Introducción

El surgimiento de las políticas petroleras nacionalistas en los países subdesarrollados es uno de los fenómenos políticos más significativos de nuestros tiempos. El petróleo ha alterado el curso de la historia política y económica de la Argentina [^{Solberg, 1982}:17].

En Argentina, el descubrimiento del petróleo dio inicio a un largo periodo de fuertes controversias, de discordias políticas y de pugna de intereses. En un principio, su hallazgo no provocó gran agitación, los diarios de la época apenas referenciaban el hecho. Pero, a medida que el petróleo se iba insinuando como una actividad rentable, el debate comenzó a intensificarse. Los periódicos informaban a la opinión pública, los profesionales publicaban artículos, los intelectuales debatían en torno a la modalidad de explotación del recurso, al rol que desempeñaría el Estado, las provincias o los capitales privados. Y, cuando las restricciones derivadas de la Primera Guerra Mundial hicieron evidente la dependencia que tenía la economía argentina del carbón importado de Gran Bretaña, el petróleo se convirtió en un recurso estratégico que agitó, aún más, el debate.

En los apartados de este trabajo se intentará demostrar que ese clima de controversias que se generó tempranamente en torno a la cuestión del petróleo en la Argentina y que se manifestó en el debate público continuó reflejándose en el terreno ideológico, institucional y político en las primeras décadas del siglo XX.

Con este objetivo, la primera sección de este trabajo se refiere a las diversas opiniones en torno a la cuestión de si el hallazgo fue o no casual. Si bien, suele identificarse al año 1907 como la fecha oficial del descubrimiento, lo cierto es que existen evidencias que demuestran que ya se conocía su existencia con anterioridad e incluso algunos emprendimientos privados ya habían intentado su explotación. En la segunda sección, se explican las primeras decisiones del gobierno argentino a partir de su descubrimiento en Comodoro Rivadavia entre 1907 y 1916 y el debate en torno al rol que desempeñarían los particulares y las compañías extranjeras. La tercera sección avanza sobre el debate público que oscilaba entre los argumentos que cuestionaban el avance del Estado en la explotación, hasta posiciones que proponían su nacionalización inmediata. En la última sección se hace referencia al sustento intelectual de aquellos que asumieron una posición nacionalista respecto al rol y a la producción de petróleo. Por último, se presentan las consideraciones finales.

1. Las discusiones en torno al descubrimiento

Para el común de la gente, el descubrimiento y la explotación del petróleo en la República Argentina se inician el 13 de diciembre de 1907, día del tan feliz como casual hallazgo del “oro negro” en Comodoro Rivadavia [^{Yrigoyen, 2007}: 16]. Esta es la fecha oficial, sin embargo, ajustándose estrictamente a los antecedentes históricos, mucho antes, los pueblos americanos ya conocían el petróleo, en la más tarde llamada región de Cuyo [^Sánchez, 2015: 26].

Otras referencias aluden a escritos de viajeros o atlas geográficos¹ que indicaban la existencia de petróleo en las provincias del noroeste. Posiblemente, estas evidencias dieron origen a los primeros intentos privados de explotación petrolera cuyo objetivo era producir kerosene para atender el creciente mercado de iluminación y calefacción en Buenos Aires y otras ciudades. La Compañía Jujeña de Kerosene fue la primera sociedad argentina petrolera que, hacia 1865, logró refinar petróleo. Sorprendido por la calidad del producto refinado, el presidente Sarmiento propuso fundar la Academia de Ciencias Naturales², con el doble objeto de estudiar sistemáticamente todo el territorio de la República, y para guardar, debidamente coleccionados, en su Boletín, los resultados de cada estudio [^{Harperath, 1916}: 130]. Se dispuso la exploración en varias provincias mineras del país comprobándose la existencia de petróleo en Mendoza. A su vez, en 1875, el gobierno de Jujuy permitió la explotación particular de un yacimiento que, al poco tiempo, llegó a elaborar kerosene para abastecer el alumbrado público de la capital provincial. El interés por la explotación del petróleo en las provincias del noroeste argentino continuó en la década de 1880. Varias compañías se constituyeron en Buenos Aires solicitándole al gobierno nacional la designación de profesionales para llevar a cabo los estudios científicos necesarios. Los informes presentados resultaron alentadores pero, aun cuando se utilizaron técnicas avanzadas para la época, los trabajos efectuados resultaron infructuosos. La Compañía Mendocina de Petróleo S.A. logró, con el asesoramiento de técnicos alemanes, concluir varios pozos, producir alrededor de 8000 toneladas de petróleo, construir un oleoducto de 35 kilómetros, desde el yacimiento hasta una estación ferroviaria cercana a la ciudad de Mendoza e incluso proyectaba instalar una refinería. Además extendió su actividad a Jujuy y Salta en busca de tipos de petróleo más liviano. Por otro lado, en el sur del territorio argentino, científicos extranjeros, a fines del siglo XIX, habían indicado la posible existencia de petróleo en las costas del golfo de San Jorge. Al conocerse en Europa los trabajos de F. Ameghino se suceden una serie de exploraciones internacionales lideradas por científicos de renombre. Entre 1881 y 1897 los italianos Santiago Bove y Carlos Spegazzini y los suizos Carl Burckhardt y Leo Werhli realizaron expediciones en la Patagonia y Tierra del Fuego.

Sin embargo, todos estos emprendimientos particulares, anteriores a 1907, no alcanzarían un éxito perdurable. Con el tiempo, no pudieron sobreponerse a la falta de experiencia, de recursos técnicos, de capitales, de mano de obra, de financiamiento y a la falta de interés por parte de las compañías ferroviarias. Se convirtieron, al decir de ^{Gadano, en la “prehistoria del petróleo argentino” [Gadano, 2006}: 25].

El proceso de explotación sistemática de petróleo comenzó con la perforación del primer pozo de Comodoro Rivadavia en 1907, en tierras fiscales. De acuerdo a la historia oficial el descubrimiento se produjo accidentalmente. “Buscando agua se encontró petróleo” decía el telegrama que informaba sobre el acontecimiento.

Sin embargo, el hallazgo no fue casual. Existió una etapa anterior al célebre hallazgo, etapa de previsiones, investigaciones, planificación técnica, adquisición de material y búsqueda en la que participaron científicos argentinos al servicio de la nación [^{Bernal, 2005}: 38]

Esta historia de petróleo patagónico en Comodoro Rivadavia nació con la casi sentencia de Francisco P. Moreno hacia 1901: “agua potable no van a encontrar, esto se lo puedo decir casi con seguridad, pero es fácil que encuentren otra cosa de tanto o más valor; yo estoy convencido que debe haber petróleo debajo de estos campos y para averiguar esto es necesario que se hagan perforaciones, así que soliciten nomás la perforadora que yo les voy a ayudar en sus gestiones” [^{Pérez Morando, 2010}: 15]. Así le informaba el Perito Moreno al Ing. Enrique Hermitte de la existencia de formaciones geológicas características de los yacimientos petrolíferos. Cuando Hermitte se hizo cargo de la Dirección General de Minas e Hidrología³ encomendó su búsqueda a un equipo de perforación de pozos de agua al que se había equipado especialmente para ambas tareas. Cinco años después, el 13 de diciembre de 1907 se confirmaban oficialmente sus apreciaciones.

La magnitud del descubrimiento y su ubicación respecto al mar, dada la ausencia de ferrocarriles, significaban una ventaja significativa en cuanto a los costos de transporte convirtiendo a Comodoro Rivadavia en el punto de partida para la explotación petrolera en el país.

Mientras tanto, en Buenos Aires, la noticia fue considerada como un proyecto experimental. Algunos periódicos de la capital, entre ellos La Nación, informaban que el hallazgo se había realizado de manera fortuita, intentando desvirtuar la tarea del Estado. Podría interpretarse, que las hipótesis de la búsqueda de agua y petróleo no son excluyentes, ya que ambos objetivos estaban comprendidos en el estudio exhaustivo del subsuelo que se proponía la Dirección de Minas [^{Risuelo, 2012}: 5].

Más allá de esta discusión, en el contexto de una intensa tarea de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología tanto en los territorios nacionales como en las provincias, se halló petróleo en la Patagonia argentina.

Por otra parte, antes de la Primera Guerra Mundial el petróleo satisfacía menos del 5% de las necesidades locales, los productos derivados eran importados por unas pocas compañías extranjeras como la norteamericana Standard Oil y su competidora británica, la Anglo-Mexican Petroleum Company Limited, subsidiaria de la Royal Dutch Shell. La Anglo-Mexican, que comerciaba productos de la Mexican Eagle Oil Company, también perteneciente a Shell, abrió oficinas en Buenos Aires en 1913. Sus principales clientes eran las plantas inglesas envasadoras de carne y los ferrocarriles británicos. Hasta el comienzo de la guerra el petróleo importado suplió más de 90% (ver Gráfico 1) del consumo argentino [^{Solberg, 1982}, p. 30].

Fuente: en base a datos ^Dorfman “Resumen estadístico de la economía argentina”. Revista de Economía Argentina. 1938.

Gráfico 1 Producción interna e importaciones de petróleo (en %) 1907-1914 

2. Las primeras decisiones oficiales (1907-1916)

Inmediatamente después del descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, particulares solicitaron permisos de cateo, de acuerdo con las disposiciones del Código de Minería de 1886, teniendo en cuenta que no existía una legislación específica para las actividades petroleras.⁴ El Código establecía que el recurso pertenecía a las provincias o a la nación, según su localización y la explotación podría ser realizada únicamente por los particulares, prohibiéndose expresamente la actividad estatal.

El área máxima que un particular podía solicitar era de 2,000 ha., y los trabajos debían comenzar en un plazo que no superara los 30 días y la perforación -al menos un pozo- en un plazo no mayor a 290 días. Si tenía éxito se le otorgaba la concesión por tiempo ilimitado, comprometiéndose a continuar con las tareas. El particular se apropiaba de toda la renta que generaba el recurso y no tenía obligación de realizar pagos al Estado. A su vez, el Estado tenía el compromiso de conceder todas las solicitudes que se presentaran para explorar nuevas zonas.

La propiedad estatal en ningún momento buscaba entrometerse en la acumulación del capital privado. Por el contrario, se estatizaba el subsuelo para luego ponerlo a disposición de los capitalistas petroleros, quienes, por medio de la figura legal de concesión, se transformaban en dueños de lo que extrajesen del subsuelo [^{Dachevsky, 2013}: 45].

Como el descubrimiento en Comodoro Rivadavia fue realizado por empleados públicos y en tierras de jurisdicción nacional, el Estado pudo conservar y desarrollar una explotación petrolera propia, pese a la prohibición explícita del Código de Minería. Bajo la influencia de Hermitte, Figueroa Alcorta, basándose en la ley de tierras de 1903,⁵ solicitó al Congreso de la Nación la sanción de una ley que fijase en Comodoro Rivadavia una zona de reserva de cuatro leguas cuadradas. Hermitte defendía activamente la participación del Estado en los yacimientos y consideró absurdo que el Estado, habiendo descubierto la riqueza, tuviera la obligación de ofrecerla [^{Bernal, 2005}: 45]. Seguramente, no ignoraban que la batalla por la explotación del petróleo argentino ya había comenzado.

Inmediatamente se desató un encendido debate encabezado por Joaquín V. González que se oponía al proyecto, argumentando que no existía motivo para limitar a los particulares y a las compañías extranjeras. El Estado, afirmaba, no puede ser explotador de minas y donde quiera que las haya explotado ha concluido mal, como lo prueba la historia de la minería en América [^{Vedoya, 1974}: 24]. La posición favorable al proyecto y a una política del Estado en materia petrolera fue sustentada por los senadores Francisco C. Figueroa y Alberto L. Soldati. Como el proyecto no llegó a aprobarse ese año el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, precisó “una extensión de cinco kilómetros a todo rumbo de cada perforación que efectúe el Ministerio de Agricultura en los terrenos pertenecientes al Estado y dentro de la cual no se otorgarán permisos de exploración y cateo, ni pertenencias mineras”.⁶ Si esto no hubiese pasado las compañías privadas hubiesen saturado la región de permisos mineros dando lugar a un boom de inversiones privadas y la historia que estaríamos contando sería otra [^{Gadano, 2006}: 25].

Sin embargo, el gobierno nacional preocupado por la crisis y la reforma política de ese momento, respondía muy lentamente a los requerimientos del sector. Poco después y para calmar el descontento de los que se oponían a la intervención del gobierno en la industria del petróleo, propuso reducir la reserva estatal y liberar cerca de 100 000 hectáreas divididas en parcelas que serían subastadas públicamente. ⁷El interés de los inversores privados desembocó en un acoso especulativo sobre las tierras cercanas a Comodoro Rivadavia.

Sin embargo, y a pesar de la tibia política petrolera de Figueroa Alcorta, todo indicaba ya que el petróleo iba ocupando lentamente un lugar destacado en la agenda de preocupaciones y prioridades de las autoridades [^{Gadano, 2006}: 30], aun cuando fue calificada como indiferente por diversos autores.

El nuevo gobierno de 1910 demostró una posición más decidida respecto a la política petrolera. Roque Sáenz Peña, liberal y opositor a la intervención del Estado en la economía, se negaba a la expansión de los trusts norteamericanos. Las dificultades externas derivadas de la dependencia del carbón inglés lo llevaron a establecer, por medio de un decreto,⁸ que la explotación petrolera en la zona de reserva estaría a cargo de la División General de Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia.⁹ La doctrina del Estado empresario comenzaba a afianzarse, por primera vez una comisión administrativa estatal se encargaría de planificar, controlar y gestionar la explotación del yacimiento descubierto así como de la industrialización de lo producido. El objetivo sería producir y vender petróleo a la marina y a los ferrocarriles nacionales. El nuevo organismo, antecedente de la petrolera fiscal, dependía de una Comisión Administradora especial presidida por el Ing. Luis A. Huergo. La repartición avanzó lentamente y, si bien, en sus inicios la producción fue escasa logró crecer con el tiempo (ver Cuadro 1).

En cuanto a la iniciativa privada estuvo dominada, en estos años, por el acaparamiento con fines especulativos y solo dos compañías inician la extracción recién en 1916.

El progreso en la Patagonia era lento y dificultoso con una marcada escasez de recursos, inducida por una mayoría legislativa que se oponía a la industria petrolera estatal. Frente a esta realidad, las opiniones no eran unánimes dentro de la comisión y algunos dudaban de las ventajas de asignar los fondos adicionales que se necesitaban para mejorar la situación e incluso se pensaba en la posibilidad de explotar los recursos de Comodoro Rivadavia a partir de la iniciativa de empresas privadas. Sin embargo, la firme convicción de Huergo logró convencer a otros miembros de la Comisión para defender la explotación estatal mientras que el Congreso, influenciado por las empresas privadas que atribuían los escasos resultados obtenidos a la falta de experiencia, restringía los fondos requeridos. Aun así, Sáenz Peña decidió por decreto¹⁰ ampliar la reserva estatal declarando la nulidad de las concesiones en las cuales no se estuviera trabajando. Esta actitud, afirmó la reputación de Saénz Peña como precursor del nacionalismo petrolero [^{Solberg, 1982}: 44].

Hacia 1914 asume como presidente Victorino de La Plaza, un liberal contrario al capitalismo de Estado. Si bien, destacaba el potencial de la reserva recomendaba el accionar del capital privado como forma de evitar las restricciones del presupuesto nacional. En un principio, no se tomaron medidas de política petrolera y los fondos siguieron siendo escasos para Comodoro Rivadavia, en el contexto de una rigurosa política de ajuste de gastos. Pero los efectos de la guerra lo indujeron a reconsiderar su posición hostil hacia la iniciativa estatal. Con su apoyo la organización estatal logró ampliar la producción petrolera, se perforaron nuevos pozos y se concluyeron obras de infraestructura comenzadas en años anteriores. El pragmatismo se imponía sobre la ideología [^{Gadano, 2006}: 70] y esto quedaba reflejado en los proyectos que se enviaban al Congreso. En ellos se reconocía que el mayor obstáculo que enfrentaba la producción era la falta de fondos y la especulación. Pero, sus iniciativas quedaron archivadas como resultado de la oposición del Congreso que no quería perturbar las relaciones económicas con Inglaterra. En el mundo de las ideas, el contexto de la guerra contribuyó a fortalecer las corrientes del nacionalismo petrolero [^{Martín, 2013:9}].

No obstante las restricciones derivadas de la guerra en Europa, la explotación siguió adelante. Quizá el dato más elocuente fue que, en el transcurso de 1914, la producción superó lo obtenido en los cinco años anteriores juntos y, por primera vez, se transportó petróleo nacional desde la Patagonia para abastecer el mercado metropolitano.

Paralelamente, en las cercanías de Comodoro Rivadavia comenzaban a consolidarse las compañías privadas que contaban con los recursos necesarios para producir petróleo en forma comercial. En 1916, Astra y la Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia lograron iniciar su producción petrolera.

La restricción en el suministro de combustible derivada del descenso drástico de las importaciones, fundamentalmente de carbón,¹¹ pusieron en evidencia el grado de dependencia que tenía el país en materia energética afectando no solo a la industria sino a toda la economía argentina. Casi todo el carbón que utilizaba el ferrocarril, los barcos, la industria, la iluminación y la calefacción de los habitantes de las grandes ciudades se importaba desde Inglaterra. Se intentó sustituirlo por petróleo, pero también las importaciones eran escasas y el precio elevado. Esta situación afectaba las exportaciones argentinas a Gran Bretaña y para fines de 1917, se temía que la falta de carbón provocaría una contracción aún mayor en las exportaciones argentinas de productos primarios.

3. La cuestión del petróleo en el debate público

El petróleo se había convertido en un recurso de trascendencia, los periódicos informaban a la opinión pública sobre sus características y utilidad, los profesionales publicaban artículos sobre su importancia para la economía del país, los intelectuales debatían entre sí en torno a quien le correspondía su explotación y en el Congreso se enfrentaban posiciones antagónicas. Desde un principio las discusiones oscilaban entre cuestionar el avance del Estado en la explotación, hasta posiciones que proponían su nacionalización inmediata.

Mientras algunos periódicos informaban a la población acerca de sus ventajas para la calefacción doméstica, otros desprestigiaban la gestión de la División General de Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia, intentando “predisponer así a la opinión para mirar sin sorpresa que el Estado se desprendiese de sus ricos yacimientos” [^{Hermitte, 1944}].

En el interior de la Comisión Administradora de la Dirección General de Explotación se planteaban algunas diferencias en cuanto al otorgamiento de concesiones en la actividad. Por un lado, los ingenieros Hermitte y Huergo eran reticentes a la participación privada. Según Hermitte, el Estado tiene el derecho y el deber de investigar los recursos de la Nación y, si es necesario, puede y debe intervenir en la explotación por medio de leyes que impidan el acaparamiento y la no producción, cuando los intereses del país así lo exijan. Por su parte, Huergo atento a la escasez de recursos que enfrentaban los yacimientos envió un memorando al Ministro de Agricultura que generó una enorme polémica. No era para menos; el director de la explotación petrolera estatal denunciaba el acaparamiento de grandes extensiones de tierra en la zona de Comodoro por parte de los trusts petroleros internacionales, en particular la Standard Oil, con la supuesta complicidad de funcionarios del gobierno. Con el tiempo, el memorando de Huergo se convertiría en un documento central del nacionalismo petrolero argentino [^{Risuelo, 2012}:6]. Debía evitarse el destino de México convulsionado políticamente a partir de la acción las compañías internacionales ligadas a la industria petrolera. En tanto, otros miembros de la Comisión, como el doctor Pedro Arata, consideraba posible la explotación a partir de la concesión a empresas particulares [^{Actas de la Comisión Administradora: 1911}]. ^{Scalabrini Ortiz 12} interpretaba que Huergo se oponía al establecimiento de Standard Oil para favorecer los intereses británicos. La parcialidad de su pensamiento, refiriéndose al memorando, evidencia el espíritu que anima a su folleto. De un lado se presenta a la Standard Oil como una gavilla de piratas desalmados, en lo que quizá no estaba equivocado, por cierto. Por el otro, los intereses británicos representados por perfectos caballeros que trabajan a favor de los pueblos americanos, seres desinteresados y casi angélicos [^{Scalabrini Ortiz, 1938:9}].

Hacia 1914, se presentaron en el Congreso diversas iniciativas parlamentarias de legislación petrolera que finalmente no prosperaron. Algunos proyectos apoyaban la firma de contratos de explotación aunque impedían la entrega de la titularidad a las empresas privadas. Otros establecían condiciones para áreas exploradas y no exploradas: la zona de reserva sería explotada por el Estado mientras las que estuvieran por fuera serían divididas en zonas de exploración bajo la vigilancia del Estado, las concesiones serían a 50 años con carga fiscal para las empresas privadas. Por su parte, el presidente Victorino de la Plaza también proponía impulsar la inversión privada en Comodoro. El proyecto recibió el beneplácito de los grupos de negocios y el diario La Nación. Existieron conversaciones con la Standard Oil y Anglo Persian pero fueron interrumpidas por la Guerra Mundial [^{Martin, 2013}: 9].

Mientras tanto, se difundían las ideas de aquellos que se sentían autorizados a opinar. Enrique Butty en “El petróleo de Comodoro Rivadavia” se oponía decididamente a la entrega total de los yacimientos petrolíferos a la explotación privada. José M. ^Méndez en “Petróleos argentinos” argumentaba en las conclusiones de su libro publicado en 1916, que el Estado debe, en conjunción con los particulares, explotar el petróleo por razones de previsión y defensa nacional [^{Méndez, 1916: 134}]. Por su parte, el periodista Ricardo Oneto publicaba frecuentemente artículos en los que defendía la propiedad estatal del petróleo como instrumento para lograr la independencia política y la industrialización el país.

También miembros de la esfera militar, específicamente la Armada Argentina, señalaban la dependencia que padecía la economía. Alarmados por la escasa inversión estatal para ampliar la infraestructura vial y ferroviaria, por la poca atención concentrada en los yacimientos petroleros de Comodoro Rivadavia y por el nulo avance en la industria de las construcciones navales, insistían en la necesidad de dinamizarlas para minimizar los efectos de la guerra europea. Por esos años, el ministro de Marina, Juan Pablo Sáenz Valiente impulsaba proyectos que giraban en torno a una política de fomento de la industria naval que posibilitara la explotación de los recursos naturales existentes en el Mar Argentino, su transporte y comercialización. El impulso estatal estaría concentrado en el descubrimiento y la explotación de petróleo existente en la Patagonia y en otras regiones del país, con el objetivo de alcanzar el nivel de autoabastecimiento y evitar la compra de combustible en el exterior. Sin dudas, la dinámica industrial generada redundaría en grandes beneficios económicos y tecnológicos para el país, pero se requerían decisiones políticas que nunca llegaban [^{Figueroa, 2010}: 11].

Tampoco la nueva administración de Hipólito Yrigoyen a partir de 1916, supo responder a las dificultades que implicaba el escaso presupuesto ni a los conflictos que surgían en la explotación estatal. Durante sus primeros años de gobierno no hubo ninguna iniciativa que intentara modificar las relaciones comerciales tradicionales con Inglaterra, no le interesaba el desarrollo industrial ni la explotación de los yacimientos. Mientras tanto, las compañías extranjeras en su mayoría subsidiarias de los grandes trusts petroleros, seguían avanzando en la refinación, la importación y la comercialización de los combustibles.

La refinería instalada en Campana¹³ adquirida por la West India Oil Company (wioc-wico), subsidiaria de la Standard Oil de New Jersey, abastecía en 1916, más del 90% del mercado argentino de derivados del petróleo con productos importados o producidos en el país a partir de petróleos extranjeros.

El desabastecimiento generalizado de combustible y la rentabilidad que esto significaba despertaron el interés de otras compañías. Royal Dutch Shell que había iniciado sus operaciones en el mercado local a fines de 1913, instaló oficinas en Buenos Aires y construyó depósitos en los principales puertos del país. Otra empresa, la Texas Co., comenzó a vender sus productos importados a partir de una importante red de distribuidores. Algunas refinerías más pequeñas de capital nacional, se instalaron en las cercanías de Buenos Aires, atraídas por los beneficios y comenzaron a competir con los grandes importadores estadounidenses e ingleses.

Por otro lado, los gobiernos de las provincias del interior favorecían las concesiones a compañías extranjeras identificando al petróleo como una posibilidad de progreso. Progresivamente la demanda de los combustibles derivados del petróleo se iba incrementando a la par del crecimiento del parque automotor y de un incipiente proceso de industrialización.

En el ámbito político se instalaba el debate sobre la federalización y la posible estatización. Hacia 1919, un proyecto de ley del gobierno proponía federalizar el dominio de los yacimientos petroleros y garantizar al Estado el derecho a explorar y explotar, sin excluir la actividad de particulares [^{Gadano, 2013: 98}]. El Congreso ni siquiera lo consideró y Argentina continuó sin una legislación petrolera básica.

Los problemas relacionados con el accionar de las compañías internacionales petroleras generaron una crisis política que Yrigoyen debió enfrentar al finalizar su mandato. El gobierno decidió reorganizar la compañía petrolera estatal a partir de la eliminación de la Dirección General de Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia y reemplazarla por la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).¹⁴

Aun cuando la decisión fue calificada como “un mero verbalismo” por el diario La Nación, la creación de YPF respondía a distintos factores económicos que se conjugaron cuando finalizaba la guerra. Por un lado, los grandes consorcios petroleros internacionales se enfrentaban por la posesión de los yacimientos, la producción de Comodoro Rivadavia iba en aumento y se iniciaba la explotación fiscal en Plaza Huincul, se incrementaba la importación de los combustibles, los precios descendían y se acumulaba petróleo argentino en las plantas de almacenamiento. En este contexto, las decisiones políticas eran impostergables.

Sin embargo, la creación de YPF estuvo rodeada de visiones polémicas desde el comienzo. Para los nacionalistas representa un hito fundamental; otros consideran que fue una respuesta política de Yrigoyen a la profunda crisis administrativa que sufrió la explotación estatal y denuncias de corrupción que pesaban sobre la Dirección de Explotación en Comodoro [^{Martín, 2013: 10}].

La empresa estatal comenzó a funcionar durante el nuevo gobierno de Marcelo T. Alvear. Su inclinación hacia una política petrolera más agresiva se vería reflejada en el fortalecimiento de la empresa estatal y en el respaldo dado a su director Coronel Enrique Mosconi. Sensible a los planteos de los nacionalistas económicos del ejército, su objetivo era revitalizar la industria y restringir el accionar de las compañías extranjeras.

4. El sustento intelectual del nacionalismo petrolero

La idea de un país como proveedor de materia prima alimenticia, desarrollada eficazmente durante las últimas décadas del siglo XIX, entraba en crisis ante una nueva coyuntura que desnudaba la gran inferioridad industrial y tecnológica del Estado argentino y la endémica dependencia hacia los países industrializados [^{Figueroa, 2010}: 10]. En el mundo, el capitalismo imponía una tecnología dependiente del petróleo y los grandes trusts petroleros expresaban la rivalidad entre las potencia imperialistas por el dominio del recurso.

La situación de vulnerabilidad derivada de la dependencia externa del carbón a la que estaba sometida la economía argentina provocó la reacción de un conjunto de actores, militares e intelectuales que, ligados directa o indirectamente con la política, asumieron una posición nacionalista respecto al rol y a la producción de petróleo. Este nacionalismo petrolero no tuvo una fundamentación uniforme, algunos ponían el acento en la necesidad de la industrialización y la sustitución de importaciones y otros, en cambio, defendían el monopolio estatal de la explotación con argumentos inspirados en las ideas del nacionalismo petrolero mexicano contra las compañías privadas.

La primera influencia provino del denominado “nacionalismo económico” que empezó a construir un pequeño y destacado grupo de intelectuales a partir de la interpretación dada de la crisis económica argentina de la época de la Primera Guerra Mundial y de “la amenaza cierta de destrucción y desintegración del orden liberal” (^{Rock, 1993}:73). Entre sus figuras más reconocidas, se destacan Leopoldo Lugones y Alejandro Bunge [^{Matharan, 2013}:18].

Algunos de los intelectuales de la elite literaria denominada “Generación del Centenario”, manifestaron sus críticas a los resultados del modelo agroexportador que la “Generación del ‘80” pretendía mostrar con un orgulloso optimismo. La fascinación que sintieron por el poderío industrial y la independencia económica los ubica entre los precursores intelectuales del moderno nacionalismo económico argentino [^{Solberg, 1982}: 56].

Representante influyente de ese nuevo tipo de intelectual, el poeta, ensayista y político, Leopoldo Lugones alcanzó un lugar más que destacado durante las décadas de 1910 y 1920. Su actividad no se restringió al campo literario sino que, reconociéndose como parte de la élite letrada profesional, buscó diseñar y corregir los programas culturales y políticos vigentes [^{Bustelo, 2009}:2].

Complejo y contradictorio, desde sus inicios en el Partido Socialista avanzó paulatinamente hacia el ideario liberal para luego proclamar un nacionalismo político y cultural que, a partir del inicio de la Primera Guerra Mundial, lo llevaron a recomendar el reemplazo del modelo liberal por un sistema corporativista.

En la Argentina de la década del ’20 comenzaron a actuar, bajo la difusa denominación de nacionalistas, distintos elementos reaccionarios que poseían en común una declarada aversión a los postulados básicos del sistema constitucional democrático liberal. Junto a ello, se verificaba el apego al tradicionalismo, el autoritarismo y el militarismo [^{Gardinetti, 2011}: 378]. El desorden y la frustración, productos de la democracia y la demagogia, debían ser corregidos por una organización montada de acuerdo con líneas jerárquicas cuya realización sólo podía ser obra del Ejército, los ingresos provenientes de las exportaciones agropecuarias no bastan para convertirse en una gran nación. De aquí la necesidad de una industria fuerte y un ejército poderoso. La democracia debía ser sustituida por un gobierno de autoridad militar encarnada en la persona del jefe o conductor predestinado. ^{Lugones, expresaba en 1930}: “La autoridad no es para nosotros un resultado deliberativo, sino imposición de la superioridad personal. No concebimos al jefe sino en el general o en el caudillo”. Desde sus artículos publicados en el diario La Nación desarrollaba una acción propagandística del régimen de Mussolini sin ambigüedades ni contradicciones Era, indudablemente, el más militarista de todo el universo nacionalista [^{Gardinetti, 2011}:385].

En cuanto a las cuestiones económicas, declaraba que el país debía aspirar a un futuro nuevo, de potencia nacional, fuerza industrial e independencia económica. El liberalismo, decía Lugones, atribuye la crisis que soportamos a la obstrucción del comercio internacional por los aranceles proteccionistas; a la sobrecarga de armamentos; a la deuda y las reparaciones de la Gran Guerra. Más si echamos un vistazo por el mundo veremos que Francia, país tan proteccionista como los Estados Unidos es el que menos la sufre mientras que la librecambista Inglaterra no puede aguantarla y abandona su régimen liberal [^{Lugones, 1932: 17-18}] y continuaba, cuanto más capaz sea de bastarse la Nación, más dueña de sí misma habrá de sentirse [^{Lugones, 1932: 44}].

Argumentaba que los aranceles constituían un instrumento eficaz cuando la política económica tenía como objetivo defender la producción y el empleo nacional lo que a su vez comportaba una mayor capacidad ofensiva del país en caso de ser necesaria y justamente no era, siguiendo su razonamiento, el comercio sino la producción y la industria lo que suministraba, en caso de peligro nacional, los pertrechos y las provisiones [^{Lugones, 1932}: 44]. El Estado tenía la obligación de estimular la producción industrial y la facultad de poder explotar directamente la producción de energía eléctrica y de combustibles para alcanzar el bienestar de la población y la consolidación de la soberanía nacional.

Para Lugones, el fundamento de la soberanía nacional se sustentaba en el principio de que la tierra argentina no estuviera poseída desde el extranjero en ninguna forma y en que el potencial económico debía transformarse en potencial de guerra [^{Lugones.1932: 77}]. La defensa y el orden en la Argentina estarían garantizados a partir de una estrecha y permanente vinculación entre las fuerzas armadas y la industria.

También el ingeniero Alejandro Bunge, el principal teórico del desarrollo argentino de los años ´20, denunció precozmente el agotamiento del modelo agroexportador sostenido por la clase dominante argentina a comienzos del siglo XX. Según decía, el modelo agroexportador de la llamada “Generación del ‘80” había convertido a la Argentina en un satélite de los países industrializados. Creía necesario avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo industrial volcado al mercado interno permitiendo una participación activa del Estado por medio del establecimiento de tarifas proteccionistas y políticas económicas orientadas hacia la sustitución de importaciones. Se trataba, entonces, de crear nuevas actividades básicas productoras e industrializadoras de materias primas agropecuarias y mineras y fomentar nuevas actividades económicas basadas en la vialidad, los automotores y la explotación del petróleo [^{Asiain, 2014}: 9].

Recomendaba implementar las políticas necesarias para conseguir el autoabastecimiento de petróleo permitiendo, incluso, la participación de las empresas privadas. La función del Estado debía limitarse únicamente a una firme acción de fomento y de protección razonable. Sin embargo, para Bunge más importante que la acción del Estado, lo era un cambio en la conciencia nacional, reflejado en la conducta de los empresarios y de los consumidores encarando un programa de inversiones más activo y diversificado y aprendiendo a valorar más la producción nacional. Según su mensaje industrialista, el Estado debía ser claro en cuanto a la implementación de una nueva política económica orientada a diversificar las fuentes de producción nacional mediante reformas e instrumentos adecuados. Sostenía que la necesidad para el desarrollo industrial del autoabastecimiento energético debía obtenerse fomentando todas las inversiones posibles, incluyendo la extranjera y la conformación de empresas mixtas [^{Asiain, 2014}: 22].

Estas ideas no tuvieron la repercusión necesaria para imponerse durante el primer periodo de gobierno de Yrigoyen. Convencido de que al término de la guerra el sistema de comercio internacional volvería a restablecerse con las mismas características que prevalecían antes de la guerra y que el país seguiría creciendo en base a sus exportaciones primarias, ignoró las recomendaciones en cuanto al desarrollo industrial incluyendo la industria del petróleo estatal.

Sin embargo, este pensamiento se fortalecía en el ámbito castrense, específicamente entre los miembros del ejército. Para ellos, la Argentina se encontraría en una situación de inferioridad en caso de una guerra futura, a menos que se comenzaran a explotar los recursos energéticos del país. Más allá de las recomendaciones de Bunge, el Estado debía financiar la construcción de fábricas de aviones y las refinerías de petróleo. Por otro lado, mientras que Bunge señalaba la dependencia de la Argentina en cuanto a las exportaciones, sin cuestionar el capital extranjero, los miembros del ejército se oponían al poder de los trusts extranjeros y afirmaban que los sectores claves debían ser financiados por capitales argentinos. Algunos, no se oponían a la inversión petrolera privada pero siempre bajo la vigilancia y el control del Estado. Otros se expresaban, en cambio, decididamente a favor de la propiedad estatal del petróleo. El gobierno debía adoptar el nacionalismo petrolero como política oficial para salvaguardar el bienestar económico y la independencia política de la Argentina.

Otro acontecimiento que repercutió en el clima de ideas de la época se relaciona con la Revolución Mexicana a partir de la cual comenzó a expandirse, en América latina, una ola de sentimientos nacionalistas que se perfiló con fuerza en algunos países. Uno de sus componentes principales, el antiimperialismo, estaba latente (en distintas dosis según los casos individuales) en la ideología nacionalista de los años veinte [^{Quijada, 1985}]. Ciertamente la Constitución de 1917 marcó un parteaguas importante en lo que se refiere a los derechos de la nación sobre la propiedad de los recursos del subsuelo [^{Uhtoff, 2008}]. La Constitución Mexicana de 1917, de acuerdo con una cláusula del Artículo 27, establecía que el Estado era el propietario del subsuelo, significando que los propietarios de la superficie se convertían en meros concesionarios sin derechos de propiedad sobre el recurso subterráneo. Sin embargo, de la misma manera que lo había hecho Rusia en la época de Lenin, el gobierno comprendió que necesitaba de las inversiones extranjeras en el sector petrolero, aun cuando en las relaciones entre las petroleras extranjeras y el gobierno se alternaban periodos de calma y tensión hasta principios de los años ’30.

Por otro lado, en Europa los gobiernos también intervenían en el sector del petróleo. En Inglaterra poco antes de la Primera Guerra, por intervención de Churchill, se adquirieron el 51% de las acciones de la Anglo-Persian Oil Company. Si bien, no fue una nacionalización plena se garantizaba un control interno en caso de emergencia. En la década de 1920 otros países, Francia, España e Italia, también crearon petroleras estatales.

En este contexto comenzaron a proliferar las publicaciones de los representantes del nacionalismo económico del ejército argentino.

Un texto que adquirió gran difusión en la esfera castrense, “El imperialismo del petróleo y la paz mundial” de Camilo Barcia Trelles, intentaba demostrar con un profundo y detallado análisis histórico que el petróleo era la causa determinante de las más activas y trascendentes negociaciones diplomáticas y que la política internacional de las grandes potencias está frecuentemente determinada por el deseo de poseer petróleo del cual se carece o de acaparar lo que se ambiciona para ejercer en el mundo la dictadura petrolífera, de mayor eficiencia que las dictaduras políticas más destacadas [^{Barcia Trelles,1919: 8}].

La defensa del desarrollo petrolero sustentado por el Estado y las dificultades que había atravesado el país durante la guerra se transformaban en un tema recurrente de los artículos publicados en la Revista Militar. Una de las voces que más se hizo escuchar fue la del General Alonso Baldrich, un ferviente propagandista de las ideas del nacionalismo económico. Convencido de las apreciaciones de Barcia Trelles respecto de las intenciones de las grandes compañías extranjeras, defendía el monopolio petrolero estatal en todos los ámbitos y resaltaba el peligro que representaban para la economía nacional. Desde siempre, argumentaba, las potencias imperialistas impusieron el colonialismo, el hambre, la injusticia y la explotación a los pueblos iberoamericanos. Son los dueños de los consorcios del petróleo, del cobre, de la energía, imponen los precios de la carne, el cereal, el petróleo, el cobre y obliga a la adquisición de todos los productos de su industria [^{Baldrich, 1927}]. Tomando como ejemplo la intromisión de las compañías petroleras de los Estados Unidos en la política nacional mexicana se proponía colaborar en la formación de una conciencia nacional antiimperialista.

Para Baldrich, la industria petrolera estatal es esencial para promover el desarrollo industrial argentino, prevenir el dominio extranjero sobre el petróleo del país y garantizar la seguridad militar nacional. Para él, el verdadero nacionalismo implicaba una lucha constante y una oposición irreductible contra los trusts que monopolizaban las fuentes de riqueza. En todas partes, afirmaba, se cree como dogma económico que el capital extranjero es indispensable para el desarrollo de los recursos naturales, y nadie parece advertir que ese desarrollo hace rico a los extranjeros y deja más pobres que antes a los naturales. La industria petrolera estatal resulta esencial para promover el desarrollo industrial argentino, prevenir el dominio extranjero sobre el petróleo del país y garantizar la seguridad militar nacional [^{Baldrich, 1927}].

Hacia 1928, el gobierno de Yrigoyen defendía la explotación exclusiva del Estado mientras que la oposición planteaba la conformación de compañías mixtas de YPF con los trusts internacionales. Mientras tanto, en América latina, se divulgaban las propuestas de nacionalización y monopolización del petróleo.

Sin embargo, semejante obra de nacionalismo económico no podía ni debía ser aceptada. La oposición a Yrigoyen, acrecentaba su poder en el parlamento y en el ejército con la colaboración del capital extranjero. La doctrina nacional petrolera identificada con la nacionalización de todas las etapas de la industria petrolera y el rechazo a la empresa mixta golpeaba las puertas de la Cámara alta. De esta manera, la ley de nacionalización del petróleo -que no pudo ser concretada producto de la oposición en el Senado-, fue quizás la gota que rebalsó el vaso, propiciando, entre otras muchas causas, el golpe militar de septiembre [^{Bernal, 2005}].

Consideraciones finales

Hasta la primera década del siglo XX, la economía argentina experimentó un crecimiento significativo a partir de la aplicación de un modelo agroexportador, anti industrialista y tecnológicamente dependiente. El sistema productivo había logrado insertarse en el esquema vigente de división internacional del trabajo, pero sujeto a una vulnerabilidad peligrosa.

La nueva coyuntura externa, las restricciones en la disponibilidad de capitales extranjeros y el aumento del precio del petróleo, junto con la dependencia del combustible importado sumieron al país en una profunda crisis económica. Por otro lado, el interés por el subsuelo argentino y el comportamiento de los trusts petroleros reflejaban la rivalidad entre las potencias imperialistas. En este contexto, la importancia del abastecimiento de combustible con recursos propios, el descontento por los resultados de las políticas en el sector y la desconfianza de las intenciones de las potencias extranjeras, fueron temas recurrentes en el debate público. Comenzaron a difundirse expresiones que se manifestaban en el ámbito periodístico, intelectual, militar y político, ubicados en momentos y lugares institucionales distintos y con diversas formaciones disciplinarias. En un contexto de crecimiento de las ideas nacionalistas se planteó la necesidad de la intervención estatal al identificar el comportamiento de las compañías internacionales con el capital imperialista. Mientras que, por otro lado, se admitía la posibilidad de conformar sociedades mixtas. Si bien el descubrimiento del petróleo dio inicio a un largo periodo de controversias, con propuestas desde las más cautas hasta las más radicales, también generó un ambiente propicio para el surgimiento de iniciativas que impulsaron la modernización de la economía a partir de un modelo económico estatal, industrialista y autónomo.