En Kuwait, al igual que en otros países de la región de África del Norte y Medio Oriente, ocurrieron algunas manifestaciones de protesta social que pueden inscribirse dentro de la llamada Primavera Árabe. Aunque la intensidad fue mucho menor que las agudas crisis vividas en Siria, Egipto, Libia, Túnez y Yemen, las manifestaciones en Kuwait han tenido más puntos de contacto con otras expresiones de disconformidad expresadas en las monarquías de la península arábiga.

La movilización popular criticó las acciones represivas gubernamentales, dio mayores libertades democráticas y exigió la renuncia del primer ministro, Nasser Mohammed Al Ahmed Al Sabah, identificado como símbolo máximo de la corrupción en el país. Tal como ha señalado el muy destacado periodista Rami Khouri: en Kuwait estamos claramente en presencia de una situación de desobediencia civil contra la autocracia, en la cual los participantes no son pobres ni hambrientos, ni carecen de los servicios básicos como en otros países de la región. “Estos manifestantes no demandan la caída del régimen, sino que exigen reformas constitucionales que garanticen a sus ciudadanos derechos básicos para participar en el proceso de toma de decisiones y lograr que éste rinda cuentas”.¹

En estas protestas, que ocurrieron básicamente en varios momentos de 2011 y 2012 (e incluso en fechas posteriores) y que fueron reprimidas desde el inicio, participaron miembros de diversos sectores políticos y sociales, parlamentarios, opositores, organizaciones juveniles, trabajadores extranjeros, nacionalistas, izquierdistas, islamistas, grupos tribales y los llamados bidún.

En lengua árabe, bidun significa “sin”; por lo tanto, los bidun yinsiya serían aquellos individuos sin nacionalidad o apátridas.

Según la Convención sobre el estatuto de los apátridas,² aprobada por las Naciones Unidas en 1954, se define como “apátrida” a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. Los Estados están encargados de analizar estos casos y brindarles protección y apoyo según las exigencias del derecho internacional y en línea con el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que recoge: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”.³

La población total de Kuwait es de cuatro millones aproximadamente, de los cuales sólo 30% son ciudadanos kuwaitíes, y una gran mayoría ascendente a 70% son extranjeros o expatriados,⁴ ya sean residentes permanentes o temporales.

Internacionalmente se estima que existen unos 120 000 bidún en Kuwait, aunque en la actualidad el gobierno no reconoce que tenga problemas con “apátridas”. Las autoridades dicen que poseen los expedientes de 106 000 “residentes ilegales” o de personas con “nacionalidad no especificada” que pretenden alcanzar la nacionalidad kuwaití. La visión oficial insiste en que los que son calificados como bidún en realidad son nacionales de otros países, por lo que no son “apátridas”, sino “residentes ilegales”.

El viejo problema de los bidún en Kuwait ha pasado por varios momentos históricos desde la independencia del país en 1961, pero las manifestaciones de estos últimos años han sido consideradas como las más importantes, e incluso algunos observadores han llegado a pensar que el tema podría representar algunos retos para la seguridad del país.⁵

Aunque muchos bidún fueron originalmente beduinos (badawi; plural badu), no se debe confundir un término con el otro, como ocasionalmente aparece en la literatura. Los bidún, que son hoy considerados como “residentes ilegales”, reciben un tratamiento semejante al de otras categorías con estatus migratorio anómalo, como son los expatriados que no cumplen con las leyes o los trabajadores extranjeros con contratos temporales bajo patrocinio (sistema kafala)⁶ que se han vencido. La historia moderna de Kuwait tiene entre sus primeros momentos la presencia portuguesa en la zona de la bahía durante el siglo XVI, y el dominio del clan de los Bani Khalid durante décadas del siglo XVII; posteriormente, la confederación tribal de los Bani Utub, procedentes del Nejd, logró conquistar la zona desde inicios del siglo XVIII.

La familia Al Sabah se convirtió en la dinastía local dominante a partir de 1756. Frente a la potencial expansión otomana en la zona y el peligro que ello le representó, optó por recurrir al protectorado británico “de facto” y no formal desde 1899, con lo cual intentaba al menos jugar al equilibrio de poderes regional. La protección británica garantizaba el poder de los gobernantes locales y sus dominios, y estar en condiciones de enfrentar a otros poderes regionales y jeques tribales. El hecho de que los británicos se limitaran formalmente, según lo acordado, a la conducción de los asuntos exteriores y de defensa del poder local kuwaití no excluyó que, en poco tiempo, la política británica se encargara de presionar al jeque y a las autoridades locales para hacer avanzar los intereses de Londres en la región, ni que se utilizara reconocer o desconocer a los jeques como una medida de vulnerabilidad, presión y supeditación. En realidad, la relación fue en dos direcciones, pues como señala James Onley: “La percepción popular sobre la era británica en el Golfo es que la protección fue impuesta desde arriba, de manera coercitiva y mediante la diplomacia de las cañoneras […] pero en verdad, los gobernantes locales buscaron activamente la intervención y la protección británicas”.⁷

En una síntesis temática que se presenta en la colección de documentos sobre la historia kuwaití de 1899 a 1961 de A. de L. Rush, se recoge que los agentes políticos británicos encargados de monitorear los acontecimientos en la zona del puerto e impedir cualquier reto para la hegemonía británica regional “fueron aparentemente amigos cercanos de los jeques y notables, pero fueron percibidos por los habitantes kuwaitíes como extraños e ‘infieles’ y vistos con una mezcla de sospecha y temor”.⁸

La población que habitaba en ese espacio en los siglos XIX y XX estaba constituida tanto por individuos asentados que vivían dentro de las murallas de la ciudad de Kuwait (dedicados a la construcción de embarcaciones, la extracción de perlas y el comercio) como por beduinos y tribus nómadas que habitaban regiones en el exterior de la ciudad amurallada, y que migraban entre varios territorios de las regiones adyacentes en el sur iraquí y otros territorios costeros de la península.

A comienzos del siglo XX se calcula que 50000 personas habitaban en la ciudad de Kuwait, pero luego del descubrimiento del petróleo en la década de 1930, la ciudad comenzó a crecer considerablemente, y varias comunidades beduinas se asentaron en esta ciudad y en otros pequeños pueblos cercanos.

Como preparación para la terminación del protectorado británico y el ascenso a la independencia, en 1959 se aprobó la Ley número 15 o Ley Nacional. El nuevo Estado soberano de Kuwait llevó a la práctica esta ley para otorgar la nacionalidad a muchos de los pobladores dentro de sus fronteras. En general existieron tres grandes grupos.

Primer grupo. Conformado por una tercera parte de la población. Se les otorgó la condición de “ciudadanos” porque fueron considerados “padres fundadores” o “nacionales kuwaitíes originales”⁹ del nuevo Estado-nación (es decir, grupos asentados en el territorio desde 1920 y que vivían dentro de las murallas de la ciudad y sus fuertes); la Ley de Nacionalidad de 1959 considera la erección de las murallas, en 1921, como un momento trascendental de la historia del país, pues se construyeron para proteger a los habitantes autóctonos de los “ataques de foráneos”. Para ser ciudadano de primera clase -a diferencia de los naturalizados- había que probar la residencia desde 1920. Esta diferencia ha durado hasta hoy, a pesar de que 99% del país está urbanizado y no existen grupos importantes con actividad nomádica.¹⁰ La dicotomía aún se emplea popularmente para hacer alusión a los badu (beduinos) como grupo considerado sociológica y culturalmente distinto a los hadhar (kuwaitíes descendientes de familias asentadas).¹¹

Segundo grupo. Representado por otra tercera parte de los pobladores que existían en el momento de la independencia, que fueron naturalizados, aunque procedían de otros países. En este grupo se incluyó fundamentalmente a árabes-musulmanes con más de 15 años de residencia en la zona, y se les otorgaron derechos algo menores que a los ciudadanos del primer grupo. Además de diferenciar entre ciudadanos de primera y segunda (según los conceptos de hadhar vs. badu, y de ciudadanos vs. naturalizados), también existe la distinción entre nacionales kuwaitíes y bidún,¹² que constituyeron el tercer grupo.

Tercer grupo. Integrado por la tercera parte restante de la población. Fueron inicialmente considerados “residentes legales sin nacionalidad”. Estos bidún yinsiya estuvieron a su vez conformados por tres grupos básicos: i) residentes con derechos a la nacionalidad kuwaití, pero que no realizaron sus trámites; ii) extranjeros reclutados para trabajar en los órganos de seguridad en las décadas de 1960 y 1970 que posteriormente decidieron quedarse en el país, y iii) hijos de madres kuwaitíes y hombres extranjeros o bidún.

Algunos de los definidos como bidún inicialmente no intentaron obtener la nacionalidad, no entendieron el proceso o simplemente no reconocieron a una “autoridad central”. Dana Affleck explica acertadamente que cientos de miles de residentes elegibles para la categoría de ciudadanos perdieron la oportunidad de hacerlo. Muchos, al ser beduinos y vivir en áreas apartadas de Kuwait, ni se enteraron de la existencia del programa; otros no tuvieron las habilidades necesarias puesto que eran analfabetos, y además muchos residentes no entendieron el programa, pues se basaba en un concepto foráneo y ale- jado a su realidad (Estado-nación), y no pudieron predecir las consecuencias que no registrarse podría tener en sus vidas y las de sus familias 50 años después.¹³

Haber mantenido durante años una visión poco flexible ha conspirado contra las posibilidades de reevaluación más expedita del tema bidún; dentro de este grupo existen muchos casos que podrían perfectamente haber sido considerados como nacionales kuwaitíes por su residencia histórica, vínculos culturales, lingüísticos, económicos y de identidad. La inercia en el tratamiento del tema ha afectado una deseable opción pragmática y constructiva, en un país en el que popularmente existe la percepción de que “casi todo kuwaití tiene un familiar bidún”.

Por otra parte, Abdullah Al Elyan recuerda que el proceso de naturalización arrancó en 1961 y continuó hasta mediados de la década de 1970, pero excluyó a muchos residentes provenientes de países árabes y africanos que habían emigrado a Kuwait en momentos tanto anteriores como posteriores a la declaración de la independencia. “Algunos bidún viven en un limbo [jurídico] pues en sus países de origen tampoco los reconocen”.¹⁴

Las cifras de bidún se incrementaron también con los mencionados foráneos reclutados en las décadas de 1960 y 1970 para trabajar en las fuerzas de seguridad que posteriormente se quedaron a vivir con sus familias en el país. Inicialmente, el gobierno kuwaití impulsó este tipo de migración debido a sus necesidades para formar un ejército y fuerzas policiales; no obstante, los registró como bidún debido al alto grado de sensibilidad estratégica que esta práctica significaba. Kuwait no quería que los Estados de donde provenían estos migrantes conocieran los detalles de movimiento y contratación de sus respectivos nacionales para actividades policiales y militares. “La situación nunca se rectificó y ahora estos migrantes y sus familias han perdido todo vínculo con sus países de origen y consideran a Kuwait como su casa”.¹⁵

Otros casos son los nacidos de madres kuwaitíes y padres foráneos o bidún, pues una mujer kuwaití que haya estado casada con un bidún o un no kuwaití¹⁶ puede pasar su nacionalidad a su hijo mayor de edad sólo en casos de divorcio, fallecimiento del esposo, cuando no se haya podido oficializar la paternidad, o sea hijo de padre desconocido. Según la ley kuwaití, solo el padre pasa su nacionalidad al hijo. Un hombre kuwaití casado con una bidún sí puede pasar su nacionalidad a los hijos.

Durante las décadas de 1960 y 1970, los problemas fueron menos tensos, pues a los bidún se les otorgaron grandes beneficios económicos y sociales que recibían también los ciudadanos oficiales kuwaitíes, aunque sus derechos políticos estaban más limitados y no podían votar en las elecciones.

Pero la política hacia ellos cambió en las décadas de 1980 y 1990 en medio de conflictos bélicos, tensiones regionales y los problemas de inestabilidad interna del propio Kuwait. El atentado frustrado dirigido contra el emir jeque Jaber Al-Sabah, en 1985, junto a una serie de sabotajes en varias instalaciones, agudizaron el ambiente de desconfianza y xenofobia contra la población bidún. Fue en 1988 que el rechazo tomó nuevas formas jurídicas y se comenzaron a retirar algunos derechos previamente otorgados a este grupo.

Con la invasión iraquí de Kuwait en 1990, las sospechas y las desconfianzas aumentaron, cuando muchos kuwaitíes consideraron que los bidún podían haber sido colaboradores de los iraquíes y consecuentemente tendrían que ser tratados como traidores. Así, en 1991, las presiones para quitarles sus derechos y lograr su expulsión se incrementaron, lo que fue acompañado de un gran cambio en la visión y la legislación kuwaitíes, cuando su estatus oficial de “residentes legales sin nacionalidad” se cambió por el de “residentes ilegales”,¹⁷ que se conserva hasta la actualidad.

Durante la guerra, muchos bidún emigraron a países árabes vecinos, pero al terminarse el conflicto bélico se les impidió regresar. Esto propició que la cifra general de pobladores bidún disminuyera de aproximadamente 250 000 en 1990, a 125 000 en 1991.¹⁸

Otros grupos de migrantes también se vieron afectados al ser vistos como proiraquíes y simpatizantes del régimen de Saddam Hussein, como fueron palestinos, jordanos y yemeníes. Mientras unos migraron, otros tuvieron que enfrentarse a una gran hostilidad e incluso a la persecución temporal.¹⁹

El caso de los palestinos llamó mucho la atención y fue uno de los que provocó una mayor afectación demográfica en el país. De unos 400 000 a 450 000 palestinos que habitaban en Kuwait, aproximadamente 200 000 emigraron durante los meses de tensa y crítica ocupación iraquí. Los palestinos gozaron durante décadas de un gran prestigio por su dedicación y muy elevado nivel de instrucción. Tal como recuerda Laurie Brand:

Fueron los palestinos, más que cualquier otro grupo de expatriados, los que contribuyeron a dar forma al desarrollo político, económico y social del país. La duración de su residencia, el tamaño de la comunidad, su dedicación al trabajo en los sectores públicos y privados, y su consiguiente afianzamiento profesional, económico, burocrático y en los medios de información, posibilitaron que los palestinos en Kuwait se convirtieran en una de las comunidades más cohesionadas y activas en la diáspora.²⁰

Toda la situación cambió durante los meses de anexión y con la posterior terminación de la guerra, pues las autoridades kuwaitíes decidieron “barrer del país a todos los quintacolumnistas”, responder a una Organización para la Liberación de Palestina dirigida por Arafat que apoyó a Saddam Hussein, e identificar a sus principales enemigos para su seguridad nacional. Con esto, otros 200 000 palestinos fueron expulsados, y la cifra de residentes palestinos en Kuwait disminuyó entonces hasta 10 000 o 20 000.²¹

Muchos defensores de la causa bidún y de los derechos humanos en Kuwait consideran que fue una actitud injusta, no sólo por la negativa frente a las demandas bidún, sino también porque algunos de ellos combatieron y murieron defendiendo a su país de la agresión iraquí, y ni con ello se les ha reconocido ni otorgado algún derecho.

La Ley de Nacionalidad, de 1959, se ha enmendado en muchas ocasiones, haciendo cada vez más estrictas las condiciones para el otorgamiento de la ciudadanía, por lo que, a pesar de las muchas décadas transcurridas, muchas personas que han residido sólo en el territorio kuwaití por generaciones, con vínculos familiares, culturales y económicos que los atan a ese espacio geográfico, no han podido lograr aún su naturalización. El gobierno no ha facilitado que se puedan probar tales vínculos con rapidez,²² mantiene su visión de “residentes ilegales”, y el otorgamiento de la nacionalidad sigue siendo más excepción que práctica común; por lo tanto, la discriminación hacia los bidún sigue siendo, en muy buena medida, producto de una política de arbitrariedad administrativa.

Ya se señaló que para el gobierno el tema bidún no existe: no son “apátridas”, sino que son nacionales de otros Estados, como el iraquí, sirio, saudita, etcétera, y que han destruido sus documentos originales para acceder a las garantías, beneficios y servicios que otorga el Estado kuwaití; por lo tanto, no tienen derecho a solicitar legítimamente la nacionalidad kuwaití. Esto es totalmente cierto en muchos casos,²³ pero para otros no debería aplicarse, pues hay muchos individuos con raíces propiamente kuwaitíes y que desde hace mucho tiempo deberían haber recibido un estatus apropiado.

La vasta mayoría de los bidún tampoco son considerados como nacionales por otros Estados, así que quedan en un vacío jurídico. A esto se le unen las tensiones que se generan en materia económico-social, pues este sector no es favorecido con las enormes ventajas de que dispone el ciudadano kuwaití en materia financiera, educacional, habitacional, laboral y de salud. Sus dificultades materiales y resentimientos se convierten en un propulsor de la protesta y en una necesidad que debe atenderse con urgencia.

Los bidún viven en barrios pobres en las afueras de la ciudad de Kuwait (aunque estas áreas no llegan a ser los tugurios de tiendas y casas de hojalata de los cinturones de miseria que existen en muchos países), lo que contrasta con la riqueza y el esplendor de otras áreas urbanizadas muy modernas del país; no pueden tener un empleo legal, carecen de derechos laborales, dependen de empleos informales con menores salarios, trabajos de temporada y ambulantes,²⁴ y viven con ingresos de familiares que sí son ciudadanos legales kuwaitíes.²⁵

La mayor parte de los bidún viven en núcleos urbanos en Yahra, Taima, Sulaibiya, Jeleeb Al-Shuyoukh y Ahmadi²⁶ (véanse mapas). Aunque muchas de las viviendas fueron distribuidas por el Estado para mujeres kuwaitíes que están casadas con no kuwaitíes, o con bidún que trabajan en el ejército y la policía, o con otros ciudadanos de países árabes del Golfo, son evidentes en estas zonas las manifestaciones de disconformidad y protestas que exigen derechos, plantean demandas y critican la prolongación de la injusticia.

Perry-Castañeda Library, Map Collection, Universidad de Texas, Austin (http://lib.utexas.edu/maps/middle/_east_and_asia/kuwait_pol_06.jpg)

Mapa 1 Kuwait 

Elaboración de Ernesto Martínez Villanueva.

Mapa 2 Ubicación actual de los bidún 

En la coyuntura de la naciente Primavera Árabe de 2011, los reclamos de ciudadanía y adquisición de plenos derechos bidún se expresaron en grandes manifestaciones. En medio de los acontecimientos en Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen y Bahréin, el gobierno continuó optando por la represión, pero prometió que haría reformas para resolver el “problema”.

Los bidún recibieron algunos beneficios, tales como acceso a la salud, educación y la posibilidad de obtener documentos como actas de nacimiento, certificados y registros de defunción, pero muchos mantienen sus críticas al sistema por ser procesos burocráticos muy complejos, llenos de obstáculos e ineficiencias y sin una aplicación uniforme. Además, las nuevas medidas no mejoraron en mucho las condiciones de vida ni redujeron las tasas de desempleo entre los bidún.²⁷

El gobierno kuwaití, al insistir en que no son bidún sino residentes ilegales, añade un elemento que intenta evitar las críticas cuando argumenta que los servicios educativos, de salud y empleo limitado a los que se les da acceso están inspirados en “razones humanitarias” y no en ningún tipo de obligación del Estado.

Además de otorgar estos beneficios, las autoridades exhortaron a los “residentes ilegales” a que se inscribieran oficialmente como tales, y así pudieran recibir su tarjeta de seguridad (security card). La tarjeta brinda al residente ilegal alguna protección ante las detenciones y deportaciones por el simple hecho de ser “ilegal”, aunque obviamente no está exento de éstas y otras medidas punitivas en caso de violación de la ley o por disposición de las autoridades. Es un beneficio limitado que muchos perciben como otro mecanismo de control interno, pero tiene elementos positivos al brindar la posibilidad de trabajar, acceder a educación y salud, realizar trámites burocráticos y obtener una licencia de manejo, por ejemplo.

La tarjeta de seguridad tiene que ser renovada anual o bianualmente en dependencia de lo que establezca la Agencia Central para la Resolución del Estatus de los Residentes Ilegales -conocida también informalmente como el “Comité Bidún”- que se estableció en 2010. Al solicitar su renovación, las peticiones pueden ser rechazadas sin explicación, o la Agencia puede argumentar que ya ha confirmado que el individuo posee otra nacionalidad, aunque no muestre evidencias sobre ello. Aproximadamente, a 30 000 bidún se les han negado sus solicitudes para obtener la tarjeta.

En el caso de los residentes ilegales que no se inscriben ni cuentan con su tarjeta de seguridad, la situación es más difícil todavía, pues muchos deciden vivir casi en estado de autoconfinamiento y escondiéndose de las autoridades ante el temor de ser descubiertos y deportados, lo que añade mayores escollos a los bidún.²⁸

Además de las tarjetas de seguridad, las autoridades pueden extender las tarjetas de identidad civil (civil id cards) solamente a ciudadanos kuwaitíes y extranjeros residentes legales en el país. Los bidún no pueden recibir este documento pues son “residentes ilegales”. Con esta tarjeta de civil se pueden comprar o rentar departamentos y automóviles, abrir cuentas bancarias, inscribirse en escuelas privadas, tener empleo legal, y recibir certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.

Curiosamente, los bidún, a pesar de ser “residentes ilegales”, sí pueden solicitar sus pasaportes, aunque no es una práctica demasiado extendida. Reciben documentos casi iguales a los de los ciudadanos kuwaitíes, pero sin que ello signifique poseer la nacionalidad. Usualmente se entregan para realizar un solo viaje al extranjero por razones de estudios, tratamiento médico y peregrinación.

En 2013, y a pesar de la lentitud del proceso de estudio e identificación, las autoridades informaron que tenían registrados oficialmente a 93 000 residentes que habían solicitado la ciudadanía kuwaití, de los cuales unos 34 000 clasificaban para ser considerados; pero los otros residentes parecían tener un futuro incierto, pues las autoridades aseguraron que ya habían identificado sus orígenes y nacionalidades, por lo que debían recuperarlas y no solicitar la kuwaití. Se les dio un plazo de tres años para que corrigieran su estatus y declararan su nacionalidad verdadera pues, de no hacerlo, enfrentarían la acción legal.²⁹

En esa misma ocasión, la ya mencionada Agencia Central anunció que otorgaría la ciudadanía a 4 000 “residentes ilegales”, en general, sin especificar que fueran destinadas para avanzar en la solución del problema de los apátridas exclusivamente, sino para cualquier extranjero. Así quedó recogido en la ley aprobada por el parlamento, el cual obviamente no reconoce tampoco que exista algún problema de bidún o apátridas en el territorio nacional.

Según el activista de derechos humanos y de la causa bidún Ahmed Al-Khalifa, la Agencia Central ha dividido a la comunidad en tres grupos o categorías: “Unos 35 000 son elegibles para la nacionalidad kuwaití; otro grupo puede obtener permiso de residencia con la condición de que mantengan su nacionalidad original, y un tercer grupo que ha sido rechazado por razones de seguridad y tiene que abandonar el país”.³⁰

La decepción de los bidún por la falta de atención a sus reclamos y dificultades socioeconómicas ha contribuido a que las protestas hayan continuado en años más recientes, aunque en menor escala que en 2011. Los bidún han demandado un reanálisis de su estatus, el otorgamiento de la nacionalidad y la renuncia del presidente de la Agencia Central y del ministro del Interior por la falta de transparencia, las demoras y la ausencia de explicación al rechazo de las solicitudes. Estas protestas siempre han sido reprimidas por las autoridades, que se basan en las leyes que prohíben al no kuwaití realizar reuniones y participar en demostraciones que atenten contra la seguridad pública.³¹ Como resultado de ello, decenas de bidún han sido detenidos y encarcelados.

Defender la causa bidún también es una tarea difícil. Cualquier activista puede ser detenido. Cualquier protesta pública será rechazada y continuará siendo reprimida con total fuerza por las autoridades. Los bidún enfrentan el riesgo de ser apresados una y otra vez o de perder, junto con sus familias, los pocos derechos que algunos poseen.³²

Uno de los principales líderes en favor de las demandas bidún, Abdul Hakeem Al Fadhli, ha sido detenido, junto a otros colaboradores, varias veces por “reunión ilegal, desafiar las órdenes y atacar a la policía”. Todos fueron condenados a encarcelamiento y posterior deportación.³³

Según el Informe Anual sobre Kuwait de 2015, elaborado por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, “la ley no proporciona a los apátridas una oportunidad clara ni definida para obtener la ciudadanía […] el proceso de naturalización para los bidún no es transparente, y las decisiones tomadas parecen ser arbitrarias”.³⁴

En mayo de 2014, el gobierno kuwaití dio a conocer su nueva iniciativa para “solucionar” el problema de los “residentes ilegales”, cuando el subsecretario asistente del Ministerio del Interior para Asuntos de Ciudadanía y Pasaporte, el jeque Mazen Al-Jarah Al-Sabah, anunció en una entrevista televisiva que se estaba negociando con otros países para buscar una ciudadanía a sus residentes sin nacionalidad, a cambio de beneficios económicos; posteriormente, el mismo alto funcionario esclareció que esta salida para el tema bidún no quería decir que decenas de miles de los residentes ilegales serían deportados por la fuerza a las islas Comoras, sino que era una forma para lograr su regulación jurídica.³⁵

En noviembre de ese mismo año, la prensa kuwaití explicó que a estos “ilegales” se le ofrecería la “nacionalidad económica” del Estado árabe de las islas Comoras, en un arreglo similar al que ya habían llegado los Emiratos Árabes Unidos en 2008.³⁶ Kuwait ha ofrecido una serie de inversiones a la Unión de las Comoras, miembro de la Liga Árabe, a cambio de esta opción para sus “residentes ilegales”. Las empresas kuwaitíes planifican invertir en telecomunicaciones, aviación, energía, agricultura y transporte, lo cual es extraordinariamente atractivo para las autoridades comorenses, que encabezan un país pobre, con un ingreso per cápita anual de 810 dólares, y con una enorme inestabilidad política que se ha expresado en más de 20 golpes de Estado desde su independencia de Francia en 1975.³⁷

El anuncio recibió numerosas críticas, pues fue visto como un simple contrato de compraventa que trata a seres humanos como mercancías, y de violaciones elementales a los derechos humanos.

El proceso de naturalización continuó avanzando desde las protestas de 2011 hasta al menos noviembre de 2015, cuando las autoridades informaron que 7 243 residentes ilegales habían regularizado su estatus en el país. Mohammad Al Wuhaib, director de la Agencia Central, dijo que muchos ilegales habían optado por retomar sus anteriores ciudadanías saudita, iraquí, iraní, jordana y otras, lo que demostraba que había una cuota de legitimidad en la posición oficial kuwaití ante el problema bidún. El mismo funcionario exhortó nuevamente a otros “residentes ilegales” a que realizaran gestiones semejantes, para que pudieran obtener sus documentos originales y entonces recibir visas de residencia kuwaití renovables cada cinco años, y lograr acceso a servicios educativos y de salud, entre otros beneficios.³⁸

Pero los llamados bidún también representan otras preocupaciones para los grupos dominantes en Kuwait. Otorgar la nacionalidad a unas 100000 nuevas personas, aproximadamente (cifra que se sumaría a los 1.2 millones de ciudadanos kuwaitíes), podría elevar considerablemente los gastos por concepto de garantías sociales que otorga el gobierno. Muchos políticos también expresan sus preocupaciones ante el escenario de que miles de bidún se conviertan en ciudadanos, pues ello “cambiaría la conformación demográfica y afectaría su orientación política. Por lo que negociar un acuerdo que otorgue derechos económicos de ciudadanía en las Comoras, aparentemente podrá ser menos costoso en el largo plazo”.³⁹

La caída de los precios de los energéticos y la contratación de una voluminosa mano de obra foránea también presentan grandes retos para el poder kuwaití, por lo que la idea de disminuir la presencia extranjera en el país se valora recurrentemente. En 2013, la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Thekra Al Rasheedi, dijo que el emirato planeaba deportar a 100 000 extranjeros cada año para lograr reducir el número en un millón. En el parlamento kuwaití, el legislador Abdullah Al Tamimi propuso también llevar adelante grandes recortes de extranjeros para poder reajustar el desequilibrio demográfico del país, y dijo: “No podemos aceptar que el número de extranjeros sea superior al de los ciudadanos kuwaitíes en su propio país”.⁴⁰

En la misma línea, otro parlamentario, el doctor Khalil Abdullah, se ha mostrado partidario de la política de deportaciones en aras de lograr un equilibrio demográfico, reducir las presiones sobre la infraestructura local y la congestión en las instituciones estatales, y favorecer el empleo para nacionales kuwaitíes tanto en el sector público como en el privado.⁴¹ Otra línea de pensamiento ha pretendido resolver dos problemas con una sola política, cuando diputados como Ahmed Lari⁴² y Jamal Al-Omar⁴³ han sugerido que podrían reasignarse 100 000 puestos de trabajo ocupados por expatriados a los bidún, brindarles opciones de preparación técnica e instrucción, y otorgarles mayores derechos sociales y civiles. Con una medida así se contribuiría también a rectificar el desequilibrio demográfico que sufre el país. No obstante, esta posición evidentemente más constructiva, no ha tenido demasiado respaldo ni dentro del parlamento, que ha tenido la tendencia a poner el tema bidún en un lugar secundario, ni ante las autoridades gubernamentales.

Al referirse al tema de los “extranjeros”, el jeque Ahmed Al Nawaf, subsecretario asistente para Nacionalidad y Pasaportes, brindó una posición más equilibrada cuando en vez de defender las deportaciones ante cualquier tipo de violación, explicó que los extranjeros sin documentación en regla han violado la ley al ser “víctimas de las circunstancias”; algunos recibieron intensas presiones de sus empleadores y fueron obligados a violar las leyes, otros fueron víctimas de los abusos de sus compañías. “Los escucharemos para rectificar su situación legal, pero aplicaremos la ley contra aquellos que la violaron deliberadamente”.⁴⁴

No es tarea fácil aplicar tal disminución de la mano de obra extranjera. Hay trabajos que los kuwaitíes no pretenden realizar en numerosas áreas como la construcción y los servicios. Igualmente, hay que tener en cuenta que cualquier recuperación de los precios de los energéticos llevaría a reevaluar los proyectos de crecimiento económico y la contratación de mano de obra abundante, por lo que es obligado diferenciar entre una medida de corto plazo y una estrategia para el largo plazo; de todas formas, muchos opinan que en cualquier escenario habrá que lograr un mejor equilibrio, especialmente con las muy numerosas comunidades indias y egipcias.⁴⁵

Además de la riqueza que aportan los extranjeros a la economía kuwaití, también hay que tener en cuenta que la segunda generación de residentes no kuwaitíes ha ido incrementando su capacidad competitiva, por lo que al mismo tiempo en que pueden contribuir aún más al bienestar general, su alto nivel profesional hace que sean percibidos por muchos nacionales kuwaitíes como una fuerza de trabajo que se apropia de las oportunidades laborales y una aparente amenaza a sus intereses.⁴⁶

Más allá de todo este debate, en la práctica lo que se ha visto es el mayor número de deportaciones en décadas. En 2015 fueron deportados 26 600 expatriados, mientras que en el periodo enero-abril de 2016 la cifra fue de 14 400; se anunció que la mayor parte de los deportados fueron asiáticos que habían violado las leyes de trabajo y residencia.⁴⁷

Socialmente, la falta de solidaridad, la unidad nacional y los enfoques discriminatorios siguen teniendo un espacio que no puede dejar de mencionarse. En un editorial del diario Kuwait Times, el periodista Saleh Al-Shayeji llevó a debate nuevamente este problema cuando consideró que los que piensan que el sentimiento de identidad kuwaití genuino y puro es exclusivo de ellos sufren de una desviación ideológica extremista reñida con la verdad, pues a fin de cuentas Kuwait fue conformado a lo largo de la historia por inmigrantes de regiones adyacentes o lejanas. No existe ninguna justificación entonces para rechazar a otros considerándolos como inferiores, ni habría espacio para que lamentablemente un gran número de kuwaitíes crean que muchos de los naturalizados no merezcan haber recibido tal reconocimiento.⁴⁸

Luego del atentado suicida del 26 de junio de 2015 contra la mezquita chiita Imam Sadiq, en la ciudad de Kuwait, el tema bidún fue afectado por nuevas tensiones coyunturales. En este ataque murieron 26 personas y más de 220 resultaron heridas, lo que lo convirtió en el más sangriento jamás cometido en el país. Además de varios sauditas, kuwaitíes y paquistaníes que participaron en la preparación, 13 bidún fueron arrestados, procesados y varios recibieron condenas de penas de muerte y prisión de entre 2 y 15 años.⁴⁹

El ataque fue reivindicado por el grupo Estado Islámico, evidentemente interesado en agudizar las diferencias sectarias entre chiitas y sunitas también presentes en Kuwait. Como parte del proceso investigativo y operativo de captura, las autoridades actuaron con gran rudeza frente a la comunidad bidún y dejaron de expedir inmediatamente documentos de viaje para estos “residentes ilegales”.

Algunos retomaron viejas sospechas sobre el comportamiento de los bidún, razonando que la creciente marginalización económica de los apátridas y la falta de solución a sus demandas hacen que se haya incrementado el potencial de choque entre los bidún y el gobierno represivo. Según Madeleine Wells, frente a esta situación,

[…] los bidún pueden estar listos para adoptar una línea de comportamiento radical al estilo del Estado Islámico […] Este grupo sin derechos, que los Estados del Golfo han fracasado en reconocer, ahora es visto como una amenaza de seguridad potencial […] 50 años de apatridia y de opresión pueden llevar a estos grupos marginados a ser cómplices de grupos como el Estado Islámico.⁵⁰

Las medidas aplicadas en estos años recientes para restringir la libertad de expresión continúan afectando los reclamos y la defensa de la causa bidún tanto en el ámbito público social como en el llamado ciberespacio. La nueva ley contra los delitos cibernéticos permite enjuiciar y condenar a quienes expresen críticas e “insultos” en Internet contra el emir, otros dirigentes árabes,⁵¹ el honor de figuras públicas o la religión.⁵² Los controles de las redes sociales son cada vez mayores, pues el gobierno bloquea contenidos, niega accesos y revoca licencias a compañías de telecomunicaciones, al mismo tiempo que están capacitados para suspender los servicios de comunicación con el argumento de amenaza a la seguridad nacional. La arremetida contra la oposición política no cesa, y se ha recurrido incluso a la anulación de la ciudadanía kuwaití a decenas de individuos, con lo que se les condena al exilio. En medio de toda esta atmósfera, los bidún parecieran ser los menos favorecidos.