Apoyar al Supremo Gobierno Nacional

José María Luciano Becerra y Jiménez nació el 13 de diciembre de 1784 en Xalapa. Ingresó al Seminario Palafoxiano, donde siguió la trayectoria que solían seguir los jóvenes que aspiraban al sacerdocio: entre 1800 y 1808 estudió filosofía y teología, y obtuvo ambos bachilleratos en la Universidad de México. Este último año ingresó al Colegio de San Pablo -el más importante de los colegios del Seminario en Puebla-, donde llegó a ser vicerrector. En 1812, al egresar de aquella institución, era también licenciado y doctor en Teología. Desde entonces fue párroco interino de Acatzingo y después ocupó las parroquias de Tepeji de la Seda y de Santiago Tecali.¹⁰ A partir de 1820 Becerra y Jiménez aparecía ya como actor de la política en la provincia de Puebla: en septiembre de aquel año, por ejemplo, fue elegido diputado suplente de la Diputación Provincial, y en marzo de 1821 fue nombrado diputado en Cortes por la provincia de Puebla, detrás de los también eclesiásticos y futuros canónigos de Puebla Pedro Piñeyro, Luis de Mendizábal y José María Oller.¹¹ Como legislador, Becerra y Jiménez cobró notoriedad nacional por su posición a favor de la República central en el Congreso Constituyente de 1823, pues desde su perspectiva la federación sólo podría desembocar en la anarquía.¹² Su prestigio como legislador no decayó: en octubre de 1830 fue elegido diputado al Congreso federal por el estado de Veracruz, y repitió en tal posición en 1833, cuando ya se había integrado al Cabildo catedral de Puebla.¹³

Desde 1831 Becerra y Jiménez fue nombrado canónigo magistral de Puebla; más tarde sería chantre. Gracias a la presentación del gobierno de Bustamante, fue preconizado obispo de Chiapas en 1838, aunque retrasó su viaje por una década, hasta 1848, cuando fungía como gobernador del obispado de Puebla tras la muerte de su antecesor, Francisco Pablo Vázquez. Su presencia política se mantuvo en los años del centralismo y de la restauración federalista: en enero de 1846 fue nombrado ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. En 1853 recibió la cruz de Comendador de la Orden de Guadalupe, reinstaurada por Santa Anna, quien además lo nombró consejero honorario de Estado.¹⁴ Como se ve, la carrera política de Becerra y Jiménez -desarrollada en las legislaturas nacionales- y su cercanía con actores políticos conservadores de primer orden tras la derrota frente a los Estados Unidos -como Lucas Alamán y el mismo Santa Anna- fueron factores fundamentales para que pudiera acceder al episcopado angelopolitano.

Becerra y Jiménez fue trasladado a Puebla el 27 de septiembre de 1852, después de que el presidente Mariano Arista lo postulara para esta mitra, vacante desde el 7 de octubre de 1847.¹⁵ A fines de diciembre entró finalmente a su diócesis, desde Oaxaca.¹⁶ Con su llegada a Puebla, Becerra y Jiménez completó una de las carreras eclesiásticas más prominentes de la diócesis en la primera mitad del siglo: había sido canónigo, chantre, gobernador del obispado en sede vacante y, finalmente, obispo de Puebla. Por dos años, hasta su muerte en diciembre de 1854, gobernó un clero que desde el primer federalismo e incluso hasta la década de 1850 planteó un discurso nacionalista que descansaba en metáforas religiosas para insistir en la importancia del respeto al Estado y en los deberes de los ciudadanos.¹⁷ Al mismo tiempo, planteó la independencia de la Iglesia frente al poder político, incluso desde la década de 1810.¹⁸ En línea con esta tradición diocesana, la jerarquía poblana mantuvo ambos elementos vigentes durante el episcopado de Becerra y Jiménez: por un lado, el Cabildo mantuvo la autonomía de la Iglesia y, al mismo tiempo, canónigos y obispo insistieron en el respeto al Estado e insistieron en los deberes del ciudadano frente al poder civil.

En efecto: desde su llegada, Becerra y Jiménez mostró su apoyo al régimen en su intención de facilitarle recursos económicos de la Iglesia poblana. Sin embargo, su postura enfrentó el rechazo del Cabildo Catedral, pues mientras el obispo consideraba necesario cooperar con el gobierno nacional, los capitulares se opusieron argumentando que los bienes eclesiásticos sólo podían dedicarse a fines eclesiásticos. El conflicto fue una constante durante la gestión episcopal de Becerra y Jiménez, que empezó casi al mismo tiempo que la última administración de Santa Anna. La postura del mitrado respondía a su carrera política y eclesiástica y a su cercanía con miembros prominentes del régimen santanista, incluido el presidente. Gracias a ello, desde su llegada a la Angelópolis y hasta su muerte en diciembre de 1854, el obispo impulsó una estrecha colaboración entre Iglesia y Estado nacional. El poco éxito de este objetivo se debió a los conflictos con su Cabildo, que asumió su papel de senado episcopal y, al mismo tiempo, defendió su competencia central en las decisiones conjuntas, siguiendo la tradición de defensa de los bienes eclesiásticos establecida en Puebla por el obispo Francisco Pablo Vázquez entre 1831 y 1847 y también la postura de obispos celosos de la jurisdicción eclesiástica, como el michoacano Clemente de Jesús Munguía. De hecho, un actor fundamental en la defensa de los bienes eclesiásticos fue el doctoral Francisco Suárez Peredo, quien llegaría a ser primer obispo de Veracruz y retomó la tradición de su antecesor Luis de Mendizábal, antiguo secretario del obispo Vázquez.

El problema de los bienes eclesiásticos fue sin duda un factor determinante de los debates en torno al papel de la Iglesia en la reconstrucción nacional tras la derrota ante los Estados Unidos. A lo largo del periodo del centralismo, incluso, un problema clave de la relación Iglesia-Estado fueron los bienes de las corporaciones religiosas. Mientras la jerarquía sostenía que éstos sólo estaban sujetos a la jurisdicción ordinaria, el gobierno nacional exigía continuos préstamos para mantener los gastos públicos. De hecho, la exacción fiscal fue una constante en los debates entre ambas potestades.¹⁹ Ante la ley del 11 de enero de 1847 -que permitía la hipoteca de bienes eclesiásticos hasta un total de 15 millones de pesos- la defensa de los bienes de la Iglesia se convirtió en un problema fundamental no sólo para la jerarquía, sino en la opinión pública. La imprenta de Abadiano, por ejemplo, publicó el conjunto de posiciones clericales en Despojo de los bienes eclesiásticos, y Rafael de Rafael utilizó su periódico El Ilustrador Católico Mexicano -publicado entre septiembre de 1846 y marzo de 1847- para sostener que la jerarquía era la única autoridad competente para decidir sobre el destino de los bienes eclesiásticos.²⁰ Estos elementos se expresaron en términos de las posiciones políticas que los propios periódicos habían manifestado entre la guerra de los Estados Unidos y la Reforma: mientras que El Universal mantuvo una posición proclerical, El Monitor Republicano asumió una posición radical, y El Siglo Diez y Nueve abrazó una postura intermedia.²¹ En estos debates, Becerra y Jiménez era identificado en marzo de 1853 por El Universal como uno de aquellos hombres “próvidos, inteligentes y patriotas” que podían integrarse al gobierno de Santa Anna, pues sabría defender bien los intereses del Estado y de la Iglesia. Ya para entonces ese periódico insistía en la necesidad de un gobierno fuerte para mantener la unidad y evitar los excesos del federalismo. Entre aquellos hombres que, como Becerra y Jiménez, sobresalían por su posición estaban Lucas Alamán y el obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía. ²²

Durante su gestión episcopal en Puebla haría honor a esta lectura de El Universal. El 22 de marzo de 1853, el gobernador Cosme Furlong informó que la cámara de diputados había elegido presidente a Santa Anna.²³ La primera semana de abril llegó al Cabildo Eclesiástico de Puebla la proclama que el nuevo presidente dirigió a los mexicanos, en la que informó haber sido “llamado para sacaros del estado de anarquía y disolución en que habéis caído”, y exhortaba a la unidad nacional.²⁴ El 12 de abril el gobierno del estado notificó al Cabildo que López de Santa Anna entraría a Puebla en un par de días, por lo que se acordó cantar una misa solemne con Te Deum. Permaneció sólo un día en Puebla.²⁵ El día 20 prestó juramento como presidente de la República. En su discurso sostuvo que debido a la desunión, las “difíciles circunstancias” eran peores de lo que había imaginado, por lo que propuso como medidas de gobierno “restablecer la unidad administrativa”, “promover la prosperidad nacional por el fomento y desarrollo del país”, respetar la religión y la moral “como las bases sólidas de la sociedad” y reorganizar el ejército.²⁶ En sus primeros días el gobierno de Santa Anna estuvo guiado por sus ministros ilustrados como Lucas Alamán, y como se ve en sus palabras, tuvo como objetivo reformar gradualmente al país a través de leyes que hicieran imperar el orden social y económico.²⁷

En esta lógica, Santa Anna decretó el 22 de abril de 1853 las Bases para la Administración de la República hasta la promulgación de la Constitución. En ellas estableció cinco secretarías de Estado: relaciones exteriores, relaciones interiores, justicia, negocios eclesiásticos e instrucción pública; fomento; colonización, industria y comercio, guerra y marina y hacienda. Además, señaló que las autoridades locales serían responsables sólo ante el presidente, con lo que anulaba el sistema federal representativo.²⁸ Su principal propósito era crear una administración central fuerte que no pudiera ser debilitada por el faccionalismo político y los problemas regionales.²⁹

El 26 de abril se creó el Consejo de Estado, integrado por 21 miembros y dividido en cinco secciones, correspondientes a cada uno de los ministerios. Sería un cuerpo consultivo para el presidente y tendría sesiones cuando el gobierno necesitara su acuerdo. Se nombró como su presidente a Clemente de Jesús Munguía, obispo de Michoacán, lo que agradó a la Santa Sede.³⁰ Dos poblanos formaron parte de él: Juan Múgica y Osorio y el sacerdote Francisco Javier Miranda.³¹ El 27 de abril, el Cabildo Eclesiástico de Puebla acordó celebrar un triduo a la Virgen de Guadalupe “como patrona de los mexicanos, para aclamar por su medio a Nuestro Señor el acierto en el Gobierno del Excelentísimo señor Presidente de la República, y remedio de las necesidades públicas”.³²

Una de las primeras medidas que adoptó el gobierno de Santa Anna para la reorganización del país fue la propuesta de Manuel Escandón de crear un Banco Nacional, en mayo de 1853. Según la oferta, el banco duraría 20 años prorrogables y contaría con un capital inicial de seis millones de pesos, cuatro en efectivo y dos en billetes. Ofrecería un crédito de dos millones anuales al gobierno, a cambio de administrar los ramos de ingresos gubernamentales y de la conversión de la deuda nacional en extranjera.³³ Al clero se le pidieron millón y medio de pesos para el primer fondo bancario. La arquidiócesis de México debía aportar medio millón, las diócesis de Guadalajara, Michoacán y Puebla 300 000 pesos y 40 000 la de Oaxaca. El arzobispo y el Cabildo Metropolitano supieron del proyecto desde el 30 de mayo. Aunque algunos capitulares se negaron al préstamo, el arzobispo estaba dispuesto a hacerlo. Con el permiso de los capitulares para tomar la decisión final, a fines de junio don Lázaro de la Garza señaló que otorgaría el medio millón de pesos al proyecto. La discusión en la arquidiócesis mostró que un sector de la jerarquía mexicana estaba comprometido con el gobierno de Santa Anna; desde 1853, mitrados como el arzobispo o el obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, acordaron apoyar al gobierno en lo posible. El Cabildo de Guadalajara había aceptado otorgar su parte.³⁴

En Puebla, el 10 de junio, el obispo Becerra y Jiménez envió a su Cabildo “unos papeles relativos al Banco Nacional” que le había remitido el representante de la mitra de México para el asunto, el doctor Basilio Manuel Arrillaga, a quien días más tarde los capitulares poblanos también nombraron su representante ante el gobierno nacional para lo que se relacionara con el banco.³⁵ Becerra y Jiménez señaló que se habían asignado a la diócesis 320 000 pesos de préstamo al banco; tras “una larga discusión”, los canónigos indicaron al obispo que debía hacerse una diligencia para disminuir la asignación, y más tarde acordaron que la Iglesia no debería ser accionista en el banco. Las razones capitulares descansaban no sólo en la disminución de la renta decimal, sino en la defensa que el Cabildo republicano había hecho de los bienes eclesiásticos, sea a propósito de préstamos al gobierno -que no se negaron- o de proyectos bancarios.³⁶ Utilizar bienes del clero para establecer un banco de financiamiento público tenía dos antecedentes: el del gobierno del estado de Zacatecas en 1829 y el del gobierno central en 1838. En el primer caso, aunque no se afectaban los bienes diocesanos, los canónigos poblanos presentaron una protesta contra tal medida al gobierno nacional, señalando que el financiamiento que otorgaba la Iglesia a las actividades productivas, y sobre todo a la agricultura, hacía innecesario el proyecto.³⁷

El segundo caso muestra la postura que los capitulares sostuvieron en 1838 ante la propuesta de crear el Banco Patriótico del Clero Mexicano. Según el proyecto, el gobierno nacional daría la concesión por diez años a la Iglesia para establecer un banco con capital de ocho millones de pesos, con el objeto de sostener al gobierno en la guerra contra Francia, y de atender las necesidades del comercio, la industria y la agricultura.³⁸ Para obtener el dinero, la arquidiócesis y las diócesis de Puebla, Michoacán y Guadalajara debían hipotecar sus bienes. El capital inicial sería de dos millones y medio de pesos en plata efectiva, dos millones y medio en moneda de cobre y tres millones en obligaciones emitidas contra los bienes del clero. El banco debía pagar seis millones al gobierno nacional, y realizar las operaciones que hacía una banca comercial.³⁹

En aquella ocasión el obispo Francisco Pablo Vázquez pidió la opinión de su capítulo, pues como opinó el doctoral Luis de Mendizábal, el mitrado “sin el consejo y anuencia [del Cabildo] nada quiere ni debe resolver en materia de tanta gravedad”.⁴⁰ Además de los factores económicos en contra -la insolvencia del clero en efectivo, la poca tasa de interés y el escaso margen de acción privada-, Mendizábal sentenció:

La primera idea que se viene al pensamiento considerando este plan es la suma indecencia e indecorosa actitud en que vendría a ponerse el Venerable Clero de nuestras Iglesias entrando en una negociación tan agena de su ministerio, y con tanta justicia reprobada por los Sagrados Cánones… ¿Pero el cuerpo clerical todo entero engolfado en asuntos mercantiles?, ¿las capellanías, las obras pías y los bienes monacales hechos el objeto de una basta negociación?, ¿un Arzobispo banquero?, ¿clérigos y frailes cambistas, despachando libranzas, recibiendo mercaderías, prestando dinero sobre vajillas, sobre perlas y diamantes? ¿Estas ideas, Señor Excelentísimo, quién las puede soportar? ¿Este desdoro y extremado vilipendio de la Iglesia del Anáhuac a quién no hará estremecer? Un banco de tal naturaleza merecería por un lado el azote que descargó Jesucristo sobre los numularios codiciosos del Templo de Jerusalen: merecería por otro las murmuraciones del Pueblo, las quejas de los buenos, las burlas de los libertinos.

El Cabildo hizo suya la postura del doctoral, lo mismo que el obispo Francisco Pablo Vázquez, con lo que la jerarquía eclesiástica de Puebla rechazó el proyecto de un banco con bienes del clero desde 1838. El antecedente que se sentó en aquella ocasión fue que, desde la perspectiva de la Iglesia de Puebla, el clero mexicano no debía participar en proyectos económicos de esta naturaleza por la imposibilidad canónica de hipotecar bienes eclesiásticos y por la imposibilidad moral para participar en negocios mercantiles con fines de lucro. Esta postura se reforzó en 1847.

Sin embargo, el rechazo a que la Iglesia fuera accionista que se planteó el 10 de junio de 1853 se matizó casi en seguida, con lo que el Cabildo poblano evitó enfrentarse al obispo y mantuvo relaciones cordiales con el gobierno nacional. El día 12 los canónigos acordaron dar 60 000 pesos de la vacante mayor para el proyecto del banco. Los canónigos aceptaron, a instancias de Becerra y Jiménez, ser accionistas con la cantidad ofrecida, y la conversión de la deuda nacional interior en exterior.⁴¹ Dos días después, el 14 de junio, se esperaba la llegada de Arrillaga, quien insistía en que se realizara el préstamo. Sin embargo, no llegó a la sesión de Cabildo, como se esperaba, y el obispo envió una nota al pleno capitular en la que señalaba su decisión de otorgar al Cabildo la resolución sobre “el proyecto del banco”.⁴²

Con esta autorización, el tesorero José Antonio de Haro y Tamariz hizo saber a sus pares que no podía otorgarse dinero, pues aún se disputaban los frutos de la vacante mayor,⁴³ aspecto sobre el que se volverá adelante. De ese modo se cancelaba la participación del clero como accionista, siguiendo la tradición del Cabildo en torno a la defensa de los bienes eclesiásticos y la no participación en actividades económicas con fines de lucro que se había plasmado desde al menos 1838. El tema concluyó en Puebla el 28 de junio, pues Becerra y Jiménez informó al Cabildo que el Banco Nacional ya no se crearía, “porque la cantidad que había prometido el Arzobispo ahora pide un año para entregarla, y el obispo de Valladolid ha dicho que dará su parte, pero dentro de tres años”.⁴⁴

Ante ello, el 19 de julio el mitrado poblano se dirigió de nueva cuenta a su Cabildo, indicándole que toda vez que el proyecto bancario había fracasado, sería bueno prestar 32 000 pesos que se habían señalado por el propio gobierno a la diócesis. El Cabildo informó a Becerra y Jiménez “la dificultad y casi imposibilidad de poder dar esa cantidad”.⁴⁵ En los meses siguientes el gobierno de Santa Anna continuó pidiendo préstamos a la Iglesia. El 21 de noviembre de 1853 el Cabildo eclesiástico fue informado por el arzobispo que el gobierno había pedido al clero nacional un préstamo de 150 000 pesos. Según la misiva de Lázaro de la Garza, los obispos de Michoacán y Guadalajara se habían negado a ofrecer cualquier cantidad, “alegando el primero las fuertes exhibiciones que está haciendo el gobierno por resto de los 600 000 pesos que se obligó a prestar aquella diócesis en 1846 o 1847 con motivo de la invasión norteamericana, y el segundo manifestó que el único fondo que tenía la iglesia en Jalisco se perdió con la rebelión de aquel estado”. Por su parte, la mitra de Oaxaca ofrecería 3 000 pesos, y el arzobispo 4 000.⁴⁶

La carta del arzobispo mostró que las heridas de la guerra continuaban abiertas. Para la Iglesia, los años de la posguerra fueron de una dura crisis económica, tanto por los préstamos que dio al gobierno en 1846 y 1847 como porque los regímenes civiles del país, independientemente de su ideología, habían mirado la riqueza eclesiástica como una fuente permanente de recursos. El ocho de enero de 1854, por ejemplo, el Cabildo de Puebla acordó cobrar sólo 30 000 de los 50 000 pesos que le debía el gobierno nacional por los préstamos que se le habían hecho.⁴⁷ La misiva de De la Garza hace patente que, si bien el clero no buscaba romper con el gobierno, las experiencias de años atrás habían marcado dos derroteros en la jerarquía: si un grupo de mitrados -como el arzobispo- buscaba apoyar al gobierno con recursos pecuniarios, otro se negaba a hacerlo, como los obispos de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, y Guadalajara, Pedro Espinosa y Dávalos, quienes sustentaban sus episcopados en la defensa de los bienes de la Iglesia.⁴⁸

En la jerarquía eclesiástica de Puebla había ecos de ambas posturas. El obispo Becerra y Jiménez apoyaba la participación del clero en el banco nacional, mientras que su Cabildo se opuso. Lo mismo ocurrió con el préstamo. El 22 de noviembre, los canónigos acordaron otorgar 3 000 pesos al gobierno “en caso de que resulte el asunto de la vacante mayor”, y 2 000 si se debían otorgar de la masa general.⁴⁹ La discusión sobre la vacante mayor ocupó la atención de la jerarquía poblana en los primeros meses de 1854. En ella se abordaba no sólo la postura de obispo y cabildo con respecto al régimen de Santa Anna, sin que ello excluya el beneficio personal que buscaba el obispo. En ese sentido, los vínculos de Becerra y Jiménez con el presidente, conocidos desde años atrás, se fortalecieron. En noviembre de 1853, por ejemplo, apareció como el primer comendador de la Orden Mexicana de Guadalupe, restaurada por Santa Anna.⁵⁰ El 13 de enero de 1854, ya a propósito de la vacante mayor, Becerra y Jiménez envió al Cabildo “una comunicación que habla sobre la vacante mayor”, en la que pedía se le entregara el salario episcopal reunido durante la sede vacante, entre octubre de 1847 y septiembre de 1852, cuando Becerra y Jiménez había sido preconizado.⁵¹ La petición había sido planteada por el obispo desde su llegada, pues desde abril de 1853 el Cabildo se ocupó del asunto. Los capitulares habían recuperado un dictamen de 1848, firmado por José María Oller y José Antonio de Haro y Tamariz, en el que se establecía que el dinero de la vacante mayor se daba al nuevo obispo íntegramente.⁵² Tal postura no satisfizo a la corporación, que pidió un nuevo dictamen a su doctoral, Francisco Suárez Peredo,⁵³ quien lo entregó el 12 de abril de 1853.

Además de la complejidad que tenía por sí mismo el asunto de la vacante mayor, el doctoral apuntó que se complicaba por “ser un caso enteramente nuevo”, “pues normada antes la aplicación de esos frutos con atención al Gobierno civil, hoy se presenta (ojalá así permanezca siempre) plena y absoluta libertad para obsequiar con exactitud el derecho canónico”, repartiendo la vacante a quien le correspondiera según derecho. Para Suárez Peredo, el más joven de los capitulares, la independencia nacional había roto los lazos de sujeción con el poder civil y había abierto una nueva etapa para la Iglesia, en la cual era completamente independiente para decidir, de acuerdo con el derecho canónico, la forma de actuar ante circunstancias antes normadas por el patronato. Suárez Peredo defendía así la postura de que los bienes eclesiásticos sólo podían ser gobernados por el clero diocesano, con apego a los cánones y con completa independencia del poder civil.

El canónigo doctoral de Puebla apuntó que, de acuerdo con las leyes de Castilla, ante la falta de obispo la cuarta episcopal pasaba a la Real Hacienda. En Puebla, aún en la sede vacante de Antonio Joaquín Pérez Martínez, entre 1829 y 1831, se pagó el dinero a la autoridad civil. Entonces no sólo se trataba de cooperar con el régimen republicano, sino de ofrecer algo que éste había ayudado a contribuir, pues el gobierno nacional mantenía la coacción civil para el pago del diezmo. Al ser ésta eliminada en 1833, el Estado había “cedido todo lo concerniente a la Iglesia” a la administración de ella misma, por lo que ya no se debía dar parte alguna al gobierno civil. Suárez Peredo recordaba, además, que desde el concordato de 1737 se había decidido que el Cabildo debía tomar la vacante mayor, como cesión del rey, para aplicarla completamente a obras pías.

Suárez Peredo concluía que la vacante mayor a la que podría tener derecho Becerra y Jiménez, en todo caso, era sólo la que corría a partir de septiembre de 1852, cuando había sido preconizado, y no desde octubre de 1847. El Cabildo sólo aceptaba discutir la donación de cinco meses de vacante, y no más de cinco años y medio. Los capitulares estuvieron de acuerdo con el dictamen, y agregaron el 13 de mayo de 1853 que los recursos de la vacante mayor en este periodo debían dividirse a medias entre obispo y cabildo.⁵⁴ Entre junio y julio, la discusión cedió paso al asunto del banco nacional. Incluso en él, el único recurso que se ofreció por parte del Cabildo para apoyar al gobierno de Santa Anna en ese proyecto fue parte de la vacante mayor.⁵⁵ Esta discusión revela el enfrentamiento entre obispo y cabildo, y el rechazo capitular a ofrecer ayuda pecuniaria al gobierno nacional. A diferencia de otras ocasiones, en la vacante mayor el Cabildo prefirió rechazar la práctica usual -que, ligada al Patronato, hacía de la cuarta episcopal vacante propiedad real-, expresada por Oller y Haro en 1848, y buscar una nueva manera de proceder, fundada en la posición de su doctoral.

La negativa a conceder el dinero al obispo y por ende a dar apoyo al gobierno nacional -en noviembre se ofrecieron 3 000 pesos al gobierno, tomados de la vacante mayor-, hizo que el 12 de enero de 1854 Becerra y Jiménez pidiera de nuevo los recursos episcopales producidos durante la sede vacante.⁵⁶ Para él, recibirlos era un derecho, pues en México y Guadalajara “toda la renta de la sede vacante ha sido y es del Prelado sucesor”, y en Michoacán el obispo Munguía le había dicho que esperaba recibir todo el dinero de la vacante.⁵⁷ Además, Becerra y Jiménez amenazó al Cabildo con recurrir a Roma en caso de no resolverse positivamente su petición. Suárez Peredo fue el encargado de responder por el Cabildo, y apuntó que, en todo caso, éste aceptaba repartir por mitades los recursos de la vacante mayor, pero que, además, los recursos debían aplicarse a la fábrica de Catedral, a pesar de reconocerse como episcopales.⁵⁸ El 24 de enero, los capitulares informaron al prelado que estaban de acuerdo con Suárez Peredo.⁵⁹

La petición de los recursos de la vacante mayor hace pensar que el obispo Becerra y Jiménez, además de su propio provecho, pensaba aplicar este dinero en apoyos al gobierno nacional, como se había hecho en el periodo novohispano y aún se aplicó en la vacante anterior, entre 1829 y 1831. Sin embargo, el Cabildo apoyó la postura de Suárez Peredo, quien sostenía que el gobierno nacional no tenía derecho a estos recursos, pues desde 1833 no colaboraba en nada para su obtención. A la luz de esta evidencia, sostengo que Becerra y Jiménez insistía en el apoyo de la Iglesia al régimen civil, dos actores obligados mutuamente a la cooperación -por lo que aquélla debía otorgar recursos a éste-, y el Cabildo, retomando la tradición capitular desarrollada bajo el gobierno episcopal de Francisco Pablo Vázquez, insistía en la independencia de la Iglesia con respecto del Estado y en la defensa de los bienes eclesiásticos, que debían ser aplicados para provecho de la diócesis. Así, resulta evidente que la jerarquía eclesiástica poblana mostró una postura diferenciada en torno al apoyo del régimen de Santa Anna. La posibilidad de contribuir con el poder civil, por lo menos para los canónigos, tenía los límites que imponían la defensa de los bienes eclesiásticos y el interés por gobernar la Iglesia diocesana con independencia del gobierno nacional, bajo la exclusiva jurisdicción del obispo y su cuerpo capitular.

Guía moral de la sociedad

Más allá de la continua búsqueda de recursos para apoyar al régimen de Santa Anna, Becerra y Jiménez puso en práctica una pastoral centrada en el cuidado de las almas y los jubileos otorgados por la Santa Sede, que en última instancia buscaba fortalecer la obediencia del ciudadano y fortalecía así al régimen mostrando que la Iglesia era un actor fundamental para mantener la unidad y la paz. En última instancia, el fortalecimiento del obispo como autoridad espiritual redundaba en una capacidad de gobernabilidad para el régimen de Santa Anna. Frente a los debates en torno a los recursos diocesanos, los capitulares apoyaron la publicación de sus cartas pastorales, que hacían hincapié en las directrices romanas y en la moralización de la sociedad. Entre 1853 y 1854, Becerra y Jiménez publicó cinco cartas pastorales y un edicto que enfatizaban la moralización de la sociedad y, a través de su publicación y difusión entre los feligreses, sostenían la importancia del obispo y del clero como guías morales de la sociedad diocesana. Al hacerlo, Becerra y Jiménez insistía en su pastoral en la unión entre Iglesia y Estado, apoyando así al régimen político de Santa Anna.

La primera pastoral de Becerra y Jiménez fue publicada tres días después de entrar a Puebla, el 24 de febrero de 1853. En ella agradecía su recibimiento y establecía el eje de su pastoral: predicar que el arrepentimiento del pecado es necesario para la salvación de las almas, y ésta sólo puede lograrse acercándose a la Iglesia católica.⁶⁰ Según el obispo, el más “grande e importante objeto” al que dedicaría su gestión sería “el de ponernos a vuestra cabeza, conduciéndoos como vuestro Pastor por los caminos de la observancia de los divinos mandamientos, para libertaros de la eterna perdición y dirigiros al cielo”. Becerra y Jiménez señalaba a sus fieles el “inmenso valor de nuestras almas”, y por lo tanto les recomendaba “mantenerse libres de la culpa y del pecado”, acercándose a la penitencia. El cuidado de las almas era personal, pero estaba bajo supervisión de los sacerdotes, “encargados como operarios de la viña del Señor”, y sobre todo del obispo. Un mitrado debía dedicar la mayor parte de su trabajo a asegurar que los fieles pudieran gozar de la vida eterna. A partir de esta postura, Becerra y Jiménez sostenía que su principal labor debía ser cuidar y exhortar a los fieles al ejercicio de la religión y a la penitencia:

No son los hijos del más alto príncipe por cuya incolumidad y adelantos apuraríamos todos nuestros esmeros, sino los hijos del Dios omnipotente los que se han confiado a nuestra dirección. Debemos velar sin descanso porque no los asalte nuestro enemigo común, que como león rugiente los anda siempre acechando para hacerlos presa. Debemos instruirlos de su infernal astucia y de los peligros que por ella corren; de la suerte desgraciada o próspera que les espera, según fuere la conducta que observaren, y de los medios de libertarse de la primera y conseguir la segunda, y de todo en fin lo que deben saber y practicar para salvarse. Debemos volar en su auxilio de día o de noche y en cualquiera hora que lo necesiten para salvar cualquier peligro, y ¡desdichados de nosotros si por nuestro descuido o falta de diligencia se perdiere alguno!

En un edicto del 5 de abril, el obispo estableció conferencias eclesiásticas en la diócesis. Mostró su preocupación porque el clero estuviera formado en teología moral, para resolver casos de conciencia. El interés en esta medida estaba acorde con su política pastoral, y al mismo tiempo respondía a la sugerencia que había hecho el delegado apostólico, el arzobispo Luis Clementi, quien había solicitado establecer tales conferencias “por ser tan sumamente útiles para adquirir y conservar los conocimientos que nos son indispensables en el desempeño del sagrado ministerio”.⁶¹

Para Becerra y Jiménez, el establecimiento de las conferencias era menester para la formación intelectual del clero, sobre todo porque “hoy también la ilustración se extiende por todas las clases de la sociedad”. Ante ello, los sacerdotes debían tener la ciencia como una de sus mayores virtudes para la conversión de las almas y para la preservación de su propio honor. Becerra y Jiménez dispuso que los sacerdotes seculares que vivieran en la ciudad de Puebla -salvo los miembros del Cabildo- asistieran los jueves a las reuniones de la Academia que instaló en el convento de Santo Domingo. Los párrocos de la ciudad episcopal sostendrían conferencia los jueves con sus vicarios “sobre las materias morales, sagradas ceremonias e instrucciones que conduzcan a proporcionar el mayor lustre al clero”, y los del resto de la diócesis lo harían con los eclesiásticos de su parroquia. El obispo nombraría al presidente y vicepresidente de la Academia. Con esta medida, Becerra y Jiménez destacaba la formación del clero como uno de los factores que permitirían el mejor cuidado espiritual de los fieles, así como mantener la posición privilegiada del clero en la sociedad. La Academia tuvo algo de su inspiración en la de Bellas Letras que se mantenía en el Colegio de San Pablo desde 1768, gracias a las reformas de Francisco Fabián y Fuero, para la mejora intelectual del clero. Becerra y Jiménez no sólo asistió a ella, sino que la presidió hacia 1818.⁶²

La segunda carta pastoral fue publicada el dos de agosto de 1853. Su objetivo era anunciar tres indulgencias plenarias para la hora de la muerte. De nueva cuenta, el mitrado insistía en su condena del pecado, que debía ser temido como causa de los padecimientos en el purgatorio o, aún peor, de la pena eterna en el infierno.⁶³ Para reforzar esta imagen el obispo refiere una visión de la venerable madre María de Jesús, sobre la que se volverá más adelante. En su carta, el ordinario apunta que la monja había visto “un alma enteramente abandonada [en el purgatorio] que le dijo ser de un emperador, que llevaba de hallarse allí quinientos años”, pues tras sus funerales nadie había vuelto a rezar por él. Así, decía el mitrado, ocurría en Puebla. El recuerdo de la madre María de Jesús mostraba que Becerra y Jiménez buscaba insertarse en la “pastoral espectacular” construida desde el siglo XVIII, que hacía énfasis en imágenes del infierno para impactar y atemorizar a los oyentes e impulsar su conversión, practicada en la diócesis de Puebla desde los primeros años del siglo XIX.⁶⁴ Para el obispo, los fieles podían evitar las penas eternas acercándose a la Iglesia y siguiendo sus recomendaciones para conseguir el perdón por sus pecados. Para ello era necesaria, en primer lugar, “una buena confesión”, además de la frecuencia de los sacramentos, la lectura de libros piadosos, la oración y, sobre todo las indulgencias. En esa carta pastoral el obispo ofrecía a sus diocesanos tres indulgencias plenarias, una otorgada por el papa Pío IX en su preconización y dos más gracias a sus facultades sólitas. Serían efectivas si los devotos se confesaban y aceptaban resignadamente la muerte como castigo por el pecado.⁶⁵

El 7 de noviembre Becerra y Jiménez publicó su tercera pastoral, recomendando la práctica de la cesárea cuando las madres murieran antes del parto, para rescatar a la criatura y garantizar su bautizo, con lo que se les evitaría “perder el cielo”. La base de la carta era la obligación de los sacerdotes “de valernos de todo medio para libertar de la eterna perdición a las almas”.⁶⁶ Además de esta recomendación, invita a sus curas a conseguir el Manual del Párroco Americano de Justo Donoso. Dicho libro, publicado en Chile en 1844 y leído en México en la edición parisina de 1852, insistía en formar párrocos “con la instrucción necesaria para desempeñar con dignidad y decoro las augustas e importantísimas funciones que les son inherentes”, que además de conocer “el Lárraga o el Echarri”, los manuales de moral con que se instruía a los sacerdotes en sus primeros años de formación -a los que tachaba de ser apenas “resúmenes de teología moral”-, tuvieran manuales acordes a la realidad de los países americanos tras la independencia, “para el mejor desempeño del ministerio parroquial” y con los cuales pudieran ser capaces de responder a la mayor ilustración de las sociedades americanas. En su texto, Donoso recurría a los documentos de Benedicto xiv y San Alfonso María de Ligorio, y sobre todo a los de Jean-Baptiste Bouvier.⁶⁷ Como ha mostrado Pablo Mijangos, éste se vio bajo sospechas de galicanismo.⁶⁸ A través de la recomendación del manual de Donoso, Becerra y Jiménez pugnaba por párrocos no sólo instruidos, sino interesados en la práctica sacramental y en considerar al gobierno civil como un aliado. Esto permitía la estrecha colaboración entre Estado e Iglesia, así como mantener, a través de la ilustración clerical, la posición privilegiada del clero en la sociedad.

En su siguiente carta pastoral, Becerra y Jiménez invita a sus diocesanos a ingresar en la Asociación para la Propagación de la Fe.⁶⁹ En esa última pastoral, fechada el 21 de octubre de 1854, insistía en el tema del pecado, a propósito del jubileo concedido por Pío IX el 1º de agosto en su encíclica Apostolicae Nostrae, que transcribía. El mitrado pedía, “penetrado de dolor al contemplar los enormes males que tanto en lo espiritual como en lo temporal afligen por todas partes a las naciones cristianas”, oraciones por la Iglesia, el convencimiento en la fe católica y la luz para “el asunto pendiente de la Inmaculada Concepción”.⁷⁰

Becerra y Jiménez adoptó la posición del papa, que consideraba que los países católicos estaban sujetos a “una guerra acérrima contra la Iglesia católica”, en la cual los “hijos de las tinieblas” querían “propagar por todas partes el mortífero veneno del indiferentismo y de la incredulidad”. El obispo sostuvo que la mejor forma en que los católicos podían combatir los ataques era a través de la oración y, sobre todo, del arrepentimiento, pues “no hay cosa de peor condición ni de naturaleza tan maligna como el pecado, bastando que lo tenga uno solo en una familia o en alguna sociedad para que todos padezcan”. Como antes, Becerra y Jiménez ofrecía las indulgencias otorgadas por Pío IX. Para hacerlas efectivas, se seguiría el método aplicado en la diócesis para su obtención: se debía visitar el templo parroquial tres veces, y en la ciudad episcopal se visitarían una vez la catedral, Santo Domingo y La Compañía.⁷¹ El 3 de noviembre, el canónigo José Antonio Reyero informó al Ayuntamiento de la disposición episcopal. Los regidores acordaron hacer la visita a los tres templos en unión del Cabildo eclesiástico.⁷²

En síntesis, en sus pastorales Becerra y Jiménez buscó retomar la “pastoral espectacular” que, por medio de la prédica y la referencia al castigo del pecado, buscaba convertir a los poblanos, acercarlos a la Iglesia y alejarlos de discursos anticlericales. Las referencias a la salvación de las almas sirvieron no sólo como discurso piadoso -que lo era-, sino también para apuntalar la posición social de la Iglesia y sus ministros. Insistió en la formación sacerdotal para garantizar la preeminencia del clero; así podría responder a la “ilustración” que, lejos de ayudar a la religión, alejaba a algunas personas cultas de la Iglesia. Por otra parte, utilizó el discurso sobre la salvación de las almas para insistir en la unión entre Iglesia y Estado en aras del bienestar espiritual de los fieles, sobre todo en la tercera carta. Así, las referencias a los enemigos de la religión en su última pastoral pueden ser interpretadas como una defensa del régimen santannista en tanto éste garantizaba también la posición del clero en la sociedad.

En conjunto, el obispo Becerra y Jiménez defendió en 1853 y 1854 la posición privilegiada del clero y la Iglesia en la sociedad angelopolitana, como había hecho el Cabildo en sede vacante. A diferencia de él, sin embargo, insistió en la unión entre Iglesia y Estado, apoyando el régimen nacional de Santa Anna. Esto produjo diversos conflictos en la jerarquía eclesiástica poblana. A pesar de que con la llegada del obispo el cuerpo capitular había perdido el lugar privilegiado que tuvo en la sede vacante y redujo su número de miembros por primera vez desde su fundación en el siglo XVI, el Cabildo pudo sostenerse como una corporación que hizo contrapeso a este afán del obispo.

Conclusiones

Durante su gestión episcopal en Puebla, entre 1853 y 1854, el obispo José María Luciano Becerra y Jiménez sostuvo dos premisas básicas: apoyar al poder civil con préstamos de recursos eclesiásticos, apoyando así la consolidación del último gobierno de Antonio López de Santa Anna, y sostener un proyecto pastoral que hacía del obispo y del clero el guía moral de la sociedad. Si en el primer aspecto no contó con el apoyo de su Cabildo y por lo tanto sus posibilidades de acción fueron más bien limitadas, en el segundo aspecto recibió el apoyo de los canónigos poblanos. En ambos casos, este trabajo ilustra los límites de los acuerdos entre la jerarquía eclesiástica de Puebla en los años que siguieron al fracaso de la guerra con los Estados Unidos y revelan un clero con posturas diferenciadas en torno a la relación de la Iglesia con el poder civil, a partir del manejo y destino de los bienes eclesiásticos.

El obispo Becerra y Jiménez defendía una estrecha colaboración entre Iglesia y Estado, y bajo ese tenor defendió durante su gobierno episcopal la necesidad de conceder recursos diocesanos al régimen de Santa Anna. Becerra y Jiménez buscó ofrecer las mejores garantías pecuniarias al régimen. Una razón para ello fue sin duda su propia trayectoria política, cercana a personajes claves del gobierno, como Alamán y el mismo Santa Anna, y su propia posición como antiguo ministro federal.

Frente a esta postura colaboracionista, el Cabildo Catedral de Puebla se negó repetidamente a aceptar sus solicitudes. Detrás de esta actitud está una tradición diocesana de defensa de los bienes eclesiásticos que puede rastrearse hasta la gestión episcopal de Francisco Pablo Vázquez (1831-1847) y que se reforzó por la posición de otros obispos de la década de 1850, como Clemente de Jesús Munguía y Pedro Espinosa, celosos como el cabildo angelopolitano en la defensa de los bienes eclesiásticos. Así pues, la gestión episcopal analizada muestra la necesidad de realizar estudios más profundos en torno a las divergencias en la jerarquía eclesiástica en cada diócesis y, en el caso que se estudió, se muestran las profundas diferencias entre el obispo Becerra y Jiménez y los capitulares poblanos. Habría que rescatar aún elementos ligados con este tema, como el creciente liderazgo del doctoral Francisco Suárez Peredo -quien llegaría a ser el primer obispo de Veracruz- y el papel del derecho canónico en el gobierno de las diócesis mexicanas después de la independencia.

Más allá de este aspecto, el acuerdo se hizo posible en lo que tocaba propiamente al proyecto pastoral de Becerra y Jiménez. Una vez que entró en posesión de la diócesis, a través de sus documentos episcopales desarrolló una pastoral centrada en el cuidado de las almas. Sostuvo que su principal labor debía ser cuidar y exhortar a los fieles al ejercicio de la religión y a la penitencia. Las referencias constantes a la salvación de las almas sirvieron no sólo como discurso piadoso, sino también para apuntalar la posición social de la Iglesia y sus ministros. De esta forma, también apoyó al régimen de Santa Anna, pues insistía en la obediencia de los ciudadanos a la Iglesia y al Estado y fortalecía así la posición del poder civil tanto como la del clero como autoridad espiritual de la sociedad. Por otra parte, el mitrado utilizó el discurso de la salvación para insistir en la unión entre Iglesia y Estado en aras del bienestar espiritual de los fieles. En suma, en su gestión episcopal Becerra y Jiménez defendió la posición privilegiada del clero en la sociedad angelopolitana, al mismo tiempo que, a pesar de su propio Capítulo, insistió en la unión entre Iglesia y Estado apoyando el régimen proclerical de Antonio López de Santa Anna.