INTRODUCCIÓN

En el transcurso del siglo XVIII el norte de la Nueva España fue escenario de un complejo reacomodo de los grupos indígenas que permanecían fuera del dominio español; sin duda, la mayor tendencia en este sentido (por su extensión geográfica y por los contingentes de población que involucraba) fue la consolidación de la presencia apache al sur y occidente del río Grande (río Bravo).¹ En pocas décadas, los apaches llegarían a constituir la principal preocupación de pobladores y autoridades de las distintas provincias, al grado de desarrollarse lenguajes, prácticas y políticas de una declarada guerra abierta contra las distintas tribus de esta nación que irrumpían desde Sonora en el occidente hasta las proximidades del río Brazos (en el actual estado de Texas) por el oriente. Conforme avanzaba el siglo XVIII, zonas como el Bolsón de Mapimí y las sierras de Sonora y el norte de Nueva Vizcaya y Nuevo México se convertirían en bastiones de los grupos apaches, lo que plantearía para las autoridades virrei na les la necesidad de ajustar una y otra vez los marcos en que operaban los presidios y demás compañías auxiliares en aquellas fronteras.

Atender estos asuntos por cuestiones de la defensa interior de aquellas provincias era urgente, pero no era menos apremiante la posibilidad de que los indios de guerra establecieran alianzas con las potencias coloniales que disputaban la hegemonía española en la frontera norte novohispana. El desenlace de la Guerra de Siete Años dejó claro que los conflictos europeos alargaban sus brazos hasta las Indias, al tiempo que expuso la vulnerabilidad del sistema defensivo español en el norte de América. La firma del tratado de París de 1763 cambió las condiciones de la frontera americana de Inglaterra y España (tras la cesión de Florida a Inglaterra y la incorporación de la Luisiana occidental al dominio hispano, al ser cedida por Francia como compensación por las pérdidas españolas en la guerra). En este contexto, la proximidad con franceses e ingleses en aquellas latitudes se mantenía como una alta preocupación para la corona española, por lo que aumentar el control sobre los territorios americanos, el resguardo de las costas y reforzar los puestos fronterizos para evitar ataques de indios o extranjeros se volvieron una preocupación dentro del programa defensivo de la Nueva España.²

La creación de la Comandancia General de Provincias Internas en 1776 constituyó un importante punto de inflexión en la “defensa, fomento y extensión de los grandes territorios” del norte de la Nueva España, cuya puesta en operación al año siguiente coincidió con un momento en que las hostilidades de los apaches subían de intensidad al grado de hablarse de un “recrudecimiento de la guerra” en aquellas latitudes.³ Desde este nuevo mando se trató de coordinar de mejor manera la pacificación de la frontera, combinando dos líneas de acción (con frecuencia analizadas como “políticas”) que trataban de reforzarse mutuamente: la guerra abierta y la diplomacia.⁴ Una década más tarde, y urgido por una real orden de 1785 en la que se le encargaba buscar los medios para hacer frente a la hostilidad de los indios enemigos en la frontera norte, el virrey Bernardo de Gálvez emitió una Instrucción (26 de agosto de 1786) que debía servir de guía al nuevo comandante general, Jacobo Ugarte y Loyola.⁵

En líneas generales, el panorama hasta aquí esbozado da cuenta del sentido en el que se movieron dos tendencias históricas que coincidieron en el norte de la Nueva España: el incremento en las hostilidades causadas por la presencia de los apaches en esas provincias en el transcurso del siglo XVIII, y los intentos por parte de las autoridades españolas para organizar una mejor defensa de aquellos territorios, amenazados lo mismo por los indios no sometidos que por los intereses de otras naciones europeas.⁶

Respecto a estos desarrollos, existe una postura arraigada en la historiografía sobre el norte de la Nueva España consistente en explicar que en aquella centuria las autoridades novohispanas alternaron las ofertas de paz y la guerra de exterminio como recursos para hacer frente a la amenaza de los indios bravos del norte. La parte medular de dichas narrativas sitúa el protagonismo en los rumbos que sobre la guerra y la paz dictaban los altos mandos militares de la frontera norte y la capital virreinal, destacando las decisiones de personajes como el virrey Bernardo de Gálvez, o los sonoros desacuerdos entre el comandante general Jacobo Ugarte y el comandante Juan de Ugalde. Desde el estudio pionero de Luis Navarro García se perfilaba esta forma de comprensión sobre la compleja realidad de la frontera norte al ver los años comprendidos entre 1777 y 1783 como el periodo “de los proyectos, el de los intentos ambiciosos y de los mayores esfuerzos para concretar una realidad nueva en el amplio escenario natural del Atlántico al Pacífico”. Después de eso, y centrándose en la vida institucional de las estructuras y los agentes de la burocracia española, el mismo autor vería “una época de confusión motivada por los principios políticos puestos en contradicción por los ministros cambiantes, por la rápida sucesión de autoridades en la comandancia y en el virreinato de México, por los interinatos precipitados, por la disolución de las ideas de unidad e interdependencia del mando supremo de las provincias internas”.⁷ En vena similar, el clásico estudio de Max Moorhead sobre las relaciones entre españoles y apaches, destacaba como principio explicativo fundamental los atributos personales de personajes como Ugarte o Ugalde para interpretar, a partir de sus acciones y omisiones, el curso que llevaron las campañas militares o los acuerdos de paz para asegurar aquellas fronteras.⁸ A partir de esas líneas de análisis, posteriores autores repetirían a grandes rasgos que la conducción de las relaciones entre los españoles y los indios de guerra (apaches y comanches principalmente) dependieron especialmente de las decisiones de esta línea de mando.⁹

Debe destacarse que en todos estos estudios se ha reflexionado con profundidad sobre la constante alternancia en las medidas de que echaron mano los españoles para hacer la guerra o para ofrecer la paz a los “indios bárbaros” del norte. Es un hecho que aun cuando en distintas épocas se trató de impulsar una de estas vías de manera preferente, la alternativa también se mantuvo en ejecución en algún punto de la frontera norte, ya fuera por las circunstancias específicas de alguna provincia, un grupo indígena, un presidio, o alguna alianza interétnica en particular. Sin embargo, algo que amerita revisarse en dicha historiografía es el hecho de que de manera recurrente se presentan las iniciativas de paz o de guerra abierta como políticas compactas, valoradas en términos de éxito o de fracaso, dependiendo de la celeridad o eficiencia con que los oficiales subalternos acataron los mandatos de los jefes militares. En otras palabras, se trata de poner a prueba los saberes convencionales que explican los episodios de guerra y de paz, y en especial los momentos de “paz por compra”, como resultantes de las decisiones que desde escritorios distantes tomaron las autoridades militares de la capital virreinal o las comandancias de la frontera norte.¹⁰

Con el afán de reexaminar los términos de este debate, el presente artículo analiza los contextos en que se presentó y desenvolvió una solicitud de paz presentada por representantes de ocho grupos de apaches mezcaleros, quienes a principios de 1787 ofrecieron establecerse en las inmediaciones del Presidio del Norte, uno de los puestos de avanzada en la Nueva Vizcaya. Este caso invita a ajustar el lente de observación en una historia cuyo desenlace nos resulta ahora familiar (un prolongado conflicto interétnico que rebasa el periodo colonial, con repetidos intentos fallidos de alcanzar la paz, el cual se sitúa en el centro de la configuración de la frontera internacional entre México y Estados Unidos), pero cuyas complejidades aún tratamos de conocer. Al volver sobre los acontecimientos de 1787 en dicha frontera nos preguntamos qué tipo de conocimiento o desconocimiento de las realidades locales por parte de las autoridades españolas se hizo presente en la determinación de las líneas a seguir en la relación entre apaches y españoles; más aún, a propósito de dichos saberes, vale la pena preguntarse cuáles argumentos se emplearon para aprovechar o desestimar esas experiencias del ámbito local. En buena medida, esta forma de entender la conducción de las conversaciones de paz entre apaches y españoles en el norte de la Nueva España hace eco del interés de investigaciones recientes por establecer que en la construcción de la diplomacia en medio de estos conflictos interétnicos incidían en gran medida las perspectivas que tanto apaches como españoles tenían del orden social y de la territorialidad en el ámbito local.¹¹ Se trata, en el fondo, de una compleja historia política en la que las opiniones se dividían acerca de la mejor manera de tratar con el otro, confrontando ideas sobre definiciones culturales, identidades y pertenencia territorial.¹² Como sostenemos en este artículo, la diplomacia de la paz no se puede entender a cabalidad si se piensa solamente como una concesión emanada de los acuerdos de paz entre apaches y españoles que convenían a la corona española; desde el ámbito local, la diplomacia de la paz era principalmente una búsqueda de continuidades en las formas de cohabitación a ambos lados de la frontera.¹³

A raíz de la mencionada petición de paz por parte de los mezcaleros, entre febrero y septiembre de 1787 se produjo un largo intercambio de correspondencia entre distintas autoridades militares dando cuenta de las novedades que se presentaron a partir de la llegada de los mezcaleros al Presidio del Norte. Para los fines de este trabajo desde luego resulta importante tener en mente dichos acontecimientos, pero nuestro interés principal no se limita a la reconstrucción de esta narrativa, la cual ya fue realizada hace tiempo por quienes trabajaron previamente estos expedientes.¹⁴ Como se explica en la parte medular de este ar tícu lo, vale la pena analizar nuevamente esta historia por cuanto revela acerca de la experiencia de los oficiales de campo sobre la vida en aquellas fronteras, acerca de las demandas de los grupos indígenas locales, y sobre los significados que en el ámbito local revestían las expectativas de guerra y de paz.

LOS APACHES EN EL SIGLO XVIII

Pertenecientes a los grupos de indígenas atapascanos que poblaban el norte del continente americano, los apaches constituían un pueblo conformado por varias divisiones tribales en la que se distinguían algunas variantes lingüísticas y culturales, pero, sobre todo, una gran fragmentación política. Las distintas tribus que etnográfica y lingüísticamente se han reconocido como apaches estaban “unidas por parentesco y eran controladas, por lo menos en tiempos de guerra, por algunos jefes bien identificados”, pero dichas uniones “se dividían en clanes o familias aisladas conforme lo dictaba la conveniencia”.¹⁵ Como queda de manifiesto en el estudio que aquí se presenta, si bien la falta de unidad política entre las distintas tribus era un rasgo característico de los apaches, también es cierto que “las redes de parentesco aseguraban la comunicación y un sentido compartido de obligación entre miembros de diferentes grupos y bandas locales. En consecuencia, ciertos mecanismos políticos informales animaban diversos patrones de acción concertada tanto en la paz como en la guerra, lo que podía trascender la naturaleza local de la actividad política regular”.¹⁶ Se trataba, en suma, de sociedades que valoraban la libertad de cada grupo de familias y de cada individuo en particular, pero que podían actuar de manera concertada cuando la necesidad lo requería.¹⁷

Habituados a la vida nómada, los apaches dependían para su subsistencia de la caza del bisonte (identificado como cíbolo en las fuentes coloniales) y otras especies que les proporcionaban carne (el venado, por ejemplo, o el ganado español, incluyendo entre algunos grupos las mulas y los caballos);¹⁸ era importante también la recolección de frutos silvestres, y tenían una especial predilección por el mezcal obtenido a partir del maguey.¹⁹ Debe destacarse el hecho de que si bien los apaches plantaban algunas semillas de maíz, hacían esto de manera esporádica y no se aplicaban al cuidado sistemático de los cultivos; simplemente dejaban crecer las plantas y regresaban cuando estaban listas para la cosecha.²⁰ Entre los mezcaleros en específico, se observaban también estos patrones de subsistencia.²¹

Sin embargo, conforme avanzaba el siglo XVIII se volvió cada vez más difícil para los apaches contar con los alimentos proporcionados por los ciclos de estos cultivos; en buena medida, la apremiante necesidad de movilidad y la importancia que cobró la producción de artículos de piel para el equipamiento de los guerreros y sus caballos, explican este cambio en las actividades económicas de los apaches (sobre todo al este del río Grande).²² De manera global, estas formas de subsistencia y de adaptación al medio local ayudan a entender el amor “a la libertad y vida ociosa” en que, desde la perspectiva española, transcurría la vida de los apaches.²³

Emparentados con los grupos atapascanos de Alaska y Canadá, los apaches llegaron a lo que sería el norte de la Nueva España desplazándose hacia el sur por la vertiente oriental de las Rocallosas (Rocky Mountains). Al parecer, a esos grupos aluden las primeras noticias registradas por los españoles acerca de los apaches en 1540, cuando Francisco Vázquez de Coronado escribía acerca de los “querechos” en Nuevo México; a estas primeras denominaciones se sumarían también los “apaches vaqueros”, llamados así por su destreza en la caza del bisonte.²⁴

Durante el siglo XVIII, los apaches fueron gradualmente desplazados hacia el sur debido a la expansión de las zonas de caza y habitación de los comanches, quienes se veían fortalecidos por “su contacto con los franceses, que les proporcionaron las armas de fuego que los españoles rehusaban a los apaches”;²⁵ para fines de dicho siglo, los españoles identificaban genéricamente como “apachería” la gran franja de terreno comprendida al norte de la actual frontera entre México y Estados Unidos, desde el río Colorado en Texas, hasta la ribera del río Santa Cruz en Arizona.²⁶ En esta franja quedaban comprendidas las fértiles praderas de Texas, las zonas serranas del Nuevo México, el valle del Río Grande, y el desierto de Sonora-Arizona; y desde ahí los apaches llegaban a lanzar sus ataques sobre las poblaciones españolas asentadas en las provincias de Sonora, Nueva Vizcaya, Coahuila y Nuevo León, incluyendo los asentamientos en Texas y Nuevo México.²⁷

Desde luego, la violencia interétnica fue un rasgo fundamental en el desplazamiento de los apaches cada vez más hacia el sur; aunque se llegó a reconocer que las tempranas incursiones violentas de los españoles en territorio apache pudieron haber precipitado la enemistad de los apaches,²⁸ no faltó quien interpretara tales tribulaciones como una reiteración de los momentos de prueba a que eran sometidas las sociedades elegidas para cumplir los designios divinos. Así lo suscribió, por ejemplo, fray Juan Domingo Arricivita a fines del siglo xviii al comparar los ataques de los apaches con los lances en que los caldeos asolaban al pueblo judío:

LA FRONTERA APACHE EN EL NORTE NOVOHISPANO, 1787

Tanto en las divinas como en las profanas letras se comparan los caldeos con los leopardos, los lobos y las águilas: llámanlos gente amarga y veloz, porque siendo salvajes y feroces, trajinaban la latitud de la tierra, llenándola de amargura con sus horribles asaltos y terribles robos. Eran sus caballos más ligeros que los tigres, y veloces más que los lobos, y así se difundían por toda la tierra, como águilas que volaban de provincia en provincia para devorar la presa, y llenarlas de amargura: su inhumana ferocidad no les dictaba otro ejercicio ni ocupación que la envejecida y cruel costumbre de robar y talar las tierras, de forma que algunos juzgaron que los caldeos de que se valió Satanás, cuando obtuvo el permiso del Señor para invadir las tierras y bienes del santo Job, no fueron hombres, sino Demonios, que tomando su figura, hicieron divididos en tres escuadras, los impíos estragos, latrocinios y horrores, que [sic por como] si fueran tigres, lobos y águilas de los infiernos. Sobre este obscuro diseño, se puede formar la idea propia que corresponde a la feroz y horrible nación de los apaches, cuyo formidable nombre, por sus frecuentes y sangrientas hostilidades, se extiende desde el real de Chihuahua, cruzando al poniente, hasta el río Gila, y subiendo al norte, hasta el Moqui, Nuevo México y provincias de Texas y Quahuila, y revolviendo al sur remata en el sobredicho real.²⁹

En ese distrito, el cual formaba una “casi circular extensión de tierra, que es de más de trescientas leguas”, vivían “los tan temidos como crueles feroces apaches”.³⁰ La crueldad, como muestra el testimonio de Arricivita, era un rasgo que los españoles asociaban de manera genérica con los apaches; al igual que el franciscano, otros testigos de la época, como Bernardo de Gálvez, encontraba que esta condición era inherente a un pueblo para quien la guerra era “un acto de religión”.³¹

Para algunos autores que describen a estos grupos en el siglo XX, lingüística y etnográficamente “hay siete tribus reconocibles de atapascanos del sur o hablantes de apache: chiricahua, jicarilla, kiowa-apache, lipán, mezcalero, navajo y apaches del oeste”.³² Sin embargo, de acuerdo con un informe de 1796 preparado por el teniente coronel Antonio Cordero a partir del testimonio de un jefe apache,³³ para esa época era posible identificar nueve tribus: los tontos [vinni ettinen-ne], los chiricahuas [segatajen-ne], los gileños [tjuiccujen-ne], los mimbreños [iccujen-ne], los faraones [yntajen-ne], los mezcaleros [sejen-ne], los llaneros [cuelcajen-ne], los lipanes [lipajen-ne], y los navajos [yutajen-ne].³⁴

La historia que aquí se analiza gira en torno de los miembros de este segundo grupo, los “apaches del este”, y específicamente a los apaches mezcaleros. Los sejen-ne habitaban en la zona comprendida entre las montañas inmediatas al río Pecos (en el suroeste del moderno estado de Texas) y se desplazaban hacia el sur hasta la zona del Bolsón de Mapimí y la porción sureña del río Conchos, en las cercanías de Pilar de Conchos.³⁵

[…] como la mayoría de los grupos de apaches del este, los mezcaleros habían sido desplazados por los comanches hacia el sur de las planicies de bisontes en Nuevo México, lo cual los había despojado de su principal fuente de alimento. Amenazados desde el norte por los comanches, los mezcaleros habían sido empujados hacia los asentamientos de Coahuila y Nueva Vizcaya, donde encontraron su sustento mediante el robo de reses, caballos y mulas a los españoles.³⁶

Estas presiones no constituían desarrollos independientes unos de otros, sino que eran testimonio del cambio que en el transcurso del siglo XVIII se había dado en la relación de poderes entre los españoles y los grupos indígenas del noreste. Para principios del siglo XVIII, la alianza entre españoles y los indios texas (caddos), payayas y ervipiames en torno de las poblaciones de San Antonio y el este de Texas sugería ya la dificultad del acercamiento entre españoles y apaches, dada la enemistad natural entre los mencionados grupos indígenas. Así, desde principios de siglo, en virtud de esta convivencia “los españoles se volvieron enemigos de los apaches” dado que en la diplomacia con los grupos indígenas “no existía la posibilidad de una lealtad dual”; aunque a mediados de siglo los españoles trataron de apoyar la idea de establecer misiones entre los apaches que pedían la paz presionados por los comanches, la fallida experiencia de la misión de San Sabá (destruida por los ataques de comanches y wichitas en 1758) demostró que en el noreste novohispano el grupo con la mayor capacidad de organización y poderío era el de los comanches.³⁷ Esta conclusión se reafirmaría décadas más tarde, cuando la alianza con los comanches, fundamental para la política española en la frontera noreste, terminó por ratificar que se configuraba una alianza multiétnica en que el enemigo común era la diversidad de tribus apaches.³⁸

LA GUERRA Y LA PAZ COMO POLÍTICAS FRENTE A LOS INDIOS EN LAS FRONTERAS

Desde hace varias décadas, existe en la historiografía sobre la frontera norte novohispana un aparente consenso al señalar que uno de los principales problemas para asegurar la estabilidad de aquellas regiones era la falta de unidad en las decisiones con respecto de las relaciones entre indios y españoles. Se ha señalado, por ejemplo, que después de la visita del Marqués de Rubí (1766-1767), “durante casi veinte años, los pronunciamientos desde lo alto intentaron formular un propósito y un procedimiento uniformes al tratar con las tribus hostiles del norte, pero cada declaración oficial sucesiva variaba de su predecesora y cada virrey interpretaba la política de manera diferente”.³⁹ Precisamente a partir de la icónica visita del Marqués de Rubí, la guerra ofensiva contra los apaches comenzó a manejarse como la tendencia dominante para evitar la destrucción de aquellas provincias,⁴⁰ pero aun en medio de esa certeza, “la política india” en ese periodo en específico se debía también a la falta de un ideal duradero de gobierno.⁴¹

Dada la diversidad de factores que incidían en la relación entre los españoles y los grupos indígenas que deseaban mantener su autonomía en aquellas fronteras,⁴² el problema se antojaba de difícil solución:

Hubo ensayos y vuelta atrás según la reacción de los indígenas, la amenaza de potencias rivales, los cambios de mentalidad, la evolución de la economía. El drama de la guerra se desenvolvió en ciclos, alternándose cierto optimismo con el batimiento, la indulgencia con el castigo máximo, la esperanza con la desesperación. En el primer siglo, la consigna llegó a ser de ‘guerra a sangre y fuego’. El siglo XVII estuvo marcado por grandes rebeliones. En la segunda mitad del siglo XVIII, hubo de nuevo voces y planes en favor de una guerra de extinción, ahora contra apaches y comanches.⁴³

No se trataba, sin embargo, de un mal que aquejara exclusivamente al norte de la Nueva España ni de una mera mudanza errática de pareceres como podría desprenderse de estas lecturas. En realidad, como ha mostrado Weber con particular acierto, decantarse por la guerra ofensiva o por la sumatoria de acciones defensivas y la búsqueda de la paz durante el último tercio del siglo XVIII (ya fuera en la América del Sur, en el septentrión novohispano o en las diversas fronteras internas de la Nueva España)⁴⁴ fue el resultado de largos cálculos de costo-beneficio mediados por prolongados debates entre los entusiastas de la guerra abierta y quienes defendían el peso de la tradición jurídica de la negociación y la guerra defensiva.⁴⁵

En tales disyuntivas, señala Weber, las circunstancias eran las que dictaban la política a seguir: las cuestiones políticas, la actitud de los indios y de los pobladores, así como los intereses económicos eran los factores que incidían en la política a privilegiar:⁴⁶

[…] la política [española] no fluía solamente desde el gobierno hacia los gobernados o del centro a la periferia. Los artífices de la política española también respondían de forma pragmática a las presiones que ejercían los líderes coloniales. Por lo que concernía a las relaciones con los indios bárbaros, los oficiales y las oligarquías locales en ocasiones eran partidarios de la guerra, en ocasiones apoyaban la paz, pero algunas veces se mostraban indecisos. Cuando ellos dudaban, la corona vacilaba junto con ellos.⁴⁷

Al respecto, vale la pena recordar que este flujo entre gobierno y gobernados que destaca Weber involucraba varios niveles de interlocución para el último tercio del siglo XVIII: el rey a través de la vía reservada, el Consejo de Indias (y las sucedáneas Secretaría de Indias o de Guerra),⁴⁸ los virreyes, los comandantes de las Provincias Internas y los oficiales de campo. Así pues, no es que la corona no hubiera mantenido una política consistente frente a los indios de guerra, pues esta se había definido en el siglo XVI y había sufrido pocas alteraciones hasta antes de 1772 (con el Reglamento para la reforma de los presidios).⁴⁹

Como se recordará, en los primeros años de la conquista el cuestionamiento a los justos títulos y las discusiones sobre si era lícito hacer la guerra a los indios orillaron a la corona a establecer una postura y una política a seguir. Así la corona adoptó un papel de protectora de los indios, en particular de aquellos que veía como aliados; mientras que con los indios de guerra, una junta de 1550 concluyó por adaptar las condiciones en que se podría declarar una guerra justa contra los indios. En papel, la política se inclinaba a la “persuasión” requiriendo a los indios a someterse por la paz, y en caso de su negativa y de experimentar ataques se podía proceder de manera más violenta, como indicaba dicha teoría.⁵⁰

La conquista militar de la Nueva Galicia (incluyendo la movilización a gran escala de contingentes armados en la Guerra del Mixtón) y el prolongado episodio de la guerra chichimeca (ca. 1550-1600) constituyeron episodios claves en el siglo XVI en los que las campañas a sangre y fuego demostraron que este recurso terminaba por desgastar a los bandos contendientes y no ofrecía una solución de paz a largo plazo. En esos contextos, la guerra a sangre y fuego tomó como estrategia de defensa y avance hacia el norte la construcción de una línea de fuertes o presidios guarecidos por un pequeño destacamento de soldados; éstos se instalaron a lo largo del camino que conducía de las minas de Zacatecas hasta la ciudad de México. Pero esta estrategia no respondía a un plan de defensa en el sentido de estrategia militar, sino a la lógica de formar casas fuertes o fortalezas para proteger caminos y asentamientos hispanos.⁵¹

La violencia que desató la política de guerra a sangre y fuego llegó a su punto más crítico en la década de 1570.⁵² La captura y venta de indios se había vuelto un negocio para los soldados y lo practicaban con suma crueldad y con respaldo de las autoridades; estas prácticas reavivaron la discusión sobre la “guerra justa”⁵³ y también alertaron sobre la necesidad de romper una de las posibles causas de la violencia endémica. Para atajar estos problemas, el virrey Marqués de Villamanrique (1585-1590) decidió impulsar una política de paz por compra. Algunos autores han calificado esta medida como “un rompimiento radical con las prácticas anteriores” en tres de los puntos que planteaba, pues ordenaba la reducción de los presidios, el abandono de la “guerra a sangre y fuego”, y la formación de misiones entre los chichimecas “autorizando la negociación de tratados con los sublevados garantizándoles alimentos, ropa y otros bienes ‘civilizados’ si dejaban las armas”.⁵⁴

Este impulso a la diplomacia correspondía también a la política que desde 1573 había delineado la corona española con respecto de las nuevas empresas de conquista y la consolidación del poblamiento en las zonas ya descubiertas y reclamadas por la propia corona. De hecho, pacificar y poblar se declaraban como la finalidad de la presencia hispana en territorio americano,⁵⁵ según constaba en las Ordenanzas para nuevos descubrimientos de 1573.⁵⁶ En dicho ordenamiento se proponía de manera explícita la entrega de regalos a los jefes indígenas como una estrategia de atracción y reconvención de los indios.⁵⁷

Como ha mostrado Juan Carlos Ruiz Guadalajara, la política de “paz por compra” se consolidó en los años finales del siglo XVI, permitiendo el surgimiento de varias poblaciones en el Bajío novohispano y la región del Gran Tunal, dentro de lo que ha identificado como “un proceso acelerado de colonización hispana”.⁵⁸ Comentando sobre estos mismos efectos de la paz por compra, David Weber entiende que los presidios del norte novohispano de esa época “funcionaron como agencias de paz y centros de distribución de bienes a los indios, papel que volverían a desempeñar a fines del siglo XVIII” cuando fueron retomadas la paz y la persuasión como estrategias para tratar con algunos grupos de indios insumisos.⁵⁹

Promover la paz por compra con los grupos indígenas y enfocarse en la protección de los territorios ya pacificados y poblados (lo que se identificaría como “guerra defensiva”) serían para principios del siglo XVII dos mecanismos que se reforzaban mutuamente. Esto no significó que el avance hacia el norte novohispano se hubiera detenido, sino que debía basarse en posibilidades concretas de establecer poblaciones entre grupos indígenas que aceptaran la sujeción a la corona española o que dieran señales de estar dispuestos a recibir el bautismo (como se argumentaría en los caso de Nuevo México a fines del siglo XVI y Texas un siglo más tarde).⁶⁰

Así pues, para el avance sobre el norte lejano se apostó por la formación de misiones, pueblos y villas defensivas, los cuales contarían con el auxilio de compañías volantes y algunos presidios. Sin embargo, entre 1680 y 1720 hubo frecuentes rebeliones indias, tales como la de los indios pueblo en Nuevo México, o las de los tarahumaras y los conchos (1690-1698) en la Nueva Vizcaya,⁶¹ a las que se sumaron muchos otros grupos indígenas. A raíz de estos levantamientos, detonados en buena parte por la práctica española de tomar indios cautivos, y por los estragos que causaban las incursiones apaches hacia las zonas ya mencionadas,⁶² la política de la corona se volvió más enérgica contra los indios no sometidos, reforzando la presencia de las tropas presidiales. A finales del siglo XVII, había en las provincias del norte novohispano doce presidios, “seis [en] Nueva Vizcaya, dos [en] Nueva México y otros tantos [en] Nuevo León y uno en cada una de las provincias de Sonora y Coahuila”.⁶³ Hacia 1702, la corona autorizó una guerra ofensiva contra los indios insumisos del norte de la Nueva Vizcaya; con dicha autorización se realizaron campañas en el Bolsón de Mapimí, para batir a los grupos de conchos, tobosos, julimeños, sumas y demás que lo habitaban, lo cual se prolongaría por varias décadas.⁶⁴ De igual forma, se promovió la formación de nuevas poblaciones, como la villa de Alburquerque y San Felipe el Real de Chihuahua.⁶⁵

Conforme cerraba el siglo XVII y comenzaba el nuevo siglo, la amenaza de los indios bárbaros del norte novohispano (lo mismo que en las fronteras del sur del continente) y el temor de que estos enemigos se volvieran aliados de potencias rivales (como en el caso de los franceses, que tenían presencia desde Canadá hasta la provincia de Texas) llevaron a las autoridades novohispanas a reevaluar el funcionamiento de su línea defensiva.⁶⁶ La llegada de la casa de Borbón al trono español a principios del siglo XVIII traería a la frontera norte novohispana el intento de hacer más eficiente ese despliegue de fuerzas militares que parecían más costosas que útiles. Como se ha comentado en diversos estudios, en estos contextos se sitúa la visita que en 1724 emprendiera el brigadier Pedro de Rivera para evaluar la eficacia de los presidios del septentrión novohispano y para reorganizarlos reduciendo costos al real erario.⁶⁷ Para los fines de esta discusión, lo que importa es destacar que, como resultado de esta visita (y a partir de los informes y recomendaciones de Rivera), el virrey marqués de Casafuerte promulgó un reglamento para reformar los presidios de las Provincias Internas (22 de mayo de 1729); dicho reglamento se enfocó principalmente en los aspectos organizativos de los presidios (sueldos, armamento, ubicación, disciplina), área en la que se ha considerado tradicionalmente que sólo logró “cambios menores”.⁶⁸ Sin embargo, el reglamento de 1729 situó el problema de los “indios enemigos” en un nuevo contexto: criticando abiertamente la diplomacia de la paz por supuestos efectos contraproducentes, recomendaba que a nivel local los capitanes de presidio (especialmente en la Nueva Vizcaya) optaran por la guerra defensiva decidiendo la forma de perseguir, castigar o exterminar a los enemigos que pusieran en peligro las poblaciones de aquellas fronteras.⁶⁹ Considerando que no era suficiente requerir de paz a los indios (como habían establecido las Ordenanzas de 1573), los capitanes de distintos presidios debían hacer frente a las incursiones de los indios enemigos con mayor severidad. Así,

[…] cada uno de los presidios del Paso, Janos y Corodeguachi, destacará un cabo con veinticinco soldados para que unidos hagan el castigo de los indios apaches, lilas [sic por gilas], mezcaleros, salineros y natagees, que son los que continuamente hostilizan aquellas fronteras, pues ser requeridos de paz no bastará como quiere la ley, haciendo dichos soldados correrías en aquel país para que aquel respeto los contenga.⁷⁰

Es importante destacar que, en este marco, la posibilidad de dar la paz a los indios enemigos que así lo solicitaran quedaba en manos de los capitanes de presidio donde se presentaran dichas solicitudes; pero al mismo tiempo, era su responsabilidad organizar campañas (mariscadas) en contra de los grupos que hostilizaban sus respectivas provincias para así librar a sus habitantes “de los estragos que practican los indios enemigos”.⁷¹

La coyuntura de 1729 significó entonces dotar a los capitanes de presidio de un amplio margen de maniobra en el trato con los indios no sometidos, lo cual se tradujo en una intensificación de las campañas emprendidas en su contra en la frontera norte. Ello sería especialmente notorio en el Bolsón de Mapimí y el noreste de la Nueva Vizcaya, donde se llegaría en el transcurso de las décadas siguientes a la desaparición de los grupos indígenas locales.⁷²

Sin embargo, este sistema tampoco garantizaría la paz para las poblaciones del norte novohispano, dado que las mariscadas y las operaciones periódicas de las compañías presidiales solamente rechazaban los ataques de los grupos no sometidos (especialmente los apaches) por algunos flancos,⁷³ pero sin mostrar capacidad real de contener las incursiones que comenzaban a ser cada vez más comunes hacia el interior de la Nueva Vizcaya y la provincia de Sonora.⁷⁴

Estas deficiencias de los establecimientos militares en la frontera norte tomarían un nuevo cariz al final de la Guerra de Siete Años, conflicto en el que España había apoyado a Francia en sus disputas con Inglaterra.⁷⁵ La toma de La Habana por parte de Inglaterra en 1762 “había revelado las debilidades de las defensas de España en sus dominios americanos” y mostraba que la Nueva España podía ser presa de un eventual ataque inglés. Además de esas preocupaciones, destacaba con especial fuerza el hecho de que Inglaterra hubiera obtenido de Francia el dominio sobre Canadá en 1763, y que a partir de entonces los españoles debieran defender una Luisiana que colindaba con los dominios británicos en Norteamérica, a lo que se agregaba la incapacidad manifiesta para hacer frente a la amenaza de los “indios bárbaros” que habían incrementado la virulencia de sus ataques a las poblaciones españolas.⁷⁶ Ante ese complejo escenario, Carlos III comisionó a Juan de Villalba en 1764 para reorganizar las defensas del virreinato, lo que incluyó el conjunto de la frontera norte. Debe destacarse, por cierto, que en este mismo contexto se situaría la visita general que José de Gálvez emprendió a la Nueva España, en la que la pacificación del noroeste novohispano y la búsqueda de una ruta terrestre para asegurar la presencia hispana en California se convirtieron en objetivos centrales del visitador.

Como parte de estos esquemas generales, la visita de inspección conducida por el Marqués de Rubí (Cayetano María Pignatelli) a la frontera norte (1766-1768) confirmó el estado lamentable en que se encontraban aquellas poblaciones.⁷⁷ A su regreso a la ciudad de México el 23 de febrero de 1768, después de recorrer 23 de los 24 presidios de la frontera, Rubí lamentaba “el tremendo daño que los súbditos de su majestad sufren diariamente” a manos de “los bárbaros”.⁷⁸

Derivado de esta visita,⁷⁹ y con los informes presentados por Rubí, Carlos III aprobó en 1772 el Reglamento e instrucción para los presidios que se han de formar en la línea de frontera de la Nueva España. Al margen de los cambios que en materia de organización de los presidios significó ese ordenamiento, en lo concerniente a la política hacia los indios de guerra marcó un referente de especial importancia: el Reglamento de 1772 enfatizó “la fuerza por encima de la diplomacia”, dado que “al autorizar una guerra ofensiva contra los paganos, la corona se alejó por primera vez desde 1573 de su deficientemente aplicada pero bien intencionada política de expansión pacífica. En términos militares, el Reglamento de 1772 ofrecía soluciones esencialmente europeas para problemas americanos”.⁸⁰ La guerra ofensiva contra los apaches y otros grupos no sometidos, específicamente recomendada por el Marqués de Rubí, sería una forma de controlar los territorios que efectivamente ocupaba la corona española en la frontera norte. Se trataba, en la mente del inspector, de consolidar la presencia española en las regiones ya pobladas, y para ello era esencial fomentar las alianzas con los enemigos de los apaches (especialmente con los comanches) y tomar cautivos a las mujeres y los niños para llevar a la eventual extinción de estos grupos insumisos.⁸¹

La creación de la Comandancia General de las Provincias Internas en 1776 se situó en esta misma línea de acción tendiente a garantizar una mejor organización así como la pacificación y defensa de la frontera norte novohispana.⁸² Así, la real instrucción que se le dio a Teodoro de Croix, primer comandante general, definía como objeto de su labor “la defensa, fomento y extensión de los grandes territorios”, señalando que debía enfocarse primordialmente en “procurar la conversión de las numerosas naciones de indios gentiles que habitan al norte de la América septentrional”.⁸³ Pero la actuación del comandante general frente a los indios de guerra habría de ser más enérgica, pues siguiendo las recomendaciones del Marqués de Rubí y otros oficiales, “llevó adelante la estrategia […] de aliarse con los comanches y aprovechar su enemistad con los apaches en beneficio de España”. Según se ha sugerido, “De Croix adoptó esa política después de haber considerado la alternativa [… esto es,] establecer una alianza con los apaches lipanes y recurrir a su ayuda en contra de los comanches”.⁸⁴ En la opinión de De Croix este debía ser el curso de acción contra los apaches, de quienes afirmaba, “son en mi concepto irreducibles”.⁸⁵

Durante la década siguiente, la política empleada por De Croix de reclutar aliados indígenas para combatir a los apaches a lo largo de toda la frontera norte dio algunos frutos, si bien a altos costos. Desgastar a las tropas e invertir recursos (en el contexto de la guerra anglo-española de 1779-1783) en una guerra ofensiva contra los apaches, sin embargo, no era un programa que contara con un claro consenso entre los oficiales y secretarios de la burocracia española.⁸⁶ De esta manera, cuando el virrey Bernardo de Gálvez emitió su Instrucción de 1786, lo que hizo al tiempo de reformar nuevamente la estructura administrativa (en el terreno de la causa de guerra), fue generar un cuerpo compacto de normas enfocadas específicamente a regular el trato con los indios de guerra. Se trataba de un punto de inflexión en el sentido de sistematizar las medidas que de manera aislada y parcial se habían tomado en los años previos,⁸⁷ y de dotar a las autoridades de aquellas provincias de una política integral que concedía la primacía a la guerra defensiva, si bien no descartaba de manera casuística el recurrir a la combinación de “pan y palo”.⁸⁸

La Instrucción básicamente dividía la comandancia en tres sectores, y aunque declaraba a sus responsables como jefes subordinados a la autoridad de Ugarte, les reservaba el mando directo de los asuntos militares en los territorios bajo su cargo.⁸⁹ Asimismo, la Instrucción promovía la guerra ofensiva como el primer recurso para debilitar a los indios enemigos;⁹⁰ una vez que éstos sufrieran los estragos de la ofensiva española, señalaba la Instrucción, se podría acordar la paz con quienes cesaran las hostilidades y aceptaran el trato con los españoles, buscando a toda costa su subordinación económica para que se habituaran a los productos españoles y dependieran cada vez más de la ayuda de las poblaciones fronterizas.⁹¹

Desde la óptica española, a raíz de la intensificación de las campañas ofensivas de los diferentes mandos militares en la frontera norte, en los meses que siguieron a la puesta en vigor de la Instrucción de 1786 se sentiría el efecto de la renovada guerra contra los apaches. Para 1787, las peticiones de paz de parte de diversos grupos de apaches habían sido constantes en los presidios desde Sonora hasta Texas. Así, por ejemplo, para estas fechas continuaba la “mala paz” que en Coahuila y Texas se había acordado desde 1784 con los lipanes, mientras que en noviembre de 1786 un grupo de apaches gileños era recibido de paz en Bacoachi (Sonora).⁹² En estos mismos contextos transcurriría la petición de paz de los mezcaleros en el Presidio del Norte, la cual se sitúa en el centro de nuestro análisis.

UN INTENTO DE PAZ EN LA NUEVA VIZCAYA

Corrían los últimos días de enero de 1787, cuando el alférez del presidio de San Carlos (localizado cerca de Chihuahua, sobre el río Conchos), Juan Francisco Granados, salía en campaña “contra los indios enemigos” en las serranías ubicadas entre la Nueva Vizcaya y la provincia de Coahuila. Conforme a la práctica de esos años, se trataba de una nueva incursión ofensiva en el contexto de la guerra abierta contra los apaches mezcaleros. De acuerdo con los reportes que el propio Granados enviara a su capitán de presidio, Juan Bautista Elguezabal,⁹³ al llegar al rumbo de las Varas de San Juan los apaches mezcaleros le pidieron que cesaran las hostilidades y que a cambio estaban dispuestos a pactar la paz con los españoles estableciéndose en el presidio más cercano a aquellas sierras. Como resultado directo de esta campaña, para principios de febrero habían “bajado al Presidio del Norte dos hombres y dos mujeres para llevarles [a sus parientes] la razón” de la aceptación de dicha solicitud.⁹⁴

Informado de estas novedades a principios del mes de febrero de 1787, el comandante general de las Provincias Internas de Occidente, Jacobo Ugarte y Loyola, dispuso que los capitanes Domingo Díaz⁹⁵ y Juan Bautista Elguezabal se trasladaran al Presidio del Norte y avisaran a los apaches que serían aceptados de paz. Las órdenes para Díaz, en adelante comisionado especial para estos acuerdos, eran precisas al señalarle, lo primero, que debía dirigirse directamente con los “capitanes” apaches para resolver cuanto se ofreciera en estas conversaciones de paz; en segundo término, se le ordenaba que en caso de que se presentaran los capitanes, tratara de averiguar, con todo sigilo (“sin que ellos lo penetren”), “qué causa les obliga a solicitar nuestra amistad”. Como tercer aspecto de este encargo inicial, se había instruido a Díaz para presentar a los mezcaleros unas capitulaciones que el propio Ugarte preparara para estos fines.⁹⁶

En cumplimiento de estas órdenes, entre febrero y marzo de 1787 Domingo Díaz se reuniría con los capitanes apaches Alegre, Ligero, Patule, Zapato Tuerto, El Quemado, Montera Blanca, Cuerno Verde y Bigotes el Bermejo para darles a conocer el plan de Ugarte; en esta fase inicial, Díaz se mostraba optimista por poderse reunir con emisarios de las rancherías lideradas por El Calvo y por Natagé, y con miembros de “varias familias sueltas” que se hallaban “en la sierra de Guadalupe”.⁹⁷

Sin embargo, poco tiempo después de la entrada en escena del capitán Díaz, los acuerdos de paz con los mezcaleros en el Presidio del Norte se vieron inmersos en distintas disputas que se relacionaron más con el ejercicio de autoridad entre los comandantes de las Provincias Internas de Occidente y Oriente (Ugarte y Ugalde), y con la preservación de la alianza militar con los lipanes y los comanches, que con la atención a la relación entre mezcaleros y españoles en el norte de la Nueva Vizcaya.⁹⁸ Para principios de octubre de 1787 las conversaciones de paz en el Presidio del Norte fueron oficialmente suspendidas, a pesar de los intentos que los mezcaleros y los oficiales de campo realizaban para lograr una convivencia viable para ambas partes.

Para entender mejor la forma en que las perspectivas locales sobre la guerra y la paz fueron sofocadas por esta urdimbre institucional es conveniente destacar cuatro aristas al volver sobre esta historia: el diseño de las capitulaciones de 1787; el establecimiento de una línea de mando para conducir los acuerdos de paz; los conflictos entre autoridades militares de la Nueva Vizcaya y Coahuila; y finalmente, las perspectivas de los mezcaleros sobre los acuerdos de paz.

COMENTARIO FINAL

Para fines de agosto de 1787, los mezcaleros seguían esperando de Domingo Díaz su intervención para que las autoridades de la comandancia general urgieran la restitución de aquellos indios que seguían cautivos en Coahuila a raíz de las campañas de Ugalde. Era tiempo también de pensar en organizar las partidas de guerreros que saldrían a la caza del bisonte en las praderas por donde solían aparecer también los comanches, por lo cual también guardaban la esperanza de que Díaz y Elguezabal pudieran apoyarlos con alguna escolta para prevenir un encuentro con resultados funestos. Sin embargo, a esas alturas era claro para Domingo Díaz que para la comandancia general y para el virrey de la Nueva España el acuerdo que él y Elguezabal trataban de llevar adelante en la junta de los ríos Conchos y Grande era de poca relevancia. No le parecía congruente con la búsqueda de la paz el hecho de que “después de haber celebrado [los mezcaleros] las paces en este presidio [del Norte], viviendo en sus inmediaciones tranquilos y sosegados, sufrieron injustamente dos golpes por las armas de la provincia de Coahuila despojándolos a la mayor parte de ellos de las bestias y trastes de su uso […]”. Con “maña y prudencia” le habían ordenado manejar este asunto, pero eso no ayudaba a las relaciones con los mezcaleros; por el contrario, reconocía Díaz, a los apaches les quedaba claro que “nada de cuanto les hemos prometido les hemos cumplido”. En estas circunstancias, Díaz lamentaba que esta diplomacia de maña y procrastinación se traduciría en “grandes revoluciones entre ellos […] si ahora se les falta a la última promesa del auxilio para su carneada”.¹⁴³ Un mes después, los temores de Díaz se confirmaban con el abandono de este caso; para octubre de 1787, la intervención del virrey Flores sería más explícita aún al autorizar a Ugalde a que hiciera la guerra abierta a los mezcaleros en el noreste.¹⁴⁴

En este ir y venir de opiniones sobre la forma de responder a la solicitud de paz de los mezcaleros se confirma una línea de interpretación que toma fuerza en estudios recientes. Como se ha comentado a propósito de los análisis de la violencia endémica en el noroeste, es necesario pensar que “durante la época novohispana las relaciones interétnicas son un hecho irrefutable”,¹⁴⁵ cuyas dinámicas todavía deben ser ponderadas.

Mucho se ha hablado acerca de la forma en que los mandos militares diseñaron las políticas españolas frente a los indios de guerra en las fronteras americanas. El debate entre la mala paz y la guerra abierta, o la perspectiva de la paz por compra como medidas autorizadas desde los escritorios imperiales tiene, desde luego, una gran posibilidad explicativa en tanto aborda el escenario de las respuestas oficiales y los planes de acción a mediano y largo plazo por parte de las autoridades españolas. Sin embargo, tomados en su conjunto (desde las impresiones de los oficiales de campo, los supuestos comentarios de los apaches y las posturas oficiales de los mandos militares novohispanos), los diversos pareceres sobre un mismo momento, como el que aquí se ha comentado, muestran que el desencuentro más profundo en esta política indiana no consistía en decidir si se optaba por la paz o por la guerra. Tal postura era la resultante de decantarse por el nivel de experiencia que debía prevalecer en la construcción de las sociedades de frontera;¹⁴⁶ como lo muestra el diálogo aquí analizado, la experiencia de campo en el ámbito local (en teoría valorada por los mandos distantes) con frecuencia era pasada por alto para tratar que estas dinámicas regionales o provinciales se ajustaran a esquemas mayores.

Desde la perspectiva local, para fines del siglo XVIII no había posibilidad de una paz al unísono en todas las fronteras bajo las mismas condiciones. La paz era una condición que se construía por momentos, según se pudieran armonizar intereses y necesidades en coyunturas específicas; cuando estas se presentaban, era importante aprovecharlas. Este nivel de experiencia era el que promovía las negociaciones locales, y que sin embargo contrastaba con la urgencia de las autoridades virreinales de diseñar medidas de más largo alcance. Como concluía Weber hace tiempo acerca de la política ilustrada de fines del siglo XVIII sobre el debate acerca de la incorporación o la segregación de los indios de las fronteras, “el pragmatismo y el poder” de los proyectistas “normalmente prevalecieron por sobre las ideas” derivadas de la experiencia.¹⁴⁷