Ingeniería, agricultura y agua

El siglo XIX fue un periodo clave en el cambio de la relación del hombre con el agua, en el que surgió lo que Jean Robert denomina “el concepto ingenieril del agua”.²⁴ Se develó el misterio de su composición y descomposición en una formulación química básica y simple, H₂O,²⁵ que se sumó a los desarrollos tecnológicos para su explotación.

Los ingenieros jaliscienses decimonónicos compartían la visión de que la riqueza del país consistía en el dominio tecnológico de los conflictivos recursos naturales mexicanos, y concretamente del agua. La utilidad de este grupo durante el porfiriato les generó prestigio y facilitó su aceptación en la sociedad por ser los poseedores del conocimiento técnico necesario para desarrollar el proyecto modernizador mexicano.²⁶ A través de sus trabajos se plasmó la dinámica del subsistema hidráulico en Jalisco a fines del siglo xix, la dicotomía campo-ciudad, así como la coexistencia y la transición de la tradición a la modernidad. Fue un proceso en el que el dominio de la teoría y la maestría de la práctica ocupaban un lugar fundamental, en ocasiones una por encima de la otra, a tal grado que se afirmaría que “en la hidrología, más que en ninguna otra ciencia aplicada, vale más que el mejor cálculo el resultado de una experiencia”.²⁷

Efectivamente, la hidrología resultó ser fundamental para la vía extensiva de explotación agrícola que se implementó en Guadalajara y su región. Esto supuso la generación de un frágil equilibrio en el que las actividades económicas primaban sobre las ambientales. En el proceso, el control y la manipulación del agua fueron elementos cruciales en la intensificación agrícola y la transformación del paisaje.

Las medidas gubernamentales que favorecieron esa vía fueron la privatización de la propiedad a través de la política de colonización y de deslindes,²⁸ la formación de una Dirección General de Estadística (1883) para hacer un catastro de propiedades y un censo agrícola,²⁹ la definición de los derechos de propiedad en materia de aguas,³⁰ el establecimiento de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación,³¹ las bases para la extensión del ferrocarril que generó un gran mercado interno, la creación de servicios agronómicos y centros de enseñanza e investigación, la difusión de nuevas tecnologías, de sistemas de patentes, y la celebración, a partir de 1893, de la Exposición Agrícola de Coyoacán.³²

En 1902, congruentes con estas políticas llegadas del centro, los ingenieros jaliscienses agrupados en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, consideraban la irrigación como factor de gran relevancia para el progreso de la agricultura nacional.³³ Para fomentarla recomendaban acciones básicas como la construcción de presas, porque retener el agua de lluvia en ellas era “enriquecer a nuestra Patria; y quien haga esto debe ser considerado como benefactor público”. Ése era uno de los medios de sacar a la agricultura mexicana (rama principal de la riqueza pública) de su “pretendido atraso”.³⁴ Sin embargo, las obras de irrigación no eran de fácil realización debido a los inconvenientes que los agricultores encontraban a la hora de ejecutarlas, como la ausencia de capital de explotación, la reevaluación hacendaria de una finca tras la mínima modificación y la ausencia de instrucción de la mayoría de la clase agrícola.

Eran estos ingenieros integrantes del grupo que desarrolló la cartografía decimonónica a través de su servicio como funcionarios de los diferentes niveles de gobierno. En su papel de ingenieros del estado, de la ciudad, integrantes de comisiones delimitadoras o de reevaluación de propiedades, se involucraron en la reconstrucción y la representación cartográfica del país y en un nuevo sentido de apropiación de los recursos de tierra y agua. Muchos de ellos estaban ligados con las familias terratenientes de Jalisco por lazos familiares o clientelares. Eran miembros de las elites agrícolas, lo que los convertía en elementos de gran relevancia en la definición del espacio y el funcionamiento de las relaciones de poder.³⁵

El desarrollo de obras de irrigación a varias escalas surgió como reflejo de la noción de progreso asociado a la tecnología para el control de los recursos naturales. Aparte del agua manejada por grupos como comunidades indígenas y campesinas, los hacendados y las empresas la gestionaban en forma individual. Eran éstos los que consideraban los recursos naturales, tan ponderados durante la primera mitad del siglo, como una carga más que una ventaja, porque impedían el libre tránsito por el país en razón de factores como la ausencia de ríos navegables y la existencia de cadenas montañosas. La mayor crítica que se les hizo fue que impidieran la existencia y el sostenimiento de agua para la producción agrícola.³⁶

En las últimas décadas de la centuria la pugna entre los grupos sociales y las instituciones por el control del agua para sus diversos usos en la agricultura, la industria y el abasto a localidades urbanas y rurales se intensificó debido a múltiples factores. El año de 1890 fue, de acuerdo con las ideas de Andrés Molina Enríquez que Luis Aboites retoma,³⁷ un momento de inflexión respecto de la concepción del agua en el país. Se produjo una transición del “agua local”, con aprovechamientos a pequeña escala y actores locales o regionales que se disputaban su uso y recurrían a acuerdos consuetudinarios o notariales,³⁸ hacia el “agua nacional”, lo que implicó una ruptura en las prácticas y las relaciones de los diferentes actores del proceso. Fue entonces cuando los empresarios y el gobierno adquirieron renovado interés en el recurso en un “movimiento social [que] descansaba en un cambio tecnológico revolucionario en la escala de los aprovechamientos del líquido”.³⁹

En ese marco, entre 1880 y 1900 hay constancia de tres tipos de actividades de ingeniería hidráulica íntimamente relacionadas, desarrolladas por los ingenieros en el campo jalisciense: en primer lugar, las de irrigación, útiles para incrementar la cantidad y la variedad de cultivos que alimentaban a la ciudad y que, con la llegada del ferrocarril, se llevarían a mercados nacionales e internacionales; en segundo lugar, el aprovechamiento de los cauces para la navegación de embarcaciones mercantes que transportarían los productos jaliscienses; en tercer lugar, el aprovechamiento del agua como fuerza motriz para la instalación de centrales hidroeléctricas de pequeña capacidad, útiles en diferentes actividades de las haciendas y la generación de electricidad para iluminar la ciudad. Eran labores de pequeña y gran hidráulica.

El desarrollo de la pequeña hidráulica se dio con procesos como la construcción de presas, “embalses de almacenamiento, de energía hidroeléctrica, redes de canales de distribución de agua y amplias actuaciones de drenaje y bonificación”.⁴⁰ Estas prácticas eran bastante rudimentarias debido a que originalmente comprendían presas construidas con piedras, hierbas y estacas a las que se sumaban cajas de acequias.⁴¹ En las cajas se incluían templadores (ladrones o vertedores) que eran aberturas en la pared lateral que daba al río por las que “una vez cubiertas las cantidades de agua designadas a cada caja, los sobrantes regresaran al río con el fin de que pasaran a las cajas inferiores”.⁴²

En las haciendas de Jalisco las presas eran las obras más habituales, y una parte importante de su alimentación era el agua de lluvia que caía abundantemente en los meses de verano. La necesidad de controlar el agua disponible en las diferentes presas y acequias hizo que se practicara la medición en cada una, con una escala métrica y la instalación de pluviómetros para registrar las lluvias y la altura diaria de nivel. Un interesante ejemplo es el de la hacienda de Atequiza, donde bajo la administración de Manuel Capetillo⁴³ se estableció un sistema de canales de derivación del río para regar la propiedad y fertilizar una zona de cuatro mil hectáreas.

Retomando el caso de la irrigación y la postura oficial como gremio adoptada a través de las páginas del Boletín de la Sociedad de Ingenieros, trasladar las medidas del ámbito discursivo a la praxis, institucional⁴⁴ e individualmente, permitió que los ingenieros se convirtieran en mediadores socioculturales a distintos niveles: ingenieros-hacendados-gobierno local-gobierno central. Las prácticas derivadas de sus conocimientos, aplicadas en apoyo de la política gubernamental y en su propio beneficio como empresarios, les permitieron ser actores del dinamismo de la comunidad de hacendados jaliscienses finisecular decimonónica. En este artículo se ofrece un estudio de caso que ejemplifica esta situación a través de los conflictos surgidos por el control del agua en el Lerma-Santiago, cuyos actores principales fueron los ingenieros jaliscienses hermanos García de Quevedo, el ingeniero, político y propietario Manuel Cuesta Gallardo y el empresario proveniente de la ciudad de México José María Bermejillo.

Los actores

Manuel García de Quevedo (1854-1924) nació en el seno de una familia que llegó de Cantabria en el siglo xviii y fue dueña de la hacienda de Toluquilla, en la Nueva Galicia. En 1873 hizo el examen de ingeniero hidromensor y agrimensor en el Instituto de Ciencias de Jalisco. Hermano mayor de una familia numerosa, tras la muerte de su padre en 1879 quedó como tutor de sus hermanos menores y, tras la repartición de la herencia y la compra de las partes de sus hermanos, fue dueño de la próspera hacienda de Arroyo de Enmedio, en Tonalá, donde llevó a cabo labores de aclimatación y experimentación de cultivos y la construcción de dos presas y seis bordos para el aprovechamiento del agua en el riego. Fue profesor de la Escuela de Ingenieros y de la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, munícipe en diversas ocasiones del Ayuntamiento de Guadalajara e ingeniero de la ciudad. Fue presidente de la Cámara Agrícola Jalisciense, de la Cámara de Comercio de Guadalajara y miembro de la Sociedad de Ingenieros de Jalisco, además de editor y autor de artículos aparecidos en el Boletín de esa sociedad y en el de la Cámara Agrícola. Como ingeniero llevó a cabo labores de delimitación de tierras, de irrigación del río Duero en Zamora (1897), representó a Jalisco en diversas exposiciones nacionales e internacionales y fue además presidente de la Junta Local de Bosques.

Su hermano Miguel Ángel G. de Quevedo y Zubieta (1862-1946; más conocido como el apóstol del árbol) quedó tras la muerte de su padre a cargo de su tío paterno Bernabé, en Bayonne. En la Universidad de Burdeos recibió el grado de bachiller en ciencias en 1883; estudió ingeniería civil en la Escuela Politécnica de París, con especialización en ingeniería hidráulica, y se diplomó en 1887, año en que volvió a México. Se le recuerda por grandes labores como presidente de la Junta Central de Bosques que publicó la Revista Forestal, la creación de parques en la ciudad de México y de los viveros de Coyoacán, aprovechando su cercanía con José Yves Limantour y, tras la revolución, la conversión del Desierto de los Leones en el primer parque nacional protegido del país. Además, participó en congresos nacionales e internacionales sobre temas diversos. Como ingeniero civil, llevó a cabo múltiples actividades como la supervisión de la fábrica de tejidos e hilados de San Ildefonso (1895), y entre 1896 y 1904 estuvo a cargo de la construcción de la fábrica de cigarros El Buen Tono, propiedad del empresario francés Ernesto Pugibet, así como de la iglesia del mismo nombre en 1912. A ello se sumó, entre sus numerosas actividades, haber sido consultor para la construcción de ferrocarriles en el Valle de México, así como los negocios que desarrolló junto con su hermano Manuel y de los que se ocupa este artículo.

Manuel Cuesta Gallardo (nacido en 1873), aparte de ser un relevante político porfirista y dueño de la hacienda de Atequiza, también había estudiado ingeniería. La hacienda era propiedad de su familia, y cuando se incorporó al negocio familiar entre 1896 y 1900 consiguió que la hacienda incrementara en cinco mil hectáreas las tierras de riego con la construcción de un acueducto para canalizar el agua de la laguna de Cajititlán a través del arroyo de los Sabinos. En 1898, asociado con otros empresarios y políticos como el cuñado de Díaz, Lorenzo Elízaga, fundó una compañía para canalizar y aprovechar en riego las aguas de la laguna de la Magdalena.⁴⁵ Estableció el primer molino de cilindros que funcionó en el estado, la primera fábrica de alcohol de maíz que transformó en alcohol de remolacha en 1894, y mostró sus diversos logros en las exposiciones regionales, nacionales e internacionales. Además fue gobernador del estado en el periodo final del mandato de Díaz, y diputado federal. También era miembro de la Cámara Agrícola Jalisciense e introdujo el lirio y la carpa en 1905 a Chapala.

José María Bermejillo e Ibarra (1839-1904) era oriundo de Balmaseda (Vizcaya). Llegó a México a mediados del siglo XIX y se estableció en la ciudad de México. En 1861 se casó con María Dolores Martínez Negrete y Alba, de Guadalajara, y para 1886 tenía 1 150 acciones del Banco Mercantil Mexicano, 1 000 del Mexicano y 5 344 del Nacional de México. En 1889 se comenzó a edificar la fábrica textil Río Grande, inaugurada el 17 de mayo de 1896, junto con la colonia industrial de El Salto, conocida actualmente como Las Cuadras. Dicha fábrica fue construida en los terrenos aledaños a la hacienda de Jesús María por las familias Bermejillo y Martínez Negrete. Su edificación estuvo a cargo del ingeniero Alberto Robles Gil. Entre los cultivos más destacados de la propiedad estuvo el trigo, para el cual se estableció un molino harinero. Robles Gil, además de ser ingeniero activo, fue sucesor de Cuesta Gallardo en el gobierno del estado de Jalisco en 1911; un fenómeno, el de los ingenieros gobernadores, inaugurado por Mariano Bárcena en 1889.

El posicionamiento de los actores: intereses gubernamentales y de los ingenieros-hacendados y empresarios

La proliferación de los trabajos de irrigación tuvo varios factores detonantes; uno de los más importantes fue que la regulación de los usos del agua fuera una de las prioridades del gobierno mexicano en materia de agricultura, particularmente durante el porfiriato, cuando se produjo un proceso paulatino de centralización del poder en manos del gobierno federal.⁴⁶

En ese sentido, resultó fundamental la Ley sobre Vías Generales de Comunicación del 5 de junio de 1888. Al Ejecutivo federal le correspondía la vigilancia, la policía y la facultad de reglamentar su uso público y privado.⁴⁷ A partir de entonces, tanto el río Grande como el lago de Chapala serían su responsabilidad, y todos los asuntos relativos a ellos deberían ser revisados y autorizados por el gobierno federal.

A partir de la instalación de las primeras plantas hidroeléctricas en México⁴⁸ se expidió el decreto del 6 de junio de 1894 que fue complementario de la ley anterior y permitió al poder Ejecutivo el otorgamiento de concesiones a particulares para el aprovechamiento de aguas en riegos y como potencia industrial. A los concesionarios se les exentaba de impuestos durante cinco años y se les otorgaba el derecho de ocupar gratuitamente los terrenos baldíos y nacionales para el paso de los canales destinados a la construcción de presas o diques y para la formación de depósitos. Las tarifas eléctricas estarían sujetas a la aprobación del gobierno federal.

En apoyo de la legislación estatal, en Jalisco se expidió el decreto 696 del 19 de septiembre de 1895, conocido como Ley de aguas de Jalisco, a través del cual se especificaron los límites jurisdiccionales sobre el agua en el estado, se establecieron los trámites necesarios para la obtención de concesiones de agua y se permitió únicamente al gobernador otorgar concesiones y aprobar las tarifas.⁴⁹

Por si hubiera ambigüedad en la materia, el 17 de diciembre de 1896 se expidió otro decreto que reafirmó la jurisdicción federal sobre el control de los recursos hidráulicos, de tal forma que se transfirieron a la Secretaría de Fomento y Colonización todas las funciones relacionadas con el otorgamiento de concesiones, franquicias y permisos para la generación de energía eléctrica. Sólo a ella le correspondía la interpretación exclusiva e inapelable de la legislación en la materia.⁵⁰

Este marco legal permitió que se multiplicaran las inversiones en obras de irrigación para la agricultura, pero también el aprovechamiento de la fuerza motriz del caudal del río Santiago para la introducción del alumbrado y los tranvías eléctricos en Guadalajara. A fines del siglo XIX y principios del XX las empresas que efectuaron esas labores se fusionaron paulatinamente hasta conformar un importante monopolio encargado de dotar a la ciudad de alumbrado público y de la totalidad del servicio de tranvías a base de energía eléctrica, la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora de Chapala, S.A. (1907). Era la producción de la gran infraestructura hidráulica frente a la pequeña de las presas y los canales anteriores.

La hacienda de Arroyo de Enmedio tenía una ubicación privilegiada, al ser paso obligado para los viajeros que iban de Guadalajara a San Pedro y a la región de los Altos de Jalisco, al igual que lindaba al norte y al oriente con la barranca por la que corre el río Grande.⁵¹ Esta situación marcó una relación especial del propietario, el ingeniero Manuel García de Quevedo, y su hermano el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, con la cuenca, el lago y los dueños de haciendas ribereñas. Según sus propias afirmaciones, su carácter incluía la “honorabilidad y recta conciencia profesional”,⁵² seguramente generada por su origen, pues eran hijos de un rico propietario terrateniente, pero también gracias a la experiencia laboral, lo que facilitaría su intervención en las vías de comunicación aledañas y el aprovechamiento del agua, bien para riego, bien como fuerza motriz de las industrias establecidas.

En ese entonces la utilidad de Chapala era contemplada desde dos perspectivas simultáneamente: el interés en la desecación de terrenos para su uso agrícola y el aprovechamiento de sus aguas para establecer compañías de navegación.

Respecto del primer punto, en décadas previas había habido algunos proyectos rechazados para desecar el “mar chapálico” y acondicionar para la navegación los ríos Lerma y Duero, entre ellos el de Manuel de J. Olasagarre, Mariano Otero y Samuel L. Trant (1842);⁵³ el presentado a Maximiliano para alzar una ciudad llamada Miramar en medio de llanuras desaguadas (1864) y el de Ignacio Castellanos, dueño de dos haciendas en la parte septentrional de la ciénega de Chapala, quien sometió al presidente Juárez (1867) una propuesta para convertirla en tierras agrícolas. Tras consultar a los habitantes ribereños, la última se rechazó ante el temor de producir la desertificación del área.⁵⁴

El segundo proyecto, la navegación, fue más afortunado. En 1866 Maximiliano autorizó el establecimiento de una línea de buques de vapor en el lago de Chapala y en el río Grande, una compañía anónima para el establecimiento y cuidado de los buques, barcas de pasajeros y remolcar embarcaciones de carga⁵⁵. El presidente de la Junta Directiva fue el padre de los dos ingenieros, José Valente García de Quevedo.

Pasada la intervención francesa, el vapor Libertad navegaba en Chapala, aunque su recorrido era bastante limitado, sólo de 50 leguas. Así lo señalaba el ingeniero Juan B. ^{Matute en 1871}, cuando propuso la canalización de una parte del río Grande para hacer navegable una porción mayor de su curso, particularmente en el recorrido hasta Juanacatlán, donde había 15 leguas que se harían practicables con una canalización “muy fácil”, de media legua.⁵⁶ Esto no se llevó a cabo, a pesar de los felices augurios del ingeniero.

Durante el porfiriato el interés en la ciénega y en el lago de Chapala se incrementó considerablemente. Si la navegación y la desecación tenían fines agroindustriales, comenzó a aparecer la visión empresarial de Chapala como centro turístico que rivalizaba con San Pedro Tlaquepaque en atracción para las elites tapatías. Esto se vio beneficiado por la presencia del presidente Porfirio Díaz y su familia, que a lo largo de nueve años fueron de vacaciones a la villa de Chapala.⁵⁷

El tramo del río Grande de la cascada del Salto de Juanacatlán también tenía sus virtudes. La belleza física del lugar provocó el deseo de establecer una línea de ferrocarril de tracción animal entre Guadalajara y El Salto (1871). Proyectado por Juan Bautista Matute, pasaría por San Pedro, Arroyo de Enmedio, El Castillo y, finalmente, llegaría a Juanaca-tlán. El proceso resultaría útil a J. Valente Quevedo, pues atravesaba dos de sus propiedades (El Castillo y Arroyo), aunque también implicaría sacrificio de su parte al serle expropiados los terrenos necesarios para la instalación.

En 1893 el transporte a Juanacatlán ya estaba bien establecido y se dividía en dos fases que se recorrían en hora y media. En la primera, un tren de pasajeros salía todos los días de Guadalajara a las nueve de la mañana, recorría 24 kilómetros y llegaba hasta la estación del Castillo, situada en la hacienda del mismo nombre y que pertenecía a José María Bermejillo desde 1877.⁵⁸ La segunda fase consistía en continuar el trayecto en “un amplio tranvía tirado por cuatro mulas” que recorría 7 kilómetros.⁵⁹

El último tramo había sido de reciente creación por un contrato celebrado entre Bermejillo y el gobierno del estado. Se puso al servicio del público en octubre de 1889, aunque no estuviera acabado, con las recomendaciones dadas por el ingeniero del estado para que “al terminar los terraplenes se deje en buen estado el paso a nivel en el cruzamiento del camino de Juanacatlán”.⁶⁰ Curiosamente, ese ingeniero fue Manuel García de Quevedo, que se encontraba de nuevo con Bermejillo y sus negocios, aunque no sería la última ocasión.

Era esa impresionante cascada, “el Niágara mexicano”, magnífica; tenía unos ciento veinte metros de elevación y originalmente surtía fuerza motriz para el molino de trigo de la hacienda de Jesús María, propiedad de Dolores Martínez Negrete, hija del connotado empresario español Francisco Martínez Negrete⁶¹ y que se había casado con Bermejillo. La propiedad familiar aumentó cuando éste adquirió la hacienda de El Castillo. En esa zona, un hermano de Dolores, Francisco Martínez Negrete, compró parte de los terrenos de Jesús María a su hermana para establecer la fábrica textil de Río Grande, a partir de 1896, así como su colonia, “el último gran proyecto industrial del siglo XIX en Jalisco”.⁶²

En cuanto a Bermejillo, debe mencionarse la diversificación de sus actividades empresariales en torno al aprovechamiento del agua, puesto que estuvo involucrado en la introducción de la electricidad en Guadalajara en 1884. En 1892, como representante de la Compañía de Luz Eléctrica de Guadalajara,⁶³ celebró un contrato con el ayuntamiento⁶⁴ que implicó la generalización de la electricidad para el alumbrado público en las calles y el palacio de gobierno⁶⁵ hasta que la ciudad se iluminó por completo. La energía provino del aprovechamiento de la cascada del Salto de Juanacatlán, donde se instaló una planta eléctrica que fue inaugurada en 1893 e iluminó la urbe “con luz eléctrica superior a toda la de otras ciudades del país”. ⁶⁶

Como se puede observar, la legislación estatal y federal benefició a Bermejillo que, paulatinamente, se hizo un lugar en el ámbito de los hacendados al adquirir una propiedad a los García de Quevedo, así como al casarse con una terrateniente encumbrada, y en el de los empresarios con los ambiciosos proyectos hidroeléctricos. También se ha notado que el interés de los García de Quevedo por capitalizar el flujo del río y las aguas de Chapala databa de bastante tiempo atrás, y su capacidad como ingenieros les permitíría proponer proyectos y optimizar los resultados.

Primer conflicto: el control de la fuerza motriz y la Compañía Hidráulica Mexicana

Antecedente de la Compañía Hidráulica e Irrigadora de Chapala, fundada en 1909 por Manuel Cuesta Gallardo, fue la Compañía Hidráulica Mexicana, una aventura emprendida por los hermanos García de Quevedo y en la que tanto José María Bermejillo como Cuesta Gallardo tuvieron cierto protagonismo.

Aprovechando el contrato para iluminar la ciudad de Guadalajara, así como el decreto del 6 de junio de 1894, José María Bermejillo solicitó en agosto de 1895 la concesión de toda la corriente que pasara por el Salto de Juanacatlán, con la finalidad de emplearla como fuerza motriz.⁶⁷

Esta situación dio pie a una serie de documentos dirigidos a la Secretaría de Fomento en oposición a la solicitud de Bermejillo, entre ellos el del empresario español Manuel Fernández del Valle y el de los hermanos García de Quevedo. En su escrito fechado el 24 de octubre de 1895, los últimos indicaban que habían solicitado la concesión de las aguas no aprovechadas en un tramo del río de Santiago en que estaba comprendido dicho salto o cascada y en cuya ribera contigua de la margen derecha Manuel era dueño de terrenos regados desde hacía muchos años por las aguas del río. Además, en la zona había otros ribereños, clientes de ambos hermanos, cuyos proyectos de aprovechamiento se verían perjudicados,⁶⁸ lo que quedó demostrado con la carta de oposición que envió Pedro Navarro, uno de esos clientes de los Quevedo, “a pesar de que no mencionó mi nombre en la solicitud”.⁶⁹

El resultado de ese intercambio epistolar, tras la consiguiente investigación para dar seguimiento al trámite iniciado por los García de Quevedo el 7 de julio, un mes antes que Bermejillo, fue que los hermanos firmaron un contrato con la Secretaría de Fomento el 2 de diciembre del mismo año, para que

por sí o por la Compañía que organizaren, ejecutasen las obras hidráulicas necesarias para aprovechar como fuerza motriz, hasta cinco metros cúbicos de agua por segundo de las caídas de agua y rápidos del río Grande de Santiago que se encuentran en el trayecto de dos kilómetros contados río abajo desde el puente de Tololotlán.⁷⁰

El contrato especificaba que debían emplear la fuerza hidráulica para establecimientos industriales o para producir energía eléctrica para la ciudad de Guadalajara u otra población. Esto suponía una clara competencia con la empresa de Bermejillo, lo que quedó demostrado al repetir éste su demanda a lo largo de los años siguientes, alegando como causa la gran sequía que aquejaba a la región y el bajo caudal del río Grande, de tal forma que “por primera vez desde hace muchísimos años no alcanza a satisfacer las necesidades de las concesiones y mercedes otorgadas a diversas fincas”.

Eso hacía “indispensable” la ejecución en el Salto de Juanacatlán de ciertas obras que permitieran utilizarlo todo. Se accedió a ello, aunque indicando que debería ser de carácter temporal. Fue entonces que el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, el empresario y experto en su papel, redactó una nota “sobre el consumo de agua que hacen las instalaciones de aprovechamiento de fuerza en la margen izquierda del río Grande de Santiago en Juanacatlán”,⁷¹ en la que se afirmaba que, no obstante el uso del agua para el molino de trigo, el riego de las tierras, la fábrica de hilados y electricidad para Guadalajara, la concesión otorgada previamente era suficiente, porque no se empleaba la fuerza simultáneamente.⁷² Pero sus esfuerzos resultaron inútiles.

Mientras tanto, y para poner en marcha el proyecto de aprovechamiento de la fuerza motriz de 1895, el 17 de marzo de 1896 se constituyó la sociedad anónima denominada La Hidráulica Mexicana, a la que los hermanos Quevedo aportaron el contrato celebrado en 1895 con la Secretaría de Fomento. Para fortalecer la compañía, Manuel vendió a La Hidráulica (1º de agosto de 1896) el terreno denominado Garita Vieja y el rancho de La Cuchara, ambos en la margen derecha del río Santiago, opuesta a las tierras de Bermejillo y que incorporaría la toma de agua en los rápidos de Tololotlán.⁷³

Dando continuidad a los proyectos de navegabilidad del río, ese mismo año los hermanos celebraron el 31 de marzo de 1896 otro contrato con la Secretaría de Fomento para realizar obras de mejoramiento en los ríos Lerma, Grande o de Santiago y Duero, para facilitar la navegación desde La Piedad (Michoacán) hasta el lago de Chapala.⁷⁴ Se unieron entonces los dos intereses en el aprovechamiento del caudal del río Grande, la fuerza motriz y la navegación.

Los planos de ambos proyectos -las caídas de agua del río Santiago desde Tololotlán y el proyecto de navegación de los ríos Lerma, Duero y Santiago, unidos al lago de Chapala- fueron presentados por Manuel, en su papel de ingeniero, en la Exposición Universal de París de 1900⁷⁵ como adelantos tecnológicos de gran valía.

Los problemas de sequía y de escasez de agua en el río Grande continuaban, y tanto Bermejillo⁷⁶ como los Quevedo pretendieron ampliar la concesión otorgada, lo que dio pie a la oposición de ambos lados y un acuerdo parcial entre las partes,⁷⁷ a las que hubo que sumar una tercera, la de Gabriel Cruz, propietario de La Aurora.⁷⁸

Finalmente, Bermejillo, La Hidráulica Mexicana y los hermanos Quevedo celebraron una transacción por la que La Hidráulica se desistió de unas solicitudes que había hecho y se conformó con otras que había presentado Bermejillo para aprovechar el agua del río Santiago, arriba del puente de Tololotlán; asimismo, se estableció a favor de la hacienda del Castillo una servidumbre de abrevadero de ganado con la senda que llevaba al aguaje, situado en los terrenos de La Hidráulica.

A cambio, Bermejillo, en representación de su esposa (hay que recordar que ella era la dueña del Salto de Juanacatlán), se comprometió a retirar las oposiciones a las solicitudes de La Hidráulica para aprovechar las aguas del río Santiago y, para que pudiera ensanchar el canal que había construido por la concesión original, cedió a la compañía la franja de terreno necesaria, no mayor de quince metros de ancho a lo largo del canal, que formaba parte de los terrenos del rancho de San Fernando.⁷⁹

Las obras originales de las que se hace mención fueron realizadas por Manuel García de Quevedo para La Hidráulica Mexicana, y consistieron en:⁸⁰

Todo lo anterior fue vendido íntegramente el 15 de noviembre de 1902 por La Hidráulica Mexicana a Manuel Cuesta Gallardo, dueño de la hacienda de Atequiza, caracterizada por estar a la vanguardia de los adelantos tecnológicos en materia de generación eléctrica desde 1888 y presumida ampliamente en el incipiente cine de la época. Se incluyó el derecho para gestionar y obtener las concesiones que había solicitado La Hidráulica para aprovechar las aguas del río Grande como fuerza motriz en un trayecto de cuatro kilómetros debajo de donde terminaba la concesión de 2 de diciembre de 1895 y para que se ampliara esa concesión.⁸³

El intermediario de la transacción, y parte interesada, fue el propio Manuel, a quien se le compensó, además de por su “intervención y agencias” en el negocio, por “servicios profesionales prestados al señor Manuel Cuesta Gallardo”. A cambio, se le favoreció con la potencia hidráulica de los saltos de Tololotlán y de la caída, conforme a la concesión de 2 de diciembre de 1895 que pertenecía a Cuesta, y cinco mil pesos con sus réditos al seis por ciento por haber puesto en explotación la concesión que Cuesta había adquirido de La Hidráulica Mexicana, la toma de agua del río Grande para aprovecharla en Atequiza como fuerza motriz, y la que se hizo para elevar el agua del lago de Chapala para riegos.⁸⁴

Tras varias desavenencias, parecían haber llegado a un acuerdo provechoso para todas las partes involucradas; Bermejillo y Cuesta Gallardo ampliaban su poder y los García de Quevedo conservaban ciertos beneficios para alimentar sus tierras, al mismo tiempo que incursionaron en la gran hidráulica como ingenieros. Sin embargo, también hubo momentos tensos, particularmente cuando Cuesta Gallardo puso en marcha un nuevo proyecto de desecación de la ciénega de Chapala.

Segundo conflicto: mediación de los ingenieros-hacendados con la Compañía Hidroeléctrica de Chapala

La boyante hacienda de Atequiza era regada por las aguas de la laguna de Cajititlán y del río Santiago. Su expansión territorial se dirigía hacia tierras aledañas al Lerma y a Chapala. Aprovechando la gubernatura de Jalisco, Manuel Cuesta Gallardo logró obtener de Porfirio Díaz el aprovechamiento agrícola de las cincuenta mil hectáreas de la ciénega de Chapala que quedarían exentas de los desbordes del lago. Se trató de una obra que realizó a través de su Compañía Agrícola de Chapala y que se llevó a cabo entre los años 1905 y 1910, lo que demandó la acción conjunta de los hacendados y las autoridades regionales.

La iniciativa de Cuesta Gallardo contó en un principio con la firme oposición de los hacendados ribereños de Chapala, conflicto en el que intervinieron activamente Manuel y Miguel Ángel García de ^{Quevedo en 1906}. Aunque no eran parte interesada directamente, se habían visto involucrados en el proceso desde años atrás debido a múltiples factores: como miembros de La Hidráulica, habían vendido la empresa a Cuesta Gallardo; Manuel había trabajado para Cuesta Gallardo y tenía un trato de concesión eléctrica y Miguel había apoyado a Cuesta Gallardo, desde 1900, a “inclinar a los propietarios ribereños, mis clientes y amigos, a cooperar en todo lo referente a la irrigación, mas nunca, por ningún motivo, a intentar cosa alguna contra sus derechos e intereses de propietarios ribereños”.⁸⁵

Las intenciones de desecación de Cuesta Gallardo, que faltaban “así a la ley económica y social que rige toda empresa realmente benéfica, todo orden y progreso: el respecto al derecho de otros”,⁸⁶ y las quejas de los vecinos motivaron que el gobierno comisionara a Miguel para emitir su opinión sobre el tema, lo que realizó desde una perspectiva tecnocientífica, situándose, desde el principio, en un punto neutral.⁸⁷

Según él, el quid de la cuestión radicaba en qué se entendía por el límite del lago de Chapala para permitir la desecación de la zona. Los estudios realizados por su hermano Manuel⁸⁸ y Marroquín y Rivera en 1903 habían considerado los límites de las aguas más altas, y lo conveniente habría sido el nivel medio del lago, para distinguir las aguas de propiedad federal y las de propiedad particular. Esa situación había provocado que los ribereños enviaran una carta a Manuel, el 28 de mayo de 1906, en la que indicaban que la curva era tan alta que “abarca la totalidad o gran parte de los terrenos de nuestras haciendas ribereñas de la laguna, terrenos que sólo han sido anegados eventualmente por muy corto periodo de tiempo en las más altas aguas, o del todo extraordinarias subidas de nivel de las aguas, nunca por las altas aguas ordinarias”. Era un límite que les perjudicaba porque tales terrenos serían considerados de la nación, y le preguntaban cuál era la cota de las aguas ordinarias, lo que les fue informado.⁸⁹ Tras una ardua negociación, Cuesta Gallardo obtuvo la concesión.

En el asunto, los Quevedo figuraron como mediadores en un conflicto jurisdiccional, una actividad para la que los actores involucrados les consideraban capacitados en función de su profesión de ingenieros. Pero en medio había otros intereses que debían ser aclarados para evitar caer en subjetivismos que eliminaran la racionalidad de sus actividades profesionales y que se derivaban de las relaciones laborales y personales con los ribereños afectados por Cuesta Gallardo. Esto les puso en una situación comprometida por varios motivos, principalmente el compromiso moral para apoyar a los ribereños en las obras de irrigación; el compromiso legal emanado de los contratos de irrigación y el tecnológico adquirido para asesorar y realizar obras de irrigación para los ribereños y para Cuesta Gallardo.

Con las adquisiciones a los Quevedo, los intereses de la poderosa familia Cuesta Gallardo, a la que unían vínculos de compadrazgo con el presidente Porfirio Díaz, confluyeron con los de la familia Martínez Negrete Bermejillo, propietaria de las haciendas de Buena Vista y de Jesús María, así como de la hidroeléctrica del Salto y la fábrica de Río Grande, que presionaba para la obtención de mayor corriente eléctrica.

Estas dos familias se unieron a otros empresarios nacionales y extranjeros para fundar la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora del Chapala, una sociedad anónima por acciones que concentró abundante capital. Contó con capitalistas de Guadalajara y de México, empresarios individuales y compañías industriales, comerciales y bancarias.⁹⁰ Entre ellos, desde luego, no estaba la familia Quevedo, al menos originalmente; a la postre, uno de los hijos de Manuel, el abogado Valente García de Quevedo, con quien compartió mesa directiva de la Cámara Agrícola Jalisciense, se convirtió en el representante legal de la Irrigadora.

Finalmente, en 1909, cuando se configuró oficialmente la Compañía Hidroeléctrica e Irrigadora del Chapala, se celebró un contrato con el gobierno de Jalisco en el que se unificaron diversos contratos previos realizados con particulares y empresas que habían sido incorporadas a la Hidroeléctrica.⁹¹ Por ejemplo, su principal accionista, Manuel Cuesta Gallardo, aportó entre otras cosas la compra realizada a la Hidráulica Mexicana, así como la concesión que obtuvo del gobierno federal para explotar y desecar los terrenos de la ciénega de Chapala.⁹² En el contrato se autorizaba a la Hidroeléctrica a que facilitara energía eléctrica para cualquier uso que se le quisiera dar en los municipios de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan.⁹³ Poco habría de durar el triunfo de Cuesta Gallardo, pues con la revolución las tierras fueron repartidas y el uso de la moderna tecnología para el acaparamiento de tierras llegó a su fin.

Conclusión

Así, a través de las líneas precedentes se ha podido observar cómo la transición de la pequeña a la gran hidráulica dio oportunidad de desarrollar las mejores capacidades de los ingenieros-hacendados; también permitió diversificar actividades y reforzar los vínculos tradicionales a través de relaciones económicas, sumados a los vínculos modernos de estas elites, en los que se manifestaban el prestigio personal y profesional. El trato cercano con sus vecinos y su capacidad profesional inspiraban un respeto por los ingenieros que éstos emplearon como capital simbólico para continuar el proceso de modernización que se estaba desarrollando en la ciudad y en otras partes del país y en el que la “domesticación” del agua era crucial.

Es importante mencionar que estos personajes tenían vínculos tradicionales entre sí y también con el gobierno central. Formaban parte al mismo tiempo del aparato burocrático de Díaz encaminado al control del agua y al incremento de la producción agrícola a través del otorgamiento de concesiones a grandes propietarios.

No obstante, cabe destacar una situación particular. Kroeber⁹⁴ sostiene que los ingenieros de campo -enviados por el gobierno central para mediar entre los propietarios y hacer los estudios de campo pertinentes para las obras de irrigación propuestas- no tenían el suficiente conocimiento de la zona, del historial de lluvia de por lo menos cincuenta años, de los suelos, de las estructuras geológicas y de los asentamientos humanos que les permitieran hacer propuestas para un mejor uso del agua y enriquecimiento de la agricultura. Por lo que se ha podido ver, no fue ése el caso de los García de Quevedo, pues ellos mismos eran propietarios de una de las hacienda involucradas en el proceso, su familia había sido propietaria de otra de las haciendas afectadas y habían llevado a cabo obras de irrigación en diversas fincas aledañas, de ahí los clientes que se mencionan. Eran personajes que desde su práctica profesional privada habían enriquecido su conocimiento local y lo pusieron al servicio del gobierno para mediar en el conflicto entre sus pares, los otros hacendados y Manuel Cuesta Gallardo. Fue así que a la pericia del conocimiento nuevo, el tecnológico, adquirido en México y en Francia por ambos hermanos y que les valió para medir el flujo del río, la altura del agua y la propuesta de proyectos novedosos, se sumaba el conocimiento heredado, certero, del terreno y de las personas involucradas en el proceso y las redes clientelares. Eran, efectivamente, los antecesores de los “hidrócratas”, pero con características peculiares que parecen ser obviadas por autores como Wester, debido a su conexión íntima con el lugar que estudiaban y explotaban, lo que se consigue observar a través de la reducción de la escala y la comprensión de los procesos micro y macro que se llevaban a cabo simultáneamente.

Por último, señalemos un tema que deberá ser abordado en un futuro: cabría preguntarse qué pasó con los pequeños propietarios y las comunidades; por qué no figuraron en el conflicto ni en los documentos de los ingenieros; seguramente fueron desplazados por los intereses de los grandes propietarios que eran el foco de atención del gobierno porfirista.