Breve contexto de la prensa periódica

La prensa que buscó establecerse como periódica en Nueva España -es decir, contemplada para editar ejemplares con regularidad- no tuvo la intención de formar opinión contraria a gobierno alguno antes de 1810. En su mayor parte no generó controversia -aún menos oposición- frente a las autoridades virreinales. Tal vez las únicas excepciones destacables fueron los episodios en que el eclesiástico José Antonio Alzate opinó sobre el desempeño del gobierno de los virreyes De Croix -en el Diario literario en 1768-¹⁰ y segundo Conde de Revillagigedo -en la Gazeta de Literatura en 1791-.¹¹ El primer caso, siendo aún joven el bachiller Alzate, derivó en la censura del Diario Literario por parte del virrey -sin que el eclesiástico presentara alegato alguno al respecto-.¹² En el segundo se produjo una serie de discusiones entre ambos personajes que, además de las mutuas desaprobaciones,¹³ no tuvo repercusiones sino después de finalizadas las funciones del virrey Revillagigedo, momento en que Alzate solicitó mayor rigor en su juicio de residencia y, en respuesta, el virrey lo acusó de haber injuriado en su contra en la Gazeta que tenía a su cargo. A pesar de estos desencuentros, el interés de Alzate no era generar algún tipo de oposición política ante los virreyes -especialmente en el caso del segundo Conde de Revillagigedo- sino reclamar que su posición como versado en los asuntos de la Nueva España se reconociera.

El carácter crítico de las publicaciones de Alzate, sin embargo, se concentró en el ámbito de la prensa ilustrada. La mayor parte de su empresa de confrontación de ideas, en este sentido, no trascendía a lo propiamente político, e incluso las reflexiones que aparecieron en sus publicaciones periódicas -no así en sus memorias y ensayos-¹⁴ generalmente -salvo en los referidos conflictos con los virreyes- se contraponían a las opiniones o hallazgos enunciados por personajes externos al contexto novohispano y alejados de la controversia política.

La prensa ilustrada, promovida por las mismas autoridades virreinales,¹⁵ contribuyó al incremento de publicaciones periódicas en la Nueva España -aunque bastante reducida en número de títulos y tiraje si se compara con la producción europea de la época-.¹⁶ Dentro de este tipo de publicaciones se cuenta, además de las editadas por Alzate (cinco en total), al Mercurio Volante de José Ignacio Bartolache (1772-1773) y a Advertencias y reflexiones varias conducentes al buen uso de relojes (1777) de Diego de Guadalajara Tello.¹⁷ Aunque los impresos de Alzate contaron con mucha mayor regularidad.

A esta prensa se sumaba otro tipo de publicación a manera de gaceta política que se enfocó en ofrecer noticias sobre decisiones administrativas, bandos u órdenes de gobierno, actos públicos, así como sobre el arribo de embarcaciones a alguno de los puertos del virreinato,¹⁸ razón por la que en ella también se incluyeron las noticias que llegaban con los navíos sobre disposiciones de la corona, comunicados papales e información sobre otros lugares. La Gazeta de México -pese a su ausencia entre 1742 y 1784- fue el periódico político con mayor continuidad si consideramos en conjunto sus tres etapas. Si bien no comenzó como una publicación oficial del gobierno virreinal, fue asumiendo gradualmente esta labor. Gabriel Torres Puga ha señalado que hacia las últimas décadas del siglo XVIII fue adoptando un papel de “[…] portavoz de noticias oficiales”.¹⁹ Asimismo, después de cambiar su nombre a Gazeta del Gobierno de México, en 1810,²⁰ quedó asimilada al parecer de las autoridades virreinales.

No obstante la diversidad de publicaciones periódicas registradas -60 en total- entre los años 1700 y 1794,²¹ hacia el final de la centuria se redujo de forma significativa la producción. De manera que al iniciar el siglo XIX la Gazeta de México -que había iniciado su tercera etapa desde 1784- era el único periódico editado en la Nueva España. Sin embargo, la constricción duraría poco debido a que en los años siguientes comenzaron a aparecer nuevos títulos. En la primera década del siglo XIX se reinició la publicación de periódicos de corte económico -aunque circularon por periodos breves-.²² Éstos se enfocaron en instruir e informar sobre asuntos mercantiles y comerciales, así como en comunicar algunos aspectos administrativos del gobierno, lo que daba continuidad a un tipo de oferta que existió antes en el virreinato, ya que habían sido temas recurrentes en los periódicos ilustrados.²³

En contraste, en este mismo periodo apareció otra oferta inusitada dentro de la prensa novohispana. El Diario de México fue el primer diario propiamente dicho, editado bajo la dirección de Jacobo de Villaurrutia, Carlos María de Bustamante y, ya en 1806, Wenceslao Sánchez. En él se dio un importante giro al periodismo de la época al incorporar como novedad la invitación a los lectores para confrontar las ideas de otros, con lo que asumieron una especie de papel como colaboradores. Se instalaron buzones en los 21 puestos de tabaco en donde se expedía el periódico con la intención de recabar las cartas anónimas que después salían a la luz en la publicación,²⁴ facilitando la contestación directa sobre los juicios emitidos en sus páginas. Así se gestó, como lo ha expresado Laurence Coudart, una “controversia autorizada”²⁵ la cual se mantenía bajo control al acotar las materias sobre las que podía debatirse. Sin embargo, estas colaboraciones se vieron sensiblemente reducidas cuando el virrey, por precaución frente al anonimato, ordenó retirar los buzones para que los escritos se presentaran personalmente en la oficina de los editores.²⁶

Los temas que se discutían por los lectores del periódico se limitaban a los propios de la prensa literaria ilustrada. De hecho, la condición con la que se otorgó la licencia al Diario de México fue que no tratara temas económico-políticos, debido a que la Gazeta de México tenía exclusividad sobre éstos.²⁷ El éxito del periódico, a consecuencia de la práctica de intercambios entre el público, motivó la envidia de Juan López Cancelada, quien por entonces se desempeñaba como editor de la Gazeta. Por esta razón se mantuvo atento a todo el contenido que se publicaba en el periódico literario y denunció ante el mismo virrey José de Iturrigaray cada nota que a su parecer se extendía al ámbito político. El virrey, temiendo que la misma corona desaprobara la licencia concedida, suspendió la edición del Diario de México el “[…] dia último de diciembre de 1805”²⁸ y sólo permitió su reanudación cuando él mismo decidió ser su revisor.²⁹ A pesar de la comprometida vigilancia de las autoridades, López Cancelada insistió sobre el despojo de la prerrogativa de la Gazeta de México para el trato exclusivo de temas políticos. Por ejemplo, a propósito de algunas noticias llegadas a Veracruz a finales de 1807, el editor publicó una exigencia a los “diaristas de esta capital y de Veracruz” para observar la orden de 3 de septiembre de 1806 en donde se dispuso no publicar contenido alguno que “[…] toque á la gazeta, pues solo ella está autorizada para la publicacion de noticias políticas, y unicamente puede dispensarseles una ú otra á los diarios quando es de notable consequencia”.³⁰

Esta notable consecuencia fue evidente cuando arribó información sobre el motín de Aranjuez y la consiguiente ocupación napoleónica de la península en 1808, momento en que se incrementaron las noticias políticas en las páginas del Diario de México, las cuales fueron ampliamente toleradas debido a que siempre estuvieron acompañadas de mensajes de apoyo a la monarquía. Sin embargo, se produjeron nuevos problemas para los editores del periódico a raíz de la controversia suscitada entre los miembros del Ayuntamiento de la ciudad de México y los oidores de la Real Audiencia. Una vez depuesto el virrey Iturrigaray, en septiembre de 1808, el editor Jacobo de Villaurrutia, quien había decidido respaldar la iniciativa del ayuntamiento, fue acusado de traición por Cancelada y obligado a abandonar el territorio novohispano.³¹ Aunque se permitió que Bustamante y Sánchez siguieran al frente del Diario de México, los sucesos del verano de 1808 llevaron al virrey interino Pedro de Garibay a ordenar una celosa vigilancia sobre las opiniones que podían representar una amenaza potencial. Atención que no sólo se prestó a esta publicación sino a todas las existentes entonces.

La censura a los periódicos editados en Nueva España a partir de 1808 no fue tarea menor si consideramos que durante los años en que se sostuvo el conflicto político y militar (1808-1821) se contabiliza un elevado número de publicaciones -un total de 112 nos refiere Virginia Guedea-³² que buscaron sostenerse con regularidad. Aunque sólo seis de estos títulos se mantuvieron por un tiempo mayor a cinco años -dentro de los que se cuentan el Diario de México y la Gazeta de México. Por supuesto, una de las razones por las que estos periódicos se vieron favorecidos para prolongar su permanencia fue que contaban con la debida licencia para su impresión y circulación; no obstante, también existieron muchas otras que, pese a contar con el permiso, no lograron permanecer por más de un año.³³

A pesar de los esfuerzos de las autoridades virreinales por controlar las opiniones sobre los asuntos públicos en la prensa periódica, fueron otros los conductos por los que, desde antes de la crisis política de 1808, se exhibieron las ideas que el gobierno virreinal y la inquisición apreciaron como peligrosas para el régimen. La crítica política más severa se había intensificado hacia las últimas décadas del siglo xviii en folletos, pasquines o libelos que generalmente aparecían fijados en algún lugar público.³⁴ Además se presentó un tipo de comunicación basada en una especie de “periodismo manuscrito”,³⁵ el cual consistió en circular papeles que se reproducían a mano con noticias sobre el exterior, cuyo contenido era restringido por las autoridades virreinales o por la misma corona -como lo fueron las noticias sobre los hechos ocurridos en Francia a partir de 1789-.³⁶ Este tipo de prensa constata la constante manifestación de pareceres contrarios a las autoridades virreinales, aumentando en cantidad hacia los últimos años del siglo XVIII.³⁷ Con esto podemos situar que las posiciones críticas -no necesariamente sediciosas- emergieron en una prensa irregular y anónima.

Este tipo de impresos, calificados como sediciosos, no dejaron de tener presencia durante la primera década del siglo XIX, incrementándose en número después de la deposición del virrey Iturrigaray. Esta especie de prensa era común cuando Julián de Castillejos divulgó su impreso anónimo con tintes conspiratorios al iniciar el año de 1809 -en donde tildó al gobierno virreinal de usurpador por haber despojado de sus funciones al virrey unos meses atrás-.³⁸ Éste y otros panfletos menos alarmantes circularon en la ciudad de México desde el golpe de 1808, lo que contribuyó a acrecentar la paranoia en el virreinato sobre los posibles actos subversivos. El nerviosismo frente a la delicada situación provocó que Garibay prohibiera toda reunión en público de más de tres personas y después, el 3 de mayo de 1809, que proscribiera el uso de las imprentas manuales debido a que éstas eran los instrumentos utilizados para imprimir los papeles sueltos críticos al nuevo gobierno virreinal.³⁹

Asimismo, la comunicación por medio de folletos o papeles sueltos fue puesta en práctica por la misma insurgencia. Después del comienzo de la guerra se utilizó este método para promover la causa de la revolución. En principio, los manifiestos y comunicados de la primera insurgencia circularon como copias manuscritas y después en papeles impresos, pero sólo después del acceso a la imprenta de Guadalajara.⁴⁰

Esta misma herramienta sirvió para producir sus primeros impresos periódicos que aparecieron bajo el título de El Despertador Americano. No obstante, la prensa de la “revolución”⁴¹ se ausentó por poco más de 14 meses, entre enero de 1811 -cuando cesó la publicación de este periódico- y abril de 1812 -momento en que salió a la luz el Ilustrador Nacional de Sultepec-. Durante este lapso, el Diario de México adoptó una postura más crítica, la cual se acrecentó de forma importante durante la vigencia de la libertad de imprenta constitucional en la Nueva España entre el 30 de septiembre y el 5 de diciembre de 1812. Esto apuntaba ya al surgimiento de la referida prensa crítica independiente de Carlos María de Bustamante y José Joaquín Fernández de Lizardi. Sin embargo, ésta pudo iniciarse sólo después de promulgada la libertad de imprenta constitucional.

Contención de la libertad de imprenta

Durante los dos primeros años de comenzada la revuelta insurgente en la Nueva España, el bando realista había contado con una importante ventaja: el control de los medios impresos. En su breve estancia en la ciudad de Guadalajara, los rebeldes consiguieron publicar siete números de El Despertador Americano -entre el 20 de diciembre de 1810 y el 17 de enero de 1811.⁴² Una producción bastante escasa si se considera que la Gazeta del Gobierno de México, en donde con frecuencia se publicaban opiniones que invitaban a desestimar la iniciativa de la insurgencia, mantuvo sus tirajes regulares con una capacidad superior a cualquier otra publicación de sus enemigos. Por tanto, la balanza se mantuvo relativamente inclinada en favor de las autoridades virreinales si consideramos que la insurgencia sólo pudo realizar papeles con copias manuscritas.

Poco antes de que El Despertador Americano viera la luz en Nueva España, las Cortes generales, instaladas formalmente el 24 de septiembre de 1810 en Cádiz, promulgaron su decreto sobre libertad de imprenta. En el documento aprobado el 10 de noviembre del mismo año se expresó que

[…] la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es, no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar a la Nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública.⁴³

Aunado a esta libertad, las Cortes también fijaron algunos límites para la formación de la aludida “opinión pública”. En el artículo IV del reglamento que acompañó al decreto se estableció que los “[…] libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buenas costumbres serán castigados”.⁴⁴ El órgano encargado de vigilar estos excesos sería, de acuerdo con el artículo XIII, una “Junta Suprema de Censura” que debería “[…] residir cerca del Gobierno” y estar “compuesta de nueve individuos”.⁴⁵ Además, en cada capital de provincia en el orbe hispano debía establecerse una junta similar integrada por cinco miembros, de los cuales dos serían eclesiásticos y el resto seculares.

Para el caso de la Nueva España, la Junta Suprema de Censura designó, aun antes de dado a conocer el decreto en América, a los integrantes de su respectivo órgano en diciembre de 1810. Los cinco miembros elegidos fueron José Mariano Beristain, José María Fagoaga, Pedro José Fonte, Agustín Pomposo Fernández y Guillermo Aguirre -este último sustituido por Pedro de la Puente tras su fallecimiento-.⁴⁶ A la par del cuerpo de censura se establecería otra Junta para el reino de la Nueva Galicia, la cual se integró por individuos pertenecientes al Consulado de comerciantes de Guadalajara y a la Real Audiencia establecida en esta misma capital.⁴⁷ Sin embargo, a pesar del apresurado nombramiento de los censores en ambas ciudades en Cortes, el decreto de libertad de imprenta no entró en vigor en el virreinato novohispano.

Durante el mes de abril de 1810 -pese al clima paranoico producido por las sospechas conspiratorias del año previo-⁴⁸ se había permitido imprimir una opinión favorable a la libertad de imprenta en la Gazeta del Gobierno de México -misma que apareció tres meses antes en su similar de Sevilla-. El escrito promocionaba un impreso en donde se reprodujeron los argumentos que por entonces se estaban vertiendo para permitir y limitar la libre exposición de ideas políticas con la finalidad de “[…] universalizar entre nosotros la persuasión, de que la libre comunicación de los pensamientos es uno de los derechos más preciosos”.⁴⁹ No obstante, cuando se recibió la noticia sobre el decreto de libertad de imprenta en la ciudad de México, el momento político ya era otro. El virrey Venegas estaba atento a lo ocurrido en Puente de Calderón, suceso que determinaría la recuperación de la ciudad de Guadalajara -la cual había sido ocupada por la insurgencia desde noviembre de 1810.

Ante esta delicada situación política producida por la guerra resulta comprensible que el virrey decidiera no promulgar la libertad de imprenta. Aun después de expulsados los insurrectos de Guadalajara y una vez recuperados los medios utilizados para producir El Despertador Americano, se mantendría la decisión debido a que los obispos de las diferentes provincias novohispanas, en apoyo al virrey, manifestaron que la prensa contribuiría a propagar las ideas de la revolución y, en consecuencia, contribuiría a que ésta ganara simpatizantes.⁵⁰

La noticia de la resistencia del virrey Venegas a promulgar la libertad de imprenta llegó a las Cortes de Cádiz a mediados de 1811. En la sesión de 11 de junio se expuso que debía establecerse esta libertad “[…] no habiéndose aún circulado en Nueva España el decreto que la establecía”. Además, se enfatizó, con base en su reglamento, que no podía permitirse que “[…] un gobernador u otra autoridad bajo cualquiera pretesto la vulnerase, suprimiéndola o coartándola”. Respecto a este punto Miguel Ramos Arizpe, diputado electo por Coahuila, “[…] solicitó que se mandase llevar á efecto en toda América”⁵¹ el decreto sobre prensa. La petición, sin embargo, no produjo acción alguna de parte de las Cortes.

A 16 días de iniciado el año de 1812, Ramos Arizpe insistió en que la libertad de imprenta “[…] más há de un año, se halla publicada y corriente en la Península y sus islas, en toda la América del Sur, en Goatemala y la Habana, menos en el reino de México, según noticias ciertas del mes de Julio, y aun posteriores”. Para lo que el diputado planteó necesario que el objetivo de “[…] ilustrarse a la Nacion” se emprendiera definitivamente en este “[…] populoso reino”. En su argumento se dijo extrañado por estas noticias ante la conocida “[…] ilustracion del virey D. Francisco Venegas” y dedujo que esta negativa “[…] dimanaría de que sin duda algunos cuerpos o individuos habrían representado en contra”.⁵² Una vez más no se pronunció resolución alguna en Cortes, decidiéndose únicamente que se turnara el asunto a la recién instalada y fugaz Tercera Junta de Regencia para investigar la situación.

A pesar de que Ramos Arizpe expresó que la resistencia a ejecutar el decreto de libertad de imprenta en Nueva España probablemente se debía a la injerencia de otros cuerpos y a la falta de determinación de la autoridad de Venegas, lo cierto es que el mismo virrey se negaba a avalar los medios que pudieran favorecer la difusión de ideas contrarias a las autoridades constituidas, al tiempo que su gobierno se mantenía atento a las acciones insurgentes de la Suprema Junta Gubernativa de América que había sido instalada en Zitácuaro en agosto de 1811.

Durante los días en que Ramos Arizpe presionaba para que las Cortes emitieran una orden directa al virrey para establecer la libertad de imprenta, en Nueva España las tropas del mariscal Félix María Calleja hacían huir a los jefes militares insurgentes de la primera sede de su Junta. No podía pensarse entonces en la apertura de los medios impresos ante el difícil clima político en la capital y cuando en la región sur existían muchos pueblos que respaldaban la insurrección.

En Zitácuaro el apoyo era a tal punto generalizado que el 5 de enero, a tres días de que el ejército realista lograra entrar a esta plaza, Calleja publicó un bando conminatorio en que se ordenó la evacuación del poblado para ser incendiado. Sus residentes debieron registrarse con la finalidad de obtener un documento que les serviría a manera de pasaporte para poder trasladarse a otra localidad. Bajo la amenaza de que quien “[…] se encontrare sin este documento o permaneciere en la villa despues de los seis días prefixados, no teniendo impedimento grave que le haya obligado a ello, será tratado como rebelde y pasado por las armas”.⁵³ Así, lejos de pensar en la liberalización de la prensa, las autoridades virreinales estaban concentradas en contener el ímpetu subversivo.

Unos días después se retomó en Cádiz la discusión sobre el no establecimiento de la libertad de imprenta en Nueva España. El primer día del mes de febrero la Regencia informó a los diputados gaditanos que Venegas efectivamente había enviado respuesta a las Cortes sobre la recepción del decreto de 10 de noviembre un año antes, en donde había afirmado que ejecutaría la disposición. Después de abrirse este punto en la sesión de aquel día, Ramos Arizpe propuso que “[…] se diga al virey de Nueva-España que si no se ha puesto en ejecucion el decreto […] lo ponga”. Sobre esto, el diputado por Extremadura y antiguo rector de la Universidad de Salamanca, Diego Muñoz Torrero, pese a ser uno de los artífices del reglamento de imprenta entonces vigente,⁵⁴ señaló que si no se constaba “[…] por algun documento auténtico que el decreto de la libertad de imprenta no se había puesto en ejecución en Méjico” resultaba inútil recordarlo al virrey novohispano. A esto contestó Mario Mendiola, diputado por Querétaro, afirmando que la omisión constaba porque en dos impresos novohispanos llegados a la península aparecía la leyenda “con licencia”. El queretano concluyó: “[…] luego entonces no hay libertad”, además de que “[…] en el caso de haberse puesto en ejecucion el decreto, nada perjudica el recordarlo”. El eclesiástico poblano -y futuro obispo de su provincia-⁵⁵ José Antonio Joaquín Pérez Martínez -quien dos años después suscribiría el “Manifiesto de los persas” en oposición al liberalismo de las Cortes y promovería la restitución del Santo Oficio en la Nueva España- apuntó que si el virrey Venegas había manifestado su intención de poner en práctica lo ordenado, no se extendiera el asunto en tanto “[…] no conste evidentemente que no se ha dado cumplimiento al decreto”. Por su parte, José María Gutiérrez de Terán adujo que esta situación debía verificarse cuanto antes porque “[…] decretó el Congreso que toda aquella autoridad o jefe que dentro de tres días no diese cumplimiento a sus decretos y resoluciones, fuese por este solo hecho depuesto de su empleo”; y siendo ésta una “[…] ley general sin excepcion alguna de casos ni circunstancias […] ni por un momento debía dejar de ponerse en ejecucion las resoluciones de las Cortes”.⁵⁶

Ramos Arizpe ofreció como prueba en esta misma sesión, además de los impresos licenciados referidos por Mendiola, su correspondencia personal con gente de la Nueva España -en donde le confirmaban que el decreto no tenía vigencia en el reino-. Al parecer, el presbítero Pérez Martínez también estaba enterado de esta situación; sin embargo, como distinguió el mismo Ramos Arizpe, además de empeñarse en entorpecer cualquier exhorto por parte de las Cortes al virrey, en sus argumentos intentaba justificar las facultades extraordinarias de gobierno, las cuales, de acuerdo con su postura, debían reconocerse a Venegas por motivo de la guerra.⁵⁷ Respecto a este punto Ramos Arizpe declaró que había sido una gran empresa la de hacer leyes sabias y justas, razón por la cual la labor quedaría sin efecto si se dejara “[…] a la voluntad de las autoridades constituidas únicamente para su cumplimiento el ejecutarlas o no”. Demandó por tanto que el “Congreso” mandara “[…] con brazo fuerte cumplir las leyes, o no las dicte”. Asimismo, señaló que con base en “[…] la proclamada igualdad de derechos entre españoles y americanos” y bajo el entendido de que también la península se encontraba en estado de guerra, debía garantizarse para los habitantes de la Nueva España el derecho a la libertad de la prensa ya que “[…] fue puesta bajo la proteccion de las Cortes y sancionada en la Constitución”.⁵⁸

Después de expuestos todos los argumentos se procedió a la votación. En esta ocasión, con todo y las intervenciones contra la petición de Ramos Arizpe, las Cortes finalmente resolvieron enviar una orden al virrey Venegas para promulgar sin dilación el decreto sobre libertad de imprenta vigente en la “Nación española”. A pesar del aparente triunfo, la disposición llegaría a la Nueva España junto al decreto que ordenaba erigir la Constitución Política de la Monarquía Española, suscrita por los diputados el 23 de enero de 1812 y jurada el 18 de marzo del mismo año.⁵⁹

Así, ambas instrucciones, tanto la entrada en vigor de la constitución como la orden de establecer la libertad de imprenta en el virreinato novohispano, se recibieron a la par. El día 6 de abril arribó a Veracruz la fragata Veloz Mariana con las cartas que comunicaban la sanción de la Constitución.⁶⁰ Por esta misma razón el decreto de 10 de noviembre de 1810 sobre libertad de imprenta nunca entró en vigor en la Nueva España debido a que ésta se promulgó con base en la carta constitucional gaditana que la contemplaba.

Al poco tiempo de que las autoridades virreinales se enteraran de que no podría mantenerse la censura previa en la prensa novohispana, se autorizó la publicación de un impreso cuyo propósito era desacreditar la libertad de imprenta mediante la descripción de algunas de sus consecuencias negativas que, al parecer de su autor, habían complicado el clima político en la península. Este fue un ensayo antirreformista anónimo atribuido a Pedro Recio de Tirteafuera que llevó por nombre Diarrea de las imprentas.⁶¹ El escrito apareció en Cádiz desde iniciado el año de 1811 y fue promocionado en México por medio de la Gaceta del Gobierno de México el 16 de abril de 1812.⁶² Es muy probable que la publicación no apareciera antes en la Nueva España porque no existía la necesidad de atacar algo que no se había promulgado, pero además porque en él se aludía al decreto de 10 de noviembre. Si bien en la ciudad de México un reducido sector había estado enterado de éste por conducto de la correspondencia con los diputados americanos en Cortes, las autoridades virreinales evitaban promover noticias al respecto -aunque el propósito del papel fuera justamente atacar la libertad de imprenta.

El escrito promovido por el mismo gobierno de México reflejaba bien la preocupación sobre la apertura general a emitir opinión en los medios impresos. En él se asentaba que “[…] la libertad de Imprenta decretada en un tiempo de revolución y de trastorno ha debido producir, y ha producido mayor número de efectos malos que buenos”.⁶³ Además, se planteaba esta práctica como una “cruel enfermedad”⁶⁴ que aquejaría el orden político del virreinato. Así, aun antes de entrar en vigor, las autoridades permitieron ver cuál era su postura frente a esta libertad.

A pesar de los esfuerzos del virrey Venegas para obstaculizar -y después atacar- la libertad de imprenta, durante estos mismos días comenzó a circular el segundo periódico insurgente, el Ilustrador Nacional, cuyo primer número salió a la luz el 2 de abril de 1812. Ambas noticias, tanto la aparición de la nueva publicación insurgente como la disposición constitucional sobre libertad de imprenta, suponían un duro golpe a la política de contención.

Reaparición de la prensa insurgente

El regreso de la prensa insurgente fue posible gracias a la adhesión del eclesiástico zacatecano José María Cos, quien comenzaría a colaborar con su causa después de la orden de Félix María Calleja para aprehenderle por resultar sospechoso de contribuir con los jefes rebeldes durante la estancia de éstos en su ciudad natal. Sin embargo, por falta de pruebas, fue absuelto por las autoridades en la capital y ordenado su regreso a la parroquia de San Cosme en Zacatecas.⁶⁵ Durante el viaje fue interceptado por José Manuel Correa, un cura que fungió como jefe militar bajo el mando de la Suprema Junta, y quien lo condujo a Zitácuaro para que se determinara cuál había sido su papel frente al gobierno virreinal y se decidiera su destino.⁶⁶ Una vez llegado al obispado michoacano ofreció sus servicios a los insurgentes que, después de reparar en algunas desconfianzas, quedarían convencidos de la ayuda que podría prestar el cura de Zacatecas.⁶⁷ Su adhesión, no obstante las reservas, resultaría de gran utilidad, a tal grado que en el Congreso insurgente de 1813 llegaría a ser electo diputado “por la Provincia de Veracruz”.⁶⁸

El padre José María Cos también tendría una incursión militar con los insurgentes. Formó entre noviembre y diciembre de 1811 un regimiento llamado de la Muerte, nombrado así por tener el firme objetivo de vengar la muerte del cura Miguel Hidalgo. Una operación que al poco tiempo fue disuelta debido a que se desintegró desde el momento en que Calleja logró tomar Zitácuaro los primeros días de 1812.⁶⁹ Sin demeritar la labor de Cos en el plano militar, sus contribuciones a la dirigencia y a la difusión de las ideas políticas de la revolución resultaron mucho más valiosas. Fue hasta que la Suprema Junta arribó a Real de Sultepec -después de verse forzada a escapar de Zitácuaro primero y de Totoloapan posteriormente- cuando comenzaron a editarse los primeros periódicos insurgentes que contaron con cierta regularidad.

Al llegar a Sultepec, el religioso zacatecano se encargó de la construcción de una imprenta cuya tipografía fue fabricada en madera. A pesar de lo precario de la máquina y del uso de añil como tinta -con base agua en lugar de las tintas base aceite, más estables-, su utilidad fue, sin duda, una aportación mayúscula para la impresión de las ideas insurgentes, mismas que se redactaron en seis números del Ilustrador Nacional entre el 11 de abril y el 16 de mayo de 1812.⁷⁰ Al iniciar la publicación, Cos se enorgulleció de esta labor, dando a conocer que el periódico se había producido en una “[…] imprenta fabricada por nuestras propias manos entre la agitacion y estruendo de la guerra y en un estado de movilidad, sin artífices, sin instrumentos, y sin otras luces que las que nos han dado la reflexión y la necesidad”.⁷¹

A la par de la construcción de la herramienta, los editores pensaron en cuáles serían los canales más adecuados para garantizar la circulación de la publicación, así como aquellos que pudieran permitir el intercambio de opiniones con sus lectores. Se determinó que el precio del Ilustrador Nacional fuera de un real, dando la oportunidad a sus suscriptores de obtener los cuatro números del mes por tres reales. Estos precios resultaban bastante elevados para la mayoría de la población si consideramos que en la época se pagaba entre 1.6 y 2 reales por jornal a un campesino, cantidad apenas suficiente para su subsistencia.⁷² Esto indica que el común de la población no estaba en condiciones para pagar por un periódico. Lo que no necesariamente suponía un impedimento para la circulación de la información de los impresos, ya que era común la divulgación oral.⁷³

El procedimiento de suscripción al Ilustrador Nacional se realizaba por contacto de Manuel Peyón. Los interesados debían acudir a su casa, la cual se hallaba “[…] contigua a la de la imprenta en Sultepec” para reportar el pago y recoger los ejemplares.⁷⁴ Asimismo, se convocó a todos los americanos interesados en publicar sus ideas en las páginas del periódico a enviar sus escritos. Señaló que por “[…] disposición del superior gobierno toda persona de qualquiera clase que sea tiene plena facultad para escribir quanto agrade sin restricción” -aunque la posibilidad de escribir fuera en sí la restricción-. Los escritos dirigidos a los editores debían depositarse en una abertura situada en la misma casa de Peyón. Para el caso de quienes se encontraran en otras localidades, los papeles se enviarían por medio del “Exmo. Sor. Vocal” representante en cada región -dentro de los que se contaba a José María Liceaga, José Sixto Verduzco y, después de junio de 1812, a José María Morelos-.⁷⁵ Estos vocales se encargarían de garantizar la llegada de los papeles a la imprenta, sorteando los obstáculos impuestos por el gobierno de México que en inicio habían tenido el objetivo principal de “[…] impedir la introduccion de papeles salidos de países enemigos”.⁷⁶

Lo escrito en este Ilustrador Nacional pronto comenzó a difundirse, llegando a ojos de las autoridades virreinales debido a que sus editores, José María Cos y el canónigo neogallego Francisco Velasco, se aseguraron de ello. Sin embargo, no fue ésta la primera vez que los editores hicieron llegar sus impresos a la capital. Poco antes de aparecido el periódico los insurgentes enviaron algunos papeles donde se describían los planes del gobierno revolucionario, con el firme propósito de que los miembros del Real Acuerdo los leyeran. En aquella ocasión, el virrey Venegas ordenó por bando de 8 de abril, después de que los insurgentes tuvieran el “[…] atrevimiento de dirigir a esta superioridad y a algunos cuerpos respetables, varios papeles sediciosos”, se quemaran “[…] éstos por mano de verdugo” en la plaza mayor de México. La decisión, según apuntó Venegas, se tomó “[…] no por la importancia de dichos libelos”, sino porque en éstos se pedía “[…] que los naturales del país y los europeos se unan para poner este reyno independiente de los de España y de los demás de la monarquía”.⁷⁷

Inicialmente, el virrey restaría importancia al periódico insurgente. Si bien Venegas había ordenado desaparecer todo papel sedicioso, su estrategia consistió en no ofrecer opinión alguna al respecto con la finalidad de evitar promover la publicación. Además, después de la toma de Zitácuaro, el virrey confiaba en que la persecución de los jefes militares que componían la junta de los “rebeldes” devendría en su aprehensión. Hecho que, de lograrse, conseguiría poner fin al Ilustrador Nacional.

Pese al alarde de Venegas, el tiraje del periódico sultepense no sólo se mantuvo en circulación, sino que logró mejorar significativamente su calidad mediante la obtención de nuevas herramientas de impresión. A inicios de 1812 Ignacio López Rayón mantenía contacto con algunos personajes en la ciudad de México afectos a la revolución⁷⁸ -mismos que formaban parte del grupo que después sería conocido como Los Guadalupes-.⁷⁹ Este jefe insurgente habría solicitado al abogado Juan Bautista Raz y Guzmán negociar la oportunidad para enviar una imprenta portátil a Sultepec. A su vez, Guzmán relató el plan de adquirirla a José María de la Llave, Benito Guerra y al doctor Manuel Díaz.⁸⁰ Ésta era una empresa arriesgada debido a la estricta vigilancia ordenada por las autoridades sobre el uso de las herramientas de impresión -mientras el decreto de libertad de imprenta se encontraba vigente en el resto del orbe hispano-. Por esta razón necesitaban convencer a alguien ligado al sector editorial para obtener el utensilio. Consiguieron “[…] a fines de Abril ganar a un tal José Rebelo, oficial de la imprenta de Arizpe, quien proporcionó otros dos cajistas y comprar una cantidad de letra que vendió, sin saber el objeto, un español, la que bastaba para componer cinco pliegos”.⁸¹ Después de obtenido el material, restaba la tarea de sacarlo de la ciudad para hacerlo llegar a Sultepec.

La operación resultaba sumamente delicada debido a que todas las garitas tenían una intensa vigilancia con guardias virreinales, por lo que se necesitó la colaboración de las esposas de Guerra, Díaz y Raz Guzmán. La herramienta se cargó con discreción en un coche donde viajarían las mujeres, de manera que ni los mismos conductores del vehículo sabían qué estaban llevando. Simularían un paseo “[…] a una jamaica a S. Ángel”, al cual Juan Raz y Guzmán las acompañaría a caballo. Llegando a la garita de San Antonio Abad la tropa se encontraba registrando escrupulosamente a todo el que salía por ese punto, por lo que pensaron que todo estaba perdido. Sin embargo, manteniendo la calma, los paseantes ofrecieron “[…] a los oficiales si gustaban ir con ellos”, ante lo que “[…] dieron las gracias”⁸² y permitieron el paso del coche. Lograron llegar así a Tizapán, desde donde se despachó la herramienta a Tenango del Valle y después a Sultepec. Al llegar la nueva imprenta a manos de Cos, en mayo de 1812, el eclesiástico se dispuso a editar el periódico Ilustrador Americano -el cual mantuvo la misma agenda que el Ilustrador Nacional-. Además, la nueva prensa se instaló en el mismo lugar que había servido para editar el periódico producido con la precaria imprenta fabricada por el zacatecano.

Las autoridades virreinales lograron dar con los responsables del envío de la imprenta utilizada para producir el Ilustrador Americano al poco tiempo de que ésta llegara a Sultepec. Mediante la “interceptación” de algunas cartas de López Rayón enviadas por medio del cirquero Felipe Laison se tuvo noticia sobre quiénes prestaron ayuda a los insurrectos. En la noche del 3 de junio de 1812 se mandó apresar a “[…] los licenciados Falcón, Garcés, D. Benito Guerra, D. José Ignacio Espinosa, y D. Juan Guzman” bajo la sospecha de estar inmiscuidos en la operación. Después se aprehendería también al doctor Manuel Díaz. Los acusados, según refirió Lucas Alamán, “[…] no sufrieron otro castigo que permanecer algun tiempo en prisión”.⁸³

Al tener noticia sobre la considerable mejora en las condiciones de impresión del periódico insurgente, el virrey Venegas no pudo seguir manteniendo el silencio. Especialmente porque fue en la capital desde donde se aprovisionó a los insurgentes. En consecuencia, el 9 de junio apareció en la Gaceta de México una nota condenando al periódico sultepense. Lo que no deja lugar a dudas de que la edición de El Ilustrador Americano inquietaba a las autoridades virreinales. No era para menos si se entiende que no se estaba consiguiendo frenar a los adversarios en la empresa de divulgación de ideas políticas por medio de publicaciones periódicas. Misma que había sido controlada por las autoridades de la ciudad de México si consideramos que antes de la entrada en vigor de la libertad de imprenta constitucional el Diario de México no rivalizó con la postura del gobierno virreinal.

El encargado de redactar la nota del 9 de junio fue el bibliógrafo y eclesiástico poblano José Mariano Beristain y Souza. En ésta resaltó que El Ilustrador Americano había realizado “[…] calumnias y atroces injurias […] contra la persona, providad y religion del Exmo. Sr. Virey de este reyno”. Beristain desestimó ante los lectores la importancia del periódico rebelde. Escribió que Cos se contentaría con “[…] gemir entre el patíbulo y el altar estos extravíos de nuestros hijos” y rogaba por que se “[…] les abriese el entendimiento”.⁸⁴ Sin duda, el virrey temía que el aumento de tiraje del nuevo periódico lograra promover nuevas discordias contra el gobierno virreinal. Por esa razón, en la Gaceta se ordenó que “[…] qualquiera de nuestros súbditos […] que tenga, ó sepa que otro tiene algún exemplar […] lo entregue inmediatamente […] prohibiendo a todos nuestros fieles leer, retener, y propagar tales libelos”.⁸⁵

A la par de estos ataques a la publicación se presentaron otros en los campos de batalla. Las victorias del ejército realista en la zona del valle de Toluca, ocurridas justo después de publicados los primeros números de El Ilustrador Americano en mayo de 1812, tuvieron importantes consecuencias contra la insurgencia. La recuperación de la plaza de Tenango el 10 de junio -un día después de aparecida la nota de Beristain- significó la desaparición del último óbice que evitaba el acecho a la Junta que hasta entonces había permanecido en Sultepec. De acuerdo con lo publicado en la Gaceta del Gobierno de México se afirmó -de manera desproporcionada- que esta operación significaba “[…] la absoluta destruccion de los últimos restos del partido principal de la insurreccion”. El triunfo, de acuerdo con la apreciación de los realistas, era fundamental para la extinción de las aspiraciones de “los rebeldes” debido a que con la ocupación de esta región los insurgentes tenían “[…] las más altas esperanzas de extender su opinión y dominio hasta la de apoderarse de la capital del reyno”. Sin embargo, en la Gaceta también se expresó que esta acción militar “[…] no pudo producir todo el efecto favorable que presentaba, sin perseguir a la ridícula junta […] establecida en el real de Sultepec”.⁸⁶

La intención de aprehender a los miembros de la Junta insurgente, pese a la relevancia de la victoria, era la mayor prioridad de las autoridades virreinales. Razón por la que inmediatamente después de que las tropas subordinadas al comandante Joaquín Castillo Bustamante y su capitán de artillería Juan Bautista Bolufer lograron extinguir la última resistencia insurgente en el cerro de Tenango se planeó la persecución de los jefes insurgentes.⁸⁷ Así, tras un breve descanso el comandante dispuso el reagrupamiento para avanzar rumbo a Sultepec.

Advertidos por la derrota de la guarnición principal insurgente, los jefes militares decidieron el abandono de la plaza. Pese a las diferencias que por entonces se habían agudizado entre los líderes de la insurrección, acordaron que mantendrían unidas sus causas, pero actuando por medio de una división territorial. Convinieron en consecuencia que debían dispersarse con sus respectivos seguidores y decidieron que “[…] Liceaga fuese a la provincia de Guanajuato y Verdusco a la de Michoacán […] mientras el mismo Rayón se retiraría a su patria Tlalpujahua”.⁸⁸

Una vez llegado el ejército de Castillo Bustamante a Sultepec encontraron la plaza abandonada. No obstante que los insurgentes consiguieron salvaguardar a sus líderes, su pérdida fue significativa. El día 22 de julio Bautista Bolufer reportó desde Toluca la recolección de 12 cañones y numerosos materiales para la fabricación de pólvora, además de diversas herramientas para tal fin.⁸⁹ Sin embargo, no lograron arrebatar las herramientas de impresión utilizadas por la insurgencia. Según Alamán, López Rayón “[…] hizo recoger la imprenta, artillería y cuanto se pudo trasportar de Sultepec y tomó el 17 [de junio] el camino a Tlapujahua”.⁹⁰ El padre Cos siguió este mismo camino debido a que su relación con los otros dos jefes insurgentes no era buena.

Durante su estancia en Sultepec, José María Cos sólo publicó cinco números de El Ilustrador Americano entre el 20 de mayo y el 10 de junio de 1812, saliendo a la luz el último ejemplar el mismo día en que el ejército virreinal logró tomar Tenango. Su tiraje se reanudaría en Tlalpujahua el día 10 de agosto de ese mismo año, lo que abonó a la molestia de Venegas.

La inviabilidad para frenar la circulación de los periódicos insurgentes llevó al virrey a intentar paliar su impacto mediante la réplica. Esta empresa fue encargada por el virrey al mismo José Mariano Beristain -quien por entonces se desempeñaba como canónigo en la catedral de México-. Las contestaciones del clérigo realista se editarían en un nuevo periódico en cuyo nombre se observa la exclusividad para dar respuesta a los escritos del padre Cos. El Verdadero Ilustrador Americano reflejó bien la seriedad con que las autoridades virreinales estimaron las posibles repercusiones que podía tener la circulación de los impresos periódicos insurgentes.

Réplicas y suspensión de la libertad de imprenta constitucional

Una vez reanudada la prensa insurgente en Tlalpujahua, no tardó en aparecer en la ciudad de México un periódico editado por José Mariano Beristain con el que buscó desacreditar las posturas políticas de José María Cos. En los ataques realizados por estos dos clérigos no existió, por supuesto, un diálogo que persiguiera el entendimiento, sino únicamente el uso del medio impreso como escaparate para denostar cualquier opinión del adversario. Esto resulta significativo debido a que estos eclesiásticos no tenían posturas políticas del todo antagónicas.

Por un lado, el padre Cos había promovido la prudencia y moderación política. Incluso -en contraste con la revuelta impulsada por Hidalgo- intentó contener la exacerbación de sentimientos contra los peninsulares durante los años previos a 1812. Además, fue uno de los insurgentes que se opuso, junto con López Rayón, al abandono total del fidelismo -pese a que a finales de 1814 declararía que la restitución fue “[…] la cosa más funesta que puede haber sucedido”.⁹¹ Por otro lado, Mariano Beristain fue un personaje que se mantuvo abierto a las propuestas para limitar la política regalista. De hecho, fue el autor de la instrucción dada a la representación enviada por Puebla a Cortes con la finalidad de exponer las peticiones de la provincia.⁹² Un documento en donde es posible observar cómo la postura de Beristain empataba bien con el liberalismo gaditano. Sin embargo, la sospecha desatada en 1808 por su cercanía a Iturrigaray lo llevó a esforzarse en demostrar su lealtad a las autoridades virreinales,⁹³ mostrando así un incondicional apoyo a las decisiones tomadas por el virrey Venegas, razón por la que tampoco cuestionó la disolución de las Cortes en 1814.

Bajo esta perspectiva, debemos tomar en consideración que, a pesar de las diferencias sustanciales entre ambos personajes, éstos no promovían las nociones más fundamentalistas. Si bien existía cierta proximidad en algunas de sus opiniones, resulta evidente que el enfrentamiento de sus ideas no podía llegar a un punto de entendimiento. Por tanto, la finalidad de su debate era convencer al “público” sobre lo acertado de su respectiva causa.

En el momento en el que José María Cos logró echar a andar la imprenta construida por él mismo, pensó que podía tener un importante valor para la difusión del programa insurgente entre el “público”. La posibilidad de difundir ideas políticas fue entendida por el zacatecano como una importante herramienta para la lucha, al lograr “[…] comunicar […] pensamientos por medio de la imprenta”, al poder contrarrestar los “[…] improperios y calumnias”⁹⁴ esgrimidos en su contra.

Una de esas calumnias en la que pensaba Cos era que se les había culpado de fomentar la enemistad entre los españoles americanos y sus hermanos peninsulares. A partir del siguiente número, impreso el 30 de mayo de 1812, comenzaron a aparecer fragmentos del escrito conocido como Plan de Paz y Guerra,⁹⁵ redactado a manera de manifiesto. En un tono similar a lo expresado en el ejemplar anterior, el Plan se dirigió exclusivamente a los españoles europeos para ofrecer la posibilidad de conciliar sus intereses con la causa insurgente. Un pronunciamiento que, con todo y su carácter reacio y determinado en favor de la insurrección, buscaba alejarse del radicalismo mostrado por la primera desbandada de Miguel Hidalgo en 1810. Estas acciones contribuyeron a la polarización y discordia entre los novohispanos, razón por la que Cos intentó revertir esta impresión del público al estimar indispensable la unión entre novohispanos con miras a instalar un gobierno justo para todos.

A pesar del carácter prudente de las palabras de Cos, las condiciones que propuso en El Ilustrador Americano se mantuvieron dentro de los mismos argumentos y con los mismos objetivos que ya se habían dado a conocer antes al virrey. Al final, también le requirió a “[…] los europeos resignen el mando y la fuerza armada en un congreso nacional”. Siendo la única diferencia el compromiso para que “[…] los actuales europeos queden en clase de ciudadanos, viviendo bajo la protección de las leyes sin ser perjudicados en sus personas, familias ni haciendas” y que aquellos empleados en el gobierno quedaran “[…] con los honores, fueros y privilegios y con alguna parte de las rentas de sus respectivos destinos, pero sin el ejercicio de ellos”.⁹⁶ Al final el comunicado, que en principio tenía la mira puesta en la paz, terminó por tornar su lenguaje a manera de ultimátum. Como era de esperarse, la reacción de las autoridades virreinales ante tal conminación no podía ser favorable si consideramos que el virrey desestimaba toda negociación de no tratarse de una petición de indulto de parte de algún rebelde. En consecuencia, Mariano Beristain descalificó las ideas de José María Cos desde la nota de la Gaceta del Gobierno de México de 9 de junio de 1812 -referida antes-. Sin embargo, en ésta no trató puntualmente sobre las ideas de El Ilustrador Americano. Sería hasta la publicación de El Verdadero Ilustrador Americano, encargada por el mismo virrey, en donde Beristain dio contestación a las ideas de la prensa periódica insurgente.

El bibliógrafo poblano descalificó a la insurgencia. Manifestó sus dudas sobre su verdadera fe católica. Una estrategia que apuntaba a enfatizar que todo aquel que decidieran seguir las ideas de la rebelión estaba tomando un partido que era contrario al de la verdadera religión. Escribió que su intención era “[…] acabar con vosotros, con vuestra Religion y con vuestra amada Pátria”.⁹⁷ Dijo a sus lectores que cuando los insurgentes apenas “[…] vieron moribunda a su respetable Madre, quando corrieron a clavarle el puñal […] y […] se lanzaron como furiosos tígres sobre sus hermanos Europeos”.⁹⁸ Las acusaciones también se basaron en el desprestigio de la persona de José María Cos, a quien mostró como presa de sus intereses personales. Le recriminó que su traición se debía a una rabieta por no haber tenido participación en Cortes, y le reconvino: “[…] ¡Infame Cos! Tú no lograste ser elegido para ir a aquel augusto Congreso, diputado por Zacatecas, aunque lo solicitaste de mil modos […] y resentido […] huiste de la sociedad de los buenos a unirte con los Insurgentes”.⁹⁹

Unos meses después de entrar en circulación El Verdadero Ilustrador Americano, el padre Cos prepararía su respuesta. El día 19 de agosto de 1812, días después de reanudada la edición de El Ilustrador Americano en Tlalpujahua, comenzó a escribir un ensayo donde contestó los ataques de Beristaín.¹⁰⁰ La exposición vio la luz el 30 del mismo mes en el número 7 del Semanario Patriótico Americano. En este escrito, conocido también como “Acertada filípica”, el zacatecano reportó que ese mismo día 19 había recibido los números de El Verdadero Ilustrador Americano, momento en que se dispuso a contestar los ataques que ahí se propalaron en su contra.

En su ensayo, Cos aclaró dos cosas que dejaban ver el tipo de respuesta que daría. Si bien cada una de ellas es expresada en distintos momentos de su escrito, resulta importante advertir la relación que guardan entre sí para entender el sentir del eclesiástico al momento de escribir. Por un lado, afirmó que el canónigo de México, “[…] cuyo carácter es bien conocido […] pretende, como todo mentecato traidor, tratar con altanería a los insurgentes, para engañar a cuatro bobos”. Y se propuso en esas páginas divertirse “[…] con él, patentizándole los defectos de su destemplado discurso, y entretener al público haciéndole ver que me es muy fácil contestarle en su propio estilo”.¹⁰¹ Por otro lado, refirió la atención que debía darse a los lectores para no confundirlos mediante temas secundarios. Como también lo había manifestado El Verdadero Ilustrador en relación con su periódico, dijo que el propósito fundamental de sus escritos era “[…] instruir al público acerca de los fines, motivos y circunstancias de la insurrección”, para que ellos mismos pudieran decidir sobre cuál partido era el correcto, aclarando asimismo que la impugnación que se le pretendió hacer estaba ignorando los temas fundamentales que podían permitir al “público” entender la disputa. En este sentido, valoró que en ambos bandos “[…] se han entretenido en las ramas sin tomar el tronco, reduciendo sus asuntos, los unos a quejarse de los agravios […] los otros a persuadir que ha disfrutado de todas felicidades”.¹⁰² Insistió a Beristain que existía evidencia suficiente para mostrar al público americano que tanto las autoridades virreinales como las peninsulares le estaban tratando de forma distinta que a los europeos, incluso cuando eran “[…] partes integrantes e iguales de la monarquía, América y España”. Por lo que preguntó:

[…] ¿llevaría a bien ésta que de aquí se le dictasen leyes, se convocasen Cortes, se llamasen de allá quince o veinte diputados para formar un congreso de doscientos criollos, a fin de establecer la constitución que debiera regir toda la monarquía? Para esto no es necesario disputar cavilosamente¹⁰³

Sobre este punto ya no conocemos la respuesta de Beristain. Si bien en el último número con el que contamos de El Verdadero Ilustrador Americano el poblano prometió respuesta al Semanario Patriótico Americano, no tenemos evidencia de que se haya efectuado. No obstante, el virrey Venegas mantuvo la empresa de réplica en la prensa, la cual se intensificó una vez establecida la libertad de imprenta constitucional, momento en que designó a los dominicos Luis Caarrasco y Franco Aguilar para replicar a las publicaciones de Carlos María de Bustamante.¹⁰⁴ El día 27 de octubre apareció el primero de ellos con el nombre de Respuesta del elogiador del señor Calleja al censor de Antequera. Cuatro días después apareció otro bajo el título de Latigazo al censor de Antequera.¹⁰⁵ Y entre el 10 y el 14 de noviembre de 1812 se publicitaron en la Gaceta del Gobierno de México los ejemplares de Juguetes contra el juguetillo, por una censora americana,¹⁰⁶ que replicaron puntualmente a las críticas expuestas en los distintos números de Juguetillo. Ante la legalidad de los periódicos críticos, la edición de los impresos replicantes fue la salida que concibió el virrey para contener la difusión de ideas contrarias al régimen. Sin embargo, la labor de estas respuestas fue a tal punto insuficiente que durante las semanas siguientes se presentó un clima político delicado.

El malestar de Venegas y de la Real Audiencia se vio acrecentado durante las elecciones de ayuntamientos y diputaciones provinciales en la ciudad de México. La población citadina salió a las calles a manifestarse contra las autoridades virreinales durante los días 29 y 30 de noviembre.¹⁰⁷ Ambos hechos llevaron a que el virrey ordenara la inhabilitación de la libertad de imprenta, por haber notado “[…] en el poco tiempo que lleva publicada […] el abuso más escandaloso […] hasta un extremo de notable trascendencia contra el órden público”.¹⁰⁸

Por su parte, los periódicos insurgentes de Tlalpujahua mantuvieron su tiraje por unos meses más, aunque también suspendieron su edición.¹⁰⁹ Ante la pérdida de posición territorial frente a las tropas virreinales, los jefes insurgentes resolvieron instalar el Congreso del Anáhuac y, después de diversos intercambios, se decidió que éste se emplazara “[…] en un punto cómodo para todos, indicando como el más adecuado el pueblo de Chilpancingo”.¹¹⁰ A partir de entonces se realizaron los preparativos necesarios para comenzar la labor constituyente de la insurgencia. Para ello, Morelos requirió a López Rayón que se trasladara la pequeña imprenta que había servido en Tlalpujahua a la localidad de Chilpancingo debido a que la herramienta utilizada por Cos tenía la particularidad de ser portátil -a diferencia de la utilizada para el Correo Americano del Sur en Oaxaca. Así, el Ilustrador Americano publicó su último número el 17 de abril de 1813, antes de que se enviara la que sería denominada “Imprenta Nacional” nuevamente a manos de la Junta insurgente. Al final, tras esta mudanza, la imprenta adquirida por Rebelo en la ciudad de México sirvió para imprimir el Decreto Constitucional de la América Mexicana sancionado en Apatzingán.¹¹¹

Consideraciones finales

La libertad de imprenta en la Nueva España sólo logró entrar en vigor después de la promulgación de la Constitución española de 1812 debido a la negativa del virrey Venegas de proclamar el decreto de 10 de noviembre de 1810 promulgado por las Cortes gaditanas. Una decisión que puede resultar comprensible si reparamos en el clima político suscitado por el conflicto armado por el que atravesaba el virreinato.

Durante la empresa de defensa de la libertad de imprenta, los diputados novohispanos en Cortes argumentaron que en la península había sido promulgada pese al estado de guerra, razón por la que estimaron que, en la Nueva España, en donde también existía un conflicto bélico, el virrey debía promulgar el decreto. Esta comparación puede parecer lógica en principio; no obstante, debemos considerar que el tipo de guerra que se presentaba a ambos lados del Atlántico era distinto. En el caso peninsular se estaba luchando con un enemigo externo, lo que suponía que la prensa avalada por las Cortes hispanas dentro del territorio controlado por la resistencia no era expresamente contraria a su causa. En el caso novohispano las características de la guerra, al pronunciarse una revolución en el interior, suponían un escenario distinto. Por tanto, las circunstancias no eran equivalentes.

A partir de esta disimilitud, sin embargo, no podemos afirmar que la contención de la libertad de imprenta en la Nueva España haya sido la única opción viable para el virrey. De hecho, como lo demostraría el elevado número de impresos -periódicos y papeles sueltos- que aparecieron entonces, la prohibición catapultó la clandestinidad y las inconformidades. Lo que puede vincularse al incremento de la oposición a la política reaccionaria emprendida por el Real Acuerdo desde 1808 y agudizada con la posterior suspensión de la libertad de imprenta constitucional. Momento en que se consolidaba una primera etapa de prensa periódica crítica.

Una vez que las autoridades virreinales se vieron impedidos para poner fin a la circulación de la prensa insurgente, concibieron el recurso de la réplica como una forma de contrarrestar a sus adversarios, intentando mitigar los efectos perniciosos que podían suscitarse con la prensa periódica crítica. No obstante, con el riesgo de que esa misma respuesta pudiera tener un sentido inverso al dar promoción de forma indirecta a los escritos que los mismos realistas atacaban.

Una vez que fue imposible evitar la promulgación constitucional de la libertad de imprenta, las autoridades virreinales emprendieron otros ejercicios de réplica para dar respuesta a sus opositores. Si bien este empeño fue un claro reflejo de la preocupación, fundada o no, que causó entre las autoridades virreinales el incremento de periódicos críticos, una consecuencia no buscada fue que la réplica a las ideas contrarias tomó mayor vigor como herramienta para difundir ideas a un público cada vez más politizado, lo que dio como resultado una nueva forma de hacer política.