Introducción²

En El proceso de civilización Norbert Elias se preguntó por el sentido que, en el habla cotidiana, se da al decir que una sociedad es “más civilizada” que las anteriores, o que ciertas sociedades eran “menos civilizadas” o más bárbaras. En resumen, señala que la civilización es un proceso de transformaciones a largo plazo de las estructuras de la personalidad y particularmente de la regulación de las emociones de los seres humanos por medio de coerciones internas y externas (^{Elias, 1987, pp. 9-10}).

Ante todo, la constitución del comportamiento “civilizado” se relaciona directamente con la organización de las sociedades en Estados (^{Elias, 1987, p. 50}), pues el aparato de autocoacción psíquica individual que lo caracteriza se desarrolla conforme se estabilizan los órganos sociales centrales y se consolida el monopolio de la violencia física. Sólo a medida que aumentan las cadenas de interdependencia que relacionan a las personas, y con la exclusión en la vida cotidiana de la violencia, las coacciones que las relaciones entre los hombres ejercen se transforman en autocoacciones. Éstas se expresan en forma de un autodominio semiconsciente y por costumbres que regula las expresiones instintivas y emocionales según el esquema de cada situación social (^{Elias, 1987, pp. 452 y 460}). Lo que ha cambiado a lo largo del proceso civilizatorio son los agentes de control llamados “razón”, “conciencia”, “ego”, etc. Su estructura y límites son distintos en las diversas etapas del desarrollo de la humanidad (^{Elias y Dunning, 1995, p. 152}).

De igual forma, la regulación externa del comportamiento se consigue mediante mandatos y prohibiciones que la sociedad dicta. Éstos varían de acuerdo con la organización social, en cada clase y en cada fase histórica (^{Elias, 1987, p. 152}). Estos mandatos y prohibiciones tienen la función de conseguir que cada individuo adecue su comportamiento de acuerdo con las necesidades del entramado social (^{Elias, 1987, pp. 452-453}). Son el reflejo de las costumbres que sancionan y dan testimonio de una pauta de comportamiento en la sociedad que los produjo; estas pautas son conceptos de lo que se consideran buenas y malas costumbres (^{Elias, 1987, pp. 107-108}).

El trabajo que aquí se presenta trata de una de varias prohibiciones decretadas por los revolucionarios constitucionalistas en el Distrito Federal entre septiembre y octubre de 1916.

Crónica de una polémica

El 7 de octubre de 1916, una semana después de que el primer número de El Universal viera la luz, el director del periódico, Félix Palavicini, emprendió una campaña de desprestigio contra la fiesta brava.³ Al cabo de tres días se dio a conocer la disposición en que Venustiano Carranza ordenaba su abolición.⁴ La rapidez con que se dieron los hechos entre el comienzo de la polémica y el decreto del día 10 no pueden dejar de levantar cierta suspicacia. Aun para los contemporáneos debió resultar bastante sorpresiva, si se tiene en cuenta que el 13 de agosto de ese año se había realizado una corrida de beneficencia organizada por la señora Virginia Salinas de Carranza, a la cual asistió el “primer jefe”.⁵ De igual modo, el 16 de septiembre tuvo lugar la primera corrida de beneficencia organizada por los empleados de gobierno del Distrito y patrocinada por Venustiano Carranza y el gobernador del Distrito;⁶ todavía el 1º de octubre se realizó la segunda corrida en la cual, a pesar de lo poco lucido del festejo, se respiró un aire de “fraternidad”, ya que los recursos recaudados se usarían para pagar la deuda nacional. La corrida tuvo lugar en la plaza del Toreo.⁷

Seis días después de aquella corrida, en la primera plana de El Universal, Félix Palavicini publicó un incendiario artículo contra las corridas. Así, por ejemplo, las calificaba como “una burda y salvaje diversión de la que ningún provecho obtenía el hombre”, o “censurable e incivil diversión pública”, “vicio público”. Además, señalaba que no contribuían en nada a ennoblecer los “sentimientos del alma popular”, que eran un lastre para la sociedad con que se cargaba desde hacía cuatrocientos años, a pesar de ser perjudiciales para “la educación moral del pueblo”. También se denunciaba que, “entre los incultos que son frenéticamente aficionados al coso”, producía una familiaridad con el crimen y los acostumbra a “ver morir de forma trágica”. Por si fuera poco, evidenciaba que en algunos lugares del país se habían tenido que cerrar escuelas al tiempo que se inauguraban “flamantes plazas”. Concluía con una invitación a los gobernadores de los estados y del Distrito Federal a que promulgaran un decreto que aboliera para siempre las corridas “en nombre de los fueros de la civilización”.⁸

El artículo tuvo poco eco en los demás diarios. Por ejemplo, El Pueblo únicamente se limitó a mencionar en su edición del 8 de octubre que El Universal traía un “buen artículo contra las corridas de toros”;⁹El Demócrata ni siquiera hizo mención del asunto, pero señaló que en España se acababa de constituir un comité permanente para combatir las corridas.¹⁰ Por desgracia, no se conservan ejemplares de El Nacional del día siguiente a la publicación del artículo de Palavicini. A pesar de que la postura de este diario era favorable a la fiesta brava,¹¹ puede suponerse que no tomó parte, pues en los números siguientes, cuando se dio a conocer que habría prohibición y cuando al fin fue decretada, los redactores del diario se mantuvieron en silencio. Por el contrario, destaca el comentario favorable que publicó, unos días después, el semanario El Abogado Cristiano Ilustrado, que incluyó algunos extractos del artículo y señaló su conformidad con la labor “tan loable” de su colega, la cual era, sin duda alguna, “uno de los mejores trabajos que en favor de la raza pudiera hacerse”.¹²

Dos días después, El Universal publicó en su primera plana dos encabezados en los que se tocaba la abolición. En el primero y más importante anunció de forma llamativa que el primer jefe firmaría los días siguientes el decreto que prohibiría las corridas de toros en toda la República. Con ello el gobierno constitucionalista completaba su labor “reformadora y contribuye a la civilización mexicana”.¹³ Si el escrito de Palavicini había expuesto las razones “morales” por las cuales debían prohibirse, el segundo artículo del 9 de octubre, firmado por Arkel, se encargó de descalificar a quienes formaban parte del mundo de la fiesta brava. En concreto, señalaba que la campaña iniciada por el diario había causado disgusto entre el público taurino, al que no dudó en calificar como personas despreciables de la plebe y depravados, compuesto por taurófilos “pur sang”, “villamelones”, desvergonzados de a caballo y a pie, empresarios, hetairas y monosabios. Por el contrario, “la clase culta de la sociedad”, integrada por los que leían periódicos y formaban las corrientes de opinión, había aplaudido la cruzada. En la visión del cronista los diarios eran los responsables de que el espectáculo continuara arraigado, pues denunciaba que la prensa nacional desde sus orígenes se había cuidado de halagar “los bajos apetitos del público”. Así, para el autor, El Universal era la primera empresa periodística que venía a reformar las costumbres populares que a su juicio eran tontas y brutales, con el fin de “salvaguardar los intereses espirituales muy altos de la patria y de la raza”. De igual manera, se atacaba a los toreros, a los que calificaba de “léperos cualesquiera de coleta”, a quienes los aficionados llamaban “artistas”, “monstruos o fenómenos de talento”. Por último, se apuntaba que la prohibición era necesaria porque la cultura de la sociedad era anémica y con pocas virtudes sociales. En esas condiciones, la diversión de los toros constituía una “seria amenaza”. El artículo concluía con una desafiante frase en la que se advertía que en caso de no dar el “golpe final y definitivo” a la tauromaquia se corría el riesgo de que el país “abdicara” como nación civilizada.¹⁴

El 10 de octubre los lectores de El Universal esperaron algunas horas para comprar su ejemplar, pues el diario sufrió un atentado. Si el ataque fue provocado por algún taurófilo es un hecho difícil de probar. El mismo diario hizo la denuncia pública el día 11 en una pequeña nota donde manifestaba a los lectores que el retraso de la edición del día anterior había sido consecuencia de un sabotaje contra sus máquinas, realizado por una “mano alevosa” que había provocado un cortocircuito. La denuncia comienza con una lista de logros de El Universal y en la segunda parte se relata el ataque. En general, sólo se anota que fue perpetrado por sus “adversarios”, pero la misma lista permite conjeturar quiénes, a ojos del articulista, eran los probables responsables. Se infiere, por el contenido de los puntos, que los principales sospechosos fueron, en primer lugar, otros periódicos, que habían visto afectadas sus ventas por el nuevo competidor. En segundo, los taurófilos, pues entre los puntos el único sin relación con los éxitos del diario se refiere a la campaña emprendida para prohibir las corridas. Al final de la nota volvían a señalarse como motivos, el éxito y el que tuvieran la razón en la campaña contra la fiesta brava: “El triunfo del Universal es un triunfo honesto porque se debe al esfuerzo y al cariño de todos los que lo escriben e imprimen […] y es inútil recurrir a atentados contra personas o contra máquinas, si la razón, la triunfadora razón, se queda con nosotros”. ¹⁵

Ese mismo día la cruzada contra la tauromaquia celebró su triunfo, ya que la prensa dio a conocer el escrito por el cual Venustiano Carranza, en su calidad de encargado del Poder Ejecutivo, decretaba su abolición. El argumento esgrimido se sustentaba en la idea de que el gobierno tenía la tarea de garantizar los derechos fundamentales, cuyo ejercicio permitía el funcionamiento de la sociedad. Para cumplir tal propósito se tenían que fomentar los usos y costumbres que contribuyeran en su construcción. En ese sentido, la Revolución debía “procurar la civilización de las masas populares despertando sentimientos altruistas y elevando su nivel moral”, esto mediante el establecimiento de escuelas donde no sólo se enseñara, sino también se fomentara la educación física, moral y estética, con lo cual se buscaba “preparar al individuo para cumplir sus funciones sociales”. Así, debían extirparse los hábitos que obstaculizaran la cultura y “predispusieran al desorden”. En la lógica del manifiesto era necesario elevar la moral de las masas al tiempo que se suprimían las barreras para “civilizar” al pueblo.

Entre los “obstáculos de la cultura” el principal era la tauromaquia, a la que además se culpaba de ser la principal responsable del estancamiento del país. Con todo, éste no fue el único motivo de la abolición. Además, se alegaba que: I) el hombre exponía su vida sin necesidad; II) despertaba sentimientos sanguinarios y dadas las condiciones políticas y sociales que vivía el país, resultaba muy peligroso; III) se causaban torturas injustificadas a los toros, aunque convendría aclarar que a éstos no se les consideraba sujetos de derechos por sí mismos, como han pretendido los movimientos animalistas actuales, sino que quedaban incluidos en la esfera moral del hombre. En ese sentido, se les debía “extender la protección de la ley”, aunque el decreto no giraba en función de ese objetivo; IV) su impacto social era nocivo, sobre todo en las clases bajas, pues las familias pobres, en la búsqueda de “satisfacer su placer malsano”, hacían lo imposible para conseguir una entrada a la plaza, con lo cual se quedaban sin el “sustento de varios días”. En un principio se estipulaba que la prohibición sería permanente en el Distrito Federal y en los territorios federales que aún existían. En el resto de los estados estaría vigente hasta que el orden constitucional fuera restituido. En cuanto a las penas por violar la ley, se dispuso como castigo una multa de entre 1 000 y5 000 pesos o el arresto de dos a seis meses, según el caso (^{Secretaría de Gobernación, 1992, pp. 113-114}).

En las ediciones de los días siguientes, los redactores de El Universal se adjudicaron como suyo el éxito el haber conseguido la prohibición de las corridas, pero hay evidencia que muestra que el ataque emprendido por Palavicini fue planeado y que la decisión de suprimir la fiesta brava había sido tomada mucho tiempo antes. Como se puede apreciar, el tiempo transcurrido entre el principio de la polémica y su conclusión parece demasiado corto: el día 7 Palavicini publicó su artículo en que exigía a los gobernadores que suprimieran las corridas; el 9 se anunció que Carranza las prohibiría en todo el país y el 10 se publicó la orden.

La última corrida celebrada antes de la prohibición se realizó el 1º de octubre y fue organizada para pagar la deuda nacional. De ella publicaron crónicas El Nacional¹⁶ y El Pueblo, el cual destacó el “éxito pecuniario excepcionalmente bueno”;¹⁷El Universal publicó también una reseña, firmada por rascarrabias,¹⁸ en la que se destacó la mala actuación de las toreras a quienes llamaba “mari-machos”. Finalizaba con la primera referencia sobre la prohibición: “de seguir invadiendo los redondeles las mujeres que no conocen el rubor, habría que asociarse en forma para pedir la supresión de las corridas de toros. ¿No es verdad?”¹⁹ Esta nota fue la primera petición pública sobre el tema. Sin embargo, poco ayuda a demostrar que la campaña iniciada por Palavicini fue planeada.

Ahora bien, se ha señalado que El Universal no era ni podía ser considerado vocero oficial del gobierno (^{Matute, 1995, pp. 264-265}). Sin embargo, el papel adoptado en este caso evidencia lo contrario. Este fue el único diario que anunció que se prohibirían las corridas antes de que el decreto fuera dado a conocer. Además, si se comparan las fechas, se descubre que el decreto fue firmado por Carranza desde el 7, pero no fue dado a la prensa hasta el 10. El 7 fue el mismo día en que Palavicini publicó su artículo contra las corridas. De igual modo, si se considera que El Universal anunció en su edición del 9 que sabía por “fuentes oficiales dignas de todo crédito”²⁰ que se prohibirían las corridas en toda la República, resulta que tenía conocimiento del decreto por lo menos desde el 8 para integrar la nota en la edición del día siguiente. En consecuencia, pueden sugerirse dos escenarios posibles: el artículo fue una eventual coincidencia -y entre la tarde del 7 y el 8 Palavicini pudo tener acceso al escrito y así anunciar que serían abolidas el día 9- o conocía el documento antes del 6, fecha en que probablemente redactó el texto con el que inició la polémica. Hay varias razones que permiten asegurar que el segundo escenario se apega más a lo que sucedió.

En las memorias de Félix ^{Palavicini (1937)} puede encontrarse un antecedente que, de considerase válido,²¹ demuestra que no era la primera vez que Carranza y Palavicini habían acordado realizar una jugada de esa naturaleza. Señala que en 1915, mientras se encontraban en Veracruz, la expedición de reformas sociales había provocado desconfianza, pues los decretos quedarían sin efecto una vez restituida la Constitución de 1857. Surgió entonces la idea de convocar a un Congreso Constituyente y, para disminuir la animadversión al Ejército Constitucionalista, Palavicini sugirió a Carranza asumir

la responsabilidad de hacer bajo mi firma una campaña contra la Constitución de 1857, precisamente en el Campamento Militar de Veracruz y en el diario El Pueblo, órgano del ejército constitucionalista. Quedó entendido que si la oposición resultaba muy ruda, que si no llegábamos a convencer a los militares de la necesidad de ir a una nueva constitución, y con este motivo las antipatías en mi contra podían perjudicar al Primer Jefe, yo presentaría mi renuncia y se me daría una comisión en el extranjero (pp. 237-239).

De igual forma, es significativo que la prohibición fuera decretada antes de que diera principio la temporada formal de la fiesta brava de 1916-1917.²² De lo expuesto resulta que, al igual que el caso referido en sus memorias, la campaña iniciada por Palavicini en El Universal buscó disminuir el costo político negativo a Venustiano Carranza, pues se prohibía sin ninguna razón -más allá de las consideraciones morales y los ideales políticos- la diversión de mayor popularidad entre el pueblo mexicano.

¡Los toros han muerto!

El día 15 de ese mismo mes se publicó en El Universal otro artículo cuyo encabezado anunciaba victorioso: “¡Los toros han muerto! ¡Vivan los deportes!” Aunque a decir verdad su autor sólo culpaba a las corridas de haber matado los deportes y otras manifestaciones de “fuerza y valor” exentas de “morbosidad brutal y sanguinaria”. Además, señalaba que el descontento generado entre la afición taurina era normal, pues no contaban con otro espectáculo dominguero al cual asistir. Por ello, destacaba la labor que venía realizando la Dirección General de Enseñanza Militar, que consistía en la promoción de distintos deportes; con ese fin y para cultivar su gusto se habían creado algunos campos en varios lugares de la ciudad. Se esperaba que la afición taurina, a falta de corridas, asistiera a observar el espectáculo que ofrecían los jóvenes y señoritas de las escuelas oficiales.²³

Sin embargo, el autor era consciente de la dificultad que implicaba erradicar el gusto por la tauromaquia, pues al menos era necesaria una generación para que los hijos de la afición presente encontraran en los deportes la satisfacción que sus padres hallaban en aquélla. Además, recordaba a los lectores que en el antiguo México había existido una “cultura física deportiva” que colocaba al Anáhuac en la misma posición de grandeza que Atenas y Esparta en cuanto al culto al ejercicio. El olvido se debía a la conquista española y a los años de dominación colonial que habían terminado con las virtudes “viriles”, y en cambio habían legado la pelota vasca y las corridas. El artículo terminaba con la frase “los que hemos predicado el evangelio del músculo […] hemos aplaudido con febril entusiasmo la supresión de las corridas”.

A pesar de todo, las buenas intenciones de los redactores de El Universal y Venustiano Carranza pronto iban a chocar con la realidad. Así, unos días después el mismo periódico se encargó de denunciar la primera infracción conocida contra el decreto. Los responsables, para mayor escándalo, fueron las autoridades de la ciudad de León, quienes desde el 20 de octubre comenzaron a anunciar que se celebraría el 22 del mismo mes una corrida de beneficencia en la que se matarían cuatro toros. Una carta con la denuncia fue enviada al diario, desde Guanajuato, el día 20. Puede suponerse que llegó con mucho retraso a la capital, pues para la fecha en que la noticia se hizo pública los toros estaban muertos. Sin más remedio, el redactor exigía el cumplimiento de la ley y el castigo para los responsables.²⁴

La campaña civilizatoria

Ha pasado un siglo desde que Venustiano Carranza dictara la prohibición de las corridas. Sin duda, el acto puede suscitar simpatía ahora que los movimientos de defensa de los derechos de los animales cobran cada vez más fuerza, pero se deja de lado que al momento de su prohibición era el espectáculo más popular en México (^{González, 1963, pp. 727-749}).

¿Por qué fueron abolidas? ¿Cuáles fueron las causas y los objetivos de Carranza para ordenar la prohibición? ¿Cuáles fueron las circunstancias históricas en qué eso se decretó? Es cierto que no era la primera vez que algo así sucedía en México, pero no se había aplicado en todo el país, aunque fuera una medida provisional. Quizá la instancia más célebre fue la supresión ordenada por Benito Juárez el veintiocho de noviembre de 1867, que estuvo vigente durante diecinueve años y sólo se circunscribía al Distrito Federal. El edicto fue derogado en el gobierno de Porfirio Díaz a finales de 1886, pero hubo al menos tres suspensiones más durante su mandato, debido a los disturbios provocados por el público aficionado.²⁵ Paralelamente, hubo intentos de las autoridades del Distrito de regular el espectáculo bajo estrictos reglamentos,²⁶ pero la recurrencia de los disturbios y las fechas en que fueron emitidos muestran la incapacidad de las autoridades para hacerlos cumplir.

En primer lugar, los motivos que condujeron a Carranza a decretar la prohibición fueron de tipo personal. Se sabe que era un gran lector de historia, que su periodo favorito era el de la Reforma y que era gran admirador de Juárez. De esto dejaron testimonio Luis Cabrera y José Vasconcelos. Hasta se ha sugerido que algunas de sus acciones durante la Revolución fueron inspiradas en episodios históricos de la Reforma (^{Krauze, 1987, pp. 23, 26 y ss; Barrón, 2009, p. 30}). Si esto es cierto, ¿resulta descabellado pensar que tomó como ejemplo la prohibición contra las corridas decretada por Juárez cuarenta y nueve años antes? Puede encontrarse un paralelismo similar, que fue anterior a la abolición cuando, en 1915, Carranza expidió la Ley del Divorcio en el mismo lugar donde Juárez había dictado la Ley sobre el Matrimonio Civil más de medio siglo antes (^{Krauze, 1987, p. 75}).

Una segunda razón tuvo una finalidad más práctica y fue la necesidad de mantener el orden en la capital. Sin duda la prohibición buscaba evitar que las plazas volvieran a convertirse en focos de violencia como había ocurrido en el porfiriato. De ahí que Carranza usara la frase “la diversión de los toros provoca sentimientos sanguinarios […] y en los actuales momentos [es] incentivo para las malas pasiones” (^{Secretaría de Gobernación, 1992, pp. 313-314}). La misma idea se encuentra en el artículo del 9 de octubre aparecido en El Universal, que decía: “la salvaje diversión de los toros constituye una seria amenaza”.²⁷

En un plano más amplio, puede apreciarse que la prohibición de las corridas fue sólo una de varias que fueron decretadas por los constitucionalistas en el Distrito Federal entre los meses de septiembre y octubre de 1916. Lo más notorio es que no fue la primera. A principios de septiembre la prensa hizo público un informe del jefe de las Comisiones de Seguridad, coronel Bernardino Mena, donde proponía al gobernador del Distrito que prohibiera la exhibición de las películas de carácter “policiaco”, puesto que eran inmorales para la educación del pueblo. Además, denunciaba que en las salas se daban cita los ladrones para aplaudir los éxitos cinematográficos de los rateros e incluso estaban empleando métodos aprendidos en las salas de cine.²⁸ Al fin, el 26 de ese mes, el gobernador ordenó que se prohibieran, con el argumento de que ejercían “una mala influencia” sobre las clases medias y bajas, puesto que servían de ejemplo a los “ladrones de profesión” y porque sugestionaban a la juventud;²⁹ una semana después giró órdenes para que el Cuerpo de Policía Reservadaexhibiera los retratos de los rateros en los cinematógrafos de la capital y demás poblaciones del Distrito.³⁰

El mismo 2 de octubre el gobernador del Distrito acordó la suspensión del personal de Inspectores de Diversiones para crear un cuerpo de censores que, además de desempeñar la tarea de aquéllos, se encargaría de evitar la circulación de las publicaciones “inmorales que desdicen la cultura de esta ciudad”.³¹ De igual modo, el 16 de octubre el inspector general de policía prohibió que las prostitutas frecuentaran los paseos y centros de diversión “mezcladas con las familias honorables que a esos sitios concurren”. Se les impedía transitar los domingos y los días de fiesta en las horas de los paseos de la Avenida Francisco I. Madero y del bosque de Chapultepec, para evitar que se confundieran las personas “honorables” con las dedicadas al “vicio”; se difundió una circular a los dueños de los teatros para que sólo se les vendieran entradas para la zona de palcos y galería.³² También se clausuraron muchas cantinas ilegales, se prohibió la instalación en la ciudad de “mesitas que vendían en la madrugada hojas de café cargadas de alcohol”, y la policía emprendió una cacería de rateros que “habían infestado los teatros y lugares de reunión pública”. Por último, se dictaron medidas para castigar a cualquier individuo que infringiera los reglamentos y “las rudimentarias reglas de urbanidad” en los teatros y demás centros de reunión pública, pues la situación era tal que las familias decentes “se abstenían ya de asistir a los espectáculos por la poca corrección que demostraba cierto público”.³³

Las medidas anteriores formaban parte del programa reformista pensado por Venustiano Carranza y compartido por un grupo dentro de la facción constitucionalista. Es posible establecer una continuidad entre las medidas decretadas en el Distrito Federal entre septiembre y octubre de 1916 y las tomadas por Carranza durante su carrera política. Luis Barrón señala que, durante el breve periodo que fungió como presidente municipal de Cuatro Ciénegas, había mostrado interés por “la educación de los jóvenes y en la elevación de los estándares morales, tanto de los funcionarios del gobierno como de la gente en general”.³⁴ Al triunfo de la revolución maderista fue electo gobernador de Coahuila el 7 de octubre de 1911. Entre las medidas dictadas por su administración, emprendió una “cruzada para moralizar la sociedad y mejorar las condiciones de salud en el estado, limpió y reguló la industria alimentaria; estableció impuestos al alcohol, prohibió los juegos de azar y el uso del opio; reguló la prostitución” (^{Barrón, 2009, p. 132}).

Estas reformas eran compartidas por un sector dentro del constitucionalismo y se implementaron en algunos estados desde finales de 1915 y 1916, a medida que el dominio militar se iba consolidando.³⁵ Por ejemplo, a principios de noviembre de 1915 el gobernador del estado de México expidió un decreto que prohibió las corridas, las peleas de gallos y los juegos de azar en todo el territorio dominado por el constitucionalismo en los límites de ese estado;³⁶ el mes siguiente, el gobernador de Jalisco decretó la prohibición de las corridas y de los juegos de azar y reglamentó el tráfico de licor;³⁷ a finales de mayo de 1916 el gobernador de Chihuahua decretó la suspensión de las corridas de toros y peleas de gallos por “inmorales”. Manifestó que relajaban la moralidad humana y que era “deber de los mandatarios constitucionalistas velar por la moralización de sus gobernados”.³⁸ La razón de que esas medidas fueran aplicadas en la ciudad de México muchos meses después es consecuencia del papel que la capital tuvo durante la lucha de facciones. Como se ha señalado, la capital perdió importancia desde la perspectiva política y militar; el mantenimiento de la plaza y la administración resultaron secundarias respecto de los imperativos de la guerra (^{Rodríguez Kuri, 2010, pp. 143-144 y ss}). Naturalmente, la implantación de las medidas se pospuso incluso aún después de que la capital quedó definitivamente en poder de los constitucionalistas en agosto de 1915.

En su conjunto, las prohibiciones dictadas entre septiembre y octubre de 1916 en el Distrito Federal muestran un avance hacia una mayor regulación de los controles sociales externos.³⁹ En primer lugar, se buscó castigar cualquier actitud contraria a las “reglas de urbanidad” en los lugares de reunión pública, y las restricciones contra las prostitutas tuvieron la misma finalidad. En segundo lugar, se eliminó cualquier amenaza al nuevo código de reglas que trataba de establecerse. Las más importantes, sin duda, fueron las prohibiciones de las películas policiacas y las corridas de toros.

Las corridas se niegan a desaparecer

El 16 de diciembre de 1916, un mes después de la suspensión de la tauromaquia, y durante los debates del Congreso Constituyente, el diputado Ibarra propuso que la nueva Constitución prohibiera no sólo las corridas, sino también las peleas de gallos, las casas de juego, los prostíbulos, todos los juegos de azar, la elaboración de pulque y la importación y elaboración de alcohol para bebidas embriagantes. Lo anterior bajo el supuesto de que no podían permitirse actos contrarios a “las tendencias moralizadoras, educativas y progresistas de los legítimos revolucionarios” (^{Marván Laborde, 2005, pp. 542-543}). Sin embargo, la discusión se pospuso hasta el veintitrés enero de 1917, fecha en que se presentó una propuesta de reforma al artículo 117. En ella se pedía que el Constituyente prohibiera las corridas de toros, pues a pesar de que la “autoridad suprema de la revolución” las había suprimido, estas subsistían. (^{Marvan Laborde, 2005, pp. 599-600}). Por ello, era necesario que la nueva Constitución las sancionara.

El grupo que apoyaba la medida pidió que se añadiera a dicho artículo una fracción que declarara ilegal la fabricación y venta de pulque, alcohol de maguey y caña de azúcar para la preparación de bebidas embriagantes. Además, la Federación impediría su importación; también se prohibirían los juegos de azar, toros, peleas de gallos y todo espectáculo en el que hubiera derramamiento de sangre; asimismo, la venta de drogas perjudiciales o que degeneraran “la especie”, las cuales sólo se venderían con prescripción médica. Al mismo tiempo, se buscaba evitar la complicidad de las autoridades, pues se les consideraría coautoras de la infracción en caso de que hubieran dado el permiso (autorización o disimulo), y cómplices cuando no persiguieran el delito. El texto fue presentado por 71 diputados -sin la firma de Félix Palavicini- (^{Marván Laborde, 2005, pp. 599-600}). Sin embargo, durante los apasionados debates, las corridas pasaron a segundo plano y la discusión se enfocó en la prohibición de las bebidas alcohólicas, pues se consideraba el alcoholismo el peor de los vicios que la revolución debía erradicar. La discusión quedó zanjada cuando el diputado Ugarte aludió a la soberanía de los estados. En cuanto a las bebidas alcohólicas, señaló que no debía privárseles de millonarios ingresos que obtenían de los impuestos. En cuanto a las corridas, dijo que era un asunto de competencia local, pues el “primer jefe”, en su decreto del 10 de octubre de 1916, había respetado la soberanía de los estados al señalar que sólo sería vigente mientras se restablecía el orden constitucional. La votación se realizó el 25 de enero y la propuesta fue rechazada con 98 votos en contra -incluido Palavicini- y 54 a favor (^{Marván Laborde, 2005, pp. 692-693}).

El dato anterior es significativo porque muestra que sólo una parte de los constitucionalistas eran favorables a la prohibición de las corridas. Si en su momento no hubo oposición dentro del círculo revolucionario fue porque Venustiano Carranza lo decretó haciendo uso de las facultades extraordinarias que le otorgaba la Constitución. Pero a finales de 1917 era un hecho que las corridas volvían a celebrarse como antes. En algunos estados, tan pronto como se proclamaron las nuevas constituciones locales comenzaron a celebrarse corridas.⁴⁸ En el Distrito Federal, por las mismas fechas, la Cámara de diputados creó una comisión encargada de estudiar la derogación del decreto que las prohibía, pero no se consiguió.⁴⁹

En diciembre de 1918 volvió a someterse a la Cámara de diputados un proyecto para derogar el decreto que prohibía las corridas. Durante el mismo Constituyente se había denunciado que el decreto no había logrado erradicarlas (^{Marván Laborde, 2005, pp. 599-600} ). Los diputados que habían estado en contra de que la Constitución las persiguiera junto a los demás vicios argumentaron que la ley no podía decretar de un plumazo su desaparición. Y como ocurre en esos casos, hubo modos en que se pudo burlar la ley: un cronista de la época señaló que en el Distrito Federal, los territorios y Jalisco se seguían matando toros con el apoyo de las autoridades municipales, pues se realizaban corridas con la apariencia de jaripeos o peleas de gallos.⁵⁰

A finales de 1919, la Cámara de Diputados aprobó la derogación del decreto y lo turnó al Senado, donde la comisión dictaminadora falló favorablemente. Sin embargo, su aprobación se pospuso.⁵¹ El día 23 de diciembre, El Universal publicó en la primera plana las observaciones que Carranza había hecho al decreto. Ahí el presidente señaló que los motivos que habían fundado la prohibición, dictada tres años antes, formaban parte de las aspiraciones de la Revolución, por lo cual debían prevalecer “los intereses sociales y la tesis revolucionaria antes que la complacencia a los placeres malsanos”. Al mismo tiempo, hacía un llamado para que se mantuvieran los ideales progresistas y advertía que -de restablecerse las corridas- se daría marcha tras al “desarrollo satisfactorio” que habían alcanzado los nuevos deportes. Con ello vendría el mejoramiento en las costumbres de los ciudadanos y el “perfeccionamiento físico de la raza”.⁵² Regresado el decreto a las Cámaras, su resolución quedó pendiente. Sin embargo, el 1º de enero El Universal anunció que el 4 se matarían seis toros en El Toreo. La corrida fue reseñada por un cronista del mismo diario y la calificó como una “corrida moralizadora”, pues los toros no fueron sacrificados al final del acto, y aunque la misma plaza anunció actos similares, no tuvieron éxito.⁵³

Además de las corridas clandestinas, el decreto de Carranza fue burlado por los aficionados del mismo modo como lo habían hecho en la época de Benito Juárez. En 1866, cuando el Congreso discutió la pertinencia de derogar la prohibición decretada por Juárez, se señaló que no se había logrado extirpar esa diversión del pueblo. Dado que ninguno de los estados limítrofes había promulgado medidas similares, la población capitalina no había tenido ningún inconveniente en trasladarse a las plazas más cercanas (^{Vázquez, 2001, p. 162}). De igual modo, en enero de 1920 los periódicos de la capital anunciaron que estaba por inaugurarse una plaza en Tlalnepantla en que se matarían seis toros; el mismo anuncio ofrecía el servicio de transporte en “trenes especiales” y el regreso a la ciudad una vez concluida la corrida. Fue tal el éxito que fue programada una corrida para cada domingo. Inclusive El Universal comenzó a reseñar las corridas celebradas en Tlalnepantla. Al mismo tiempo, en El Toreo de la capital se ofrecían sin éxito funciones de las más conocidas óperas de Puccini y Verdi. ⁵⁴

El fin de la prohibición no se consiguió por un decreto que anulara la disposición, pues no fue necesario. Generalmente se ha sostenido que Adolfo de la Huerta fue quien anuló el decreto una vez que Carranza fue derrocado, pero es falso (^{Gaurner, 1979, p. 164}). Una lectura atenta de los periódicos de la época permite constatar que la prohibición no fue levantada por él. Es más, cuando De la Huerta entró a la ciudad para hacerse cargo de la presidencia, ya se habían celebrado varias corridas de beneficencia.

El día 7 de mayo de 1920 Venustiano Carranza abandonó la ciudad de México, que en pocos días cayó en poder de los rebeldes de Agua Prieta. El 11 de mayo, como si sólo se esperara la salida del presidente, el gobernador del Distrito autorizó la celebración de corridas de toros. Éstas se realizarían cada domingo a fin de obtener recursos para las instituciones de beneficencia;⁵⁵ lo hizo sin seguir ningún procedimiento legal. La primera corrida en tres años y siete meses de prohibición se realizó en El Toreo, el 16 de mayo. El hecho fue tan repentino que el cronista de El Universal señaló que la plaza todavía conservaba los “res sobreagudos” del tenor español Hipólito Lázaro y los camerinos improvisados de los artistas.⁵⁶

Conclusión

Las prohibiciones decretadas por las autoridades del Distrito Federal entre septiembre y octubre de 1916 tuvieron dos sentidos. Por un lado, regular, de un modo más estricto la conducta entre los diversos sectores de la sociedad en los lugares de reunión pública. Por otro lado, era necesario eliminar o al menos restringir cualquier fuente de nuevos trastornos.

La prohibición de las corridas decretada por Venustiano Carraza, puesta en su justo contexto, sólo fue una entre las varias que fueron decretadas a finales del siglo XIX y principios del XX por las autoridades del Distrito Federal y los estados. Si se compara su duración con las anteriores es notorio que subsistió mucho menos tiempo que las decretadas por Benito Juárez o por el Ayuntamiento de la ciudad. Sin embargo, hay dos características que la hacen distintiva: en primer lugar, que tuvo un alcance “nacional” aunque sólo fue mientras el orden legal era restituido en los estados de la República. No obstante, la violación temprana por las autoridades de León y las denuncias hechas en la prensa de que aún se realizaban corridas con la complacencia de las autoridades municipales demuestran la ineficacia del gobierno revolucionario para hacer cumplir la prohibición. La segunda característica es más importante, pues, mientras en el porfiriano se intentó regular las corridas con reglamentos cada vez más estrictos, Carranza quiso sustituirlas por un espectáculo más civilizado. En resumen, para el líder de la revolución y para quienes apoyaron el proyecto, el ejercicio físico y el deporte constituían la base de la educación y el desarrollo intelectual y, sobre todo, colocarían a las masas mexicanas a la altura de las “necesidades de la época”. Como se pudo apreciar, se trató de un proyecto bien planeado, puesto que se decretó su prohibición en un momento en que se habían conseguido avances relativos en el fomento del ejercicio físico y los deportes. Sobre todo, se buscó fomentarlos en un espectro social mucho más amplio que en el régimen anterior.

Por último, se ha hecho notar que la prohibición de las corridas fue apoyada por un sector minoritario dentro del círculo revolucionario. Esto condujo, en un primer momento, a que el grupo que apoyaba la prohibición no sólo de las corridas sino también de las peleas de gallos, del alcohol, de los juegos de azar, etc., fuera derrotado en los debates del Congreso Constituyente. Después sólo hubo que esperar a que las constituciones estatales fueran promulgadas y las corridas volvieron a celebrarse como antes. Únicamente en el Distrito y los territorio federales Carranza se aferró hasta el último día.