INTRODUCCIÓN

¿Cuál es el efecto de la distribución de recursos públicos que los gobiernos realizan, entre bienes públicos y privados, en la permanencia en el gobierno? A pesar de que existe un consenso tanto en la ciencia política como en la economía política respecto al uso estratégico de los recursos públicos por parte de los grupos gobernantes para continuar en el poder, así como una abundante bibliografía del tema, son bastante menos los análisis que han explorado el efecto que la distribución política de los recursos públicos tiene en la supervivencia de los partidos en el gobierno. En este trabajo buscamos aportar pruebas del uso de este tipo de estrategia y sus efectos en la supervivencia de los partidos en el gobierno para el caso de los gobiernos municipales del estado de Jalisco en México.

En cualquier tipo de gobierno, ya sea democrático o autoritario, el empleo de recursos públicos para conformar coaliciones de grupos o de electores que proporcionen el apoyo político necesario para mantenerse en el poder, es una estrategia que siempre ha estado presente en la vida gubernamental (Bueno de Mesquita et al, 1999). Trabajos clásicos como los de (^{Weber 1922}), (^{Downs 1957}), ( ^{Tullock y Buchanan 1962}), (^{Nordhaus 1975}) y (^{Meltzer y Richard 1981}) son algunos ejemplos que reconocen el proceso de supervivencia política como uno de los principales determinantes del comportamiento gubernamental para la provisión de bienes públicos. Este es, de hecho, uno de los principales ejes de estudio en el ámbito de la economía política.

Parte de esta bibliografía se ha enfocado, por ejemplo, en las divisiones y conflictos sociales y étnicos como determinantes de la provisión de bienes públicos (^{Frankel y Rao, 1987}; ^{Alesina, Baqir y Easterly, 1999}; ^{Chandra, 2004}; ^{Banerjee y Somanathan, 2006}). Otros han estudiado el efecto que las diferencias institucionales tiene en el uso y distribución de recursos públicos, como las reglas electorales (Myerson, 1991; ^{Lizzeri y Persico, 2001}; ^{Milesi-Ferretti et al, 2002}; ^{Persson y Tabellini, 1999}, ²⁰⁰⁰), los arreglos constitucionales (Huber et al, 1993; ^{Persson, Roland y Tabellini, 1997}, ²⁰⁰⁰; Castles, 1998; ^{Persson y Tabellini, 2003}) o los partidos políticos (^{Boix, 1998}; ^{Alesina y Roubini, 1999}). En todos estos casos el principal incentivo que determina la manera en cómo se emplea el recurso público, así como los montos de bienes públicos que se ofrecen, es la supervivencia política de los grupos gobernantes.

Es claro que uno de los principales factores en el proceso de supervivencia política de los gobernantes es la capacidad que éstos tienen de construir coaliciones de manera eficiente (^{Riker, 1962}; Bueno de Mesquita, 1999; ^{Gandhi y Przeworski, 2006}, ²⁰⁰⁷). La búsqueda por obtener el apoyo de grupos específicos, con el fin de maximizar la probabilidad de supervivencia del gobernante con el menor costo posible, determina la manera de distribuir los recursos públicos para el beneficio de distintos segmentos de la sociedad. Este cálculo ha sido tema de reflexión desde hace siglos (véase por ejemplo ^{Sun Tsu, 2001} [500 a.C.], o ^{Maquiavelo, 1988}. [1513]). Algunos de los primeros trabajos que identificaron y modelaron estrategias políticas de redistribución política son los de (^{Buchanan y Tullock 1962}), (^{Tullock 1983}), (Metzler y Richard 1981), (^{Weingast, Shepsle y Johnsen 1981}), (^{Ames 1987}) y (^{Snyder y Kramer 1988}). A partir de éstos, se han desarrollado importantes contribuciones tanto teóricas como empíricas. Dentro de los primeros, por ejemplo, se encuentran los trabajos de (^{Coughlin 1986}), (^{Lindbeck y Weibull 1987}) y (^{Dixit y Londregan 1995}), quienes argumentan que la búsqueda de los partidos por mejorar sus posiciones dentro de la arena política los lleva a focalizar la distribución de recursos en los ciudadanos pivotes o indecisos (swing voters), es decir, aquellos ciudadanos que al estar cercanos a un punto de indiferencia entre los distintos partidos son más fáciles de atraer o cooptar. En contraste con los argumentos anteriores, (^{Cox y McCubbins 1986}) construyeron un modelo teórico cuyo resultado afirma que es más rentable políticamente distribuir el recurso público entre los seguidores duros (core voters) del partido gobernante. (^{Dixit y Londregan 1996}) conciliaron estas dos posiciones y demostraron que la rentabilidad de distribuir recursos entre los votantes duros y entre los pivotes depende de la eficiencia gubernamental para operar la política redistributiva. Algunos de los ejercicios de investigación empírica que acompañan los trabajos teóricos anteriores son (^{Case 2001}), para el caso de (Albania, y ^{Dahlberg y Johansson 2002}) y (^{Johansson 2003}), quienes estudian procesos redistributivos en Suecia.

Más importante para nuestra investigación, en la cual no distinguimos directamente los grupos a los que se dirige la distribución de recursos públicos, son los trabajos que analizan la distribución del recurso gubernamental para proporcionar bienes privados, locales y públicos. La rentabilidad política de la inversión de recursos públicos en cada uno de estos tipos de bienes puede diferir de acuerdo con las características de los grupos sociales en los que se pretenda ganar apoyo político, así como en relación con las características de los grupos rivales y del contexto institucional. La distribución de recursos públicos que los gobiernos realizan entre bienes públicos, locales y privados, como estrategia de supervivencia política, depende del tamaño de los grupos sociales a los que se dirijan, su dispersión ideológica o de preferencias de política pública, y otros factores socioeconómicos como la distribución y el ingreso (^{Gatica, 2007}). Dado que la provisión de bienes públicos de cobertura universal afecta la percepción de un porcentaje alto de la ciudadanía, puede ser más rentable políticamente cuando no existen grupos bien identificados con preferencias ideológicas o con política pública definida para cada grupo. Por lo contrario, cuando estos grupos tienen preferencias claras y son poco dispersos, la inversión en bienes locales o privados para atraer el apoyo de estos agentes puede resultar más rentable que la inversión en bienes públicos universales (^{Robinson y Verdier, 2002}; ^{Gatica, 2007}). De igual manera, cuando el ingreso de algún grupo es relativamente bajo, es más rentable distribuir bienes privados cuando el número de integrantes no es muy alto (^{Robinson y Verdier, 2002}), y bienes locales cuando el tamaño del grupo es grande (^{Monrroy, 2009}). Modelos teóricos como los de (^{Robinson y Verdier 2002}), (^{Gatica 2007}) o (^{Monrroy 2009}), muestran que las estrategias óptimas son combinaciones de provisión de bienes públicos, locales y privados como forma de patronazgo político.

Un análisis similar a los anteriores es el de (^{Bueno de Mesquita et al 2004}), quienes a partir de construir una teoría del "selectorado", argumentan que este tipo de combinaciones son resultado de la competencia entre dos partidos y el tamaño de la coalición que garantice la supervivencia en el poder. Su argumento se basa en que la provisión de patronazgo se realiza dentro de un subconjunto de la ciudadanía que tiene el poder suficiente para definir los resultados de la competencia política, esta coalición es la que denominan el "selectorado". El tamaño del "selectorado" relativo al tamaño de la ciudadanía determina la cantidad de bienes públicos y privados empleados políticamente. Al igual que los modelos teóricos anteriores, el resultado del modelo del "selectorado" es una combinación de bienes públicos y privados que se distribuyen entre diferentes sectores sociales.

Por supuesto otro factor importante en la distribución de los recursos públicos, y que está presente en la mayoría de los argumentos teóricos, es la afinidad ideológica entre los votantes y los partidos (Munger y ^{Hinich, 1994}). Las relaciones que estos modelos teóricos argumentan respecto a la distribución de recursos públicos en diferentes maneras de patronazgo político han sido estudiadas empíricamente. Algunos ejemplos de los trabajos que han contribuido al análisis empírico en este ámbito son (^{Shefter 1977}), (^{Wantchekon 2003}), (^{Cornelius 2004}), (^{Cox y Kousser 1981}), (^{Cox y Thies 2000}), (^{Auyero 1999}, ²⁰⁰¹), (^{Estévez et al 2002}, ²⁰⁰⁶), (^{Brusco et al 2004}) y (^{Beck 2008}). Todos estos trabajos muestran las relaciones entre distintas variables socioeconómicas e ideológicas de los grupos sociales y el uso y distribución de recursos públicos con el fin de lograr la permanencia en el poder por parte del grupo gobernante.

El sistema de partidos puede ser también un determinante en las estrategias distributivas de recursos públicos para la supervivencia política de los gobernantes. (^{Chhibber y Noorunddi 2004}) encontraron que en el caso de la India, en los estados donde existe un sistema bipartidista, el gobierno tiende a competir electoralmente mediante una estrategia de provisión de bienes públicos mientras que donde hay más de dos partidos se tiende a proporcionar bienes locales o de tipo club. Dado que en sistemas multipartidistas únicamente se requiere una mayoría relativa para obtener un triunfo electoral, es posible que la provisión de bienes focalizados resulte mejor estrategia que ofrecer bienes públicos con cobertura amplia.

Para el caso mexicano existen algunos trabajos recientes que han analizado los determinantes de la supervivencia del PRI durante todo su periodo hegemónico, así como su derrota electoral en 2000 véase por ejemplo (^{Magaloni, 2006}, y ^{Green, 2007}). En estos trabajos existe un consenso de la importancia que los recursos públicos y el uso discrecional que los gobiernos han realizado para garantizar la supervivencia política. Aun otros estudios de la supervivencia política en México que se enfocan en temas como la elaboración institucional (^{Molinar, 1991}) o en la construcción de redes y coaliciones (^{Garrido, 1989}; ^{Gibson, 1997}) y las formas de reclutamiento (^{Smith, 1979}) coinciden en la importancia de la distribución de recursos públicos como una de las principales estrategias de los gobiernos priistas. Otras investigaciones para el caso mexicano se enfocan en analizar el uso de programas públicos específicos como estrategias de supervivencia política. Un par de ejemplos son los trabajos de (Dresser 1991) y (^{Molinar y Weldon 1994}), que estudian el Programa Nacional de Solidaridad, y posteriormente los de (^{Estévez et al 2002} y ²⁰⁰⁷) que analizan la distribución de recursos para el caso del programa Progresa. Sin embargo, este tipo de estrategias no es privativo de los gobiernos posteriores de la transición de 2000. (^{Díaz Cayeros et al 2006}) encontraron pruebas del uso de los programas Oportunidades y Seguro Popular por parte del gobierno federal en México para mejorar su posición dentro de grupos de votantes pivote durante el proceso electoral de 2006. Estos trabajos se han enfocado en programas manejados desde el gobierno federal, sin embargo también se ha encontado pruebas de esquemas de distribución de recursos públicos en los gobiernos municipales que pueden estar determinados por una estrategia de supervivencia política. (^{Moreno 2008}) ha analizado los efectos de la competencia política en diferentes esquemas de distribución del gasto público. Aunque este artículo busca estudiar los cambios que la competencia política puede impulsar en la eficiencia gubernamental, la manera en como construye sus indicadores de eficiencia refleja distintos esquemas de distribución del gasto público que responden al objetivo de supervivencia política.

Todas las obras que hemos mencionado hasta aquí son tan sólo una parte de una amplia bibliografía que se ha enfocado en analizar el efecto que tiene la competencia política en el uso y la distribución de los recursos gubernamentales para proporcionar diferentes tipos de bienes entre distintos grupos de la ciudadanía. Estos análisis toman como un hecho el que estas estrategias distributivas tienen como objetivo la supervivencia política y la permanencia en el poder de los grupos gobernantes, pero ninguno registra los resultados que estos esquemas distributivos del gasto público tienen en la permanencia de los grupos gobernantes. A diferencia de toda esta bibliografía, el objetivo de nuestro artículo es analizar el efecto que esta distribución de recursos públicos tiene en la probabilidad de sobrevivir políticamente y mantenerse en el gobierno.

Por otra parte, a pesar del alto grado de concentración en la ejecución del gasto público por estratos de gobierno en México,¹ el incremento en términos reales de los montos de recursos ejercidos por el municipio ha presentado un crecimiento considerable: de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 1994 a 2006 el incremento fue de poco más de 150%. Este aumento en los montos de gasto manejados por los ayuntamientos, junto con las reformas institucionales llevadas a cabo en el decenio de los noventa -con las cuales las alcaldías adquirieron mayores atribuciones en materia de prestación de servicios públicos, sobre todo a raíz de las reformas al artículo 115 constitucional en 1999- los municipios pasaron de ser meros apéndices del ejecutivo estatal a constituirse en una esfera de gobierno con mayor relevancia en la vida pública del país.

Este contexto, en el que los gobiernos municipales cuentan con mayor capacidad de decisión en el ejercicio de su gasto, nos permite analizar la influencia de las transferencias que realizan los gobiernos municipales, tanto en bienes públicos como en bienes privados, en la probabilidad de permanencia en el poder local del partido en el gobierno. Para ello estimamos estadísticamente el efecto que tienen ciertos rubros de gasto público en la probabilidad de alternancia política, con base en las teorías de redistribución política y del uso estratégico de la provisión de bienes públicos, locales y privados como patronazgo político, a las que ya hemos hecho referencia. No obstante, a diferencia de varios de los estudios empíricos de los determinantes políticos del gasto y la distribución de recursos públicos, nosotros no requerimos partir de un supuesto de búsqueda de supervivencia. Nuestro análisis simplemente observa la forma de distribución del gasto en el caso de los gobiernos municipales jalicienses y el efecto que esto tiene en la supervivencia política sin partir de supuesto alguno. Así, consideramos que nuestros resultados aportan pruebas que apoyan las teorías del uso político-estratégico del gasto público.

Para ello utilizamos como unidad de análisis los 124 municipios que conforman el estado mexicano de Jalisco con datos para las siete elecciones ocurridas en el periodo 1988-2006. Los ayuntamientos de esta entidad los consideramos idóneos para analizar el efecto de las transferencias locales en la alternancia partidista, ya que aparte de compartir la tendencia nacional anteriormente señalada, en dichos ayuntamientos para el lapso temporal referido el fenómeno de que se trata presentó una pauta por demás interesante: partiendo de una situación en la cual un partido gobernaba en prácticamente la totalidad de los municipios de la entidad (120 de 124 en 1988) únicamente cuatro municipios en 2006 continuaban sin presentar al menos una alternancia.

Asimismo, la alternancia en el poder municipal es un fenómeno que se presenta con cierta intensidad en los comicios del estado, ya que por ejemplo, en las últimas elecciones abarcadas en el análisis (2003 y 2006) alternaron de partido alrededor de 60% de los ayuntamientos. De hecho, el promedio de alternancias por municipio es de aproximadamente tres, considerando que de los siete periodos electorales abarcados hubo la posibilidad de presentarse hasta un máximo de seis alternancias, lo cual nos habla de la frecuencia con la que ocurre el fenómeno analizado.

Otra razón por la cual tomamos el caso del estado de Jalisco es que nos permite controlar por las características del sistema de partidos, ya que si bien al igual que en el resto del país existen más de dos partidos contendientes, en este caso, prácticamente en todos los municipios y durante todo el periodo analizado, la disputa política se dio entre dos partidos. De esta manera, y basándonos en (^{Chhibber y Noorunddi 2004}), podemos argumentar que la pauta en la probabilidad de supervivencia política para el caso de los municipios en Jalisco es independiente del número de partidos relevantes en la arena política y los cambios en la probabilidad de supervivencia dependen del modo en que se distribuye el gasto.

Para llevar a cabo lo anterior empleamos instrumentos estadísticos de análisis microeconométrico: modelos de duración, así como estimaciones de panel con variable dependiente discreta. Con las primeras técnicas se estima el efecto de diversos rubros de gasto (transferencias) en la probabilidad de que un municipio presente la primera alternancia partidista, mientas que con las técnicas de panel estimamos dicho efecto en la probabilidad de que un municipio alterne de partido en el poder entre gobiernos consecutivos. Entre los resultados obtenidos, la estimación del modelo de riesgos proporcionales indica que las transferencias privadas fueron efectivas para evitar la primera alternancia, mientras que las estimaciones de panel muestran que las transferencias públicas son más exitosas para detener la salida del poder local en el contexto de elecciones consecutivas. Esta situación indicaría que las transferencias privadas (mismas que seguramente se realizaban en favor del sector conocido como "voto duro") fueron la manera de evitar la primera alternancia por parte del partido dominante; sin embargo, una vez instalada la competencia electoral en el estado, las transferencias públicas se posicionaron como estrategia general de todos los partidos gobernantes como elemento para maximizar sus posibilidades de seguir en el poder local.

De igual manera, y acorde con los argumentos de (^{Lipset 1960}), se distingue el claro efecto que desempeña la modernidad socioeconómica, ya que en la medida en que los municipios reducen su marginación, éstos son más proclives a alternar (tanto por primera vez como entre elecciones consecutivas). Asimismo, otro resultado presente en los dos tipos de estimaciones consideradas es que tanto el tamaño del municipio (medido por el número total de habitantes) como la dispersión poblacional afectan de manera negativa en la probabilidad de alternar, situación que indicaría que las estructuras partidistas son más endebles en los municipios pequeños y cuya población se encuentra más dispersa o, visto de otra manera y como es de esperarse, la lucha por la supervivencia política es más grande donde hay mayor población concentrada, por lo que es probable que las redes de patronazgo en estas zonas estén más consolidadas y estructuradas, con lo que el efecto de la distribución política del gasto puede tener mayores resultados.

El artículo está organizado de la siguiente manera: la sección I presenta una revisión de la bibliografía acerca de los incentivos políticos detrás de la asignación del gasto público y su relación con la alternancia partidista; la sección II por su parte contiene el análisis empírico así como los comentarios de los resultados obtenidos; finalmente, se presenta las conclusiones.

I. LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS COMO ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA POLÍTICA

¿Cuáles son los incentivos políticos detrás de la asignación y ejecución del gasto público y, a su vez, cómo se relacionan con la alternancia partidista? Como lo señala (^{Díaz-Cayeros 1996}), la aplicación del gasto público nunca responde a criterios meramente técnicos, sino que la asignación del mismo (territorial, por ejemplo) se constituye como un instrumento vital para gobernar. En este sentido, no hay nada extraño o incorrecto en que los gobiernos (de cualquier estrato) utilicen los instrumentos que tienen a su alcance para mejorar sus perspectivas de continuar en el poder. En realidad, en la medida en que los instrumentos de gobierno responden de manera más inmediata a las demandas y necesidades de los distintos grupos que conforman la sociedad, se puede hablar de un sistema institucional "más o menos representativo y con capacidad de respuesta" (^{Molinar y Weldon, 1994}).

De esta manera, los partidos que buscan mejorar sus posibilidades de ganar elecciones y, por ende, de permanecer en el poder, pueden emplear los fondos públicos de tres diferentes modos (^{Díaz-Cayeros y Magaloni, 2003}): proporcionando bienes públicos, ofreciendo bienes locales financiados mediante la recaudación realizada en otras localidades (distribución tipo pork-barrel) o mediante el establecimiento de redes clientelares con ciertos grupos a cambio de apoyo o favores políticos por medio del intercambio discrecional de transferencias privadas.²

Exceptuando el caso de los bienes públicos universales o puros, Díaz-Cayeros y Magaloni señalan que la asignación de proyectos tipo pork-barrel es más común en el caso de países desarrollados -particularmente en el caso estadunidense, sobre todo a raíz del trabajo precursor de ^{Wright (1974}) acerca de los determinantes políticos en la aplicación del New Deal-, mientras que en el caso de países en desarrollo, el clientelismo político ha sido uno de los instrumentos más socorridos por los políticos y sus partidos en la búsqueda de maximizar sus posibilidades de permanencia en el poder.³ En el caso particular latinoamericano algunos que registran el uso de este tipo de distribución política del gasto son (^{Calvo y Murillo 2004}) y (Brusco, Nazareno y Stokes 2001) para Argentina; (^{Schady 2000}) para el caso Peruano y (Magaloni et al 2002) y (^{Molinar y Weldon 1994}) en el caso de México.

Por otra parte, como lo señala (^{Moreno 2007a}), es importante advertir que las relaciones clientelares entre los políticos y sus bases de apoyo se fundamentan en acuerdos (tácitos o explícitos) de cooperación y reciprocidad entre unos y otros. Esto es así debido a que (^{Robinson y Verdier, 2002}, p. 1): "dada su naturaleza, y debido a que la ley no puede ser usada como un medio para hacer cumplir los acuerdos clientelares, el acuerdo debe ser de tipo recíproco. El problema es de ambas partes: los ciudadanos-votantes deben entregar su apoyo, mientras que los políticos deben retribuir dicho apoyo una vez en el poder". Robinson y Verdier (op. cit) plantean un modelo en el cual dan una solución particular al problema de reciprocidad y credibilidad, el cual consiste en el intercambio de empleos en el sector público por apoyo político.

No obstante lo anterior, el otorgamiento de empleos en el sector público es sólo una manera de resolver el problema de reciprocidad, ya que mediante el empleo de transferencias privadas (con la forma de subsidios, licencias, permisos, contratos y/o créditos, por señalar algunos) también puede resolverse dicho problema al establecer de igual manera una relación entre patrón y cliente basada en la dependencia material de bienes que algunos individuos consideran indispensables para su bienestar, principalmente los que pertenecer a los estratos de más bajos ingresos (^{Díaz-Cayeros et al, 2007}).

A diferencia de las prácticas clientelares, la redistribución política por medio de bienes locales (pork-barrel) implica un proceso de recaudación estratégica. Dado que en el caso de los gobiernos municipales la mayoría de sus recursos no provienen de sus propias recaudaciones sino de transferencias desde la federación, es difícil hablar de una estrategia de este tipo. No obstante, los gobiernos municipales utilizan los recursos con los que disponen para proporcionar bienes locales y colectivos con base en estrategias de supervivencia política, aun cuando los recursos provenientes de la federación vengan etiquetados para rubros específicos. Por lo general este tipo de gasto se destina a bienes duraderos, lo cual no aporta los incentivos para establecer una relación de reciprocidad en el mediano o largo plazos entre los votantes y el partido gobernante. Es por ello que existe una preferencia por las transferencias privadas que mantienen una relación de dependencia en periodos más prolongados (^{Gatica y Tapia, 2011}). Es posible que sea esta la razón por la que se perciba un mayor uso de estrategias clientelares que de provisión de bienes locales y por lo que esta última estrategia haya sido poco estudiada hasta ahora, al menos para el caso mexicano.

En cuanto a los factores que determinan las estrategias clientelares, estas son guiadas tanto por factores de oferta como de demanda. Respecto a la oferta de patronazgo, la bibliografía identifica básicamente el monopolio que detentan los políticos en el cargo en recursos públicos que los votantes valoran (^{Medina y Stokes, 2002}). Respecto a la demanda, (^{Díaz-Cayeros y Magaloni 2003}) señalan como el factor más importante el status socioeconómico de los ciudadanos, factor que puede hacer que éstos sean más o menos proclives a aceptar este tipo de intercambios. (^{Auyero 1999}) identifica también factores coyunturales que pueden ofrecer espacios de negociación clientelar, en los que los ciudadanos perciben el patronazgo como una maneras de resolver problemas específicos. Asimismo, variables tales como las tasas de alfabetización y capacidad de organización-movilización ciudadana, que al estar relacionadas con el ingreso, también se les identifica como aspectos relevantes para determinar si el intercambio clientelar tendrá lugar.

Si bien la oferta de patronazgo está determinada por el control de recursos públicos como lo señalan (^{Medina y Stokes 2002}), la manera en cómo se proporciona el patronazgo está también determinada por características de los grupos de ciudadanos. La relevancia política de los distintos grupos sociales así como su rentabilidad no es homogénea y depende por ejemplo del tamaño de cada grupo en relación con el resto de la población, de la dispersión ideológica dentro de cada grupo y del número de seguidores duros o de pivotes o indecisos que haya no sólo en el conjunto de ciudadanos sino en cada grupo relevante políticamente. Como lo dijimos líneas arriba, la bibliografía de política distributiva (^{Coughlin,1986}; ^{Lindbeck y Weibull, 1987}; ^{Dixit y Londregan, 1995}, ¹⁹⁹⁶; ^{Cox y McCubbins, 1986}) argumenta que la distribución de bienes privados se dirige ya sea hacia los votantes indecisos o hacia el voto duro del partido en el gobierno. Parte de la bibliografía señala que la mejor estrategia al respecto es invertir en el segundo tipo de electores referidos, considerando que son éstos quienes pueden hacer la diferencia entre ganar o perder una elección (^{Stokes, 2005}), sobre todo en contextos de alta competencia electoral, y en particular en estructuras de competencia política bipartidista (Chibber y Noodurin, 2004).

Sin embargo, (^{Díaz-Cayeros et al 2007}) advierten que esta estrategia es desestabilizadora en el largo plazo (con el esquema de un juego repetido, por ejemplo), ya que en caso de que los partidos en el poder optaran permanentemente por soslayar las bases partidistas en apoyo a los votantes indecisos, éstos estarían enviando la señal errónea, esto es, que no premian la lealtad de sus seguidores fieles. No obstante lo anterior, los trabajos referidos identifican este debate como una disyuntiva de "todo o nada" (todo para las bases o todo para los indecisos); sin embargo, otros enfoques sugieren otras estrategias para afrontar este dilema (^{Dixit y Londregan, 1996} y ¹⁹⁹⁸).

(Magaloni et al 2002), por ejemplo, sugieren que en aras de mantener cierta participación de votos por parte de ambos tipos de electores, los partidos en el poder deben diversificar su "cartera de transferencias" entre bienes públicos y privados. Para ello, el partido gobernante intentaría atraer a los votantes indecisos con bienes públicos (de los cuales los votantes de las bases no pueden ser excluidos), mientras que el apoyo de sus bases lo podría mantener por medio de transferencias privadas.

A pesar de que esta estrategia de diversificación implica un mejor manejo de riesgos electorales que la anterior disyuntiva entre las bases y los indecisos, Magaloni et al (op. cit.) son claros al señalar que aun considerando la opción de diversificar, los votantes indecisos todavía representan una apuesta riesgosa, debido a que están sujetos en gran medida al problema de reciprocidad, ya que a diferencia de los electores de las bases, éstos pueden disfrutar del bien público y aun así votar por cualquier otro partido, es por ello que las transferencias privadas deberían mantenerse hacia las bases como una manera de manejar el riesgo electoral.

Por último, es importante señalar al respecto que los enfoques anteriores se basan en el supuesto de que los partidos en el poder cuentan con una amplia red de organización que les permite mantener la estructura clientelar (^{Díaz-Cayeros et al, 2007}): en el caso del modelo de ^{Robinson y Verdier (2002)}, esta función la cumple la relación contractual, mientras que en el enfoque de Magaloni et al (2002) se requiere una densa red de organización capaz de identificar la lealtad de los votantes, así como aquellos que pertenecen a la oposición (empleando para ello figuras como caciques locales y/o líderes sindicales, por ejemplo). Estas redes para el caso mexicano se construyen primordialmente en los gobiernos locales.

II. ANÁLISIS EMPÍRICO

Se emplea instrumentos de corte microeconométrico para analizar de manera empírica el efecto de las transferencias locales en la alternancia partidista, según las características que ha presentado dicho fenómeno en los ayuntamientos de la entidad desde dos perspectivas: en primer lugar, se utiliza un modelo de riesgos proporcionales para identificar el efecto de dichas transferencias en que se presentara la primera opción de partido en el gobierno municipal, basados en el hecho de que un partido (PRI) gobernaba en prácticamente la totalidad de las municipalidades en la elección que partimos para el análisis (1988). En segundo lugar, se analiza el efecto que tienen las mismas transferencias en la alternancia partidista entre gobiernos consecutivos mediante la estimación de un modelo de panel con variable dependiente discreta. Antes de pasar describir las técnicas por emplear, así como las bases de datos utilizadas para tal propósito, se presenta a continuación un análisis descriptivo de la alternancia partidista en los municipios del estado durante el periodo en análisis.

1. La alternancia partidista: Análisis descriptivo

La Gráfica 1 muestra el número de municipios gobernados por partido político en las elecciones abarcadas en el periodo de referencia.⁴ En la misma podemos apreciar claramente la evolución del PRI en el poder municipal: de una situación de haber obtenido 120 de los 124 municipios en la elección de 1988 a tener 46 municipios en la elección de 2006. Lo anterior por acción del Partido Acción Nacional (PAN), quien ganó únicamente dos municipios en 1988, da un salto considerable en la elección de 1995 -cuando obtiene 52 municipios, además de la gubernatura- y para la elección de 2006 rebasa por primera vez en la historia del estado al PRI en el número de municipios gobernados al ganar 63 ayuntamientos, posicionándose así como el partido que más municipios gobierna en la entidad.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Instituo Electoral del Estado de Jalisco.

GRÁFICA 1 Municipios gobernados por partido político (1988-2006) 

Respecto a los restantes partidos, éstos se agrupan en la categoría denominada como "resto", que incluye a los demás partidos que han triunfado en algún municipio a lo largo de las elecciones consideradas (siendo el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde Ecologista los más destacados), y que como se aprecia, tienen una participación pequeña de los municipios ganados por elección comparados con el PRI y el PAN. La situación del arribo del PAN al poder a escala municipal puede apreciarse mejor con la ayuda de las siguientes gráficas. La número 2 presenta el número total de alternancias por periodo. En ella se aprecia claramente el salto ocurrido en 1995: al pasar de un total de 22 alternancias del periodo 1998-1992, a más del doble en el siguiente, tendencia que se mantuvo constante en las dos siguientes elecciones (1997 y 2000), y que se incrementó considerablemente en los últimos dos periodos considerados, con un máximo de 75 alternancias en el de 2000-2003.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Instituo Electoral del Estado de Jalisco.

GRÁFICA 2 Número total de alternancias por periodo 

Complementando la idea anterior, la Gráfica 3 muestra el número de alternancias, ahora por partido político, en la que una vez más se aprecia el salto del PAN en la elección de 1995, ya que de las 55 alternancias ocurridas, 41 fueron para este partido político; número que bajó drásticamente en la siguiente elección, pero que retoma una evolución creciente a partir de ahí, alcanzando las 37 alternancias en la elección del 2006.

FUENTE: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de Jalisco.

GRÁFICA 3 Alternancias por partido político 

De esta manera el análisis que se acaba de realizar nos muestra básicamente dos situaciones: el aumento de la competitividad a escala municipal en el estado, expresado en el aumento del número de alternancias de partido por municipio, así como el aumento de la presencia del PAN (a costa del PRI) en el número de municipios ganados por elección. Pasamos a continuación a abordar la parte empírica del análisis, comenzando por el análisis de las técnicas duración.

2. Análisis de duración

El análisis de duración se aplica desde hace tiempo en ámbitos tales como la ingeniería industrial en la medición del tiempo de vida útil de una máquina, y en las ciencias biomédicas, en la investigación de la duración del tiempo de supervivencia de pacientes que recibieron algún trasplante, por ejemplo. En el campo de la economía, en fechas recientes ha ocurrido un aumento considerable de los ámbitos del análisis económico que han utilizado este tipo de metodologías, siendo la economía laboral el campo en el que surgieron las primeras aplicaciones, con el análisis de la duración del desempleo como el ejemplo clásico de su aplicación en economía. Posteriormente, otros ámbitos del análisis económico incorporarían este instrumental en el estudio de fenómenos, como son la duración de las expansiones y recesiones económicas (^{Diebold y Rudebusch, 1990}; ^{Fondo Monetario Internacional, 2009}), el análisis de crisis bancarias (^{Hernández y López, 2001}) y en la elaboración de modelos de alerta temprana para este tipo de sucesos (^{Ayala, Borges y Colmenares, 2007}), por mencionar algunos. De igual manera, en ciencia política también ha sido un campo fértil para la aplicación de este tipo metodologías, en el estudio de la duración de las alianzas internacionales, por ejemplo ^{Zorn (2000)}.

Básicamente, el análisis de duración busca modelar la probabilidad de ocurrencia de un hecho, en el cual la variable de interés es el periodo que ocurre desde el inicio hasta el final del hecho o hasta el momento en que alguna medición al final del mismo es realizada. La manera más común de analizar la variable de interés es mediante duraciones de corte transversal, aunque también se pueden emplear estructuras de duración en panel.⁵

Otro aspecto importante en el estudio de estos modelos es la unidad de medida de la duración, así como la medición tanto del tiempo de inicio como de terminación de la duración del fenómeno de interés. Respecto al primer punto, en el presente artículo la unidad de medida es el lapso en periodos electorales (elecciones) que duró cada municipio en presentar la primera alternancia de partido en el poder, siendo siete las elecciones que incluye el periodo: 1988, 1992, 1995, 1997, 2000, 2003 y 2006.⁶ El tiempo de inicio de la medición para todos los ayuntamientos es la elección de 1988, por lo que en este sentido el inicio de la medición de la duración es en "tiempo real" para todos los municipios, debido a que el tiempo de inicio considerado para todos es el mismo (^{Hernández y López, 2001}).⁷

Respecto a la medición de la terminación del hecho, un problema pertinente prácticamente inevitable es que al momento de terminar la medición del mismo, parte de los sucesos incluidos en la muestra pueden no haber finalizado, quedando por tanto limitada la variable dependiente. En este caso, a este problema se le conoce como censura (aunque también puede presentarse el fenómeno del truncamiento), y el omitir su presencia en las estimaciones tiene las mismas consecuencias en el presente contexto como en el análisis de regresión (^{Greene, 2002}). En nuestro estudio, la censura surge del hecho de que algunos municipios -cuatro específicamente- continuaban sin alternar al momento de terminar la medición en la elección de 2006;⁸ en este sentido, tenemos un problema de censura en la parte derecha de la distribución.

a) La función de riesgo: Teoría. Entrando en materia, el análisis del fenómeno que nos interesa es modelado como una variable aleatoria T que tiene una función de distribución continua f(t), en la que t es una realización T. De esta manera, la función de distribución acumulada se expresa como (^{Greene, 2002}):

(1)

En el análisis de duración resulta más interesante centrarse en que la duración del hecho sea de al menos t, lo cual puede ser analizado mediante el uso de la función de supervivencia, la que se define como:

(2)

de esta manera, dado que la duración ha llegado hasta t, cabe analizar cuál es la probabilidad de que ésta termine en un intervalo corto, por decir ∆t:

(3)

Para analizar este aspecto de la distribución se introduce entonces la denóminada función de riesgo (hazard function):

(4)

Esta última relación nos indica la tasa en que se completan las duraciones, dado que el fenómeno ha llegado hasta t; en este contexto, (2003) por ejemplo nos indica aproximadamente la probabilidad de que un municipio en particular alterne por primera vez entre el periodo 2003-2006 dado que hasta la elección de 2003 había permanecido sin presentar la primera alternancia.

Por otra parte, como en nuestro estudio estamos interesados en medir el efecto de ciertas variables de interés en la probabilidad de primera alternancia, consideraremos la función de riesgo condicionada a la presencia de covariables o regresores. Cuando éstas no cambian en el tiempo, simplemente condicionamos la función de riesgo a dichas covariables. De esta manera, podemos escribir la función de riesgo condicionada como (Wooldridge, 2005):

(5)

en la que x es un vector de variables explicativas. En este sentido, puede demostrarse (Wooldridge, op. cit.) que las propiedades de la función de riesgo se mantienen aún condicionadas a la presencia de covariables, de manera que la expresión (4) puede reescribirse como:

(6)

En nuestro estudio modelaremos el efecto de las covariables en la función de riesgo de la primera alternancia por medio de un modelo de riesgos proporcionales (^{Cox, 1972}):

(7)

en el que K(·) ˃ 0 es una función no negativa de x, mientras que λ₀(t) ˃ 0 representa la función de riesgo base, la cual es común a todos los elementos de la población, en tanto que las funciones de riesgo individual difieren proporcionalmente basadas en la función K(x) de covariables observadas. Característicamente, K(·) es parametrizado como K(x) = exp(xβ) en que β es un vector de parámetros. De esta manera, en su versión log-linealizada:

(8)

con lo cual βj mide la semielasticidad de la función de riesgo con respecto a xj .

b) Covariables. A continuación se enumeran las variables que se emplearán para medir el efecto en la función de riesgo de la primera alternancia; de igual manera, a un lado de éstas se presenta el signo que se espera para las mismas de acuerdo con lo expuesto en la sección I respecto a los incentivos políticos detrás de la asignación y aplicación del gasto, controladas por otras variables relevantes:

1. Bienes privados por habitante, priv (-);

2. Bienes públicos por habitante, pub (-);

3. Gasto en nómina por habitante, gch (-);

4. Índice de marginación municipal, mrg (-);

5. Tasa de alfabetización municipal, alf (+);

6. Población, pob (-);

7. Dispersión poblacional, dis (-);

8. Participación ciudadana, pc (+), y

9. Índice de competencia electoral, ice (+).

Las variables i) y ii) corresponden a las transferencias por concepto de bienes privados y públicos por habitante (en pesos constantes, base 2002), respectivamente, y de las cuales esperamos un efecto negativo: a mayor cantidad de transferencias, menor la probabilidad de la primera alternancia municipal. Dichas variables se aproximan por los rubros de "subsidios, transferencias y ayudas" y "obras públicas y acciones sociales" publicados por el INEGI en su página electrónica en el apartado de Finanzas Públicas Estatales y Municipales (FPEM). La variable iii) es un proxy del manejo de los recursos de la nómina municipal (^{Robinson y Verdier, 2002}) medido por el gasto corriente (correspondiente al gasto en servicios personales de acuerdo con la clasificación del FPEM) por habitante, variable de la cual se espera el mismo efecto que de las dos anteriores: a mayor transferencia de recursos por esta vía, menor probabilidad de primera alternancia.

Para controlar por parte de la demanda el empleo de las transferencias con fines electorales, se incluye variables de índole socioeconómica de acuerdo con lo señalado por la teoría. En este sentido, se incluye el índice de marginación municipal construido por el Consejo Nacional de Población (Conapo) y la tasa de alfabetización en cada municipio (variables iv y v, respectivamente). Respecto al índice de marginación, esperamos un efecto negativo en la función de riesgo de la primera alternancia, ya que a mayor marginación menor probabilidad de alternar por primera ocasión. En relación con la tasa de alfabetización municipal, para la misma esperamos un efecto positivo, ya que dicha variable se encuentra relacionada positivamente con el ingreso, y por ende con una menor posibilidad de proliferación de estrategias clientelistas que pudieran funcionar como mecanismo para evitar la salida del partido en el poder municipal.

Además de las variables socioeconómicas anteriores se incluye en las estimaciones medidas de tamaño del municipio (variable vi, aproximado por el número total de habitantes) y de dispersión poblacional (variable vii, expresada como el porcentaje de personas que vive en comunidades con menos de 5 mil habitantes), de las cuales se espera un efecto negativo en la probabilidad de primera alternancia. En el caso de la variable pop debido a la relevancia política de los municipios más poblados respecto a sus contrapartes menos habitados (^{Hernández y Jarillo, 2008}), esto es, cabe esperar mayores esfuerzos clientelares donde hay más población que donde hay menos. En el mismo razonamiento, la variable dis al estar positivamente correlacionada con la marginación local, también se espera un efecto negativo en la probabilidad de la primera alternancia.

En lo que se refiere a las últimas dos variables consideradas, el porcentaje de participación ciudadana en las elecciones locales (variable viii) se incluye como proxy de una medida de movilización ciudadana y de la que se espera un efecto positivo, ya que como lo han señalado varios autores (^{Campbell y Fuhr, 2004}, por ejemplo), la capacidad de movilización ciudadana influye en la asignación de recursos por parte de los gobiernos locales. En el caso de los municipios mexicanos, ^{Moreno (2008)} ha encontrado pruebas de cómo influye la participación ciudadana (medida por esta vía) en la provisión de servicios básicos (agua potable y alcantarillado).

El índice de competencia electoral (variable ix),⁹ como su nombre lo indica, mide la competencia en los comicios locales, y del mismo esperamos un efecto positivo en la primera alternancia: cuanto mayor competencia electoral, mayor probabilidad de alternar. Las variables relativas a finanzas públicas municipales -i) a iii)-, la fuente es el sistema de FPEM del INEGI,¹⁰ y para expresar éstas en términos de cientos de pesos per capita se emplearon los datos de población provenientes de los respectivos censos y conteos de población y vivienda de 1990 a 2005 que publica INEGI; respecto a las variables socioeconómicas -iv) a vii)- la fuente es Conapo; para las variables viii) y ix), éstas fueron construidas con fundamento en la base de datos en elecciones locales publicada por el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) en su página electrónica.

En el Cuadro 1 se muestra los resultados del modelo de riesgos proporcionales, en el cual cabe destacar la manera que fueron tratadas las covariables, de las cuales -siguiendo a ^{Hernández y López (2001)} - se tomaron los respectivos promedios muestrales para mitigar el problema de covariación endógena, aspecto que no modelamos en las estimaciones.¹¹

FUENTE: Estimaciones propias.

^a Pseudologaritmo de verosimilitud: -491.83, N = 124 (observaciones censuradas: 4), Wald x² = 54.40 (prob. = 0.0000). Estadístico Z entre paréntesis

* y ** denotan significancia estadística a 5 y 10%, respectivamente.

CUADRO 1 Resultados del modelo de riesgos proporcionales^a 

Respecto a los resultados,¹² se aprecia que tanto las transferencias privadas como las públicas resultaron en un efecto de acuerdo con lo esperado, ya que ambas incidieron negativamente en función de riesgo de primera alternancia; sin embargo, la parte estadística no arroja pruebas concluyentes respecto a las transferencias públicas, ya que de las dos mencionadas, únicamente la correspondiente a las transferencias privadas resulta estadísticamente significativa (al 5%). En este sentido, el resultado anterior nos confirma que las transferencias privadas resultaron ser el mecanismo más efectivo para evitar la salida del PRI en el poder de las alcaldías. Por otra parte, el manejo de la nómina municipal resultó en un efecto contrario al esperado, ya que incidió positivamente en la función de riesgo de la primera alternancia a 95% de confianza.

Este último resultado sugiere que el empleo de patronazgo político por medio del otorgamiento de empleos en la burocracia local no resultó en una red lo suficientemente sólida para funcionar como un mecanismo de contención a la salida del poder local, aunque también cabe la posibilidad de que el hecho de que esta variable haya resultado contrario a lo esperado pudiera deberse a que los votantes castigaran al PRI por el hecho de engrosar la nómina municipal a expensas de otro tipo de gasto más apremiante para el desarrollo de los municipios (como la obra pública, por ejemplo).

Por otra parte, se aprecia el papel desempeñado por el proceso de modernidad socioeconómica, ya que tal y como lo predice la teoría (^{Lipset, 1960}), en la medida en que se incrementa el bienestar de la población, es menos probable que tenga lugar la presencia de estrategias clientelistas; de esta manera, al reducirse la marginación, los ayuntamientos del estado fueron más proclives a presentar su primera alternancia.¹³ Lo anterior resulta válido aun cuando la variable correspondiente a la tasa de alfabetización resulta con un efecto contrario al esperado, aunque este efecto no tiene significación estadística.

De igual manera, la variable correspondiente al tamaño del municipio resulta en un efecto acorde con el esperado, ya que el signo del coeficiente de la variable pop indica que los municipios más pequeños fueron los que resultaron más proclives a alternar por primera ocasión, resultado este significativo al nivel de confianza de 90% al igual que la variable correspondiente a la dispersión municipal. En este sentido, la evidencia anterior sugiere el medio físico de los municipios retrasó el hecho que de que se presentara la primera alternancia, ya que en los más pequeños y con una población más dispersa, el acceso de la oposición pudo haber resultado más difícil, por ejemplo. Asimismo, el hecho de que a mayor tamaño del municipio menor probabilidad de la primera alternancia sugeriría que las estructuras partidistas en los ayuntamientos más pequeños son más endebles que en sus contrapartes más poblados, de ahí que éstos resultaran ser más proclives a alternar por primera ocasión.

Por último, al respecto, se aprecia que el proxy de movilidad social empleado (la tasa de participación ciudadana en los comicios locales) resultó en un efecto positivo en la función de riesgo, aunque la evidencia no es concluyente, dado que el coeficiente asociado no resultó estadísticamente significativo. De igual manera, la competencia electoral tampoco resulta ser un factor que ayude a explicar la primera alternancia, dada la carencia de significación estadística del coeficiente respectivo, que incluso aparece con el signo contrario al esperado, hecho que podría deberse a que más que los incrementos de la competencia electoral, otros factores de índole socioeconómica y relacionados con las transferencias resultan ser más importantes a la hora de explicar la primera alternancia en los ayuntamientos del estado.

3. Análisis de panel

Empleamos ahora un modelo de panel con variable dependiente discreta para estimar el efecto de las transferencias consideradas en la alternancia partidista de los ayuntamientos entre dos gobiernos. La variable de interés en este caso toma el valor de 1 si el municipio alternó de partido político en el poder en gobiernos consecutivos y 0 en otro caso. Se emplean estimaciones en panel en el supuesto de una distribución logística debido a las ventajas en términos estadísticos que posee ésta sobre la normal en términos de consistencia de los estimadores y de la parsimonia de los supuestos en que descansa (^{Wooldridge, 2002}).

Por otra parte, las variables empleadas en el análisis son básicamente las mismas que las utilizadas en el análisis de duración, únicamente se incluyen tres variables adicionales: la yuxtaposición política de los alcaldes con respecto al partido en el gobierno del estado (yux, que toma el valor de 1 si el alcalde es de un partido político diferente al del gobernador en turno),¹⁴ la carga impositiva por habitante (iph, la recaudación de impuestos propios de los ayuntamientos respecto al número total de habitantes) y una variable ficticia o dicotómica (dummy) para señalar llegada del PAN al poder en la gubernatura del estado (d95, vale 1 para las elecciones de 1995 en adelante y 0 en otro caso). Respecto a la yuxtaposición esperamos un efecto positivo, debido a que el ejecutivo estatal puede utilizar-distribuir discrecionalmente el gasto público para favorecer a los municipios que pertenecen a su partido a costa de los de oposición véase (^{Moreno, 2008}), por ejemplo.

En relación con la recaudación de impuestos locales por habitante, ésta se incluye para medir el efecto del ejercicio de las potestades tributarias en la alternancia, con lo cual queremos indagar respecto al costo de oportunidad que en términos electorales puede llegar a representar dicho ejercicio (^{Moreno, 2007b}), por lo que en este sentido, esperamos que los municipios con mayor carga tributaria de ingresos propios per capita sean más proclives a alternar entre gobiernos consecutivos. De igual manera, para d95 esperamos un efecto positivo mediante el cual se capte cierto efecto de "arrastre" del arribo del PAN al ejecutivo estatal, situación que se traduciría en el incremento en la probabilidad de alternancia.

Antes de pasar a las estimaciones, en el Cuadro 2 se muestran las estadísticas descriptivas de las variables cuantitativas empleadas en la estimación del modelo de panel (todas las variables monetarias expresadas en pesos constantes, base 2002).

FUENTE: Estimaciones propias.

CUADRO 2 Estadísticas descriptivas de las variables en el modelo de panel 

Como se observa, en algunas variables la variación en el tiempo (dentro de los municipios) es mayor (en las correspondientes a las transferencias públicas y privadas, así como en la de gch, por ejemplo), mientras que en el caso de las variables socioeconómicas, en términos generales, la situación es la inversa, ya que la variación entre los municipios es mayor a la variación dentro de los mismos.

Para fines de estimación, aun cuando la estructura de información podría prestarse para realizar estimaciones con efectivos fijos, esto generaría una pérdida considerable de grados de libertad. Al respecto, la aplicación de la prueba de Hausman no arrojó una diferencia sistemática entre los coeficientes de la estimación de efectos fijos y aleatorios (prob. = .9086), de ahí que hayamos optado por este último enfoque en las estimaciones, las cuáles resultan congruentes con los diferentes puntos de la cuadratura ajustada (8 y 16 puntos) respecto a la de referencia (12 puntos) de acuerdo con el estadístico de Gauss-Hermite, ya que ningún caso se rebasa la regla general de una diferencia relativa mayor a 0.01% en los dos puntos de comparación (véase Cuadro A1 del ^apéndice).

Lo que sí se incluyó en las estimación (aunque por razones de espacio no se muestran) fueron los efectos fijos temporales para controlar por los efectos macroeconómicos que pudieron haber afectado el gasto público local y por ende las transferencias consideradas (Arellano y Bover, 1991), tales como la crisis económico financiera de 1994-1995, y la creación del ramo 33 en 1998, cambio legal que incrementó de manera considerable las transferencias federales a los municipios del país.

Respecto a los resultados (véase Cuadro 3),¹⁵ las transferencias privadas resultan en un efecto contrario al esperado, aunque no estadísticamente significativo, situación contraria a la de las transferencias públicas, las cuales tienen el signo esperado y resultan significativas (al 87%). Esta situación, a diferencia de las estimaciones de la primera alternancia, sugieren que el mecanismo de contención de salida en el poder municipal resulta distinto en la lógica de las elecciones consecutivas, ya que dada la situación de competencia bipartidista (PAN-PRI) en la gran mayoría de los ayuntamientos del estado los votantes de las bases son insuficientes para asegurar la victoria del partido en el poder, de ahí que tenga que buscarse el apoyo de los electores indecisos, quienes harán la diferencia entre ganar o perder la elección (Magaloni et al, 2002), y de los cuáles el partido en el poder puede allegarse su apoyo de una mejor manera por medio de transferencias públicas (Chibber y Noodurin, 2004). Respecto al empleo del patronazgo político en la forma de empleos en la burocracia, la variable gch está de acuerdo con lo esperado, aunque dicho efecto no es estadísticamente significativo.

FUENTE: Estimaciones propias.

^a Wald x² = 73.02 (prob. = 0.0000). N = 744 (grupos, 124), log de verosimilitud: -466.89, ρ = .00818, prueba de verosimitud para ρ = 0: 0.53 (prob. 0.233). Estadístico Z entre paréntesis.

*, ** y *** denotan significación estadística a 5 y 10 y 13%, respectivamente.

CUADRO 3 Resultados de las estimaciones en panel con efectos aleatoriosa 

Por otra parte, en lo que se refiere a las variables de índole socioeconómica, de nueva cuenta se aprecia el peso que tiene dicha modernidad socioeconómica en la probabilidad de alternar, ya que tanto lo alfabetización como el desarrollo (la manera opuesta de considerar el índice de marginación), resultan en efectos positivos en la probabilidad de la alternancia, variables que como se mencionó también inciden en que municipios más desarrollados sean menos proclives a instrumentar actividades clientelares.

En lo que se refiere a la dispersión y al tamaño del municipio las estimaciones indican que al igual que en el caso del modelo de duración, el espacio físico también desempeña un papel importante en la probabilidad de que un municipio alterne en elecciones consecutivas, dado el efecto negativo de la variable dis, aspecto que dificulta el acceso a la oposición al poder local en municipios cuyo electorado se encuentra más disperso. De igual manera, el signo negativo de la variable población reafirma la idea de que cuanto mayor sea el municipio menor es la probabilidad de alternancia, lo que referíamos también a la posibilidad de que las estructuras partidistas en ayuntamientos de menor tamaño fueran más endebles respecto a sus contrapartes más poblados, así como al hecho de la importancia relativa que en términos políticos tienen las localidades más pobladas (^{Hernández y Jarillo, 2008}).

Respecto a las variables de índole político, al igual que en el caso del modelo de riesgos proporcionales, el proxy de movilización ciudadana empleado no tiene un efecto significativo en la probabilidad de alternancia, aunque ahora si resulta con el signo esperado. La situación de esta variable puede deberse a que no se tienen disponibles medidas de movilización-participación ciudadana más precisas (como la tasa de lectura de periódicos o el número de asociaciones civiles por municipio), de ahí que el proxy empleado no forzosamente refleje la ausencia de movilización ciudadana. Asimismo, la variable referente a la competencia municipal (a diferencia de las anteriores estimaciones) ahora si resulta en un efecto positivo y significativo en la probabilidad de alternar, hecho que indica que en el contexto de gobiernos consecutivos, la creciente competencia electoral incrementa la probabilidad de alternancia, aspecto que junto con el resultado referente a las transferencias públicas ayuda a entender porque éstas resultan más efectivas como mecanismo para evitar la salida del poder municipal, mismas que pueden alcanzar un segmento más amplio del electorado, y en particular a los indecisos, los cuáles pueden representar la diferencia entre ganar o perder la elección, dado el contexto de competencia bipartidista referido.

Para los impuestos por habitante el coeficiente respectivo indica que el incremento de la carga tributaria per capita no aumenta la probabilidad de alternar, ya que dicha variable no resulta estadísticamente significativa. Esto sugeriría que los políticos en el cargo en las alcaldías no incurren en costo electorales al ejercer las facultades impositivas relativas a los gravámenes locales (impuesto predial, principalmente, y algunos otros derechos y aprovechamientos), con lo cual habría cierto margen para mejorar la gestión municipal de recursos propios, aspecto que algunos autores han señalado en particular respecto al impuesto predial (^{Aguilar, 2009}), sin forzosamente incurrir en el costo que por lo común se asocia al cumplimiento de las potestades tributarias locales.

Por otra parte, la yuxtaposición política aparece como un factor por considerar en la probabilidad de alternar, ya que aunque el coeficiente respectivo se encuentra un poco por debajo de los márgenes tradicionales de significación (87%), el efecto de esta variable señala que los ayuntamientos gobernados por un partido distinto al del gobernador en turno son más proclives a alternar que sus contrapartes que comparten filiación partidista con el ejecutivo estatal, aspecto que sin duda señala ciertos aspectos de intervención que pudieran presentarse por parte del gobernador en turno al favorecer (en las gestiones y destino de recursos, por ejemplo) a los municipios gobernados por políticos pertenecientes a su partido. De ahí el que los ayuntamientos yuxtapuestos sean más proclives a desarrollar una capacidad de gestión propia con el objetivo de diferenciarse (sobre todo en materia de obra pública) respecto al ejecutivo estatal, como lo sugiere las pruebas encontradas por (^{Moreno 2007b}). Finalmente, se observa que con el cambio de partido en la gubernatura (1995) se incrementó la probabilidad de alternancia en los ayuntamientos del estado, mostrando con ello cierto efecto arrastre, mismo que fue expresado en un mayor número de alternancias en las elecciones de mediados de los años noventa en adelante.

CONCLUSIONES

Utilizando como marco de referencia la teoría del clientelismo político y la teoría de la provisión de bienes públicos con fines electorales en países en desarrollo, estudiamos el efecto de las transferencias locales (públicas y privadas) en la alternancia partidista utilizando datos referentes a los municipios que conforman el estado mexicano de Jalisco desde dos perspectivas: primera alternancia y alternancia entre administraciones consecutivas. Para ello se empleó un modelo de riesgos proporcionales, así como técnicas de panel con variable dependiente discreta.

Partiendo del hecho de que un partido gobernaba en prácticamente la totalidad de los ayuntamientos en la elección de 1988 (120 de 124), la pruebas obtenidas por medio de técnicas de duración indican que las transferencias privadas resultaron efectivas para detener la salida del partido dominante, pero no así las transferencias públicas. De igual manera, las estimaciones de la primera alternancia arrojaron pruebas del peso de la modernidad socioeconómica para que se presentara dicho suceso, ya que conforme los municipios redujeron su marginación fueron más propensos a alternar por primera ocasión. Relacionado con este hecho, las estimaciones referidas también mostraron como el tamaño del municipio (medido por el total de habitantes) y la dispersión poblacional incidieron negativamente en la probabilidad de la primera alternancia.

Contrario a los resultados del modelo de duración, las estimaciones de panel muestran que las transferencias públicas resultan más efectivas que las privadas para evitar la salida del poder local. En este sentido, se aprecia el efecto diferenciado de las transferencias acorde con el contexto de competencia política prevaleciente en el estado, ya que las transferencias privadas (que seguramente se canalizaban hacia el sector de votantes duros del PRI) resultaron ser la manera más efectiva de evitar la primera alternancia, situación que fue modificada a raíz del incremento en la competencia electoral, ya que al instalarse ésta (principalmente por medio del esquema bipartidista referido), las transferencias públicas tendieron a utilizarse como estrategia general.

De igual manera, el medio físico de los ayuntamientos aún desempeña un papel importante para la alternancia en este contexto, ya que los municipios más pequeños y con población más dispersa son más proclives a alternar entre gobiernos consecutivos que sus contrapartes más poblados. Por otra parte, el que los ayuntamientos gobernados por partidos yuxtapuestos al del titular del ejecutivo estatal sean más proclives a alternar confirma lo encontrado por otros autores (Moreno, op. cit.), en el sentido de que habría cierto favoritismo del ejecutivo estatal hacia los municipios gobernados por políticos de su mismo partido. Asimismo, el hecho de que la carga impositiva local no incida en la probabilidad de alternancia indicaría que los costos políticos por cumplir con las potestades tributarias no son como generalmente se cree, de ahí que pudiera haber margen para mejorar la gestión de recursos propios sin forzosamente poner en peligro la sobrevivencia política del partido en el poder local.