Hacia mediados de la década de 1990, la cuestión de la memoria colectiva se convirtió en un tema relevante ya no sólo en la arena pública, sino en la academia de casi todos los países del Cono Sur. Si bien Argentina ha sido dominante en ese terreno, en Uruguay y Chile también se ha conocido un auge de la producción historiográfica vinculada con la violencia política en el pasado reciente, la historia de los acontecimientos y la de las memorias y olvidos de ese pasado. La historia, pero también la antropología, la ciencia política y la sociología han abonado a este campo, que se ha convertido en uno de los más fuertes en la conocida “historia reciente” en el Cono Sur: justamente aquella que estudia el periodo de violencia ligado a las dictaduras cívico militares de los años 1970-1980, así como sus antecedentes históricos.

Muchos de los textos que se han escrito sobre el tema fueron en su inicio tesis doctorales realizadas en diversos países de América, Estados Unidos y Europa. Es el caso del trabajo de Carla Peñaloza Palma, El camino de la memoria. De la represión a la justicia en Chile, 1973-2013 que, como ella misma señala, no modificó el borrador de la tesis al momento de publicarlo como libro. Ello es notorio ya en el índice del mismo, que contiene introducción, seis capítulos y conclusiones.

El libro tiene como objetivo “dar cuenta del proceso de construcción y transmisión de la memoria de las víctimas de la dictadura de Pinochet, desde su inicio hasta nuestros días” (p. 14), rescatando del “silencio aquello que fue negado durante años por la sociedad chilena”, y recuperando la memoria de las víctimas de la dictadura cívico militar. El primer capítulo, “Historia, memoria y represión”, presenta, como toda tesis doctoral, un marco teórico y referencial al tema. Son citados los textos que toda tesis sobre memoria cita: Maurice Halbwachs para la memoria, Marc Bloch para la historia. Después de varias décadas de estudios sobre la memoria y la historia de la memoria, cabe preguntarse si es necesario un marco teórico en un libro que no tiene como centro el análisis teórico de la memoria y que no aporta nuevas reflexiones sobre el tema.

El capítulo 2, “El camino de la memoria”, busca reconstruir la historia de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen militar por medio de los tres informes realizados en Chile sobre la cuestión: el de la Comisión de Verdad y Reconciliación (1991), el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996) y el Informe Sobre Prisión Política y Tortura (2004). El tercer capítulo, “La violencia contra los cuerpos y el terror total”, retoma esos mismos informes para analizar los distintos tipos de violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura: la tortura, la muerte, los detenidos-desaparecidos, el exilio.

En el capítulo 4, “Prisión política: violencia real y simbólica”, Carla Peñaloza analiza la experiencia de aquellos chilenos que pasaron por la cárcel en Chile, ya fuese como víctimas o como victimarios; asimismo estudia los centros que albergaron a los prisioneros políticos. De la misma manera, en el capítulo 5, “En nombre de los ausentes: el rol de las mujeres en la transmisión de la memoria de los detenidos desaparecidos”, investiga el papel de las mujeres en la búsqueda de los desaparecidos a lo largo de ya varias décadas. Se trata, probablemente, del capítulo más interesante e innovador del libro, en donde la autora realiza un estudio de género para tratar de explicar por qué fueron las mujeres quienes llevaron a cabo este relevante papel por conservar la memoria de las violaciones de derechos humanos. Finalmente, el capítulo 6, “Justicia posdictatorial”, es un recorrido por las acciones llevadas a cabo desde la justicia penal en Chile.

Se trata de un trabajo que aporta al estudio de las memorias sobre el pasado reciente en Chile, aunque presenta un par de cuestiones problemáticas que quisiera abordar. Primero. Es bastante corriente observar en los grupos y organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas de la represión en diversos países del mundo una asimilación de la “memoria” (término que en ocasiones es sobreutilizado y no definido, con lo cual casi cualquier discurso sobre el pasado se entiende como memoria) a la memoria de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ello es comprensible, dado que en una gran cantidad de casos estos grupos han tenido que llevar a cabo una lucha contra las autoridades (regímenes autoritarios o gobiernos democráticos) para hacer escuchar su palabra y lograr que sea reconocida su visión sobre los hechos en cuestión. Sin embargo, cuando los historiadores y científicos sociales asumen esta misma posición, pierden de vista un hecho fundamental respecto al pasado violento y a las memorias y olvidos: no existe una memoria, sino memorias en plural; no hay una interpretación del pasado, sino tantas como grupos constituyen a una sociedad. La memoria, igual que la sociedad, no es sino una metáfora a la que recurrimos en las ciencias sociales y las humanidades para dar cuenta de ciertas realidades complejas que deben ser analizadas y especificadas en su totalidad. Al estudiar la memoria de un pasado inmediatamente se percibe que existe una lucha memorial, en la que múltiples memorias están en pugna por lograr la hegemonía en el espacio público. Y es necesario que, al tratar este tema, los investigadores demos cuenta justamente de esa lucha memorial por el dominio del pasado. Carla Peñaloza Palma dejó de lado esa visión panorámica de las múltiples memorias existentes sobre la dictadura cívico militar en Chile (para prestar atención a esta confrontación de memorias, véase el excelente documental de Bettina Perut e Iván Osnovikoff, “La muerte de Pinochet”, 2011) e hizo suya la creencia de que memoria sólo significa la memoria de las víctimas. Hubiese sido mucho más rico poder observar qué memorias existen en Chile sobre la dictadura cívico militar, cómo han ido surgiendo y modificándose y en todo caso, conocer cómo es que la memoria de las víctimas ha logrado conformarse como la hegemónica en el país. Si es que, en efecto, eso ha sucedido.

Este olvido o negación de las otras memorias llevó a Carla Peñaloza Palma a realizar generalizaciones riesgosas sobre el caso chileno. Pongo algunos ejemplos sobre ello. Al hablar de la tortura y la prisión, señala que: “En mayor o menor medida, los chilenos sabían de la existencia de centros de detención” (p. 125). Desconozco la existencia de investigaciones sobre opinión pública bajo la dictadura chilena y, tal como lo han mostrado trabajos sobre otros países (por ejemplo, el de Pierre Laborie para el régimen de Vichy en Francia), es difícil hacer generalizaciones sobre lo que una población sabía o no sabía sobre procedimientos que se realizaban en condiciones de clandestinidad. Otro ejemplo. En el segundo capítulo, la autora menciona que existió una “masiva y universal reacción de repudio a la dictadura militar en Chile” (p. 54). Si bien es cierto que probablemente el golpe militar contra Salvador Allende fue ampliamente conocido, convirtiéndose en un acto trágico para la izquierda legal latinoamericana y europea, por lo cual se transformó en una acción repudiada por muchos sectores en el mundo, ¿puede generalizarse el rechazo que hubo como una reacción “masiva y universal”? En un mundo bipolar y enfrentado por la Guerra Fría, ¿no hubo amplios sectores chilenos y extranjeros que no sólo se alegraron del golpe contra S. Allende, sino que lo promovieron? Como estos dos, hay muchos otros ejemplos en el libro de Carla Peñaloza que promueven generalizaciones difíciles de sostener.

En segundo lugar, me gustaría recordar que la historia de la me­­ moria debe dar cuenta de los diferentes presentes ­políticos, sociales y económicos desde los cuales se recuerda u olvida. Nada de eso está presente en El camino de la memoria. El texto, más que históricamente, está organizado temáticamente: la desventaja de esta opción es que se perdió la eventualidad de hacer el análisis del contexto político, social y económico, que define la emergencia de la memoria y la posibilidad de que se realicen juicios penales y se creen comisiones de investigación. Carla Peñaloza no fue explicando los distintos gobiernos posdictadura para que el lector pudiese entender por qué las iniciativas sobre verdad y justicia no fueron similares con Patricio Aylwin (Partido Demócrata Cristiano) y con Michelle Bachelet (Partido Socialista), por ejemplo.

Vinculado con lo anterior se presenta el problema de la hipótesis central de Carla Peñaloza: la memoria de las víctimas ha persistido y “triunfado” gracias a las organizaciones de derechos humanos y de familiares de las víctimas. ¿Es así? Múltiples ejemplos en América Latina muestran que mientras no existe una mínima voluntad gubernamental, las memorias de las víctimas quedan marginadas en el espacio público, negando la posibilidad de judicializar el pasado consiguiendo condenas para los responsables de violaciones a los derechos humanos. En el caso chileno, ¿no ha desempeñado un papel muy importante en este sentido la pérdida de poder de los militares de la dictadura, así como su falta de apoyo internacional? ¿No influye que se trate de gobiernos demócrata cristianos o socialistas? El trabajo y la larga lucha de las organizaciones de defensa de derechos humanos y de los grupos de familiares de víctimas en Chile han sido sobresalientes y deben ser reconocidos, pero existen muchos casos nacionales (México y Brasil, sólo por citar dos ejemplos) en que ese mismo valioso y esforzado trabajo no ha conllevado ni la resolución positiva de prácticamente ningún procedimiento en la justicia penal ni la creación de comisiones de investigación que permitian el esclarecimiento del pasado. ¿Habría que pensar que la labor de estos grupos no ha sido suficiente o es mejor mirar por el lado de la voluntad gubernamental para explicar la no existencia de justicia y verdad?