Introducción

En el marco de la administración de la seguridad pública, entendida como una gestión de conocimiento, proceso de decisión, planificación científica y acción estratégica, la rectoría del Estado, el institucionalismo de sus corporaciones de procuración de justicia y sus programas de combate a la delincuencia han sido cuestionados y desplazados por iniciativas ciudadanas de gobernanza de la paz pública (^{Añez, Rujano y Párraga, 2011}).

De este modo, la dialéctica entre gobernabilidad y gobernanza supone la diferencia entre una administración desde liderazgos que ejercen el poder frente a minorías que ejercen la influencia a partir de valores y normas de responsabilidad civil (^{Artaza, Toro, Fuentes, Alarcón y Arteaga, 2013}). Por consiguiente, la legitimidad sociopolítica depende de la evaluación de los ciudadanos con respecto a las políticas de seguridad, programas de prevención del delito y estrategias de combate a la delincuencia (^{Bassols, 2011}).

La administración de seguridad pública supone la convergencia de la gobernabilidad desde el poder y la gobernanza desde la influencia (^{Brenner, 2010; 2011}). Se trata de una síntesis del institucionalismo del Estado y la emergencia de la empatía, emprendimiento, innovación y cooperación civil (véase tabla 4 en el anexo).

La administración de seguridad pública supone la convergencia de la gobernabilidad desde el poder y la gobernanza desde la influencia (^{Brenner, 2010}; ²⁰¹¹). Se trata de una síntesis del institucionalismo del Estado y la emergencia de la empatía, emprendimiento, innovación y cooperación civil (véase tabla 4 en el anexo).

La teoría del institucionalismo en lo general y la teoría del nuevo institucionalismo en lo particular explican que las organizaciones no sólo se ajustan a las normas políticas del Estado ni sólo a los valores coercitivos de las fuerzas del orden, sino además advierten la emergencia de propuestas civiles desde las que el institucionalismo es trasformado en una administración científica de la seguridad pública (^{Brenner y De la Vega, 2014}).

Precisamente, el institucionalismo, desde la teoría de la privación relativa, explicaba la rectoría del Estado en materia de seguridad territorial y nacional, así como sus efectos sobre los estilos de vida de ciudadanos que vivían emocionalmente desesperanzados por la ineficacia delas fuerzas del orden (^{Caballero,2007}).

Sin embargo, la teoría del emprendimiento social advierte que gracias a la falta de atingencia del Estado, la sociedad civil se organizó en esferas organizadas y propuso esquemas de seguridad ciudadana y privada ante el clima de violencia y corrupción atribuido a sus autoridades locales y federales (^{Campillo, 2012}). De esta manera, la teoría de la contingencia organizacional explicó la prevalencia de la incertidumbre en la toma de decisiones ante la inconmensurabilidad e impredecibilidad de la delincuencia (^{Cavadias, 2001}).

Los conceptos de seguridad e identidad son temas centrales en la agenda global, regional, política, democrática, social, pública, urbana y ciudadana (^{Borghello y Temperi, 2012}). Se trata de una pieza clave en el ajedrez de la geopolítica y los tratados bilaterales de corresponsabilidad; las estrategias de beligerancia y los movimientos de reivindicación; las políticas territoriales y la apropiación del espacio; la contienda política y la participación electoral; los programas de combate a la delincuencia y la acción colectiva de grupos vulnerables (^{Salas, 2011}). En este sentido, la relación entre seguridad e identidad es bidireccional ya que la construcción de una agenda, en materia de seguridad implica el consenso de identidades y la formación de una ciudadanía requiere de programas de seguridad que garanticen los derechos humanos (^{Acosta, 2010}). Esto explica en parte, elpor qué las acciones y decisiones gubernamentales están ligadas con la participación social.

A pesar de ello, los grupos radicales de la sociedad, lejos de participar en la construcción de una esfera civil, intensifican sus acciones de riesgo y suelen poner al límite los procesos artificiales de cohesión e identidad, e incluso aparecen como actores que deterioran la democracia, la región o la nación misma. Por ello, se propone la concepción de la seguridad en su dimensión más social, cuyo principal fundamento es el pacto civil (^{Zaffaroni, 2011}). Un pacto civil cuya preservación ha de reinventarse sociopolíticamente (ecologismo, derechos de la mujer, ideas modernas de autogestión, independencia de los partidos políticos, derrocamiento de gobernantes, y por supuesto, luchas y movimientos sociales por la dignidad: explosión espontánea de gente que se siente humillada constantemente por el sistema político). Las discrepancias entre los sectores sociales con respecto a las acciones gubernamentales denotan conflictos de naturaleza instintiva que sólo pueden ser superados a partir de un gran acuerdo en el que todos los sectores estén representados, tengan voz y voto para dirimir sus diferencias. De esta suerte, la seguridad en su dimensión social más que un instrumento de acuerdo es una apreciación emergente que devela las vicisitudes de la diversidad humana, pero reconoce la posibilidad de consenso si de garantizar la vida misma se trata (^{Calderón, 2012)}.

Se trata de relaciones de poder que permean todas las capas sociales, y por lo tanto, todos los vínculos, trascendiendo incluso toda pretensión de institucionalización de la vida, intereses, valores y agendas de los ciudadanos, otorgando a los movimientos sociales globales un papel central en la esfera pública mundial, aunque algunos muestran rasgos de movimientos políticos revolucionarios.

La seguridad democrática, regional, nacional, social, urbana y privada son elementos que facilitan o inhiben la construcción de una esfera civil. En este sentido, los sistemas gubernamentales y la acción ciudadana parecen incrementar sus ámbitos de conflicto, pero es en la seguridad pública, las libertades, derechos y seguridad ciudadana, donde se dirimen las discrepancias (^{Terwagne, 2012}).

Si la seguridad pública es el principal obstáculo para la construcción de una esfera civil protectora, la seguridad ciudadana es el instrumento por excelencia para facilitar la creación de instituciones civiles que protejan a la ciudadanía de la delincuencia y la negligencia u opacidad del Estado.

La seguridad se ha diversificado en razón de la heterogeneidad de la ciudadanía, la inseguridad, las instituciones y los sistemas que buscan resguardar la integridad de las mismas. A medida que la seguridad se ha intensificado en sectores claves de la población, la emergencia de nuevas problemáticas hace relevante a la esfera civil. La construcción de una identidad colectiva podría ser el preámbulo de la restauración del orden social y la paz pública administrados por la esfera civil (^{Gil, 2012}).

Sin embargo, queda pendiente el proceso relativo a la construcción de la esfera civil sin menospreciar la superación de los obstáculos que inhiben su creación. En torno a la explicación de la estructura social que permita incentivar la acción individual y orientarla a la discusión de los temas de inseguridad, el término identidad cobra mayor relevancia.

El abatimiento del encuadre periodístico sólo sería posible con la construcción de una opinión pública por parte de la esfera civil, pero ésta también es influida por los comunicadores. En efecto, la construcción de una esfera civil protectora de la inseguridad y la negligencia u opacidad del Estado, se gesta desde los medios de comunicación.

Si se considera que la violencia, es generada desde los medios de comunicación y no son éstos los testigos de la violencia, se está entonces ante un planteamiento que alude al Estado y a la ciudadanía como intermediarios de la seguridad más que generadores o beneficiarios. La seguridad parece estar dirigida desde la mercadocracia, más que desde las instituciones o las iniciativas ciudadanas.

Por supuesto, no debe demeritarse cómo en Europa, Estados Unidos de América y en México se masifica el uso de cámaras de video en los esquemas de seguridad. Sin duda, permiten tener capacidad de respuesta a la comisión de delitos en tiempo real y de manera indirecta, después de haberse consumado. Al mismo tiempo, permiten funcionar para disuadir a los ciudadanos, conscientes de que puede haber video vigilancia, eviten cometer conductas (potencial o ciertamente) delictivas.

Se trata de esquemas y tecnologías de seguridad, públicos o privados, que en efecto, pueden implicar privilegios e imaginarios de discriminación clasista, sin embargo, en el terreno de la invasión de la privacidad en espacios fundamentalmente públicos llegan a dar cobertura a todo ciudadano, sin distingos. Desde hace más de 25 años, en Europa (inicialmente en Francia, Alemania y Holanda), fueron instalados estos sistemas de vigilancia pública, y en efecto, la experiencia ha demostrado que han traído beneficios pero al mismo tiempo, una afectación de derechos humanos de ciudadanos (^{García, 2010}).

Los principales riesgos están asociados a que representan, fundamentalmente, la violación de dos libertades: de expresión y asociación; pueden afectar la realización de protestas ciudadanas, manifestaciones públicas y libertades políticas/constitucionales.

Asimismo, la ausencia de una información pública, abierta, transparente de quienes administran (mandos y operadores) los sistemas de video vigilancia, sugiere de entrada la ausencia de vocación gubernamental por construir vínculos de información, comunicación y confianza con los ciudadanos para que, la sospecha de que se pervierte su uso o se realiza con fines de vigilancia y espionaje político (^{Castillo, 2012}). En México, dada la tradición de autoritarismo, represión y espionaje gubernamental, policial y militar indiscriminado y selectivo, debiese ser una condición constitucional el uso de sistemas de video vigilancia a que se transparenten los métodos, los responsables y la biografía de las propias autoridades, administradores y técnicos directamente involucrados en el dominio y control de los mismos (^{Zúñiga, 2012}).

Se trata de la protección de la privacidad, de las libertades de expresión y asociación, y por lo tanto, es necesario que exista una correspondencia entre autoridades y ciudadanos en términos de confianza, legalidad y eficacia anti delictiva, dada la tensión democrática consustancial a las sociedades modernas entre la demanda de seguridad y el compromiso de protección de derechos individuales.

La sofisticación de dispositivos tecnológicos se ha convertido en un tema central de la agenda personal, ciudadana, política y pública en referencia a los sistemas de seguridad como de identidad y la construcción de una esfera civil. La privacidad es un tema esencial para explicar las barreras que impiden la construcción de un escenario de manifestación, discusión, consenso y acción local desde la ciudadanía hasta la esfera de poder político. En este sentido, las tecnologías de la información y la comunicación son materia de debate puesto que la identidad, en estos escenarios, es sinónimo de exploración más que de compromiso. Tal requerimiento es indispensable para la reflexión pública en torno a la inseguridad o la violencia (^{Ulloa, 2012}).

Cambios culturales globales, sobre todo en la dimensión ciudadana, hemos podido registrar en los últimos años, evidenciándose que también los propios ciudadanos estadounidenses en particular, y los del mundo en lo general, deben estar conscientes del cambio cultural que actualiza a Estados Unidos de América como un país obsesionado con la enfermiza clasificación de los otros en buenos y malos. Se trata a su vez de una sociedad que a pesar de su resistencia a pensarse como una sociedad de desigualdades y de ser un sistema político en el que la representación ciudadana no es un interés primordial, sobre todo a raíz de la grave crisis financiera de los últimos años, ha tomado progresivamente consciencia del problema de la exclusión social y el abismo de pobres y ricos que adosa la globalización: el movimiento Occupy Wall Street, de septiembre de 2011 a mediados de 2012, alcanzó una presencia en alrededor de mil ciudades en Estados Unidos, mostrando a los estadounidenses su espejo social: el 1 por ciento de la población controla alrededor del 25 por ciento de la riqueza, lo que les ha permitido derivar que el conflicto más agudo al que se enfrentan es entre pobres y ricos (^{Ortúzar, 2010}).

Al mismo tiempo, los Estados Unidos de América se asume como el país que pretende tutelar la seguridad y la privacidad del mundo para, en un péndulo de análisis, desarrollar desde su andamiaje institucional de inteligencia mundial la práctica masiva e indiscriminada del espionaje de la vida pública y privada de los ciudadanos, las empresas y los gobiernos, y en el otro, para en principio anticipar/identificar enemigos y coadyuvar a su potencial detención/eliminación.

Las sociedades según el estado del arte conceptual, parecen avanzar hacia escenarios de información y comunicación que trastocan su poder de elección y decisión en acciones exploratorias de espacios, inseguridad, violencia o privacidad; pero dependiente de los avances y las innovaciones tecnológicas, la ciudadanía trata de construir una esfera civil que la pueda proteger del crimen, la delincuencia, los abusos del poder y del sistema político. En tal panorama, el Estado se asume como un actor más en el ajedrez de las iniciativas, vetos y leyes que regulan la incidencia del mismo en la privacidad, aunque la moderación de la identidad está ajustada a la percepción de inseguridad. Por ello, es menester revisar los hallazgos relativos a las relaciones empíricas entre seguridad e identidad.

Entre los hechos de privacidad, inseguridad, violencia y exclusión, los medios de comunicación regulan la información relativa a la seguridad y la identidad hasta un punto tal que hacen parecer como prioritarios temas tales como migración, escasez y desabasto de recursos en diferentes escalas.

El programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense destinado a la vigilancia de los ordenadores y las telecomunicaciones a escala mundial, dista mucho de resolver a favor de la seguridad los equilibrios que exigiría a Estados Unidos de América frente a su propia historia, dar garantías de protección a la vida privada. La desconfianza a los ciudadanos es total, la lógica paranoica de la sospecha está incrustada en el sistema de seguridad y en el sistema político, y se ejerce contra sociedades y países que no son EUA. Es la arbitrariedad presidencial estadounidense hecha sistema de espionaje mundial a gran escala, evidenciado a una nación hegemónica incapaz de garantizar secretos de Estado con vocación de (seguridad) democrática, donde resultan inconciliables derechos fundamentales de ciudadanos (estadounidenses y del mundo) con las pretensiones de la seguridad del país estadounidense

A medida que la ciudadanía busca salvaguardar su integridad, bienes y espacios, los medios de comunicación parecen acotar sus temas de información, debate, deliberación y acción. La identidad ciudadana parece estar influida por mensajes en torno al impacto de las estrategias gubernamentales y sus recursos financieros, humanos y tecnológicos sobre la prevención del delito, la captura de malhechores, la rapidez de los juicios y la ejecución de penas a los delincuentes. En tal escenario, la política de seguridad pública se intercepta con las iniciativas ciudadanas y como resultado de tal encuentro, la esfera civil es pospuesta hasta que alguna coyuntura amerite su emergencia.

En efecto, mientras las políticas de seguridad se consolidan, las iniciativas ciudadanas parecen perder su historicidad temporal y espacial de las que alguna vez subyacieron, pero ahora son transmutadas en spots, mensajes, columnas, editoriales o reportajes sobre la inseguridad, o como en el caso mexicano, se trata de una especie de una apuesta gubernamental por negar la realidad de la violencia orquestando una campaña sustentada en el silenciamiento y la autocensura en los medios y en los poderes públicos sobre los niveles e intensidad de la violencia social asociada a violencia criminal en su versión de delitos comunes y de alto impacto social como el secuestro, la extorsión y el asesinato, el control de facto de poderes gubernamentales en diversas regiones del país, procesos que datan desde hace más de dos décadas pero que han madurado en la vida privada y pública de la sociedad mexicana.

¿Cuál es la percepción de inseguridad que se construye en las esferas civiles a partir de la difusión informativa de la violencia en los medios impresos de circulación nacional y que al mismo tiempo legitima las políticas públicas y programas preventivos como pilares de la rectoría del Estado frente a la seguridad pública?

La seguridad pública en tanto instrumento de prevención al delito y combate a la delincuencia legitima la acción gubernamental a partir de ocho factores relativos al impacto de la difusión informativa sobre la opinión ciudadana (véase figura 1).

Fuente: Elaboración propia

Figura 1 . Modelo teórico de la legitimidad sociopolítica de la administración de seguridad 

La legitimidad sociopolítica está indicada por la fiabilidad social que se genera por la rectoría del Estado ante los eventos que son percibidos como inseguros, o bien, ante la opacidad, corrupción, negligencia o discrecionalidad del Estado, la fiabilidad social se observa al interior de un grupo, comunidad o localidad ya que se genera una indefensión o desesperanza ante la ineficiencia policiaca o del ministerio público (hipótesis 1).

Empero, la legitimidad sociopolítica de la información alusiva a la rectoría del Estado y por ende a la seguridad pública, está sustentada por una serie de disposiciones favorables a la gobernabilidad en las que las esferas civiles se aglutinan en discursos que avalan las políticas de seguridad, los programas preventivos y las acciones de combate a la delincuencia. Se trata de símbolos en torno a los cuales los medios de comunicación debaten la emergencia de grupos delictivos y su impacto en la paz pública (hipótesis 2).

Precisamente, la formación de habitus discursivos en torno a la apología de la violencia y la ilegalidad sostienen el supuesto según el cual el Estado recupera su influencia en las esferas civiles para orientarlas hacia un destino de paz pública. Ello supone la diseminación de información correspondiente con los logros de la administración e impartición de justicia que socavan los actos delictivos al prevenir su expansión en los demás grupos ciudadanos. Se trata de un núcleo central en el que el Estado configura una identidad nacional frente a la ilegalidad de la delincuencia organizada, aún a pesar de que una parte de la sociedad civil apoya el lavado de dinero para fines económicos de bienestar y calidad de vida de comunidades dedicadas al narcotráfico o narcomenudeo. Tal proceso permite la transformación de símbolos que van de la seguridad pública a la inseguridad percibida y que son el resultado de representaciones periféricas en las que está en juego el prestigio del Estado y la credibilidad de fuentes informativas (hipótesis 3).

En un escenario de difusión informativa de la violencia y apología del delito, la formación de actitudes de orden afectivo más que racional se hace presente. Se trata de procesos emocionales que inhiben la organización civil y la confinan a la conformidad, especulación o inseguridad (hipótesis 4).

Si la diseminación de información en torno a la violencia y la seguridad impacta las creencias sociales, entonces la formación de categorías del delito permitiría anticipar acciones concretas de auto-defensa, ajuste de cuentas o vigilancia del patrimonio (hipótesis 5).

Empero, la percepción de inseguridad, a diferencia de la información sobre seguridad pública, genera una serie de desavenencias e inconvenientes respecto a libertades de elección y oportunidades de auto-defensa. Por ello, la emergencia de capacidades o habilidades sistemáticas de contención de la delincuencia lleva a los individuos a organizarse improvisadamente a fin de poder resguardar la vida propia y la de sus familias así como el patrimonio de las mismas (hipótesis 6).

Ello supone la gestión de oportunidades y libertades que garanticen la paz pública en menoscabo de la acción gubernamental federal, ya que se trata de una negociación entre la autoridad municipal en referencia a la delincuencia organizada local. En tal sentido, la legitimidad sociopolítica de la inseguridad percibida está indicada por la negociación de oportunidades y libertades de elección sin las cuales no sería posible entender el desarrollo de la economía local (hipótesis 7 y 8).

Hipótesis nula: Las relaciones de dependencia entre los indicadores y el factor establecidos desde los marcos teóricos y conceptuales de la gobernabilidad y la gobernanza de la seguridad pública se ajustaran a los datos observados en el estudio empírico.

Hipótesis alterna: Las relaciones de dependencia entre las variables observables y el factor no se ajustan a los datos obtenidos en el estudio empírico.

Método

Diseño. Se llevó a cabo un estudio longitudinal y correlacional.

Muestra. Se realizó una selección no probabilística de 330 residentes de Xilitla (120 mujeres y 110 hombres; M = 30,3 años cumplidos, DE = 11,71 años; M = 235,1 USD y DE = 0,281 USD) que consultaron notas informativas de periódicos de circulación nacional en las que se difundieron de 2012 a 2013 actos violentos que afectaron a las esferas civiles en sus rubros de latrocinio, homicidio, secuestros y extorsiones. El criterio de selección fue el haber experimentado alguno de los delitos mencionados durante el periodo esgrimido y el haber consultado alguna nota de circulación nacional.

Instrumento. Se utilizó la Escala de Legitimidad Sociopolítica ante la Violencia y la Paz Pública. Incluye 26 aseveraciones en torno a fiabilidad, habitus, representación, actitudes, creencias, capacidades, oportunidades y libertades. Cada subescala incluyó opciones de respuesta diferentes que midieron el grado de intensificación de la información en la muestra seleccionada.

Procedimiento. La operacionalización de las variables se llevó a cabo asumiendo que la legitimidad sociopolítica está indicada por ocho factores psicológicos y sociales en los que la muestra seleccionada expresa el impacto de la información difundida en los medios de comunicación respecto a hechos violentos (véase tabla 1).

Los reactivos fueron revisados por jueces expertos en la materia, una vez que se recopilaron sus sugerencias y se incorporaron a la redacción final se procedió al piloteo del instrumento con la muestra intencional de estudiantes. El instrumento fue entregado a los estudiantes mientras se les explicaba que los resultados del mismo no incidirían en sus calificaciones escolares y por ello debían contestar con toda confianza y sinceridad. Se les informó que el tiempo de respuesta límite era de 20 minutos al término del cual se les solicitarías sus respuestas las que en caso de haberse repetido o en su caso estuviesen ausentes se les solicitó nuevamente escribir al reverso de la hoja las razones por las que tomaron tales decisiones. Una vez recopiladas las respuestas se capturaron en el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales versión 21 y se procesaron los estadísticos en el Paquete Estadístico de Análisis de Momentos Estructurales versión 21.

Análisis. Se llevaron a cabo análisis de normalidad, confiabilidad, validez (véase tabla 2), covarianza, estructural y ajuste para establecer la distribución simétrica, consistencia interna, convergencia de ítems respecto al factor, correlaciones entre dimensiones, relaciones de dependencia y prueba de hipótesis.

Normalidad. Se emplearon los parámetros de curtosis y bootstrap para establecer la distribución que permitiese llevar a cabo análisis multivariables posteriores. Los valores cercanos a la unidad y los valores de significancia cercanos a cero fueron considerados como evidencia de normalidad.

Confiabilidad. Se utilizó el estadístico alfa de Cronbach para establecer la consistencia interna entre las correlaciones de los ítems con respecto a la escala y la subescala. Los valores cercanos a la unidad fueron considerados como evidencia de colinealidad mientras que los valores inferiores a 0,60 se asumieron como evidencia de variaciones del instrumento en muestras diversas y contextos heterogéneos.

Validez. Se llevó a cabo un análisis de adecuación y esfericidad con los estadísticos Kayser Meyer Olkin (KMO) y prueba de Bartlet. Posteriormente se procedió a efectuar un análisis factorial exploratorio de componentes principales con rotación varimax siguiendo las correlaciones entre ítems y factor superiores a 0,300 asumiendo que los valores superiores serían considerados como evidencia de convergencia y establecimiento de un constructo a partir de variables manifiestas.

Covarianzas. Se utilizaron convarianzas para establecer las relaciones de dependencia entre los factores en los cuales los valores próximos a la unidad fueron considerados como evidencia de colinealidad mientras que los valores cercanos a cero se asumieron como evidencia de relaciones espurias en donde una tercera variable estaría incidiendo en la relación entre dos variables.

Estructura. Se establecieron las relaciones de dependencia entre el constructo y los indicadores a partir de errores de medición cercanos a cero. En los casos en los que los valores se aproximaban a la unidad se consideró como evidencia de relaciones espurias.

Ajuste. En torno a la prueba de hipótesis se utilizaron los estadísticos chi cudrada cuyo valor cercano a cero indicaría la aceptación de la hipótesis nula, sin embargo, debido a que el tamaño de la muestra afecta los valores del parámetro, se procedió a estimar la bondad de ajuste en el que los valores cercanos a la unidad fueron considerados para la aceptación de la hipótesis nula. Por último se estimó el valor residual el cual fuese cercano a cero para asumir la aceptación de la hipótesis nula.

Resultados

La tabla 3 muestra las relaciones de covarianzas entre los factores en los que se puede advertir que el factor de oportunidades correlaciona mayormente con la legitimidad sociopolítica (Φ = 0,596) lo cual indica que la percepción de inseguridad está sustentada en las oportunidades económicas que la autoridad local gestiona para beneficio de los residentes.

Sin embargo, las creencias tuvieron el valor más bajo de correlación con respecto a la legitimidad sociopolítica (Φ = 0,392) indicando con ello que la información circundante respecto a la seguridad pública parece incidir espuriamente en la percepción de legitimidad.

En síntesis, la legitimidad está configurada por ocho factores relativos a la percepción de inseguridad que explican una tendencia por parte de los residentes para con sus autoridades locales en materia de seguridad pública (véase figura 2).

Fuente: Extraído del paquete estadístico para Ciencias Sociales.

Figura 2 : Modelo estructural de la legitimidad sociopolítica de la administración de la seguridad.  

En el caso de las relaciones reflejantes, la figura 3 muestra a las actitudes como el principal indicador de la estructura de legitimidad sociopolítica (β = 0,91). Es decir, a medida que las actitudes se intensifican propician un efecto directo y significativo sobre la legitimidad sociopolítica en lo que a inseguridad se refiere.

En contraste, el factor de oportunidades, a diferencia de la matriz de covarianzas, en la estructura de relaciones reflejantes alcanza el valor más bajo (β = 0,41) el cual induce a pensar que la legitimidad de las autoridades locales no está reflejada por las oportunidades económicas que la población espera.

El contraste de la hipótesis nula relativa a que la legitimidad está reflejada por ocho factores psicológicos y sociológicos en torno a la percepción de inseguridad fue contrastada con el parámetro chi cuadrada, bondad de ajuste e índice residual.

Los resultados muestran que la hipótesis nula de similitudes entre los datos hipotéticos y los valores obtenidos es aceptable (χ2 = 14,02 [18 gl] p < 0,001). Asimismo el índice de bondad de ajuste (GFI por sus siglas en inglés) su valor (GFI = 0,995) sugiere la aceptación de Ho. Por último, el índice residual medio cuadrático (RMSEA por sus siglas en inglés) también advierte del ajuste de los datos obtenidos con respecto a las relaciones supuestas (RMSEA = 0,000).

Se acepta la hipótesis nula de ajuste entre las relaciones de dependencia teóricas y los datos obtenidos en el estudio empírico. Es decir, la legitimidad sociopolítica de la administración de seguridad pública está indicada por ocho variables ponderadas en el presente trabajo.

Conclusión

Los hallazgos discutidos muestran que la legitimidad sociopolítica de la rectoría del Estado frente a la escalada de violencia está indicada por ocho factores de orden psicológico y sociológico los cuales pretenden explicar por qué las esferas civiles transformaron la información difundida en los medios por percepciones de inseguridad. La respuesta estriba en que existen una serie de procesos que al compaginarse legitiman la acción gubernamental de prevención del delito y combate a la delincuencia, pero tal cuestión no se da en paralelo respecto a la paz pública.

Es por ello que el presente trabajo no explica la relación disímbola entre rectoría del Estado y reconstrucción del tejido social para la paz pública. Algunos estudios aluden a la gobernanza de la seguridad pública como fundamento central de las políticas públicas ya que sin el respaldo y la corresponsabilidad de la sociedad civil la clase gobernante pierde legitimidad y con ello la posibilidad de reconstruir la seguridad pública.

Resulta paradójico que el Estado pretenda reconstruir la paz pública en un contexto en el que la seguridad es cada vez más privada y la inseguridad es percibida de un modo más público. También llama la atención que los medios impresos se hayan dedicado fehacientemente a difundir información relativa a la ineficiencia del Estado, principalmente del gobierno de Felipe Calderón mientras que soslayaron la corresponsabilidad, participación y diseminación de la paz civil.

Es decir, si la percepción de inseguridad se intensificó no sólo es por la opacidad y corrupción del Estado, sino además los medios de comunicación dejaron de cuestionar a la ciudadanía por la pérdida de sus valores mientras delegaba en sus autoridades los instrumentos para la construcción de un sistema sociopolítico que les permitiera recuperar las condiciones mínimas de convivencia.

En efecto, los medios de comunicación en su afán de incidir en la agenda pública, sesgaron su difusión y responsabilizaron al Estado por el deterioro de las relaciones públicas, a cambio el Estado replanteó su función rectora por una mediadora cuyo resultado fue la auto-organización de las esferas civiles y con ello el contraste de dos visiones sobre un mismo problema: seguridad pública. Es decir, cada uno de los tres actores segmentó sus márgenes de decisión y maniobra para responsabilizar a los demás por la pérdida de la paz pública, la espiral de violencia y el restablecimiento de la rectoría del Estado.

Precisamente, es menester analizar los discursos de los tres actores; gobernantes, ciudadanos y comunicadores para reconstruir el escenario en el que la paz pública se transformó en imágenes y discursos relativos al narcotráfico, delincuencia organizada o violencia. Para tal propósito es menester trabajar con tipos ideales representativos de las esferas civiles, políticas y mediáticas a fin de descifrar la construcción de la agenda mediática, ciudadana, política y pública. Una vez descifrados los temas de las agendas será indispensable reconstruir el accionar de cada uno de los tres actores para poder explicar sus desencuentros. Acto seguido, será importante discutir el futuro de las relaciones entre Estado, ciudadanía y medios de comunicación en escenarios exacerbados de seguridaden la que las tecnologías de espionaje serán otro factor central a considerar en la reconstrucción de la paz civil o el incremento de la percepción de inseguridad.

Por último, el presente estudio puede ser promotor de la legalidad, socialización política y difusión de valores cívicos que permitan construir un sistema democrático en el que las futuras generaciones adopten términos tales como corresponsabilidad, auto-eficacia,participación, dialógica y debate en sus discursos. Una vez incorporados los símbolos y significados de la paz pública, las acciones para hacer posible tales discursos estarán más cercanas a estas generaciones de legitimidad sociopolítica.