Introducción

Como varios estudios han explicado, la Constitución de 1824 convirtió a México en una república federal y al mismo tiempo confirmó su naturaleza de nación católica, al reconocer al catolicismo como la única y verdadera religión que sustentaba la legitimidad del orden político y el devenir de la sociedad (^{Connaughton 1992}, ²⁰⁰¹ y ²⁰¹⁰).² Al respecto, la historiografía ha estudiado ampliamente el papel de las elites políticas y eclesiásticas que se esforzaron por crear un orden social en el que coexistieran el gobierno representativo y la Iglesia, como una comunidad autónoma respecto del poder civil ^{(Mijangos y González, 2015}; ^{Rosas, 2015}; ^{Connaughton, 2010}; ^{Carbajal, 2006)} . Sin embargo, aún se sabe poco sobre los vínculos que la Iglesia mantenía con los fieles y la defensa de éstos en favor de ella cuando el Estado intentó intervenir en la doctrina y los bienes eclesiásticos -lo que algunos autores han denominado “conservadurismo popular” (^{Hamnett, 2001}; ^{Smith, 2012})-. En esta línea temática, este ensayo se enfoca en el orden social y político que la Iglesia había consolidado en la ciudad de Puebla a principios del siglo XIX para explicar cómo los fieles defendieron aquel orden tradicional mediante la emisión de pronunciamientos, en el uso de sus derechos como ciudadanos, durante las reformas de Valentín Gómez Farías de 1833-1834, las cuales intentaron someter a la Iglesia al poder del Estado.

El artículo está organizado en tres partes. Primero se explica la relación socioeconómica y política que la Iglesia -entendida como el conjunto de corporaciones eclesiásticas- estableció con la sociedad y el poder civil. Después se examina cómo la autoridad local de Puebla recibió en 1833-1834 las reformas de Valentín Gómez Farías y los liberales radicales, quienes intentaron someter a la Iglesia a la autoridad del Estado. Finalmente, en el tercer apartado se analiza la reacción de los vecinos de Puebla al emitir varios pronunciamientos para desconocer la legitimidad política de sus autoridades. Para ello, mi análisis propone contextualizar y relacionar las demandas de los pronunciados desde dos ángulos: el de la legalidad constitucional y el de las condiciones socioeconómicas de las comunidades que los emitieron.

El proyecto de nación católica en Puebla

Durante la época virreinal, debido a que Puebla de los Ángeles fue la sede de un enorme y próspero obispado, la Iglesia consolidó en la ciudad un fuerte entramado socioeconómico y un liderazgo político que perduró hasta bien entrado el siglo XIX. En el plano económico, la Iglesia poblana acumuló una enorme pero inestable riqueza debido a las donaciones piadosas y a las hipotecas de propiedades urbanas y rústicas. Esto último se debió a que, desde principios de la época colonial, las haciendas de la región dependieron del crédito eclesiástico para financiar sus actividades (^{Liehr, 1976, pp. 18-21}; ^{Cervantes, 1993, pp. 18-22, 86-87}). En el plano político, el mitrado y los clérigos poblanos adquirieron gran influencia al ser reconocidos por la sociedad como líderes morales y espirituales, un aspecto que se vio reforzado por las reformas borbónicas y la guerra de independencia (^{Rosas, 2015, pp. 71-73}; ^{Taylor, 1999, pp. 231-245}). En este sentido, se debe resaltar que, durante toda la primera mitad del siglo XIX, los mitrados poblanos lograron forjar un liderazgo ante la sociedad poblana al intervenir constantemente como mediadores y proveedores de apoyo moral y económico en la escena política (^{Rosas, 2015}; ^{Gómez, 1997}).

Con estos antecedentes, durante las primeras décadas de vida independiente, Iglesia, autoridad civil y sociedad pusieron en marcha un proyecto de nación católica en la ciudad de Puebla. Desde el principio, la participación del clero poblano y las elites locales en el proceso de independencia y la creación del régimen republicano federal permitieron la formación de un orden político que concilió el orden tradicional de la Iglesia con el nuevo paradigma de un gobierno representativo (^{Tecuanhuey, 2002}; ^{Gómez, 1997}). De esta forma, la Iglesia poblana logró mantener su autonomía y privilegios en medio de la discusión nacional sobre la posible continuidad del patronato regio; es decir, la posibilidad de que el Estado mexicano heredara las facultades que la monarquía española tuvo para intervenir en la doctrina, los diezmos, los bienes, la provisión de vacantes y los fueros eclesiásticos (^{Rosas, 2015, pp. 182-187}; ^{De la Hera, 1992}).

Al mantener su posición autónoma y privilegiada, la Iglesia pudo colaborar activamente con el gobierno local en distintos planos. Además de lo ya explicado por ^{Tecuanhuey (2002)} y ^{Rosas (2015)}, vale la pena destacar que en Puebla la Iglesia tuvo una importante participación en la formación de “buenos ciudadanos” conforme al proyecto que en su momento propugnaron las reformas borbónicas y la Constitución de Cádiz (^{Portillo, 2000, pp. 252-314}). Debido a que la ciudadanía era concedida al vecino con “modo honesto de vivir”, la autoridad debía procurar su formación y dirección de acuerdo con la moral católica. Por ello, en 1825 el congreso poblano ordenó la instalación de “una casa pública de hospicio, industria y corrección, con el objeto de auxiliar a los verdaderamente pobres, dar oficio a los que no lo tengan y corregir a los holgazanes y mal entretenidos”.³ Con esta acción se pretendía reformar a los plebeyos para que se comportaran como buenos ciudadanos del estado de Puebla. Para financiar esta nueva institución, la Iglesia poblana aportó recursos mediante rifas y “donaciones” que eran administradas por personajes nombrados por el obispo.⁴ De esta forma, mientras en la ciudad de México se creó un Tribunal de Vagos para perseguir y encarcelar, en Puebla se pretendió reformar a los plebeyos, se toleró pedir limosna en los atrios y se atendió a los llamados “verdaderos pobres” −aquellos incapacitados físicamente para trabajar− en instituciones de beneficencia subsidiadas por la Iglesia.⁵

La posibilidad de esta colaboración en el ámbito local entre poder civil e Iglesia estuvo mediada por la organización y alta presencia clerical en Puebla, donde existían seis templos parroquiales, nueve conventos de hombres, once de religiosas y una treintena de capillas e iglesias menores.⁶ En 1824, cuando la República federal nació, en la ciudad se contabilizaban 177 sacerdotes residentes que se desempeñaban en parroquias, escuelas, colegios y conventos de la ciudad (^{Cervantes, 1993, pp. 144-148}). En este sentido, los curatos urbanos, aunque experimentaron constantes cambios de párrocos, nunca quedaron sin titular, de manera que los fieles mantenían constante y estrecho contacto con su clero. Esta situación contrastaba con otras zonas del obispado y el país; por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla había pocos sacerdotes y no se podían cubrir adecuadamente las necesidades de los fieles, por lo cual no tenían tanta legitimidad ni influencia política (^{Thomson, 2011, pp. 33-51}). En cambio, aunque la ciudad de Puebla careció de obispo entre 1825 y 1831, el clero poblano conservó su liderazgo espiritual y moral en la ciudad.

Por otra parte, la Iglesia poblana tenía una larga historia de vínculos con las elites locales. En los albores del siglo XIX, estos vínculos se vieron reforzados cuando las nuevas elites comerciales beneficiadas por las reformas borbónicas ingresaron a diversos grupos eclesiásticos para favorecer los intereses familiares. Particularmente la familia Furlong destacó porque varios de sus miembros fueron importantes políticos y eclesiásticos poblanos durante la época independiente. En la política local destacaron como regidores, diputados locales y gobernadores del estado los hermanos Patricio y Cosme, quienes además simpatizaron con el liberalismo radical de 1833. Por su parte, los hermanos Tomás y Apolonio Furlong fueron influyentes administradores de cuatro conventos de monjas, mientras que fungió como prepósito del Oratorio de San Felipe Neri el presbítero Joaquín Furlong, personaje al que se le atribuye la impresión del Plan de Iguala (^{Morales Pardo, 1992}).

Pero además de los vínculos con las elites locales, la Iglesia también tenía una estrecha relación socioeconómica con los fieles a través del arrendamiento de propiedades urbanas. Es cierto que el crédito otorgado por la Iglesia en Puebla mediante las hipotecas de casas servía para el sostenimiento del clero, las corporaciones eclesiásticas y las instituciones de beneficencia (^{Cervantes, 1993, pp. 18-19, 86-87}), pero este carácter de prestamista de la Iglesia poblana también le convirtió en la principal arrendataria urbana de espacios para vivienda y establecimientos comerciales.

Como se aprecia en la Gráfica 1, durante la primera mitad del siglo XIX la Iglesia, en sus distintas corporaciones, concentraba la mitad de la propiedad urbana de Puebla y, por lo tanto, era la principal arrendataria en la ciudad. Las relaciones de arrendamiento eran conflictivas e inestables debido al atraso de pagos, el incumplimiento de contratos, el deterioro de los inmuebles y el subarrendamiento (^{Loreto, 1989}). Sin embargo, el principal interés de la Iglesia no era la reintegración total de los préstamos, sino el pago regular de los réditos para sostener las actividades religiosas (^{Cervantes, 1993, pp. 86-87}). Esto permitía a los trabajadores urbanos alquilar a bajo costo espacios para la vivienda y el desarrollo de actividades productivas. El análisis de las fuentes señala que el arrendamiento de una casa suficientemente grande para alojar un taller o panadería oscilaba entre 23 y 35 pesos mensuales.⁷ El precio dependía sobre todo de las condiciones físicas del espacio, al cual se le podían sumar cantidades extras por uso de corrales, reparación de daños, etc. Cabe mencionar que generalmente los cuartos de las casas se subarrendaban para satisfacer las necesidades de vivienda de los individuos más pobres; esas rentas variaban entre 17 y 20 reales por semana.

Fuente: AGMP, Padrones, vol. 2 Padrón de casas (1832). Porcentajes calculados a partir de un total de 2966 casas que se contabilizaron en el padrón.

Gráfica 1 Distribución de la propiedad urbana en Puebla 

Al comparar el costo de arrendamiento con los salarios percibidos por los artesanos -el grupo socioeconómico más numeroso de la ciudad de Puebla (^{Thomson, 2002, pp. 262}; ^{Contreras y Grosso, 1983})- que se encuentran en la tabla 1, apreciamos que estos trabajadores pudieron acceder a espacios de vivienda y uso comercial a pesar del estancamiento económico de la ciudad (^{Thomson, 2002, pp. 50-66}; ^{Garavaglia y Grosso, 1986}). Naturalmente, no todos podían tener acceso a toda una casa o taller, dado que los costos podían consumir hasta la totalidad del salario de los trabajadores más modestos. No obstante, la práctica generalizada del subarrendamiento permitía que personas con distintos tipos de oficios pudieran compartir el costo total de la renta. A su vez, hay que considerar que debido a que las corporaciones eclesiásticas pretendían principalmente recaudar un ingreso constante para sufragar sus gastos, eran muy tolerantes para el pago de los alquileres de las casas.⁸ De esta forma, la Iglesia poblana, como la principal propietaria urbana, no sólo pudo costear regularmente sus actividades y la religiosidad popular -12% de un total de 1484 casas suministraban los recursos a los curatos y cofradías-,⁹ sino que también posibilitó a los artesanos, como el grupo productivo más importante, conseguir espacios de vivienda bajo condiciones accesibles.

Finalmente, además de su presencia política y socioeconómica, la Iglesia cumplía un importante papel simbólico-social al legitimar la autoridad política. Durante toda la época virreinal, la piedad religiosa y su expresión pública y fastuosa fue un asunto político de suma importancia para el orden social. Esta situación prevaleció durante el siglo XIX, pese a que las reformas y el regalismo borbón pretendieron terminar con el catolicismo barroco de la época de la monarquía de los Habsburgo (^{Taylor, 1999, pp. 665-666}; ^{Beezley, English y French, 1994}). La continuidad de los rituales religiosos que sacralizaban y legitimaban el orden político quedó muy evidente cuando las autoridades de la nación juraron la Constitución mexicana de 1824, juramento con el cual refrendaron la idea de que la religión y la piedad constituían el fundamento de toda autoridad legítima.¹⁰ Así, la clase política se asumió obligada a preservar la religión y a ser modelo de cristiandad.

Por esta razón, la sacralización del orden político en los rituales cívico-religiosos requería, tal como en la época novohispana, de la presencia de autoridades civiles y religiosas para proyectar orden y armonía en favor de la cohesión social (^{Curcio-Nagy, 2004, pp. 2-9}). Esto fue importante sobre todo en el ámbito local de gobierno, donde las autoridades de los ayuntamientos -los regidores y alcaldes- estaban obligados a tener presencia en los actos cívico-religiosos para asegurar el bienestar de la comunidad, que en última instancia significaba la salvación de las almas (^{García Ayluardo, 2015, pp. 84-86}).

En el caso de Puebla, la piedad pública fue un asunto esencial en la vida política. Durante los siglos XVII y XVIII, el ayuntamiento de la ciudad había promovido y consolidado una identidad religiosa basada en distintas devociones locales que al mismo tiempo estaban ligadas con la legitimidad del poder político local y el bienestar de la comunidad urbana (^{Ramos, 2012, pp. 66-90}). Esta relación entre religiosidad y legitimidad del poder político se mantuvo vigente durante la era independiente. Aún más, ya en la época independiente el calendario cívico-litúrgico creció significativamente y la autoridad civil, la Iglesia y la sociedad siempre se esmeraron por conmemorar las “fiestas nacionales religiosas”: el 5 de febrero, día de San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano; la Semana Santa; el día de Corpus Christi y el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, patrona de la nueva nación.¹¹ A estos rituales se sumaba el mandato nacional de que el primer domingo de enero de cada año se celebrase misa en todas las iglesias de la república para “implorar a Dios el acierto del Congreso”.¹² De esta forma, tal como había ocurrido durante el virreinato, autoridades y sociedad se congregaban para los fines y significados particulares de cada ritual religioso, con la finalidad de integrar a todos los fieles en una sola comunidad y buscar su salvación (^{García Ayluardo, 2015, pp. 59-60}). Así, el calendario cívico-litúrgico del México republicano pretendía congregar a los fieles en una nación católica que buscaba ganar la protección y el favor de Dios. Por esta razón, no se debe pasar por alto que para la sociedad de la época fueran tan importantes los rituales religiosos, pues garantizaban la unidad y la legitimidad política.

Así, podemos apreciar que la participación del ayuntamiento en los rituales religiosos fue fundamental. Particularmente era imprescindible su presencia en las festividades de los santos patrones de la ciudad y las misas en la catedral. En Puebla, los regidores formaban una comisión para proceder a realizar un “calendario de visitas” anual a las parroquias, los conventos y las capillas que existían por toda la ciudad. Dicho calendario comenzaba el 6 de enero, día de los Santos Reyes, y terminaba el 28 de diciembre, con la celebración de los Santos Inocentes. Durante todo el año, la comisión de regidores acudía a “escuchar sermón y misa” cada domingo en la catedral, así como participaba en las fiestas devocionales del clero regular.¹³ De esta forma, la autoridad política y religiosa de Puebla consolidó una tradición de promoción y expresión de piedad colectiva mediante la constante participación en rituales que invocaban lo divino para trascender lo mundano y ganar la protección de Dios (^{Eire, 2006}; ^{William Christian Jr., 1991, pp. 47-91}). En particular, la asistencia de los regidores a la misa dominical en la catedral poblana era de suma importancia porque la misa, como celebración fundacional y central del catolicismo, funcionaba como medio de asociación que reforzaba dos ideas. Por un lado, la noción de que todos los fieles poblanos formaban parte del Cuerpo Místico de Cristo, es decir, de la Iglesia como comunidad universal (^{García Ayluardo, 2015, p. 76}; ^{Ramos, 2012, pp. 66-67}). Por otro lado, la idea de una nación mexicana que encomendaba su pasado y futuro en las manos de Dios, una nación en la que todos los mexicanos, a pesar de sus diferencias sociales y regionales, compartían una misma fe (^{Connaughton, 2010, pp. 99-116}; ^{Smith, 2012, pp. 107-116}). De esta manera, el ritual religioso de la misa llevaba a efecto la visión providencialista y la metáfora del Cuerpo Místico al permitir a los fieles imaginarse parte de una nación católica y al mismo tiempo de una comunidad universal de creyentes.

Así, al considerar la alta presencia y el liderazgo del clero en la política local, los vínculos entre eclesiásticos y elites regionales, las relaciones de arrendamiento entre la Iglesia y la sociedad, y la piedad pública como elemento básico de la legitimidad política, podemos apreciar cómo la Iglesia poblana construyó un entramado social, político y económico que legitimaban su proyecto de nación católica. En gran medida, esto fue posible porque, a diferencia de otros estados, la Iglesia poblana no enfrentó la intervención del poder civil en la administración de sus bienes o en el nombramiento de sus miembros, sino que mantuvo un gran margen de autonomía y acción.¹⁴ Sin embargo, esta situación no fue duradera y en 1833 se dio el primer enfrentamiento entre el proyecto de nación católica de la Iglesia poblana y el liberalismo radical que enarbolaba Valentín Gómez Farías.

La ruptura de la nación católica

A partir de 1831, el proyecto de nación católica en Puebla tomó un nuevo empuje con la llegada de Francisco Pablo Vázquez, clérigo poblano que fue a Roma como enviado diplomático y ahora retornaba como obispo de Puebla, nombramiento que le dio el papa Gregorio XVI. A su llegada, el obispo Vázquez posicionó a clérigos que le eran leales para que se alejaran de los asuntos políticos, contribuyó activamente a paliar las consecuencias de la epidemia de cólera de 1833, y reafirmó su autoridad como pastor de los fieles al emitir dos edictos para prohibir la circulación y lectura de libros que contenían ideas anticlericales (^{Rosas, 2015, pp. 232-254}). Con estas acciones, el mitrado poblano adquirió una nueva dimensión de liderazgo político y social, al mostrarse más férreo en cuestiones concernientes a la fe y a la consolidación del proyecto de nación católica.

Mientras tanto, en el escenario nacional se libraba una guerra entre centralistas y federalistas (1831-1832) que terminó con el ascenso de Antonio López de Santa Anna a la presidencia como un actor conciliador. Sin embargo, debido a que el militar veracruzano prefirió administrar sus negocios en su tierra natal, dejó el timón político al vicepresidente Valentín Gómez Farías (^{Fowler, 2010, pp. 187-190}). Este político jalisciense y el Congreso Nacional, que por ese entonces estaba dominado por la corriente liberal-federalista, unieron esfuerzos para poner en marcha un proyecto alternativo de nación católica que involucraba la completa sumisión de la Iglesia al Estado.¹⁵ Gómez Farías y sus partidarios legislaron prontamente para perseguir y exiliar a los opositores del federalismo, así como para fortalecer las milicias cívicas frente al ejército (^{Costeloe, 2000, pp. 52-53}). De esa forma, los liberales radicales, reforzados en la política nacional y en las legislaturas locales, decretaron a mediados de 1833 que el patronato era un derecho inherente a la soberanía de la nación. Así, en los meses siguientes se expidieron leyes que cancelaron la obligación del pago del diezmo, desamortizaron bienes eclesiásticos y definieron los nuevos nombramientos eclesiásticos (^{Hale, 2009, pp. 111-151}; ^{García Ugarte, 2010, pp. 109-122}). Este proyecto, que concebía la subordinación de la Iglesia a los poderes del Estado, contrastaba con la visión de Pablo Vázquez y el resto de los obispos mexicanos, quienes entendían a la Iglesia como una sociedad perfecta, con gobierno, legislación y disciplina propios (^{Rosas, 2015, pp. 229-271}).

La llamada reforma liberal no pretendía destruir la nación católica, sino construir una diferente, en la cual la Iglesia estaría subordinada a los designios e intereses del Estado. Sin embargo, las reformas fracasaron por la oposición del ejército y la Iglesia y por la movilización popular mediante pronunciamientos. El enfrentamiento entre los detractores y el gobierno liberal concluyó en favor de los primeros con el retorno a la presidencia de Santa Anna, quien con el apoyo de actores eclesiásticos y militares disolvió el Congreso nacional y separó de sus cargos a quienes orquestaron y promovieron las reformas (^{Costeloe, 2000, pp. 59-61}; ^{García Ugarte, 2010, pp. 102-103}). Sin embargo, este desenlace no habría sido posible sin el apoyo de la población que, en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, se pronunció a favor del Plan de Cuernavaca para apoyar a Santa Anna y a la Iglesia en contra de los liberales radicales. Es importante situar el Plan de Cuernavaca como el primer pronunciamiento que protestó contra la reforma liberal y demandó el desconocimiento y la destitución de Gómez Farías y el Congreso, al reconocer como única autoridad legítima al presidente Santa Anna. En este sentido, dicho plan constituyó el referente de protesta para los numerosos pronunciamientos que pronto se emitieron por todo el país para derrocar al gobierno de Gómez Farías (^{Fowler, 2010, pp. 213-216}).

Como vimos en el primer apartado, en la ciudad de Puebla, la Iglesia mantuvo su autonomía frente al poder civil y al mismo tiempo colaboró para construir un entramado socioeconómico y político que influyó en la vida social. Dadas estas condiciones, Puebla representó un caso particular en el movimiento popular contra el gobierno de Gómez Farías, pues éste contaba con el apoyo del poder político local. Cuando en el Congreso nacional puso en marcha la reforma, el liberal-federalista Cosme Furlong fungía como gobernador del estado de Puebla. La posición política de Furlong era sólida, pues contaba con el apoyo de las elites comerciales de molineros y panaderos en la ciudad, así como tenía fuertes nexos con las órdenes de San Agustín y Santo Domingo, donde sus hermanos ejercían distintos cargos (^{Morales Pardo, 1992b}). Además, el gobernador tenía el apoyo y la confianza del Congreso local que lo dotó interinamente del cargo político, pues el anterior gobernador, su hermano Patricio, había fallecido inesperadamente en la epidemia de cólera que asoló la ciudad a principios de 1833.¹⁶ Mientras por todo el país ocurrieron motines populares contra el gobierno nacional, en Puebla el gobernador controló la situación. Cosme Furlong rápidamente obtuvo del congreso local el nombramiento de máximo dirigente de la milicia cívica del estado y la dotación de “facultades extraordinarias” para conservar la tranquilidad pública.¹⁷ De esta forma, el gobernador poblano tuvo a su disposición todos los recursos legales y coercitivos para aplicar los decretos de la reforma liberal.

Por su parte, el obispo Pablo Vázquez se mantuvo ajeno a pronunciar ataques directos contra la autoridad, pero se negó rotundamente a apoyar al gobierno, pues consideraba que la reforma era cismática (^{Rosas, 2015, pp. 229-271}). No obstante, José María Cardoso, presbítero de la catedral poblana, rompió el silencio al pronunciar un sermón el 6 de enero de 1834 contra del gobierno de Gómez Farías.¹⁸ La situación causó tanto revuelo que, a finales del mismo mes, Cosme Furlong decidió hacer efectivo el decreto nacional que advertía a los clérigos no tocar “en el púlpito materias políticas, ni para apoyar ni para censurar los principios de la administración pública”, bajo pena del encarcelamiento e incluso el exilio.¹⁹

Sin embargo, pese a las sanciones y advertencias, el clero diocesano no cesó en sus ataques e incluso los dirigió contra el ayuntamiento de la ciudad. Por estas razones, en febrero, los regidores decidieron cancelar las comisiones del ayuntamiento que eran enviadas a oír las misas cantadas por el obispo, pues “habiéndose informado por algunos señores los desaires que han sufrido cuando han tenido que desempeñar esa comisión”, se acordó que los regidores y síndicos encargados ya no asistieran más a las misas en catedral. Por su parte, el cabildo eclesiástico reaccionó de forma desafiante y cerró la catedral para la celebración de los ceremoniales cívico-religiosos.²⁰ De esta forma, se rompió la alianza de la autoridad civil con la Iglesia y se puso en duda la legitimidad política de la autoridad local. Conforme a lo explicado en el primer apartado, el cierre de la catedral propició la ruptura del pacto de la sociedad poblana con Dios, pues la efectividad de la piedad profesada en dicho recinto religioso para solicitar el auxilio divino y prevenir males como la reciente epidemia de cólera no tenía efecto en ausencia de las autoridades locales, pues se rompía la armonía social.²¹ Esto ponía en peligro la salvación y el futuro de la comunidad, ya que la sociedad sabía que encomendar su pasado y futuro a Dios era una responsabilidad colectiva, en la cual la autoridad local asumía su respectivo papel de representar a la ciudad (^{Christian Jr., 1991, pp. 214-215}).

Al parecer este problema de legitimidad política no alarmó al gobernador Cosme Furlong, quien se apoyó en algunos sectores del clero regular para calmar los ánimos. Mientras los franciscanos siguieron el ejemplo del cabildo catedralicio, los agustinos y dominicos ofrecieron su apoyo y el uso de sus templos para realizar el imprescindible ceremonial de acción de gracias con asistencia de los regidores y el gobernador.²² Con este apoyo, Cosme Furlong prosiguió con su política de someter a la Iglesia poblana. El primer gran golpe lo dirigió contra el seminario palafoxiano. El 30 de enero, el congreso poblano ordenó la extinción del Colegio de San Pablo debido a una investigación realizada por la Comisión de Instrucción Pública -que nació bajo el régimen liberal de Gómez Farías- argumentando que dicho colegio alojaba a estudiantes de poca moral, quienes además abusaban de las rentas que se les habían otorgado. En adelante, los recursos debían invertirse en “indígenas que hablen idiomas exquisitos”.²³ Luego, el 18 de marzo, el gobierno extinguió el Colegio del Espíritu Santo para crear en su lugar una institución dedicada a la enseñanza pública y gratuita, en la cual el gobernador vigilaría que “no se enseñen cosas opuestas a las leyes fundamentales de la nación y el estado”.²⁴ Con estas acciones, la autoridad local pasó directamente a intervenir en los bienes eclesiásticos y la doctrina de la Iglesia, al sancionar y reprochar la conducta de los colegiales y convertir a los colegios del seminario en instituciones bajo la rectoría del Estado.

La siguiente acción del gobierno local estuvo relacionada con la tentativa de Gómez Farías y el Congreso nacional de desamortizar los bienes eclesiásticos y comunales; un proyecto que al final el gobierno de la República no se decidió a llevar cabo por ser demasiado riesgoso (^{García Ugarte, 2010, pp. 122-130}). Sin embargo, en Puebla el gobernador sí tomó acciones y ordenó en marzo de 1834 que en las transacciones de ventas, alquileres o permutas relativas a los bienes raíces del Estado, así como a los inmuebles “de manos muertas”, se pagara 3% de alcabala. Aún más, si los negocios se realizaban entre “manos muertas” el impuesto se elevaría a 15%.²⁵ Luego, se procedió a incautar bienes e inmuebles de los religiosos que habían mostrado su oposición al régimen y prohibió que el clero pudiera realizar algún tipo de escritura sin el consentimiento del gobierno.²⁶ Aunque estas medidas pretendían evitar la venta masiva de bienes eclesiásticos y comunales ante el miedo de una ley de desamortización, fueron medidas que gravaron las transacciones económicas e impactaron directamente la dinámica de arrendamiento que existía entre la Iglesia y la sociedad.

Finalmente, el clímax llegó con la orden de expulsión y exilio del obispo Pablo Vázquez, a quien la prensa liberal poblana acusó de planear la entrega de la ciudad de Puebla al sublevado general Valentín Canalizo.²⁷ Por considerarlo como perjudicial a la tranquilidad pública, el Congreso nacional ordenó la expulsión del obispo el 2 de abril, pero el mitrado se ocultó en la casa de un amigo y evitó así su captura por parte de la autoridad local (^{Rosas, 2015, p. 267}). La decisión crispó los ánimos de la población, que el 17 de mayo se amotinó contra el gobierno, aunque rápidamente la milicia controló la situación.²⁸ El curso de los hechos, hasta este momento, parecía indicar que el gobernador había logrado imponer su autoridad y aplicar efectivamente los decretos de la reforma liberal. Sin embargo, la situación cambió bruscamente en el verano, cuando Santa Anna retornó a la presidencia y los fieles poblanos se rebelaron para derrocar al gobernador Furlong y al resto de las autoridades locales.

La rebelión de los fieles

En la madrugada del 23 de julio de 1834, 77 vecinos -quienes a su vez especificaron representar al resto del vecindario “por no saber firmar”- de los barrios de El Alto, La Luz y Analco emitieron un pronunciamiento en el que indicaban desconocer al gobierno local y nacional con motivo de las reformas y al mismo tiempo pedían el retorno del presidente Santa Anna.²⁹ El gobierno estatal hizo caso omiso de las demandas y el cabildo ordenó la incautación de armamento en la ciudad para evitar un nuevo motín.³⁰ No obstante, los pronunciamientos de Puebla, como los del resto del país, no tenían como objetivo primordial derrocar a los gobiernos local y nacional, sino investir de legitimidad popular a Antonio López de Santa Anna para poder intervenir en el escenario político local (^{Fowler, 2010, p. 216}). Santa Anna sabía que la ciudad de Puebla era una plaza clave para lograr el control político del país y, a pesar de ser el presidente en turno, reconocía que el gobernador Cosme Furlong podía hacerle frente e iniciar un enfrentamiento muy costoso y complicado, pues Furlong, los regidores y los diputados locales eran la autoridad legítima y constitucional del estado. Por esas razones, cuando los poblanos se pronunciaron para desconocer a sus autoridades y reconocer a Santa Anna como única autoridad legítima de la nación, el general-presidente pudo intervenir con el apoyo popular pese a que éste violentaba las leyes constitucionales y el pacto federal.

Investido de legitimidad popular mediante los pronunciamientos, el 1° de agosto Santa Anna destituyó al gobernador Cosme Furlong y nombró a Guadalupe Victoria, expresidente de la república, como gobernador interino de Puebla.³¹ A tan sólo tres días de esta orden, los vecinos poblanos volvieron a reunirse para emitir un nuevo pronunciamiento que dio “valor al nombramiento del excelentísimo señor don Guadalupe Victoria para gobernador del estado” y manifestar que cuatro de las seis parroquias de la ciudad, con sus respectivos vecinos, se adherían al Plan de Cuernavaca.³²

En este contexto, los pronunciamientos evidencian ser una expresión de la ciudadanía, la cual buscaba negociar con la autoridad reconocida como legítima, en este caso el presidente Santa Anna. Durante casi todo el siglo XIX mexicano, el pronunciamiento fue un mecanismo de negociación política que permitió a distintos actores políticos −militares, eclesiásticos y ciudadanos− entablar demandas a partir de dos lógicas: por una parte, la idea liberal de legitimidad constitucional y soberanía popular, y por otra parte, la lógica tradicional de pertenencia y expresión colectiva de un cuerpo político que asumía derechos legítimos −un ayuntamiento, una guarnición militar, un pueblo− (^{Fowler, 2009}; ^2010b). ^{Will Fowler (2010c)} ha explicado que los pronunciamientos adquirieron mayor importancia en la política mexicana a partir de 1831 -momento en que se comenzó a restringir el derecho al sufragio (^{Warren, 2007, pp. 109-120})-, porque permitieron la acción colectiva de actores populares que, en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos, demandaban negociar con la autoridad distintos aspectos que repercutían en la vida política y social de la comunidad.

Acerca de este último aspecto, los pronunciamientos poblanos resultan muy particulares en comparación con los de otras partes del país, pues nos muestran cómo la sociedad entendió la ciudadanía en relación con el proyecto de nación católica que la Iglesia, la sociedad y la autoridad habían consolidado en Puebla. Desde un principio, los pronunciamientos evidencian las particularidades de la sociedad poblana, pues las primeras frases expresan: “Los ciudadanos que ésta suscriben como feligreses”,³³ “Los vecinos y feligreses de la parroquia”,³⁴ o bien “A nombre y con poder de los feligreses de la expresada parroquia”.³⁵ Tales frases muestran cómo la ciudadanía poblana se organizó y se expresó conforme la antigua costumbre del ejercicio de derechos en forma colectiva e “incorporada”, es decir, mediante la pertenencia a un cuerpo político concreto, con jurisdicción y personalidad propia (^{Rojas, 2007}; ^{Annino, 1995}). En este sentido, los pronunciamientos demuestran que la sociedad poblana no entendió sus derechos ciudadanos de forma individual, sino que los asumió en cuanto que pertenecía a una colectividad concreta: el cuerpo político de la parroquia.

El hecho de que los poblanos se hayan organizado en parroquias nos remite a la importancia que tenía para ellos esta comunidad moral y espiritual. En la mayor parte del país, los pronunciamientos se emitieron a partir de ayuntamientos o guarniciones militares. De acuerdo con la base de datos The Pronunciamiento in Independent Mexico, los pronunciamientos emitidos a partir de parroquias fueron pocos −nueve, sin contar los de Puebla−. La mayoría de estas representaciones pertenecen a comunidades rurales del sur del actual estado de México, mientras que una fue emitida por los antiguos barrios indígenas de Santiago y Santa Ana, en la periferia de la ciudad de México.³⁶

Por ello, los pronunciamientos poblanos, al haber sido emitidos por parroquias, hacen de Puebla una excepción en la norma. No obstante, esta situación anómala tiene una explicación sencilla si consideramos el contexto de la ciudad. Si los decretos de la reforma liberal pudieron ser aplicados en una ciudad como Puebla, fue porque las distintas autoridades locales se unieron para llevar a cabo el proyecto. El gobernador, principal dirigente político del estado, contaba con el apoyo de la legislatura local y de la mayor parte de los regidores del cabildo poblano, sin olvidar que tenía bajo su mando la milicia cívica. Por esta razón, los habitantes de la ciudad no podían contar con el apoyo de sus autoridades locales para rechazar el vendaval liberal, como sucedió en otras partes del país. En Puebla, ciudad episcopal, existía un gobierno afín a las políticas de Gómez Farías, pero éste no contó con el apoyo de la población y mucho menos con el de la Iglesia poblana. Así, cuando la oportunidad se presentó de respaldar al general Santa Anna, que gozaba de enorme popularidad y legitimidad entre la población, a los poblanos sólo les quedó organizarse en torno a su comunidad inmediata, aquella que tenía mayor peso en sus relaciones sociales: la parroquia.

La parroquia no sólo era una unidad administrativa de la Iglesia, también era una comunidad moral que congregaba a los fieles para disciplinar y dirigir su conducta mediante acciones colectivas, con la finalidad de conseguir el bien común y la salvación de las almas. Así, la comunidad parroquial era esencial en la vida cotidiana de las personas porque marcaba los ritmos del año mediante las festividades del calendario litúrgico y los rituales sacramentales. Las personas hacían de la parroquia su contexto inmediato de convivencia con otros grupos sociales; era el espacio donde el individuo interactuaba con sus “hermanos” y se integraba a una comunidad universal y espiritual: la Iglesia católica (^{García Ayluardo, 2015, pp. 35-36}; ^{O’Hara, 2010, pp. 26-27, 120-121}). En este sentido, cuando la ciudadanía se organizó en torno a su comunidad parroquial para pronunciarse, reivindicó la idea de que los derechos políticos eran inherentes al reconocimiento de la Iglesia y el catolicismo como elementos fundamentales de cohesión social y legitimidad política.

Así, los ciudadanos que al mismo tiempo se asumieron feligreses, en el uso de sus derechos políticos, demandaron en los pronunciamientos cuatro puntos. Primero, se adhirieron al Plan de Cuernavaca, desconociendo así a Valentín Gómez Farías como vicepresidente, y repugnaron “cuantos decretos y providencias son consideradas de los gobiernos federal y del estado”.³⁷ Con esto, la población desconocía al gobierno nacional, y como ya no era legítimo, las leyes que había promovido contra la Iglesia eran inválidas y debían ser derogadas. Segundo, los vecinos solicitaron “el restablecimiento completo de todos los cabildos eclesiásticos” y la derogación de las “leyes por las que fueron separados los honrados y virtuosos eclesiásticos”, con lo que se afirmaba “el gobierno de las cosas eclesiásticas hacía y se reconoce propio de la cabeza y respectivos prelados de la Iglesia”. De esta forma, se solicitaba el retorno del obispo y demás clérigos que habían sido expulsados del estado, alegando que la Iglesia era una entidad soberana en la cual no podía intervenir el Estado. Tercero, los pronunciados solicitaron la destitución del gobernador Cosme Furlong y la disolución del ayuntamiento, “por no merecer los individuos que lo componen la confianza pública”, para que sean sustituidos por “hombres de conocida probidad y verdaderamente religiosos”. En estos enunciados, la población manifestaba que la autoridad perdió su legitimidad al atentar contra la Iglesia y los intereses de la sociedad y, por lo tanto, apoyaban el cargo que el presidente Santa Anna otorgó a Guadalupe Victoria como gobernador de Puebla. De esta forma, la sociedad revindicó a Victoria como gobernador “no elegido por el congreso, sino por el pueblo”, y dio la espalda a las autoridades locales que habían apoyado a la reforma liberal.

Así, mediante los pronunciamientos, la ciudadanía poblana desconoció a las autoridades que intentaron subordinar la Iglesia al poder del Estado. Las demandas de los pronunciados reivindicaron la enorme legitimidad social de que la Iglesia gozaba en tres importantes aspectos. En primer lugar, el papel de liderazgo político y moral que tenían el clero y el obispo en el diseño y consolidación de las nuevas instituciones republicanas. En segundo lugar, la función que cumplía la Iglesia para legitimar el orden de la autoridad política mediante los rituales religiosos que armonizaban a la sociedad y aseguraban su bienestar al pedir la protección de Dios. Finalmente, la influencia que tuvieron las corporaciones eclesiásticas como principales arrendatarias de bienes urbanos y proveedoras de espacios de vivienda y uso comercial para los trabajadores urbanos.

Para defender este orden tradicional, los poblanos emitieron varios pronunciamientos que definieron la legitimidad política en función de dos aspectos. Por una parte, la apelación a la legalidad constitucional, en un llamado a respetar lo que la Constitución de 1824 había sancionado en su artículo 3°: proteger a la religión católica. Por otra parte, la reivindicación de la voluntad popular de los ciudadanos-feligreses quienes, agrupados en torno a su comunidad parroquial, legitimaron al general Santa Anna para defender el orden tradicional. De esta forma, así como la historiografía ya ha mostrado que los actores eclesiásticos y políticos conciliaron los valores y principios del gobierno representativo, el caso de Puebla nos muestra que el resto de la población también podía adaptar los nuevos valores del régimen constitucional a un orden tradicional en el cual la Iglesia tenía mucha influencia.

Al final, la autoridad en Puebla y en otras partes del país pagó el precio de romper y desafiar el orden tradicional que la Iglesia mantenía recíprocamente con la sociedad. La historia, en ese momento, no podía terminar de otra forma. Guadalupe Victoria escuchó a los pronunciados y ordenó el cese del ayuntamiento y de la legislatura estatal porque sus integrantes estaban “vendidos a intereses personales”.³⁸ El nuevo ayuntamiento de Puebla reconoció “que siendo esta Excelentísima Corporación un efecto o resultado del pronunciamiento del pueblo”, era necesario responder a sus peticiones de secundar el Plan de Cuernavaca. De esta forma, el ayuntamiento pretendía “ser el mejor conducto por el cual puede el pueblo dirigir sus peticiones a las supremas autoridades”.³⁹ La reconciliación de la autoridad, la Iglesia y la sociedad tampoco podía terminar de otra forma sino congregando nuevamente a los fieles de la nación católica para dar gracias a Dios. A finales de octubre, el obispo Pablo Vázquez mandó que en todas las iglesias del obispado se llevase a cabo un triduo para “alcanzar del Todopoderoso la religiosa unidad de los pueblos mejicanos” y la “permanente armonía y recíproco miramiento de ambas autoridades eclesiástica y civil, que hacen toda la sustancia y aseguran la marcha feliz de una sociedad cristiana”.⁴⁰ En la ciudad de Puebla se hizo una procesión en honor a la Virgen de Guadalupe, con el fin de que todos los poblanos pidieran su “poderosa mediación para que nos alcance la conservación, prosperidad y recto Gobierno del E. S. Presidente de la República y el aciento [sic] del futuro Congreso”.⁴¹ Éste, en el otoño de 1835, dio a luz a la República central. De esta forma, el primer federalismo mexicano llegaba a su fin, mientras que el proyecto de nación católica, defendido por los obispos y buena parte de la sociedad, se erigía triunfante. Por lo menos, hasta 1857.

Conclusiones

Como se ha explicado, durante las primeras décadas de vida independiente, en la ciudad de Puebla la Iglesia consolidó un proyecto de nación católica que contemplaba la autonomía de la Iglesia frente al poder civil. A su vez, este proyecto dio a la Iglesia un importante respaldo social al momento en que Valentín Gómez Farías intentó someterla al poder del Estado. El liderazgo político y moral del clero poblano, la estrecha relación entre legitimidad política y piedad religiosa, así como las relaciones de dependencia de la sociedad con la Iglesia para el arrendamiento de inmuebles eran los principales aspectos que la reforma liberal intentó transformar. Sin embargo, la reforma no prosperó, pese a que Puebla estaba dominada en ese tiempo por políticos afines a las ideas de Gómez Farías.

Esto sucedió porque, como se explicó en el último apartado, la población se levantó para desconocer la legitimidad de sus autoridades y apoyar la intervención de Antonio López de Santa Anna. Para ello, los vecinos poblanos se organizaron en torno a dicha comunidad moral y espiritual para pronunciarse en contra del gobierno bajo la lógica de la legalidad constitucional y expresar que la legitimidad popular respaldaba el proyecto de nación católica. Esto nos demuestra que, en la práctica, más allá de las cuestiones legislativas, la unidad parroquial determinaba el ejercicio político de la ciudadanía no como un asunto individual sino colectivo.⁴²

Además de esto, vale la pena destacar que el caso de Puebla presenta importantes similitudes con otros espacios en donde la Iglesia consolidó su autonomía e influencia social. Concretamente, en las comunidades indígenas localizadas en la periferia de la ciudad de México y en la serranía de la Mixteca de Oaxaca y Guerrero encontramos las mismas características que existían en Puebla: liderazgo e influencia política del clero, organización y movilización de laicos para preservar las antiguas corporaciones religiosas, la importancia fundamental de la parroquia en la vida social y espiritual, y la piedad como un asunto público y político que definía al buen ciudadano (^{O’Hara, 2010}; ^{Smith, 2012}). Esta comparación nos permite apreciar cómo en distintas partes del país se desarrolló un conservadurismo definido por la capacidad de las elites, la población y la Iglesia para asimilar y conciliar las ideas del gobierno representativo republicano con el orden tradicional que respetaba la autonomía y los fueros eclesiásticos, y la idea de que la religión era la base del pacto social.⁴³ En este sentido, la realización de nuevas investigaciones sobre las reacciones populares que suscitó la reforma liberal de 1833 puede ayudarnos a comprender mejor por qué en ciertas comunidades resultó viable el proyecto de nación católica ideado por la Iglesia y cómo, a largo plazo, esto definió la geografía del conservadurismo que se levantó en 1857 contra la Reforma. De esta manera se complementarían las actuales investigaciones sobre el discurso y la ideología de quienes defendieron tal proyecto, para poder tener una mejor comprensión de la profunda y compleja relación entre Iglesia y Estado, sociedad y religión.