La investigación que dio forma a este libro está inserta en lo que para mí constituye ya una escuela historiográfica que está renovando en México los análisis de lo político en la época virreinal, un ámbito que hasta no hace mucho tiempo estaba muy a la zaga de los estudios referidos a la economía y la sociedad novohispanas. Esta escuela forma parte sin duda de las nuevas corrientes de estudios de lo político en la época de la Modernidad que se han desarrollado en Europa con distintas perspectivas, como las de los estudios constitucionales, la historia crítica del derecho, las prácticas y los lenguajes políticos, pero en México me parece que está alcanzando una importante madurez por sí misma con trabajos como los de Beatriz Rojas, José Antonio Serrano, Víctor Gayol, Rafael Diego-Fernández, Juan Ortiz, Israel Arroyo, entre otros importantes historiadores mexicanos. La llamo escuela con toda intención porque ya está formando discípulos, como Luis J. García Ruiz, que con sus investigaciones sobre el terreno están demostrando cómo se realizó en la práctica la política en Nueva España. En particular García Ruiz se enfocó en estudiar la provincia de Veracruz y eligió el periodo en que se verificó la transformación de la política del imperio español entre 1764 y 1810. Se propuso, y consiguió con muy buen éxito, articular la dimensión local de la historia veracruzana con la dimensión imperial. Dentro del contexto de la competencia entre Gran Bretaña y España, expresada con el temor constante a una invasión naval británica, y retomando la elaboración de los programas de reformas desde el gobierno metropolitano español, resumidos en el llamado gobierno económico, García Ruiz reconstruye lo que estaba pasando políticamente a flor de tierra en Veracruz entre los tres segmentos étnicos principales: los españoles, los indios y los pardos y morenos libres. Comienza desde luego con la explicación del antiguo mundo político de la Monarquía española para devanar sobre él los hilos de las reformas que desarrollarán, en palabras de García Ruiz, tendencias estatalistas. La sociedad se concebía como un solo cuerpo integrado por varios órganos unidos en torno a la cabeza representada por el monarca. Los componentes de ese cuerpo político estaban organizados jerárquicamente en función del lugar que ocupaban en el sistema destinado a la conservación del reino, para lo cual cada parte debía gozar de jurisdicción, autogobierno y privilegios. Se trató así de un orden jurídico plural en el que el rey era el juez supremo encargado de conservar el orden, la religión y la paz social. En una sociedad así concebida, los individuos estaban subordinados a las corporaciones y cobraban sentido sólo en función del agregado al que pertenecían. Cada corporación gozaba de su propia jurisdicción, capacidad para resolver controversias, emitir leyes y sentencias, y tenía potestad para autogobernarse en lo político y lo económico, que constituían los dos privilegios principales concedidos por el rey para colocar en su lugar a esa corporación en el conjunto del cuerpo político. Este antiguo orden corporativo y jerárquico se fue transformando por medio de un proceso de igualación de estatus o “exeqüación” que erosionó antiguas jerarquías y permitió una redistribución del poder que benefició a españoles, indios y castas de hombres libres que ganaron mayor participación política mediante nuevas corporaciones locales y derechos de propiedad colectivos e individuales sobre la tierra. Todos estos cambios apuntaron hacia la construcción de un nuevo modelo que perseguía la igualación de los vasallos y su transformación en hombres útiles, productivos, propietarios y contribuyentes fiscales de una monarquía administrativa o estatalista, un proceso que al fin de cuentas culminaría en la formación de un Estado.

García Ruiz eligió la intendencia de Veracruz como espacio de análisis por varias razones. Primero por su importancia geoestratégica dentro de la Monarquía española como antemural de las Indias y principal puerta de acceso desde el Atlántico al virreinato más rico de la época, circunstancia por la cual en la intendencia se vivió en constante temor de una invasión británica. En segundo lugar, se trató de un territorio en el que coexistieron múltiples poderes jurisdiccionales y administrativos representados en diversas corporaciones civiles y religiosas, cada una con jurisdicción, deberes, derechos y privilegios diferenciados. Además, el hecho de que Veracruz albergara al único puerto habilitado al giro exterior por el Atlántico, implicó que la presencia de la Real Hacienda fuera allí muy fuerte por medio de la aduana marítima, la Caja Real y otras oficinas a cargo de los oficiales reales. Una cuarta razón para elegir Veracruz como laboratorio de análisis de las prácticas políticas en una época de reformas fue que se trató de un territorio que albergaba una población multiétnica con gran mestizaje y en el que las leyes de segregación racial habían dejado de operar tajantemente. Y por último, porque Veracruz fue el escenario de las primeras reformas en materia económica y militar puestas en práctica tras la derrota sufrida por España en la Guerra de los Siete Años.

Los principales procesos estudiados por García Ruiz son cinco, todos ellos presentes en los distintos espacios geográficos y corporativos de la intendencia veracruzana. En primer lugar, la formación de nuevas corporaciones en villas de españoles y pueblos de indios y castas, así como el establecimiento de un consulado de comerciantes y la constitución de cuerpos de milicias, cada una de las cuales fue investida de sus respectivos privilegios. En segundo, una fiscalización cada vez mayor de las finanzas y bienes corporativos por parte del gobierno real. El tercer proceso analizado fue la creciente presión para aumentar las aportaciones financieras y humanas para hacer frente a la guerra; el cuarto, la limitación de las capacidades de autogobierno, y el quinto y último, la búsqueda de medios para dotar de tierras a los súbditos a fin de convertirlos en productores y contribuyentes fiscales. Todos estos procesos fueron modificando la concepción que de sí tenían los vasallos al hacerlos útiles.

Uno de los procesos principales por la importancia que el propio gobierno español le dio como eje rector de todo su sistema fue la formación de nuevos ayuntamientos españoles en Orizaba y Xalapa, los cuales se sumaron a los antiguos ayuntamientos de Veracruz y Córdoba. Éste fue un proceso que, si bien implicó la delegación de funciones jurisdiccionales tal y como había ocurrido en los siglos XVI y XVII para afianzar nuevas colonizaciones, en el xviii tuvo una intención completamente diferente porque lo que se persiguió fue comprometer a los vasallos en los planes de defensa militar, en el aumento de la recaudación fiscal y en el proyecto de uniformar el gobierno. Éste fue un proceso en el que hubo importantes roces jurisdiccionales con los subdelegados, los cabildos de indios y los comandantes de cuerpos militares, conflictos que en general se resolvieron a favor del poder monárquico encarnado en los subdelegados y los oficiales militares y en la homologación entre sí de las repúblicas de españoles de Xalapa, Orizaba y Córdoba.

Carta fundamental de los proyectos de la corona española para la imposición de un gobierno económico fue conseguir la colaboración de los indios y para ello se echó mano de antiguas disposiciones que fueron recuperadas, como la formación de nuevos pueblos o la rehabilitación de algunos antiguos, a los que se les reconocería la capacidad de autogobierno y se les otorgarían las 600 varas de fundo legal prescritas en las antiguas leyes y que no siempre habían sido respetadas. Con ello la corona pretendió promover el poblamiento como mecanismo de defensa ante invasiones extranjeras y la conversión de los indios en productores agrícolas. La medida se extendió a otros habitantes no indios del medio rural, es decir, a los mestizos, pardos, morenos, españoles pobres, por lo que en este proceso también se produjo una igualación en el estatus de estos habitantes de la campiña veracruzana. Pero esta multiplicación de pueblos, fueran de nueva creación o producto de las separaciones de sujetos y cabeceras, no significó, señala García Ruiz, que se afianzara el orden jurisdiccional, pues en estos pueblos aumentaron la fiscalización de los bienes de comunidad y las medidas restrictivas de autogobierno. Por ejemplo, a partir del establecimiento de la Ordenanza de Intendentes, las comunidades indígenas quedaron subordinadas a los subdelegados para poder ejercer sus bienes de comunidad.

El tercer pilar de la población veracruzana, los descendientes de esclavos africanos, obtuvieron también en esta época mayor presencia y obtuvieron privilegios como el fuero militar, el indulto tributario y la formación de pueblos con fundo legal. Todas ellas fueron concesiones hechas por el gobierno español obligado a reconocer que los pardos y morenos eran indispensables para la defensa militar del territorio. Sin embargo, como los otros procesos referidos, en este caso también se suscitaron fricciones por competencias jurisdiccionales entre los alcaldes mayores y los oficiales del ejército y la marina.

El otorgamiento de tierras tanto a los pueblos de indios, y sobre todo a las castas, produjo asimismo enfrentamientos entre diversas autoridades veracruzanas. Funcionarios reales, miembros del Consulado y del Ayuntamiento de Veracruz coincidieron en la necesidad de que los vasallos obtuvieran tierras para trabajarlas, con lo que se conseguiría que se arraigaran en un asentamiento fijo en lugar de estar dispersos por los campos y montes, con la triple virtud de hacerlos productivos, mejorar el rendimiento de la agricultura y controlar a la población, pero este proyecto chocó con los mayorazgos que tenían vinculadas grandes extensiones de tierra. El mecanismo que encontraron para salvar este enorme inconveniente fue la figura de la enfiteusis, una forma de propiedad imperfecta mediante la cual se garantizaba que las tierras podían ser trabajadas por tiempo indefinido a cambio del pago de un censo. Por ello García Ruiz considera que, entre todos los pobladores de la intendencia veracruzana, las castas fueron las que quizá más se beneficiaron de este proceso de igualación.

La clave está pues en este proceso de igualación que atenuó las diferencias jurisdiccionales en el cuerpo político de Veracruz. El gobierno monárquico mantuvo la preeminencia y siguió encabezando el cuerpo político, pero la segmentación en distintas corporaciones, cada una con su derecho y autogobierno, se fue atenuando hasta dar un vuelco en los primeros años del siglo XIX. A la amenaza de invasión extranjera desde el exterior, se sumó la insurrección interna en 1810, una guerra civil que aceleró la transformación al instaurar una “cultura de guerra”. La población indígena fue incorporada a las fuerzas armadas y también los vecinos principales ganaron una influencia política y social distinta en sus territorios al organizar milicias; en fin, que la guerra lo permeó todo y la nueva clasificación de la población se basó en su capacidad en el campo de batalla y ya no en su pertenencia a un grupo étnico o a una corporación. Este largo proceso de igualación que se precipitó con la guerra quedó plasmado y sancionado con la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. La igualación política quedó expresada cuando todos los hombres libres nacidos en los dominios de la Monarquía española fueron reconocidos como ciudadanos, con una excepción notable, los hombres de sangre negra. La Constitución eliminó los fueros y privilegios y convirtió a los individuos en los depositarios de la soberanía, abandonando el sistema tradicional de representación política y territorial basado en cuerpos.

El trabajo realizado por García Ruiz es sin duda muy importante pues nos ha dado a conocer el proceso de transformación política de la sociedad veracruzana desde la antigua Monarquía Católica a la Monarquía Constitucional. Nos ha mostrado de manera concreta cómo se realizaron en la práctica, sobre el terreno veracruzano, los planes y proyectos ideados por los pensadores de la corte borbónica.

Necesitamos más de estos estudios para conocer más a fondo cómo se elaboró esa transformación a flor de tierra. Pero sería muy importante que las nuevas investigaciones rompieran con el marco tradicional del reformismo borbónico limitado a la política puesta en práctica a partir de la Guerra de los Siete Años y, en el caso novohispano, a la llegada al virreinato de Gálvez y Villalba. Este marco se ha quedado estrecho y es necesario rebasarlo considerando de manera mucho más amplia el proceso de cambio remontándolo al temprano siglo XVIII si no es que antes. Del mismo modo, las nuevas investigaciones que se emprendan desde la perspectiva de la historia política podrían profundizar en los procesos en el interior del virreinato, en la interactuación interna de las distintas corporaciones y los individuos a distintos niveles, local, regional, virreinal, sin atribuir toda o la parte principal de la fuerza del cambio a los acontecimientos venidos del exterior, como la Guerra de los Siete Años o el proyecto político de los ministros de la corte borbónica, indudablemente importantes, pero no vectores únicos del cambio. Ampliar la cronología y profundizar en el acontecer interno en distintas regiones virreinales está claro que no es tarea sencilla para un solo investigador, así que está abierta la invitación para que varios trabajemos el virreinato siguiendo la perspectiva de esta nueva escuela historiográfica mexicana de la nueva política.