1. El neoliberalismo de los años noventa y la crisis de 2001

Carlos Menem llegó al poder como presidente de Argentina a mediados de 1989, justo cuando el país atravesaba una crisis hiperinflacionaria que restó respaldo y credibilidad al Estado populista previo de Raúl Alfonsín (1983-1989) (^{Gallo, 2008}). Ese gobierno dejó al país en una crítica condición económica, política y social, caracterizada por el desempleo, la caída de los salarios, el endeudamiento público, el déficit fiscal y la ya mencionada hiperinflación, que había pasado de 33.4% en abril a 78.5% en mayo de 1989 (^{Fair, 2008: 112-114}). La renuncia de Alfonsín en junio, ante el absoluto caos y su incapacidad para contenerlo, llevó al peronismo al poder antes de tiempo. Carlos Menem, el flamante presidente justicialista, inició su mandato prematuramente al asumir funciones en julio, cinco meses antes de lo previsto constitucionalmente.

Al principio, su gobierno reflejó claramente la avidez de cambio demandada por los agentes económicos dominantes, quienes buscaban una nueva tendencia de crecimiento, basada en el modelo neoliberal que imperaba en el mundo entero, principalmente tras la caída del muro de Berlín y el paralelamente integrado Consenso de Washington. Los organismos financieros internacionales reclamaban el pago de la deuda externa y convalidaban fehacientemente el ajuste estructural que Menem estaba por emprender.

A pesar de pertenecer al Partido Justicialista, tradicionalmente de izquierda y de tendencia progresista, Carlos Menem impulsó leyes contrarias a dicha ideología con la Reforma del Estado, la Emergencia Económica y el Plan de Convertibilidad. Estas acciones radicalizaron la concentración, la centralización del capital y la extranjerización de la economía (^{Gallo, 2008: 85}; ^{Benente, 2017: 80}), y disminuyeron drásticamente la intervención estatal en ella por medio de su desregularización, la liberación del mercado interno, el acceso al capital trasnacional y la privatización interna. El capital privado se apoderó de las empresas estatales casi en su totalidad, con la venta de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), Aerolíneas Argentinas y, posteriormente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF),¹ entre los casos más destacados. A tal grado se sesgó la política interna al interés particular de unos cuantos entes capitalistas con mucho poder, que cínicamente se asignó al conglomerado Bunge y Born el mando del Ministerio de Economía (^{Fair, 2008}).

Ante la era neoliberal tan en boga en ese momento a escala global, con estas acciones el gobierno de Menem se ganaba la confianza y el respaldo que tanto necesitaba por parte del empresariado, para llevar a cabo reformas de mercado tan extremistas como polémicas, que de momento serían aplaudidas por muchos, pero que a la larga implicarían un gran impacto en la estructura económica y social de Argentina.

Para recaudar fondos que pudieran abonar al pago de la deuda externa, además de privatizar las empresas, se incrementaron los impuestos al consumo (15% en impuesto al valor agregado [IVA]), así como las tarifas (más de 200% en el servicio de luz, 300% en teléfonos y 90% en gas, por mencionar algunas) y se redujo el gasto público (^{Fair, 2008: 118}). Estas medidas, lejos de combatir la inflación, la dispararon, lo que llevó los índices de popularidad del presidente a sus niveles más bajos. De ahí la desesperada decisión gubernamental de implementar medidas más severas y, por ende, fuertemente cuestionadas, como el plan de convertibilidad. Éste fue puesto en marcha en abril de 1991 por Domingo Cavallo, el tercer ministro de Economía que estableció legalmente la paridad cambiaria del Austral (moneda argentina) con el dólar americano ($/USD 1.00) (^{Frenkel y Friedheim, 2017}; ^{Gallo, Stegmann y Steagall, 2006}). Para ajustar la sobrevaluación del tipo de cambio, se recurrió nuevamente a un financiamiento externo que equiparara el desbalance monetario. Asimismo, se incentivó el consumo al aumentar el crédito y reducir al mínimo las tasas de interés y los precios a productos clave. La inflación logró bajar hasta un sorprendente 1.3% en agosto de ese año y se registraron fuertes montos de inversión extranjera directa en el país (^{Fair, 2008: 122}).

Estas medidas neoliberales, respaldadas por inversionistas internacionales, los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y todos aquellos involucrados en el Consenso de Washington le hicieron creer al mundo que el gran país sureño comenzaba a gozar de una sólida economía. La productividad, la inversión y el consumo se elevaban considerablemente y se percibía un ambiente de estabilidad económica y monetaria sin igual. Se trataba de un periodo de “bonanza” en el que los habitantes podían aprovechar los grandes beneficios de una moneda nacional en paridad con el dólar estadunidense, que les permitía viajar por el mundo y hacerse de productos regularmente caros, como los electrodomésticos, a precios muy bajos. Argentina era el ejemplo y la envidia de sus países vecinos, lo que le valió al presidente Carlos Menem sostenerse en el poder por 10 años (1989-1999). Sin embargo, la estabilidad y el crecimiento económico duraron poco tiempo y la realidad se hizo presente.

Los grandes consorcios privados fueron los más beneficiados del proceso neoliberal. Las privatizaciones a precios subvaluados, así como la flexibilidad de políticas laborales, empleo y sobrerrentabilidad para el aumento de tarifas permitieron al sector privado obtener ganancias exorbitantes, mientras que el sector trabajador afrontaba condiciones de vida cada vez más precarias y vulnerables en el salario y el empleo, con pocas garantías para su jubilación -ahora privatizada también-, al mismo tiempo que se elevaban considerablemente los gastos, por el aumento al precio en la renta de servicios básicos -ahora también pertenecientes al sector privado (^{Fair, 2008}; ^{Benente, 2017})-.

Argentina, que había recurrido a la financiación externa para sostener el plan de convertibilidad, comenzó también a sufrir los embates de la crisis económica global, desatada con el efecto Tequila de México en 1995, y seguida por el colapso financiero ruso en 1998 y la devaluación de la moneda brasileña hasta 30% en 1999 (^{Datamonitor, 2006}; ^{Gallo et al., 2006}). En el intento desesperado por evitar la devaluación y recuperar la competitividad, el subsecuente gobierno de Fernando de la Rúa (diciembre de 1999-diciembre de 2001)² decidió también mantener el plan de convertibilidad, aunque las medidas económicas implementadas no fueron suficientes. El nuevo presidente recurrió una y otra vez a la solicitud de cuantiosos préstamos internacionales al FMI, los cuales aumentaron exponencialmente las deudas públicas interna y externa del país, con la conjunta contracción del producto interno bruto (PIB), lo que derivó finalmente en la gran crisis económica que estalló en diciembre de 2001.

La turbulencia en los mercados internacionales aceleró la inestabilidad macroeconómica interna. Los niveles de desempleo alcanzaban ya 17%, mientras que la economía se desaceleraba hasta 4% en ese año, lo que reflejaba la vulnerabilidad económica y la imposibilidad interna para afrontar el pago de las deudas (^{Datamonitor, 2006: 13}). Baste decir que la devaluación del peso argentino ocasionó la pérdida de un tercio de los ahorros domésticos; no sólo eso, sino que a finales de 2001, en un intento fallido por evitar la fuga de capitales, las iniciativas gubernamentales implementadas por Domingo Cavallo incluyeron la punitiva y muy cuestionable estrategia de congelar el acceso a los pocos ahorros remanentes en las cuentas bancarias de los ciudadanos, en lo que se conoció como “Corralito” (^{Gallo et al., 2006: 195-198}; ^{Spector, 2009: 778}). Esta medida coercitiva dio paso a una espiral de violencia, saqueos, bloqueos en las calles, crimen y protestas civiles que culminó con la muerte de una treintena de personas en las calles, por represión policial. Argentina se vio desbordada en unos cuantos días por una guerra civil interna descontrolada y a la vez justificable, que orilló a la renuncia del ministro de Economía y del presidente Fernando de la Rúa el 21 de diciembre de 1999.

El estallido social y político implicó también el resquebrajamiento de la estructura institucional. En el mínimo transcurso de 10 días, cinco funcionarios estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo, hasta quedar Eduardo Duhalde, del partido peronista, como presidente de la nación, por el resto del periodo oficialmente establecido para el mandato de De la Rúa (del 2 de enero de 2002 al 25 de mayo de 2003) (^{Datamonitor, 2006}; ^{Spector, 2009}).

En este breve mandato, y aun con la eliminación del plan de convertibilidad, el gobierno de Duhalde tuvo que afrontar el mayor colapso económico a mediados de 2002, con una inflación por demás volátil que promedió casi 26%, además de una drástica reducción de la inversión local y extranjera y a más de la mitad de la población en condición de pobreza (^{Gallo et al., 2006: 201}), lo que implicó una enorme desaprobación popular, la fragmentación del propio partido peronista y, por ende, el adelanto de las elecciones presidenciales en 2003.

2. La izquierda. Doce años de kirchnerismo

Tras el gris interinato de Duhalde, quien sin pena ni gloria mantuvo al país “a flote” en una economía meramente desbordada por el colapso financiero de 2001, en mayo de 2003 fue electo democráticamente Néstor Kirchner, político también peronista, pero opositor acérrimo al eje neoliberal impulsado por Carlos Menem años atrás. El flamante presidente sólo contó con 22% del apoyo electoral, toda vez que Carlos Menem declinó en la contienda por la segunda vuelta, lo que implicó para Kirchner una necesidad enorme de consolidar el poder político ante la debilidad de su mandato, a pesar de la legitimidad del mismo. Así, aplicó una serie de maniobras de negociación política que incluían no sólo al propio peronismo sino a otros actores políticos y partidos de izquierda, y tomó una postura claramente progresista (^{Diamint y Tedesco, 2015}).

Para dar credibilidad y fuerza a su mandato, Kirchner impulsó políticas populistas y clientelares que le permitían mantener el control ejecutivo y restaban poder a las instituciones políticas, principalmente ante un escenario económico tan crítico como el originado por sus antecesores. A su favor tenía la habilidad carismática que le permitía acercarse al pueblo, pues interpretaba hábilmente sus expectativas y necesidades; lo que le permitió hacer alianzas con movimientos sociales (^{Colectivo Situaciones, 2014}). Se trataba de un momento de absoluta depresión social y económica, cuando la gente necesitaba sentirse escuchada y atendida por un gobierno que la rescatara de su crítica condición. Se requería un líder que diera confianza, y se sintiera su fuerza y poder de gobernanza.³

Así, Néstor Kirchner y posteriormente su esposa, Cristina Fernández, se dedicaron a reconstruir el Estado, al retomar la injerencia estatal en la economía. La intención central era la reactivación del mercado interno y la sectorización productiva, con políticas proteccionistas bastante radicales en algunos casos. Las políticas impulsadas por este gobierno, encaminadas a redistribuir más equitativamente la riqueza, mediante el ejercicio de justicia sobre las tan impopulares medidas económicas y maniobras empresariales estipuladas por los gobiernos previos, incluyeron el cambio en la composición de la Suprema Corte, de tal suerte que se logró eliminar la mayoría absoluta de los ministros a modo impuestos por Carlos Menem, quienes aprobaron todas y cada una de sus iniciativas neoliberales, tan perjudiciales para la sociedad como la privatización total empresarial y el Corralito. El cambio en la composición de la corte permitió determinar la medida del Corralito como inconstitucional, por lo que pudo compensarse a los ciudadanos por muchos de los perjuicios económicos derivados de la misma. Asimismo, los inversionistas privados se vieron seriamente afectados por la revocación de concesiones públicas tan básicas como el servicio postal, algunas líneas de tren y la administración en telecomunicación de algunas estaciones de radio, pues se sometieron a revisión muchos de los contratos preexistentes sobre privatización de empresas estatales (^{Gallo et al., 2006: 207}).

La ambivalencia en la aplicación de políticas económicas, benéficas principalmente para el sector popular y en detrimento de los intereses del sector privado -cínicamente aventajado en la época menemista-, permitió generar desarrollo económico en la nación, al reducir el nivel de deuda nacional y mantener el control de la inflación.⁴ Con el aumento de la actividad económica interna en el ámbito industrial y específicamente de obras públicas, se incrementaron también el PIB, las exportaciones manufactureras y el nivel de inversión. En los primeros dos años de gobierno de Néstor Kirchner se percibió un mayor nivel de certidumbre económica, con salarios al alza, aumento en la demanda agregada y freno a la caída en la tasa de empleo (^{Wylde, 2012: 110-111}). Así, la economía mostró signos importantes de recuperación entre 2003 y 2004, incentivada también por la tasa de cambio favorable mantenida por el gobierno, tras la pesificación de la moneda, y al alza en los precios globales de las materias primas. Esto se reflejó principalmente en los sectores agrícola, de construcción e industrial manufacturera⁵ y de importación de bienes de capital (^{Gallo et al., 2006: 202}).

En el ámbito social el cambio gubernamental se reflejó con la reactivación de programas de bienestar social (empleo, educación primaria y secundaria para familias de escasos recursos, becas universitarias, fondos para cooperativas, vivienda, etc.); políticas para incrementar la formalidad y reducir la inequidad económica; otras sobre derechos sociales y humanos; sobre la extensión del consumo masivo para los sectores poblacionales más desfavorecidos, y apoyo para el emprendimiento popular (^{Colectivo Situaciones, 2014: 401}). Como lo demuestra ^{Christopher Wylde (2012: 120)}, el crecimiento económico continuo permitió la caída abrupta del desempleo. De igual forma, según la investigación de ^{Roxana Maurizio (2015}), durante los años 2000 las cifras sobre informalidad laboral descendieron considerablemente, al mismo tiempo que las de concentración del ingreso (véase Cuadro 1).

Además del aumento del empleo, de la producción industrial y del superávit fiscal y comercial alcanzados entre 2003 y 2007, el PIB creció 8.2% con una reestructuración de más de 60% de la deuda externa (^{Mazzina y González Cambel, 2018: 188}). Sin duda, las políticas y los programas de ajuste implementados por Néstor Kirchner dieron estabilidad macroeconómica al país y un nivel mayor de tranquilidad y certidumbre en la percepción ciudadana. Sin embargo, sus medidas fueron cortoplacistas, lo que provocó, entre otras cosas, el aumento de la inflación en el siguiente mandato presidencial correspondiente a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

Ella continuó las estrategias políticas iniciadas por su esposo, y su gobierno siguió gozando del alza impresionante en los precios mundiales de las materias primas, como los granos -en especial, la soya-, lo que incentivó notoriamente la recuperación económica de Argentina (^{Frenkel y Friedheim, 2017}). Esto se reflejó con un crecimiento de hasta 9% entre 2010 y 2011 (^{Diamint y Tedesco, 2015: 115}; ^{Weisbrot, Ray, Montecino, Kozameh, 2011}).

Cristina Fernández se caracterizó por ser una líder política muy poderosa y, para muchos, intolerante en el proceso de toma de decisiones. Los logros alcanzados por su esposo le permitieron gozar de una mayoría absoluta en el congreso, lo que le dio la confianza para impulsar medidas, para muchos, extremas, que pondrían en ocasiones en duda su capacidad de liderazgo y negociación política. A pesar de su nivel de influencia y control en la vida política del país, Fernández aceptó algunos límites impuestos por las instituciones estatales, como cuando le bloquearon su intención de incrementar los impuestos al sector agroexportador. Siendo este sector el motor de la economía sureña, se ganó la enemistad de gran parte de los gremios involucrados y la iniciativa no fue aprobada por el congreso. Este hecho exacerbó la polarización social en Argentina, principalmente la confrontación entre la clase obrera y la oligarquía (^{Diamint y Tedesco, 2015: 116}). De ahí derivó también en 2009 la confrontación directa con el Grupo Clarín, dueño de estaciones de radio, canales televisivos y uno de los periódicos más importantes del país. Cristina Fernández impuso una ley de medios para limitar el poder de este conglomerado.

Un factor que contribuyó al robustecimiento de las maniobras políticas y principalmente económicas de los Kirchner fue la ley de coparticipación (1988), respaldada con la posterior aprobación de la ley de emergencia (2002); ésta surgió a propósito de la crisis, y permitió al gobierno el uso de recursos fuera del presupuesto nacional, lo que le dio acceso a enormes cantidades de dinero, de manera discrecional (^{Diamint y Tedesco, 2015: 118}). En el caso de Cristina Fernández, estos recursos fueron en gran medida utilizados para manipular las cifras sobre el crecimiento económico interno, hecho que le valió el bloqueo crediticio del FMI, organismo con quien mantuvo una seria confrontación a lo largo de su mandato, al mostrar una postura radical antisistémica, muy aplaudida por la sociedad argentina tan afectada y resentida.

Su principal estandarte en contra del establishment fue rehusarse a pagar parte de la deuda externa que estaba por vencerse en esos años con ciertos acreedores internacionales. Los conocidos como el Club de París -integrado por 19 naciones acreedoras, entre ellas los Estados Unidos, Japón y Alemania- aceptaron la reestructuración de la deuda; sin embargo, ciertos inversores privados, como fondos de inversión NML Capital y Aurelius Capital Management, se negaron a aceptar una renegociación, lo que les valió para ser despectivamente nombrados “fondos buitre” (^{Smink, 2013}). Su rebeldía implicó la crítica y el rechazo de los entes capitalistas más neoliberales del sistema financiero internacional, pero internamente eso significó una popularidad enorme para Fernández de Kirchner, en su empatía con el pueblo, más a sabiendas de que este gobierno peronista fue capaz de aguantar el resto de su mandato en los tribunales, sin pagar a los litigantes, a pesar del fallo a favor de los acreedores, que había dado en primera instancia un tribunal de Nueva York.

Su gobierno se caracterizó, por obvias razones, por priorizar los derechos humanos sobre los compromisos financieros internacionales, no sólo en relación con la negativa al pago de la deuda, sino al inhibir al país de recurrir a más deuda para financiar el consumo interno. Esta postura proteccionista se materializó -igual que con su antecesor- en el impulso mayoritario de planes sociales, y la promoción del aumento real al salario, lo que acrecentó considerablemente el consumo popular, sin que por ello necesariamente aumentara la productividad (^{Esteves, 2014a}). El aumento salarial en términos reales se mantuvo por 10 años, lo que le valió a Argentina para convertirse en el país latinoamericano con el salario más elevado de la región.

Sin embargo, a partir de 2014, la economía comenzó a reflejar la insostenibilidad del sistema, con el aumento de la inflación -negada por el gobierno por años- y en los costos de producción industrial, como consecuencia del incremento salarial, que no era equiparable, principalmente, según ^{Esteves (2014b)}, con los bienes de mediana y baja complejidad. De esta manera, las empresas industriales perdieron rentabilidad y se debilitó el estímulo a la inversión, lo que derivó también en el rezago de la infraestructura productiva. Los consumidores comenzaron a pagar productos más caros y más obsoletos a la vez.

Para concluir sobre la era kirchnerista en el poder, aun con los cambios estructurales implementados, que permitieron mejorar las condiciones sociales y económicas de la nación, al estimular el consumo y la inversión interna, éstos no necesariamente implicaron un modelo de desarrollo basado en la reindustrialización interna. Se aumentaron la producción industrial y agrícola, la sectorización económica, el fortalecimiento del mercado interno y el bienestar social, con el impulso al empleo, el salario, la educación, entre otros. A pesar de ello, hicieron falta estrategias políticas que permitieran desarrollar un proceso industrializador para garantizar el desarrollo económico sostenible, basado en la productividad interna. Mucho del crecimiento económico de esos años, que permitió estabilizar las condiciones nacionales, se debió a la fortuna de gozar de precios internacionales muy elevados para las materias primas -específicamente de productos primarios dirigidos a China-,⁶ los cuales generaron cuantiosos ingresos para el país. Era necesario aprovechar esos recursos mediante el impulso de programas de reestructuración interna hacia el fortalecimiento de la industria nacional, una mayor sectorización productiva y la diversificación de mercados.

Entre los hechos más polémicos de la era Kirchner, definitivamente está haber maquillado las cifras nacionales macroeconómicas. El nivel de inflación y crecimiento económico reportados por estos gobiernos, desde 2007 y, por lo menos, hasta 2014, mostraban cifras muy por debajo de las reales,⁷ según la apreciación de analistas locales e internacionales, incluyendo al FMI. Esta institución cuestionó y presionó por años al gobierno de Cristina Fernández sobre la veracidad de las cifras presentadas, hasta tomar la decisión de vetar a Argentina sobre el acceso a las líneas de financiamiento del propio organismo. Una vez presentadas las cifras reales de crecimiento interno (2014), se confirmó que el nivel de inflación era mucho más elevado que el presentado por años, el de pobreza era mayor que el reportado por el gobierno y la economía afrontaba un descenso importante en su crecimiento interno, a consecuencia de la baja productividad industrial y la precariedad del ingreso sobre los mercados internacionales, una vez que los precios globales de las materias primas comenzaron a descender considerablemente.

Esta combinación de factores implicó también el aumento del narcotráfico y la inseguridad pública en el país, junto con pesquisas de corrupción gubernamental que dañaron la imagen kirchnerista en amplios sectores de la población (^{Pagni, 2014}). A esto se suma la evidente cercanía política del gobierno con Venezuela, China, Rusia e Irán, a la par de un preocupante distanciamiento de los Estados Unidos y la Unión Europea, lo que generaba una percepción ciudadana de aislamiento nacional de la esfera global (^{Mazzina y González Cambel, 2018: 196}; ^{Tokatlian y Russell, 2016: 218}).

Así fue como la izquierda comenzó a perder terreno en la política, primero en las elecciones legislativas de 2013 y luego en las presidenciales de 2015, que le dieron la victoria a la oposición. Mauricio Macri -empresario multimillonario y previo jefe de Gobierno de Buenos Aires- quedó como el presidente de Argentina, representaba a un nuevo partido autocalificado como centroderechista: Propuesta Republicana (Pro). Este partido, por medio de una coalición partidista denominada Cambiemos, logró tanto la derrota peronista como el quiebre del bipartidismo tradicionalista (^{Vommaro y Gené, 2017}); era también la primera vez que un candidato de derecha ganaba democráticamente las elecciones presidenciales en Argentina.

3. El retorno efímero neoliberal con Mauricio Macri

En su intento por dejar en el pasado los 12 años de izquierdismo en Argentina, Mauricio Macri lo cortó de tajo; su administración comenzó por sustituir a casi la totalidad de los miembros del gabinete nacional que habían trabajado en el ciclo kirchnerista, y a manejar un discurso derechista, como antítesis del peronismo. La representación partidista de la alianza Cambiemos presentaba una visión liberal-republicana, en defensa del funcionamiento institucional estatal; era plenamente contraria al “populismo estatal” tan característico de los Kirchner (^{Vommaro y Gené, 2017: 233}), quienes se habían dedicado a desacreditar a las instituciones nacionales y extranjeras a lo largo de sus mandatos.

La crítica a la oposición peronista se reflejó también en el ámbito social. Su promoción férrea de la unión de los argentinos y la renovación política con una retórica anticomunista, en favor de la globalización y en contra del aborto y la inmigración, finalmente contribuyeron al triunfo electoral de Macri, con el apoyo de las esferas más conservadoras del país. Su gobierno liberal, crítico del aislacionismo internacional y en favor de la meritocracia y el emprendedurismo empresarial (^{Stefanoni, 2019}; ^{Tokatlian y Russell, 2016}), se centró en una visión modernizadora gerencial de la política, el Estado de apertura y la desregulación económica controlada, por medio del ajuste fiscal y la promoción de las inversiones privadas, aunque mantuvo muchos de los programas de gasto social impulsados inicialmente por los Kirchner, en lo que él mismo llamó: “gradualismo”; evitó así una terapia de shock -en palabras de ^{Vommaro y Gené (2017: 234)} - que lo asociara con el radicalismo menemista de los años noventa (^{Mason-Deese, 2019}).

De igual forma, el nuevo gobierno criticó severamente las políticas previas sobre los subsidios a los servicios públicos y el aumento al gasto público; consideraba que el incremento en el poder de compra y el consumo popular habían sido en realidad un crecimiento ficticio, por lo que pronto se encargaría de revertir estas políticas. Apenas a un año en el poder, la popularidad del presidente ya comenzaba a descender considerablemente (de 64% en diciembre de 2015 a 46% en diciembre de 2016), pues, además de los problemas económicos latentes, empezó a percibirse desde muy temprano en el país la falta de intención gubernamental por acercarse y cuidar de la población (^{Vommaro y Gené, 2017: 247}).

Este gobierno implicó para los argentinos el retorno a la era neoliberal impulsada por Carlos Menem a finales del siglo XX. El flamante presidente Macri se encargó, durante los cuatro años que duró su mandato, de impulsar un ambicioso programa de reformas estructurales al sistema interno, encaminadas, principalmente, a corregir los desequilibrios económicos internos y recuperar la confianza internacional, por medio de acuerdos para el pago de la deuda con los tenedores de los fondos “buitre”, los cuales implicaban en sí mismos la reconciliación con el FMI y otras instancias financieras globales. Después de 14 años en suspensión de pagos, finalmente se reestructuró la deuda a los acreedores, con el aval del FMI en el acuerdo, según sus premisas y estatutos internos (^{Rebossio, 2014}). Entonces, la intención central era reinsertar al país en el mundo, al retomar las relaciones exteriores con las potencias occidentales (^{Mazzina y González Cambel, 2018}), principalmente con los Estados Unidos y la Unión Europea.

En la necesidad de atraer inversión extranjera, la cual se había ahuyentado durante el gobierno populista de Cristina Fernández,⁸ Macri hizo un ajuste monetario mayor, al suprimir barreras arancelarias e implementar exenciones a los impuestos en la industria de exportación -principalmente, la agrícola y la minera-. La reforma tributaria promovida por el gobierno en 2017, que accedía a la presión de inversionistas y organismos financieros internacionales, implicó la reducción de subsidios a servicios públicos y transporte, con la consecuente disminución del gasto público y el aumento de los impuestos y los precios al consumidor (^{Mason-Deese, 2019}). Su intención de incentivar la inversión privada a través de mayor rentabilidad, aunada a la reducción del gasto estatal en servicios públicos, llevó al gobierno a la decisión de ajustar las tarifas de dichos servicios, antes subsidiadas por el peronismo. El aumento de los costos alcanzó hasta 500%, lo que obviamente derivó en un fuerte rechazo social (^{Vommaro y Gené, 2017: 239}).

El plan de austeridad, basado en las fórmulas tradicionalmente neoliberales, lejos de mejorar la calidad y las condiciones de vida de los argentinos, disparó la pobreza,⁹ al grado de llegar a casi dos dígitos en las cifras del desempleo y una hiperinflación incontenible. En sus promesas de campaña, Mauricio Macri había ofrecido como principal consigna reducir la inflación que en 2015 alcanzaba 30%; sin embargo, en 2018 ésta llegó a la alarmante cifra de 47%: se registró así la mayor alza en 27 años (^{Prado, 2019}), junto con una sobrevaluación del dólar que pasó de 10 a 46 pesos en cuatro años (^{Stefanoni, 2019}: 224).

La reacción desesperada de Macri ante tal crisis y el desplome rampante de la moneda argentina fue recurrir al sobreendeudamiento estatal¹⁰ y a un nuevo acuerdo con el FMI, por un préstamo total de 57 000 millones de dólares (^{Rivas, 2018}), el monto más elevado otorgado en la historia del organismo (^{Mason-Deese, 2019: 320}). El supuesto equilibrio fiscal primario que se alcanzaría a finales del siguiente año, por medio del aprovechamiento “eficiente” de los préstamos internacionales, no surtió efecto. El peso argentino continuó depreciándose en 2019 hasta 65% desde abril de 2018, con una contracción económica de 2.5% del PIB en 2018 y su mismo equivalente en el primer semestre de 2019 (^{Banco Mundial, 2019}).

El fantasma de la volatilidad económica siempre ha perseguido a Argentina, y el gobierno de Mauricio Macri no fue la excepción. Después de que la administración de Cristina Fernández cerrara con un crecimiento de 2.7% en 2015 (véase Cuadro 2) en 2016, ya con Macri en el poder, la economía sufrió una contracción enorme, pues cayó hasta -2%, para luego recuperarse en 2017 con un resultado positivo de crecimiento de 2.6% que no duraría mucho, ya que el desplome económico volvió a sufrirse un año después, en 2018, cuando se dio un PIB a la baja de -2.5 por ciento (Cuadro 3).

Durante el término del mandato de Macri el peso argentino había ya perdido 80% de su valor, afrontaba una deuda pública de más de 90% de su PIB, 35% de la población vivía por debajo de la línea de la pobreza, con los salarios paralizados y un nivel de desempleo por arriba de 10% (^{Mason-Deese, 2019: 316}; ^{Castelo, 2019: 155}). Lejos de combatir todos los problemas viejos de los que Mauricio Macri culpaba al peronismo, éstos se exacerbaron a niveles críticos durante su mandato, caracterizado por el liberalismo económico. La recesión, los rescates financieros, la hiperinflación, la austeridad, la falta de acceso a dólares, el declive de los indicadores sociales y de la calidad de vida de los habitantes, más la incertidumbre, marcaron la vida de los argentinos durante esos últimos cuatro años (^{Stefanoni, 2019: 223}).

Las políticas acordes con el esquema neoliberal incluyeron, según ^{Adriana Gallo (2008: 86-87)}, la desvinculación estatal del entramado social, por medio de la desregulación y la degradación laborales y la eliminación de programas sobre la protección social, que fueron mermando los vínculos de las clases sociales hasta generar una sociedad individualista dominada por el sistema de mercados; así se diluyó la identidad nacional, al mismo tiempo que se radicalizaba la concentración de poder. ^{Andrés Gallo et al. (2006)}, por su parte, argumentan que la fragmentación política y la desunión social fueron los principales motivos por los cuales la economía argentina continuó sin rumbo por un largo periodo, cuando prevalecía la inhabilidad política para imponer restricciones fiscales efectivas antes y después de la crisis.

4. De vuelta al peronismo

El rechazo a las políticas neoliberales más conservadoras se hizo evidente en las elecciones presidenciales de 2019, las cuales volvieron a darle la victoria a la izquierda progresista peronista, específicamente representada por el kirchnerismo, con Cristina Fernández nuevamente en la escena política, como vicepresidenta de la república; acompañaba al ahora presidente Alberto Fernández.

Durante la campaña por la reelección presidencial, el discurso macrista se fue tornando menos conservador con tintes progresistas. Los embates económicos y los magros índices sociales requerían una imagen política más afín a los intereses del pueblo. Sin embargo, y a pesar de los intentos del presidente en turno por mantener la confianza del electorado, la fórmula Fernández-Fernández presentada por el peronismo generó más empatía en la golpeada sociedad, gracias a una imagen más equilibrada entre un peronista moderado como Alberto Fernández y el liderazgo ya conocido de Cristina Fernández de Kirchner. El radicalismo populista de ella se compensó con el peronismo liberal progresista autoproclamado por Alberto Fernández (^{Stefanoni, 2019}), lo que permitió -como se verá más adelante- despertar expectativas de equilibrio, mejora y positivismo en la ciudadanía, aunque con sus grandes reservas. En una sociedad tan afectada por las políticas implementadas por gobiernos afines al neoliberalismo, la única salida posible es el regreso al izquierdismo. El retorno a aquello que los ha hecho sentir, al menos, no tan vulnerables, no tan vendidos al sistema.

1. Metodología de análisis

Esta parte del estudio se centra en una investigación cuantitativa, de tipo descriptiva y correlacional, de diseño no experimental, pues se observan los sujetos de estudio y los fenómenos en su forma natural, sin manipulación deliberada de variables. Se trata de un análisis longitudinal y de tendencia, ya que se analiza la percepción ciudadana comparada mediante la recopilación de datos generalizados en los últimos cuatro periodos presidenciales en Argentina. De aquí se desprenden diversas perspectivas sobre realidad social, nivel de aceptación, tolerancia, exigencia y capacidad de respuesta ciudadana ante coyunturas, principalmente macroeconómicas, que vienen arrastrándose desde hace décadas.¹¹

2. La percepción ciudadana en el gobierno de Néstor Kirchner

Precedido por Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner tomó la presidencia argentina en representación del peronismo el 25 de mayo de 2003; concluyó su periodo el 10 de diciembre de 2007. Como contexto, en el momento en que Kirchner tomó la oficina presidencial, la inflación en Argentina era de 3.7% (^{INDEC, 2020}) y, según el ^{Banco Mundial (2019)}, el crecimiento del PIB a finales de 2003 fue de 8.84%. Asimismo, la tasa de desempleo reportada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (^{CEPAL, 2004}) fue de 17.3%, y el ^{Foro Económico Mundial (2019)} ubicó a Argentina en el puesto 78 del ranking de competitividad global.

De acuerdo con el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), el periodo de Néstor Kirchner obtuvo un puntaje promedio de 2.51 sobre cinco puntos posibles. Como puede verse en el Cuadro 4, esta presidencia registra el indicador más elevado del ICG y de la Evaluación General entre 2003 y 2004 (al inicio de su mandato); esto se debe en gran medida a la certidumbre económica generada por el elevado precio internacional de las materias primas, lo que permitió impulsar los salarios, combatir el desempleo y aumentar la demanda agregada (^{Wylde, 2012: 110-111}), así como el impulso exitoso de programas sociales de apoyo a los sectores más vulnerables (véase Cuadro 1).

Por otro lado, vemos cómo los indicadores más bajos se presentan en su último año como presidente (2007), con 2.15 puntos del ICG. Los rubros con más áreas de oportunidad fueron el gobierno de interés general o para todos y el de la eficiencia del gasto público. Según el análisis político que hicimos de este gobierno, esta caída en la percepción ciudadana se pudo deber a que las políticas y los programas de ajuste implementados por Kirchner, a pesar de su efectividad macroeconómica, fueron cortoplacistas, lo que derivó en un aumento considerable de la inflación, como también se verá más adelante.

3. Relevancia en los factores de la encuesta de ICG para el periodo de Néstor Kirchner

Al partir de la hipótesis de que la variable en la encuesta conocida como evaluación general (Y) es explicada por las variables de interés general (X1), eficiencia en los recursos (X2), honestidad de los funcionarios (X3) y capacidad de resolución de problemas (X4),¹² se realizó una regresión lineal múltiple de la cual se obtuvieron los resultados del Cuadro 5.

Este análisis determina que las variables X1, X2, X3 y X4 explican en 95.7% la variable dependiente Y con un nivel de significancia de 5%. Se puede apreciar que todas son estadísticamente significativas, con excepción de eficiencia en el gasto público (X2). El orden de importancia en la percepción de los ciudadanos indica, en primer lugar, que el gobierno tenga un interés general y no sólo en unos cuantos (X1), seguido por la capacidad para resolver problemas (X4) y, finalmente, la honestidad en sus funcionarios (X3) (Cuadro 6).

4. Valores macroeconómicos en el periodo de Néstor Kirchner

La percepción puede estar influida por la comunicación y la línea editorial mediática que los ciudadanos reciben. Es por esa razón que, para tener un análisis entre los gobiernos, también se anexan cinco de las principales variables macroeconómicas obtenidas de diversas fuentes comparables para cada periodo de gobierno.

Al observar los valores macroeconómicos de entrada y salida, se puede concluir que una de las variables que se disparó prácticamente a más del doble fue la inflación, con un indicador inicial de 3.7% y uno final de 8.5%. Esto significa un incremento de 129%. Por otro lado, la tasa de desempleo disminuyó considerablemente: pasó de 17.3% como valor inicial en 2003 a 8.5% durante el cierre de 2007. El crecimiento económico se mantuvo boyante durante todo el periodo de Néstor Kirchner: acumuló un fabuloso promedio global de 8.8%. Esto explica en gran parte por qué la ciudadanía, a pesar de la elevada inflación y la baja en la popularidad del presidente en 2007, decidió continuar con el proyecto kirchnerista, al dar su voto de confianza a Cristina Fernández en la elección presidencial siguiente.

5. La percepción ciudadana en el gobierno de Cristina Fernández

Cristina Fernández tomó la presidencia argentina el 10 de diciembre de 2007, precedida por su esposo Néstor Kirchner; concluyó su periodo el 10 de diciembre de 2015. Como pudimos ver en el análisis teórico de este gobierno, se trató de uno de corte izquierdista que siguió la misma tendencia de su predecesor.

Justo al año de ostentar el cargo presidencial, la inflación en Argentina era de 7.2% (^{INDEC, 2020}), que representa -1.3% del valor heredado por Kirchner. De acuerdo con el ^{Banco Mundial (2020)}, el PIB fue de 4.06% durante el cierre del año, lo cual significa una importante contracción respecto del año anterior. La tasa de desempleo reportada por la CEPAL fue de 7.9% en ²⁰⁰⁸, lo cual representa una reducción del valor anterior en 0.6%, y el FMI reportó a Argentina en el puesto 87 del ranking de competitividad global, lo cual significa una caída de dos posiciones respecto de 2007.

De acuerdo con el ICG, el puntaje que obtuvo Cristina Fernández en sus dos periodos de gobierno (2007-2015) resultó en un promedio de 1.76 puntos sobre cinco posibles. El valor más bajo del indicador, con 1.26 puntos, se vivió en 2009 (véase Cuadro 8). La presidenta fue muy castigada en el rubro de interés general (gobierna para todos o sólo para unos cuantos), seguido de eficiencia en el uso de los recursos. Sin embargo, todos los indicadores fueron mejores para Cristina Fernández en los años posteriores que abarcó su presidencia, por dos mandatos consecutivos. Claramente, el factor clave para esas calificaciones tan bajas en el inicio de su primer periodo presidencial fue la crisis económica mundial iniciada en 2008 (véase Cuadro 11 sobre el impacto al crecimiento económico en ese año). A ello se suma la enemistad de la presidencia con varios sectores productivos clave de la economía argentina: el sector agroexportador y el de medios, como pudo verse en el análisis político sobre este gobierno.

El año mejor evaluado para Cristina Fernández en todos los indicadores que abarcan ambos periodos presidenciales fue 2011. La respuesta seguramente se encuentra en el elevado crecimiento económico nacional alcanzado, de más de 10% en 2010, seguido por un muy respetable 6% en 2011. Esta alza del PIB se debió básicamente al precio tan elevado que todavía gozaban las materias primas a escala internacional (véase también el Cuadro 11 para mejor referencia).

6. Relevancia en los factores de la encuesta de ICG para el periodo de Cristina Fernández

Al partir de la hipótesis de que la variable en la encuesta conocida como evaluación general (Y) es explicada por las variables interés general (X1), eficiencia en los recursos (X2), honestidad de los funcionarios (X3) y capacidad de resolución de problemas (X4),¹³ se realizó una regresión lineal múltiple en la que se obtuvieron los resultados mostrados en el Cuadro 9.

Este análisis determina que las variables X1, X2, X3 y X4 explican en 97% la variable dependiente Y con un nivel de significancia de 5 por ciento.

Se puede apreciar que todas las variables son estadísticamente significativas, con excepción de honestidad de los funcionarios (X3), y que el orden de importancia en la percepción de los ciudadanos indica, en primer lugar, que el gobierno tuvo eficiencia en el uso de los recursos (X2), seguido del interés general y no sólo de gobernar para unos cuantos (X1), y, finalmente, la capacidad para resolver problemas (X4).

7. Valores macroeconómicos en el periodo de Cristina Fernández

Durante los dos periodos gubernamentales de Cristina Fernández hubo diversos problemas reflejados en los indicadores macroeconómicos, como recesión, hiperinflación y devaluación monetaria. Esto resultó en una crisis que impactó de forma negativa en la competitividad del país.

Como se mencionó previamente, coincide que el año en el cual hubo una contracción económica importante en el PIB (2009), acompañada por un leve incremento en la inflación, el desempleo y la devaluación del peso argentino, fue el mismo en el que los indicadores hacia el gobierno de Fernández de Kirchner fueron más castigados por la opinión pública. Como lo demuestra el Cuadro 11, los indicadores macroeconómicos fueron muy volátiles durante ambos periodos presidenciales de Cristina Fernández.

Después de haber gozado de un increíble 10% de crecimiento económico en 2010, en 2012 la contracción de la economía cayó a -1.03% y la recuperación no fue representativa en los siguientes años; de hecho, fue bastante volátil, con otra caída estrepitosa en 2014 a -2.51 por ciento.

Esto refleja la enorme dependencia argentina de la exportación de materias primas para sostener a flote su economía, pues en esos años fue cuando colapsaron también los precios internacionales de los commodities, debido al descenso de la demanda china de este tipo de productos.

La inflación descontrolada (que pasó de 7.2% en 2008 a 26.9% en 2015), aunada a la volatilidad con tendencia a la baja del crecimiento económico nacional, implicaron un retroceso alarmante en los indicadores sobre competitividad nacional a escala global: pasó del lugar 87 en 2008, al 104 en 2015.

8. La percepción ciudadana en el gobierno de Mauricio Macri

Mauricio Macri subió al poder el 10 de diciembre de 2015 y sustituyó a Cristina Fernández de Kirchner; concluyó su periodo el 10 de diciembre de 2019. Como pudimos observar en el análisis histórico de los últimos gobiernos argentinos, Macri tomó la oficina presidencial en una elección de alternancia, y adoptó una política prácticamente contraria a la de los gobiernos peronistas de los Kirchner.

Durante el cierre de 2016, el valor reportado de la inflación fue de 36.2% (^{INDEC, 2020}), lo que representa un incremento de 9.3 puntos porcentuales respecto del cierre de 2015. De acuerdo con el ^{Banco Mundial (2020)}, el PIB fue de -2.08%, lo cual significa una contracción de más de 4 puntos porcentuales respecto del año anterior. La tasa de desempleo reportada por la ^{CEPAL (2016)} fue de 8.5%, y el Foro Mundial de Negocios posicionó en su reporte de competitividad global a Argentina en el puesto 106, es decir, cayó dos posiciones respecto del año anterior.

De acuerdo con el ICG, el periodo de Mauricio Macri obtuvo un puntaje promedio de 2.51 sobre cinco puntos posibles.

La percepción pública sobre el gobierno de Mauricio Macri se fue demeritando poco a poco. El valor inicial del ICG en el año de toma de posesión (2016) fue el mayor, con 2.7 puntos, y de ahí disminuyó año tras año hasta alcanzar 1.84; su promedio global fue 2.27 puntos. La apreciación a la baja año tras año se presenta en todos y cada uno de los indicadores. Definitivamente, se trató de un gobierno que en ningún momento logró impulsar su popularidad, sino todo lo contrario.

Como puede apreciarse, uno de los indicadores calificados de manera más severa fue el del gobierno de interés general o para todos. Esto se debió, como se comentaba en el análisis político de este gobierno, a que desde el primer año presidencial comenzó a percibirse la falta de intención gubernamental por acercarse al pueblo, con políticas de ajuste muy restrictivas (^{Vommaro y Gené, 2017: 247}), como la reducción del gasto público y los subsidios a servicios públicos y transporte, así como el aumento de los impuestos y los precios al consumidor (^{Mason-Deese, 2019}). De igual forma, la inestabilidad económica latente, así como el aumento en los costos de hasta 500% (^{Vommaro y Gené, 2017: 239),} derivaron en una muy castigada calificación generalizada en la eficiencia para manejar los recursos.

La caída en la popularidad de Macri a través de los años refleja que el regreso a la derecha no fue la solución que la ciudadanía estaba esperando. El cambio de rumbo radical en la estrategia política, sin considerar todas las variables negativas heredadas desde el gobierno de Carlos Menem en la década de los noventa, ha traído un lastre en el acontecer diario del ciudadano argentino.

Como vimos, la evaluación inicial del gobierno de Mauricio Macri en el ICG fue de 2.70; quizá sembró una alta expectativa en la gente, al tener un cambio de régimen. Sin embargo, cuando no se dieron los resultados esperados y con un irremediable colapso de la economía, año tras año el ciudadano argentino prefirió regresar su confianza al peronismo en la elección de 2019, y puso a Alberto Fernández en el poder, en su mancuerna con la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

9. Relevancia en los factores de la encuesta de ICG para el periodo de Mauricio Macri

Al partir de la hipótesis de que la variable en la encuesta conocida como Evaluación General (Y) es explicada por las variables: interés general (X1), eficiencia en los recursos (X2), honestidad de los funcionarios (X3) y capacidad de resolución de problemas (X4),¹⁴ se realizó una regresión lineal múltiple con la que se obtuvieron los resultados mostrados en el Cuadro 13.

Este análisis determina que las variables (X1) y (X4) explican en 96.8% la variable dependiente Y con un nivel de significancia de 5%. Se puede apreciar que las variables interés general -y no sólo en algunos (X1)- y capacidad para resolver problemas (X4) son estadísticamente significativas. De esas dos, la que tiene prácticamente el doble de importancia para la población es la capacidad de resolución de problemas.

10. Valores macroeconómicos en el periodo de Mauricio Macri

Las cinco variables macroeconómicas analizadas en el periodo de Mauricio Macri se agravaron respecto del inicio del propio gobierno.

Los indicadores macroeconómicos en la administración de Mauricio Macri reflejan tiempos muy turbulentos para el argentino promedio. Como se mencionó anteriormente en el análisis político del gobierno de Macri, la hiperinflación,¹⁵ el aumento desmedido de la pobreza,¹⁶ el decremento económico a números negativos en tres de los cuatro años que duró el gobierno (véase Cuadro 15) y el desempleo a doble dígito en 2019, junto con la devaluación monetaria inminente,¹⁷ demostraron que las políticas neoliberales de austeridad, lejos de impulsar el bienestar social, empeoraron las condiciones hacia la precariedad.