La historia electoral es uno de los campos más favorecidos por la renovación historiográfica de las últimas décadas. A partir de una revisión crítica de las visiones más arraigadas durante la segunda mitad del siglo XX para Europa y las Américas, se puso en marcha un proceso todavía en curso de reexploración de ese terreno, guiado por planteos originales y cuyo producto ha sido un nutrido corpus de estudios de índole monográfica, así como de trabajos comparativos y ensayos de interpretación muy variados. La historiografía latinoamericana no ha sido ajena a este movimiento y hoy contamos con una producción destacada en ese sentido, en particular referida al largo siglo XIX.

El libro que aquí se reseña se inscribe en ese contexto historiográfico y contribuye a enriquecer el todavía limitado grupo de trabajos que ofrecen una perspectiva plurinacional. Las coordinadoras del volumen, Fausta Gantús y Alicia Salmerón , son reconocidas investigadoras de la historia política de México y han sumado a colegas de varios países de la región en esta empresa intelectual. Así, Marcela Ternavasio y María José Navajas desarrollan sendos artículos referidos al caso argentino, mientras Macarena Ponce de León Atria se concentra en Chile y Jesús A. Cosamalón Aguilar en el Perú. Israel Arroyo, por su parte, a la vez que ofrece una contribución referida a México, ha tenido a su cargo una introducción a todo el volumen. Un breve prólogo de las organizadoras pone este texto en contexto, esto es, lo ubica en el marco de la historiografía latinoamericana reciente, sobre todo la que enfoca los problemas electorales del siglo XIX en clave transnacional.

Ése resulta ser, por cierto, el horizonte compartido por las contribuciones a este volumen, que explícita o implícitamente toman como punto de partida los textos que hoy constituyen algo así como un canon de referencia obligada de la historia de las elecciones en esta región. Desde allí, cada artículo se aventura por caminos propios y aunque no todos ellos son igualmente novedosos, un gran mérito del libro es que incluye algunas incursiones en aspectos hasta ahora apenas explorados. El conjunto resulta, al mismo tiempo, muy heterogéneo. Más allá de compartir las preguntas generales ya planteadas por la historiografía del periodo, los diferentes textos parten de interrogantes muy diversos, adoptan escalas temporales y espaciales diferentes, y pocas veces hacen entre sí referencias cruzadas que alienten la comparación. Y si bien la introducción de Arroyo avanza en esa dirección, se trata de un esfuerzo que no encuentra anclajes firmes en los capítulos sucesivos. La ubicación de ese texto al final del volumen en lugar de al principio tal vez hubiera permitido recuperar y articular mejor lo ya leído en una nueva clave.

En el contexto dinámico de la historiografía latinoamericana vinculada a temas electorales, ¿cuáles son los principales aportes de este libro? En vista de la heterogeneidad de perspectivas que alberga, vale la pena detenerse en los diferentes artículos, no para resumir los temas que cada uno aborda sino para destacar sus contribuciones más originales.

Comienzo por un capítulo de clara inflexión metodológica: “Las prácticas electorales y sus diferentes escenarios. Balances y perspectivas para los estudios del temprano siglo XIX” de Marcela Ternavasio. Este texto, que cruza varios niveles de análisis, ofrece a la vez una reflexión historiográfica, un examen de la relación entre las formas de organización territorial en la región del antiguo virreinato del Río de la Plata y las normativas referidas a la representación en las primeras décadas del siglo XIX, y una revisión de las tesis de la autora sobre las prácticas electorales en uno de esos espacios, la provincia de Buenos Aires. Estas últimas, las prácticas, constituyen su preocupación central pues, como muy elocuentemente señala, ellas

[…] representan […] ese momento mágico en el que se produce la alquimia entre dos cuestiones de naturaleza muy diferente: la que define filosóficamente un principio de legitimidad encarnado en un sujeto político (el pueblo, los pueblos, la nación) y la que adopta un procedimiento práctico de elección (plasmado en diversas variantes de sistemas electorales (p. 53).

El estudio de las prácticas se ha visto favorecido, dice Ternavasio, por una reducción de la escala que privilegia los espacios locales para la observación y el análisis. A la vez que destaca la productividad de ese enfoque, se permite algunas advertencias importantes. La primera remite a cómo definir la escala más adecuada en cada caso, según las características del sistema de representación de que se trate, así como de las preguntas que quiera formularse el historiador. Esta perspectiva, propone, ha sido en particular fértil en el caso del Río de la Plata en las décadas que siguieron a la revolución de 1810, pródigas en disputas en torno a las soberanías territoriales. La investigación reciente se ha centrado en el nivel de las flamantes provincias, que funcionaron hasta mediados de siglo como Estados (podríamos decir, repúblicas) autónomos vinculados entre sí por lazos confederados. La adopción de esa escala ha permitido relevar importantes diferencias entre los regímenes electorales de distintas provincias. Al mismo tiempo, Ternavasio llama la atención sobre la existencia de rasgos compartidos por todos ellos, lo que da pie a su segunda advertencia: la necesidad de preguntarse sobre los alcances y los límites del enfoque local.

Esta cuestión lleva a la autora a una estación anterior de su obra, cuando en su tesis doctoral -convertida luego en un libro pionero en la materia- exploró el sistema de representación en la provincia de Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX. Estudios posteriores cuestionaron algunas de sus hipótesis a partir de investigaciones focalizadas en localidades particulares de la provincia, cambio de escala que -según reconoce y destaca la autora- iluminó ciertos aspectos ignorados por su visión más abarcadora. No puedo resumir aquí los temas concretos que Ternavasio rescata para la discusión en lo que llama “una necesaria autocrítica”; en cambio, me interesa subrayar que, si bien la mencionada reducción de escala ha permitido matizar su planteo y abrir nuevas preguntas, no alcanza para forjar una visión alternativa para el conjunto que consiga desmontar la sugerente interpretación inicial. Esta constatación me lleva a retomar una reflexión de la autora cuando señala que “el desafío consiste en evitar la dispersión de los enfoques microanalíticos y en trazar un diálogo entre éstos y las grandes cuestiones que debieron enfrentar los actores del siglo XIX” (p. 60).

El último capítulo del libro, a cargo de Ismael Arroyo, se aleja de esos enfoques locales para explorar el régimen de gobierno y sus variaciones en México entre 1824 y 1911. Apunta así a una cuestión que, aunque forma parte de la agenda de preocupaciones referidas a los sistemas políticos en el mundo, ha recibido escasa atención en la reciente historiografía de la región. Frente a las visiones más esquemáticas referidas a la temprana vigencia de un presidencialismo a la manera de su vecino del norte, Arroyo propone para el México decimonónico una elaborada interpretación que muestra que, en materia de régimen político, ese país siguió un derrotero mucho más complejo. Un seguimiento detallado de los muy diversos mecanismos y normas establecidos para la elección del presidente de la nación a lo largo de las tres primeras décadas independientes le permite concluir, sin lugar a dudas, que “la clase política mexicana [privilegió] […] a los congresos -estatales, departamentales, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y voto por diputaciones- para elegir a sus poderes ejecutivos de la república” (p. 186). Se trata, pues, de regímenes más cercanos al parlamentarismo que al presidencialismo, por lo que propone la denominación de “republicanismo parlamentario” para distinguirlo del republicanismo presidencialista a la manera estadounidense.

La Constitución de 1857 marca en ese sentido, dice Arroyo, un punto de inflexión, pues buscó fortalecer el poder ejecutivo, y para ello impuso, entre otras medidas, su elección por medio de un sistema de voto ciudadano indirecto en un grado. Se dio inicio así a la era del presidencialismo, con un sesgo que sin embargo guardaba resabios del régimen parlamentarista previo. Esta apretada síntesis da cuenta de la originalidad de esta contribución que, mediante un enfoque de largo plazo y un seguimiento paso por paso de los cambios institucionales, revisa convincentemente las hipótesis dominantes sobre un tema apenas transitado por la renovación reciente.

Con un abordaje que combina diferentes escalas espaciales de análisis para un tiempo relativamente corto (1860-1872), el segundo capítulo de este libro, a cargo de María José Navajas, interroga la relación entre legislación y prácticas electorales en la Argentina en los 12 años que siguieron a la sanción de la Constitución nacional -que instituyó la república federal. En ese marco, el trabajo apunta a iluminar una zona pocas veces atendida pero que resulta fundamental a la hora de ponderar el funcionamiento del sistema representativo. Luego de una breve sección dedicada a la legislación electoral nacional del periodo, Navajas indaga en las instancias y mecanismos formales utilizados para elevar reclamos electorales. Sabemos que las acusaciones de fraude y manipulación fueron muy frecuentes en el siglo XIX, y que los perdedores en cada elección usualmente utilizaban distintos medios para impugnar sus resultados. La prensa periódica cumplió en ese sentido un papel fundamental, bien documentado por la investigación reciente, que también ha destacado el frecuente recurso al uso de la fuerza para impugnar resultados electorales.

Navajas ha explorado estos temas en otros trabajos, pero aquí su apuesta es más novedosa: sobre la base de un corpus documental hasta ahora escasamente utilizado, que reúne materiales sobre las elecciones del periodo, la autora seleccionó un conjunto de informes y reclamos referidos a irregularidades electorales, elevados a las autoridades competentes en la materia. Se trata de expedientes provenientes de diferentes localidades del país, para distintos momentos, que ponen de manifiesto una variedad de acusaciones y de procedimientos, así como de respuestas por parte de las instancias de revisión en sus varios niveles territoriales. El texto se completa con un análisis de la labor que desempeñó la Cámara de Diputados de la Nación en un año particular, 1872, al actuar como juez de las elecciones de sus propios integrantes. Como vemos, se trata de un artículo exploratorio de una cuestión muy vasta, referida a la evaluación de los procesos electorales y, en particular, a los caminos formales de validación, control, protesta e impugnación de las elecciones del siglo XIX. Este capítulo contribuye así a poner en cuestión versiones muy difundidas respecto al carácter endémicamente fraudulento y sin controles institucionales de aquellas elecciones.

Chile es el escenario del trabajo de Macarena Ponce de León Atria, que toma un periodo más largo que el resto de los capítulos -siglos XIX y XX. El texto comienza con una evaluación crítica de la relativamente escasa historiografía sobre elecciones en Chile, para referirse luego a diferentes aspectos de la reglamentación electoral y sus cambios a lo largo del periodo. En materia de derechos de sufragio y composición del electorado, el trabajo avanza sobre un territorio parcialmente conocido a partir de las investigaciones pioneras de J. S. Valenzuela y aporta algunos datos originales que abonan, a la vez que matizan, los hallazgos de ese autor. Ponce de León propone, además, una lectura propia de la historia electoral chilena en el largo plazo. Así, traza un arco entre la Constitución de 1833 y la de 1925, y encuentra en esta última el punto de quiebre de un sistema representativo cuyas premisas fundantes habrían perdurado por casi 100 años. Esa mirada la lleva a indagar en los cambios que tuvieron lugar durante ese periodo (que no fueron pocos), a la vez que a enfatizar las continuidades. También le permite poner en relieve las novedades fundamentales que introduce la segunda década del siglo XX, novedades que podrían muy bien cotejarse con las que más o menos simultáneamente se estaban dando en otros países de la región.

He dejado para el final el capítulo sobre el Perú a cargo de Jesús A. Cosamalón Aguilar, porque sólo parcialmente refiere a la cuestión central del libro. En efecto, el tema del texto es la vigencia del racismo en ese país, desde tiempos coloniales hasta nuestros días, racismo que habría encontrado ocasión de manifestarse y profundizarse en la dinámica electoral del siglo XIX. Así, sostiene el autor: “se hicieron compatibles dos procesos: la consolidación de la ideología liberal y el derecho al sufragio y la profundización del racismo y la exclusión contra los indígenas y afrodescendientes, excluyéndolos de la participación en las elecciones” (p. 169). Para demostrar esa tesis, Cosamalón Aguilar recurre a los “censos” (registros electorales) de 1860, en especial para Lima, y de 1876, a partir de los cuales comprueba la alta correlación entre la población considerada “afroperuana” e “india” y la que reviste la condición de analfabeta, así como la ocupada en actividades de baja calificación o que implican dependencia personal.

Estas observaciones resultan elocuentes, pero no alcanzan para sostener el punto central del argumento referido a la exclusión de esos sectores de las filas ciudadanas. En efecto, el propio texto recorre la legislación electoral del periodo, la que, en su mayor parte, exime explícitamente a los indígenas del requisito de ser alfabetos, mientras que excluye del derecho de sufragio solamente a quienes se consideran carentes de autonomía (sirvientes, domésticos, mujeres, niños, esclavos, entre otros). En principio, pues, una proporción alta de hombres adultos quedaban habilitados para votar. Por lo tanto, y aunque se pueda argumentar que la sobrerepresentación de población de origen indio y afroperuano entre los trabajadores dependientes afectaba su acceso a la ciudadanía, al mismo tiempo se constata la presencia significativa de esos mismos grupos étnicos en otras ocupaciones relacionadas con el mundo del trabajo urbano y rural que, en cambio, los habilitaban para votar. Por otra parte, los estudios sobre prácticas electorales de los últimos años han mostrado una participación significativa de sectores subalternos étnicamente “no blancos” en las elecciones de buena parte del siglo. En este marco, por lo tanto, no parece fácil sostener la tesis de una exclusión lisa y llana fundada en el racismo. El análisis presentado por el autor induce, en cambio, a plantear otros interrogantes. Así, por ejemplo, sería interesante indagar en las contradicciones, paradojas y ambigüedades observables en el comportamiento de las élites, las que por un lado sostenían actitudes, criterios y convicciones racistas y, por el otro, impulsaban una legislación y unas prácticas políticas que favorecían la inclusión electoral de amplios sectores de la población con independencia de su condición étnica. Queda, pues, mucho camino por andar en esta cuestión que tan categóricamente ha planteado Cosamalón Aguilar.

Hasta aquí el recorrido por los diferentes capítulos y sus aportes específicos, que se completan muy bien con la introducción de Ismael Arroyo, donde se sintetizan los artículos, se trazan algunas comparaciones y conexiones entre ellos, y se propone una agenda a futuro. Como se ve, se trata de un libro que, en su heterogeneidad, logra despertar interés por cuestiones muy diversas, algunas de ellas todavía poco exploradas, de la agenda historiográfica.