Introducción

Arnaldo Córdova fue de los primeros historiadores en usar el concepto de corporativismo, asignándole un origen económico y caracterizándolo como resultado del presidencialismo y la emergencia de la sociedad industrial, que produjeron una institucionalización de los sindicatos y las organizaciones campesinas centralizadas y controladas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por su parte, Ilán Bizberg y Alberto Aziz coinciden en señalar que el corporativismo en México fue parte de una estructura estatal que garantizó el dominio del Estado sobre las organizaciones sindicales, “desde arriba, por la vía autoritaria”, como parte de la estrategia desarrollista tendiente a garantizar la acumulación de capital en el sector industrial nacional, institucionalizando a dichas organizaciones y sindicatos para hacerlos sistémicos y dependientes. En otro sentido, Armando Bartra habla de la existencia de un “corporativismo progresista”, pues si bien “el control de las organizaciones sociales es una mercancía electoral con la que se negocia la distribución del poder político” -según el autor-, “las instituciones y recursos gubernamentales [también] se emplean para hacer política gremial”. Lo anterior sugiere una estructura menos rígida y un tanto más flexible del corporativismo, pues no habla de un poder presidencialista omnipotente, sino que abre la posibilidad de cierta agencia por parte de los campesinos organizados.²

Enrique de la Garza Toledo cuestiona el concepto de corporativismo por ser una construcción monolítica del Estado presidencialista que impide matizar y comprender la complejidad del proceso de dominación del Estado mexicano, pues como se verá en el presente artículo, a nivel federal y regional existieron fisuras dentro del PRI que generaron fuertes tensiones e impidieron una organización corporativa fuerte y estable, sino que por el contrario, estuvo marcada por una confrontación entre grupos caciquiles y élites políticas.³

El modelo “clásico” del régimen autoritario mexicano con su carácter monolítico y corporativo, es un marco conceptual forzado para estudiar la historia de la Unión Regional de Productores de la Copra del Estado de Guerrero (URPCEG), pues en el caso de esta organización no se llegó a desarrollar una estructura burocrática y orgánica que garantizara la estabilidad política dentro de la entidad, ni tampoco destacó un grupo, sino que predominó una permanente confrontación entre sus diversos estratos y facciones. Por lo antes dicho, parece más útil el concepto de clientelismo político, el cual es más complejo y armoniza con el llamado modelo interactivo del régimen autoritario mexicano en el que se “intenta proporcionar una respuesta a la pregunta de cómo enfrenta la movilización social el régimen autoritario mexicano y cómo ésta, a su vez, influye sobre la toma de decisiones”.⁴

La noción más básica del clientelismo político sostiene que la entrega de bienes y servicios ocurría por la búsqueda de apoyo político a cambio de votos; sin embargo, la estructura clientelar como parte del Estado implica la existencia de la relación patrón-cliente, en la cual el primero tiene una función como gate-keeper, que detenta el monopolio al acceso de los servicios, derechos, gestiones o beneficios estatales. En este sentido, las llamadas organizaciones corporativistas, como la Confederación Nacional Campesina (CNC) o la URPCEG tuvieron patrones que eran líderes campesinos afiliados al PRI o caciques regionales.

Como se verá en este artículo, dichas organizaciones en Guerre ro se conformaron de acuerdo con una estructura piramidal y jerárquica en la que los productores e intermediarios de la copra más ricos, influyentes y poderosos se ubicaron en la cima de la organización, como intermediarios respecto a los ejidatarios y campesinos pobres, quienes guardaron con sus líderes una relación clientelar en la medida en que estos “clientes” aceptaron subordinarse al PRI y a la URPCG a cambio de concesiones económicas, como la mejora de los precios de la copra y de préstamos económicos.⁵

En Guerrero existe una sistémica violencia circular,⁶ en la que predomina un estado generalizado de impunidad, por lo que se verá la tensión sistémica entre la estructura estatal autoritaria y la capacidad de agencia campesina. Hacia los años sesenta, dicha tensión se volvió antagónica, pues los líderes agrarios Genaro Vázquez y Lucio Cabañas lograron gestar un movimiento de masas que cuestionó el control y la dominación estatal, generando una fuerte crisis de legitimidad del PRI, además de detonar un proceso insurreccional en la región de la Costa Grande de Guerrero, el cual incubaría a las guerrillas de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y el Partido de los Pobres (PDLP).

Así, en el presente artículo me centraré en la historia de la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerre ro (URPCEG)⁷ que, en términos económicos, fue la organización gremial más importante de Guerrero porque era la intermediaria entre los ejidos y el Estado para negociar los precios del llamado “oro blanco”, la copra, la “carne de coco”, que en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX alcanzó un elevado precio en el mercado nacional e internacional.⁸

En este sentido, se verá que dicha organización tuvo una función primordial al reclutar afiliados al PRI, proveer masas para los actos partidarios y de gobierno, proponer candidatos de elección popular y canalizar votos al partido, a cambio del cumplimiento de algunas demandas de las bases campesinas. No obstante, desde sus orígenes, las luchas internas del PRI, así como las tensiones entre el gobierno local y la federación, sumadas a la violencia política y social casi endémica en Guerre ro, trajeron consigo una forma singular de clientelismo, pues a diferencia del de otras latitudes del país o del mundo, la relación patrón-cliente no siempre se mantuvo como un vínculo voluntario, sino que hubo un tenue límite con prácticas forzadas y la coacción mediante la violencia política, lo cual hizo del clientelismo en Guerrero una estructura autoritaria que a veces colindó con la servidumbre o la esclavitud, sobre todo cuando los caciques a nivel local se apoderaron de todas las vías de comercialización y cerraron las vías de la protesta campesina.

Por ello, aquí se propone para su estudio un enfoque de historia regional que tenga en cuenta las complejidades de la geografía y el territorio como claves para comprender la furia y combatividad con la que los campesinos y comunidades agrarias se opusieron a la dominación del PRI. Así, cabe preguntarse cómo el clientelismo, que tenía mecanismos de control social relativamente efectivos en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, entró en crisis en los años sesenta, al grado de convertirse en un mecanismo obsoleto para contener el proceso de insurrección regional, marcado por la llegada de las guerrillas. Así, en las siguientes páginas se explorará el tránsito de una política clientelista a una de terror, al tiempo que se analizará el proceso de transformación de la violencia social y política estructurales a la represión masiva e indiscriminada, cuyo punto máximo fue la masacre de copreros de Acapulco el 20 de agosto de 1967, configurando las condiciones subjetivas para el desarrollo de movimientos guerrilleros en aquel estado del sur de México.

La formación de la unión regional de productores de copra del estado de guerrero en el marco de la contrarreforma agraria alemanista

En la década de 1940, después de décadas de lucha agrarista, los campesinos de las costas de Guerrero lograron la dotación de tierras, en tanto que los ejidatarios empezaron a sembrar palmeras de coco. A pesar de que la Constitución de 1917 estableció otorgar al campesino el derecho a la tierra, se generaron nuevos mecanismos de control social que mermaron la economía ejidal. A continuación, explicaremos cómo durante el periodo de posguerra, la economía ejidal fue encauzada hacia la capitalización de la industria, así como al enriquecimiento de grandes intermediarios que terminaron por convertirse en cacicazgos regionales.

La segunda Guerra Mundial (1939-1945) produjo una demanda creciente de productos agrícolas en el mundo, que en México favoreció las exportaciones de materias primas a los países que las demandaban. El gobierno mexicano vendió petróleo a Alemania, rayón a Italia y frijol a Japón, a cambio de insumos para la industria nacional.⁹ La creciente compra de productos agrícolas provocó una crisis interna en 1942, pues los productos primarios del mercado mexicano registraron desabasto, generando un incremento acelerado en los precios de productos básicos alimentarios. La consecuencia inmediata de este proceso fue que los niveles de vida de las familias asalariadas y campesinas cayeron de forma considerable. En contraparte, los industriales prosperaron, pues las manufacturas europeas, asiáticas y estadounidenses escasearon por efecto de la guerra y, en su lugar, la producción industrial nacional logró emerger al grado de exportar mercancías a Centroamérica y Estados Unidos, par ticu lar men te textiles.¹⁰

Entre 1942 y 1945 el sector agropecuario había sido desplazado como centro dinámico de la economía nacional y sustituido por la industria.¹¹ En la Costa Grande de Guerrero esa política favoreció a los productores de copra y ajonjolí, materias primas esenciales para el desarrollo de la industria de los aceites vegetales y los jabones. En ese momento, Estados Unidos era el principal importador de aceites comestibles en el mundo¹² y, por tal razón, los precios de la copra (la carne del coco) subieron de 268 pesos (en 1939) a 1 241 (en 1946).¹³ En el caso del ajonjolí, registró un aumento en su producción, superando el 175% durante el periodo 1929-1939.¹⁴

La fábrica La especial y las empresas comerciales Bola de Nieve y Casa Minaya, asociadas a capitales industriales mexicanos y extranjeros, en un principio acapararon las cosechas de las oleaginosas en toda la costa guerrerense.¹⁵ Pese a los intermediarios, algunos campesinos vieron incrementar sus ingresos estrepitosamente, sobre todo quienes ya producían copra y ajonjolí.

Las comunidades atestiguaron la polarización de los ingresos cuando algunos campesinos se enriquecieron gracias a lo producido por sus huertas, dinero despilfarrado, en algunos casos, en peleas de gallos, juegos, cabarets, cantinas y fiestas,¹⁶ mientras otros productores vivían en condiciones precarias. Generalmente, éstos eran ejidatarios recién dotados de tierra, carentes de recursos para iniciar la producción y que, debido a ello, se volcaron a sembrar varios cultivos a la vez, unos destinados al autoconsumo y otros para la venta. En el caso de los primeros, se encontraron el maíz, frijol, calabaza, así como algunos árboles frutales de traspatio que sirvieron para mitigar la difícil situación económica de sus familias. También, las parcelas fueron sembradas con productos comerciales, como palmeras de coco, ajonjolí y, en Atoyac, con café. Es importante señalar que para que los campesinos se incorporaran a la producción comercial, primero tenían que generar capital, por lo cual se abocaron a sembrar palmas de coco y cafetos. Las primeras cosechas tardaron siete años en llegar, en el caso de las palmas de coco, mientras que las de café, ocho años.

Mantener por siete años una hectárea de copra implicaba una inversión anual de 976.50 pesos, cifra que a su vez debía multiplicarse por el número de hectáreas cultivadas por cada ejidatario, las cuales oscilaban entre una y ocho. De acuerdo con la habilidad y productividad de cada agricultor, se lograba obtener cosechas cuya venta compensara a los campesinos los recursos que habían invertido. Como puede suponerse, la mayoría de los agricultores no disponían de estos montos de dinero. De hecho, la realidad más común era que no se pudiera pagar a los peones, y ello obligaba a emplear a todos los integrantes de las familias campesinas, práctica que generalizó la presencia de niños y mujeres que, por una estructura familiar autoritaria y patriarcal, trabajaban en las tareas agrícolas sin recibir la remuneración que les correspondía.¹⁷

Al comienzo del sexenio del presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952) se profundizó la política de fomento a la propiedad privada iniciada por Manuel Ávila Camacho (1940-1946), quien en su programa de gobierno señaló que “el Estado debe brindar la más amplia libertad a las inversiones particulares”, pues Alemán consideró a la iniciativa privada como la impulsora del desarrollo económico nacional, abriéndoles las puertas para beneficiar a los grandes empresarios.¹⁸ En enero de 1946, el radicalismo ideológico cardenista fue neutralizado mediante la creación del PRI, que buscó un mayor control de los campesinos y obreros.

Para Miguel Alemán, el latifundismo y la desigualdad en el acceso a la tierra no representaban el problema del agro, sino la producción campesina de subsistencia, que no buscaba la obtención de ganancia. Con esta mentalidad se favoreció a las haciendas que aún persistían.¹⁹

La política de Miguel Alemán estuvo encaminada a fomentar el desarrollo industrial nacional sin importar el alto costo social, pues su gobierno justificó con tecnicismos económicos la prioridad de consolidar la industria y después mejorar los ingresos de los obreros y campesinos. De esta forma, el gobierno federal apoyó con subsidios a la burguesía agraria, además de reconocer sus latifundios, reformando el artículo 27 de la Constitución, que amplió la superficie de la llamada “pequeña propiedad”. Así, en Guerrero fueron legalizadas las fincas de café y copra de hasta 150 hectáreas, mientras que los ejidatarios, de acuerdo con el Código Agrario, no debían tener más de 10. La ayuda estatal polarizó el campo. Los empresarios del agro, con el 1.5% del total de propiedades privadas del país, produjeron el 40% del valor de la producción agrícola y el 46% del valor total de los recursos productivos.²⁰

Miguel Alemán tuvo un especial interés por la riqueza económica de las costas de Guerrero, pues sabía del potencial turístico y el crecimiento urbano que se avizoraba en el puerto de Acapulco. Por eso, en octubre de 1950, creó la Compañía Constructora La Joya de Acapulco, S. A., y la puso a nombre de su hijo.²¹ También compró importantes playas, como la de Revolcadero, en la bahía de Puerto Marqués, un lote de la exhacienda de San Marcos y, finalmente, se adjudicó otros predios de Granjas del Marqués, sumando un total de 180 000 m². Una buena parte de estos predios fueron comprados a precios de remate a la Junta Federal de Mejoras Materiales.²²

El gobernador de Guerrero, Alejandro Gómez Maganda (1951-1954), elegido por Miguel Alemán para contar con recursos en su gestión, buscó llenar las arcas del erario imponiendo un decreto que gravó el cultivo de palmeras de coco de agua con 10 pesos por cada una en producción, 7 por cada palmilla sentada en banco y 5 por las recién sembradas.²³

La reacción de los copreros fue desigual, pues los más ricos, muchos de ellos con feraces haciendas, tuvieron mejores condiciones para organizarse, mientras que los pobres estuvieron desplazados de los liderazgos, ya que, al vivir agobiados en las tareas cotidianas del campo, no podían dedicarse a la actividad política.²⁴ De esta manera, se organizó un movimiento liderado por los grandes productores de copra y algunos maestros afiliados al PRI.

En 1951, por ser el impuesto una medida que afectaba a los ejidatarios y pequeños propietarios, se produjo una agitación en las bases campesinas costeñas, la cual derivó en la fundación de la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero, en cuya elección de presidente hubo un empate entre el profesor Florencio Encarnación Ursúa, quien también era un político priista de Coyuca de Benítez,²⁵ y el rico coprero de Petatlán, Jesús Bravo González. Es importante señalar que en el fondo de dicha elección se jugó el dominio de dos grupos económicos. Por un lado, el del poderoso cacique Candelario Ríos,²⁶ que dominaba desde El Espinalillo, en Coyuca de Benítez y, del otro bando, la familia Ruisánchez, que controlaba Petatlán, ciudad rica no sólo por su producción agrícola sino por su intensa actividad comercial. El grupo de Coyuca fue el que ganó debido a que contaba con el apoyo de Miguel Alemán y del tío del presidente, el general Juan G. Valdés.²⁷ Esta poderosa corriente fue la que apoyó a Encarnación Ursúa para que tomara el liderazgo de los copreros.²⁸

Florencio Encarnación Ursúa se entrevistó con el gobernador para negociar el decreto número 24, pidiendo al gobernador de Guerrero, Alejandro Gómez Maganda derogar el impuesto a cambio de crear otro, pero de una manera que fuera aceptable para los campesinos.²⁹ Le planteó que se cobrara un centavo por cada kilo de copra cosechada y que, en lugar de que el dinero se quedara directamente en manos del gobierno, la URPCEG lo captara para invertirlo “en obras de infraestructura de beneficio social”.³⁰ El mandatario aceptó porque de esa manera podía controlar a la organización y, les dio facilidades para su registro oficial mediante la Ley Federal de Asociaciones Agrícolas, volviéndose un apéndice corporativo del gobierno.³¹

Los grandes productores y acaparadores de Coyuca y Peta tlán, sabiéndose apoyados por el gobierno de Maganda, decidieron enfrentar a su competencia: las empresas comerciales Bola de Nieve, la fábrica La Especial y Casa Minaya y Cía. Los grandes productores de la copra de El Espinalillo y Petatlán, mediante la URPCEG buscaron desplazar a los industriales citadinos y de Acapulco, y quedarse para sí el monopolio de la comercialización de la copra y el ajonjolí.³² Por otro lado, las bases campesinas exigían un verdadero beneficio de la organización porque los precios internacionales de la copra comenzaron a bajar de junio de 1951 a junio de 1952, cayendo de 3.85 pesos a 2.55 por kilo.³³

La dirigencia de la URPCEG no pretendía enfrentarse a las políticas del presidente Alemán, sino engancharse en su gobierno mediante el clientelismo. Por otro lado, había que tratar de negociar con el gobierno un precio de garantía que permitiera un ingreso digno para los campesinos y fuera competitivo para los grandes productores. De esta manera, se integraron en una misma organización grandes terratenientes y pequeños propietarios, así como ejidatarios. Se realizaron bloqueos carreteros para impedir el paso de copra hacia Acapulco,³⁴ y la dirigencia coprera centró sus demandas en la enorme importación de grasas provenientes de Estados Unidos que hacían una fuerte competencia a la producción mexicana. Una comisión fue a la ciudad de México para entrevistarse con el secretario de Economía para que cancelara la importación de grasas animales y vegetales. La respuesta de Antonio Martínez Báez fue que “era más importante bajar los precios en beneficio de las mayorías”.³⁵

La dirigencia de la URPCEG volvió a cerrar los accesos carre te ros para que la copra no llegara al puerto de Acapulco, lugar donde la comercializaban los industriales;³⁶ sin embargo, fueron contenidos por las fuerzas policiacas. Pronto se logró un acuerdo entre las cúpulas copreras y Miguel Alemán, cuando el presidente llegó al puerto de Acapulco y concedió a la URPCEG 5 millones de pesos como préstamo para pignorar³⁷ las cosechas de copra, concertándose de esta manera el “pacto” clientelista que daría origen a la URPCEG.³⁸

Según Florencio Encarnación, Miguel Alemán ordenó a la Secretaría de Hacienda que prohibiera la importación de grasas de Estados Unidos a México,³⁹ pues los precios de la copra tuvieron una mejoría. Pero de acuerdo con las estadísticas oficiales, en julio de 1952 hubo una ligera subida del precio de la copra, para al mes siguiente caer en picada.⁴⁰

La URPCEG se disciplinó con el alemanismo y abandonó los bloqueos carreteros en los siguientes años. Florencio Encarnación aplicó la lógica de Miguel Alemán, sosteniendo que el problema del acaparamiento de copra se agravó por culpa de la ignorancia de los campesinos, pues “en la prisa en vender su cosecha, algunos de ellos sin negociar el precio”, vendían sus productos en condiciones desventajosas. Este líder minimizó el hecho de que en su propia organización ejercieran liderazgo los ricos terratenientes de Petatlán y de Coyuca, beneficiándose de la precaria situación de los campesinos costeños. En lugar de atacar frontalmente a esos poderes caciquiles, redujo su lucha a la de un administrador y gestor (gate-keeper) de créditos gubernamentales y privados.⁴¹ De esta manera, la visión empresarial del propio programa de gobierno de Miguel Alemán fue aplicada por medio del clientelismo.

El control corporativo de la URPCEG

Adolfo Ruiz Cortines llegó a la presidencia en diciembre de 1952. En la Costa Grande, la nueva administración arribó en un contexto de cuestionamientos a la legitimidad política del PRI, originados por el presumible fraude electoral y el agravio económico del presidente saliente, Miguel Alemán. El desprestigio del partido hegemónico alcanzó nivel nacional. Por ello, mediante una “campaña de moralización”, Ruiz Cortines buscó desmarcarse de la influencia alemanista, intentando proyectar una imagen más progresista. De ahí que impulsara diferentes reformas, como el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, la aplicación de sanciones a funcionarios corruptos y el endurecimiento de multas a acaparadores o monopolistas.⁴²

Esta estrategia de legitimación política y gubernamental fue eclipsada en Guerrero, pues el gobernador alemanista Alejandro Gómez Maganda entró en pugna con el presidente Ruiz Cortines. El 26 de febrero de 1953, Maganda depuso al Ayuntamiento de Atoyac y, para relevarlo de su cargo, fincó falsas acusaciones contra el presidente municipal, Luis Urioste.⁴³ El Partido Obrero Campesino Mexicano (POCM) denunció que en Coyuca de Benítez los campesinos fueron obligados por pistoleros y bandoleros a firmar documentos en apoyo al gobernador y también señalaron que Maganda era defensor de los intereses latifundistas debido a que encarceló a dos campesinos en Tecpan de Galeana como represalia a las gestiones que hicieron para ampliar su ejido. En Petatlán, el gobierno del estado, en complicidad con el municipal, cobraron cada uno, 15 pesos de impuesto a los pequeños comerciantes de esa ciudad como parte de un acuerdo con la burguesía comercial de la localidad para acabar con la “competencia ruinosa”.⁴⁴

Varios funcionarios de Guerrero estaban relacionados con fraudes escandalosos, como el secretario de Hacienda de Guerre ro, Carlos E. Adame, compadre del gobernador, quien usó el erario público para comprar la maquinaria del periódico El Sol de Acapulco, el cual formaba parte de la prensa oficialista. A Ismael Valverde, cuñado del gobernador y juez del Registro Civil de Acapulco, se le acusó de comprar una mansión de 250 000 pesos, coches, gasolineras, negocios de sinfonolas, además de ser el administrador del diario gobiernista. También llegó a decirse que Francisco Gómez Maganda, administrador del mercado de Acapulco, “muerde sin misericordia al comercio”.

Por su parte, el gobernador fue acusado de adueñarse de los terrenos de la exhacienda de San Marcos, un lote en Granjas, de Puerto Marqués, así como de tener más propiedades en los estados de Morelos, Veracruz y Michoacán.⁴⁵ Cabe mencionar que las enmiendas constitucionales ruizcortinistas no fueron aplicadas contra los caciques del café y la copra, además de que a ningún funcionario corrupto se le impusieron sanciones.

A finales de 1953, se presentaron acusaciones ante la Secretaría de Gobernación respecto al intento de asesinato del líder coprero Florencio Encarnación Ursúa.⁴⁶ La URPCEG vivió entonces una situación tensa, pues en la cúpula hubo una conversión para apoyar al nuevo presidente. Ursúa buscó perpetuarse en la dirigencia coprera, pero sus antecedentes como líder magandista nublaron sus aspiraciones políticas. Por esta razón, mostró disciplina dentro del PRI y obtuvo el apoyo oficialista de la Confederación Nacional Campesina a nivel federal, en tanto que la URPCEG se subordinó a la primera.⁴⁷

El 3 y 4 de febrero de 1954 se organizó el Segundo Congreso de la URPCEG. Antes de que iniciara la plenaria, el campesino Luis Parra fue asesinado a quemarropa por tres sujetos, hecho que generó desconcierto. Por si fuera poco, el crimen alcanzó un nivel crítico debido a que coincidió con la reelección de la dirigencia coprera. Ursúa no hizo ningún pronunciamiento al respecto, continuó con la plenaria y no exigió que se investigara el caso, pues los homicidios parecían ser “normales” en la realidad política guerrerense.⁴⁸ El presidium estuvo integrado por la élite que controlaba y coaccionaba al campesinado de Guerrero y, con ese respaldo, la reelección de Ursúa como secretario general de la URPCEG fue un mero acto protocolario.⁴⁹

En el PRI de Guerrero los bandos ruizcortinistas y alemanistas se volvieron antagónicos, por eso los caciques Donato Miranda Fonseca, Ruffo Figueroa, Fernando Román Lugo y Caritino Maldonado alentaron a los productores de copra para que formaran (el 15 de mayo de 1954) la Asociación Cívica Guerrerense, la cual efectuó en Chilpancigo una multitudinaria manifestación contra el gobernador. Esta actividad fue organizada y dirigida por el acaparador de copra Candelario Ríos (exalemanista convertido al ruizcortinismo), así como por otros líderes priistas como José Barrera Ayvar y Salvador Martínez Fabre.⁵⁰ Con el pretexto de que había inestabilidad en Guerrero, el presidente de la República decretó la desaparición de poderes a finales del mes. Entonces, Darío L. Arrieta Mateos ocupó la gubernatura por el periodo que le faltaba a Maganda, es decir, de mayo de 1954 a abril de 1957.

En 1955, la dirigencia de la URPCEG participó en las cuotas de poder que el PRI asignaba a la CNC en las curules federales. El POCM cuestionó a Florencio Encarnación Ursúa por postularse como candidato suplente a diputado por la Costa Grande, pero el líder se justificó diciendo que era para gestionar ayudas federales.⁵¹ Desde la Secretaría de Gobierno Federal se asignó como titular de la diputación a Gustavo Rueda Medina, un militar veracruzano al mando de la zona de Acapulco, desconocido en las costas de Guerrero. No obstante, el suplente Ursúa fue quien controló la campaña electoral y el cargo popular.⁵² La candidatura no fue bien recibida por algunos masones relegados del poder, por eso denunciaron el engranaje autoritario del PRI para asignar las curules.⁵³

El enojo de esta fracción priista fue mayúsculo y la advirtieron al secretario de Gobernación, Ángel Carbajal, la posibilidad de que ocurriera una masacre como consecuencia de la imposición.⁵⁴ El grupo descontento comenzó a buscar bases sociales campesinas para echar atrás la candidatura oficial, utilizando propaganda fundamentada en la historia oficial y los regionalismos.⁵⁵

En ese contexto, Florencio Encarnación Ursúa participó en un mitin realizado en Acapulco. Su discurso negó el autoritarismo estatal y celebró que en México se gozara de “libertad de expresión y asociación […] libertad de pensamiento […]”. También, para defenderse de los cuestionamientos a su candidatura dijo no aceptar que a “los representantes del PRI, se nos tache de ser candidato de un partido imposicionista”, pues si lograban el triunfo, “la imposición será de las mayorías”. Ursúa enfatizó que existía un problema grave de violencia en la entidad, al grado de existir “gentes que están casi al borde de la barbarie”, aunque luego lo minimizó diciendo: “tenemos fe y creemos que el 80% del resto de la población ansía porque estas cosas terminen”.⁵⁶

El problema de la violencia endémica en Guerrero se agravó con la imposición del militar Raúl Caballero Aburto, quien fue designado por “dedazo” del presidente Adolfo Ruiz Cortines, en agosto de 1956, como candidato a la gubernatura de Guerre ro. La postulación representó un duro golpe para Donato Miranda Fonseca, Ruffo Figueroa y Fernando Román Lugo, pues eran poderosos políticos o caciques, así como los precandidatos más fuertes. Esto le valdría al nuevo gobernador una dura oposición dentro del PRI.

Caballero no era querido en Guerrero porque llevaba 30 años fuera de su estado natal.⁵⁷ Su designación obedeció a su lealtad con el presidente, y quizá también a que podía mediar en el conflicto interno del PRI entre las corrientes alemanistas y ruizcortinistas, ya que durante el periodo de Miguel Alemán fue condecorado con dos generalatos.⁵⁸

El bandolerismo en Guerrero era un problema grave y su versión caciquil era el llamado “circuito de los matones” en el que operaban bandas de abigeatos y matones a sueldo en una franja que abarcaba desde Acapulco hasta Zihuatanejo.⁵⁹ Por solicitud de importantes gremios como el coprero,⁶⁰ el gobernador se dio a la tarea de “limpiar” la sociedad costeña.

Raúl Caballero Aburto decretó la Ley de Seguridad Pública del 14 de agosto de 1957 que centralizó en un solo mando a las policías municipales y estatales, urbanas y rurales, y el salario de los gendarmes quedó a cargo de los municipios.⁶¹ No obstante, el cambio más importante no se había producido, pues el gobernador con su mentalidad castrense emplearía “mano dura” contra los “delincuentes” aplicándoles la “Ley fuga”, practicando detenciones ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Los policías y militares tuvieron “manga ancha” para actuar con impunidad, asesinando a cualquier sospechoso de delinquir. La policía montada mató a algunos bandidos famosos,⁶² por eso algunos campesinos pensaron que el gobierno era justo;⁶³ sin embargo, no se castigó a la banda de sicarios integrada por los hermanos Zequeida que operaban para los caciques regionales de la Costa Grande. El homicidio de campesinos pobres acusados de hurto en pequeña escala⁶⁴ indignó a las comunidades y también hubo agravios cotidianos, pues los gendarmes humillaban y golpeaban a los campesinos en sus operativos de “vigilancia” en bailes, bodas,⁶⁵ así como en la zona roja de algunas ciudades como Atoyac y Acapulco.⁶⁶

Mientras que los campesinos eran agraviados por la policía y el ejército, Florencio Encarnación Ursúa, quien fungía como suplente a diputado federal, no pudo reelegirse por tercera vez en la dirección de la URPCEG debido a que se enemistó con el poderoso cacique de Espinalillo, Candelario Ríos.⁶⁷ Por ello, ideó un plan que le permitiera seguir controlando al gremio, a través de la creación de una nueva organización: la Unión Mercantil. La salida de Ursúa de la URPCEG no significó que dejara de tener peso político como dirigente, pues pudo negociar con quienes lo sustituyeron.

El 20 de mayo de 1956, en el Tercer Congreso Coprero de la URPCEG, dirigido por la CNC, se eligió la nueva dirección de forma protocolaria.⁶⁸ Ursúa tuvo peso en esa decisión, pues tenía una posición importante dentro de la gran central campesina oficialista.⁶⁹ Además, el nuevo presidente coprero y diputado local, Orbelín Soberanis, había sido parte del equipo que había impuesto a Ursúa como candidato en las elecciones federales pasadas. El favor fue regresado cuando Florencio Encarnación lo apoyó para ser diputado local, encomendándole impulsar un gravamen a la copra,⁷⁰ para garantizar recursos económicos a la URPCEG, pero sobre todo para la naciente Unión Mercantil.⁷¹

La estrategia de Florencio Encarnación Ursúa armonizó con la política del nuevo gobernador de cobrar mayores impuestos para invertirlos en obras de infraestructura y transferir recursos a la burguesía local con objeto de dar a su gestión una fachada “modernizadora” y “progresista”. Dicha tendencia estuvo presente en los dos últimos gobiernos que adoptaron el discurso industrializador, heredado del gobierno alemanista. También pesó el interés personal, pues de esa manera todo el grupo de caciques en el nuevo gobierno se benefició de la habitual corrupción.

El gravamen a la copra no sería fácil, pues era el producto agrícola más importante que se producía en Guerrero, en especial en la Costa Grande. Los municipios de Petatlán, Técpan de Galeana, Benito Juárez, Atoyac, Coyuca y Acapulco eran los productores más importantes. En 1957 los latifundistas, caciques y ejidatarios estaban disciplinados por la CNC en la URPCEG. La dirigencia coprera tenía un importante papel para convencer a las comunidades campesinas mediante promesas de convertirlos en empresarios. La modalidad de “empresa colectiva” que impulsó Ursúa con la Unión Mercantil propuso una organización que, como había quedado demostrado durante el cardenismo (con la colonia Juan R. Escudero), estaba condenada a fracasar, pues el caudillismo de los dirigentes generó asimetrías en la división del trabajo y la distribución del ingreso.⁷²

Entre julio y diciembre de 1957, Raúl Caballero Aburto subió los impuestos a las bebidas alcohólicas, cabarets, clubes, cantinas, restaurantes, tiendas de abarrotes, tendajones, venta de ganado y a las operaciones comerciales. En septiembre, se gravó al café con 7.5 centavos por kilogramo, con la promesa de retribuirlo en mejoras materiales para las comunidades de Atoyac.⁷³ En diciembre, el gobernador asistió a la inauguración de la Unión Mercantil de Coco y sus Derivados, S.A. de C.V. y, en enero de 1958, decretó un impuesto especial de 3 centavos por kilogramo de copra vendida de primera mano, dinero que sería el botín de Ursúa, quien se llevó con la Unión Mercantil el 75% y la URPCEG el 25% del total de recursos recaudados.⁷⁴ Con el nuevo impuesto llegaría un afluente de recursos sin precedentes a las organizaciones clientelares del estado, cuestión que tensaría las pugnas entre los líderes y caciques copreros.

La crisis de hegemonía de la CNC y de la URPCEG en Guerrero

En noviembre de 1959, Genaro Vázquez y Darío Carmona, ambos maestros y líderes expriistas relegados del partido hegemónico, fundaron la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) con la intención de derrocar al gobernador Raúl Caballero Aburto. Dicha organización logró aglutinar amplios sectores populares y campesinos descontentos con el gobierno. La lucha cívica se apoyó ideológicamente en el nacionalismo revolucionario, pero tomó grandes dimensiones cuando Donato Miranda Fonseca, el secretario de la presidencia, respaldó veladamente a dicha organización, pues aspiraba a convertirse en el próximo gobernador de Guerrero y le convenía la salida de Aburto.⁷⁵

El movimiento fue en ascenso y en su camino el gobierno decidió reprimirlo con mayor severidad. La caída del gobierno guerrerense se hizo inevitable después del desbordamiento popular y la matanza ocurrida en Chilpancingo el 30 de diciembre, cuando el Ejército Federal disparó sobre la multitud que se manifestaba pacíficamente.⁷⁶

El 4 de enero de 1961, el presidente de la República autorizó al Congreso de la Unión la desaparición de poderes en Guerre ro. De la terna propuesta por Adolfo López Mateos, se eligió como gobernador sustituto a Arturo Martínez Adame, quien al asumir el cargo encontró graves conflictos municipales cruzados por las movilizaciones de la ACG y bandos priistas antagónicos.⁷⁷

En ese contexto la URPCEG, organización campesina oficialista, también tuvo reacomodos, pues el caudillismo ejercido por Florencio Encarnación Ursúa fue desplazado definitivamente. En el quinto congreso coprero, controlado por Candelario Ríos, cacique de Espinalillo, logró imponer a su ahijado Rigoberto Pano Arciniega como nuevo presidente.⁷⁸ En marzo de 1961, Florencio Encarnación Ursúa sufrió un duro golpe del gobernador, quien ordenó embargar a la Unión Mercantil como represalia por su alianza con Raúl Caballero.⁷⁹ Con estas acciones, el gobierno y sus funcionarios se embolsaron un millón y medio de pesos que corres pondía a la empresa rural,⁸⁰ avanzando en su propósito de ganar clientelas políticas para las elecciones internas del PRI, espacio en el que por “dedazo” se decidirían los próximos gobernantes.

La ACG buscó participar en las elecciones de 1962 para oponer al PRI sus candidatos a gobernador, diputados y presidentes municipales. En agosto de ese año, Genaro Vázquez, Antonio Sotelo y Ramona Valdiolivar, con el fin de quitarle base social a la URPCEG, crearon una nueva organización denominada “Unión de Copreros Libres”.⁸¹ El propósito fue oponerse a la URPCEG con una organización que, además de enarbolar demandas agrarias, permitiera dirigir los votos hacia los candidatos de la ACG⁸² y mermar el liderazgo de Florencio Encarnación, quien seguía buscando el control del movimiento coprero.⁸³

La ACG y su nueva organización coprera se inscribieron dentro de un movimiento nacional. A raíz de la Revolución cubana y de la amenaza de invasión estadounidense en la isla caribeña, Lázaro Cárdenas apoyó la creación del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), que fue un frente amplio de izquierda en el que confluyeron una buena parte del ala cardenista del PRI con organizaciones nacionalistas o comunistas como el Partido Comunista Mexicano (PCM) y, en Guerrero, la ACG. La URPCEG se encontraba dividida y a ello se sumó la aparición de la “Unión Estatal de Cosecheros de Coco”, que sería otra organización que pretendió hacerle competencia. Detrás de ello estaba Florencio Encarnación Ursúa, que pretendía reposicionarse.⁸⁴

Debido a la división de las élites clientelistas copreras, la alianza de organizaciones que se aglutinaron en el MLN en Guerre ro tuvo un proceso rápido de crecimiento. En enero de 1963, a nivel nacional fue creado el brazo agrario de dicha organización denominada Central Campesina Independiente (CCI). En ella confluyeron importantes líderes sociales como Genaro Vázquez del lado de los nacionalistas, y Lucio Cabañas, líder estudiantil de la Escuela Normal de Ayotzinapa, fue designado representante del ala comunista.⁸⁵

La CCI organizó su primer congreso estatal en abril de 1963,⁸⁶ al que asistió Lucio Cabañas Barrientos.⁸⁷ La ACG encabezada por Genaro Vázquez tuvo tensiones con dicha organización, pues el PCM controló la Dirección.⁸⁸ Como síntoma de las divisiones, el líder cívico Antonio Sotelo impulsó la creación del brazo agrarista de la ACG, la Liga Agraria Revolucionaria del Sur “Emiliano Zapata” (LARSEZ).⁸⁹ La unidad apenas duró unos pocos meses, pues proliferaron las traiciones,⁹⁰ dobles militancias y purgas.⁹¹

A finales de abril, el movimiento agrarista del PCM tomó nuevos bríos con la fundación del Frente Electoral del Pueblo (FEP),⁹² que inicialmente se concibió como una estrategia de agitación comunista para participar en las elecciones federales de 1964.⁹³ En ese entorno, la lucha campesina tomó mayor importancia, pues la coyuntura en la Costa Grande fue capitalizada en los comicios, acción que desestabilizó profundamente la hegemonía del PRI en Guerrero.

Mientras la CCI incrementaba su presencia en el estado,⁹⁴ el dirigente nacional de la CNC, Javier Rojo, visitó el puerto de Acapulco para reunirse con los principales líderes campesinos priistas y disciplinar a todas las organizaciones clientelares, como la URPCG, la Unión Mercantil y la última organización creada por Florencio Encarnación Ursúa, denominada Unión Estatal de Cosecheros de Coco.⁹⁵ El líder oficialista hizo un acuerdo de unidad entre las fracciones priistas en pugna, con el propósito de cerrar filas contra las nuevas organizaciones independientes.⁹⁶

El PRI también se impuso en la reunión de presidentes municipales de Guerrero, encabezada por el gobernador Raymundo Abarca Alarcón. El gobierno usó un discurso anticomunista para satanizar al FEP y el MLN.⁹⁷ Ejemplo de ello es que, en Atoyac, el presidente municipal señaló públicamente al magisterio de ser “una caterva de aprendices de comunistas”.⁹⁸ El 14 de junio, Lucio Cabañas y su grupo político del magisterio organizaron un mitin en Atoyac con el fin de cuestionar la imposición de directores en las escuelas “nombrados desde México y por Chilpancingo”, sin consultar al pueblo.⁹⁹ También acusaron al alcalde de proteger a los talamontes que explotaban los ejidos de El Camarón, Mexcaltepec y Agua Fría; del cierre de la cooperativa que administraba la fábrica de hilados de El Ticuí, del abuso contra los pequeños comerciantes con impuestos desmedidos, así como de los maltratos de la policía municipal.¹⁰⁰ El 20 de junio, Lucio Cabañas y Raúl Vázquez denunciaron el encarcelamiento de dos mujeres acusadas de ser “cívicas” por haber asistido al mitin del FEP.¹⁰¹ El gobierno no distinguía entre comunistas y militantes de la ACG, y optaba por estereotipar a la disidencia política con el denominativo de “cívicos”.

El movimiento magisterial y agrarista de los maestros comunistas constituidos en la CCI empezaron a tener una presencia cada vez mayor en Guerrero, disputándole a la URPCEG y a la CNC el control corporativo. Por ejemplo, a partir de junio de 1964, los profesores de la escuela Modesto Alarcón, integrados a la Juventud Comunista de Atoyac, hicieron trabajo de base con los campesinos de la región para organizarlos. En abril de 1965, tuvieron condiciones para convocar a varios ejidos y, con la presencia de Ramón Danzós Palomino, Othón Salazar, Renato Leduc, Judith Reyes, entre otros destacados comunistas, crearon el Comité Regional de la CCI.¹⁰² En febrero de 1966 organizaron el I Congreso de los Campesinos e Indígenas de la Montaña en la ciudad de Tlapa, a donde también asistieron Danzós y Salazar participando con el discurso principal.¹⁰³ Todas las intervenciones fueron traducidas simultáneamente en las tres lenguas indígenas que hablaban los asistentes, es decir, náhuatl, mixteco y tlapaneco.¹⁰⁴

La pérdida de hegemonía del régimen obedeció no sólo a la movilización campesina y popular antes descrita, sino a la profunda división de las élites dentro de la URPCEG y del partido hegemónico.

La disputa de las cúpulas priistas por el “botín” de la URPCEG

Desde principios de 1962, los reacomodos políticos en el gobierno de Raymundo Abarca Alarcón, la presión del movimiento cívico y comunista, aunado a los desfalcos de Rigoberto Pano Arciniega a las arcas copreras,¹⁰⁵ provocaron un descontrol que fracturaría a la dirigencia coprera en dos fracciones: una controlada por Pano y otra, por Luis Vargas Mena. El trasfondo de las disputas fue el “botín” de más de 2 millones de pesos que el gobierno de Guerrero debía a dicha organización por concepto del impuesto a la copra.¹⁰⁶

Rigoberto Pano se enemistó con el gobernador cuando le exigió pagar. Por su parte, Luis Vargas Mena tomó violentamente el edificio de la organización coprera en Acapulco buscando presionar a Pano para negociar.¹⁰⁷ Este último mantenía el control de las oficinas administrativas copreras, mientras que Luis Vargas tenía el del edificio de la URPCEG, donde se compraban las cosechas de coco a la mayoría de los ejidos de Guerrero. Pasaron varios meses y ambas fracciones funcionaron, paralelamente, como dos organizaciones.

El gobernador Raymundo Abarca Alarcón usó como pretexto la división del gremio coprero para cancelar el adeudo hasta que “los dos bandos se unificaran”.¹⁰⁸ Se organizó un congreso extraordinario de la URPCEG para designar una nueva directiva, sin embargo, a pesar del apoyo del gobernador con 50 000 pesos para “la organización del evento”, éste fue interpretado como una especie de soborno para pacificar la organización, objeto que resultó infructuoso, pues imperó el antagonismo.¹⁰⁹

En diciembre de 1962 se convocó a elecciones para cambiar la directiva de la URPCEG, perfilándose Rigoberto Pano para la reelección. Raymundo Abarca Alarcón inclinó la balanza en favor de Raúl Fernández Galeana, representante de los ricos copreros de Petatlán,¹¹⁰ quien se convirtió en el nuevo presidente, fungiendo en el cargo desde enero de 1963.¹¹¹

Blas Vergara en alianza con Florencio Encarnación Ursúa y respaldados por los líderes cívicos Luis Vargas y Crescencio Otero buscaron mermar a la URPCEG para tomar el control corporativo del gremio, aunque sus intentos fueron aplacados por el secretario general de la CNC, Javier Rojo Gómez, quien clausuró la nueva organización y los disciplinó. Como castigo, Florencio Encarnación Ursúa fue desplazado de la Unión Mercantil por órdenes del gobernador y en contubernio con la CNC. El viejo dirigente coprero se quedó sin respaldo gubernamental por haberse opuesto a la autoridad del gobernador y haberle querido cobrar cerca de 3 millones de pesos por concepto del impuesto coprero.¹¹² En ese contexto, Ursúa se alió con los cívicos, pues coincidían en la demanda de exigir la abrogación del impuesto como una manera de ganar simpatías entre la base de campesinos copreros y atacar a Fernández.¹¹³

En enero de 1965 terminó el periodo de Raúl Fernández, y desde el cacicazgo de Espinalillo se impulsó a Rosendo Ríos Rodríguez, quien apoyado en pistoleros como el famoso “Chante Luna”,¹¹⁴ controló férreamente la presidencia de la URPCEG desde febrero de ese año.¹¹⁵ Eleazar Acosta y Florencio Encarnación se convirtieron en la corriente opositora y siguieron en alianza con algunos líderes cívicos. Ursúa argumentó que ellos eran “los auténticos simpatizadores del Lic. Díaz Ordaz”, exaltando un discurso nacionalista. Este grupo opositor nombró a su dirección, encabezada por Julio Berdeja Guzmán como presidente y al cívico Emeterio Arroyo como vicepresidente.¹¹⁶

Julio Berdeja encabezó a la oposición dentro de la URPCEG y, en junio de 1966, denunció que anualmente se recaudaban 8 millones de pesos, los cuales no fueron usados en beneficio de los copreros.¹¹⁷ Además, difundió una lista de 53 personas que recibieron dinero de la URPCEG como pago de sueldos, en la que se incluía al diputado Obdulio Ríos Flores, sumando un gasto exorbitante de 50 000 pesos mensuales. Berdeja seguiría pugnando por destituir a Rosendo Ríos.¹¹⁸

En septiembre de ese año se acercaba el cambio de directiva de la URPCEG, y Rosendo Ríos designó por dedazo a Jesús Flores Guerrero, usando fuertes sumas de dinero de la propia organización para comprar a los 68 delegados de las organizaciones copreras locales, entregándoles 2 000 y hasta 3 000 pesos a cada uno.¹¹⁹ Treinta delegados no se vendieron, pues estaban inconformes con la corrupción de la dirigencia y, presionados por sus bases campesinas, se sumaron como oposición en favor de Berdeja, quien también proponía la abrogación del impuesto a la copra.¹²⁰

Rosendo Ríos, al saber del apoyo mayoritario que Julio Berdeja tenía en los ejidos de la Costa Grande, lanzó otras planillas para confundir al electorado y dividir los votos.¹²¹ De esta manera, se postularon Jesús Flores Guerrero, el candidato oficialista; el rico acaparador de copra de Coyuca de Benítez, Lucio Ríos Rodríguez; Eligio Serna Maciel, exdiputado local que había votado años antes en favor del impuesto coprero, y Julio Berdeja, el más cercano a la demanda popular de abrogar el impuesto a la copra.¹²²

Lucio Ríos ofreció 50 pesos a cada campesino que votara por él.¹²³ A finales de marzo de 1967, Eligio Serna declinó en favor de Flores Guerrero, incorporándose a su planilla como tesorero.¹²⁴ El reacomodo se debía al “dedazo” del gobernador Raymundo Abarca Alarcón, quien representó la corriente mirandista en Guerrero. Donato Miranda Fonseca, quien había acariciado ser gobernador de Guerrero durante el gobierno de Adolfo López Mateos, perdió fuerza con la entrada de Gustavo Díaz Ordaz al poder. Este último buscaba romper el control caudillesco que Fonseca ejercía en Guerrero. Para mermar su dominio, el gobierno federal intervino en las elecciones copreras, a fin de ganar contrapesos al mirandismo. El 24 de abril de 1967 fue ganada la demanda de amparo promovida por la Confederación Nacional de Productores de Coco (CNPC-CNC), estableciendo que el gobierno de Guerrero no debía entrometerse en el proceso electoral de la URPCEG. La sentencia ordenó la intervención de las autoridades federales para nombrar una comisión mixta con el objeto de resolver el conflicto, prohibiendo la realización del congreso coprero hasta que existieran garantías para la realización de las elecciones.¹²⁵

La disputa coprera ocurrió en medio de una intensa lucha campesina cuyo epicentro, la ciudad de Atoyac y sus co mu ni dades ejidales, contó con la organización del profesor Lucio Cabañas y Serafín Núñez, quienes lideraban regionalmente al Partido Comunista Mexicano, la Central Campesina Independiente y el Movimiento Revolucionario del Magisterio. Ambos maestros lograron organizar un movimiento de masas que enarboló demandas agrarias, democráticas, magisteriales y estudiantiles. Por su parte, los caciques locales sufrieron una crisis de hegemonía y usaron un discurso anticomunista para descalificar a la disidencia política. Dicha élite se enriqueció con el acaparamiento o despojo de los ejidatarios de sus cosechas de café y copra, por lo que se convirtieron en figuras odiadas. Así surgió el Partido de los Pobres, un movimiento de masas con orientaciones clasistas que oponía antagónicamente a ricos contra pobres.

El movimiento en Atoyac fue reprimido el 18 de mayo de 1967, cuando un pelotón de la Policía Judicial intentó apresar y matar a Lucio Cabañas, y terminó masacrando a varios campesinos, incluyendo a una mujer embarazada. Desde entonces, en Atoyac comenzó un proceso insurreccional, pues Cabañas se refugió en la sierra para organizar un movimiento armado. Tan sólo dos meses después ocurriría una nueva matanza, pero a mayor escala.

El proceso del “destape presidencial” y la masacre de copreros en Acapulco

A principios de 1967, Rubén Zuno Arce, cuñado del secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y delegado del Comité Nacional de la CNC, fue encargado por el gobierno federal para controlar y supervisar las elecciones copreras en la fecha programada.¹²⁶ El argumento de Zuno fue que el amparo no prohibía a la CNC convocar a las elecciones de la URPCEG. A finales de abril, dicha maniobra permitió que Jesús Flores Guerrero fuera el nuevo presidente.¹²⁷

A principios de mayo hubo múltiples movilizaciones para denunciar el fraude coprero. Jesús Flores Guerrero le exigió a Julio Berdeja aplacar los ánimos, pues había un convenio que ambos firmaron estipulando que “quien triunfara, los derrotados se disciplinarían”. Berdeja, exigiendo un soborno, contestó que obedecería siempre y cuando se le pagaran los gastos de su campaña, los cuales ascendían a 140 000 pesos. Flores consultó con el gobernador Raymundo Abarca y éste último se negó. Es probable que el mandatario supiera que la protesta estaba impulsada desde las bases campesinas y que, aunque los líderes fueran cooptados, el movimiento se desbordaría debido a que existía una larga historia de agravios ocasionados por los elevados impuestos y los manejos corruptos de la organización oficialista.

Berdeja empezó una campaña de desprestigio ventilando que el Comité de la URPCEG le regaló un automóvil al expresidente de la organización, Rosendo Ríos. También dio a conocer los elevados sueldos de los representantes campesinos y el nepotismo en la nómina coprera.¹²⁸ La CNC y el gobierno federal tomaron con seriedad el problema coprero, por lo que buscaron la manera de aplacar los ánimos y centralizar el mando, fortaleciendo una estructura vertical. Por eso, Amador Hernández, como secretario de la CNC, puso una trampa a Julio Berdeja, pues al aceptar una audiencia con éste, “lo apoyó” para reformar a la URPCEG, pero puso como condición que su fracción fuese “tutelada” por el diputado César del Ángel. Hernández buscaba quitarle el control de la URPCEG a la Secretaría de Agricultura y al gobernador Raymundo Abarca, para centralizarla nuevamente en la CNC. Por esta razón, se buscó el apoyo del diputado federal priista de Veracruz, encargado de conocer los problemas de los campesinos copreros a fin de evitar su disgregación de la CNC.¹²⁹ Detrás de Hernández operó el cálculo de Luis Echeverría Álvarez, quien buscó mermar el mirandismo en Guerrero, consolidar su hegemonía en los comicios internos del PRI local y asegurarse el respaldo a sus aspiraciones como candidato presidencial.¹³⁰

César del Ángel, un líder corporativo con métodos heterodoxos, abanderó las demandas hechas por el grupo de Julio Berdeja, y recorrió las costas Grande y Chica prometiendo abrogar el impuesto coprero, dar apoyos financieros e insumos a los productores, además de cambiar a la dirección de la URPCEG para encabezar la disidencia y encauzarla al control de la CNC.¹³¹

César del Ángel Fuentes fue un líder agrario priista muy diestro y con grandes cualidades como orador. Entre junio y julio de 1967 su discurso caló hondo entre las bases campesinas, pues desafió al gobernador, al principal cacique de la copra Candelario Ríos y a los grandes acaparadores copreros de Coyuca, Tecpan y Petatlán, lo cual le ganó admiración entre los ejidatarios de la región. Incluso algunos caciques de Petatlán pensaron que él y su gente “tenían sus cojones”, porque eran valientes.¹³² La agitación del diputado buscó sumar fuerzas para destituir a Jesús Flores Guerrero,¹³³ por ello se reunió con Juan Severiano Mata, líder de la CCI en Atoyac para intentar, sin éxito, cooptar a toda la disidencia.¹³⁴

A mediados de agosto, la situación se tensó al máximo, ya que el diputado César del Ángel empezó a organizar un movimiento de masas que, al centrar sus críticas contra el gobierno, fue difícil de controlar.¹³⁵ Por otro lado, hubo un altercado entre el propio secretario de la CNC, Amador Hernández, y Del Ángel, pues este último se indisciplinó, porque mostró sus aspiraciones de convertirse en el nuevo presidente de la URPCEG.¹³⁶ El gobernador Raymundo Abarca y Amador Hernández, conscientes del peligro de que un nuevo cacique de la organización coprera se erigiera al margen del control corporativo, encomendaron al rico coprero de Petatlán Federico Ruiz Sánchez, enviarle una invitación para que acudiera al Distrito Federal y negociar una solución al conflicto de la URPCEG. Del Ángel contestó al emisario: “¡Ve y dile al Señor Gobernador que vaya y chingue a su madre!”.¹³⁷ Como sucedía en Atoyac y en muchas partes de Guerrero, “mentar la madre” significaba una afrenta al honor. Por ello, la ofensa fue interpretada como un desafío a muerte.

A nivel federal, Del Ángel contaba con la desaprobación de Amador Hernández debido a que, en su encomienda de apoderarse de la URPCEG,¹³⁸ se “le había pasado la mano” al azuzar a las bases campesinas contra el propio gobierno. Por lo tanto, Del Ángel se quedó sin el apoyo corporativo de la CNC. La orden de matar al diputado Del Ángel vino la federación, pero también significó una revancha personal del gobernador de Guerrero.

Elio Anzo, de la élite priista de Petatlán, fue instruido desde el Distrito Federal para guiar por las costas guerrerenses a Rubén Zuno Arce, de la CNC, para que contratara a varios matones, como Constancio Hernández, “el Zanatón”; Gregorio Chávez, “el Animal”, y los hermanos Gallardo de Cruz Grande. Pasaron por Coyuca de Benítez para organizar junto con Rosendo Ríos¹³⁹ una matanza que encabezarían los caciques copreros liderados por Candelario Ríos.¹⁴⁰ El pretexto para ocupar el recinto y perpetrar la matanza fue una supuesta celebración del XV aniversario de la Unión.¹⁴¹

El 20 de agosto de 1967, César del Ángel encabezó una multitudinaria caravana de copreros que transitó de Coyuca de Benítez hasta Acapulco, para manifestarse frente al edificio de la URPCG y asaltarlo con el pretexto de efectuar un congreso.¹⁴² A las once de la mañana, llegaron a Acapulco camiones con campesinos provenientes de Atoyac, Petatlán, Tecpan, San Jerónimo, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo. Mientras se concentraban en el exterior del edificio, en el interior los esperaban 30 hombres armados con rifles automáticos M-1, entre los cuales había sicarios y policías judiciales, además de un contingente de 750 personas, entre ellos los exdirigentes de la URPCEG, Rigoberto Pano Arciniega, Rosendo Ríos, Raúl Fernández Galeana, algunos presidentes municipales de las costas de Guerrero y políticos locales priistas.¹⁴³

Los caciques copreros estuvieron reforzados con sicarios, entre quienes figuraron Gerardo Chávez, Constantino Chávez, Julián Gallardo y Dimas Leyva. A los manifestantes los rodeó un grupo de catorce elementos de la Policía Judicial comandados por Eligio Ríos Granados y un pelotón de la Policía Uniformada al mando de Dionisio Carpio Bardo. El operativo estuvo coordinado por el director de Seguridad Pública de Guerrero, Jesús Parra Marquina. En las calles aledañas, el Ejército patrulló bajo el mando de Salvador del Toro Morán, es decir, el mismo mando castrense que tres meses antes había estado en Atoyac para evitar una insurrección.¹⁴⁴ Por su parte, la gente que resguardaba el edificio cargó en la mano una caña de azúcar con el propósito de distinguirse en medio de la balacera.¹⁴⁵

César del Ángel llegó acompañado de Alberto Véjar González, pistolero que le cubría las espaldas y estaba decidido a tomar el edificio. Constancio Hernández “el Zanatón” entreabrió la puerta para informarlo a Del Ángel que había una celebración y que Jesús Guerrero no podía atenderlo. Del Ángel, “haciendo alarde de machismo”, le dio una patada a la puerta rompiendo el cristal. En seguida, Hernández trató de sacar su pistola, pero Véjar se le adelantó y le dio un balazo en el ojo. Del Ángel también disparó su escuadra contra los que estaban detrás de la puerta y en ese momento los pistoleros caciquiles y algunos policías judiciales con armas de grueso calibre, masacraron a los manifestantes copreros que estaban afuera del edificio.¹⁴⁶ Hubo una balacera cerrada contra la multitud, dejando un saldo de aproximadamente 25 muertos y decenas de heridos.¹⁴⁷

La masacre de copreros fue el resultado de una represalia de los caciques contra las bases campesinas por intentar quitarles el control de la URPCEG, pero también fue producto del enfrentamiento entre facciones del partido hegemónico expresado en la consigna de matar a César del Ángel el día de los hechos.

El asesinato indiscriminado de hombres y mujeres inocentes se tradujo en un castigo ejemplar para quienes desafiaron al poder, al tiempo que fue orquestado para desarticular el movimiento coprero de masas que comenzaba a cobrar gran fuerza en las costas guerrerenses. El agente del Ministerio Público David Enrique Gutiérrez Ortega, reconoció “presuntivamente” la responsabilidad de los líderes copreros Jesús Flores Guerrero, Eligio Serna Maciel y Severiano Rivera Aivar, aunque también giró una orden de aprehensión contra copreros disidentes como Julio Berdeja, quien se encontraba hospitalizado por lesiones de arma de fuego.

No se puede entender la masacre sin la insurgencia armada en Atoyac de Álvarez, lugar en el que el profesor Lucio Cabañas Barrientos pudo articular un importante movimiento campesino con orientación comunista. Por su parte, la estrategia del Estado tuvo un posiciomamiento contrainsurgente, utilizando para sus fines altos mandos policiales y del Ejército. La Dirección Federal de Seguridad monitoreó el conflicto coprero y documentó con fotografías desde el momento en que la marcha salió de Coyuca de Benítez hasta el trágico desenlace.

La complicidad del gobierno se hizo evidente en el ocultamiento de las pruebas materiales en el lugar de los hechos. Los agentes del Ministerio Público encargados de levantar los cuerpos y recabar pruebas materiales realizaron un trabajo de peritaje deficiente técnica y jurídicamente. A la postre, esto desembocó en que fueran puestos en libertad los autores intelectuales y materiales de los hechos bajo el argumento de que “los elementos de prueba en su contra son muy raquíticos”. La orden fue dada por el procurador de Justicia del estado de Guerrero, quien no se ocupó de “establecer las relaciones de causa y efecto”.¹⁴⁸

El gobernador Raymundo Abarca vio en la matanza la oportunidad de hacer una purga política. Entre las órdenes de aprehensión, estuvieron las giradas a opositores políticos sin relación alguna con los hechos. Por ejemplo, se acusó a Lucio Cabañas Barrientos de haber participado en el “zafarrancho”, cuando nunca estuvo vinculado a dicho movimiento y estaba refugiado en la sierra de Atoyac con la idea de conformar una guerrilla.¹⁴⁹

La matanza quedó impune y quienes estuvieron dentro del edificio coprero, al paso de algunos días o meses fueron liberados. Los sicarios involucrados en la masacre, como Constancio Hernández, “El Zanatón”, quedaron libres por “desvanecimiento de datos”.¹⁵⁰ El propio César del Ángel, quien también tuvo responsabilidad en los hechos por usar como “carnada” a una multitud de campesinos desarmados, quedó en libertad dos años después.¹⁵¹

Reflexiones finales

La federación logró imponer un modelo de desarrollo industrial que subordinó el campo a la ciudad, y en un nivel cotidiano, para muchas comunidades agrarias de la entidad o del país, significó la imposición del modelo de vida urbano, cuestión que conllevó la introducción violenta de la sociedad de consumo mediante cacicazgos económicos y políticos que se beneficiaron con el acaparamiento de la producción agrícola ejidal, así como con el comercio y la venta a gran escala de alcohol en cantinas, burdeles, y la venta de bebidas azucaradas en refresquerías.

La economía de autoconsumo y subsistencia, que tradicionalmente buscaba la reproducción familiar y comunitaria, fue reorientada por la URPCEG y, posteriormente, por la Unión Mercantil, hacia una economía comercial que en las costas guerrerenses se especializó en la producción de copra, ajonjolí y café. Paradójicamente, el auge económico coprero y cafetalero no implicó una mejora de vida para las masas campesinas, sino que, por el contrario, generó una polarización social que abrió una brecha entre los ejidatarios y los desposeídos que se rentaban como peones o los familiares que trabajaban en las labores agríco las sin remuneración. A su vez, los grandes comerciantes y acaparadores se beneficiaron mediante la economía ejidal y amasaron grandes fortunas especulando con los precios agrícolas.

Desde sus inicios, la Unión Regional de Productores de Copra del Estado de Guerrero fue una organización controlada por los poderes caciquiles, particularmente de Coyuca de Benítez (Espinalillo) y Petatlán. Ambos municipios fueron dominados por una élite de terratenientes o de caudillos priistas que consolidaron su poder después de ganar la cruenta lucha armada agrarista de los años veinte y treinta del siglo XX.

Es interesante la ideología nacionalista que enarbolaron algunos líderes copreros como Florencio Encarnación Ursúa, pues usaron un discurso “progresista” que fue leído acríticamente por algunos estudiosos y especialistas en Guerrero.¹⁵² Lo cierto fue que estos líderes, en nombre de la revolución y el cambio social se empoderaron y negociaron el odiado impuesto a la copra durante el gobierno de Raúl Caballero Aburto, además de cerrar el camino a los ejidos para organizarse de manera inde pen dien te al Estado. Lo anterior me permite plantear que en las organizaciones clientelistas, como la aquí estudiada, predominó un mediador político: el broker o gate-keeper, que si bien funcionó como un caudillo de “izquierda” e “independiente”, su función fue la de ejercer un patronazgo, afianzando su poder mediante prácticas que echaban mano de la cultura regional costeña y nacional, tales como el compadrazgo y las relaciones afectivas de confianza y exaltación de la personalidad. Así se construyó el mito en torno de Florencio Encarnación Ursúa, quien se convirtió en el gate-keeper del partido hegemónico, los caciques locales y la burguesía industrial con las masas campesinas y populares. Su función principal fue administrar las demandas económicas enarboladas por las masas para encauzar la organización de los de abajo hacia los intereses caciquiles. De esta manera, los ejidos se manifestaban multitudinariamente, cuando a los caciques así les convenía para posicionarse dentro del PRI. En cambio, desmovilizaban a los ejidos o los reprimían cuando afectaban sus intereses.

Por lo antes dicho, el clientelismo anuló al campesinado como un sujeto político y social, pues de ser un actor fundamental en la transformación del país durante la revolución mexicana, lo redujo a la coacción mediante una estructura ejidal autoritaria y jerárquica. La manipulación y el dedazo en los comisariados ejidales, en los municipios, el acarreo, la coerción de las masas campesinas fueron entonces los mecanismos con los que los recursos colectivos y comunitarios se enajenaron por la élite política y los caciques.

Entre 1951 y 1960, la relación patrón-cliente en la URPCEG estuvo basada en el carisma, en códigos de honor y lealtad que legitimaron la intermediación de Florencio Encarnación Ursúa. Sin embargo, con la caída de Raúl Caballero Aburto vino el declive del clientelismo político, pues hubo un desfase y enfrentamiento entre las élites del PRI, un antagonismo entre los poderes locales y federales que se complicó aún más ante la sucesión presidencial y la pérdida de hegemonía de Donato Miranda Fonseca en Guerrero. El acostumbrado uso de la fuerza, la presencia del llamado pistolerismo de los caciques que conformaban la URPCEG fue el factor decisivo que hizo añicos el llamado “pacto clientelista”, pues por principio el clientelismo implica una relación libre y voluntaria entre patrón y cliente, en la que al menos debería existir cierto margen para que el cliente decidiera entre dos o más patrones. No obstante, a partir de 1962, en la URPCEG predominaron la violencia y la coacción como mecanismos de imposición de un grupo sobre otro, lo que a su vez significó que la relación clientelar se volvió forzada.

El clientelismo forzado se basó en un profundo maltrato de las comunidades campesinas y terminó minando la base normativa que lo legitimaba. Fue entonces cuando el “patrón” se transmutó de “salvador” a “tirano”. El movimiento anticaballerista de 1959 fue un primer anuncio de la crisis del clientelismo, pues las bases campesinas irrumpieron masivamente en el espacio público y se presionó a los líderes gobiernistas para democratizar la organización, combatir la corrupción y hacer efectivas las demandas económicas, como la abrogación del impuesto a la copra y la desaparición de acaparadores e intermediarios que explotaban a los ejidatarios por medio de préstamos “al tiempo” (usura).

Frente a la crisis de legitimidad de la URPCEG y a las pugnas entre caciques dentro del PRI, Florencio Encarnación Ursúa buscó salidas para perpetuar su poder y extender el clientelismo. Por ello creó la Unión Mercantil, que reprodujo etnocéntricamente el proyecto industrial alemanista, que anteponía como modelo de bienestar la incorporación del campesino a la sociedad de consumo, generando fuertes tensiones en los ejidos que coexistieron entre los mundos tradicional y moderno. La organización fracasó porque su líder quedó arruinado políticamente después de la caída de Raúl Caballero Aburto, y el nuevo gobernador, como represalia, lo marginó económica y políticamente.

Ante la ausencia de un gate-keeper en el gremio coprero y frente a los campesinos de la Costa Grande de Guerrero, la agitación cívica y comunista de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas generó una crisis de hegemonía del partido de Estado lo que, aunado a las pugnas intercaciquiles, impulsó una organización de masas de copreros y cafeticultores que demandaban democratizar sus respectivas organizaciones, así como las estructuras ejida les, las escuelas públicas, los sindicatos y al propio gobierno.

El proceso de sucesión presidencial fue la coyuntura más importante que permite comprender la violencia desatada en 1967. La lucha de los copreros de base fue cooptada por el dipu ta do César del Ángel, quien en su ambición por convertirse en el nuevo presidente de la URPCEG, prometió a los ejidatarios la abrogación del impuesto y la democratización de la Unión para encauzar el descontento en favor de los intereses que se cocinaban en el proceso sucesorio que favorecía a Luis Eche verría Álvarez. A del Ángel no le importó usar como “carne de cañón” a cientos de campesinos que, indignados, decidieron enfrentarse a los grandes caciques y acaparadores de copra de Coyuca y Petatlán.

La lucha de las masas copreras cooptadas por César del Ángel se dio en un contexto de una polarización social entre “ricos y pobres” que, en Atoyac, permitió el nacimiento del Partido de los Pobres, un movimiento de masas dirigido por varios profesores comunistas, entre quienes destacó Lucio Cabañas. El peligro de que el movimiento comunista creciera alarmó a los caciques regionales y generó una matanza de campesinos cafeticultores en dicho municipio el 18 de mayo de 1967. La represión puso en marcha el primer gran operativo militar contrainsurgente que buscó conjurar la insurrección regional.

La masacre de copreros en Acapulco ocurrió apenas tres meses después de la matanza anterior, y sumados estos agravios, dado el nivel de descontento y el riesgo de una insurrección, el Estado inició en Guerrero una nueva estrategia contrainsurgente que sentaría un precedente importante de terrorismo de Estado, que proyectó una nueva estrategia de dominación expresada de forma trágica el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en la ciudad de México.

Los síntomas más claros de estas acciones del Estado consistieron en una profunda crisis del clientelismo que se tornó ilegítimo, déspota y basado en una relación forzada, produciendo la ilegitimidad de la élite regional y del propio gobierno federal, así como el agotamiento de los mecanismos de negociación y control corporativos del régimen priista.

La matanza de copreros fue organizada desde las altas jerarquías gubernamentales, cuyos cómplices incluyeron a altos mandos del gobierno federal y al entonces gobernador de Guerre ro, al Ejército Mexicano y a la Dirección Federal de Seguridad.

A pesar de las evidencias expuestas en la presente investigación, hoy en día se desconocen los nombres de los más de 100 caídos. Sin mencionar que no se ha hecho justicia al dejar sin castigo a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.

Esta matanza representa un ejemplo de que el PRI no era un aparato monolítico, ya que su estructura tenía grandes fisuras y anomalías. La historia de la URPCEG muestra que el corporativismo no logró penetrar y territorializarse. Por lo tanto, la élite política a nivel federal no ejerció un control territorial, sino por medio de caciques regionales, que muchas veces imponían su poder por encima de cualquier autoridad o legalidad. La matanza de copreros refleja que el Estado mexicano era débil frente a los poderes fácticos regionales y estaba condenado a descomponerse, a romper con el pacto social y a sostener su control mediante el terror. El afianzamiento del control territorial del Ejército sobre el estado de Guerrero, mediante varias campañas contrainsurgentes, paradójicamente, arrasó con las organizaciones guerrilleras, pero también aniquiló todos los cauces de intermediación, negociación, legitimación del Estado construidos desde el cardenismo.

Es motivo de seria reflexión, si la estructura estatal heredada en Guerrero por la “guerra sucia” fue resultado de la hegemonía incuestionada de los grupos caciquiles, especialmente del figueroísmo, sin dejar de analizar si la actual debilidad e intestabilidad del estado obedece a la victoria y hegemonía de los poderes locales frente a la federación.