1. Democracia

Si bien en México se ha prestado mucha atención a la prohibición de la reelección y al estudio de las reglas electorales y sus efectos en la representatividad de las legislaturas, es posible que la investigación más original e interesante sea la relacionada con los vínculos e intercambios entre los votantes y los políticos (y los partidos a los que pertenecen). Esta bibiografía se enfoca en temas de rendición de cuentas, credit claiming, y las condiciones bajo las que ha sido o no posible para el país eliminar el clientelismo como método predilecto de intercambio político. El libro de referencia de Beatriz Magaloni, Voting for Autocracy, ofrece una perspectiva de la transición democrática mexicana basada en el comportamiento del votante individual. A diferencia de trabajos anteriores sobre democratización en México, este libro se enfoca en la forma en que las reglas institucionales, la gestión macroeconómica, o el aislamiento de los procesos electorales de las influencias políticas a partir la creación de las Juntas Electorales; siguen una lógica basada en los cálculos hechos por los políticos y los votantes en la arena electoral. La aproximación de Magaloni sobre la hegemonía de partido se ha aplicado al estudio de África, Europa del Este y el Medio Oriente.

En relación con el manejo de redes clientelares, un estudio reciente de ^{Horacio Larreguy (2012)} muestra cómo la posición dominante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en municipios con altas proporciones de tierra ejidal puede explicarse a través de las redes del partido. Su trabajo se centra en la calidad de la información que los políticos pueden extraer de sus intermediarios, en este caso, los comisarios ejidales. El argumento consiste en que mientras mayor es el grado de correspondencia geográfica entre el ejido y la sección electoral, mayor es la calidad de información con la que cuentan los políticos. Encuentra evidencia de que, en los estados gobernados por el PRI, el partido utiliza la información electoral disponible a nivel sección para extraer una señal sobre el desempeño de sus intermediarios y condicionar la entrega de recursos. Cuando el PRI no gobierna en el estado, no hay evidencia de premios o castigos a los ejidos derivados de mayor número de sus resultados electorales. En general, los municipios con ejidos tienen más votos por el PRI y menos bienes públicos (aproximados por el número de escuelas y maestros per cápita). Estos resultados no se deben a tendencias previas o diferencias en el desarrollo económico entre tierras ejidales y privadas y sugieren que, cuando los costos de monitoreo de intermediarios políticos son bajos, los incentivos de los políticos se reducen a proveer bienes públicos para ganar elecciones.

Uno de los ejes fundamentales de la bibliografía sobre clientelismo fue proporcionado por la transformación de la política social en México hacia los programas de transferencia condicional de efectivo, es decir, las intervenciones a partir de Progresa-Oportunidades. Esta línea de investigación se ha enfocado en la manera en la que los servicios sociales son proporcionados por el Estado mexicano en áreas como salud, educación o infraestructura. Inicialmente se centraba sobre todo en cuestiones de política distributiva (^{Juan Molinar y Jeffrey Weldon, 1994}; ^{Denise Dresser, 1994}; Jonathan Fox, 1994). Más adelante, esta bibliografía fue tendiendo cada vez más hacia análisis estadísticos sofisticados de provisión de bienes públicos ( ^{Matt Cleary, 2007} y ²⁰¹⁰; ^{Markus Kurtz, 2002}), y a algunos de los ejemplos más fascinantes de intervenciones aleatorias (diseños experimentales) que buscan capacitar a los ciudadanos para exigir un mejor uso de los fondos públicos.

Sobre este último tema, ^{Ana de la O (2013)} aprovecha la implementación inicial aleatorizada de Progresa para estudiar su efecto electoral. Encuentra que la afiliación temprana al programa incide positivamente tanto en las tasas de participación política electoral como en la proporción de votos del partido en el gobierno para las elecciones presidenciales del 2000. Argumenta que, probablemente, los efectos electorales de Progresa se dieron por la vía de la movilización política (que aumentó la participación electoral), y no porque los beneficiarios temieran perder acceso al programa si votaban por la oposición, ya que no hay evidencia de que el voto por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) o el PRI se viera afectado por la implementación de dicho programa.

Existe también una importante corriente académica enfocada en temas de rendición de cuentas. Jonathan Fox (1995) estudia la relación entre las reformas económicas de las décadas de 1980 y 1990, y la capacidad institucional del Estado. La complejidad de las reformas en conjunto con la ausencia de un sistema fuerte de rendición de cuentas, representaron los retos más importantes para la creación de instituciones fuertes y libres de corrupción. En un estudio posterior (2008), se enfoca en las formas en las que se puede crear una cultura de rendición de cuentas en regímenes autoritarios, prestando atención sobre todo al papel que desempeña la sociedad civil en el campo y su fortalecimiento a partir de asambleas comunitarias, arbitraje de procesos electorales y reformas de acceso a la información, entre otros.

2. Dependencia y desarrollo

Quizás el mayor desafío para el desarrollo en México sea la profunda conexión entre los recursos naturales, los ingresos del gobierno y la desigualdad económica. Este tema clásico de la dependencia ha sido estudiado por especialistas desde diversos ángulos, aunque aún no ha surgido una síntesis completa que explique plenamente la relación causal entre las limitaciones fiscales de la economía mexicana, su dependencia de los ingresos petroleros, la falta de una conexión entre gasto y carga fiscal, y la generación de una enorme riqueza para una pequeña minoría.

Se han hecho importantes esfuerzos por explicar la economía política del petróleo en México, ya que éste sigue siendo la principal fuente de generación de ingresos para los gobiernos federal, estatal y municipal (debido a la alta dependencia de estos últimos de las transferencias federales). Se ha puesto énfasis en la fuerza y el papel del sindicato como obstáculo para los esfuerzos de privatización (^{Rossana Fuentes-Berain, 2008}), y algunos estudios recientes han explorado los aspectos contractuales relacionados con los dilemas que enfrenta la administración de este complejo sector (Francisco Flores-Macías, 2008). También se ha hecho investigación sobre las coaliciones legislativas que han bloqueado con éxito los esfuerzos de reforma energética (^{Gilles Serra, 2011}).

Sin embargo, es posible que la contribución más importante al estudio de esta industria en México se encuentre en la línea de investigación que explora el papel de los ingresos petroleros y la captura de éstos por las élites del país como un mecanismo que crea un déficit democrático. ^{Haber, Maurer y Razo (2003a)} abordan este tema desde una perspectiva histórica centrándose en el papel de las instituciones formales y en cómo éstas permitieron a las empresas petroleras responder ante cambios en impuestos o configuraciones de derechos de propiedad entre 1911 y 1929, de manera que las instituciones formales y las reformas legales de ese periodo no lograron afectar la industria en la forma como lo planeaba el gobierno.

En otro estudio del mismo año, los mismos autores analizan el México pre y posrevolucionario, y plantean cómo la inestabilidad política no necesariamente se relaciona negativamente con el crecimiento económico. A pesar de la inestabilidad política que vino después del porfiriato, con la Revolución mexicana, el crecimiento del país sólo se vio interrumpido por un breve periodo entre 1914 y 1918. Sin embargo, la economía recuperó rápidamente el paso a partir de 1919 en prácticamente todos los sectores relevantes de la economía de ese momento (agricultura, minería, industria, petróleo, minería y sector financiero). Haber, Maurer y Razo plantean que esto se debe a una integración política vertical capaz de asegurar debidamente los derechos de propiedad incluso en condiciones de inestabilidad, donde la protección de los derechos de propiedad es un bien privado y no público, y la élite gobernante protege sólo a ciertos grupos estratégicos a cambio de impuestos.

^{Carlos Elizondo (2011)} hace una buena descripción de los dilemas contemporáneos y del poder que tienen ciertos grupos de interés (empresarios, agricultores, sindicatos y burócratas, entre otros) en México para bloquear reformas que beneficien a las mayorías. Plantea que el Estado realiza un trabajo mediocre como mediador del Estado entre estos grupos de interés y la sociedad en general. Este papel sólo puede ser mejorado a través de reformas institucionales que transformen los mecanismos de toma de decisiones en el Congreso, reformas laborales, electorales y que, más generalmente, fortalezcan al Estado frente a los intereses que frenan el progreso del país.

Finalmente, cabe notar que en contraste con los debates en muchos otros países de América Latina, la industria minera mexicana ha recibido muy poca atención. Esta situación no deja de resultar sorprendente, pues varias de las mayores fortunas del país se han construido a partir de la extracción de cobre y plata durante el reciente auge de los productos básicos. El régimen de regalías de la minería en México es completamente anacrónico, y no existe aún ningún estudio que nos permita comprender el tipo de captura del Estado que permitió que el empoderamiento de actores que, hasta ahora, permanecen virtualmente libres de impuestos.

3. Formación del Estado y el Estado de derecho

En los últimos años se ha puesto mucha atención en el tema de la fortaleza o debilidad del Estado mexicano. Frente a los crecientes desafíos de las organizaciones de tráfico de drogas y las dificultades que enfrenta el gobierno para establecer prácticas claras de Estado de derecho, algunos estudiosos comenzaron a debatir si México podría ser considerado un Estado fallido (Jenkins, 2009). En gran medida, este debate resultó estéril, ya que México es en realidad un Estado muy fuerte, que emergió de la época posrevolucionaria con una gran capacidad de desplegar enormes cantidades de recursos para proveer bienes y servicios públicos. La cuestión entonces no era si México tuvo un proceso de formación del Estado que condujo a un Estado débil sino las razones específicas por las que las últimas administraciones federales y locales han tenido poca capacidad de proteger a sus ciudadanos de la delincuencia común y, más recientemente, el reto de organizaciones de tráfico de drogas (OTD).

Sobre esta última cuestión, muchos investigadores están tratando de comprender las causas y consecuencias de los aumentos en el número de homicidios y la violencia en grandes regiones del país. El debate ha involucrado tanto a economistas como a politólogos que trabajan en un verdadero diálogo y colaboración. La economista ^{Melissa Dell (2011)} establece que los alcaldes políticamente alineados son más propensos a contribuir a los esfuerzos federales para combatir a las OTD, pero que esos esfuerzos han dado lugar a perturbaciones importantes en la actividad económica de las organizaciones, cuya consecuencia es un aumento de la violencia. ^{Viridiana Ríos (2012)} explica el aumento en el número de homicidios a partir de dos factores: i) narcotraficantes que disputan un mercado, y ii) muertes por enfrentamientos con las fuerzas policiales y el ejército. Mientras mayor es la violencia causada por el primer factor, mayor es la violencia causada por el segundo, pues que las autoridades tienden a intervenir más en áreas con índices de violencia más altos.

Oeindrila y Arindrajit Dube, junto con ^{Omar García Ponce (2013)}, analizan los efectos derivados de la expiración de la prohibición federal de armas de asalto en Estados Unidos en la violencia en México. Encuentran que la magnitud de éstos está mediada por factores políticos relacionados con el nivel de competencia electoral en los municipios mexicanos. ^{David Shirk (2011)} evalúa las áreas de oportunidad de cooperación entre ambos países para combatir al crimen organizado en el país, y argumenta que es necesario que la estrategia se plantee en términos de fortalecimiento de instituciones de justicia y seguridad pero no sólo eso, sino enfocándose también en la calidad de las instituciones políticas, la participación de la sociedad civil en la solución de los conflictos y la cooperación bilateral para la creación de una economía más fuerte. ^{Eduardo Guerrero (2011)} busca entender la espiral de violencia mediante sofisticadas técnicas econométricas y sistemas de información geográfica. Además, los avances en la investigación de encuestas para estudiar temas sensibles, como la técnica de list experiments, han sido utilizados por Díaz-Cayeros et al. (2011) en su estudio sobre las organizaciones criminales y la policía en México.

Una corriente de trabajo estrechamente relacionada tiene que ver con el reto de la reforma de la policía y el establecimiento del Estado de derecho. Aunque la mayor parte de las contribuciones de esta área proviene de abogados, que tienden a enfatizar los aspectos formales y procedimentales del código legal (en particular en torno a juicios orales y al uso de un sistema acusatorio de justicia en vez de uno inquisitorial) existen importantes estudios que analizan el comportamiento de la policía en diferentes contextos municipales (^{Allison Rowland, 2006}), estudios comparativos de reforma de la policía (^{Bailey y Dammert, 2006}) e investigaciones sobre la relación entre democratización y calidad del Estado de derecho. Sobre este último tema, ^{Diane E. Davis (2006)} estudia la corrupción en la policía de la Ciudad de México y plantea que la transición a la democracia y el consecuente aumento en competencia electoral, en conjunto con la fragmentación del aparato de justicia del país, evitan que sea posible llevar a cabo una reforma de la policía que logre reducir los conflictos de coordinación entre los diferentes niveles del aparato de justicia mexicano.

4. Desigualdad y política social

No obstante los avances obtenidos por programas sociales como Progresa y Oportunidades, México no ha logrado eliminar la pobreza extrema y es uno de los países más desiguales de la OCDE. Gerardo Esquivel, Nora Lustig y John Scott (2011) estudian los factores detrás de la reducción de la desigualdad experimentada por el país en las últimas dos décadas. Encuentran que cambios en la composición de la fuerza laboral, sobre todo en términos de educación, han contribuido a una reducción en la desigualdad en el ingreso, puesto que hay una mayor oferta relativa de mano de obra calificada. La reducción de la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada se debe, por lo tanto, a una creciente tendencia hacia el gasto progresivo en educación. Igualmente, un mayor acceso a servicios de salud puede haber aumentado la productividad laboral entre los trabajadores poco calificados.

La repercusión de las transferencias gubernamentales en la reducción de la desigualdad ha sido más importante que cualquier otro factor, lo cual se debe sobre todo al lanzamiento de Progresa en 1997 y a los cambios en el gasto público que se dieron desde entonces. Sin embargo, a pesar de que desde fines de los noventa las transferencias gubernamentales han beneficiado cada vez más a los segmentos más pobres de la población, la correlación Gini entre transferencias e ingreso monetario total sigue siendo positiva. Es decir, que aunque las transferencias gubernamentales entre 1994 y 2006 se han vuelto crecientemente progresivas, siguen siendo regresivas en términos absolutos (Esquivel et al., 2011).

El problema de la desigualdad ha sido estudiado tanto por sus causas como por sus consecuencias en el crecimiento económico. Santiago ^{Levy y Michael Walton (2009)} plantean que una de las principales causas de la desigualdad en México es un equilibrio político de distribución de ganancias (rent-sharing equilibrium) que tiene consecuencias negativas para el crecimiento económico y que ha persistido en el país a pesar de su reciente democratización. Las desigualdades de poder e influencia llevan a la creación de instituciones económicas que perpetúan la desigualdad.

Así, se crea una trampa de la desigualdad, que autores como ^{Isabel Guerrero, Luis Felipe López-Calva y Michael Walton (2006)} relacionan con dos factores principales: i) la concentración de la riqueza en el ámbito empresarial, y ii) los sindicatos de sectores protegidos. En relación con el primer punto, los autores utilizan datos de los listados de Forbes sobre mutimillonarios del mundo para estimar la concentración de la riqueza en México, pues el índice de Gini no captura los ingresos de los multimillonarios del país. Encuentran que su valor total neto equivale al 5-6% del PIB. Casi la mitad de estos multimillonarios se beneficiaron de las privatizaciones de principios de los noventa. Asimismo, en el caso de las telecomunicaciones, el estudio encuentra que los multimillonarios tienen probabilidades significativamente menores de que se les niegue una concesión o de que se les sancione por prácticas perjudiciales al cliente.

En relación con las prácticas monopólicas, a pesar de que existe una agencia regulatoria relativamente independiente -Comisión Federal de Competencia (CFC)- el contexto judicial no es propicio para que ésta pueda promover efectivamente la competencia en el sector privado. Existe, según Guerrero et al., un sesgo a favor de las compañías de las élites empresariales que se protegen de las regulaciones a través de la figura del amparo. Al estudiar todas las resoluciones de 1998 a 2006 sobre fusiones y adquisiciones y prácticas monopólicas de la CFC, encuentran que en 39 de los 612 casos denunciados como abuso de poder de mercado, las empresas interpusieron amparos, y en 12 de estos casos, las resoluciones judiciales fallaron a favor de las empresas. Esto es especialmente preocupante si se considera que normalmente son las empresas más grandes las que usan (y pueden pagar por) amparos y las que tienen éxito usándolos (^{Elizondo, 2009}).

En cuanto a los sindicatos, si bien muchas veces funcionan como una protección real para sus afiliados, también es cierto que generan altos costos sociales cuando su influencia es desproporcionada en sectores protegidos (como es el caso de los sindicatos de Pemex, CFE y LFC) o en sectores de educación o salud. Estos grupos son mucho menos ricos que los antes mencionados. Sin embargo, los sindicalizados de Pemex ganan 71% más, los de telecomunicaciones 30% más y los maestros 48% más de lo que se esperaría considerando sólo su educación y experiencia (aunque vale notar que hay también una proporción de sindicalizados que vive en pobreza extrema, 20%; ^{Guerrero et al., 2006}).

^{Carlos Elizondo (2009)} plantea que el poder de los sindicatos proviene de una regulación que no permite que los trabajadores sean representados más que por un sindicato registrado. Como cada trabajador debe pertenecer a un sindicato y ninguna empresa puede tener un sindicato minoritario, es difícil que los sindicatos registrados puedan ser desplazados por nuevos grupos. Además, la posibilidad de reelección indefinida de líderes sindicales y las cuotas sindicales deducidas de la cuota de cada trabajador, contribuyen a que los sindicatos sean normalmente estructuras poco democráticas y con líderes sumamente poderosos, con la capacidad de decidir contratos y despidos. La poca competitividad de los sindicatos afecta negativamente la calidad del servicio a los afiliados, además de crear un amplio margen para prácticas corruptas y nepotistas.

Si el objetivo de las políticas públicas es mejorar las oportunidades del crecimiento del país, es necesario tomar en cuenta estas desigualdades estructurales, pues sus consecuencias van desde prácticas monopólicas impunes hasta un sistema educativo corrupto y de mala calidad.

5. Recaudación y gasto

Como se ha mencionado, los programas sociales -particularmente Progresa-Oportunidades- han logrado transferir recursos a los segmentos más pobres de la población y reducir la desigualdad. Sin embargo, la eficiencia redistributiva de estos instrumentos se ha visto limitada por un sistema impositivo ineficaz. ^{John Scott (2014)}, en un estudio sobre el sistema fiscal mexicano, encuentra que esta ineficacia se debe a las exenciones en impuestos directos e indirectos, así como a subsidios a la energía. Sugiere que la eficiencia redistributiva puede ser mejorada si se reemplazan los subsidios indirectos por transferencias directas o en especie. Sin embargo, existen grupos de interés y barreras económicas que impiden que se aprueben reformas en esta dirección.

En esta misma línea de investigación, ^{Eric Magar, Vidal Romero y Jeffrey Timmons, (2009)} argumentan que parte de la ineficiencia fiscal del país radica en su baja capacidad de recaudación, derivada de fallas en la regulación, exenciones fiscales y falta de capacidad administrativa y voluntad política. México ha logrado mantener balances fiscales a pesar de su sistema de recaudación de impuestos, ya que ha logrado basarse en ingresos petroleros. Sin embargo, esta situación no es sostenible, ya que tanto las reservas probables como las probadas de Pemex están disminuyendo rápidamente. Para cubrir futuros desbalances fiscales será necesario aumentar los impuestos o disminuir el gasto.

Siguiendo a estos autores, uno de los principales obstáculos para lograr un sistema de recaudación más eficiente es la desconexión fiscal, que se ha agravado con la creciente descentralización política del país. La democratización ha aumentado las presiones a la descentralización del gasto, en parte porque los entonces partidos de oposición (particularmente el PRI desde 2001) tenían más poder al nivel estatal/municipal. Suponiendo que el objetivo de los políticos es arrogarse el mérito por el gasto pero no ser culpados por aumentos en los impuestos, ante la presencia de grandes transferencias federales es poco probable que aumenten los impuestos locales. Otro factor que ha llevado a la descentralización es que, ante la prohibición de la reelección, muchos miembros del Congreso votan teniendo en mente que su siguiente posición política será probablemente una gubernatura estatal.

La tendencia dominante la centralización de la recaudación y la descentralización del gasto. Además, tanto los gobiernos estatales como los municipales tienen incentivos gastar ineficientemente, ya que no son ellos quienes recaudan (la mayoría) de los impuestos. Como medida de control, el gobierno federal ha logrado etiquetar buena parte de los recursos asignados a los estados para prevenir el gasto ineficiente, pero esto no ha sido suficiente (^{Magar et al., 2009}). Finalmente, vale notar que aunque los regímenes especiales para ciertos productos y sectores han generado abusos e incrementado los costos administrativos del sistema, no se han hecho esfuerzos importantes para eliminarlos.

Otra línea de investigación se centra en los ingresos perdidos por el gobierno a causa de la persistencia de la informalidad en los mercados laborales. Uno de los estudios más importantes en este tema es el de Santiago Levy en Buenas intenciones, malos resultados. Política social, informalidad y crecimiento económico en México (2010), donde analiza la relación entre el aumento en el número de programas sociales para los trabajadores del sector informal y el bajo crecimiento económico en México de 1997 a 2006. Levy identifica la mala coordinación de la política social en México como una fuente de distorsión microeconómica que segmenta el mercado laboral entre trabajadores formales e informales.

La idea detrás de esto es que, por varias razones, los trabajadores formales pueden asignar un valor distinto a los beneficios de la seguridad social que a sus costos, generalmente uno menor. Como las contribuciones son obligatorias, están funcionando, de hecho, como un impuesto al trabajo formal. Esto incentiva a muchos trabajadores a buscar empleo en el sector informal, lo cual afecta negativamente su productividad y el crecimiento económico del país. Además, los programas paralelos que proveen seguridad social a los trabajadores informales y que son financiados con impuestos generales, funcionan como un subsidio a la informalidad.

La combinación de programas sociales en México es un obstáculo para el crecimiento que anula, incluso, efectos positivos de programas como Progresa-Oportunidades, ya que de poco servirá tener mano de obra mejor calificada si no es posible aumentar su productividad laboral. Tomando esto en cuenta, el autor analiza las dificultades políticas que enfrenta el país para transitar a una política social coherente, que no se base en reformas aisladas de programas sociales particulares. En una publicación anterior (2009) estudia las reformas al sistema de seguridad social de 1995 y 2004 para entender la relación entre productividad y concentración del ingreso y el poder. Argumenta que la búsqueda de ganancias por parte de grupos poderosos asociados con la provisión de seguridad social, como las administradoras de fondos para el retiro y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social impiden que optimice la productividad agregada del sistema.

6. Vínculos internacionales

En la bibliografía de vínculos internacionales, el tema más estudiado es sin duda la relación con Estados Unidos. Entre los diversos temas que pueden tenerse en cuenta, el más destacado en cuanto a la gran cantidad de investigación que se ha producido al respecto, es la migración. En la bibliografía sobre migración en México, tal vez una de las ramas más interesantes sea aquella que vincula el estudio del comportamiento migratorio con las remesas colectivas, en particular en el contexto del programa 3×1.

Al estudiar los sesgos económicos y políticos del 3×1, ^{Javier Aparicio y Covadonga Meseguer (2012)} encuentran que, como se esperaría, son los municipios de mayor migración los que tienen mayor participación. Sin embargo, como la relación entre migración y pobreza no es lineal, esto evita que sean los municipios más pobres los que más se beneficien del programa. Por otro lado, el diseño del programa exige la coordinación entre los tres niveles de gobierno y las asociaciones de inmigrantes para la aprobación de proyectos. Esto causa que, en el periodo de estudio (2002-2007), sean los municipios y estados gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN) los que más participen y se beneficien del programa (incluso si se controla en razón de los niveles de migración y pobreza), ya que sus costos de coordinación son menores.

Es posible también que sean las preferencias de los inmigrantes las que están detrás del sesgo político del programa, ya son ellos quienes tienen la facultad exclusiva de proponer proyectos. Sin embargo, en otro artículo (2012b) los mismos autores encuentran que los líderes de los inmigrantes son generalmente pragmáticos y apartidistas, y que los gobiernos municipales tienen un papel central como promotores de la organización de clubes de inmigrantes. Las remesas colectivas se han convertido, desde la implementación del 3×1 en un recurso imprescindible para muchos gobiernos locales, de manera que los políticos tienen grandes incentivos para movilizar a los emigrantes y promover que soliciten proyectos.

Por un lado, esto implica que el programa podría usarse como un instrumento para premiar bastiones panistas con altos niveles de migración, evitando que los recursos fueran a donde más se necesitan. Por otro lado, también es cierto que los clubes o asociaciones de inmigrantes son menos susceptibles a los mecanismos tradicionales de clientelismo. ^{Katrina Burgess (2006)} argumenta que los emigrantes han estado expuestos a gobiernos con mecanismos mucho más fuertes de rendición de cuentas, por lo que, lejos de someterse a los caprichos políticos de las élites locales, se han mostrado autónomos e independientes.

Sin embargo, el papel que desempeñan los clubes de inmigrantes en el manejo del presupuesto y los proyectos depende en buena medida de la participación de los residentes locales. Los proyectos tienen mejores resultados cuando estos residentes logran organizarse en comités para implementar y supervisar las obras. En contraste con el argumento de Aparicio y Meseguer, Burgess concluye que el 3×1 está fuertemente determinado por la demanda de proyectos de los emigrantes (y no por la movilización de los políticos), ya que más de la mitad de los proyectos se realizan fuera de las cabeceras municipales, respondiendo cada vez más a necesidades comunitarias. Coincide con estos autores, sin embargo, en cuanto a la imposibilidad de llegar a las comunidades más pobres dado el diseño actual del programa (sólo pueden solicitar proyectos las organizaciones de inmigrantes y los emigrantes más organizados no suelen ser quienes provienen de las comunidades más pobres).

En relación con el impacto de las remesas colectivas en las comunidades de origen, vale la pena mencionar el trabajo de ^{Lauren Duquette-Rury (2014)} acerca de la coproducción de bienes públicos. Encuentra que los municipios que participan en el programa muestran una mejora en la provisión de servicios de saneamiento, drenaje y agua. Esto se debe a factores materiales y organizacionales que incentivan a los migrantes a participar en la coproducción de bienes para mejorar sus comunidades de origen. En específico, algunos inmigrantes cuentan con los recursos (en forma de remesas colectivas) y la motivación (altruista, religiosa, étnica o de estatus social) para participar en estos proyectos.

En el caso del TLCAN, las primeras evaluaciones de la economía política del tratado y sus consecuencias para México (^{Gustavo Vega, 1995} y 2003; ^{Luis Rubio, 1993}) no han conducido a un análisis específico de las condiciones políticas que han impedido una mayor profundización del tratado o su expansión a otros ámbitos. Existe investigación sobre el apoyo al libre comercio que busca explicar el cambio más importante en la opinión pública de las últimas décadas (^{Alejandro Moreno, 2002}; ^{Andy Baker, 2010}; ^{Beatriz Magaloni y Vidal Romero, 2008}). Otra línea de investigación se centra en la relación entre el TLCAN y la brecha salarial en México. Gerardo ^{Esquivel y José Antonio Rodríguez-López (2003)} plantean que, a pesar de que la liberalización tuvo el efecto de disminuir la brecha, el rápido desarrollo tecnológico que ocurrió durante ese periodo tuvo el efecto opuesto, puesto que disminuyó el salario relativo de los trabajadores menos capacitados y aumentó así el diferencial de salarios.

Sin embargo, no se ha realizado mucha investigación sobre las dimensiones regionales del apoyo u oposición al libre comercio o sobre las estructuras institucionales que han mantenido el estado actual de las cosas en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México. El trabajo de ^{Stephen Haber, Herbert S. Klein, Noel Maurer y Kevin Middlebrook (2008)} es de los pocos que se refieren a esta cuestión y se centra en la historia autoritaria de México y la forma en la que se crearon las instituciones de protección de derechos de propiedad. El argumento central es que la forma en la que se construyeron dichas instituciones en México ha evitado que la liberalización comercial tenga como consecuencia los aumentos en las tasas de crecimiento del país que se esperaba tener cuando se firmó el tratado.

Finalmente, vale la pena mencionar los estudios que se han hecho sobre los factores de economía política que explican los flujos migratorios de México a Estados Unidos. Uno de los investigadores que ha estudiado el tema más exhaustivamente es Gordon Hanson. Este autor hace énfasis en el papel de los grupos de interés en Estados Unidos y la manera en que presionan al gobierno para controlar los flujos migratorios. Por ejemplo, el número de horas-hombre dedicadas a inspección en sitios de trabajo es 53 veces menor que el número de horas dedicadas a vigilar la frontera (datos de 2003). Hanson sugiere que esto, junto con el hecho de que en 2004 ningún empleador estadounidense fue multado por más de 5 000 dólares por contratar a un inmigrante legal, refleja que las leyes para el control migratorio no están bien aplicadas. Encuentra evidencia de que se favorece, controlada e indirectamente, la entrada de inmigrantes al evaluar la operación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS): aumentos en los precios relativos de una industria intensiva en mano de obra inmigrante están asociados a disminuciones en el control fronterizo en un lapso de seis a diez meses en el futuro (Hanson y Spilimbergo, 2001; citado en ^{Hanson, 2006}).