1914 no se había llevado a cabo por resistencia de la población y miembros del ayuntamiento. Con ello, se transitó hacia un esquema de explotación de mayor escala el cual, además de las ganancias que generaba, era acorde al que el gobierno estatal promovía desde años previos.

La hacienda de la Gavia

El caso de la hacienda de la Gavia muestra que la explotación realizada en montes de propiedad privada carecía de regulaciones legales hasta 1926, y las que se establecieron en ese año -durante la primera legislación federal- no detuvieron el incremento de la extracción forestal en el espacio que analizamos. Esa hacienda -cuyo casco hasta la fecha se encuentra en la confluencia de los municipios de Almoloya de Juárez y Villa Victoria- tenía la peculiaridad de ser la propiedad particular más extensa del centro del país y la que contaba con mayor cantidad de bosques -alrededor de 60 mil hectáreas-.²⁶ Durante el período que observamos, sus dueños vendían cotidianamente boletos para uso de leña, zacatón u otros productos forestales, y dado el caso, establecían contratos de venta. También atendían peticiones de vecinos, trabajadores, párrocos, profesores e incluso de presidentes municipales de jurisdicciones aledañas sobre ‘donaciones’ de árboles o madera para necesidades diversas, a las cuales comúnmente accedía.

A pesar de las dificultades acaecidas durante la revolución, a partir de la década de 1910 la venta de madera comenzó a ser objeto de mayor interés para su dueño en turno, Antonio Riba y Cervantes, no obstante que ese rubro no tenía hasta esos años la importancia económica que le representaba la producción de cereales o lácteos. La correspondencia de la hacienda no permite identificar durante cuánto tiempo funcionó el aserradero ‘El Cantarito’ en un monte contiguo al pueblo de San Juan de las Huertas, que el mencionado Riba arrendaba a la “Negociación Galindes” y que dejó de funcionar en octubre de 1914.²⁷ En años posteriores la “venta de monte” persistió en torno a cargas de leña, árboles y raíz de zacatón, pero entre 1919 y 1925, Riba y Cervantes instaló tres aserraderos tecnificados, los dos primeros en el municipio de Amanalco -Huacal Viejo y Hacienda Nueva- y el tercero, en ese último año, en el paraje Las Lágrimas, en el municipio de Texcaltitlán. Esto es, hacia el noroeste y al oeste del volcán.

Los ingresos por ese rubro debían ser mayores que los costes por emplear a una decena de trabajadores en cada aserradero; trozadores o “carreros” que en ocasiones se empleaban hasta en un centenar de carretas -se rentaban cuando la producción sobrepasaba la capacidad de transporte-, peones para arreglo constante de los caminos, así como veladores y encargados de depósitos de madera. Para el caso de los aserraderos de Amanalco, el almacén intermedio estaba situado en el Tulillo, mientras que el final se encontraba en la estación Del Río de la línea del Ferrocarril Nacional Mexicano, desde donde se trasladaba principalmente a la capital del país, donde agentes de ventas ya tenían comprometida su entrega o buscaban clientes al respecto. El recorrido total a la estación era de 45 kilómetros, cuyo primer tramo consistía en caminos sinuosos entre el monte.

Al igual que en Calimaya, la madera labrada representó un negocio de mucha mayor proporción que la venta de leña a los lugareños, pues los ingresos por aquél rubro representaban miles de pesos en contraste a los ínfimos precios de las cargas de leña, que eran menores a un peso.²⁸ Ciertamente, tal proceso no careció de dificultades. Por ejemplo, en agosto de 1922 Riba y Cervantes escribió al administrador del aserradero de Huacal Viejo comentándole que esperaba que en un futuro el aserradero se sostuviera económicamente “para lo sucesivo con sus propios elementos, ofreciendo, además, utilidades anuales”.²⁹ Tales preocupaciones pronto se disiparon. En días siguientes uno de los encargados del aserradero de Huacal Viejo escribió al promotor de ventas en la ciudad de México que del trozo de “15” iba a salir bastante madera por lo que sugería buscar “alguna mina, pues quizá pueda dejarle unos cincuenta carros [de tren] con esta medida en toda la temporada”.³⁰ A su vez, en abril del siguiente año, el encargado del almacén en la estación Del Río comunicó al aserradero la insuficiencia de carros para el transporte de los pedidos.³¹ Por tanto, es poco probable que la extracción maderera en los dos aserraderos en el municipio de Amanalco que se reportaba al gobierno estatal correspondiera a la realidad. En 1923 Riba declaró a la Receptoría de Rentas del distrito que en él 20 trabajadores aserraban seis árboles diarios con sierra, “no empleando las hachas por no hacer vigas”, obteniendo ganancias anuales de 30 mil pesos y que funcionaba seis meses del año. En los siguientes años la producción maderera continuó instalando el aserradero de Las Lágrimas, en el municipio de Texcaltitlán, con la ventaja de que la producción allá obtenida se dirigía a la vía de ferrocarril que salía de San Juan de las Huertas hacia Toluca. El recorrido entre ambos puntos era de aproximadamente 48 kilómetros en la que se transportaba

Madera labrada, como tabla y tablón con excepción de cualquiera otra clase de productos […] sólo trabaja durante la temporada de secas porque durante la estación de lluvias se hacen intraficables los caminos, y los productos no pueden fletearse a la estación de embarque que lo es la de San Juan de las Huertas, distante dos jornadas […] El flete se hace por carretas tiradas por mulas.³²

La explotación realizada posterior a 1919 ya reflejaba un cambio importante en la proporción de madera producida en La Gavia. No obstante, otro cambio de escala mayor se produjo en 1931, a cinco años de que se había expedido la Ley Federal Forestal. En ese año, Riba se asoció para la explotación de sus amplios bosques -con validación del gobierno de la entidad- con la Forestal México S.A., una empresa de mayor envergadura dado que para la explotación que llevó a cabo requirió de mil 500 trabajadores, superando por mucho la cantidad de años previos. El presidente de esa empresa en ese año fue el español José de la Macorra, un integrante del consejo de administración de la Fábrica de papel San Rafael y quien para entonces ya contaba con amplia experiencia en el ramo maderero-papelero.³³ Así, con visto bueno del gobernador, la sociedad en comandita entre ambas partes se propuso la explotación de montes de la hacienda por los siguientes 50 años, para lo cual dicha compañía invertiría un millón de pesos. Con ello construiría, además de aserraderos, un ferrocarril para saca de madera que uniría al valle de Toluca con Temascaltepec y Sultepec. El propósito de De la Macorra, según comentó a Riba en carta en febrero de ese año, era incrementar sobremanera la explotación:

Estamos empujando con todo empeño y actividad los trabajos del Ferrocarril hacia el sur a fin de llegar cuanto antes a las densas zonas boscosas del monte […]. Como la zona que Ud. se reservó es hoy la más inmediata a la vía que ya tenemos construida este sería el momento para explotar esta zona […] así cuando llegaremos a las densas zonas boscosas del sur, ya tendríamos el camino completamente.

Tal aspecto, agregaba, coadyuvaría a lograr su propósito de dominar el mercado maderero de la ciudad de México:

Cuanta mayor sea la cantidad de maderas de oyamel que pudiéramos enviar al mercado de la capital mayor sería el número de cuerdas de oyamel que pudiéramos producir de las puntas de esos árboles, y menor por tanto el número de árboles que habría que cortar para abastecer las necesidades de la fábrica San Rafael. Nuestro ideal […] debería ser el facilitarnos por todos los medios el adueñarnos del mercado de maderas de la ciudad de México.³⁴

Para noviembre de 1933, según reportó un agente del gobierno estatal, se había construido y reparado un ramal del ferrocarril que enlazaba un aserradero ampliamente tecnificado en el paraje El Contadero, en Zinacantepec, con Mina México, en el municipio de Almoloya de Juárez, al norte de la ciudad de Toluca, por donde cruzaba el Ferrocarril Nacional Mexicano. Además, las vías -de 60 centímetros- se extendían por la parte serrana en dirección a Temascaltepec, “bajando el trozo y la leña a las estaciones establecidas en la línea troncal para ser llevadas por las locomotoras al aserradero. De estas vías de saca se han construido 23 kilómetros al volcán, 7 kilómetros al Arenal, 6 al paraje denominado Los indios y 8 kilómetros a la Tambora”. Los mil 500 trabajadores se empleaban tanto en el aserradero de El Contadero como extrayendo árboles en los municipios de Temascaltepec y Texcaltitlán. Agregaba que, utilizando miles de renuevos que se obtenían en viveros instalados con ese fin, la empresa reforestaba permanentemente.³⁵

No obstante, esos datos fueron refutados en una nueva inspección realizada en 1935, entonces llevada a cabo por un funcionario federal, la cual reflejó con mayor claridad la intensidad de la explotación. En esa ocasión el ingeniero comisionado afirmó que se estaba dejando al monte “en un estado verdaderamente lastimoso” pues los más de 20 parajes que visitó en las partes altas del volcán habían sido completamente talados sin que se realizara reforestación alguna, como anteriormente se había aseverado.

Con ello la explotación viró hacia dimensiones sustancialmente mayores. La asociación del dueño de la hacienda con una empresa que utilizaba tecnología de punta en el aserradero y en el transporte para “saca” constante de madera eliminó la restricción de producir únicamente en “temporada de secas”. Por otro lado, el número de trabajadores se elevó en por lo menos diez proporciones, dinámica que no se interrumpió por las disposiciones de la Ley de 1926, al menos hasta el momento de la inspección en 1935. Ciertamente, en comunicaciones de años previos los encargados de la explotación manifestaron al dueño que las disposiciones de la naciente Dirección Forestal les hacían perder tiempo en la expedición de permisos; empero, como lo muestran los hechos que hemos señalado, tales restricciones no tuvieron más impacto que el de un trámite salvable. En esta nueva faceta, los árboles circundantes al volcán se cortaban indiscriminadamente -según el último reporte aludido- y servían predominantemente de materia prima a una empresa situada a aproximadamente 130 kilómetros, al otro lado de la ciudad de México, cuya producción papelera abastecía al mercado nacional. Esa explotación fue interrumpida tanto por el desmembramiento de la hacienda por la reforma agraria que ya estaba en curso (^{Guzmán, 2010, pp. 385-438}), y por las nuevas regulaciones sobre esos montes, que en enero de 1936 se constituyeron en Parque Nacional.

El interés por los aprovechamientos a gran escala

Los casos de Calimaya y de la hacienda La Gavia, disímiles en temporalidad y en matices, permiten identificar el aumento de la demanda externa de madera, así como un viraje en la proporción de explotación validada por el gobierno estatal. No obstante, no fueron los únicos casos en los que se expresó interés en ese esquema de aprovechamiento, ya no sólo por ese nivel de gobierno sino también por los dueños de montes, fueran colectivos o particulares. En enero de 1920, vecinos de San Juan Tilapa expresaron al gobierno estatal su interés por comenzar la explotación bajo esa modalidad:

Hemos hablado con un contratista, el cual, ahora que puede aprovecharse algo del monte, nos paga buenos salarios, proporciona trabajo a centenares de monteros ahora ociosos porque no tenemos tierras de sembradura, nos dá herramientas, nos salva de la ruina y nos facilita medios de concluir la construcción de nuestras escuelas y edificios. Por tanto, pedimos se sirva dirigirse con la autoridad correspondiente a fin de que se conceda la explotación de nuestro monte.³⁶

En años posteriores tal interés fue también externado por integrantes de los nacientes núcleos ejidales posrevolucionarios. Por ejemplo, el 12 de agosto de 1932, por encargo de la dueña de la Gavia, Dolores García -ya viuda del finado Antonio Riba-, un emisor suyo comunicó al gerente de la Forestal México que los ejidatarios de San Andrés de los Gama, en Temascaltepec, ya en posesión de montes otrora de esa hacienda, planeaban instalar su propio aserradero, por lo que le solicitaba vigilar que no se cortaran árboles que pertenecieran a su hacienda.³⁷ A su vez, en 1933, miembros del naciente comisariado ejidal de Santa María del Monte, en Zinacantepec, se confrontaron con el hacendado Antonio Barbabosa debido a su explotación del monte de Hacienda Abajo, en San Antonio Acahualco, en el que además tenía un aserradero.³⁸ La razón era que esa fracción ya pertenecía a su ejido, entonces en dotación provisional. Tales reclamos finalizaron en julio de 1935, cuando ambas partes negociaron la continuidad del aserradero mediante el pago que recibiría el naciente comisariado ejidal por “la cantidad de $30 mensuales y de 6,250 de madera para los colegios en construcción y cincuenta vigas de oyamel”.³⁹

Para los hacendados, de igual modo, la venta de madera había tomado relevancia. En febrero de 1926 un inspector del gobierno estatal se trasladó a la hacienda de San Pedro, en Zinacantepec, para atender la queja del dueño de la contigua fábrica de hilados sobre la deforestación extrema que se llevaba a cabo en aquélla y que, decía, podía perjudicar en la disponibilidad de agua. El informe respectivo detalló que desde 1919 los dueños de la hacienda habían vendido por 36 mil pesos y por derecho a explotación durante veinte años, mil 500 hectáreas de monte, “toda la arboleda de la hacienda” a la Mexican Mines of El Oro, establecida a unos 120 kilómetros hacia el noroeste de la entidad. Hasta esos días, calculaba, se habían talado 4 millones de árboles, razón por la que no habían quedado ni “los arbustos y se ven montañas enteras sin una sola rama pues hasta los arbolitos que no tienen una sola aplicación comercial se han talado para dar paso a carretas”. Agregaba que, al retirarse, esa compañía trasladó la concesión a los contratistas establecidos en Toluca, Branchi y Samperi que “a su vez tienen vendido al Sr. Noriega de esta ciudad el derecho de hacer carbón vegetal de toda la madera que quede”.⁴⁰

En el proceso para que los propietarios de montes optaran por los aprovechamientos extensivos habría influido sobremanera la postura estatal y sus motivaciones político-económicas gestadas desde el siglo XIX.

Conclusiones

El incremento de la extracción forestal mediante explotaciones extensivas en montes aledaños al volcán Nevado de Toluca muestra que ese tipo de aprovechamientos no se adoptaron de forma automática por parte de representantes de pueblos, ayuntamientos y/o de nacientes núcleos ejidales locales y que tampoco se expandieron sobre tabula rasa. Para ello fue central la labor del gobierno estatal -al menos desde el Porfiriato- que, basado en parámetros económicos, se inclinaba por ese tipo de explotación, así como la influencia del creciente mercado citadino de maderas que posibilitaba el interés y el arribo de empresarios del ramo por aprovechar sus montes. Con ello se tendió a homogeneizar diversas formas previas de utilización y aprovechamiento forestal, así como de control local sobre los montes que variaban en grado importante según el régimen de propiedad al que pertenecieran. Tal proceso no necesariamente eliminó definitivamente la diversidad de utilización de los montes, pero sí influyó en la tendencia hacia la monoexplotación maderera a gran escala y en la concepción de los montes como mercancía, un aspecto que se había originado desde la segunda mitad del siglo XIX. Un resultado central fue que los actores locales adoptaron paulatinamente ese esquema ya que además de que les generaba expectativas de mayores beneficios económicos, tenía la ventaja de ser la vía permitida de explotación por parte del sector gubernamental.