Desde hace más de una década, un puñado de historiadores en sus estudios agrarios han cercenado las antiguas periodizaciones impuestas por la historia de México y, desde distintos enfoques, otras categorías analíticas y a la luz de nuevos archivos regionales y locales, han vislumbrado con lentes micros y macros la complejidad regional en las diversas coyunturas nacionales y sus efectos en el corto y largo plazo; del mismo modo dan cuenta de las respuestas de los actores sociales ante el proceso de desamortización de la segunda mitad del siglo XIX y la aplicación y resultados de la reforma agraria de la primera mitad del siglo XX.¹

En esta temporalidad se inserta el libro coordinado por Escobar, Trejo y Rangel, donde participaron expertos en ciertas regiones de México mostrando, una vez más, los cambios, continuidades y transformaciones sobre los derechos de propiedad de los recursos naturales; por si fuera poco, con lujo de detalles describen los conflictos, acuerdos, negociaciones y formas de resistencia de los grupos involucrados.

Al igual que otros estudios que últimamente se han abocado a estudiar la desamortización de la segunda mitad del siglo XIX,² este libro tiene el mérito de ir más allá de la transferencia de la propiedad comunal a la propiedad privada, para incluir el agua, los recursos forestales y los impuestos fiscales. Del mismo modo, aparecen actores antes minimizados, como los pequeños propietarios, rancheros, hacendados endeudados, ejidatarios renegados, comités de aguas y otras instituciones locales de gobierno. Asimismo, sobre la reforma agraria se ha desmitificado la leyenda negra, en cambio, se ha señalado que la implantación del ejido fue un proceso desigual, complicado y contradictorio.³

El libro analiza varias aristas de la historia rural mexicana, mostrando una visión compleja desde distintos ejes temáticos, entre los que destacan la perspectiva ambiental, el espacio, los arreglos institucionales, los derechos de propiedad, los conflictos y estrategias de resistencia. Sin embargo, como todo libro colectivo, unos ejes son tratados con mayor alcance y otros aparecen de manera marginal o implícita.

La legislación agraria, los derechos de propiedad, el espacio, y los conflictos están presentes en casi todos los artículos; dos incluyen el enfoque ambiental y se diluye el análisis del paisaje. No obstante, hay artículos que contienen sus propias aportaciones y abren vertientes novedosas. Por ejemplo, Helga Baitenmann, a partir de la categoría “arreglos institucionales”, teje un puente entre la desamortización de la segunda mitad del siglo XIX y la legislación agraria de las primeras décadas del siglo XX, para mostrar los avatares del reparto agrario y señalar la participación del ayuntamiento, las comisiones agrarias y las juntas de agua. En este proceso, describe el desplazamiento que sufrió el ayuntamiento y muestra actos de corrupción de las autoridades locales, “quienes cometieron fraudes, engaños y despojos” (p. 64), y en muchas ocasiones se aprovecharon del control y poder del gobierno local para obtener las mejores tierras o dar preferencia a su familia o a su clientela política. En otras palabras, no siempre hubo justicia social, sino inequidad en el reparto y frecuentes abusos de poder por parte de autoridades municipales y comités locales.

En el mismo tenor Emilia Velázquez, bajo el enfoque de los arreglos institucionales que normaban el acceso a las tierras comunales, observa las contradicciones entre las antiguas concepciones y el uso del terri to rio de los pueblos indígenas y la nueva legislación liberal que promovía la propiedad privada en el istmo veracruzano. Primero analiza el desarrollo de grandes y pequeñas propiedades desde el periodo colonial, destacando la compra de tierras mercedadas por parte de los pueblos de indios y la formación de haciendas ganaderas en el siglo XIX; en segundo lugar incluye las actividades económicas de los pueblos y finalmente describe los conflictos que se generaron con la privatización de las tierras comunales. Concluyo con que la aplicación de la Ley Lerdo y otras normas institucionales afectaron la ocupación tradicional del territorio y casi terminaron con la práctica nativa de cultivar según la calidad de las parcelas diferentes productos.

Eric Leonard parte del papel del gobierno local y cruza los arreglos institucionales, los derechos de propiedad y los conflictos que se suscitaron en dos momentos de cambio legal: la Ley Lerdo de 1856 y la ley agraria de 1915. Por una parte examina los derechos de propiedad y su regulación y acceso a la tierra no sólo en el contexto de las disputas entre el gobierno local y el estatal, sino sobre todo en las luchas políticas por el poder municipal y la élite de San Andrés Tuxtla. Así, rescata los antecedentes, la formación de la propiedad municipal en el siglo XIX y los mecanismos mediante los cuales la “élite empresarial” constituyó “el común municipal” comprando tierras y sitios de ganado menor, para luego adueñarse de la administración de estas tierras sobrepasando la encomienda individualista de las leyes desamortizadoras. Posteriormente analiza la privatización de dichos terrenos a partir de 1888 y la pugna que se libró entre facciones y líderes políticos locales, y entre éstos y el gobierno estatal, en el reparto agrario entre 1920 y 1930.

Siguiendo el camino de los arreglos institucionales, Lourdes Romero también aborda el reparto agrario en la región de La laguna de Coahuila y Durango en los primeros años del cardenismo, un reparto a gran escala que implicó negociaciones entre sindicatos, instancias de gobierno y poderes locales que se disputaron intereses políticos y económicos al amparo de la nueva legislación agraria y obrera.

Por su parte, el trabajo de Gómez Serrano resulta sugerente, pues a partir de archivos locales y notariales, resalta la importancia de rancheros y pequeños propietarios, y pese al predominio de la hacienda porfiriana, señala que los ranchos y pequeñas propiedades también tuvieron un enorme peso en la acumulación de tierras y en la producción. Gómez explica las razones que llevaron a la fragmentación y venta de grandes haciendas en el estado de Aguascalientes, cuestión que aumentó con la Ley Lerdo y los impuestos fiscales que se grabaron sobre la propiedad, lo que generó una gran compraventa de tierras que fueron a parar a manos de antiguos arrendatarios, medieros, rancheros, sociedades agrarias, pequeños propietarios y minifundistas.⁴ Aunque el artículo resulta ilustrativo sobre la compraventa masiva de ranchos y haciendas, no se vislumbra la subdivisión de pequeños terrenos de cultivo de “minifundistas ribereños” y su acceso a las aguas, como se pregona en el título. No obstante, Gómez da una visión ponderada sobre el proceso de la tenencia de la tierra; por un lado hubo acumulación de tierras, por otro, una fragmentación y un proceso de atomización de pequeñas propiedades.⁵

Sobre los derechos de propiedad, resalta el artículo de Escobar, quien corrobora lo que ya han dicho otros historiadores que han abordado las regiones de Oaxaca.⁶ Pero agrega otro ingrediente, la definición de distintos derechos de propiedad a partir de la lucha entre pueblos y dentro de éstos. Según Escobar, los conflictos entre pueblos se han explicado como una lucha por la tierra, y en cambio propone que éstos más bien fueron una lucha por el poder, dominación y negociación de unos pueblos sobre otros, donde estuvo en juego la jerarquización y el prestigio. Así, por medio de la historia de tres pueblos y sus conflictos por tierras, muestra la diversidad de derechos de propiedad, para concluir que la aplicación de la Ley Lerdo de 1856 y las respuestas de los pueblos quedaron marcadas por la “hibridez”.

La misma noción de hibridez, pero con un toque ambiental, sigue Christopher Boyer, quien analiza el proceso de mercantilización en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, cuando bajo el amparo de leyes baldías y de colonización, una enorme cantidad de tierras, aguas y bosques pasaron a manos privadas, y más cuando los recursos forestales fueron explotados a gran escala por empresas madereras y la llegada del ferrocarril. En este contexto describe la posición ambivalente de los indígenas rarámuris, quienes no siempre se opusieron al avance sobre sus bosques, sino que también participaron en el mercado mediante la tala de árboles y la manufacturación artesanal de durmientes para las vías férreas. Hubo indígenas que se involucraron directamente y aprovecharon las oportunidades para obtener una ganancia económica y subsistir con cierto grado de autonomía. Por tanto, Boyer considera que la Sierra Tarahumara fue una zona de “tierras hibridas”, “ni completamente penetrados por el proceso de mercantilización ni totalmente separados de él” (p. 298). Asimismo, observa el impacto ambiental de la tala de bosques y el arribo del ferrocarril, que en ocasiones provocó incendios que afectaron tanto a pobres como a terratenientes.

La respuesta de los indígenas del norte no fue homogénea, como lo demuestran Padilla y Trejo, quienes, de manera comparativa, analizan los factores y estrategias que llevaron a yaquis y ópatas a comportarse de manera diferente ante las políticas agrarias y el Estado nacional. Mientras, los yaquis tenían una tradición de lucha por la tierra y la defensa de su autonomía desde la colonia, que los llevó a una guerra prolongada durante el porfiriato, lo que generó su deportación y políticas de exterminio. En cambio, los ópatas, tenían un territorio ambiguo y desde el periodo colonial se dedicaron a la agricultura y ganadería; en su territorio se asentaron haciendas y ranchos, con los cuales establecieron relaciones comerciales, de modo que llevaron a cabo disputas con mestizos, pero también se mezclaron y establecieron alianzas. Así, en el umbral del siglo XIX muchos se convirtieron en propietarios individuales y habían perdido la lengua nativa y adoptado costumbres de la sociedad blanca. Según Padilla y Trejo, el espacio y sus diversos actores sociales condicionaron las diferencias.

En el otro extremo del territorio, con un enfoque social, Inés Ortiz da cuenta de la percepción y respuesta que los jornaleros temporales y peones acasillados experimentaron ante el reparto ejidal de la zona henequenera de Yucatán, después de que el código agrario de 1934 abrió la posibilidad de incluir en el reparto ejidal a nuevas entidades y peones de haciendas. Mientras, los jornaleros que residían en los pueblos vieron la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo y se mostraron entusiasmados para solicitar la dotación y ampliación de sus ejidos. En cambio, los peones que residían en las fincas “se negaron rotundamente a participar y ser convertidos en ejidatarios”, (p. 380). Ortiz explica las razones que llevaron a estos últimos a tomar esta actitud: en un contexto de crisis, pobreza, falta de empleo, ellos se sentían seguros con su trabajo y sus privilegios: “no deseaban renunciar a su forma de vida” (p. 381). Aunque finalmente la inercia del propio reparto los obligó a inscribirse en los repartos y se convirtieron en ejidatarios en un nuevo sistema con otros acuerdos, negociaciones y reglas institucionales.

Abriendo otra vertiente poco tratada y que puede dar luz sobre el papel que desempeñaron los tinterillos, alcaldes, jueces auxiliares y abogados en el reparto agrario y la resolución de conflictos, Alfredo Rangel analiza la actuación de Wistano Orozco, no como aquel crítico de los problemas agrarios del porfiriato; por el contrario, observa su labor como abogado sobresaliente, quien tuvo una postura ambivalente, ya que al mismo tiempo que defendía a propietarios individuales, comunidades indígenas, lo hacía con terratenientes y políticos de alto nivel. Sin embargo, Rangel señala que, pese al conocimiento y experiencia del abogado en asuntos agrarios, Orozco se topó con fuertes intereses e incluso fue acusado por difamación de honor y llevado a la prisión. Rangel descubre que ese medio rural estuvo plagado de “arbitrariedades, despojos y un uso faccioso del sistema legal” (p. 253). Las mismas arbitrariedades se manifestaron en la revolución y el reparto agrario en San Felipe Teotlalcingo, Puebla, como lo describe Gómez Carpinteiro. quien observa los efectos negativos que generó la llegada de los grupos revolucionarios, llámense zapatistas, arenistas, carrancistas u otras facciones militares. Utilizando el concepto del sufrimiento trata de entender los agravios que experimentó la gente común ante saqueos, abusos, violencia, miedo, raptos, violación de mujeres, exigencia de víveres, pasturas, y robo de ganado. Posteriormente señala las diferencias sociales dentro del pueblo y una subordinación vertical que se manifestó en la dotación de ejidos.

Finalmente, los once capítulos reflejan que los resultados de las políticas agrarias estuvieron marcados por profundos contrastes; las circunstancias económicas regionales, el tipo de población, la producción, presencia de haciendas, mercados, vías de comunicación, intermediarios políticos, organizaciones campesinas y la resistencia de los usuarios y las élites locales, sólo fueron algunos de los tantos factores que alentaron o retrasaron la privatización y el reparto agrario. Por todos estos temas abordados, y vertientes propuestas, este libro será de sumo interés para aquellos que se interesen por la historia rural mexicana.