Introducción

A partir de 2005 la comunidad internacional ha experimentado incrementos considerables en los precios de varios productos agrícolas de gran importancia para el consumo humano. Por ejemplo, entre enero de 2005 y junio de 2008 el precio internacional del maíz, producto de gran relevancia para la dieta de los mexicanos, se incrementó 241%, el del arroz, 670%, y el del trigo, 279.3% (^{Banco Mundial, 2008a}). En México el valor unitario o precio medio de la canasta de productos agropecuarios importados se incrementó de manera significativa a partir de 2006. Al cierre de marzo de 2008 el valor unitario de dicha canasta tuvo un incremento de 62% en relación con 2005. Entre los productos cuyo encarecimiento ha significado un efecto importante para el país sobresalen el maíz, el trigo, la soya y la leche en polvo (^{Banxico, 2008}).

El incremento en los precios de los alimentos ha sido causado por varios factores: aumento en los precios de los energéticos y los fertilizantes; un incremento en la demanda por biocombustibles; sequías en Australia y otros países, e incluso el mayor poder adquisitivo de algunas naciones como China e India (^{IFPRI, 2008}; ^{FAO, 2008}; ^{Banco Mundial, 2008b}).

Dos factores de esta lista merecen especial atención. El mayor crecimiento económico de China e India ha contribuido a la expansión en el consumo de cárnicos en estos países, lo que a su vez ha influido en la demanda de forrajes para alimentar el ganado. El otro factor es la creciente demanda de etanol como biocombustible. Debido al incremento de la demanda de maíz para producir biocombustibles, algunos agricultores han sustituido la producción de trigo y soya por la de maíz, lo que ha contribuido a incrementar el precio de estos productos.

La reacción internacional no se ha hecho esperar, por lo que los gobiernos nacionales han aplicado una serie de medidas de política para enfrentar el problema. Respecto a la demanda, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, India, Indonesia, Marruecos, México, República de Corea, Rusia, Turquía y los integrantes de la Unión Europea han relajado los controles a la importación de diversas materias primas alimenticias (^{Banxico, 2008}). Azerbaiján, Benin, Camerún, China, Ecuador, Egipto, Malasia, Rusia, Senegal y Ucrania han establecido subsidios, controles de precios y eliminación de impuestos al consumo de alimentos. Estas reacciones han genera do mayores presiones en los mercados de productos agrícolas, lo cual se traduce en precios más altos de los alimentos (^{Banxico, 2008}; ^{IFPRI, 2008}).

A pesar de la preocupación creciente, tanto de la opinión pública como del gobierno Federal, en relación con el incremento en los precios de los alimentos, existe poca información acerca del efecto que dicho aumento tendrá en la pobreza en México. Esta preocupación está fundamentada, ya que los hogares pobres en nuestro país dedican prácticamente la mitad de su gasto a cubrir sus necesidades alimentarias.

La presente investigación tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, se analiza el efecto de los incrementos en el precio de los alimentos en la pobreza en México. En segundo lugar, se evalúa una serie de mecanismos de asignación de recursos a la luz de las acciones instrumentadas por el gobierno Federal para enfrentar la contingencia alimentaria. Durante el primer semestre de 2008 el gobierno Federal presentó una serie de acciones para apoyar la economía familiar, las cuales se sustentan entres grandes ejes (^{Sedesol, 2008}): i) facilitar el abasto y el acceso de los consumidores mexicanos a los mejores precios de los alimentos en el mercado internacional; ii) impulsar la producción de alimentos y aumentar la productividad del campo, y iii) proteger el ingreso de las familias más pobres. Esta investigación se centrará en el último de los ejes, que consiste básicamente en transferir 120 pesos mensuales a las familias que participan en algunos programas sociales, como Oportunidades, Apoyo Alimentario Diconsa y Apoyo Alimentario a Zonas Marginadas.

Comparado con artículos recientes que analizan el efecto del aumento en el precio de los alimentos en la pobreza (^{Ivanic y Martin, 2008}; ^{Dessus, Herrera y De Hoyos, 2008}), este artículo utiliza las variaciones compensatorias y equivalentes implica das por las variaciones en los precios relativos, en lugar de aproximaciones lineales a las mismas, para estudiar los efectos del incremento de precios en la pobreza. Para ello se estimó un sistema de demanda cuadrático casi ideal (SDCCI), que incorpora posibles modificaciones en el comportamiento de las familias. Por otra parte, el estudio utiliza la metodología oficial de medición de la pobreza del gobierno Federal para analizar no solamente los efectos, sino también para comparar diferentes opciones de política pública para enfrentar el problema, incluyendo la estrategia adoptada por el propio gobierno.

El artículo está dividido en cuatro secciones. La sección I presenta una breve descripción de las medidas de pobreza utilizadas, así como de la metodología oficial para la medición de la pobreza; la sección II describe la pauta de consumo de alimentos de las familias pobres y la estructura de precios que enfrentan, para lo cual se estima un índice de precios para los pobres y la característica distribucional de los alimentos que consumen; la sección III simula el efecto de una serie de incrementos en los precios de los alimentos en la pobreza por medio de un SDCCI. La sección IV compara el esquema de transferencias del gobierno Federal para enfrentar el aumento de precios con otros esquemas de asignación de recursos en el marco de la teoría de focalización. Al final se presenta las conclusiones. La metodología y la descripción de los datos utilizados se encuentran, respectivamente, en los apéndices 1 y 2.

I. La medición de la pobreza en México

En México la Ley General de Desarrollo Social indica que corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza (^{Coneval, 2006}). Este Consejo está integrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, por un secretario ejecutivo y por seis académicos.¹

El Consejo decidió que la metodología más sencilla y transparente era establecer líneas de pobreza monetarias empleando el ingreso neto total per capita como indicador de bienestar. Este ingreso considera ingresos corrientes monetarios y no monetarios. Además, estableció tres líneas de pobreza: alimentaria, de capacidades y de patrimonio. La primera hace referencia a una canasta alimentaria básica;² la segunda corresponde a los gastos necesarios para cubrir necesidades de alimentación, salud y educación; finalmente, la línea de pobreza de patrimonio representa el valor de la línea de pobreza de capacidades más gastos en vivienda y transporte considerados como necesarios. Estas líneas de pobreza se crea ron tanto para zonas rurales (comunidades con menos de 2 500 habitantes) como para zonas urbanas (comunidades con más de 2 500 habitantes).

II. Características del consumo e inflación de los alimentos

Una vez definida la manera de medir la pobreza, la presente sección describe las pautas de consumo de la población en general y de los individuos en situación de pobreza alimentaria en lo particular, así como en los movimientos en los precios de los alimentos ocurridos en los años recientes. Se estima, además, la característica distribucional de los alimentos para ubicar los grupos de alimentos que poseen un peso relativo mayor en el consumo de los individuos en situación de pobreza, lo cual sir ve como marco de referencia en el análisis de políticas públicas que se presenta en la sección IV del artículo.

El cuadro 1 presenta la proporción del gasto total que se destina al consumo de alimentos, para lo cual se clasificó a las familias por su situación de pobreza (pobres y no pobres) y por la ubicación geográfica de las mismas (áreas rurales y urbanas). Las familias rurales destinan en promedio mayor porcentaje de su gasto total al consumo de alimentos en comparación con sus contrapartes urbanas: mientras que los pobres rurales destinan en promedio 47.5% de su gasto total al consumo de alimentos, los pobres urbanos destinan poco más de 42%, es decir, una brecha de aproximadamente 5.5%. Por su parte, la brecha entre los no pobres rurales y los no pobres urbanos es de aproximadamente 8 por ciento.

En lo referente al consumo de cereales, leguminosas y tubérculos, el cuadro 2 presenta información relacionada con la pauta de consumo de los pobres rurales y urbanos. Como proporción del gasto total, el consumo de maíz es el ce real más importante para los pobres rurales y urbanos (6.4 y 5.3%, respectivamente). En las zonas rurales le siguen las leguminosas (3%), el trigo (2.5%), los tubérculos (0.7%) y el arroz (0.6%). La importancia relativa de estos productos cambia en el caso de los pobres urbanos, ya que al maíz le siguen el trigo (2.5%), las leguminosas (1.3%), los tubérculos (0.6%) y el arroz (0.3%).

La gráfica 1 presenta el índice nacional de precios al consumidor (INPC) presentado por el Banco de México y un índice de precios para los pobres alimentarios⁴ (INPC de los pobres). A partir de 2004 se observa la existencia de una brecha entre el INPC de los pobres y el INPC general que se ha mantenido hasta ahora. Una pauta similar se presenta en el caso del índice de precios de los alimentos (véase gráfica 2).

Gráfica 1 INPC general 

Gráfica 2 INPC alimentos 

Asimismo, se estimó la inflación de la canasta de alimentos utilizada en el cálculo de la línea de pobreza alimentaria, tanto rural como urbana. Mientras que, antes de 2004, la inflación general era mayor que la de los pobres, esta tendencia se ha revertido, manteniendo una inflación de la línea de pobreza alimentaria superior de uno a dos puntos respecto a la inflación general (gráfica 3). Por ejemplo, mientras que en el periodo 1998-2000 la tasa de crecimiento del INPC fue de alrededor de 27.2%, y la del INPC de los pobres rurales y urbanos de 19%, para el periodo comprendido entre agosto de 2006 y abril de 2008 el incremento del INPC fue de 8.26% y el de los pobres de aproximadamente 13%. Es decir, los movimientos en los precios, en particular en los alimentos, ocurridos en los pasados cuatro años han afectado a los grupos en situación de pobreza alimentaria con una mayor intensidad que al resto de la población.

Gráfica 3 Inflación de las líneas de pobreza 

III. Efectos en la pobreza de un incremento en el precio de los alimentos

Para evaluar el efecto de un incremento en el precio de los alimentos en la pobreza es necesario calcular la reducción en el ingreso real de las familias. Para calcular dicha reducción utilizamos la función de gasto e(p, u) y la variación equivalente (VE) del hogar cuando los precios pasan de p ₀ a p ₁, la cual viene dada por:

Intuitivamente, la variación equivalente representa el monto de dinero que, cuando pagado al consumidor, proporciona el mismo monto de utilidad después del cambio en precios, pero a los precios originales. Para ilustrar cómo las modificaciones en el comportamiento de los agentes afectan su ingreso real, supongamos que solamente el bien i cambia de precio. Utilizando el lema de Shepard, la derivada de la función de gasto respecto a p _i es la función de demanda compensada para el bien i, por lo que la expansión de Taylor arroja la siguiente expresión:

en la que h _i (p ₀, u ₁) es la demanda hicksiana del bien i y Δp _i representa el cambio en el precio del bien i.

El primer término en la expansión de Taylor denota el cambio necesario en el gasto que hace posible que el hogar pueda adquirir la canasta de consumo original (es decir, antes del cambio en precios). Esta sería una aproximación lineal de la variación equivalente. Los demás términos en la expansión de Taylor representan cambios en la demanda, a lo cual nos referiremos como efecto comportamiento para el resto de la investigación.

En el análisis de los efectos en la pobreza se genera ron diferentes panoramas de crecimiento en el precio de los alimentos. Dichos efectos se estimaron, por una parte, sin tomar en consideración las posibles modificaciones en el comportamiento de los agentes, es decir, utilizando únicamente una aproximación lineal de la variación equivalente. Por otra parte, se estimaron los efectos tomando en consideración el efecto comportamiento en el cálculo del ingreso real, para lo cual se estimó un SDCCI (véase apéndice 1). Una vez que se estimó la variación equivalente tanto por el método de aproximación lineal como por el SDCCI, se procedió a calcular el ingreso equivalente de las familias restando la variación equivalente del ingreso observado. El análisis se realizó para la incidencia de la pobreza (α = 0), la brecha de pobreza (α = 1) y la brecha de pobreza al cuadrado (α = 2).

La primera columna del cuadro 4 registra los niveles de pobreza observados en 2006. Para ese año, 13.8% de la población nacional, 7.5% de la población urbana y 24.5% de la población rural, vi vía en situación de pobreza alimentaria. Las de más columnas presentan los efectos en la pobreza de una serie de incrementos en el precio de los alimentos que van de 5 a 30%. Por ejemplo, un incremento de 15% en el precio de los alimentos implicaría que la proporción de individuos en pobreza alimentaria pasara de 13.8 a 15.7%,⁵ utilizando las variaciones equivalentes, inclusive el efecto comportamiento. Este incremento no es homogéneo entre las zonas urbanas y rurales: mientras que en las primeras la incidencia pasa de 7.5 a 9.1%, en las segundas la proporción de personas en situación de pobreza pasa de 24.5 a 27.1%. Resultados análogos se presentan para el caso de la brecha de pobreza y la brecha de pobreza al cuadrado.

Ahora bien, ¿en qué medida la capacidad de sustitución de las familias amortigua el efecto del alza de precios en los alimentos? Una opción metodológica para contestar esta pregunta sería comparar los niveles de pobreza utilizando la variación equivalente con efecto comportamiento [ecuación (5)] respecto a la variación equivalente lineal. Esto último se aproximó multiplicando, para cada hogar, el valor de la canasta de alimentos consumida por la variación en su precio, de tal manera que los hogares estuvieran en posición de adquirir la canasta originalmente consumida pero a los nuevos precios. Formalmente, el efecto de la capacidad de sustitución de las familias en la pobreza viene dado por:

en que x _l es el vector de alimentos consumido por el agente l y Δp representa un vector de variaciones en precios correspondiente a dicho vector de alimentos. De esta manera, Δ^α es un indicador del efecto que tiene la capacidad de sustitución de los individuos para aminorar la consecuencia del incremento de precios en la pobreza.

El cuadro 5 presenta las estimaciones de Δ^α, α ∈ {0, 1, 2}, para las zonas rurales y urbanas del país, así como a nivel nacional. En general, el efecto comportamiento disminuye la repercusión en la pobreza de un incremento en el precio de los alimentos. Por ejemplo, ante un aumento del precio de los alimentos de 15%, los cambios en el comportamiento de los agentes implican una incidencia de la pobreza 0.2% menor en relación con la proporción de pobres estimada con la aproximación lineal; esta diferencia aumenta a 0.8% de la población nacional cuando los precios se incrementan 30%. Resultados similares se encuentran para los otros panoramas y medidas de pobreza. Sin embargo, la capacidad de sustitución de los hogares pobres en las áreas urbanas es casi nula, como lo muestra el propio cuadro 5, en particular para la brecha de pobreza y la brecha de pobreza al cuadrado. Se observa, además, que la capacidad de sustitución es mayor en las áreas rurales debido probablemente a la mayor importancia relativa del autoconsumo en el campo mexicano.

IV. Focalización y política pública

Aunque el efecto comportamiento coadyuvó a disminuir la consecuencia del incremento de precios (cuadro 5), en particular en las zonas rurales, un porcentaje importante de la población nacional se ubicó por debajo de línea de pobreza alimentaria, por lo que la instrumentación de una adecuada política pública, en particular de una buena focalización de los recursos, se torna fundamental.

La asignación de los recursos públicos para enfrentar una contingencia alimentaria puede caracterizar se de manera general en dos vertientes. La primera de ellas utiliza instrumentos como subsidios y transferencias universales que benefician a la gran mayoría de la población, por lo que probablemente no concentran los recursos en el segmento más vulnerable al alza de precios. La segunda vertiente canaliza los recursos directamente a los pobres, variando el grado de focalización en función de la intensidad de la pobreza y de los efectos que el incremento de precios de los alimentos pudiera generar. Ambos tipos de asignación tienen consecuencias políticas importantes en términos de eficiencia, eficacia e incentivos genera dos.

En este trabajo de investigación analizamos cinco mecanismos de asignación de recursos: focalización perfecta, transferencia universal, subsidio al grupo de alimentos comprendido por cereales, leguminosas y tubérculos (véase apéndice 2), transferencia a los pobres y transferencia vía el programa Oportunidades. La primera consiste en compensar a las familias por el aumento en el precio de los alimentos utilizando como criterio de asignación el ingreso per capita familiar; la segunda implica transferir el mismo monto de recursos a toda la población; el subsidio consiste en intervenir en el precio del mercado para que determinado alimento o grupo de alimentos se puedan adquirir a un menor costo por parte de los consumidores; la transferencia a los pobres asigna la misma cantidad a todos los individuos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza; finalmente, la transferencia vía Oportunidades utiliza la plataforma de dicho programa (su padrón de beneficiarios) para asignar los recursos.⁶

La evaluación de los cinco mecanismos de asignación se realizó utilizando como criterios la eficiencia en la focalización, la distribución de los beneficios y el efecto en la pobreza. Para realización de este ejercicio empírico, suponemos el mismo presupuesto para todos los mecanismos de asignación. Este presupuesto es equivalente al número de familias en Oportunidades en 2006 multiplica do por 120 pesos mensuales. El número de familias beneficia das por Oportunidades en 2006 se estimó a partir de la ENIGH para ese año. Los 120 pesos representan el apoyo extra que el gobierno Federal otorgó recientemente a las familias que participan en Oportunidades y otros programas sociales para enfrentar la contingencia del alza en el precio de los alimentos.

Conclusiones

El aumento en los precios de los alimentos ha afectado a grandes segmentos de la población en México. Sin embargo, el efecto ha sido proporcionalmente mayor en los sectores más marginados de la población, debido sobre todo a la composición del consumo de las familias de menores ingresos, ya que la proporción del ingreso que destinan a la adquisición de alimentos tiende a ser mayor.

Por otra parte, observamos que los índices de precios al consumidor pueden llegar a sub estimar el efecto del alza de precios en los sectores en situación de pobreza alimentaria. La estimación del índice de precios para este grupo así lo indica. Una posible explicación es el hecho de que los pobres gastan una mayor proporción de su gasto en alimentos, que han tenido una inflación más alta en relación con otros productos utilizados por el INPC estimado por el Banco de México.

A partir de los estudios realizados es posible concluir que la pobreza es sensible a un aumento en el precio de los alimentos. Por ejemplo, un incremento de 15% implicaría, ceteris paribus, que aproximadamente 2% de la población pasara a ser pobre alimentario. Cabe destacar que también la intensidad de la pobreza tendría aumentos importantes, lo cual es congruente con el hecho de que el aumento en el precio de los alimentos afecta más que proporcionalmente a los grupos de menores ingresos. Sin embargo, el efecto comportamiento que opera por medio de la capacidad de sustitución de las familias coadyuva a aminorar el efecto del aumento de precios, en particular para los pobres rurales.

La focalización de los recursos públicos al instrumentar programas de protección social resulta fundamental para enfrentar la contingencia alimentaria. Al comparar diferentes mecanismos de asignación de recursos en términos de su eficiencia en la focalización, se pudieron ex traer una serie de consecuencias políticas. En primer lugar, los subsidios a los alimentos no son la mejor opción dentro del esquema de mecanismos analizados. En realidad, las transferencias universales tienden a mejorar el desempeño de los subsidios a los alimentos; en segundo lugar, la utilización de la plataforma de Oportunidades para canalizar recursos a la población en situación de pobreza alimentaria, si bien no se acerca a una focalización perfecta, sí representa una mejoría en términos de focalización respecto a los otros dos mecanismos mencionados.

Cabe destacar que durante el análisis no se tomaron en consideración los costos administrativos de los mecanismos de transferencia. Sin embargo, la transferencia vía Oportunidades representa una ventaja clara respecto a otros mecanismos, ya que los 120 pesos transferidos a las familias beneficiarias representan prácticamente el costo marginal. Al utilizar el padrón de Oportunidades y de los otros programas sociales para identificar a los beneficiarios del apoyo extraordinario de 120 pesos, el gobierno Federal se ahorra los costos administrativos de focalizar dicho apoyo.

Sin embargo, la utilización de los programas sociales como plataforma para enfrentar el problema alimenta rio presenta algunos desafíos por superar, ya que un porcentaje importante de la población en situación de pobreza alimentaria no está protegido por la red de programas sociales. Por otra parte, la efectividad de los programas sociales para transferir recursos varía según el área. Por ejemplo, mientras que la incidencia disminuye casi en un pun to porcentual en las zonas rurales utilizando la plataforma de Oportunidades, la proporción de pobres permanece casi inalterada en las zonas urbanas. Esto se debe principalmente a que la mayoría de los hogares en Oportunidades son rurales: mientras que el 36% de los hogares rurales declararon recibir los apoyos de Oportunidades en 2006, solamente 3.5% de los hogares urbanos lo hicieron. Por tanto, uno de los desafíos fundamentales del gobierno federal será el de ampliar la red de protección social en el corto y mediano plazos.

Una limitación del presente trabajo es que no se incorporó la oferta en las simulaciones. Si bien es cierto que un incremento en el precio de los alimentos por lo general implica una disminución en el poder adquisitivo de las familias, este argumento no se puede generalizar en el caso de los productores agrícolas, en particular cuando la producción excede al autoconsumo. En este sentido, un incremento en el precio de los alimentos no implica forzosamente un incremento en la pobreza (^{Aksoy y Izik-Dikmelik, 2008}).