Introducción

La matrícula en educación superior ha crecido significativamente en Chile con mayor velocidad a la existente en prácticamente cualquier otro país en el mundo, al pasar de 118 978 alumnos en 1980 a 1 247 135 en 2016 (Sistema Nacional de Información en la Educación Superior [SIES], 2016). El origen de este cambio es la reforma de 1981, que permitió la creación tanto de universidades privadas como de instituciones técnico profesionales (ITP), hecho que recibió impulso por la mayor cobertura de la enseñanza media. Dichos cambios están en curso en la mayoría de los países de Latinoamérica y, por ende, es previsible que la experiencia de Chile hoy sea o llegue a ser pronto la de muchos países latinoamericanos y en desarrollo.

En cuanto a Chile, la diversidad de instituciones y la mayor oferta han dado mayor relevancia a la elección de los estudiantes, que hasta principios de la década de 1980 estaba muy limitada. Para el proceso de admisión de 2015, además de 101 ITP participaron 60 universidades. Éstas tienen distintos regímenes de financiamiento: 16 estatales y nueve privadas tradicionales creadas antes de 1981 reciben subsidios directos del Estado y sus estudiantes tienen mejor financiamiento que los de las 35 privadas, creadas después de 1980, las cuales no cuentan con subsidios directos y cuyos estudiantes reciben un financiamiento un poco inferior. Las ITP tampoco cuentan con financiamiento directo, y hasta el año 2001 no contaban con programas de apoyo a los estudiantes. Desde el 2006 el financiamiento a los estudiantes técnico profesionales (TP) es masivo, pero inferior al de los universitarios, incluso menor al otorgado a estudiantes de las universidades más nuevas.

A pesar del sesgo del financiamiento estudiantil hacia lo universitario, el crecimiento de la matrícula en las ITP ha sido sustancialmente mayor que aquél. Así, desde 2010 la matrícula de primer año en las ITP supera la de las universidades y en el 2018 representó 54% de la matrícula de primer año. Contrariamente a la común suposición de que ciertos factores culturales afectan las preferencias de los estudiantes y hacen que tiendan hacia la universidad, esto puede sugerir que la educación TP progresivamente recibe mayor preferencia como sustitución de la universidad.

En el caso de Chile, la idea de que culturalmente se prefiere la universidad se ha planteado desde la concepción de la educación técnica, y está presente en el diseño del sistema de educación superior. La tradición española imperante en la colonia desdeñaba lo técnico (^{Soto, 2000}). Esta situación se reforzó con arreglos legales y de financiamiento que configuraron la creencia de que la universidad está asociada a desarrollos profesionales más nobles y de mayor prestigio que la impartida a nivel técnico (^{Salazar, 2005}). Con el tiempo esto se convirtió en una profecía autocumplida, porque la élite que alcanzaba la educación superior se educó mayoritariamente en la universidad y porque las carreras mejores pagadas, aquellas que recibían a esa élite, históricamente fueron universitarias (^{Larrañaga, Cabezas y Dussaillant, 2013}).

En la mayor parte de Latinoamérica y particularmente en Chile, la cobertura de educación superior aumentó notablemente de la mano de la educación TP. Adicionalmente, la educación superior ha dejado de ser exclusiva, y progresivamente las generaciones más jóvenes han visto frustradas sus expectativas de que una certificación universitaria, también cada vez más masiva, dé paso a un trabajo seguro y de reconocido prestigio social.

El objetivo de este trabajo es determinar a través de datos de elección de los alumnos si ellos tienen una clara preferencia por lo universitario, como una generalidad, o si existe un subgrupo de universidades para el cual no ocurre lo anterior, sino que son sustitutas de las ITP. De ocurrir esto último, se contrariaría la suposición de que “lo universitario” siempre se prefiere, y en consonancia con la heterogeneidad que hoy se aprecia en las universidades y la alta saturación de los campos laborales antiguamente amplios se debe dejar de suponer que lo técnico es una segunda opción. Para estos efectos consideramos que dos instituciones serán más sustitutas en la medida que no se aprecie una clara preferencia de una por encima de la otra. Dicho de otra manera, si las condiciones que hacen elegir, por ejemplo, a la institución A por encima de la B se modifican levemente y ello revierte la elección, entonces diremos que son sustitutas. Por el contrario, si las condiciones que favorecen la elección de A se modifican (por ejemplo, el arancel sube relativamente), y aun así la elección se mantiene, concluiremos que esa sustitución es baja o no existe.

La hipótesis que exploramos es que existe cierta tipología de universidades, presumiblemente más masivas y de menor reputación histórica, que los estudiantes hallan igualmente atractivas o sustitutas a una ITP de calidad, y que hay también otro grupo de universidades de mayor calidad, característica reflejada en su mayor selectividad, que es objeto de mayor preferencia que las ITP. También esperamos verificar si el financiamiento, que no necesariamente está relacionado con la calidad pero sí con que las instituciones sean o no estatales, incide fuertemente en la elección de los estudiantes.

Desarrollamos un modelo de elección discreta, con el cual estudiamos las preferencias de los postulantes del proceso 2015 para las 33 universidades que participan en el sistema integrado de admisión nacional. Incluimos también información de estudiantes que presentaron la prueba de selección universitaria (PSU), si bien no requerían hacerlo, y que se matricularon en el Duoc UC, una ITP que cuenta con la máxima acreditación posible en Chile. La elección del Duoc UC obedece exclusivamente a que contamos con información de esa institución que para el resto de las ITP no es pública. Para todas las instituciones los datos incluyen características individuales (esto es, el nivel de ingresos, nivel educacional, etc.) e información asociada a atributos objetivos de cada una de las alternativas relevantes para los individuos.

Naturalmente, las conclusiones del estudio se refieren a la muestra de instituciones con las que contamos y no considera universidades que están fuera del sistema de selección universitaria, las cuales son las de menor calidad. Así, del estudio no podríamos concluir, por ejemplo, si el sistema universitario contenido en el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) es preferido globalmente al TP. Sin embargo, podemos inferir si dentro de las universidades pertenecientes al DEMRE existe un subconjunto que tiene la misma preferencia que un ITP de calidad. Esta inferencia tiene implicaciones generales de política pública.

Los resultados sugieren que dentro del conjunto relativamente selecto de universidades consideradas¹ hay nueve que en la jerarquía de preferencias son equivalentes al Duoc UC. También hallamos que dentro de este segmento, el financiamiento estudiantil es especialmente relevante para definir la elección del estudiante y que, dada la estructura actual del apoyo, se ha favorecido la opción de universidades masivas en detrimento de la formación TP de alta calidad.

Como advertimos, una limitante de este trabajo es que no fue posible contar con datos del sistema de educación superior en conjunto. Esto impide estudiar la sustitución en todo el sector TP y de instituciones que no tienen como requisito de acceso la PSU, y haría que en la práctica la muestra esté autoseleccionada en favor de la educación universitaria de mayor calidad. Además, el hecho de que sólo tengamos acceso a información asociada a un ITP de alta calidad, singular en trayectoria y desempeño, impide extrapolar las conclusiones a otras instituciones de ese sector. Pese a esto, la metodología y las muestras son relevantes para la política en general, no sólo porque la ITP considerada concentra 22.1% de los nuevos matriculados del sector, sino porque hallar soporte a la hipótesis de que existen ámbitos de sustitución entre la ITP y algunas universidades representaría un piso del efecto real, que involucraría considerar el total de universidades.

El artículo se divide en cuatro secciones. La primera da una breve revisión de la literatura y los antecedentes del sistema de educación superior en Chile; la segunda describe los datos y la metodología; la tercera presenta los resultados, y en la parte final se encuentran las conclusiones.

I. Literatura y contexto

2. Educación superior en Chile

El sistema de educación superior (ES) en Chile experimentó grandes cambios en 1981, cuando la reforma permitió la creación de nuevas instituciones, tanto universidades privadas como ITP. Desde entonces, la matrícula ha crecido 10 veces (SIES, 2016). Este rápido cambio trajo consigo una heterogeneidad que se observa tanto en la calidad de las instituciones como en la distribución de la matrícula.

En 2018 hay 151 instituciones de educación superior, de las cuales 61 son universidades. De ellas, 27 son partícipes del Cruch (Consejo de Rectores de las Universidades de Chile), el cual se compone por 18 universidades estatales y nueve privadas que reciben ayudas directas del Estado. Además, hay 34 universidades privadas, creadas con posterioridad a 1981, que no tienen financiamiento directo del Estado, pero que reciben alumnos financiados por éste y 94 ITP; 43 institutos profesionales y 47 centros de formación técnica, los cuales cuentan desde el 2001 con financiamiento estatal para sus alumnos (SIES, 2018).³

Desde el año 2010 la matrícula de primer año en ITP supera la universitaria (véase la Gráfica 1). En 2016 ésta alcanzó 54.1% del total de alumnos de pregrado el primer año; el restante 45.9% fue la matrícula universitaria.⁴

Fuente: elaboración con base en SIES (2016).

Gráfica 1 Matrícula de primer año en pregrado por tipo de institución 

Los tres tipos de instituciones que conviven en el sistema chileno presentan diferencias relevantes. En primer lugar, la ley otorga distintas atribuciones a universidades e ITP. Mientras que las universidades pueden otorgar títulos técnicos, profesionales sin licenciatura y profesionales con licenciatura, las ITP sólo pueden otorgar títulos técnicos y profesionales sin licenciatura. Del mismo modo, el otorgamiento de grados académicos sólo está permitido para las instituciones universitarias. Ambos elementos limitan a los egresados de las ITP la continuación de estudios y al acceso a ciertos trabajos del sector público. Otra diferenciación, cuyo origen está en la ley, es la constitución jurídica de ambas instituciones: para las universidades se exige que se constituyan como entidades sin fin de lucro, pero para las ITP esta posibilidad está habilitada.

En segundo lugar, hay diferencias en la duración de los programas. La duración formal de las carreras universitarias es cercana a 10 semestres, mientras que para las ITP está entre 5 y 8 semestres, según sea técnico o profesional (^{SIES, 2014}). A su vez, el precio anual que cobran las ITP está en el orden de 60% del cobrado por las universidades.

También hay diferencias en función del acceso al financiamiento estatal. Se pueden distinguir instituciones estatales que reciben transferencias y fondos especiales de fomento; instituciones privadas tradicionales, creadas antes de 1981, que acceden a financiamiento menor vía transferencias, e instituciones privadas creadas con posterioridad a 1981, las cuales no acceden a financiamiento estatal. Para 2015 las transferencias fiscales a instituciones de ES representaban 31% del presupuesto en educación superior. De éste, 55% va a universidades estatales, 40% a no estatales Cruch, 4% a universidades privadas y 1% a ITP. El 69% restante son transferencias a estudiantes, vía becas y créditos. Las becas tienen criterios de focalización, reconocimiento o de excelencia académica y representan 54% de los recursos asignados. La única beca disponible para los programas técnico-profesionales es la Beca Nuevo Milenio (BNM), que financia cerca de 40% de los aranceles cobrados. Los créditos operan en dos modalidades: la primera desde 1994, el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), administrado por el Estado y disponible sólo para matriculados en las universidades Cruch. La segunda, el Crédito con Aval del Estado (CAE), creado en 2005 y abierto a los estudiantes que asistan a instituciones acreditadas, universitarias y TP.⁵ Del total de transferencias fiscales destinadas a estudiantes, 23.6% va a matriculados en universidades estatales y 21% a quienes se matriculan en ITP.⁶

En cuanto a las variables asociadas a la calidad, como los años de acreditación, la selectividad de la matrícula y la brecha entre duración real y formal que exhiben los distintos tipos de instituciones, hay diferencias significativas entre instituciones. Por ejemplo, las universidades tienen en promedio alumnos con mayores puntajes PSU, menor proporción de estudiantes por profesor en jornada completa equivalente, mayor costo y mayor duración formal de los programas que el Duoc UC.

Por último, los requerimientos de acceso a las IES en Chile tienen tres modalidades. Una centralizada, administrada por el DEMRE, y que define la admisión en función de la prueba de selección PSU, llamado Sistema Único de Admisión (SUA). En esta modalidad participaban en 2015 todas las universidades del Cruch, más nueve universidades privadas creadas con posterioridad a 1981 que fueron invitadas a participar de este sistema en 2011.⁷ Una segunda modalidad requiere sólo PSU rendida, sin criterio de selectividad por puntaje mínimo, y ahí participan algunas universidades privadas. La tercera modalidad no requiere PSU, y la sigue el resto de las universidades y las ITP.

Para el proceso de admisión 2015, de los 280 575 inscritos en la PSU, 78 647 (28%) se matriculó en una institución acogida al SUA, 45 559 se matriculó en universidades no acogidas al SUA, y 121 366 en ITP.

II. Metodología y datos

De acuerdo con la Teoría de Utilidad Aleatoria (^{McFadden, 1974}), estimamos tres modelos. Primero, un modelo multinomial (MNL) que incluye las variables más recurrentes consideradas en la literatura asociadas con calidad, costo y distancia, y es utilizado como base para testear la robustez de los parámetros. El segundo es el de variación sistemática de gustos (VSG), que es más flexible que el MNL, lo que permite observar comportamientos de distintos segmentos de la población y, en particular, cómo responden distintos grupos a becas estudiantiles y a atributos asociados a calidad institucional. En tercer lugar, consideramos un logit jerárquico (HL), aún más flexible que el modelo VSG, pues incluye estructuras jerárquicas de correlación entre alternativas semejantes. La derivación matemática se detalla en el Apéndice.

La identificación de estructuras de correlación jerárquicas permite identificar instituciones que son percibidas como sustitutas. Dado que las estructuras de correlación no se conocen a priori (^{Ortúzar 2000}), es necesario probar con distintos criterios para definir el modelo específico que resulta adecuado. En primer lugar, definimos una estructura jerárquica a partir de taxonomías institucionales asociadas a calidad ya desarrolladas en la literatura (^{Reyes y Rosso, 2012}; ^{Paredes, Valdivia y Barrios, 2013}) y a las que incorporamos al Duoc UC. También probamos si es posible generar una estructura jerárquica que incluya al Duoc UC en algún nido que surja del criterio en que el Estado define las políticas de financiamiento; esto es, universidades estatales, privadas tradicionales e instituciones privadas creadas después de 1981. Incluimos al Duoc UC en el grupo de universidades creadas después de 1981, ya que, como lo señalamos previamente, el financiamiento es similar al de este tipo de instituciones. Finalmente, de acuerdo con ^{Huepe (2013)}, testeamos la existencia de una estructura jerárquica según dos niveles de selectividad de la matrícula de las instituciones que se relaciona con la cantidad de estudiantes de primer año ubicados dentro de los primeros 27 500 mejores puntajes en la PSU y que les permite acceder a un aporte especial llamado aporte fiscal indirecto (AFI). Las instituciones selectivas las definimos como las que tienen en su matrícula de primer año al menos 15% de estudiantes que acceden al beneficio AFI.

Para estudiar la hipótesis secundaria e identificar los efectos de acceder a becas, replicamos los criterios de exclusión de cada beca, y en función de las características socioeconómicas de cada individuo determinamos si acceden o no al beneficio. Luego, utilizamos VSG para permitir que varíen los parámetros θ _ikq asociados con costo, calidad y prestigio, para los segmentos de población que acceden a cada una de las becas. Dado que esta metodología también es pertinente para identificar asimetrías de información entre distintos segmentos de la población, incorporamos una ecuación para los atributos asociados a calidad y prestigio, a fin de determinar si éstos eran valorados de distinta manera por los distintos segmentos de la población.

Finalmente, definimos el espacio de elección (choice set) según un criterio de selectividad de la institución. Así, para cada individuo abrimos alternativas semejantes al programa al que efectivamente accedió, siempre y cuando hubiese obtenido un puntaje PSU suficiente para acceder a ese programa. Esto hace que las personas que tienen mayor puntaje en la PSU tengan un choice set mayor, y evite sesgos por autoselección al descartar arbitrariamente alternativas (^{Drewes y Michael, 2006}).

En cuanto a los datos, contamos con información individualizada de 44 072 alumnos que rindieron la PSU en el año 2014, postularon y se matricularon en alguna de las 33 universidades participantes del SUA. Adicionalmente, consideramos 1 292 alumnos del Duoc UC que obtuvieron un puntaje que les habría permitido acceder a alguna de las universidades de la base, pero que se matricularon en algún programa equivalente.⁸ Esta información considera instituciones que concentran 51% del total de la matrícula de enseñanza de educación superior (SIES, 2016). Por necesidad se escogen sólo a estudiantes que cuenten con puntaje suficiente para postular en alguna carrera universitaria, con la finalidad de controlar el sesgo de autoselección y asegurar la validez interna de las conclusiones. Sólo 20% de los individuos de la muestra que se matriculó en el Duoc UC y que egresó en 2014 había decidido dar la PSU, por cuando la rendición de la prueba no es requisito.

Respecto a la información de acceso a becas, 33.9% de la muestra puede acceder a la Beca Bicentenario (BIC), la cual está disponible sólo para universidades pertenecientes al Cruch. El 9.5% cumple con los requisitos para acceder a la Beca de Excelencia Académica (BEA) y 3.7% podría acceder a la Beca Nuevo Milenio (BNM). Cabe señalar que todos los postulantes que están considerados en la muestra pueden acceder al CAE, crédito con garantía estatal subsidiado y disponible sin mayores requisitos de exclusión.

La descripción de las características socioeconómicas de la muestra se presenta en el Cuadro 1, el cual revela que los alumnos del Duoc UC tienen menores ingresos, están sobrerrepresentados por hombres, y que sus madres tienen menos años de estudio.

III. Resultados

El Cuadro 2 presenta los resultados de los tres modelos MNL, VSG y HL. Los resultados del test de razón de verosimilitud sugieren que el modelo que presenta mejor ajuste es el HL con un ρ de 0.396, sin perjuicio que la capacidad predictiva, medido según el indicador First Preference Recovery (FPR), entre el modelo VSG y el HL es similar. Asimismo, se observa que los tres modelos sugieren un comportamiento de los estudiantes coherente con la teoría económica. En el modelo MNL los parámetros duración formal, estatal, proporción arancel ingreso familiar y el ratio duración real/duración formal tienen signo negativo, lo que implica que el aumento de estos “atributos” reduce la valorización de la institución que lo posee. En los modelos VSG y HL, que resultan ser versiones más flexibles que MNL ya que incluyen comportamientos por segmentos y los parámetros estimados sugieren el mismo comportamiento, que en su mayoría son altamente significativos. El único parámetro que no observa un comportamiento similar es el asociado a proporción arancel ingreso familiar para la población que no accede a beca, el cual muestra un signo positivo, contrario a la intuición económica.

Los resultados de la estimación indican que la duración formal tiene un efecto negativo y significativo en la valoración de las instituciones en los tres modelos. Para quienes tienen entre sus opciones programas técnicos esta valoración negativa es 1.89 veces mayor que para quienes desean postular a programas universitarios. Además, dentro del nido de instituciones de relativa menor selectividad, este atributo es el que genera mayor cambio en la probabilidad de elección de las instituciones cuando aumenta en un semestre los programas de estudios de las otras instituciones (véase el Cuadro 2 del Apéndice).

Por otra parte, de los coeficientes de los modelos VSG y HL se deduce que poder acceder a una beca hace menos difícil una mayor duración formal. Para quienes pueden acceder a la BIC, el efecto de la duración formal cae 92% y para la BEA lo hace en 90%. Para la BNM, en cambio, se observa lo contrario en los modelos VSG y HL. Sin embargo, ello obedece a que en la educación TP la mayor duración está fundamentalmente determinada por el paso de un título técnico a uno profesional.

El acceso a becas también modifica la valoración de las variables proporción arancel ingreso familiar y razón entre precio lista y arancel referencia. A medida que hay acceso a una beca, un mayor costo de arancel y una mayor brecha entre el precio de lista y arancel de referencia se hacen menos relevantes. Además, se aprecia que la cobertura de cada beca es relevante, ya que el efecto negativo de un mayor arancel es mayor para quienes pueden acceder a la BEA que para los que pueden acceder a la BIC.⁹

En cuanto a la diferencia entre el precio de lista y el arancel de referencia, quienes tienen la posibilidad de acceder a la BIC son tres veces más sensibles a un aumento en esta diferencia que quienes pueden acceder a la BEA. Ello se explica por el esfuerzo extra que implica acceder a financiamiento complementario en el mundo TP. Por otro lado, para quienes no tienen beca -52.8% de la muestra- el parámetro positivo asociado a la variable proporción arancel ingreso familiar, sugiere que el acceso casi universal al CAE hace menos relevante la restricción presupuestaria.

Finalmente, en relación con los parámetros de las variables individuales y en sentido contrario a los criterios con que se han asignado los recursos, el coeficiente asociado a si la universidad es estatal es un atributo negativamente valorado por los postulantes en los tres modelos. Ello, sin embargo, difiere según el nivel de ingresos.

En relación con los nidos, señalamos que identificar estructuras de correlación entre alternativas semejantes resulta clave. Puesto que no hay diferencias sustanciales en los resultados por parámetro, profundizamos en los resultados del modelo HL.

Se observa que el valor de la constante, utilizada para medir preferencias de las universidades (k) por encima de las ITP tiene un valor que va de 2.17 a 3.07, de modo que para el modelo de mejor ajuste es 2.65. Esto denota una preferencia en nuestra muestra por instituciones universitarias. Sin embargo, extender esta conclusión a la población no es correcto, ya que todos los postulantes de la muestra rinden la PSU y obtienen puntaje suficiente para ingresar a alguna universidad, lo que denota una muestra sesgada en favor de la preferencia por universidades.¹⁰

La estimación también permite identificar un ámbito de sustitución entre ITP y universidades menos selectivas. Detectamos que existe una (única) taxonomía basada en la selectividad, que entrega un estimador del parámetro Φ asociado a la utilidad de los nidos de alternativas, consistentes con la teoría económica.¹¹ Así, hay instituciones de relativamente alta selectividad que no son sustitutas de Duoc UC en lo que se refiere a la elección de alumnos, pero hay otras, menos selectivas, que sí lo son. Específicamente, los resultados del modelo HL muestran que el parámetro Φ asociado al nido de instituciones selectivas (0.819) denota una utilidad 18% mayor que el parámetro Φ asociado al subconjunto de instituciones de menor selectividad (valor de 0.689), lo que refleja una preferencia por estas instituciones.¹² Este hallazgo contradice en principio que en relación con la universidad, la ESTP sería de segunda categoría, fundamentalmente para quienes no pudieron acceder a la educación universitaria.

En el nido de instituciones de menor selectividad que son percibidas como sustitutas, se encuentran nueve instituciones universitarias y el Duoc UC, mientras que en el de instituciones selectivas están las restantes 24 universidades. En ambos nidos hay universidades estatales, universidades privadas con aporte estatal e instituciones privadas sin aporte (véase el Cuadro 4 del Apéndice), las cuales reciben distinto tratamiento por parte de la política pública.

La existencia de ámbitos de sustitución es relevante para la política de financiamiento, la que debe tener efectos muy significativos. Es decir, un trato disímil distorsiona enormemente las decisiones si no hay una lógica de calidad detrás del criterio de financiamiento.

Las variables que definen la pertenencia a cada nido son muchas. Sin embargo, si se entiende que la selectividad según el puntaje PSU es el componente esencial de la diferenciación, el puntaje que gruesamente identifica cada nido da una intuición interesante y se puede calcular a través de un ejercicio simple. De las instituciones que pertenecen a cada nido y de las estimaciones del modelo HL, estimamos para cada individuo la probabilidad de escoger cada institución en su set de alternativas y, así, la probabilidad de escoger una institución dentro de los nidos según su selectividad. Con ello, estimamos la probabilidad promedio esperada de cada nido.¹³ La Gráfica 2 muestra la relación entre la probabilidad de elección promedio de cada nido y el puntaje de cada individuo en la PSU.

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2. Probabilidades medias y razón de probabilidades para cada nido según puntaje PSU 

De la Gráfica 2 se aprecia que las instituciones de menor selectividad tienen mayor probabilidad media de elección que las instituciones selectivas para un umbral que va desde los 425 puntos ponderados hasta los 500 puntos ponderados en la PSU, y que ello se invierte pasado los 500 puntos (valor medio de la PSU). Las relativamente bajas diferencias de probabilidad media entre nidos se deben a que quienes tienen mayor puntaje también tienen más alternativas disponibles en su set. Así, a medida que más instituciones están presentes en el set, menor es la probabilidad que define la elección particular. De cualquier modo, a mayor puntaje, mayor es la distancia relativa entre las probabilidades de elección de ambos nidos.

Conclusiones

La existencia de un sesgo cultural en contra de la enseñanza técnico-profesional ha sido un argumento recurrente para distintas políticas, principalmente de financiamiento que favorecen la educación universitaria en Chile. Así, el financiamiento estudiantil estatal es significativamente mayor en el caso de universidades, más allá de lo que pudiera relacionarse con los costos asociados a la investigación. Sin embargo, ni la existencia ni el dimensionamiento de este eventual sesgo ha sido materia de estudio, lo que parece especialmente pertinente en el contexto post 1980. En efecto, desde comienzos de esa década, la reforma de la educación superior permitió la entrada de muchas universidades e instituciones técnico profesionales que no sólo masificaron la educación superior en Chile, sino que tienen una enorme heterogeneidad. La idea de que la educación universitaria es para una élite no tiene más sentido, pero permanece en ciertos círculos y argumentaciones la idea que se trata de un sector que merece y entrega una educación distintiva.

Este trabajo aporta a la literatura y a la política pública que la educación superior debe tratarse con sus distinciones, sus segmentos. El principal hallazgo indica que la idea de una dominancia en las preferencias por lo universitario, la que se sustenta en la hipótesis de un sesgo cultural, tiene respaldo sólo para un subgrupo de universidades. Sin embargo, para nueve universidades de relativa menor selectividad que componen la muestra, la ITP considerada es sustituta y ahí las preferencias no están dominadas por lo universitario. Más aún, que la muestra esté sesgada hacia las universidades de relativamente mayor prestigio, las que participan en el SUA, hace predecible que para las universidades no consideradas en la muestra también halla una sustitución con la ITP de nuestra muestra y eventualmente ésta domine a las excluidas en preferencias.

En tanto, extrapolar esta evidencia para el resto de los ITP tampoco es directo dada la heterogeneidad de calidad entre las ITP. No obstante, de acuerdo con la trayectoria, la calidad institucional y los resultados de empleabilidad similares que tiene la segunda institución de mayor acreditación del sector ITP, estos resultados parecen extensibles para ella. Al respecto, la participación de la matrícula entre ambas instituciones en el sector es de 35%.

Hallamos también resultados específicos sobre el diseño de políticas de financiamiento estudiantil. La asignación de recursos juega un rol mayor en la elección de los estudiantes, en especial dentro del nido de donde las universidades son sustitutas con un ITP. En primer lugar, el otorgamiento de becas atenúa el costo de la mayor duración formal de las carreras. En otras palabras, las becas incentivan la opción por programas más largos, lo que es especialmente relevante en el caso en estudio, pues el atributo más significativo en las preferencias es la duración de los programas de estudios. Más aún, la política de financiamiento puede ser determinante a la hora de explicar no sólo la elección de los estudiantes, sino la tendencia a la mayor y eventualmente excesiva duración de las carreras. Chile presenta una duración de carreras universitarias 46% superior al promedio de los países de la OCDE y 39% mayor para las técnico profesionales (^{OCDE, 2011}).

En segundo lugar, se observa que el modo en que está diseñado el sistema de becas tiene efectos en la elección de las instituciones a partir de dos canales: el primero en relación con la cobertura de la beca respecto del precio de lista, y el segundo en función de criterios de exclusión que benefician sólo a un tipo de instituciones. Observamos que hay instituciones cuyos atributos no son valorados por los individuos, que son elegidos sólo porque el Estado las prefiere. Este hallazgo está en línea con lo observado en otros trabajos, donde el diseño de las ayudas financieras termina incentivando la elección de la educación universitaria, cuestión que a la luz de lo mostrado en este trabajo no reflejaría preferencia, sino un efecto de la política.

Ello se aprecia particularmente en el financiamiento privilegiado de universidades estatales, un atributo valorado negativamente, pero que se suaviza para los estudiantes de ingresos medios, que ni cuentan con los recursos ni son enteramente elegibles para becas, pero sí pueden ser elegibles para el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). Lo mismo sucede con los años de antigüedad de la institución, atributo que aunque es estadísticamente significativo, no tiene un peso relevante en la valoración de los estudiantes. Así, los dos principales criterios con que se fija la política de financiamiento institucional y de acceso a ayudas estudiantiles no se condicen necesariamente con las preferencias de los estudiantes ni con la calidad de la institución.

La evidencia aquí reportada es relevante para muchos países, particularmente latinoamericanos, donde se ve una creciente coexistencia de la ESTP con educación universitaria, y donde el incentivo desde la política pública tiende a darse en las universidades, que son las que históricamente acogieron a los alumnos de élites dominantes que accedían a la educación superior.

La evidencia comparada muestra que cuando el diseño de política considera el fortalecimiento de la educación técnico profesional se pueden obtener resultados que resultan competitivos y de alto impacto social, como es el caso de los Fachhochschulen (Universidad de Ciencias Aplicadas con grados académicos acotados) en Austria y Alemania, los Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en Holanda y los Institute Universitaire de Technologie (IUT) (^{Mikhail, 2008}).