I. Una visión que actúe de brújula: ¿será 1918 o 1945?

En nuestra aproximación a la crisis de la Covid-19 rechazamos el orden habitual de prioridades en los asuntos políticos y mediáticos: la clase política pasa la mayoría de los días lidiando con los problemas urgentes de hoy, que son los que atraen la atención de los medios; entonces, la gestión de la crisis es lo primero y se pospone la planificación para el futuro. Nuestra prioridad es que los responsables políticos y la ciudadanía comiencen a pensar ahora en una prestación poscrisis diferente y mejor, mientras se enfrentan a los problemas urgentes y cambiantes del momento.

Porque la gran pregunta es: ¿qué sucederá después de la crisis? ¿Volveremos al viejo orden de prioridades y olvidaremos lo que hemos aprendido sobre la importancia de las prestaciones básicas? ¿O podremos encontrar nuestro camino para construir una mejor provisión de servicios esenciales que amplíe el acceso para la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas y agregue valor al concepto de ciudadanía? Al responder estas preguntas, es útil considerar las analogías históricas europeas: el dilema reside en si, cuando la crisis remita (esperemos que en 2021), nos encontraremos en una situación similar a la que se vivió en 1918 o a la de 1945.

La primera Guerra Mundial no asentó el camino para nuevos acuerdos sociales nacionales para los ganadores ni para los perdedores de la contienda. Después de 1918, bajo el Tratado de Versalles, se impusieron a Alemania fuertes sanciones para la reparación del daño causado, cuyo resultado a largo plazo no fue la reconstrucción sino el revanchismo. En Gran Bretaña el primer ministro Lloyd George prometió “un país agradecido a los héroes” antes de que su gobierno se olvidara de construir el medio millón de viviendas que había prometido y deslegitimara la reforma social radical durante un par de décadas. Por supuesto, hubo logros en las ciudades, especialmente las viviendas sociales de entreguerras, basadas en la tradición del “socialismo municipal” anterior a 1914, que había reconocido por primera vez la importancia de la acción colectiva para las condiciones de vida en Birmingham, Roma y otros lugares. Pero incluso un glorioso experimento como el de la “Viena Roja” siempre encontró oposición en el interior de Austria, y luego fue interrumpido por la guerra civil en 1934, que incluyó el simbólico bombardeo del complejo de viviendas municipales de Karl Marx Hof.

En cambio, después de 1945 ganadores y perdedores construyeron mejores estructuras nacionales, aunque en algunos casos fuera a regañadientes. La realpolitik de la Guerra Fría supuso el fin de un programa de corta duración dedicado a desmantelar la industria alemana, y el Plan Marshall, después de 1949, ayudó a la reconstrucción industrial de Alemania Occidental con una cierta perspectiva social del mercado. El gobierno laborista de 1945-1951 en el Reino Unido construyó un nuevo acuerdo social a través de una reforma educativa, la hospitalización gratuita a través del National Health Service, una seguridad social de amplio alcance y la construcción a gran escala de viviendas sociales, incluyendo nuevas ciudades enteras. En Europa se reconocieron nuevos derechos sociales en diferentes grados. Es así como, ya en la década de los sesenta, la ciudadanía de Europa Occidental empieza a dar por sentada una ampliación de derechos sociales que hubiera sido impensable en las décadas de los veinte o los treinta.

Desde nuestro punto de vista, el hecho importante es que el acuerdo de posguerra en casos como el del Reino Unido fue planeado y publicitado en tiempo de guerra, tan pronto como terminó la amenaza inmediata de invasión. El plan Beveridge para la seguridad social de la posguerra se publicó en 1942, vendió 100 000 copias en un mes en el Reino Unido, se tradujo a 22 idiomas y se distribuyó sobre la Europa ocupada. La conducta del gobierno británico agravó la hambruna de Bengala de 1943 e incluyó el bombardeo de Dresde, pero los bombarderos británicos también lanzaron traducciones al alemán del plan de Beveridge. De modo que parte del esfuerzo de guerra británico consistió en un plan nacional ambicioso y elaborado para utilizar la seguridad social contributiva después de la guerra y acabar así con la pobreza derivada del aumento de las necesidades y la disminución de las rentas.

Todas las analogías históricas son inexactas, pero ésta nos enseña una lección: en medio de la crisis y los horrores de la guerra, la visión de un futuro poscrisis respaldado por un plan concreto puede ser un dispositivo motivador para la ciudadanía asediada. También será una señal para el mundo en general de que tenemos una brújula moral y política que nos puede guiar a un lugar mejor en el mundo de posguerra. Por analogía, ésta es ahora nuestra oportunidad en plena crisis. Es en estos momentos cuando es importante pensar a qué nos referimos con una mejor prestación de infraestructuras fundamentales para que después de la crisis no volvamos a los errores habituales, con los mismos viejos actores ocupados en los mismos viejos modelos de negocio, que nos han fallado social y ambientalmente de forma repetida.

Mientras tanto, la ciudadanía pasa el día a día de una crisis en la que los gobiernos nacionales tienen claras obligaciones de aprovisionamiento: primero, asegurar físicamente y distribuir equitativamente el suministro de bienes esenciales, como alimentos, y servicios, como los de salud y cuidados; segundo, suspender los procesos ordinarios del mercado que castigan con el corte de suministros básicos o el desalojo de viviendas a posibles morosos. Todo ello, en medio de intervenciones preventivas de política monetaria y fiscal. Desde los tiempos de Walter Bagehot, a mediados del siglo XIX, los bancos centrales aceptan la obligación de inyectar liquidez para evitar el colapso de los mercados financieros y la quiebra de bancos. Desde Keynes, en la primera mitad del siglo XX, los gobiernos aceptan algún tipo de responsabilidad para contrarrestar la política fiscal cíclica con la finalidad de reducir el desempleo. El respaldo teórico a la intervención púbica sobre los mercados, por lo tanto, cuenta ya con un largo recorrido.

Al comienzo de la crisis, la respuesta europea fue vacilante: tanto la ciudadanía como los gobiernos tardaron en reconocer que, sin la capacidad asiática de aplicar test masivos y hacer el seguimiento de toda la población, sólo el confinamiento y el distanciamiento forzados podrían evitar el colapso del sistema sanitario y una enorme cantidad de muertes. En las fases posteriores la pregunta a responder fue dónde y cuándo los servicios de cuidados intensivos se verían sobrepasados con casos de neumonía que requirieran equipos específicos como respiradores, de modo que la población anciana no pudiera recibir, en el mejor de los casos, más que cuidados paliativos. En etapas posteriores a la crisis, si ésta se prolonga durante 12 meses en oleadas sucesivas (como lo hizo la gripe española en 1918), el problema será cómo financiar el costo de mantener rentas por pérdida de empleo y salario.

El aprovisionamiento de aquello que es esencial para la población tiene que garantizarse de una forma u otra, aunque a algunos grupos se les negará el acceso mediante decisiones selectivas o políticas de supervisión. Los gobiernos democráticos obtienen su legitimación política a través de un contrato social implícito mediante el cual garantizan algunas formas básicas de protección para su ciudadanía. El incumplimiento de prestaciones básicas en áreas como el suministro de alimentos conduciría rápidamente a una ruptura del orden público.

El gobierno tiene los recursos y la legitimidad para desempeñar un papel de liderazgo en el aprovisionamiento durante la crisis, y muchas empresas se comportarán de manera colaborativa si cuentan con ayuda económica. Pero la calidad de vida para la mayoría dependerá de la acción desde la sociedad civil y de la eficacia de la solidaridad de la comunidad a escala local en actividades cotidianas y a menudo ignoradas por los economistas, que ocupan nuestro día a día. En toda Europa se están elaborando listas de nuestros nuevos deberes cívicos poscrisis hacia la familia y el vecindario. Una lista elaborada en Gales incluye, por ejemplo: pasear perros; cuidado infantil y de personas cercanas; administración del hogar, cocinar, hacer la compra y llevarla a domicilio, y verificar el bienestar de vecinos y vecinas vulnerables. Esto debería dejarnos, asimismo, tiempo suficiente para pensar en la renovación de lo fundamental.

II. Un programa de 10 puntos para defender los fundamentos básicos de la economía

Este manifiesto fue originalmente redactado en las primeras etapas de la crisis, con la mayor parte de Europa Occidental bloqueada en previsión de la ola de enfermedades y muertes que ya había visitado el norte de Italia. La respuesta inicial de política económica por parte de los responsables políticos en los países del norte de Europa ha sido rápida, audaz y poco ortodoxa.

Bajo la presión del lobby de las grandes empresas y los sindicatos, los ministerios de finanzas nacionales han ofrecido un apoyo sin precedentes a empresas y trabajadores en la economía productiva, así como inyectado liquidez en los mercados financieros. Alemania ha creado un fondo de 500 000 millones de euros para participar en empresas con dificultades; España ha anunciado, entre otras medidas, un fondo de liquidez de 200 000 millones de euros, la moratoria de hipotecas y de las cotizaciones de autónomos o la prohibición de cortes de suministros y desahucios por alquileres a los más vulnerables. Francia ha ofrecido préstamos de hasta 300 000 millones de euros más inversiones de capital, o incluso habla de nacionalización. Dinamarca cubre 75% de los salarios perdidos durante los primeros tres meses; Italia cubre 80% de los salarios perdidos durante nueve semanas; el Reino Unido ofrece garantizar el salario a 80% hasta un máximo de 2 500£ por mes.

Esto parece indicar el fin inmediato del consenso que existía sobre la estabilidad de las finanzas públicas y el control de los déficits presupuestarios y la austeridad social que se articuló a nivel de la Unión Europea y que se aplicó al rescate griego. Periodistas de toda Europa se han apresurado a escribir artículos de opinión sobre cómo los cambios actuales anticipan un viraje único en la política económica que cuestiona las antiguas políticas contra la propiedad estatal, y el control y la prestación de servicios puestas en marcha por Thatcher y Reagan en la década de los ochenta.

No obstante, hay que tener cautela, porque la suspensión de la ortodoxia al comienzo de una crisis no es presagio de cambios estructurales. Podemos recordar cómo, durante unos meses después de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, se anunció repetidamente que el capitalismo financiero cambiaría por completo. Pero, entonces, los propietarios de viviendas estadunidenses pagaron las consecuencias, ya que los bancos de todo el mundo fueron rescatados, no divididos, mientras que las inyecciones de liquidez y las bajas tasas de interés impulsaron los precios de los activos que iniciaban en el siguiente ciclo de creación de crédito en los mercados financieros. De modo que, pocos años después, muy poco había cambiado.

La lección de esta reciente decepción es que necesitamos una visión positiva de un conjunto diferente de prioridades donde se incorporen los valores colectivos subyacentes a la provisión de servicios básicos. Pero las visiones son figuras retóricas que a menudo no se materializan, por lo que una visión estaría mejor respaldada por planes concretos y detallados, incluso si éstos nunca se implementasen por completo. Si la visión de Beveridge en su plan posguerra mundial era el fin de la pobreza primaria causada por los bajos ingresos, el informe que elaboró aterrizaba esa visión con planes detallados que incluían cálculos del gasto familiar necesario y que tomaban en cuenta la variación en los alquileres de viviendas entre las diferentes regiones inglesas.

Los planes para una mejor prestación de bienes y servicios fundamentales tendrían que ser ahora desarrollados de manera acordada entre distintos niveles: la Unión Europea y los gobiernos nacionales y los regionales, y necesitarían recursos para analizar las especificidades locales con la finalidad de elaborar planes diferenciados para regiones y ciudades. No tenemos recursos para desarrollar planes tan detallados y no podríamos hacerlo en un manifiesto de estas características, sin una participación mayor. En su lugar, recogemos a continuación un programa de 10 puntos que define una amplia agenda de la economía fundamental para gobiernos nacionales y regionales de Europa y para los municipios con suficientes competencias. Este programa es, por supuesto, provisional, y, a medida que se desarrolle la crisis, tendremos que revisar los 10 puntos.

Admitimos humildemente que hay mucho por aprender. Pero también insistimos ferozmente en que lo que Europa necesita ahora es una amplia declaración de principios que, en su aplicación, variaría conforme a las circunstancias nacionales y regionales y podría flexionarse de acuerdo con el equilibrio de ideologías políticas centristas, progresistas y ambientalistas en cada territorio. Este programa indica no tanto dónde estamos, sino una dirección a seguir con puntos de partida y fin que serían muy diferentes en función de los territorios. Las propuestas del programa para una mejor provisión de la economía fundamental deben responder no sólo a la crisis de la Covid-19 sino también a la emergencia ambiental y climática, y al fracaso de la cohesión social.

Este programa rompe con el tradicional sistema de contabilidad nacional basado en la concepción de una sola economía donde el objetivo es aumentar el valor de la producción comercializable a través del crecimiento. Esto no sirve porque ha producido una versión actualizada al siglo XXI de la riqueza privada y la pobreza pública de Galbraith al tiempo que divide de manera desigual ingresos y riqueza, de modo que el grueso de la ciudadanía corriente casi no percibe las ganancias contabilizadas en el producto interno bruto (PIB). Contra esto, argumentamos que hay varias economías que pueden considerarse ámbitos diferentes con diversas lógicas y complejas interconexiones.

Cuando acabe la pandemia, necesitamos reequilibrar el peso de la ecnomía comercial y competitiva transitando hacia una economía fundamental blindada que produzca bienes y servicios esenciales en favor de la habitabilidad y la sostenibilidad. E, igualmente, aceptar que los modelos de negocio financiarizados de las empresas cotizadas y los fondos de private equity son una intrusión extractiva en las actividades básicas, que en cambio deberían ofrecer rendimientos moderados y constantes sobre la inversión a largo plazo.

El objetivo general del siguiente programa es simplemente la extensión de la responsabilidad colectiva a estos bienes y servicios esenciales en todas las áreas clave. Los 10 puntos que contiene se refieren a cómo esta extensión ha de lograrse a través de diferentes medios, como las licencias sociales y los impuestos a la riqueza, y cómo funcionaría de manera diferente frente a diversas infraestructuras y actividades, desde la vivienda hasta el suministro de alimentos y energía.

Estos 10 puntos son, pues, un despliegue de nuestra visión.

Los 10 puntos anteriores son prácticos y podrían ser abordados desde el liderazgo político, la acción de los grupos de interés y el activismo de la sociedad civil, pero también plantean preguntas y reflexiones para el mundo académico y otras personas que deseen analizar los problemas subyacentes. En las actividades de la economía fundamental en manos de empresas privadas o subcontratadas, el problema es que la excesiva financiarización pone al límite su capacidad con el fin de extraer el máximo valor. En las actividades de la economía fundamental en manos públicas sucede algo similar al tratar de imitar inapropiadas normas de “eficiencia” típicas de las corporaciones privadas.

Las consecuencias humanas para trabajadores y trabajadoras en condiciones precarias y personas usuarias desatendidas han sido evidentes a lo largo del tiempo. Pero, como muestra la crisis pandémica, la búsqueda de la eficiencia sin mantener ciertas reservas incorpora fragilidad y vulnerabilidad al sistema e impide que nuestras infraestructuras fundamentales puedan lidiar con sucesos imprevistos como el actual. La conclusión no es solamente que ciertos sectores de la economía no sean adecuados para su provisión conforme a las reglas del mercado, sino que también necesitamos una forma nueva y diferente de pensar acerca de qué se entiende por efectividad, eficiencia o “relación calidad-precio”.

III. Alianzas para el cambio

En este momento las políticas económicas heterodoxas son generalmente aceptadas por un amplio espectro político, y se ve con buenos ojos, incluso se reclama, la intervención estatal. Pero el tabloide más vendido de Europa, Bild Zeitung (Alemania), empieza a alertar sobre la “montaña de deuda”, y el número de aquellos que discrepan con este tipo de medidas, como vemos que está sucediendo con la renta básica universal, crecerá a medida que aumenten los costos del confinamiento. Cualquiera que sea el curso de la pandemia, se espera una contraofensiva por parte de la derecha económica que apunta a la “cultura del subsidio” y los desincentivos al esfuerzo personal. El argumento general será que esta pandemia no es un desorden de los mercados o un fracaso del capitalismo, sino una emergencia de salud única, que ya ha costado lo suficiente como para que sea hora de restablecer la solidez financiera, los límites a la acción del gobierno y la primacía de los mercados. Prometerán que la solución está en el mercado y obtendremos más capitalismo financiarizado y austeridad.

En este marco, ¿dónde están las fuerzas políticas y las formas de organización que pueden resistir a la crisis y a esta forma de enfrentarla que volvería a afectar enormemente a nuestro bienestar? El problema es que en Europa Occidental tenemos dos principios de acción: el de las grandes mayorías y la reacción identitaria, que son en diferentes modos ineficaces o irrelevantes. Frente a esto, afirmamos la necesidad de un tercer principio: las alianzas para el cambio.

El viejo principio de acción es el de las grandes mayorías, con partidos de centro-izquierda y centro-derecha que compiten en un sistema binario en el que un ganador se lo lleva todo y donde un giro radical puede, en un determinado momento, imponer un nuevo pacto social o romper el anterior, algo que se vivió en el Reino Unido, por ejemplo, con el ascenso al poder de Margaret Thatcher. Pero ahora es cada vez más difícil ganar o usar una mayoría absoluta para la renovación de los fundamentos del Estado de bienestar, porque los sistemas políticos europeos se basan cada vez más en el multipartidismo y los partidos más grandes están divididos internamente. El nuevo principio de acción es la política identitaria y nacionalista de los “populistas”, que acepta el desvanecimiento de las antiguas lealtades de clase y moviliza las lealtades tribales en una lucha contra un enemigo externo (imaginado). Y esto es irrelevante para la renovación de un pacto social que trata sobre estrategias colectivas dentro de un espacio que generalmente incluirá muchas identidades diferentes en sistemas complejos de gobernanza multinivel.

Por lo tanto, el giro social en la década de 2020 necesita una alianza para el cambio. No es necesario ni suficiente tener un partido de gobierno con una sólida mayoría parlamentaria, ni podemos confiar en determinados movimientos populares basados en líderes que van y vienen sin ningún legado coherente. Las necesidades estructurales reconocidas, como durante el auge del municipalismo en el siglo XIX, deberían empujar a la política con mayúsculas hacia una renovación fundamental, independiente en sus bases de la ideología. Sólo ganaremos y mantendremos el empuje necesario a través de alianzas de base amplia para el cambio que incluyan partidos de izquierda (incluidos los verdes), sindicatos y movimientos sociales basados en la sociedad civil, así como conservadores y liberales que reconozcan la importancia de la colectividad en la provisión de los servicios básicos.

Los tipos de innovación social propuestos en este informe también requieren el fin de una política establecida de arriba abajo, que no atienda lo que es importante para la ciudadanía. Las alianzas para el cambio entre distintas orientaciones políticas no tienen sentido sin una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones democráticas.

Hacer realidad estas alianzas requiere compromiso y competencia, porque una plataforma ampliamente respaldada debe negociarse en detalle y convertirse en planes localmente relevantes, respaldados por la experiencia y la participación. Por supuesto, esta tarea de renovación es políticamente difícil, pero el premio esperado es el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Dondequiera que estemos en Europa, podríamos comenzar ahora, todavía en plena crisis pandémica, a planificar mejoras concretas en los sistemas de bienestar que sustentan la vida cotidiana.